Se prohíbe leer Condorito

La opinión de…..

.

Rafael Candanedo


Exijo una explicación.. frase conspirativa para alguien del Ejecutivo.   No deben permitirse esos excesos. A la nueva dependencia de espionaje se le encomienda que identifique al autor de semejante protesta.   Reflauta. Con una eficiencia inusual, se ha llegado ante Condorito.

Como puede atentarse contra la empresa privada, las relaciones comerciales internacionales y la libertad de expresión, a unos honorables diputados se les ha ocurrido que sea frenado el pajarraco mediante la incorporación del inciso a una ley sobre la protección de los pájaros preñados.

Con urgencia y sin que se note, releo, a marchas forzadas, las tiras cómicas, y me detengo en la mirada de la bellísima Yayita, convertida de campesina tímida en una protestona de primera marca y compradora compulsiva.

El inciso contra Condorito ordena la recolección de las revistas y libracos, tanto de las bibliotecas públicas y particulares, como de las librerías, supermercados y estancos callejeros. Perdemos a la escultural Yayita, sin embargo es de beneficio la desaparición de predadores de marca mayor: el borrachín Garganta de Lata, el mentecato Huevoduro y el pesado Pepe Cortisona. No hay mal que por bien no venga. (Ni cito más refranes, no sea que quieran guillotinarlos).

Sacar de circulación determinados vocablos es una idea que es abanicada por honorables que están convencidos de que la demostración social puede detenerse con una reforma léxica. Como si se tratase de una botella tirada al mar, se creará por ley el retiro a un baúl de palabras como manifestación, demostración, volanteo, boicot, abucheo (salvo que sea contra Melitón), disgusto, descontento, desazón, marcha, paro, desencanto, tranque, concentración, pito y paila, motín, piqueteo, sentada, huelga de hambre, huelga con comida y huelga decir.

Para evitar que sorprenda a los parroquianos, esta reforma léxica tendrá como fachada el simpático proyecto para el repoblamiento de batracios y otros vertebrados afines.

El trueque de la protesta por el mensaje oficial a través de los medios de comunicación social no quita el sueño a los honorables. No es trabajo difícil. Se lleva a cabo con gente y con plata. Siempre hay voluntarios para este trabajo y la plata no escasea.   Más difícil es acallar a un caricaturista.  A un locutor o comentarista le quitas el micrófono, y lo inmovilizas. O a través de un virus que le cause un catarro por años. Se complica impedirle al caricaturista que mueva la mano para llevar a cabo su boceto, sobre todo en una época en que, en la computadora, crea sus diseños hasta con soplidos.

Cualquier iniciativa debe tener la apariencia de legalidad. Si alguien sospecha que se frenará la libertad de expresión, entonces la fachada se deteriora. Inmovilizar las extremidades inferiores del caricaturista es una idea que es barajada. “Hay que protegerles las manos”, propondrá, entusiasta, uno de los creadores del futuro artículo legal.

País de protestones. El bostezo, la mirada, escupir y sacar la lengua son otras formas. Alguna gente ha empezado a eliminar letras y sílabas en determinadas palabras: en “diputado”, por ejemplo, le mutilan las sílabas con consonante “d”; cercenan de un tajo la última sílaba de “ministro” y en nombres como “Martinelli” le quitan la “t”. Habrá que saber qué persiguen.

Mientras se idea un párrafo para que la gente no omita letras y sílabas, un honorable que sabe de informática planea incorporar un inciso en una antigua ley sobre catastro, desempolvada para ese único fin, que se propone acabar con la protesta vía chat.

No debe sospecharse que se inhibe la protesta virtual, sino que, por otras razones, se cancelará el chat. Ese es el objetivo de sus gestores.

El “camarón” del César no solo debe serlo, sino parecerlo.

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Decimos lo que otros callan

La opinión de…..

.

RAFAEL M. GÓMEZ

Cuando me comprometí en esta cruzada por la verdad al informar, sea en nuestro programa de radio, en mis columnas de opinión en los diarios de circulación nacional o de manera personal en cualquier foro, lo hago a riesgo. Sé que la verdad es a menudo incomoda.

La verdad incomoda a los poderosos. “Decimos los que otros callan” más que un eslogan, es un estilo de vida. Algo está pasando con el tema seguridad en Panamá o debo decir “inseguridad” que no parece incomodarles a más de cuatro.

Peor aún a muchos miembros de nuestra sociedad no parece incomodarles vivir en medio de la violencia. Por supuesto, si eres un académico y defensor de los derechos “humanos” y nunca has tenido que pasar por el trance de ver morir a un hijo, padre o madre, víctimas de la violencia, en virtud de la ola de delincuencia que sacude el país, no te importara seguir con tu jueguito retorico y hacer gala de tu profundo sentimiento “cristiano” por los homicidas.

Lamentablemente, la gente de pueblo, no tenemos tiempo para perder filosofando sobre criterios existencialistas. Preferimos ser ignorantes, explicando con sencillez nuestra petición para que todo el mundo entienda. Cuando llegamos al desparpajo de no sufrir que le desparraman los sesos a un niño de 12 años, cuando no nos da vergüenza ser tolerantes con el crimen, comprendemos que algo grave está pasando con nuestra sociedad, preferimos no filosofar sino ACTUAR.

