Ingreso familiar y educación

La opinión del Economista, Político y Docente Universitario…..

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Juan Jované

Más allá de las dificultades de la cobertura, entre los elementos que en nuestro país limitan la posibilidad de que la educación adquiera un efectivo perfil de equidad, potenciándose como instrumento para la promoción de una ciudadanía bien formada y una fuerza de trabajo con elevada capacidad productiva, está el problema del porcentaje de reprobados, el cual, a su vez, se vincula con la deserción.

En este caso se puede señalar que, de acuerdo a estadísticas oficiales, resulta que el 8.4% de los alumnos y alumnas matriculados en primaria no logran ser promovidos al próximo grado, dado que el 6.6% de los mismos son reprobados y 1.8% simplemente deserta. En el caso de la educación premedia y media la situación resulta aún más difícil. En este nivel el 21.2% de los matriculados son aplazados en menos de tres materias, el 9.9% es reprobado, mientras que el 3.9% deserta de las aulas.

Sin intentar negar los problemas internos del sistema educativo y su calidad, resulta importante destacar tres elementos vinculados al contexto económico y social que tienen la capacidad de incidir en dichas dificultades.

En primer lugar, es evidente que el desempleo y el subempleo de los padres empujan tempranamente a los niños y niñas hacia la deserción, así como de manera prematura al mundo del trabajo. No debemos olvidar que, oficialmente, el 6.6% de la población económicamente activa está desocupada, mientras que el 42.8% de los trabajadores no agrícolas se encuentra en la informalidad.

En segundo lugar, se encuentra el problema de la nutrición, siendo un hecho reconocido que una adecuada alimentación mejora las condiciones cognoscitivas y de aprovechamiento de los estudiantes.   Teniendo en cuenta que, de acuerdo a la FAO, el 17% de la población se encuentra en condiciones de desnutrición se debe concluir que este problema debe ser tomado en cuenta entre los factores que conspiran en contra de los procesos de educación.

En tercer lugar, las investigaciones realizadas a nivel internacional han demostrado, de manera contundente, que el nivel educativo de la familia y principalmente de la madre es un determinante significativo de la estabilidad y del rendimiento de los niños y niñas en el sistema educativo. Es así, por ejemplo, que los niños de hogares pobres que cuentan con padres con un nivel educativo bajo, reciben menos apoyo en el hogar para estudiar y realizar sus deberes escolares.

De lo anterior se desprende que el éxito en la transformación en los resultados de la educación depende, de manera no poco importante, de la presencia de un modelo económico que, a diferencia del existente, genere una sinergia entre empleo y educación.

Además, resulta necesaria una política estatal que ligue la seguridad alimentaria con la educación, profundizando la entrega de alimentos en los centros educativos, la que, además, le adjudique una atención especial a los estudiantes provenientes de los hogares más pobres. Los planteamientos del MEDUCA centrados en elementos básicamente formales carece, lastimosamente, de esta perspectiva.

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Este artículo se publicó el  13  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Me chupo el dedo

La opinión del Periodista…..

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JAMES APARICIO

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli adelanta importantes proyectos que influirán en positivamente en el desarrollo nacional: la ampliación de la Cinta Costera, las viviendas para Curundú, el Metro, el Metro Bus.   Todas las obras han sido sometidas a un planificado proceso de licitación.

Lo mismo no ocurre con la compra de 51 camiones de recolección de la basura, donde el apuro y una convocatoria por correo electrónico han generado toda clase de dudas y exigencias al Consejo Municipal para que convoque a una contratación directa donde participen todas las empresas.

La transparencia es la mejor fórmula que existe en democracia, cuando se trata de compras o proyectos gestionados por el gobierno o las entidades públicas.

Nadie duda que el alcalde Bosco Ricardo Vallarino tiene toda la intención de solucionar el problema de la recolección de la basura en la capital.   Sería muy tonto pensar que como político quisiera tener el tamaño lío que amenaza la seguridad y la salud de miles de capitalinos.

