Un mal negocio para Panamá

La opinión de…..

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Paco Gómez Nadal


Vamos a mirar al mundo, a este sancocho de países donde se apiña la humanidad y por cuyas banderas matamos y vivimos como si el azar no tuviera que ver con el cómo y el cuándo.

Lo vamos a mirar para aprender de desarrollo, de las bendiciones de las inversiones en grandes proyectos de explotación de los recursos naturales, de cómo las multinacionales mineras han mejorado la calidad de vida de todos los lugares donde desembarcan con su canto de sirena (casi siempre, como acá, ayudadas por los prolijos gobiernos locales cuyos funcionarios terminan siendo accionistas o beneficiarios del negocio).

Ejemplo 1. Perú, una de las mecas de la minería en Latinoamérica. Grandes beneficios –para las multinacionales, grandes inversiones –que se recuperan con creces–, cero desarrollo.   El sector minero en Perú da empleo a menos del 1% de la población trabajadora del Perú, es decir, casi nada. La tecnificación de la minería ya ni siquiera permite malmorir en la mina.

La Oroya, una de las poblaciones mineras con 70 años de explotación es la octava ciudad más contaminada del mundo; en Cerro de Pascua, otro lugar de minería, ocho de cada 10 niños están intoxicados con metales pesados. En total, se calcula, que unos 250 mil peruanos están intoxicados con metales pesados. Gran desarrollo.

Ejemplo 2. República ¿Democrática? del Congo fue bendecida con una maldición: el coltan.   Este mineral negro, del que Congo tiene el 64% de las reservas mundiales, es el que se utiliza para fabricar las baterías de todos los celulares o los computadores portátiles que utilizamos en el resto del mundo.   También es la razón y la financiación de las guerras en centro África.   La ONU asegura que con la “explotación mineral en Congo” se financia a la guerrilla ruandesa y deja grandes cantidades de dinero a los militares de alto rango de Uganda.   Las minas de coltan son lugares de esclavitud en pleno siglo XXI. Congo se desarrolla gracias a la minería y a la inversión de empresas multinacionales, en su mayoría norteamericanas.

Ejemplo 3. Cerca del 40% de los bosques indonesios están siendo explotados por compañías mineras, entre ellas la todopoderosa británica Río Tinto. Decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus comunidades y un ejército de paramilitares, con la anuencia del Estado, mantiene el control de las áreas concesionadas. Las multinacionales acumulan denuncias que van desde el delito ambiental a la violación de mujeres.   La cosa no es muy diferente en la India,   donde la población tribal se ha armado en una guerrilla para defenderse de los ataques paramilitares financiados por las empresas mineras. Estos deben ser ejemplos de minería sustentable.

Estos pequeños ejemplos ilustran perfectamente el futuro de Panamá, gracias a la política de “cambio” promovida por Ricardo Martinelli.

Cambio de las leyes para permitir la inversión directa de gobiernos en el sector de minería; cambio en la visión de un Panamá verde y ecoturístico gracias al botín de cobre que hay entre Cerro Colorado y Petaquilla; cambio de caciques porque después de recuperar el país de las garras del imperio del norte ahora se lo vamos a entregar a las empresas del norte, del este o de donde vengan…

El beneficio económico no es para Panamá, los daños ambientales y sociales sí.

Un informe de Danny Kennedy, de la organización Proyect Underground señala que “los países industriales consumen más de dos tercios de la producción anual de los nueve minerales más importantes. Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Europa Occidental, con el 15% de la población mundial, en conjunto consumen la mayoría de los metales producidos cada año: aproximadamente 61% de todo el aluminio, 60% del plomo, 59% del cobre y 49% del acero. En un cálculo per capita, los distintos niveles de consumo son especialmente marcados: el estadounidense promedio utiliza 22 kilogramos de aluminio al año, el ciudadano promedio de la India usa 2 kilogramos y el africano promedio apenas 0.7 kilogramos”.

Es decir, los minerales son como la cocaína, se producen en el sur, dejan su rastro de muerte y devastación en los llamados “países en desarrollo” con la promesa del “desarrollo” y el beneficio es para los consumidores y las empresas del norte. Bueno, y para los rentistas y comisionistas locales.

