Una ciudad modelada por ciudadanos

La opinión de…..

.

Magela Cabrera Arias


El Decreto Ejecutivo 179 (26/2/2010) centralizó en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) las decisiones relativas a los cambios de zonificación de uso de suelo y los planes de ordenamiento territorial; descartando así la potestad de los municipios anteriormente establecida en la Ley de Urbanismo (Ley 6 de 2006). Ello, en palabras llanas, significa que se ha eliminado el derecho de los ciudadanos a ser activos, a proponer y a integrar el grupo que decide en temas que determinan su calidad de vida, como es la forma en que se construye la ciudad.

La experiencia nos indica que el Ministerio de Vivienda, recientemente reorganizado como Miviot, con un viceministerio con responsabilidades en el ordenamiento territorial, hasta ahora ha respondido más a los intereses de inmobiliarias y constructores, que a un plan estratégico de largo plazo que asegure una ciudad que favorezca el bienestar de las comunidades.

A pesar de que la Constitución y la Ley de Urbanismo establece (Art. 3) que: “La formulación de políticas sobre el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano se fundamentará en el reconocimiento de la función social y ambiental de la propiedad, en la prevalencia del interés general sobre el particular, y en la conveniencia de una distribución equitativa de obligaciones y de beneficios, así como en la garante de la propiedad privada”; todos sufrimos cotidianamente una ciudad caótica.

En la ciudad de Panamá se han tomado decisiones en función de los inversionistas (aumentando densidades ignorando la capacidad máxima de la infraestructura básica y de las vías), se ha priorizado al automóvil frente al peatón, se han minimizando y eliminado áreas públicas y verdes –indispensables para satisfacer las necesidades urbanas colectivas y para impulsar la integración–, se ha permitido la contaminación visual y atmosférica, y un largo etcétera siempre nocivo para los ciudadanos.

Las nuevas responsabilidades sobre ordenamiento territorial que se le adjudican al Miviot deberían impulsar una planificación integral crecimiento de ciudades, infraestructura física y equipamientos sociales–. No obstante, esa impostergable tarea debe ir de la mano de la descentralización y de una creciente participación ciudadana; siguiendo la tendencia mundial mayoritaria de democratizar la gestión de la ciudad y de descentralizar el Estado.

Ciertamente, no solo es necesario sino urgente capacitar a los funcionarios municipales para asumir gradualmente las funciones relativas al desarrollo urbano y al ordenamiento territorial.

Sin embargo, las acciones de los gobiernos democráticos desde 1990 han postergado con diversos argumentos la necesaria descentralización y han eliminando o burocratizado los procedimientos y las herramientas de participación ciudadana.

La comisión que asesora al Miviot, integrada por ingenieros y arquitectos, honrando su primera condición de ciudadanos, debe urgir al ministerio a integrar mecanismos efectivos y eficientes que permitan a los ciudadanos de a pie, los indiscutibles integrantes de las ciudades a involucrarse activamente en su construcción. La participación ya no se la concibe como un mecanismo de validación de lo decidido por otros, tales como: burócratas, técnicos, políticos o empresarios. Por el contrario, se lo reconoce como el derecho de todos los ciudadanos sobre el control de sus recursos y la manera de usarlos para satisfacer sus necesidades y las de las comunidades en las que conviven.

David Harvey, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y uno de los creadores del concepto del derecho a la ciudad, sostiene que es imperioso garantizar a los ciudadanos el derecho a decidir en qué ciudad quieren vivir.

Lo que significa, entre otros aspectos, no solo el acceso a servicios básicos, sino además a definir un tipo de urbanización diferente. Asimismo, sostiene que el derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un entorno urbano cualitativamente diferente es el más preciado de todos los derechos humanos.

La participación ciudadana trasciende el ámbito jurídico para constituirse en una categoría política, puesto que la posibilidad de participar en la toma de decisiones está vinculada con los fenómenos de jerarquización y segmentación social. Generalmente los grupos más deprimidos de la población ejercen en menor medida sus derechos en comparación con los grupos con poder económico y político; por tanto, cuando se trata de participación y se abre un debate sobre sus formas, frecuencias y herramientas se está hablando sobre relaciones de poder concebidas en el seno de cada sociedad, y de la posibilidad de modificar esas relaciones de poder a través de la inclusión de más ciudadanos en los procesos de participación de forma sistemática.