Confieso ante Dios y ante la faz del país que ya estoy harto de tanta basura, pero sobretodo estoy harto que gente decente inocente muera y nadie hace gran cosa por parar esto. Junto a otros ciudadanos decentes de este país, estamos solicitando al presidente de la República que entre otros temas, someta al escrutinio público el tema de la PENA DE MUERTE.

Solicitamos que se considere en plebiscito y que el pueblo decida si quiere que se aplique la pena de muerte para los que cometen homicidios con saña y crueldad, que se someta a la pena capital aquellos que harto han demostrado con sus hechos criminales continuos y bestialidad homicida, no van a cambiar ¡para aquellos que las palabras resocialización y respeto por la vida es un mero chiste! Leí con detenimiento la entrevista que le hizo una distinguida periodista de este país al padre de Daniel Carrizo. Padre de adolescentes, muchos sentimientos inundaron mi alma y me eche a llorar, al comprender la situación en que este hombre de Dios y padre ejemplar se encuentra junto al resto de la familia sobreviviente.

Por ello, como dijo el licenciado Zappi “nuestra meta es que el tema de Pena Capital para criminales violentos sea llevada a consulta ante el único soberano: EL PUEBLO PANAMEÑO.

Los apologistas de la criminalidad tendrán sus argumentos para desvirtuar la conveniencia de la eficaz medida”, háganlos valer.


<>

Este artículo se publicó el 16 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Desburocratizando el gobierno

La opinión del periodista…..

Juan B. Gómez

Una de las promesas que más le atrajo votos a Martinelli cuando era candidato fue: “Desburocratizaré mi gobierno”. ¡ Eso sí será bueno!- gritó el país en coro.  Y llegó Martinelli al poder.   Ya su gobierno cumplió 9 meses, y todavía no ha cumplido su promesa; al contrario, se está burocratizando más; o al menos, no ha hecho gran cosa en ese sentido; con o sin su consentimiento proliferan las botellas de gran tamaño, garrafones de altísimo poder.

Se sabía que en la Asamblea Nacional había una gran cantidad de “asesores” (léase botellas insignes); posiblemente unos fueron eliminados, pero sustituidos por otros, y el despilfarro inútil continúa. Hace algunos años un diputado de San Blas tenía una asesora con altísimo sueldo…¡ que era analfabeta! (Aunque usted no lo crea).

Pero actualicemos un poco la cuestión. En el diario El Panamá América (12.04.10) decían que el Rector de la Universidad Nacional, Gustavo García de Paredes “ paga más de B/ 218 mil en asesores”. Y entre esos asesores mantiene a una persona que una fiscalía “ pidió encausar por sus supuestos nexos con anomalías en la tramitación de diplomas”.   Ahora el señor García de Paredes quiere que se le prolongue su permanencia en la rectoría, logrando la modificación de la ley que se lo prohíbe. (Tenemos que suponer que, si el Dr. García de Paredes gratifica tan bondadosamente a los que van a reelegirlo, no hay duda de que será reelegido…).

Y en el mismo diario, el mismo día, señalan que la ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ( AMPYME), Giselle Burillo, “benefició con una consultoría directa a su ex copartidaria Gloria Arosemena Torrijos, prima del ex presidente Martín Torrijos”.   Esta señora ha sido nombrada o contratada con un sueldo “ por más de ocho mil dólares”. Señala también la noticia, que las dos señoras mantienen una vieja amistad desde cuando la Ministra militaba en el PRD.

Bueno, si así se está “ desburocratizando” el gobierno del presidente Martinelli, que Dios nos coja confesados – como decía Guillermo Sánchez Bordón. ¡ Así da gusto pagar impuestos!- como agregaba el gran periodista de En pocas palabras.

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Nuestra educación y sociedad están en bancarrota

La opinión de….

.

Álvaro Lasso Lokee

La delincuencia está aumentando al mismo tiempo que nuestra educación agoniza, desde hace varios años. Si un niño fracasa en la escuela, esa condición no exonera a sus padres de responsabilidad; igualmente, si la delincuencia aumenta, ese síntoma no solo es el reflejo de la inseguridad en las calles, sino también del fracaso de quienes han administrado el país y eso incluye a todos los gobiernos anteriores. Unos con más aportes a la ruina que otros.

Desde otro ángulo, es decir, si el desempleo disminuye, la educación es superior en nuestras escuelas, nuestras calles están limpias y cualquier atributo positivo que quiera añadirle sería el reflejo de una política bien llevada, pero la realidad es otra lamentablemente.

Los dos ex ministros de Educación bajo investigación por peculado, dejan mucho que decir de nuestro sistema educativo, sin mencionar otros problemas del país.

La delincuencia y la educación forman parte de un sistema asociado a múltiples factores, pero esa responsabilidad es de todos los ciudadanos, principalmente de los políticos, que no han dado las respuestas o soluciones a los problemas, dejando solo sus discursos, sus leyes y una justicia visiblemente fracasada.

Recientemente se publicó en los diarios que el 70% de graduados no pasó las pruebas para ingresar a la Universidad Tecnológica de Panamá; hace unos años ocurrió lo mismo en la Universidad de Panamá. Por eso, no entendemos a los profesores que se oponen a un cambio que ya resulta urgente en la educación, más cuando no dan un buen argumento y solo dicen que “son imposiciones”.