Nada nuevo en Panamá (cuyas élites, como señala Julio Manduley) siempre han vivido de las sobras de los inversionistas extranjeros, sin hacer nada, excepto daño. Terrible negocio para los panameños.

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Reglas para asegurar el futuro

La opinión de…..

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RAFAEL CARLES

Panamá ha paleado el temporal de la crisis financiera mundial y parece estar resuelta a enrumbarse de un modo satisfactorio hacia el pleno siglo XXI. La economía, la producción y el empleo, aunque no robustas aún del todo, se han visto de manera alentadora en los últimos años y todo indica que el ciclo ascendente continuará en el futuro inmediato. Además, las expectativas de una buena parte de la población son optimistas al punto que se puede tener la impresión de que la crisis —a pesar de los testimonios de pobreza y marginalidad— quedo atrás.

Sin embargo, como no es la primera vez que nuestro país atraviesa un período de bonanza e ilusión, conviene reparar en la experiencia del siglo pasado con el fin de plantear algunos desafíos en los albores del presente. En particular los relativos a facilitar un progreso duradero y equitativo.

Históricamente, durante los últimos cincuenta años, nuestra economía ha crecido, en promedio, un poco menos de dos por ciento anual. Las etapas de auge son seguidas por leves caídas o rápidas contracciones, para luego nuevamente ascender, lo cual motiva el decir que los que hemos nacido en Panamá, por su posición geográfica y con el auspicio de los astros, terminamos bendecidos y recuperados.

El pensamiento racional, tan afín a los organismos financieros internacionales o las grandes corporaciones, suele aconsejar un simple ejercicio de estática comparada.

Es cuestión de tomar como ejemplo el derrotero de un país capitalista exitoso, si es posible de moda, compararlo con el nuestro, hacer una resta, y la diferencia es lo que corresponde impulsar en el futuro. Pero de los estudios de varios economistas e historiadores locales es factible inferir, en cambio, una serie de conclusiones a tener en cuenta. Sobresalen, entre ellos, tres corrientes interpretativas.

La primera destaca la debilidad y la mala calidad de las instituciones como causa principal de nuestros vaivenes. Estas normas formales e informales que establecen incentivos y sanciones aplicables en las esferas social y económica, y que fueron legadas del período colonial o construidas por los propios beneficiarios, habrían provocado, en lugar de certidumbre, presiones corporativas, costos elevados, captura de rentas oligopólicas, hábitos de corto plazo y una acentuada desconfianza en los acuerdos y contratos que impidieron, en suma, una suficiente y continua inversión.

La segunda señala el modo y los tiempos de nuestra incorporación a la economía mundial. El sendero elegido en los comienzos y los errores —involuntarios o deliberados— de la dirigencia política después, nos habrían condicionado a un mero papel de productores de azúcar y sal. De esa manera, vulnerables en exceso a las fluctuaciones de la demanda y los flujos de capitales externos, se obstaculizó la formación de una clase pujante que llevara a cabo, con el auxilio de la intervención pública, la producción de bienes complejos y un desarrollo industrial sostenible.

Y por último, existen los trabajos que observan múltiples causas —coyunturales y estructurales— para nuestra zigzagueante trayectoria, aunque resaltan la persistencia de una deuda externa crónica y las políticas económicas inadecuadas para cada etapa, en especial durante el período de los años 70 y 80, en cuanto a subsidios, aranceles, déficit y gasto público.

Si se admite que cada una de estas interpretaciones posee su cuota de acierto y que además estamos transitando, de acuerdo a las señales internas y externas, por un sendero de oportunidades interesantes, la agenda debería estar constituida por definir reglas claras y estables, mantener la disciplina presupuestaria e identificar aquellas iniciativas de organización económica que favorezcan la productividad, la recomposición de los salarios y un desempeño equilibrado del conjunto.

