Papadimitriu inspecciona operativo de recolección de basura en la ciudad

La nota para el Grupo Oficial en Facebook de Amigos del Gobierno del Cambio Martinelli-Varella, por la activista política…

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JENNIE  GONZALEZ

El ministro de la Presidencia Jimmy Papadimitriu inspeccionó, en la mañana de este viernes 16 de abril, el operativo de recolección de basura que desde la madrugada del pasado miércoles emprenden la Comisión de Alto Nivel y cuatro compañías privadas en busca de resolver el problema inmediato que se enfrenta con los desechos principalmente la ciudad capital.

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Papadimitriu, quien preside la citada comisión de ministros designada por el Ejecutivo para encontrar una solución definitiva a la deficiencia en el sistema de recolección de desperdicios, acudió desde tempranas horas al viejo periférico en El Chorrillo convertido ahora en uno de los tres centros de acopio de basura recolectada en la ciudad, y vivenció los resultados positivos que arroja el citado operativo a solo tres días de que el Ejecutivo dispuso intervenir para solucionar la crisis que amenazaba con provocar un problema de salud pública en la capital del país.
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Para cumplir con esa tarea asignada, el Consejo de Gabinete aprobó una partida de hasta 3 millones 100 mil dólares que permitió la contratación de los servicios de cuatro empresas dedicadas a la recolecta de basura (Aseo Capital, Voltranc, Serviaseo y Panama Waste Management (PWM), se alquiló el equipo necesario que incluye 12 retroexcavadoras, 8 furgonetas y 28 volquetes, y además se dispuso dividir el distrito capital en cuatro zonas, y se diseñó la logística de la recolección para facilitar el trabajo.

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El encargado de la Dirección Metropolitana de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud), Harmodio Montaner, que coordina esta operación, informó al ministro Papadimitriu los primeros números positivos de esta estrategia: mil 20 toneladas de basuras recolectadas entre las seis de la mañana del pasado jueves hasta las cuatro de la mañana de este viernes. Esos números representan 250 toneladas de basura recolectadas más que el primer día que arrancó esta nueva medida en la madrugada del pasado miércoles.

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Montaner explicó que su meta diaria –que cumplirá en los próximos días- consiste en recoger mil 500 toneladas de basura que le permitan cumplir con la recolección de mil 200 toneladas más las 300 toneladas que han quedado de remanente durante las últimas semana. El funcionario informó asimismo que, paralelo a este operativo, personal de la Dimaud fumiga el área de acopio de la basura para la proliferación de insectos causantes de enfermedades.

¡ JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMA !

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Publicado el 16 de abril de 2010 en Facebook por la autora a quien damos todo el crédito, el mérito y la responsabilidad que le corresponde.

Deplorable subordinación

La opinión de…..

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Carlos Guevara Mann


Casi caigo para atrás –¡Plop!– como Condorito, cuando escuché al diputado Rogelio Baruco, de Cambio Democrático, sugerir que –en última instancia– es el mandatario de la Nación quien decide cuál de los diputados preside la Asamblea Nacional.    Según El Panamá América (1 de abril), los periodistas le consultaron a Baruco sobre “quién escogería al próximo presidente del Órgano Legislativo”.

El diputado respondió con una pregunta – “¿Quién es el que manda en este país?”– insinuando que en una república presidencialista es normal la intervención del jefe del Ejecutivo en la toma de decisiones que competen exclusivamente a otro órgano del Estado. Tan extraordinaria ocurrencia ha de ser un anticipo de las lluvias de creatividad que caerán sobre el país una vez se implemente la transformación curricular por la erudita ministra de Educación, Lucinda Molinar.

Agregó Baruco que la participación del Presidente de la República en el asunto señalado “no puede interpretarse como una intromisión de un órgano del Estado en la gestión de otro, sino que se trata de la armónica colaboración que dispone la Constitución Nacional”.   Semejante interpretación habría de merecerle, por su sensacional aporte al desarrollo de la humanidad, la colocación de su estatua en el Panteón de París.

Por instantes, la trifulca de los diputados por la presidencia de la Asamblea Nacional pareció casi tan intensa como alguna reyerta entre pandillas como “La Bagdad” o “La PRD”. Con razón: peleaban por un botín. Los emolumentos del presidente y vicepresidentes de la cámara no son nada despreciables, aún después de la rebaja a 10 mil balboas mensuales dispuesta el año pasado por el actual presidente de la cámara, el diputado Varela.