<>

Este artículo se publicó el  22  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Anuncios

Acerca del poder y otras hierbas

La opinión de…..

.

Raúl Leis R.

El gobierno no puede ser una especie de ser supremo, ubicuo y todopoderoso, ya que lo fundamental es la comunicación, pues según Emilio Durkheim “cuando más estrecha se hace la comunicación entre la conciencia gubernamental y el resto de la sociedad, más se extiende esta conciencia y comprende más cosas, y mayor es el carácter democrático de la sociedad. La democracia es la forma política de una sociedad que se gobierna así misma. Un pueblo es tanto más democrático en cuanto la deliberación, la reflexión, el espíritu crítico desempeñan un papel más considerable en la marcha de los asuntos públicos. Es tanto menos democrático cuanto el inconsciente, los hábitos no conocidos, los sentimientos oscuros, los prejuicios, son más preponderantes”.

Se dice que el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente. Creo que es cierto, pero también ello depende de varios condicionamientos. Primero, ¿cuál es la concepción de poder que se tiene? Si el poder tiene como misión servir al bien común es muy diferente al poder que busca el interés particular. Recordemos el grafiti pintado en el mayo francés: “Que impere la voluntad general, sobre la voluntad del General”. Segundo, al poder debe cerrársele la posibilidad de hacerse absoluto o concentrarse en grandes proporciones a través de procesos democráticos de elección, rendición de cuentas, auditoría social, transparencia y participación ciudadana. Tres. Es diferente cuando los que acceden al poder son portadores de valores, y cuando expresan antivalores en su comportamiento. La filosofía oriental lo proclama: las personas inmaduras explotan el poder, pues es una de las más duras pruebas para el carácter, se sube a la cabeza e insensibiliza el corazón creando autismo (incomunicación) político.

El poder utilizado para maximizar la personalidad está impedido de usarse para beneficiar a la comunidad, a la sociedad. Cuando se maneja el poder hay que combatir su atracción hipnótica, pues logra generar impunidad; o sea actuar pensando que no existen consecuencias negativas. Mientras se cuenta con más poder, el impulso de la ambición, la ignorancia y las faltas de controles hacen perder el equilibrio.

Es frecuente, entonces, que los que ocupen el poder se aíslen del resto de la sociedad escuchando sólo lo que los alabarderos les cuentan, endiosados en un poder que creen permanente, insensibilizándose a todo lo que no sea su propio provecho, lo que sumado a los otros factores produce cleptocracia, en lugar de democracia.

La ética tiene una importancia estratégica. Se trata de entender a la autoridad como servicio. El poder absoluto corrompe en la medida que niega la dimensión ética. Por el contrario, el poder democrático edifica, porque al integrar a la humanización, lo convierte en factor de servicio y de participación. No es sólo, pues, una manera de comportarse sino la forma de construir poder, ya que se afirma que el hombre puede hacer su propia historia, ser su propio creador. Seguimos el próximo miércoles.

<>

Este artículo se publicó el  21  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sin control previo en el Meduca

La opinión de…..

.

Javier Martínez-Acha


El control previo se refiere básicamente a una segunda revisión (fiscalización) de los procedimientos utilizados por las entidades, antes de la ejecución de las operaciones financieras y administrativas, con el ánimo de señalar oportunamente las desviaciones normativas y de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de estas operaciones.

La Contraloría ejerce este control con personal de muchos años de experiencia y es de suma importancia debido, sobre todo, a la inestabilidad laboral y la alta rotación de personal que se da en las entidades y que se caracteriza por contratar personal sin el conocimiento de la administración pública, sus marcos normativos y los aspectos legales, entre otros.

