Se prohíbe leer Condorito

La opinión de…..

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Rafael Candanedo


Exijo una explicación.. frase conspirativa para alguien del Ejecutivo.   No deben permitirse esos excesos. A la nueva dependencia de espionaje se le encomienda que identifique al autor de semejante protesta.   Reflauta. Con una eficiencia inusual, se ha llegado ante Condorito.

Como puede atentarse contra la empresa privada, las relaciones comerciales internacionales y la libertad de expresión, a unos honorables diputados se les ha ocurrido que sea frenado el pajarraco mediante la incorporación del inciso a una ley sobre la protección de los pájaros preñados.

Con urgencia y sin que se note, releo, a marchas forzadas, las tiras cómicas, y me detengo en la mirada de la bellísima Yayita, convertida de campesina tímida en una protestona de primera marca y compradora compulsiva.

El inciso contra Condorito ordena la recolección de las revistas y libracos, tanto de las bibliotecas públicas y particulares, como de las librerías, supermercados y estancos callejeros. Perdemos a la escultural Yayita, sin embargo es de beneficio la desaparición de predadores de marca mayor: el borrachín Garganta de Lata, el mentecato Huevoduro y el pesado Pepe Cortisona. No hay mal que por bien no venga. (Ni cito más refranes, no sea que quieran guillotinarlos).

Sacar de circulación determinados vocablos es una idea que es abanicada por honorables que están convencidos de que la demostración social puede detenerse con una reforma léxica. Como si se tratase de una botella tirada al mar, se creará por ley el retiro a un baúl de palabras como manifestación, demostración, volanteo, boicot, abucheo (salvo que sea contra Melitón), disgusto, descontento, desazón, marcha, paro, desencanto, tranque, concentración, pito y paila, motín, piqueteo, sentada, huelga de hambre, huelga con comida y huelga decir.

Para evitar que sorprenda a los parroquianos, esta reforma léxica tendrá como fachada el simpático proyecto para el repoblamiento de batracios y otros vertebrados afines.

El trueque de la protesta por el mensaje oficial a través de los medios de comunicación social no quita el sueño a los honorables. No es trabajo difícil. Se lleva a cabo con gente y con plata. Siempre hay voluntarios para este trabajo y la plata no escasea.   Más difícil es acallar a un caricaturista.  A un locutor o comentarista le quitas el micrófono, y lo inmovilizas. O a través de un virus que le cause un catarro por años. Se complica impedirle al caricaturista que mueva la mano para llevar a cabo su boceto, sobre todo en una época en que, en la computadora, crea sus diseños hasta con soplidos.

Cualquier iniciativa debe tener la apariencia de legalidad. Si alguien sospecha que se frenará la libertad de expresión, entonces la fachada se deteriora. Inmovilizar las extremidades inferiores del caricaturista es una idea que es barajada. “Hay que protegerles las manos”, propondrá, entusiasta, uno de los creadores del futuro artículo legal.

País de protestones. El bostezo, la mirada, escupir y sacar la lengua son otras formas. Alguna gente ha empezado a eliminar letras y sílabas en determinadas palabras: en “diputado”, por ejemplo, le mutilan las sílabas con consonante “d”; cercenan de un tajo la última sílaba de “ministro” y en nombres como “Martinelli” le quitan la “t”. Habrá que saber qué persiguen.

Mientras se idea un párrafo para que la gente no omita letras y sílabas, un honorable que sabe de informática planea incorporar un inciso en una antigua ley sobre catastro, desempolvada para ese único fin, que se propone acabar con la protesta vía chat.

No debe sospecharse que se inhibe la protesta virtual, sino que, por otras razones, se cancelará el chat. Ese es el objetivo de sus gestores.

El “camarón” del César no solo debe serlo, sino parecerlo.

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Decimos lo que otros callan

La opinión de…..