Además, está el presupuesto de 56 millones de balboas en 2010 y quién sabe cuánto en 2011. Con tantos millones pueden hacerse muchos nombramientos, compras y contrataciones.

Pero no es el gatuperio entre los diputados lo que interesa.  A fin de cuentas, la diferencia pronto quedó zanjada al acordarse que el diputado José Molina será el próximo presidente.   Molina tiene más méritos que Baruco: ha sido elegido en tres ocasiones, cada una por un partido distinto. Todo un récord de reelección y transfuguismo contra el cual Baruco (diputado novato) no puede competir.

Lo que importa es el daño que las lamentables actuaciones de los integrantes de la Asamblea le causan al sistema político. Al no legislar con independencia de criterio y al rescindir su obligación de escrutar los actos del gobierno, la Asamblea contribuye directamente a la concentración del poder y la falta de transparencia, lacras que agobian a la población e impiden el desarrollo del país.

El “modelo de representación” instituido en Panamá en las postrimerías de la dictadura militar –y recuperado a partir de la “torodictadura” –es el siguiente.    Quienes cada cinco años son elegidos diputados (o concejales) renuncian al ejercicio de su función representativa a cambio de las prebendas que les entrega el Ejecutivo.

Las dádivas los enriquecen y les permiten financiar sus campañas electorales. En 1999, 2004 y 2009, casi la mitad de los diputados que aspiraron a la reelección lograron permanecer en sus cargos.   Los que no logran reelegirse se arrastran ante el gobernante de turno para que los nombre en el sector público o, en el menor de los casos, se van a casa con suficiente dinero en el bolsillo para no tener que esforzarse demasiado el resto de sus días.

Ese “paradigma representativo” que tenemos en Panamá es nocivo para el sistema democrático. Por la forma en que se conducen –antes y ahora– pareciera que los diputados no son conscientes de los perjuicios causados por su conducta. Sus dañinas actuaciones contribuyen a desacreditar y degradar, cada día más, el régimen político.

En una democracia presidencialista, le corresponde a la Asamblea colaborar a que las decisiones y actuaciones del Gobierno redunden en beneficio de la sociedad. El oficialismo tiene el deber de contribuir a mejorar las propuestas del Ejecutivo.

Eso incluye advertir al Gobierno sobre lo que no es viable o conveniente para el país –como, por ejemplo el aumento del ITBMS al 7%, que los diputados aprobaron sin razonar. La oposición, a su vez, debe fiscalizar permanentemente los actos del Gobierno.

¿Será mucho pedirles a los miembros de la Asamblea Nacional?

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Este artículo se publicó el  14  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Democracia, derechos y deberes

La opinión de la Economista y Educadora…..

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LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

En las últimas semanas, medios noticiosos, informan sobre el Proyecto de Ley presentado por los diputados Marco González y Noriel Salerno, que procura sentar las bases para penalizar con dos años de cárcel a quienes protagonicen cierres de calle.

Definitivamente, a todos nos causa incomodidad el cierre de calles, pero la cárcel no es la solución, la protesta pacífica es un derecho humano fundamental establecido en los sistemas democráticos y en nuestra Carta Magna, como mecanismo para mostrar descontento o inconformidad frente a medidas impopulares o incapacidad de los gobiernos para resolver las necesidades de la comunidad, máxime si se trata de promesas de campaña.

Los derechos, igualmente, conllevan deberes y responsabilidades. Quienes organicen actividades de protesta para manifestar su disconformidad, con algún evento o disposición, deben tomar las medidas pertinentes para prevenir acciones de vandalismo o desorden público reprochables, que trastornen la seguridad ciudadana y paz social.

De igual manera corresponde a las autoridades gubernamentales idóneas, en este caso municipales, cumplir los procedimientos legales y aplicar las normas establecidas a fin de solventar eficientemente los requisitos y condiciones determinados para la expedición de permisos oficiales para la realización de convocatorias a manifestaciones públicas, a fin evitar posteriores conflictos en donde tengan que intervenir agentes policiales con procedimientos de fuerza muchas veces censurables.

Con la experiencia vivida durante el período militar cuando el hecho de manifestarse o discrepar con el gobierno se castigaba con prisión según lo establecido en el Código Penal reformado en el año 2007, nos da una leve idea de lo que podría suceder si se dan en la actualidad posiciones discrepantes con las autoridades gubernamentales de traspasar esta falta del Código Administrativo al Penal.