La llegada de la ministra al Ministerio de Educación (Meduca), en julio del año pasado, no fue la excepción y se caracterizó por la destitución de personal y la contratación de profesionales que, en muchas ocasiones, desconocían de los procedimientos de la administración pública.   En el área de ingeniería, por ejemplo, no se tenía un plan de ejecución para el mantenimiento y adecuación de los planteles escolares para el inicio del año escolar, aun cuando la propuesta del entonces candidato Martinelli contaba con un plan de desarrollo del quinquenio, elaborado por sus profesionales y con el periodo de transición luego de ganadas las elecciones.

El Meduca cuenta con un número altísimo de unidades administrativas y ejecutoras que tienen responsabilidad de manejo, muchas nombradas en este gobierno y asesoradas por abogados que son novatos también en la cosa pública, e ingenieros que a su vez están comenzando a conocer de estos procedimientos. En fin, un equipo nuevo que en su accionar puede fácilmente desviarse, asumo que sin intenciones ocultas, de lo normado y de lo legal.

No es de extrañar que la ministra, solicitando rendimiento, se haya encontrado con funcionarios que responsabilizan a la Contraloría por los retrasos. Verbigracia, no desarrollaron los anteproyectos y los planos para proyectar la ejecución del presupuesto de inversiones y la única salida visible es la de eliminar los controles de un ministerio plagado de rarezas, y por honor a la objetividad, incluso en el gobierno anterior. Así que, intentando agilizar los trámites burocráticos, se solicita el levantamiento del control previo, sin razonar en frío las consecuencias de esta acción.

El Meduca ha sido señalado por diversas irregularidades en los últimos años, que denotan la falta de conocimiento o de controles internos que eviten manejos irregulares. Estas originalidades son de todo tipo: manejo irregular de fondos, órdenes de proceder anticipadas, trabajos realizados sin supervisión y de mala calidad, contratos refrendados sin las debidas especificaciones técnicas (muchas veces sin planos), contratos onerosos, adendas por montos que rebasan porcentajes aceptables, inclusive adendas por el valor de contrato, vencimiento de fianzas, mala utilización de partidas, pagos anticipados de proyectos que no se realizan, por mencionar algunas.

La Contraloría ha devuelto un alto porcentaje de contratos para que sean subsanados, y aun con una segunda revisión de un equipo externo al Ministerio, existen irregularidades. Estas han sido señaladas en informes de auditorías que han sido enviados a fiscalías y que hoy son el motivo de medidas cautelares a funcionarios y hasta el encarcelamiento de ex funcionarios públicos, producto de supuestos peculados.

Evitar la burocracia y facilitar los procesos de compra fueron prácticamente los mismos argumentos que se utilizaron en el año 2006 para eliminar el control previo para el fondo de equidad y calidad de la educación (FECE), a las escuelas con presupuestos anuales menores de 15 mil dólares. Luego de los escándalos producto de los supuestos desfalcos por más de 1.5 millón de dólares detectado en la Dirección Regional de San Miguelito en el manejo de estos fondos, en septiembre del año 2007 la Contraloría envió al Banco Nacional de Panamá la nota 3682–2007, donde se restablece el control previo, con lo que implícitamente se advierte que esta medida pudo ser factor concluyente en la apropiación indebida de más de un millón de dólares provenientes de estos fondos. Con esta historia del tiempo reciente, la Contralora no solo exime de control previo al programa FECE sino a todo el Ministerio.

En este gobierno de excéntricos, donde el Ejecutivo, por un lado, como consecuencia de todos los escándalos que se generan en el FIS nos indica que “Voy a crear en seis meses una institución nueva, que sea más transparente y que tenga todos los controles”, su Contralora, en la otra entidad duramente criticada, levanta los controles, haciendo exactamente lo contrario a la intención de esa afirmación.

Nos parece que la Contralora ha sido asesorada de manera desatinada y en su afán de agilizar, se expondría a las consecuencias de un manejo irregular por parte de funcionarios sin experiencia o en efecto mal intencionados. Por ello, es sorprendente y cuestionable que la Contralora, quien conociendo todos los antecedentes, decida experimentar con el levantamiento del control previo de una de las entidades más cuestionadas en este país. Todavía están a tiempo de recapacitar, porque es mejor prevenir el delito que corretear a los agraviadores.