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RAFAEL M. GÓMEZ

Cuando me comprometí en esta cruzada por la verdad al informar, sea en nuestro programa de radio, en mis columnas de opinión en los diarios de circulación nacional o de manera personal en cualquier foro, lo hago a riesgo. Sé que la verdad es a menudo incomoda.

La verdad incomoda a los poderosos. “Decimos los que otros callan” más que un eslogan, es un estilo de vida. Algo está pasando con el tema seguridad en Panamá o debo decir “inseguridad” que no parece incomodarles a más de cuatro.

Peor aún a muchos miembros de nuestra sociedad no parece incomodarles vivir en medio de la violencia. Por supuesto, si eres un académico y defensor de los derechos “humanos” y nunca has tenido que pasar por el trance de ver morir a un hijo, padre o madre, víctimas de la violencia, en virtud de la ola de delincuencia que sacude el país, no te importara seguir con tu jueguito retorico y hacer gala de tu profundo sentimiento “cristiano” por los homicidas.

Lamentablemente, la gente de pueblo, no tenemos tiempo para perder filosofando sobre criterios existencialistas. Preferimos ser ignorantes, explicando con sencillez nuestra petición para que todo el mundo entienda. Cuando llegamos al desparpajo de no sufrir que le desparraman los sesos a un niño de 12 años, cuando no nos da vergüenza ser tolerantes con el crimen, comprendemos que algo grave está pasando con nuestra sociedad, preferimos no filosofar sino ACTUAR.

Confieso ante Dios y ante la faz del país que ya estoy harto de tanta basura, pero sobretodo estoy harto que gente decente inocente muera y nadie hace gran cosa por parar esto. Junto a otros ciudadanos decentes de este país, estamos solicitando al presidente de la República que entre otros temas, someta al escrutinio público el tema de la PENA DE MUERTE.

Solicitamos que se considere en plebiscito y que el pueblo decida si quiere que se aplique la pena de muerte para los que cometen homicidios con saña y crueldad, que se someta a la pena capital aquellos que harto han demostrado con sus hechos criminales continuos y bestialidad homicida, no van a cambiar ¡para aquellos que las palabras resocialización y respeto por la vida es un mero chiste! Leí con detenimiento la entrevista que le hizo una distinguida periodista de este país al padre de Daniel Carrizo. Padre de adolescentes, muchos sentimientos inundaron mi alma y me eche a llorar, al comprender la situación en que este hombre de Dios y padre ejemplar se encuentra junto al resto de la familia sobreviviente.

Por ello, como dijo el licenciado Zappi “nuestra meta es que el tema de Pena Capital para criminales violentos sea llevada a consulta ante el único soberano: EL PUEBLO PANAMEÑO.

Los apologistas de la criminalidad tendrán sus argumentos para desvirtuar la conveniencia de la eficaz medida”, háganlos valer.


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Este artículo se publicó el 16 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Desburocratizando el gobierno

La opinión del periodista…..

Juan B. Gómez

Una de las promesas que más le atrajo votos a Martinelli cuando era candidato fue: “Desburocratizaré mi gobierno”. ¡ Eso sí será bueno!- gritó el país en coro.  Y llegó Martinelli al poder.   Ya su gobierno cumplió 9 meses, y todavía no ha cumplido su promesa; al contrario, se está burocratizando más; o al menos, no ha hecho gran cosa en ese sentido; con o sin su consentimiento proliferan las botellas de gran tamaño, garrafones de altísimo poder.

Se sabía que en la Asamblea Nacional había una gran cantidad de “asesores” (léase botellas insignes); posiblemente unos fueron eliminados, pero sustituidos por otros, y el despilfarro inútil continúa. Hace algunos años un diputado de San Blas tenía una asesora con altísimo sueldo…¡ que era analfabeta! (Aunque usted no lo crea).