En principio, por ejemplo, se podrían trazar las metas, abrir el debate y construir consensos perdurables en torno a cinco áreas claves: el fortalecimiento técnico de las instituciones del Estado, la estrategia energética y de infraestructura básica (con sus componentes vinculados a los recursos naturales y el medio ambiente), la concentración de esfuerzos para alentar las exportaciones, la política tributaria referida a los impuestos al consumo y a las ganancias, y un adecuado sistema de formación y capacitación profesional para ocupados y desocupados.

En palabras de un viejo, pero sabio economista local, se trata de redoblar el esfuerzo para aprovechar la fortuna que nos ha regalado Dios. De este modo, tal vez, es posible encausar al país para que emprenda el camino que de una vez por todas nos eche al andar y sin parar.

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Este artículo se publicó el 6 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Reconsidere, señor Martinelli!

La opinión de…..

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Juan Manuel Castulovich

En sus acciones como gobernante, Ricardo Martinelli marca dos tendencias, ciertamente contradictorias: por un lado anuncia su intención de “consultar al pueblo” para conocer su opinión sobre temas importantes de interés general y, por otro, con demasiada frecuencia, nos sorprende “comunicándonos” medidas que, por su importancia, debiera haber consultado, antes de presentarlas como hechos cumplidos.

En un artículo anterior, citando el llamado “Plan de gobierno por el cambio”, destaqué que allí se anunció la intención de adquirir los corredores Norte y Sur. Pero la propuesta, por extremadamente esquemática, no indicaba “las fuentes que se utilizarían para obtener los recursos para pagarlos y, tampoco, ni remotamente, sobre las sumas multimillonarias que el gobierno estaba dispuesto a entregar a ICA y a PYCSA, las flamantes concesionarias convertidas en acreedores como resultado de contratos marrulleros, comprobadamente leoninos e inmorales.

Directamente los usuarios, y todo el país, tenemos justificada razón para considerarnos estafados.

Los contratos suscritos con ICA y PYCSA contravienen abiertamente elementales principios de equidad. En ellos está ausente la buena fe que debe ser elemento esencial en los acuerdos de voluntades.

Comparativamente, no existe ninguna diferencia entre los contenidos de esos adefesios jurídicos y la injusticia que nos impusieron en 1903 con el tratado Hay-Bunau Varilla o las que les fueron impuestas por los poderes coloniales a los países del Medio Oriente para apoderarse de sus recursos petroleros o saquear sus colonias africanas.

Pero a diferencia de las monstruosidades impuestas por los poderes coloniales, a las que las víctimas tenían poca o ninguna capacidad para oponerse, las concesiones para construir los corredores y sus onerosos términos fueron consciente y deliberadamente “arregladas” por el contubernio de oscuros intereses, de parte y parte.

¿Habrá sanción para los responsables de esas bellaquerías? Aunque eso no nos compense por el perjuicio causado a nuestro país, sería positivo que, como ocurrió en Costa Rica, alguien o todos los responsables recibieran su merecido.

La gran paradoja en todo este bochornoso asunto es que, aparte de que los culpables nacionales siguen disfrutando de impunidad, ahora volveríamos a ser burlados y tendríamos que premiar a quienes nos embaucaron.

Asumamos que al gobierno “del cambio” lo motiva la sana intención beneficiar al país y de revertir una patraña de la que ciertamente no es culpable. Pero esa premisa no es suficiente justificación para el “arreglo anunciado”.

Aceptar, por una parte, que los “concesionarios” tienen “los derechos” que reclaman, conlleva reconocer que ellos actuaron de manera transparente y de buena fe, lo cual no es cierto.

Por la otra, comprometer dineros que le pertenecen al pueblo, en general (Fondo Fiduciario), y a los asegurados, en particular (Fondo de Pensiones), sin previamente consultar a los afectados, es una extralimitación y una interpretación desbordada del mandato electoral.

En el caso del Fondo de Pensiones, somos los asegurados y no el gobierno, quienes debemos decidir si autorizamos su inversión.   Y en el caso de Fondo Fiduciario, la consulta debe ser a todo el país. Previas, desde luego, las explicaciones exhaustivas y el análisis público de los riesgos y “las supuestas ventajas”. ¡Eso es lo menos que merecemos!