Sin embargo, la compra directa, sin publicidad y que el Consejo Municipal, contradictoriamente dominado por representantes del opositor PRD, fue aprobada sin ninguna pregunta o dudas por resolver.

Una vez conocido que solo dos empresas pudieron presentar precios entre la tarde el jueves previo al Viernes Santo y el lunes siguiente, comenzaron a surgir las dudas por todos lados.

El municipio a través de sus voceros Harmodio Montaner y Arsenio Fernández han dado explicaciones diversas: Todo se hizo bien, no tenemos la culpa que las otras empresas no tuvieran la capacidad de entregar propuestas, esto se está politizando, la urgencia nos obliga estar apurados.

Afirmar que la compra directa se ha politizado o que la culpa es de la empresas que ofrecen estos equipos es un comentario irresponsable y baladí.

Los mejores intereses del Estado, del municipio capital y de los ciudadanos tiene que estar por encima de una contratación directa, cuyo resultado es cuestionado por por la prensa, la Cámara de Comercio y un gran número de proveedores del Estado.

Hace una semana un amigo personal, vinculado a estos menesteres me afirmó que todo estaba masticado, no habría marcha atrás y la compra tiene “el visto bueno de San Felipe”.

Estoy convencido que no hay ningún visto bueno, que la forma en que se ha tramitado la compra directa tiene que haber generado reacciones de molestia y contradicción en el gobierno, porque los buenos proyectos sociales y de infraestructura, quedan ensombrecidos por un proceso que todavía se pueden enderezar, haciendo las cosas bien.

Los ciudadanos esperan que la recolección de la basura y su tratamiento sean parte de un programa integral, donde los parches y la improvisación no sean la práctica común.

En este asunto hace falta la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General y la Oficina de Transparencia del Gobierno Nacional, muy preocupados por enderezar entuertos y llevar adelante todos los proyectos gubernamentales de acuedo a las reglas y normas establecidas.

El Alcalde Vallarino tiene una bonita oportunidad para demostrar que por encima del capricho, está la transparencia. Hacer lo contrario enviará un claro mensaje de no me importa, que a nadie ayuda, ni hace bien.


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Este artículo se publicó el 13 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El reino de la ultraderecha

La opinión de…..

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Paco Gómez Nadal

Algunos sesudos lectores (de los que pienso que son profesionales de las mortajas y los encierros) suelen criticar a menudo que no utilizo la misma virulencia para criticar a Chávez o a los Castro que la que cargo para arremeter contra los Martinelli o los Uribe.   No sé si tienen razón, pero hoy me apetece devolverles la pelota y ver cómo hacen malabares antes de que les golpee en la cabeza.

Si algo considero terrible de los gobiernos de Cuba o de Venezuela es el pánico a la protesta, la criminalización de la oposición, el “todos conmigo” que deja al resto como enemigos sociales y antipatriotas.   Ya lo dije: ver morir a un huelguista de hambre en La Habana u observar la ristra de procesos judiciales contra líderes de la torpe oposición venezolana me da tristeza y vergüenza. El derecho a protestar es, probablemente, la única válvula de escape decente que tienen nuestros sistemas.

Por eso me parece divertido (si no fuera tan grave), ver a la mayoritaria de ultraderecha en Panamá aplaudiendo la medida adoptada en la Asamblea Nacional de convertir el cierre de calles en un delito penal que puede privar de libertad a sus protagonistas.   Todos son iguales: miserables dueños temporales del poder inseguros que para contrarrestar sus miedos criminalizan todo lo que les amenaza.

Explica en una entrevista Roberto Gargarella, abogado y experto en derecho constitucional en Argentina, que el derecho a la protesta tiene unos costos sociales incómodos que hay que asumir: “(…) la protesta no es un derecho más. El derecho a criticar a las autoridades es reconocido como un “superderecho”, lo que yo llamo el primer derecho. Si se apaga la crítica al poder, la propia democracia resulta socavada, pierde sentido”.