Pero actualicemos un poco la cuestión. En el diario El Panamá América (12.04.10) decían que el Rector de la Universidad Nacional, Gustavo García de Paredes “ paga más de B/ 218 mil en asesores”. Y entre esos asesores mantiene a una persona que una fiscalía “ pidió encausar por sus supuestos nexos con anomalías en la tramitación de diplomas”.   Ahora el señor García de Paredes quiere que se le prolongue su permanencia en la rectoría, logrando la modificación de la ley que se lo prohíbe. (Tenemos que suponer que, si el Dr. García de Paredes gratifica tan bondadosamente a los que van a reelegirlo, no hay duda de que será reelegido…).

Y en el mismo diario, el mismo día, señalan que la ministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa ( AMPYME), Giselle Burillo, “benefició con una consultoría directa a su ex copartidaria Gloria Arosemena Torrijos, prima del ex presidente Martín Torrijos”.   Esta señora ha sido nombrada o contratada con un sueldo “ por más de ocho mil dólares”. Señala también la noticia, que las dos señoras mantienen una vieja amistad desde cuando la Ministra militaba en el PRD.

Bueno, si así se está “ desburocratizando” el gobierno del presidente Martinelli, que Dios nos coja confesados – como decía Guillermo Sánchez Bordón. ¡ Así da gusto pagar impuestos!- como agregaba el gran periodista de En pocas palabras.

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Nuestra educación y sociedad están en bancarrota

La opinión de….

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Álvaro Lasso Lokee

La delincuencia está aumentando al mismo tiempo que nuestra educación agoniza, desde hace varios años. Si un niño fracasa en la escuela, esa condición no exonera a sus padres de responsabilidad; igualmente, si la delincuencia aumenta, ese síntoma no solo es el reflejo de la inseguridad en las calles, sino también del fracaso de quienes han administrado el país y eso incluye a todos los gobiernos anteriores. Unos con más aportes a la ruina que otros.

Desde otro ángulo, es decir, si el desempleo disminuye, la educación es superior en nuestras escuelas, nuestras calles están limpias y cualquier atributo positivo que quiera añadirle sería el reflejo de una política bien llevada, pero la realidad es otra lamentablemente.

Los dos ex ministros de Educación bajo investigación por peculado, dejan mucho que decir de nuestro sistema educativo, sin mencionar otros problemas del país.

La delincuencia y la educación forman parte de un sistema asociado a múltiples factores, pero esa responsabilidad es de todos los ciudadanos, principalmente de los políticos, que no han dado las respuestas o soluciones a los problemas, dejando solo sus discursos, sus leyes y una justicia visiblemente fracasada.

Recientemente se publicó en los diarios que el 70% de graduados no pasó las pruebas para ingresar a la Universidad Tecnológica de Panamá; hace unos años ocurrió lo mismo en la Universidad de Panamá. Por eso, no entendemos a los profesores que se oponen a un cambio que ya resulta urgente en la educación, más cuando no dan un buen argumento y solo dicen que “son imposiciones”.

La gran mayoría de panameños se forma en escuelas públicas, nos incluimos, y sabemos que falta mejor preparación en distintas áreas. Al ver la estadística actual de nuestra educación preocupan los resultados. Recientemente, por motivos de trabajo, entrevistamos a una profesora afectada por estrés laboral, al estar presionada tanto por los estudiantes como por los padres de familia a causa del bajo rendimiento de sus alumnos. Lo peor es que hasta amenazas recibe y no sabe cuál de ellas puede convertirse en realidad, a falta de seguridad en estos casos.

Preguntamos ¿Cuándo fracasó el sistema educativo? ¿Hasta cuándo seguirá igual? ¿Qué cambios necesita nuestro sistema educativo? ¿Estarán dispuestos a pagar el sacrificio los políticos? ¿Cuánto pueden aportar a la educación los empresarios que necesitan de mano de obra calificada?

Consideramos que la delincuencia y la crisis en la educación no pueden ser vistos como hechos aislados; se debe iniciar un plan nacional que aborde el desempleo, los bajos salarios y el alto costo de vida, la deserción escolar, la alimentación, la salud, el embarazo prematuro, el sistema de transporte, la corrupción estatal, el sistema judicial y carcelario. También, las viviendas, el sistema de seguridad en las calles, el cuidado del ambiente, la niñez y la tercera edad, el maltrato infantil y de las mujeres como otros tópicos a revisar e, incluso, actualizarlos en materia de Estado para los próximos 25 años.