La gran mayoría de panameños se forma en escuelas públicas, nos incluimos, y sabemos que falta mejor preparación en distintas áreas. Al ver la estadística actual de nuestra educación preocupan los resultados. Recientemente, por motivos de trabajo, entrevistamos a una profesora afectada por estrés laboral, al estar presionada tanto por los estudiantes como por los padres de familia a causa del bajo rendimiento de sus alumnos. Lo peor es que hasta amenazas recibe y no sabe cuál de ellas puede convertirse en realidad, a falta de seguridad en estos casos.

Preguntamos ¿Cuándo fracasó el sistema educativo? ¿Hasta cuándo seguirá igual? ¿Qué cambios necesita nuestro sistema educativo? ¿Estarán dispuestos a pagar el sacrificio los políticos? ¿Cuánto pueden aportar a la educación los empresarios que necesitan de mano de obra calificada?

Consideramos que la delincuencia y la crisis en la educación no pueden ser vistos como hechos aislados; se debe iniciar un plan nacional que aborde el desempleo, los bajos salarios y el alto costo de vida, la deserción escolar, la alimentación, la salud, el embarazo prematuro, el sistema de transporte, la corrupción estatal, el sistema judicial y carcelario. También, las viviendas, el sistema de seguridad en las calles, el cuidado del ambiente, la niñez y la tercera edad, el maltrato infantil y de las mujeres como otros tópicos a revisar e, incluso, actualizarlos en materia de Estado para los próximos 25 años.

Nuestra democracia no solo está amenazada por los narcotraficantes, tal como lo señala un informe de los norteamericanos, sino también por la cultura del juega vivo que impera en la política tradicional criolla.

Pedimos que el cambio llegue también a la Asamblea Nacional y al sistema judicial, instituciones que marcan otras crisis profundas y no dan señales de cambio. En resumen, el país se encuentra en una bancarrota y urge cambiarlo profundamente, pero con voluntad y seriedad.

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El caso Gateno

La opinión de…..

JOSÉ BLANDÓN C.

En el año 2006, la República de Panamá sufrió la tragedia más grande de su historia en el campo de la salud pública, cuando se descubrió que centenares de personas fueron envenenadas al consumir medicinas contaminadas con el dietilenglicol.

Los datos indican que en agosto del 2006 se observó por primera vez en pacientes hospitalizados en los hospitales de la Caja de Seguro Social, una enfermedad atípica que producía un síndrome renal severo, acompañadas de graves manifestaciones neurológicas. Las autoridades de la Caja de Seguro Social emitieron un memorando el 27 de septiembre alertando a los médicos que reportaran a cualquier paciente con estos síntomas.

No fue hasta el 2 de octubre en que las autoridades médicas representadas por el ministro de Salud, Camilo Alleyne, anunciaran al país la muerte de seis personas que estaban afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Renal Agudo, conocido inicialmente con las siglas de SIRA.

El cuadro clínico de los pacientes se iniciaba con fiebre y náuseas, posteriormente sufre de diarrea y de problemas urinarios, incluyendo la incapacidad de orinar, y finalmente, el síndrome entra en una fase neurológica en donde sufre una parálisis de las extremidades inferiores y superiores.

El 11 de octubre del 2006, el ministro Camilo Alleyne reportó el hallazgo de dietilenglicol en un expectorante líquido sin azúcar producido por la Caja de Seguro Social. Esto dio inicio a una serie de investigaciones, que aún continúan, sobre el envenenamiento más grave que se haya registrado en el mundo por dietilenglicol.

A lo largo de la investigación penal, los familiares de los pacientes fallecidos y los pacientes vivos que sufren el envenenamiento, han desarrollado una larga jornada pidiendo justicia, indemnización y un trato digno para los afectados por esta tragedia. Ha sido una larga lucha que aún no termina.

Me quiero referir en esta ocasión a un tema muy particular de esta extensa investigación judicial que involucra al empresario Teófilo Gateno, dueño de Financiera Davivienda, S.A. (Finacredit) y quien aparece en el expediente que se sigue por este caso.

Teófilo Gateno rindió indagatoria sobre este caso en el 2008 y en aquella ocasión la fiscalía no encontró razón alguna para aplicarle ninguna medida cautelar. Dos años más tarde, mediante resolución razonada de fecha 26 de marzo de 2010, el fiscal superior de Panamá, ordenó la detención preventiva de Teófilo Gateno Hafeitz, dentro del sumario seguido en su contra por supuesta infracción de las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del libro II del Código Penal de 1982.

El fiscal no introduce nuevos elementos para tomar esta decisión, por el contrario se basa en suposiciones que no están sustentadas en el expediente. Veamos algunos ejemplos.

La empresa Medicom, responsable de la compra del dietilenglicol, tenía como financista a varias empresas panameñas dedicadas a estas operaciones y entre ellas estaba Finacredit.

El préstamo que Finacredit, otorgó a Medicom relacionado por la compra de glicerina era para pagar los impuestos de importación y gastos de manejos previos a la entrega, operación esta que ascendió a la suma de 5,510 dólares. Medicom ya tenía la glicerina en Panamá cuando Finacredit entró a financiar los pagos para la aduana.

La compra de esta glicerina, que después resultó ser dietilenglicol, fue producto de una operación de financiamiento y otra entidad financiera por un monto aproximado de 16 mil dólares, según consta en el expediente.

Todas las operaciones de financiamiento entre Finacredit y Medicom, están totalmente documentadas y certificadas por contadores públicos autorizados de reconocido prestigio. Además, Medicom contaba con otras empresas financieras que financiaban sus operaciones.