Parecieran inconsistentes e inexistentes argumentos lógicos y sensatos que avalen esta disposición. Se requiere, realmente, que las autoridades competentes apliquen las normas establecidas y que los ciudadanos ejerzan su derecho a protestar de manera cívica y respetando el derecho de terceros.

Las personas tienen derecho a pronunciarse y protestar cuando las medidas gubernamentales no apuntan a resolver las necesidades de las mayorías o les afectan, pero sin quebrantar el derecho del resto de los ciudadanos violentando la propiedad pública y privada. Igualmente las autoridades deben dejar a tras la histórica y mala práctica de prestar oídos sordos a las reclamaciones, situación que desemboca en perjuicios a la sociedad. Si queremos una sociedad democrática, tenemos que empezar por demostrar civismo, respetando el derecho que tenemos todos a discernir y discrepar.

Sugerimos al Señor Presidente considerar el veto a este proyecto de Ley. El mismo lesiona el derecho ciudadano de manifestarse y desvirtúa lo consagrado en la Constitución Política y los Derechos humanos, sin embargo debe ser enérgico exigiendo a las autoridades competentes aplicar y hacer cumplir la norma establecida, así como sancionar públicamente a los jerarcas que incumplan con su responsabilidad.

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Este artículo se publicó el 14 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Seguridad y valores

La opinión de…..

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Marisín Villalaz de Arias

Los medios de comunicación se llenan de noticias sobre violencia, violaciones, robos, secuestros que no veíamos antes. Pareciera que algunos de esos medios aman el morbo. Eso vende y no sabemos qué es más importante. Cuando queremos hablar sobre los valores, ciertos medios no tienen espacio, otros sí y a esos los felicito.

Ciertas personas piensan que es necesario construir más cárceles para los que cometen delitos y que con el castigo se corrige ciertos males. La fiebre no está en la manta y tenemos que profundizar para encontrar las verdaderas causas de la violencia. La familia está desintegrada; para los padres, el trabajo es más importante que la familia. Muchos niños están al garete en manos que a veces no son buenas. Al no tener tiempo para dedicar a los hijos, tratan de suplirlo con dádivas materiales con el perjuicio a los hijos que creen que es lo más importante.

Cuando el dinero es lo primordial para la juventud y quieren lograrlo violando leyes, irán por un camino errado. Todo se mueve sobre la base del vil metal y lo consideran lo principal en la vida.

Cuando los jóvenes no encuentran padres para conversar, los buscan fuera del hogar, principalmente en amigos que no son los mejores consejeros. Sin que ellos se percaten, los envuelven en delitos de los que no escapan. Pierden los valores y les da igual violar a quien sea, ya que para ellos lo primordial es satisfacer sus instintos carnales. Las consecuencias no las vemos porque la sociedad no quiere conocer tantos desmanes. Mientras no nos toque a nosotros, que sucedan los delitos.

La violencia hoy viene de dentro y de afuera; no podemos permitir que entren libremente miles de extranjeros sin saber qué pata puso ese huevo. No me refiero a ninguna nacionalidad, pero, últimamente, los peores casos están protagonizados por extraños. Lo que antes no se veía en Panamá, ahora son casos comunes que no controlaremos si continuamos con mano suave.

Necesitamos una solución integral del problema de la violencia para darle una solución inmediata y el conocimiento de los valores es indispensable porque sin ellos empezaremos a ver el deterioro de una sociedad que tiene una responsabilidad en la causa del problema y en la manera de finalizarlo. No olvidemos que esos valores son la base de la moral y la ética. Ojalá nos llegue la iluminación divina para arreglar todo.

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Este artículo se publicó el  14  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Arquitectura para la paz

La opinión de…..

René Quevedo

“Buscar la paz es como tratar de encontrar una tortuga con bigote, no la vas a encontrar. Pero cuando tu corazón esté listo, la paz vendrá a buscarte a ti”, solía decir Ajahn Chah, monje budista Teravadino. Paz como felicidad son estados deseados y elusivos desde los comienzos de la humanidad. Pero la paz no se logra deseándola, gritándola, soñándola o marchando por ella, sino sobre los cimientos del esfuerzo de la gente que a diario la construye, pues la paz más que un destino es un camino.