Nuestra democracia no solo está amenazada por los narcotraficantes, tal como lo señala un informe de los norteamericanos, sino también por la cultura del juega vivo que impera en la política tradicional criolla.

Pedimos que el cambio llegue también a la Asamblea Nacional y al sistema judicial, instituciones que marcan otras crisis profundas y no dan señales de cambio. En resumen, el país se encuentra en una bancarrota y urge cambiarlo profundamente, pero con voluntad y seriedad.

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El caso Gateno

La opinión de…..

JOSÉ BLANDÓN C.

En el año 2006, la República de Panamá sufrió la tragedia más grande de su historia en el campo de la salud pública, cuando se descubrió que centenares de personas fueron envenenadas al consumir medicinas contaminadas con el dietilenglicol.

Los datos indican que en agosto del 2006 se observó por primera vez en pacientes hospitalizados en los hospitales de la Caja de Seguro Social, una enfermedad atípica que producía un síndrome renal severo, acompañadas de graves manifestaciones neurológicas. Las autoridades de la Caja de Seguro Social emitieron un memorando el 27 de septiembre alertando a los médicos que reportaran a cualquier paciente con estos síntomas.

No fue hasta el 2 de octubre en que las autoridades médicas representadas por el ministro de Salud, Camilo Alleyne, anunciaran al país la muerte de seis personas que estaban afectadas por el Síndrome de Inmunodeficiencia Renal Agudo, conocido inicialmente con las siglas de SIRA.

El cuadro clínico de los pacientes se iniciaba con fiebre y náuseas, posteriormente sufre de diarrea y de problemas urinarios, incluyendo la incapacidad de orinar, y finalmente, el síndrome entra en una fase neurológica en donde sufre una parálisis de las extremidades inferiores y superiores.

El 11 de octubre del 2006, el ministro Camilo Alleyne reportó el hallazgo de dietilenglicol en un expectorante líquido sin azúcar producido por la Caja de Seguro Social. Esto dio inicio a una serie de investigaciones, que aún continúan, sobre el envenenamiento más grave que se haya registrado en el mundo por dietilenglicol.

A lo largo de la investigación penal, los familiares de los pacientes fallecidos y los pacientes vivos que sufren el envenenamiento, han desarrollado una larga jornada pidiendo justicia, indemnización y un trato digno para los afectados por esta tragedia. Ha sido una larga lucha que aún no termina.

Me quiero referir en esta ocasión a un tema muy particular de esta extensa investigación judicial que involucra al empresario Teófilo Gateno, dueño de Financiera Davivienda, S.A. (Finacredit) y quien aparece en el expediente que se sigue por este caso.

Teófilo Gateno rindió indagatoria sobre este caso en el 2008 y en aquella ocasión la fiscalía no encontró razón alguna para aplicarle ninguna medida cautelar. Dos años más tarde, mediante resolución razonada de fecha 26 de marzo de 2010, el fiscal superior de Panamá, ordenó la detención preventiva de Teófilo Gateno Hafeitz, dentro del sumario seguido en su contra por supuesta infracción de las disposiciones contenidas en el capítulo V del título VII del libro II del Código Penal de 1982.

El fiscal no introduce nuevos elementos para tomar esta decisión, por el contrario se basa en suposiciones que no están sustentadas en el expediente. Veamos algunos ejemplos.

La empresa Medicom, responsable de la compra del dietilenglicol, tenía como financista a varias empresas panameñas dedicadas a estas operaciones y entre ellas estaba Finacredit.

El préstamo que Finacredit, otorgó a Medicom relacionado por la compra de glicerina era para pagar los impuestos de importación y gastos de manejos previos a la entrega, operación esta que ascendió a la suma de 5,510 dólares. Medicom ya tenía la glicerina en Panamá cuando Finacredit entró a financiar los pagos para la aduana.