Creo que ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre: ultraderechistas torpes (imagino que comandados por el súper asesor Papadimitriu), ineficaces en la administración de lo público, y expertos en hacer las cosas a golpe de órdenes y contratos directos se están apoderando de todas las esferas del poder (ya tiene las tres ramas del Estado) y no quieren que nadie les amargue su festín de concesiones y millones con protestas incómodas, oposición al expolio del país o fiscalización externa.

Veamos el cuadro completo:

se criminaliza la protesta pública,

se utilizan los puestos de avanzada de la Anam, ubicados en puntos críticos de la oposición antiminera o antirrepresas, como puestos militares de control y represión,

se instalan bases contra el narcotráfico que no ven ni un gramo de coca pero sí mantienen un control militar de zonas estratégicas del país,

se da un poder inusitado al ministro más autoritario (Mulino) y

se sigue al pie de la letra el guión del jovencito neoconservador que está al frente del Ministerio de la Presidencia,

se degrada la calidad de vida de la ciudadanía que sobrevive entre basura e incapacidad burocrática,

se dispara la corrupción al eliminar casi de hecho el mecanismo de las licitaciones,

se regala el país a inversores extranjeros yse lanza el mensaje de que lo que prima acá es el interés privado,

se ataca frontalmente a las ONG y a sus representantes de forma vulgar y utilizando información que debería ser confidencial…

El cambio parece ser real, pero solo para profundizar y recuperar las peores prácticas. Y el Gobierno tiene suerte, porque hace todo esto en un momento histórico en que los movimientos sociales están disminuidos, los sindicatos solo aguantan un round en la calle y la única oposición real está en el interior, donde reprimir en silencio es fácil por la complicidad de los medios de comunicación.

La alarma es evidente pero no se traduce en una reacción real de la derecha moderada y la socialdemocracia inexistente y el tiempo pasa.   De aquí a 2014, si no hay un despertar, Panamá puede perder mucho del camino recorrido (“en los zapatos del pueblo”).

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Este artículo se publicó el  13  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Estrategia participativa y el cambio

La opinión de la Magister en Gerencia Estratégica y Comunicación…..

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ELODIA MUÑOZ

Panamá demanda de ingentes esfuerzos encausados a la cohesión social en proyectos y programas de desarrollo.   Sin embargo, nos encontramos con una contundente realidad y es que el enfoque participativo en el gobierno del cambio es menos aprovechado para la formulación de propuestas integrales, prolijadas de paquetes de políticas y estrategias multisectoriales de desarrollo, evidenciando que un plan estratégico de gobierno no es el resultado de la improvisación ni de la ejecución por un minúsculo grupo de polifacéticos o expertos internacionales.

La implantación de una estrategia exige un diagnóstico de cada institución panameña que delimite las falencias y fortalezas que determinan fraguar un planeamiento estratégico apalancando la evaluación del sentido de pertenencia de sus colaboradores, valores, misión, visión y objetivos de cada entidad pública; asumiendo el protagonismo de ese ponderado cambio, lo que le aseguraría a los estrategas conceptuar el plan estratégico de gobierno que a ciencia cierta ignoramos si este análisis formó parte de la agenda política del cambio y si contó con la participación de profesionales comprometidos.

La visión estratégica nacional a largo plazo evalúa la opinión pública puesto que las experiencias resultante de la sinergia son valiosas y coadyuvan a ampliar el debate nacional sobre los posibles escenarios del desarrollo.

También pueden aproximar al gobierno del cambio hacia algún tipo de consenso sobre las prioridades nacionales de desarrollo, como ha ocurrido en otras latitudes; pero en último término deben ser complementados con propuestas concretas para reformar las políticas nacionales.