La actitud que provoca vicios en el manejo de la cosa pública tiene sus orígenes, en no pocas ocasiones, en las posiciones con debilidades porque la conciencia culpable hace a los funcionarios cómplices o hasta transgresores de la ley.

<>

Este artículo se publicó el  21  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los objetivos en la ley

La opinión de…..

.

CARLOS AUGUSTO HERRERA

Nos cuesta trabajo aceptar los cambios o adaptar nuevas modalidades en cualquier campo. Nos movemos entre la espada y la cruz y no dudamos en argumentar entre los extremos, como ocurre en todas las disciplinas y en especial, sobre estas cuestiones legales. Si observamos la emparchada Constitución Nacional, vamos a convenir en que es una ley de Objetivos Generales.   Es un compuesto de normas que rigen con igual valor, pero que deben desarrollarse en la ley para aplicar sus Objetivos Específicos. Cada vez que se dispone reformar esta Carta Magna, hay que correr a regular la ley que desarrolla esa parte que fue reformada, adicionada o suprimida, pero esto no ocurre en nuestro agitado paraíso legal,como se aprecia en estos cambios de 2004, frente a lo que tenemos en Códigos.

Claro que en estos aportes no podemos revisar los 322 artículos, de modo que nos conformaremos con analizar el artículo 21, siempre de moda en este hala, hala, político-jurídico, en el que se llevan a cualquiera, a pesar de la garantía con la que reviste este artículo la ciudadanía.

Copiamos y comentamos la citada norma: “Artículo 21. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, si la pidiere”.

Quiere decir que para encerrar en una cárcel a un sujeto, tiene que ser previo a una resolución expedida con las formalidades legales previstas y por la autoridad competente.

1.- Orden escrita. Copiamos el segundo párrafo: “El delincuente sorprendido in fragante puede ser aprehendido por cualquier persona y debe ser entregado inmediatamente a la autoridad.”

Ahora se incluye a la policía como agente de la autoridad, para que reciba de los particulares o capture al sujeto acusado de un delito y lo entregue de inmediato a la autoridad competente.  Tenemos que considerar la hora y el lugar, más el sistema transitorio de cárcel, para mantener al sujeto en caso de no poder materialmente entregarlo al instante.

2.- Aprehensión en flagrancia.

“Nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente.

Los servidores públicos que violen este precepto tienen como sanción la pérdida del empleo, sin perjuicio de las penas que para el efecto establezca la Ley”.

Aquí usamos mal el concepto detenido, en vez de aprehendido o privado de libertad, porque no hay una orden escrita.  Debió decir. Ahora notamos las 24 horas máximo, que si se demoran deben justificarlo debidamente.

La libertad ambulatoria es sagrada, tanto es así que al legislador reguló la sanción a este nivel, con la amenaza al funcionario público (policía), con la pérdida del empleo más el proceso penal, el cual encaja en el artículo 150 de nuestro Código Penal, sobre el abuso de sus funciones y la privación de cualquier forma de la libertad corporal, con prisión entre tres a cinco años.

Tenemos que lograr que se cumpla con la ley para tranquilidad de todos, mientras apoyamos a la institución, que vela por la tranquilidad y seguridad pública. “No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles”

Finalmente esta última receta es como un ripio que se quedó del ayer, porque antes se cobraba de esta manera. Sino pagabas una deuda civil, quedabas preso.


<>

Este artículo se publicó el 21 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un pueblo agotado

La opinión de…..

.

MARIO ROGNONI

La última encuesta de Dichter & Neira parece indicar un fenómeno social: el pueblo se agotó.   El cambio utilizado en campaña por Ricardo Martinelli debió abrirnos los ojos, el pueblo estaba cansado de los partidos tradicionales, quería un cambio, la Alianza por el Cambio se los ofreció y barrieron en las elecciones.   Pero los políticos tradicionales no aprendimos la lección, hemos seguido con los métodos tradicionales, con los discursos tradicionales, con una oposición tradicional.   El pueblo nos gritó “CAMBIO”, pero seguimos sordos.