En Panamá hay cientos de organizaciones que trabajan por la paz, poniendo “su ladrillo” con la mejor intención, pero sin tener claro lo que estamos construyendo. No podemos ir de una idea a una acción sin un diseño.

A diario escuchamos clamores por la paz, centrados en “todo lo que no hacemos o lo que otro (Gobierno, policía, etc.) debería hacer”.

Pero ¿qué queremos construir? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Dónde encaja cada programa, organización, Iglesia, escuela y entidad que de una u otra forma trabajan en pro de la paz social?   ¿Aporto yo a esa convivencia pacífica o espero a que alguien “decrete” la paz?    “Cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva” y haciendo analogía futbolística, tenemos entre nosotros a muchos Messi, Ronaldo, Kaka y Ronaldinho trabajando, en forma individual, de anotar para el equipo, pero al carecer de estrategia de juego, el adversario nos gana por paliza.

Objetivos asociados a estos clamores de paz incluyen combatir la delincuencia, violencia, homicidios, etc. Pero basarse solo en estadísticas delictivas para orientar nuestros esfuerzos equivale a pretender manejar un carro solo mirando por el retrovisor.    En 2009 hubo 69 mil 32 delitos en Panamá, eso es historia.   Por otro lado, el 57% de los pobres son menores de edad, la deserción escolar en las escuelas públicas es del 22% anual,   39% de todos los jóvenes entre 15 y 17 años no va a la escuela.

En el período 2005–2009     52 mil alumnos abandonaron el sistema. Estos son indicadores predictivos de un aumento en la actividad delictiva, a menos que trabajemos más en las causas, no solo en los síntomas.

Pobreza, familia, educación, valores, inclusión, resocialización, reinserción, política penitenciaria y una estrategia criminológica son componentes de esta arquitectura, que debe ser plasmada en un diseño que capitalice sobre los esfuerzos de todos y nos una a todos en un equipo con una sola agenda.

De lo contrario, seguiremos tratando de dar soluciones mediáticas a problemas sociales, cada quien “pegando ladrillos sin saber si estamos construyendo un edificio o una galera”, atomizando esfuerzos, canibalizando recursos, centrando la discusión en “cuánto me vas a dar” y concluyendo que nada podemos hacer.

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Este artículo se publicó el  14  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Entuerto legal

La opinión del Abogado y Docente Universitario…..

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

Cuánto desperdicio incierto y envuelto en una marea innecesaria del derroche con sofisticada sapiencia, abultados sueños inconclusos de futuro incierto, en choque con la realidad agravante por el tema de la seguridad, esquinada a la cruenta represión de reiterada inversión de impuesto, en la compra de cámaras públicas, aumento del pie de fuerza, más armas y vituallas, entrenamientos para reprimir, leyes para suprimir derechos frente a la galopante delincuencia y al aumento de crímenes que desembocan en asesinatos.

En el intento por atajar el río de violencia, nos concentramos en la represión como la única medida, craso error, hay experiencias de fracaso rotundo en otras latitudes.   La violencia no se contraataca, si la corrupción señorea erguida en su casta toga de moral aparente. —¿Qué podemos hacer?— Es costoso el proyecto presidencial de interrumpir la comunicación telefónica inalámbrica en las cárceles, cuando lo más fácil es instalar cámaras dentro de todo el recinto carcelario y de ese modo detectar a los corruptos facilitando favores por dinero.

Pero es que lo ideal sería, prevenir el delito y en los extremos, rehabilitar al delincuente, claro que estas dos vertientes son costosísimas y menos hay voluntad para darle a cada cual lo que le corresponde dentro de esta sociedad, por eso tenemos de una parte, los que todo lo tienen y no quieren compartir con nadie y por la otra, ese tropel de impacientes necesitados, que en su desesperación cierran calles, trafican drogas o se dedican al mal vivir.

Si en el más bajo estrato social, te ponen un diente de oro, las orejas tienen huecos donde cuelgan los aretes de fantasía, te vistes, camina, calzas y actúas de una manera rakataca, no tienes la menor probabilidad de surgir;   estás destinado a ser buhonero, albañil y afines, ladrón, conductor de bus; asaltante, rapero, traficante, artista, cantante, si por la facha en ningún lugar te aceptan. ¿Qué hace la sociedad civil organizada, clubes cívicos y afines?…Pregúntales.