La relación entre la empresa de Teófilo Gateno (Finacredit) y Medicom era estrictamente financiera y se basaba en las reglas establecidas par lo que se conoce en nuestro país como factoring o pre-factoring. Es decir, la compra de facturas por ventas al gobierno u órdenes de compra. Una operación que se realiza comúnmente en nuestro país.

No se entiende las reales motivaciones de la fiscalía para ordenar esta detención. Los familiares de los fallecidos y los afectados por este envenenamiento requieren justicia. Este caso no requiere un chivo expiatorio o un linchamiento. Requiere que los culpables reales sean castigados.

En el expediente queda claro que Medicom tenía varias fuentes de financiamiento y por consiguiente, alegar que Medicom dependía económicamente de Finacredit es falso. El 80% del financiamiento de Medicom provenía de otras financieras y los procedimientos que aplicaba Finacredit con Medicom eran las normas que usualmente se usan en estas transacciones. No tiene ninguna validez el argumento que Medicom era una empresa fachada de Teófilo Gateno.

Esperamos que en los próximos días la Fiscalía Superior Especial de Panamá, reconsidere su decisión y proceda lo que en derecho amerita, que es darle la libertad a Teófilo Gateno y garantizarle sus derechos.


<>

Este artículo se publicó el 16 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sangre y proceso

La opinión de…..

.

Silvio Guerra Morales

Según las estadísticas del Órgano Judicial de Panamá un 33% de los acusados por homicidios son declarados inocentes o terminan con sentencias absolutorias.   Más de un 40% son sobreseídos, ya sea de manera definitiva o provisional, al fin de cuentas, quedan en libertad; un 7% de esos mismos casos, por cualquier otra razón, no quedan en nada.

Estos números, analizados fríamente, indican que, siendo así las cosas, por cada 100 víctimas de las garras del crimen y que pierden sus vidas, más de 80% de los autores de esos crímenes quedan en libertad o, simplemente, nunca purgarán una pena.

Sin desmedro de considerar que muchos de los casos de homicidio que terminan con decisiones de inocencia por parte del jurado o con sentencias de absolución si se trata de juzgamientos en Derecho, realmente obedecen a la efectiva inocencia de las personas que han sido juzgadas, tampoco podemos ocultar o esconder nuestro rostro de una patética realidad: casos que son, desde la perspectiva procesal y probatoria, irregularmente instruidos; casos que desde sus inicios, durante el procedimiento investigativo, se encuentran plagados de violaciones sin fin al debido proceso y a otras disposiciones constitucionales consignatarias de derechos y libertades individuales y procesales, etc., son los que permiten al hábil abogado señalarle a los jueces o al jurado que la prueba es ilícita, que la prueba está contaminada, etc. y de este modo lograr “poner al acusado de vuelta en la calle”.

En este orden de ideas, respaldado por la experiencia en los tribunales y especialmente ante los jurados que deciden en conciencia, puedo afirmar que no hay nada que moleste tanto a un decisor de justicia –juez o jurado- como cuando advierte o indica que se han violentado las formas propias del juicio penal en contra de un ciudadano y que tal hecho entraña clara y evidente violación a los derechos y libertades consagrados en el estatuto constitucional.

Luego, queremos culpar a los jueces y a los magistrados, sobre todo al jurado, porque dictan absoluciones o veredictos de inocencia según corresponda, y salimos a la palestra a censurar y despotricar en contra de la Administración de Justicia –sin desmedro de que algunas críticas han de ser fundadas- generalizando una crisis que tiene distintos focos y que, no necesariamente, se encuentran en el seno de Temis.

Por ello, recientemente, señalaba en un programa de televisión, que hay que poner un alto, un basta a las investigaciones improvisadas; un freno a las detenciones sin fundamento legal y que nacen a merced de un espíritu investigativo inquisitivo, perseguidor, sanguinario, carcelario y, en defecto de ello, hacernos parte de una cultura procesal, de investigación, que incluya a abogados, fiscales, jueces, sociedad, en la que destaquen votos concretos de una feligresía jurídica que postula y cree en el estado de inocencia y el respeto casi absoluto debido a este apotegma constitucional; creencia en el debido proceso ya que sin él no hay proceso sino una parodia burda y torpe de juicio; una constante devoción a la igualdad de todos ante la ley y que, finalmente, tengamos la convicción de que cuando se condena a un ciudadano es porque se le ha probado su culpa en un juicio cónsono con el debido proceso y que si se le absuelve o declara inocente es porque así ha sido en estricto derecho.

Pero también de una sociedad cuya cultura forense empiece a dar muestras de “respetar las decisiones de los tribunales” y aprender que se trata de fortalecer el Estado de Derecho para bien de todos.

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Presidente de las contradicciones

La opinión de…..

.

Rubén D. Carrera D.


Han bastado poco más de ocho meses de gestión presidencial para que quien dirige el Ejecutivo dé muestras del arsenal de contradicciones entre lo que prometió y lo que hace.

En Cade 2006 criticaba la excesiva concentración de poder de los que han dirigido el Ejecutivo, sin embargo, hoy hace alarde del doble discurso.