Hoy, diez meses después de iniciado el gobierno, 80% de la población lo apoya, mientras la oposición dirigida por el “tradicional” PRD, “tradicional” partido Popular y los gremios con sus líderes y métodos “tradicionales” no logran calor popular. Así como en la década de los noventa un gobierno PRD entendió que el modelo económico estaba agotado y diseñó un nuevo modelo que nos ha producido auge y crecimiento, es hora que el equipo pensante del PRD diseñe un modelo político para el siglo 21.

El pueblo se nos adelantó, no acepta la demagogia de siempre, los discursos encendidos del pasado, quiere propuestas y respuestas en un nuevo esquema donde lo tradicional se rechaza. Martinelli navega sin mayores contratiempos porque entendió el cambio en la mente del pueblo, su gobierno es directo y sencillo, su discurso casi campechano, pero su acción inmediata. La oposición se contradice siguiendo los patrones del político tradicional: simplemente objeta y critica todo lo que haga el contrario. Ayer aprobaba 3 años de cárcel para los disturbios en cierres de calle, hoy objeta dos años. Ayer creaba el viceministerio de seguridad, hoy objeta el Ministerio de Seguridad. Ayer firmaba contratos directos, hoy objeta compras directas.

El PRD no ha realizado que está a punto de caer en las garras del senilismo político, donde viejos PRD se sentarán a contar anécdotas de “cuando eran gobierno”, de “cuando Omar gobernaba”. Asi como casi desaparece el arnulfismo resonando aún las notas de Acción Comunal, la marcha del 11 de octubre ha ido desapareciendo en la historia.

Países vecinos nos mostraron como un Chavez acabó con los partidos tradicionales en Venezuela, Uribe en Colombia, Correa en Ecuador, bien podría Martinelli ser el verdugo de los partidos tradicionales en Panamá.

La solución para los partidos es hacer un alto y empezar a leer correctamente al pueblo, un pueblo que agotó ya el modelo de partidos políticos tradicionales y busca afanosamente nuevos líderes. Un pueblo que quiere soluciones y mejor calidad de vida, lo que Martinelli en su proyecto de gobierno busca darle, aumentando salarios, reduciendo impuesto sobre la renta, con subsidios en educación y buscando mejorar transporte, salud, educación y vivienda.

Las fallas en seguridad no parecen afectar su popularidad, inclusive las deficiencias en los municipios no afectan la imagen del ejecutivo. Viendo las encuestas, un gran porcentaje de los propios PRD apoyan la gestión del gobierno, conscientes del esfuerzo.

Quizás hay que hacer un alto en tantas reuniones y sentarse a planificar el partido del futuro, antes que el futuro no incluya al partido.


<>

Este artículo se publicó el 20 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Capital: Motor de desarrollo de un país

La opinión del Empresario y Político…..

,

Samuel Lewis Galindo

Aunque las izquierdas radicales se oponen con vehemencia a cualquier iniciativa privada o al capitalismo para utilizar la jerga de ellos, la empresa privada ha sido siempre el motor de desarrollo de un país. Tenemos por un lado a Venezuela que persigue a todo lo que huele a capitalismo y ahuyenta a toda inversión que no sea estatal, tiene hoy día un gran desempleo, una escasez muy seria de alimentos –los que tienen por sus precios no están al alcance de la población- y la inflación más alta del Continente. Con sus medidas comunistas Hugo Chávez ha logrado algo: compartir la pobreza.

Por otro lado, Panamá fomenta, abriendo sus puertas, a la inversión extranjera y tiene leyes que facilitan el establecimiento de empresas privadas. Existe seguridad jurídica. Como un ejemplo solamente de lo que es el capitalismo representa para un país, tenemos a la Compañía Panameña de Aviación (COPA). Cuenta actualmente con 42 vuelos a 24 países y una flota de 43 aviones. Tenemos hoy día que COPA une a nuestro país con Haití, Santo Domingo, Puerto Rico, EE.UU., México, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina y Cuba. Otras líneas importantes como Iberia y KLM recogen aquí pasajeros para llevarlos a sus destinos en Europa. Otra línea, Air Japan, también por razones de ese HUB de las Américas que tiene COPA va a establecerse muy posiblemente en las próximas semanas. La empresa hizo una realidad aérea el lema “Panamá puente del mundo”. No solo esta empresa paga impuestos sino que da ocupación a cerca de 5,000 empleados y colaboradores, entre pilotos, azafatas, mecánicos, oficinistas, etc.