La compra de esta glicerina, que después resultó ser dietilenglicol, fue producto de una operación de financiamiento y otra entidad financiera por un monto aproximado de 16 mil dólares, según consta en el expediente.

Todas las operaciones de financiamiento entre Finacredit y Medicom, están totalmente documentadas y certificadas por contadores públicos autorizados de reconocido prestigio. Además, Medicom contaba con otras empresas financieras que financiaban sus operaciones.

La relación entre la empresa de Teófilo Gateno (Finacredit) y Medicom era estrictamente financiera y se basaba en las reglas establecidas par lo que se conoce en nuestro país como factoring o pre-factoring. Es decir, la compra de facturas por ventas al gobierno u órdenes de compra. Una operación que se realiza comúnmente en nuestro país.

No se entiende las reales motivaciones de la fiscalía para ordenar esta detención. Los familiares de los fallecidos y los afectados por este envenenamiento requieren justicia. Este caso no requiere un chivo expiatorio o un linchamiento. Requiere que los culpables reales sean castigados.

En el expediente queda claro que Medicom tenía varias fuentes de financiamiento y por consiguiente, alegar que Medicom dependía económicamente de Finacredit es falso. El 80% del financiamiento de Medicom provenía de otras financieras y los procedimientos que aplicaba Finacredit con Medicom eran las normas que usualmente se usan en estas transacciones. No tiene ninguna validez el argumento que Medicom era una empresa fachada de Teófilo Gateno.

Esperamos que en los próximos días la Fiscalía Superior Especial de Panamá, reconsidere su decisión y proceda lo que en derecho amerita, que es darle la libertad a Teófilo Gateno y garantizarle sus derechos.


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Este artículo se publicó el 16 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sangre y proceso

La opinión de…..

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Silvio Guerra Morales

Según las estadísticas del Órgano Judicial de Panamá un 33% de los acusados por homicidios son declarados inocentes o terminan con sentencias absolutorias.   Más de un 40% son sobreseídos, ya sea de manera definitiva o provisional, al fin de cuentas, quedan en libertad; un 7% de esos mismos casos, por cualquier otra razón, no quedan en nada.

Estos números, analizados fríamente, indican que, siendo así las cosas, por cada 100 víctimas de las garras del crimen y que pierden sus vidas, más de 80% de los autores de esos crímenes quedan en libertad o, simplemente, nunca purgarán una pena.

Sin desmedro de considerar que muchos de los casos de homicidio que terminan con decisiones de inocencia por parte del jurado o con sentencias de absolución si se trata de juzgamientos en Derecho, realmente obedecen a la efectiva inocencia de las personas que han sido juzgadas, tampoco podemos ocultar o esconder nuestro rostro de una patética realidad: casos que son, desde la perspectiva procesal y probatoria, irregularmente instruidos; casos que desde sus inicios, durante el procedimiento investigativo, se encuentran plagados de violaciones sin fin al debido proceso y a otras disposiciones constitucionales consignatarias de derechos y libertades individuales y procesales, etc., son los que permiten al hábil abogado señalarle a los jueces o al jurado que la prueba es ilícita, que la prueba está contaminada, etc. y de este modo lograr “poner al acusado de vuelta en la calle”.

En este orden de ideas, respaldado por la experiencia en los tribunales y especialmente ante los jurados que deciden en conciencia, puedo afirmar que no hay nada que moleste tanto a un decisor de justicia –juez o jurado- como cuando advierte o indica que se han violentado las formas propias del juicio penal en contra de un ciudadano y que tal hecho entraña clara y evidente violación a los derechos y libertades consagrados en el estatuto constitucional.

Luego, queremos culpar a los jueces y a los magistrados, sobre todo al jurado, porque dictan absoluciones o veredictos de inocencia según corresponda, y salimos a la palestra a censurar y despotricar en contra de la Administración de Justicia –sin desmedro de que algunas críticas han de ser fundadas- generalizando una crisis que tiene distintos focos y que, no necesariamente, se encuentran en el seno de Temis.