Por más relevancia que se le ha impreso al cambio gubernamental, no podemos escamotearle importancia a los eminentes procesos de comunicación que entraña la ejecución de una estrategia, materializada con el logro de los objetivos a corto plazo evaluando en el trayecto los errores, corrigiendo y reajustando los procesos a través del rediseño y participación de todos los panameños traduciéndose en alianza táctica para la ejecución de este plan estratégico quinquenal, buscando como resultado la razón de ser de la institución.

Es oportuno preguntar ¿por qué la formulación de la estrategia debe fundamentarse en procesos participativos? ¿Qué se gana con esto? ¿Por qué no puede el gobierno del cambio asumir por sí solo la responsabilidad de formular políticas? La respuesta se puede resumir en cinco puntos principales: La participación es un garante en el logro de los objetivos, apoya el consenso aparejando el fortalecimiento político del cambio. La estrategia participativa construye un radio de acción, conciencia ciudadana y un sentimiento cívico permitiéndoles a los actores sociales la vinculación en los temas de interés nacional.

La experiencia ha demostrado que los actores sociales apoyan con fundamentos sólidos el consenso y aportan enriqueciendo al diálogo nacional. La estrategia participativa elabora políticas sigmentada en procesos continuos con transparencia y calidad.

.Las políticas nacionales prioriza las necesidades de las mayorías mediante el poder de la negociación.

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Este artículo se publicó el 13 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

¡Paguen! ¿A cambio de qué?

La opinión del Abogado, Político Independiente y Diplomático…..

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Juan Manuel Castulovich

Había anunciado a algunos de mis lectores que continuaría ocupándome de la turbia componenda que se trasunta del “ventajoso arreglo”, acordado, en principio, para “comprar” los corredores a las empresas ICA y PYCSA.   Pero pospondré el tema por una o dos semanas, para dedicar mi columna de hoy a otro asunto, éste sí, comprobadamente nauseabundo: la incapacidad municipal para recoger la basura y la estafa en que se ha convertido la famosa “tasa de aseo”.

El Estado puede imponer tributos y cobrarlos, a las buenas o a las malas. Y los gobernados debemos pagarlos. Los tributos se dividen, básicamente, en impuestos, contribuciones y tasas. Los impuestos no tienen contraprestación específica. Ellos sostienen el funcionamiento del gobierno; pero no están casados a ninguna actividad en particular.

Las contribuciones, como las de la seguridad social, sostienen los diferentes programas que, en nuestro caso, administra la Caja del Seguro Social, pero no van a una “Caja común” como los impuestos ni están atadas a una contraprestación como las tasas. En el caso de éstas, existe una clara y directa vinculación entre lo que se paga y lo que se debe recibir a cambio de lo pagado. Ejemplos: el suministro de agua o el servicio de aseo.

Los casos del agua y del aseo son paradigmáticos para ilustrar el atraco de que somos víctimas.   En el caso del agua, independiente de si le llega bien y regularmente, el consumo lo determina un medidor que cuenta los galones consumidos y usted paga por lo que recibe. En la recolección de la basura, la tarifa es impuesta por el Municipio, que la cobra sin atención a si presta o no el servicio.

En épocas del señor Navarro, se impuso un desorbitado aumento de la tasa de aseo, que se mantiene.   La justificación era que el servicio costaba más de lo que pagábamos y que se requerían nuevos equipos para “realizar la recolección eficiente y puntual de la basura”. Basura resultaron esos argumentos. Se aumentó pero no se mejoró nada. Se compraron decenas de camiones que hoy son chatarra. Ahora se vuelven a anunciar compras de más camiones “con urgencia notoria”, que generan sospechas de turbios acomodos.

Como en este caso la mejor ilustración y dramática comprobación es el hecho de que la basura está a punto de ahogarnos, y que por días y semanas nadie la recoge, es obligatoria la pregunta: ¿si la tasa de aseo es el pago específico por el servicio de recolección de la basura y éste ni siquiera se presta mal sino que, materialmente, no existe, por qué el Municipio insiste en estafarnos cobrando por un servicio que no nos presta?