Existen otras empresas panameñas y extranjeras en nuestro país que al igual que COPA contribuyen mucho a nuestro desarrollo y muestran claramente los contrastes entre un estado que promueve el socialismo y uno que favorece la libre empresa.

Los gobiernos democráticos que son progresistas buscan disminuir, con medidas de gran alcance social, la pobreza. Se trata de elevar la condición de vida de todos, en especial de los marginados, sin afectar a ningún grupo social o económico.  Esa es la aspiración de todo buen ciudadano en una democracia.

<>

Este artículo se publicó el  20  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Veraguas y Coiba: dos grandes impactos turísticos

La opinión del Educador y  Ex Legislador de la República …..

.

VICENTE A. CABALLERO

En el año 2005, el Gobierno Nacional tomó la decisión histórica de declarar a la provincia de Veraguas, como Zona de Desarrollo Turístico de interés nacional. La decisión, a mi juicio, fue bien acertada pero que hay que retomar para realmente crear las condiciones turísticas que impactaran en lo cultural, social y económico.

La Zona 10ª de Veraguas, como así se denomina, comprende casi todo el sur del Golfo de Montijo, Las Palmas, Río de Jesús, Soná y el recién creado distrito de Mariato y las islas que lo circunda, un elemento de juicio que sirvió de sustento para la creación de dicho Distrito.

Pero no muy distante, Veraguas cuenta con el Parque Nacional Marino de la Isla de Coiba, considerado como uno de los diez sitios importantes para bucear en el mundo, considerado por los versados, “como el segundo hogar de arrecife coralino más grande del Pacífico Oriental” y el mejor buceo “que se puede encontrar a lo largo de la Costa oriental del pacífico de Colombia a México. Coiba es la Isla más grande de Centroamérica. Se encuentra a unos 20 Kms de las costas de Veraguas y pertenece al parque nacional más grande de la República, con una superficie marina de casi 300,000 hectáreas. En este emporio de riquezas marinas se encuentran 8 islas menores y 30 islotes. Su naturaleza casi original, sus manglares que conservan especies desconocidas, sus bosques, sus cristalinas playas, su abundante y sin igual flora y fauna, constituyen atractivos que el panameño no ha sabido evaluar.

Todos este complejo mundo natural casi invaluable, sirvieron de fundamento para que el Parque Nacional de Coiba, fuera declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad.

Constituye una ignorancia histórica, el pretender tan siquiera, volver a la colonia penal de Coiba de los años 1919 cuando fue creada como tal. Ya en muchos países cercanos que implantaron ese sistema, superaron ese estilo de condena.

El Parque Nacional de Coiba, es un reto para el IPAT, el Ministerio de Obras Públicas, para los municipios colindantes y, esencialmente, para todos los organismos que promueven el desarrollo. Para hacerle frente a ideas recalcitrantes cuya misión de un Órgano del Estado es promover el desarrollo, se hace necesario explotar la floreciente Bahía Honda, puerto natural internacional de gran calado en el Pacífico; representa ampliar con toda la regla el Aeropuerto Rubén Cantú y dotarlo de luminarias para aterrizajes nocturnos; significa el establecimiento de un plan vial en el sector, pues las mejores tierras aptas para la agricultura en Veraguas se ubican en el Valle de Quebro, Arenas y Mariato, así como al Sur de Soná y Las Palmas.

Como podemos apreciar, se trata de un programa de desarrollo serio y responsable. La Declaración de Veraguas como zona de desarrollo turístico y Coiba, Patrimonio de la Humanidad, no debe quedarse en una simple declaración histórica.


<>

Este artículo se publicó el 20 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.