Cuenta con mayoría en la Asamblea, como resultado de la alianza gobernante, y cuando tuvo la oportunidad de designar a dos nuevos magistrados creó una comisión de notables para supuestamente acoger sus recomendaciones, pero irrespetando a los comisionados y vociferando que no se iba a dejar embaucar, escogió a sus amigos y echó por tierra el trabajo de selección, en función de méritos y ejecutorias de los participantes, y echó mano de la partidocracia proponiendo a sus candidatos ¿Por qué y para qué lo hace?

Cuando usted aplica un artículo improcedente de nuestra Carta Magna y rompe el orden institucional para designar “tecnológicamente” al procurador suplente; ¿Con qué fin lo hace?   Se ha satanizado a la ex procuradora Ana Matilde Gómez, cuyo delito ha sido aplicar la ley y castigar a los corruptos. Sin embargo, se ha “premiado” a un mortal al cual se le agarró con las manos en la masa (billetes marcados), recibiendo un pago para garantizar a una privada de libertad una medida cautelar y ¿Quién habla de eso hoy? Esto es similar, proporciones guardadas, a aquellos necios que defienden los derechos humanos de los maleantes y criminales, pero ¿Quién habla y defiende los derechos humanos de las viudas y huérfanos?

No por casualidad tres miembros del gabinete se abstuvieron de apoyar la designación del procurador suplente, y figuras prestantes de la alianza en el poder han dejado entrever sus inconformidades. Guillermo Ford manifestó que la forma como se trató el caso de la procuradora parece responder a imposiciones del Ejecutivo. Adolfo Linares, por su parte, le recordó al Ejecutivo que debe evitar los excesivos gastos.

El hoy presidente criticó las reformas tributarias aplicadas por Martín Torrijos, pero ahora nos quiere asfixiar con el aumento del Itbms. Como si fuera poco un ministro, defendiendo lo indefendible y rasgándose las vestiduras por las abundantes y razonables críticas a tal pretensión, se esfuerza en hacernos creer que el pueblo tendrá más dinero disponible, porque es “solo un 2% de aumento”. Señor ministro, no somos zopencos ni borregos, cuando compremos ropa, zapatos o adquiramos bienes y servicios ¿qué cree usted que sucederá? Todo dueño de negocio aumentará los precios.

Se gasta una millonada en publicidad gubernamental (tan criticada durante la campaña) con nuestro dinero, haciéndonos creer que ha hecho su obra cumbre con el aumento del salario mínimo; sin embargo, nos aumentan el costo de la gasolina, la canasta básica, los impuestos en los aeropuertos, los pasaportes, el servicio de alcantarillado, etc., pero aún nos dicen que el aumento del salario mínimo ayudará a que los pobres mejoren su calidad de vida, olvidando que la mayoría de los sectores productivos suben los precios, lo que da como resultado que tal pretendido aumento lo que hará es reducir el poder adquisitivo.

Criticó las contrataciones directas de los gobiernos que le antecedieron, y de los cuales formó parte, sin embargo, paga a familiares cercanos por servicios, sin mediar licitación.

Y el mayor descaro de quien se dice “combate la corrupción” es haber dicho que los familiares del Presidente también tienen derechos como los demás panameños. En México está privado de libertad un pariente cercano al jefe del Ejecutivo, por el supuesto lavado de dinero, ¿y usted qué ha investigado sobre el particular? ¿Será que ese presunto lavado lo hacía en Marte y no en Panamá? Las falencias administrativas del jefe de la comuna capitalina nos han costado millones de dólares como contribuyentes ¿y usted qué ha dicho o ha hecho sobre tales desmanes administrativos? ¿O será que su misión es selectiva y solo mira para un lado?

En campaña, el actual mandatario censuró el apoyo de Taiwan a los gobiernos que le precedieron, en cuanto a donaciones de dinero, servicios y equipos; ahora acepta la “donación” de un avión cuyo costo sobrepasa los 20 millones de dólares y quieren convencernos de que es para socorrer a personas de áreas marginadas, cuando ese aeroplano solo puede aterrizar en dos aeropuertos en Panamá.

¿Qué falta por controlar ahora? ¿Será la composición de quienes dirigen el Tribunal Electoral? y después… ¿Será la Defensoría del Pueblo? ¿Se estará abonando el camino para cambios constitucionales que permitan la reelección, tan criticada en campaña por el actual mandatario? ¿Por qué ese apetito desmesurado de poder? ¿Será un reflejo del gamonalismo intrínseco que lo lleva a pensar que por tener dinero puede hacer y decir lo que quiera?   Cuando se le preguntó sobre la baja en las encuestas respondió: “a mí eso no me interesa”. ¿Expresaba eso mismo en campaña, cuando se disfrazó de varios personajes?

Es fácil prometer hasta la creación de un planeta más verde y justo, pero a costa de aplastar a la clase media y desaparecer a los sectores humildes; por eso, cuando escucho que se construirá el Metro o un tercer puente sobre el Canal, que se instaurará el Metro Bus, que se construirán a cuatro carriles la vía David–Boquete, San Félix–David y se les dará mochilas a los estudiantes y dinero a los padres de familia; me pregunto ¿qué nos aumentarán o qué nuevo impuesto nos impondrán? ¿Dónde está lo que produce el Canal?

El Ejecutivo debe dirigir su esfuerzo e intelecto a la implementación de acciones que mejoren los servicios de la CSS, reducir el costo de la canasta básica, el combustible y la luz; disminuir los índices de criminalidad, narcotráfico y propiciar la seguridad jurídica y ciudadana; aumentar las partidas de instituciones como la Universidad de Panamá y no pretender eliminar los programas de autogestión, como son los análisis de calidad de los medicamentos y cosméticos; mejorar la red vial, garantizar la venta y uso de medicinas de comprobada seguridad y eficacia; construir acueductos, mejorar la transparencia de las acciones gubernamentales, pero sobre todo fortalecer la democracia y combatir a los corruptos.