“Desde que se inventaron las excusas nadie queda mal”, dice un viejo refrán. Pero no lo crea, señor Vallarino, pues bien podría suceder que un día de estos, “los tasados”, cabreados de tanto abuso, mentiras e incapacidad tomen otras acciones. Por lo pronto, sería saludable que no insistiera usted en cobrar por un servicio que su administración no nos presta.

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Este artículo se publicó el  13  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Dos decisiones para comentar

La opinión del Abogado…..

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Ramiro Guerra Morales

En la administración pasada se dieron los primeros pasos para dotar al Ministerio de Gobierno y Justicia de un organigrama dirigido a mejorar su capacidad organizacional y operativa, de tal suerte que sobre la base de una adecuada división del trabajo, incrementara su eficiencia y productividad.

Recordemos que fue con el ex presidente Martín Torrijos que se creó la figura de un nuevo viceministro.  Sin embargo, muy a pesar de ello, la institución seguía funcionando como un paquidermo dada la cantidad de atribuciones bajo su tutela, comprendiendo en ella las relacionadas con los pies de fuerzas, situación que demandaba mayor grado de especialización y atención, sobre todo cuando el centro o eje de lo mismo lo constituye la seguridad ciudadana.

Desde esta perspectiva, nos parece correcta la creación de dos ministerios; uno dirigido a administrar funciones con un alcance administrativo y el otro, a temas relacionados con la seguridad ciudadana y defensa nacional. Llama la atención que nos alejemos de la tendencia de muchos países de colocar al frente de los ministerios de defensa o seguridad a figuras provenientes de la fuerza pública. Reitero, la iniciativa es positiva, pero deberá complementarse con mecanismos y procedimientos de articulación de la sociedad civil, teniendo como eje un enfoque consensuado de una política criminológica y de una adecuada jurisdicción de tutela de las garantías fundamentales y los derechos humanos, asignatura aún inconclusa.

En cuanto a la compra de los corredores, en principio nos parece positivo que los mismos en gran parte reviertan a la Nación, siempre y cuando el proceso se dé con la debida transparencia, sobre todo cuando los dineros que se emplearán constituyen pilares importantes del ahorro interno y les pertenece a todos los panameños.   Hay que evitar la experiencia de otros países que invirtieron parte de sus reservas de la seguridad social en la compra de acciones en empresas que después financieramente resultaron un fiasco.   Soy del criterio, tratándose de las reservas de la Caja de Seguro Social, que haya de por medio un contrato de garantías por parte del Estado de los eventuales riegos que pudiera implicar este tipo de inversión.

Toda la información financiera en torno a la compra de los corredores, incluyendo los valores, deudas y otras obligaciones de las empresas ICA y Picsa, deben ser un libro abierto. El Colegio de Economistas, el Colegio de Abogados y las organizaciones de la sociedad civil deben abocarse a un análisis de la viabilidad, perspectivas y conveniencia de la compra de los corredores.

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Este artículo se publicó el  13  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El metro es la mejor opción

La opinión de…..

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ALESSANDRO GANCI

La ciudad de Panamá crece, en nuestras calles circulan aproximadamente 420.000 vehículos particulares. Se generan aproximadamente 2 millones de viajes diarios entre Panamá Este, Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Centro (800,000), de los cuales el 50.3% se realizan en transporte público ( 1,758 autobuses ), el 16.9% en vehículo particular, y el 19.9% a pie. Con un tiempo promedio de viaje de 68,8 minutos para viajes al trabajo. En un 21.8% de los casos, los usuarios necesitan transbordo.

Los usuarios de clases humildes utilizan 16% de sus ingresos en transporte frente al 4.6% del resto de la población. Aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales representa el gasto citadino en transporte público.