Por ello, recientemente, señalaba en un programa de televisión, que hay que poner un alto, un basta a las investigaciones improvisadas; un freno a las detenciones sin fundamento legal y que nacen a merced de un espíritu investigativo inquisitivo, perseguidor, sanguinario, carcelario y, en defecto de ello, hacernos parte de una cultura procesal, de investigación, que incluya a abogados, fiscales, jueces, sociedad, en la que destaquen votos concretos de una feligresía jurídica que postula y cree en el estado de inocencia y el respeto casi absoluto debido a este apotegma constitucional; creencia en el debido proceso ya que sin él no hay proceso sino una parodia burda y torpe de juicio; una constante devoción a la igualdad de todos ante la ley y que, finalmente, tengamos la convicción de que cuando se condena a un ciudadano es porque se le ha probado su culpa en un juicio cónsono con el debido proceso y que si se le absuelve o declara inocente es porque así ha sido en estricto derecho.

Pero también de una sociedad cuya cultura forense empiece a dar muestras de “respetar las decisiones de los tribunales” y aprender que se trata de fortalecer el Estado de Derecho para bien de todos.

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Presidente de las contradicciones

La opinión de…..

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Rubén D. Carrera D.


Han bastado poco más de ocho meses de gestión presidencial para que quien dirige el Ejecutivo dé muestras del arsenal de contradicciones entre lo que prometió y lo que hace.

En Cade 2006 criticaba la excesiva concentración de poder de los que han dirigido el Ejecutivo, sin embargo, hoy hace alarde del doble discurso.

Cuenta con mayoría en la Asamblea, como resultado de la alianza gobernante, y cuando tuvo la oportunidad de designar a dos nuevos magistrados creó una comisión de notables para supuestamente acoger sus recomendaciones, pero irrespetando a los comisionados y vociferando que no se iba a dejar embaucar, escogió a sus amigos y echó por tierra el trabajo de selección, en función de méritos y ejecutorias de los participantes, y echó mano de la partidocracia proponiendo a sus candidatos ¿Por qué y para qué lo hace?

Cuando usted aplica un artículo improcedente de nuestra Carta Magna y rompe el orden institucional para designar “tecnológicamente” al procurador suplente; ¿Con qué fin lo hace?   Se ha satanizado a la ex procuradora Ana Matilde Gómez, cuyo delito ha sido aplicar la ley y castigar a los corruptos. Sin embargo, se ha “premiado” a un mortal al cual se le agarró con las manos en la masa (billetes marcados), recibiendo un pago para garantizar a una privada de libertad una medida cautelar y ¿Quién habla de eso hoy? Esto es similar, proporciones guardadas, a aquellos necios que defienden los derechos humanos de los maleantes y criminales, pero ¿Quién habla y defiende los derechos humanos de las viudas y huérfanos?

No por casualidad tres miembros del gabinete se abstuvieron de apoyar la designación del procurador suplente, y figuras prestantes de la alianza en el poder han dejado entrever sus inconformidades. Guillermo Ford manifestó que la forma como se trató el caso de la procuradora parece responder a imposiciones del Ejecutivo. Adolfo Linares, por su parte, le recordó al Ejecutivo que debe evitar los excesivos gastos.

El hoy presidente criticó las reformas tributarias aplicadas por Martín Torrijos, pero ahora nos quiere asfixiar con el aumento del Itbms. Como si fuera poco un ministro, defendiendo lo indefendible y rasgándose las vestiduras por las abundantes y razonables críticas a tal pretensión, se esfuerza en hacernos creer que el pueblo tendrá más dinero disponible, porque es “solo un 2% de aumento”. Señor ministro, no somos zopencos ni borregos, cuando compremos ropa, zapatos o adquiramos bienes y servicios ¿qué cree usted que sucederá? Todo dueño de negocio aumentará los precios.