Pueblo panameño, ahora te toca a ti no permitir más falsas promesas, mientras reducen tu poder adquisitivo y desmejoran tu calidad de vida. Tienes el poder para combatir a los que pretenden erigirse omnímodos y autoritarios.

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Necropsia a la CSS (I)

La opinión de…..

.

JOSÉ A. VELARDE

La Caja de Seguro Social tiene sus dueños: “Los asegurados, los jubilados, los pensionados y los patronos” (El gobierno es uno de éstos últimos) Los (beneficiarios) que no pagan seguro social están acabando con la institución.

La Caja de Seguro Social fue idea de don Manuel María Valdés (q.e.p.d.) y creada por el Dr. Arnulfo Arias Madrid, en su primer mandato presidencial en 1941. La ley estableciendo la institución ha sufrido más de ciento cincuenta modificaciones, entre leyes, decretos leyes, decretos, resueltos y todo instrumento legal para ajustarla a los intereses del gobierno de turno. La Constitución de 1941 al establecer el régimen de seguridad social sentó el precedente de separar la obligación del Estado de velar por la salud del pueblo y a la institución (CSS) la de atender a los cotizantes y garantizarles un retiro remunerado luego de haber cumplido con los requisitos para tener derecho a ello.

La Constitución de 1946 estableció: “Capítulo 50.- Salud Pública y Asistencia Social

Artículo 92.- Es función esencial del Estado velar por la salud pública. El individuo tiene derecho a la protección, conservación y restitución de la salud, y la obligación de conservarla. En consecuencia, el Estado desarrollará principalmente las actividades que a continuación se detallan: “……d) Establecer, de acuerdo con las necesidades de cada región, hospitales, clínicas dentales y dispensarios, en los cuales se presten servicios y suministran medicamentos gratuitos a quienes carezcan de recursos pecuniarios; y,….” Claramente establecía la responsabilidad Estatal de velar por la Salud Pública y la Asistencia Social. Con la instauración del régimen militar, en 1968, la creación y aprobación de la Constitución de 1972, se determinó, lo siguiente:

CAPÍTULO 6°.-

Salud, Seguridad social y asistencia social

ARTÍCULO 197.- Los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones autónomas y semiautónomas, intégrense orgánica y funcionalmente. La ley reglamentará esta materia.

Esta ha sido la razón básica para el descalabro económico y operacional de la Caja de Seguro Social, de manera escalonada a lo que debemos sumar, que durante el régimen castrense la institución fue la “Caja Menuda de los Militares”. Con ese artículo se le endilgó a la institución la total y absoluta responsabilidad de atender la salud de la población asegurada o no, so pretexto que el gobierno cubriría el costo de los pacientes que no estaban asegurados a la institución. No sabemos cuando ni como se ha cumplido con esta propuesta. Resulta Interesente saber: ¿Cuántas veces el gobierno ha cubierto su compromiso? Cuánto le cuesta a la Caja de Seguro Social atender cada pacientes que deberían ser responsabilidad del gobierno? ¿Cuál es el monto de esa responsabilidad social? ¿Cuánto adeuda el Estado a la CSS por estos servicios? Vea mañana..


<>

Este artículo se publicó el 16 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mensaje recibido… alto y claro

La opinión de…..

I. Roberto Eisenmann, Jr.


Nuestro presidente, Ricardo Martinelli, está enviando a todos los actores políticos, empresariales y sociales de nuestro país un mensaje alto y claro, en el sentido de que éste será un gobierno confrontacional, regalón, intimidatorio y abusador… ¡y punto!

Veamos: A los partidos políticos el mensaje es que al partido de oposición le va a “sacar la m …”. Adiciono yo: como se resistan a una renovación, a lo mejor ocurre lo deseado por el Presidente.

A los partidos de gobierno les indica que o se integran al CD y comparten así el regalón, o …¡a atenerse a las consecuencias! Objetivo: ¿partido único?… bueno, es un tanto ambicioso pero ¿por qué no? … si no legal, de hecho.

A los sindicatos el mensaje es que o se quedan quietos o les va a “sacar la m…” y si protestan terminarán todos presos.

Pero sigan leyendo…

A los empresarios. Para ustedes, mensajes de intimidación, auditorías políticas y abuso. Quietos porque si no, les cae la teja… y también les va a “sacar la m… ”.

A los medios de comunicación, a punta de auditorías y revisión de licencias… que mejor se queden tranquilos y ¡a plegarse!

A la sociedad civil organizada: a esas “pendejadas de cinco gatos”, plomo personal y desprestigio para que “no sigan criticando y jo… ”.

A la Fuerza Pública: que qué remilitarización ni qué ocho cuartos. Hay que integrar a todos los gorilas… pues hará buen uso de todos ellos.

O sea, que a través de la confrontación, regalos, intimidación y abuso del poder se pretende un poder absoluto… por supuesto que con el objetivo puro de poder imponer lo que “le toca al pueblo”. Dice el presi que como “el pueblo está feliz ; a mí que me digan lo que quieran, que poco me importa”.