La seguridad está dentro de nosotros, la inseguridad la provocamos todos. Cierto que debemos contrarrestar con la ley, pero inteligentemente.   No podemos aumentar las penas a 30 y 50 años porque no vamos a acabar de construir tantas celdas para alojar la añeja población creada. Busquemos sabias salidas intermedias a corto plazo. Las armas de fuego hay que contenerlas.

Las penas deben ser sobre 10 años para quien las cargue sin permiso; 12 años si están limadas y 15 años si además las disparan en vía pública.

Claro que no queremos que se aplique el fenómeno de la guillotina, que utilizaron contra el hombre que la inventó.

Esta ley de control de armas de fuego, debe estar debidamente regulada para que los enemigos sempiternos, no siembren armas y los inocentes paguen el antojo de los desalmados.   Por ello, la tenencia de las armas, debe ser debidamente comprobadas, con la aplicación de una verdadera flagrancia, con la práctica de las pruebas y no como han hecho con la Ley 22 de 15 de mayo de 2007.

Si bajamos los niveles de muerte por arma de fuego, mediremos la disminución o el aumento de otras muertes inducidas con otros objetos, para seguir en la regulación y bajar los índices. Así combatimos el problema y buscamos soluciones. Seguiremos con estos planteamientos..

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Este artículo se publicó el 14 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Para dónde vamos?

La opinión de…..

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Raúl Leis R.

Como muy bien se explica en wilkipedia, la expresión criminalización de la protesta social o activismo social es utilizada para referirse a la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla, a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla.

Es una estrategia del Estado, aplicado por gobiernos o la fuerza pública, que implicaría la modificación y el uso de las leyes para detener y condenar con altas penas a los llamados activistas sociales, pudiendo manifestarse también en otras medidas que —fuera de la ley y gradualmente— consistirían en señalar, hostigar, perseguir, encarcelar, y hasta torturar y asesinar a quienes actúan motivados por opciones de vida políticas, comparándolos con delincuentes y/o terroristas.

Quienes estarían a cargo de inducir a la deslegitimación de los activistas y movimientos sociales serían políticos, jueces y policías.

Desafortunamente parece que en Panamá vamos por el camino erróneo, pues por una parte se niega el diálogo social, y en su lugar se afirma medidas represivas como el presentado en la Asamblea para penalizar con dos años los cierres de calles.

No se si lo gobernantes tienen clara su hoja de ruta, pero deben saber que con medidas como la señalada, propiciarán más crisis social pues abrirán en el futuro la existencia de presos políticos, y con ellos el aumento de más protestas en lugar de apaciguarlas. En sus ansias de ver al país solo a través de la imagen del mercado, olvidan la dimensión social y peor aún, la defensa y promoción de los derechos humanos.

¿Será solo admisible en este país el pensamiento único del mercado absoluto?  ¿Es un país solo para hacer dinero, o también abierto a producir ideas, propuestas y cambios integrales de la sociedad y la persona humana?   ¿La libertad y la justicia socia se subordina al crecimiento del PIB?

Esta visión cerrada de la sociedad es la que cuestionan 16 organizaciones ambientalistas, en un comunicado aparecido la semana pasada, en torno a declaraciones presidenciales sobre la minería. Ellos afirman que las declaraciones generan preocupación e indignación entre las organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y en las comunidades que se verán afectadas económica y socialmente.

El desarrollo sostenible del país estará en alto riesgo debido a la intensiva y amplia explotación de la minería a cielo abierto que quiere promover el presidente desconociendo las reiteradas peticiones para una moratoria en la concesión de licencias de minería hasta no evaluar de forma adecuada su impacto.

Es desafortunado que el jefe de Estado ofrezca en venta al país al mejor postor, en detrimento de nuestro capital natural y humano, ya que los recursos naturales son el activo más valioso con que pueden contar las presentes y futuras generaciones.

No se puede olvidar que el agua y la tierra son base de la vida y de una riqueza natural irremplazable la cual el país puede inteligentemente aprovechar para promover un desarrollo sostenible y de largo plazo.

Existen suficientes ejemplos en todo el mundo y aquí mismo en la región tropical de Latinoamérica en donde no existe ningún caso de explotación minera a cielo abierto en países tropicales como el nuestro en donde no haya habido graves efectos al ambiente e irreparables pérdidas económicas y sociales, concluye el comunicado. Panamá ¿Por dónde y para dónde vamos?

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Este artículo se publicó el  14  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.