Se gasta una millonada en publicidad gubernamental (tan criticada durante la campaña) con nuestro dinero, haciéndonos creer que ha hecho su obra cumbre con el aumento del salario mínimo; sin embargo, nos aumentan el costo de la gasolina, la canasta básica, los impuestos en los aeropuertos, los pasaportes, el servicio de alcantarillado, etc., pero aún nos dicen que el aumento del salario mínimo ayudará a que los pobres mejoren su calidad de vida, olvidando que la mayoría de los sectores productivos suben los precios, lo que da como resultado que tal pretendido aumento lo que hará es reducir el poder adquisitivo.

Criticó las contrataciones directas de los gobiernos que le antecedieron, y de los cuales formó parte, sin embargo, paga a familiares cercanos por servicios, sin mediar licitación.

Y el mayor descaro de quien se dice “combate la corrupción” es haber dicho que los familiares del Presidente también tienen derechos como los demás panameños. En México está privado de libertad un pariente cercano al jefe del Ejecutivo, por el supuesto lavado de dinero, ¿y usted qué ha investigado sobre el particular? ¿Será que ese presunto lavado lo hacía en Marte y no en Panamá? Las falencias administrativas del jefe de la comuna capitalina nos han costado millones de dólares como contribuyentes ¿y usted qué ha dicho o ha hecho sobre tales desmanes administrativos? ¿O será que su misión es selectiva y solo mira para un lado?

En campaña, el actual mandatario censuró el apoyo de Taiwan a los gobiernos que le precedieron, en cuanto a donaciones de dinero, servicios y equipos; ahora acepta la “donación” de un avión cuyo costo sobrepasa los 20 millones de dólares y quieren convencernos de que es para socorrer a personas de áreas marginadas, cuando ese aeroplano solo puede aterrizar en dos aeropuertos en Panamá.

¿Qué falta por controlar ahora? ¿Será la composición de quienes dirigen el Tribunal Electoral? y después… ¿Será la Defensoría del Pueblo? ¿Se estará abonando el camino para cambios constitucionales que permitan la reelección, tan criticada en campaña por el actual mandatario? ¿Por qué ese apetito desmesurado de poder? ¿Será un reflejo del gamonalismo intrínseco que lo lleva a pensar que por tener dinero puede hacer y decir lo que quiera?   Cuando se le preguntó sobre la baja en las encuestas respondió: “a mí eso no me interesa”. ¿Expresaba eso mismo en campaña, cuando se disfrazó de varios personajes?

Es fácil prometer hasta la creación de un planeta más verde y justo, pero a costa de aplastar a la clase media y desaparecer a los sectores humildes; por eso, cuando escucho que se construirá el Metro o un tercer puente sobre el Canal, que se instaurará el Metro Bus, que se construirán a cuatro carriles la vía David–Boquete, San Félix–David y se les dará mochilas a los estudiantes y dinero a los padres de familia; me pregunto ¿qué nos aumentarán o qué nuevo impuesto nos impondrán? ¿Dónde está lo que produce el Canal?

El Ejecutivo debe dirigir su esfuerzo e intelecto a la implementación de acciones que mejoren los servicios de la CSS, reducir el costo de la canasta básica, el combustible y la luz; disminuir los índices de criminalidad, narcotráfico y propiciar la seguridad jurídica y ciudadana; aumentar las partidas de instituciones como la Universidad de Panamá y no pretender eliminar los programas de autogestión, como son los análisis de calidad de los medicamentos y cosméticos; mejorar la red vial, garantizar la venta y uso de medicinas de comprobada seguridad y eficacia; construir acueductos, mejorar la transparencia de las acciones gubernamentales, pero sobre todo fortalecer la democracia y combatir a los corruptos.

Pueblo panameño, ahora te toca a ti no permitir más falsas promesas, mientras reducen tu poder adquisitivo y desmejoran tu calidad de vida. Tienes el poder para combatir a los que pretenden erigirse omnímodos y autoritarios.

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Este artículo se publicó el  16  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.