Mensaje recibido. Siempre habrá quienes por conveniencia quieran hacerse los sordos y ciegos, pero los que tenemos dos dedos de frente recibimos el mensaje alto y claro.

Por fortuna para este país existe La Prensa para la que –desde el día de su nacimiento– la intimidación y abuso gubernamental han sido cosa de todos los días; su equipo humano superior seguirá siempre señalando con su valentía tradicional el camino hacia el perfeccionamiento democrático… la decencia y la ciudadanía competente.

Para el que está mandando a diario el mensaje de confrontación, intimidación y abuso de su poder… un mensaje de vuelta:

“Todo poder confrontacional, intimidatorio y abusivo está destinado a ser vencido”. No lo digo yo; lo dice la historia de la humanidad… y –por supuesto– la de Panamá.

¡Cosa… ¿no?!… a un tris de llegar a asomarnos al primer mundo ahora retrocedemos en lo fundamental y –otra vez– “la misma vaina”… a repetir la misma lucha…

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De cierres y calles

La opinión de…..

.

Miguel Antonio Bernal

“68. La protesta social es una de las formas colectivas más eficaces de expresión. Pero incluso, en algunas circunstancias resulta ser también la única forma a través de la cual ciertos grupos pueden ser escuchados. En efecto, cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado….” (Informe de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de p.216)

http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=742&lID=2

Según Laband, la característica del Estado de Derecho es que el Estado no puede requerir ninguna acción ni imponer ninguna omisión, no puede mandar ni prohibir nada a sus súbditos más que en virtud de un precepto legal. Así, se establece en favor de los individuos la garantía de que el “aparato coercitivo” del Estado, siempre será utilizado en forma y condiciones fijadas previamente por las normas jurídicas. Este reconocimiento cierto de la forma como será aplicado el Derecho en cada caso es lo que se conoce como seguridad jurídica.

La Seguridad Jurídica es uno de los fines que tiene el Derecho y consiste la misma en el fiel respeto de los derechos que son adquiridos legítimamente, así mismo de la creación de entidades e instituciones que se dediquen a coadyuvar en la conservación de estos derechos, como también el de prevenir que éstos derechos no sean violados, deteriorados ni trastocados y, permitir a las personas y diversos grupos que conforman la sociedad el convencimiento de que sus derechos y garantías van a ser respetados.

Pero más que una protección contra los particulares, la seguridad jurídica es una garantía de respeto a la Ley por todas las autoridades del Estado, en todas sus manifestaciones, ya que de él, más que de los particulares, puede y debe temerse la violación del orden jurídico establecido.

Cuando estos derechos son vulnerados, violados y/o desconocidos, podemos decir que estamos en un clima de inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es la violación a la estabilidad de las instituciones y el desconocimiento a los derechos proclamados y adquiridos.

La Inseguridad Jurídica, además de ser un retroceso en materia de Derecho Constitucional, es un sentimiento de inestabilidad, inseguridad y desasosiego y, que se quiera o no, omite principios tales como el imperio de la ley, Libertad, propiedad, así también, el buen ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Estado, máximo garante (al menos teórico) de los derechos y garantías de todo particular.

La inseguridad jurídica se da cuando se atenta contra la seguridad y la estabilidad de las instituciones y la vigencia de la Ley, al igual que en la aplicación de la Ley, con abuso de autoridad de funcionarios públicos, cuando hay mora judicial, fallos contrarios a la Ley, es decir fallos personalísimos y parcializados que solo velan por los beneficios de unos cuantos y atentan así contra la seguridad jurídica de los panameños.

La inseguridad jurídica aparte de contribuir a la incertidumbre, la duda y la expectativa, repercute en la estima de la sociedad, dándole a la misma un sentido de choque, controversia y contradicciones que imperan sobre la verdadera estabilidad y la permanencia de las reales instituciones jurídicas.

Cuando las instituciones no funcionan en la forma prevista por los principios constitucionales modernos y se muestran incapaces de resolver los complejos problemas que plantea la conducción de la sociedad, forzosamente se presenta una situación de crisis. Algunos la llaman crisis institucional, pero lo propio es llamarla crisis constitucional.

Las recientes decisiones gubernamentales confirman que una de las causas de la creciente inseguridad jurídica imperante en nuestro país es, a mi entender, el no cumplimiento de parte de los órganos del Estado de los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, la mayoría de los cuales son Ley de la República.

<>

Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Revocatoria y camaron constitucional (II)

La opinión del Abogado y Honorable Diputado…..

.

Hernan Delgado

La revocatoria de mandato a nivel constitucional fue el gran camarón que nos introdujo la Democracia Cristiana cuando se discutían las reformas constitucionales en 1983.

Dentro de nuestra historia constitucional, ni siquiera en los momentos más cruciales de la dictadura militar, a nadie se le había ocurrido semejante exabrupto jurídico, basta y sobra que revisemos las Constituciones de 1904, 1941, 1946 y los actos reformatorios de 1972 y 1978, para confirmar lo señalado.

Basado en la reforma constitucional de 1983 a que hago referencia, fue el proceso penal contra el actual Diputado Mario Miller, quien fue despojado de su curul, encarcelado por más de tres años y después declarado inocente con nefastas consecuencias morales, familiares y económicas.