El megaproyecto metro tiene un costo estimado de $1.200 millones a $1.500 millones y se ha planificado tomando en cuenta que tan sólo en Panamá Centro y Este se mantienen en construcción unas 94 urbanizaciones, y de éstas unas 23 se levantan en Las Cumbres. En Panamá Oeste existen 36 y siguen creciendo.

la Línea 1 del proyecto se desarrollará en el eje Norte-Sur de la ciudad tendrá una longitud de aproximadamente 14 kilómetros. Se contemplan un total de 16 estaciones (11 subterráneas o semienterrada y 5 elevadas), con 7 kilómetros de túneles y 6,3 kilómetros de viaductos.

La ruta podrá transportar unos 15 mil pasajeros en las horas pico, incluirá una gran terminal en San Miguelito, que será complementada por el Metrobús. Estará disponible en horario de 4:30 a.m. hasta las 12:00 medianoche y se dispondrá de cuatro horas y media para mantenimiento.

Al analizar el costo —beneficio del proyecto— surgen algunas interrogantes. El cálculo de costos por kilómetros debe ser un promedio máximo de 80 millones los segmentos subterráneos y 40 millones los elevados y trincheras lo que nos deja un estimado de 840 millones, o 60 millones por kilómetro de construcción. Otros metros como el de República Dominicana (55,5 millones por kilómetro), y Medellín (64,5 millones ), arrojan cifras similares sin embargo el “costo estimado” en Panamá oscilará entre 85.5 y 107.14 millones, convirtiéndose en el más costoso de Sur América.

El número total actual de pasajeros tomando las horas picos (5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m.) (estimando 15,000 pasajeros por hora actualmente y los 21,482 pasajeros por hora en el 2032 según el estudio japonés), será de 204.000…Representará el 25% de los usuarios de Panamá Centro y el 10.2% del total de usuarios alrededor de la ciudad. El costo inicial por cada usuario del metro, sin tomar en cuenta los intereses a pagar oscilará entre los 5,882 y ,353 dólares. Si el préstamo fuese blando a 50 años con 8% de interés (3% financiamiento, 3% gastos administrativos y 2% ganancias). Acabaremos pagando 400% más o 6,000 millones. Estos trenes viajan entre 28 a 30 kilómetros por hora, tomando en consideración las 16 paradas y un tiempo de tres minutos en cada estación el viaje completo demorará 61 minutos en total.

Definitivamente el costo es muy alto, y la ruta muy corta para satisfacer las necesidades metropolitanas, ya que el tren ligero elevado, propuesto por los japoneses (Proyecto de Transporte Masivo para Ciudad), que cubriría una ruta de 23 kilómetros (del aeropuerto de Tocumen a la 5 de Mayo, costaría 680 millones o (29.6 millones el kilómetro). El estudio Estpum identificó dos líneas de monorriel, la “Línea azul” y “Línea roja”. La primera de ellas abarcaría la ruta desde la Plaza 5 de Mayo hasta la entrada al Valle de San Isidro, y la segunda también parte de la Plaza 5 de Mayo y llega hasta Pedregal. Estas líneas se cruzan en Vista Hermosa, cerca de la intersección de la Vía Fernández de Córdoba con Vía España a un costo de 15 a 20 millones por kilómetro.

Los 21.5 kilómetros y 21 estaciones de la propuesta inicial quedaron recortadas a 14, para cumplir con un tiempo quinquenal de construcción, excluyendo lo que la lógica indica que es construir desde el Valle de San Isidro ha limitando su efectividad por cuanto los núcleos poblacionales del sector se concentran en Las Cumbres. Además las comunidades de Panamá Este (Tocumen, 24 de Diciembre ) y Panamá Oeste (Capira, La Chorrera, Arraiján), no verán ninguno de los beneficios de la modernización, mientras en San Miguelito más voces se preguntan si un metro cable sería el sistema más adecuado y seguro que los buses alimentadores de ruta.

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Este artículo se publicó el 13 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.