Los altos dignatarios del PRD sometieron a un proceso de revocatoria cuyo resultado desconocemos, a cuatro de sus legisladores en el Gobierno de Mireya Moscoso, señores Olivia de Pomares, Tito Afú, Lalo Antonios y Fito Duque, por haber apoyado la ratificación de los hoy Magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista ya que los mismos actuaron en contra de la línea política del PRD. Recordemos el Referéndum celebrado en 1998 para impulsar la reelección de Ernesto Pérez Balladares, donde hubo la promesa de eliminar la revocatoria de mandato.

En países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela también opera la revocatoria de mandato para ciertos cargos de elección popular a través de consulta popular ya sea ésta mediante firma o votación, vía Referéndum popular. El 15 de agosto de 2004, Hugo Chavez, Presidente de Venezuela, aceptó ser sometido a una consulta popular a objeto de legitimar o revocar su mandato, el resultado es ampliamente conocido.

De acuerdo con el artículo 151 de la Constitución Nacional, el mandato a los Diputados puede ser revocado por las causales inventadas por el partido político o bien por presuntas violaciones a los Estatutos del mismo y la plataforma ideológica, política o programática que éste haya diseñado.

Es obvio que esta norma constitucional despoja por completo el derecho soberano del pueblo otorgándolo a los partidos políticos, colocando a los Diputados a la merced de éstos.

Lo ideal es que el derecho a la revocatoria de mandato sobre cargos de elección popular en nuestro país, sea exclusivo del pueblo soberano y no de los partidos políticos bajo ningún concepto.

<>

Este artículo se publicó el  15  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Casi silenciosamente…

La opinión de…..

Alfredo Spiegel Calviño

Conozco a varias personas, empresas y clubes cívicos que casi silenciosamente, sin alarde y sin mucho “cacareo”, han ejecutado obras en beneficio de comunidades, escuelas y centros de salud, sin esperar reconocimiento alguno, simplemente por la satisfacción de hacer el bien sin mirar a quién.

Y solo voy a citar dos ejemplos: En la comunidad de Aguacatal, en el corregimiento de David, hay todavía un gran letrero en el que se resalta la construcción de un aula adyacente a la escuela, ejecutada hace dos años por el gobierno anterior, “con plata del Canal”, por un monto de B/. 44,338.88 y que no ha sido ocupada por temor a que sea vandalizada, porque carece de seguridad. Pero la escuela en general se encontraba en un estado de escandaloso deterioro.

El Dr. Luis R. Arias, quien desarrolla un proyecto habitacional cerca de esa comunidad, se percató del mal estado de la escuela y decidió –con el debido permiso–, no solo arreglar el comedor, cocina, baños, el techo y pintura de toda la escuela, sino que construyó un aula adicional similar a la que el Gobierno hizo, una oficina a la directora e instaló aparatos de aire acondicionado, y la debida seguridad de puertas y ventanas. ¡Quedó como nueva! ¿Por cuánto fue la donación?, me relata el Dr. Arias que cerca de B/.35,000. Y el resultado de la inversión sí se nota.

El otro ejemplo es del Club Rotario de David, que al igual que todos los clubes rotarios del país y otros clubes de servicio, hacemos innumerables obras sin esperar nada a cambio.

De los muchos proyectos ejecutados este año, el más reciente fue la instalación de 20 filtros de agua (proyecto piloto para Panamá), en escuelas, centros de salud y casas comunitarias en las comunidades indígenas de Chamí (tres), Chichica (seis) y Soloy (seis). Faltan cinco por instalar. Esto gracias a una donación de los clubes rotarios de Kansas, Estados Unidos, en alianza con la organización internacional Heart to Heart; y cinco rotarios de diferentes clubes de Kansas que vinieron a orientarnos en su instalación.

A través de los clubes rotarios y Heart to Heart International, en Guatemala se han instalado más de 46 mil de estos filtros. El costo de los filtros “biológicos de arena” es de B/. 110 cada uno puestos aquí; son de plástico y sencillísimos de instalar, su duración se estima en hasta 25 años, sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento. Después de una o tres semanas, el agua filtrada será segura para beber; las pruebas indican que alrededor del 99% de los microbios y contaminantes se eliminan. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año los 4 mil millones de casos de diarrea que se registran, además de los millones de otros casos de enfermedades, tienen que ver con la falta de acceso al agua apta para el consumo humano.

Anualmente, 1.7 millón de personas muere a causa de la diarrea, la mayoría niños menores de cinco años. Con estas alarmantes cifras está de más señalar la importancia de la utilización de filtros biológicos de arena que purifican el agua sucia para hacerla potable. Son muy útiles, tanto en las áreas rurales como en las urbanas que carecen de agua potable segura. La Universidad de Calgary, Canadá, desarrolló un innovador plan de bajo costo para la construcción de estos filtros en hormigón. (Para más detalles y construirse su propio filtro pueden ingresar en internet a: www. filtros biológicos de arena).

Así como estos dos ejemplos, podemos citar y estoy seguro de que ustedes también conocen de muchísimas obras, algunas veces anónimas, en beneficio de comunidades y personas necesitadas. Aunque, como bien reza una máxima rotaria “dar de sí antes de pensar en sí”, para algunas organizaciones puede ser conveniente –sin grandes cartelones–, “cacarear” el hecho para lograr el apoyo y donaciones de la ciudadanía con mayores recursos para poder continuar con estas obras, porque al final como decimos los rotarios, “se beneficia más el que mejor sirve”.

<>

Este artículo se publicó el  15  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.