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

‘Open’ mochila

La opinión de…..

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Amarilis Montero


Los jóvenes estudiantes que fueron desalojados de una discoteca en Calle Uruguay mostraban que sus uniformes y mochilas, con el logo de Meduca (Ministerio de Educación), eran los boletos de entrada para el sarao de un miércoles, en plena Semana Santa.

Para los organizadores de esta actividad, era la forma de demostrar que los jóvenes tenían un ambiente de diversión sano y que no reñía con ninguna disposición legal. ¡Cuánta equivocación por ambas partes!

El espectáculo que daban las jóvenes que habían convertido sus faldas de colegio en “micros mini”, y los jovencitos que escondían sus rostros detrás de las mochilas donadas por el Meduca demuestra la falta de supervisión, tanto de los padres como de los directivos de los colegios de estos estudiantes.

Por otra parte, los organizadores de la actividad “bailable” justificaban la presencia de los estudiantes uniformados, al cambiar el sarao del sábado para miércoles por el asueto de Semana Santa. Ninguna excusa es válida para el irrespeto de los estudiantes hacia su colegio y al uniforme que vestían.

¿Cómo se justifica que un local comercial quiera lucrar con estudiantes de escuelas oficiales en horas de clases? ¿Cuántos de estos jóvenes debían estar en sus colegios estudiando al momento que fueron desalojados?

Cuando se pierde el respeto al uniforme de una escuela o institución, se pierde también el respeto hacia uno mismo. Ahora nos escandalizamos con el comportamiento de estos adolescentes, pero ya hemos visto que los adultos están haciendo actos similares y hasta peores.

Tomemos los casos de aquellos policías que, portando su uniforme reglamentario, han cometido desde robos hasta violación carnal y asesinatos.   Sólo recientemente también ocurrió un escándalo en Haití por unas fotos de médicos voluntarios que aparecían libando licor con sus uniformes puestos.   Estos y otros ejemplos deben llamar la atención de los padres, maestros y sociedad en general sobre las implicaciones que estos actos pueden acarrear.

Aunque el Meduca inicie una investigación “exhaustiva” de este incidente, ¿quién va a asegurar que actos similares no se vuelvan a repetir?   Es de todos conocido la poca injerencia que tiene el Meduca en la aplicación de sanciones o correctivos dentro de sus instancias.

A los propios docentes que incurren en delitos, como la pérdida de fondos o malos manejos, los reubican o trasladan. Y aquí no ha pasado nada. Es por ello que no creo que a los estudiantes que asistieron a la actividad bailable se les sancione.

Son los propios padres de familia los que deben jugar su papel de fiscalizadores y formadores de sus hijos.   No hay escuela que pueda enderezar a un joven sin control en su propio hogar. Si irrespeta a sus padres, irrespetará a todo aquel que tenga una figura de autoridad.

Y es por ello que me pregunto: ¿cuántos de estos jovencitos han sido castigados por sus padres después que aparecieron en televisión y en los periódicos de todo el país?

Si los padres sabían en qué andaban sus hijos y no les parece que deben ser corregidos, no me queda más que pensar que lo que nos espera es una anarquía social de grandes proporciones.

No tomemos estas acciones a la ligera. No pretendamos que fue una “chiquillada”. Cuando tengamos una sociedad sin rumbo ni ley, nos lamentaremos de no haber hecho algo al respecto.

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Prioridades del Estado

La opinión del Catedrático y Analista Internacional….

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Jairo Henri Pertuz Suárez

Desde la década de los 90 vengo refiriéndome  en mis columnas de prensa a la rentabilidad de las reservas y depósitos de la CSS.   Desde el 2000,  las de la ACP.

Para esas fechas reclamé que nuestros fondos de la CSS en el Banco Nacional, producen pérdidas, por la irrisoria tasa de interés, peor aún con un dólar en crisis.

Sin abandonar el tema he criticado las “concesiones” y acuerdos leoninos pactados con los corredores. Exigí que el Banco Nacional pagara intereses cónsonos y, que se renegociaran o nacionalizaran esas vías.

Las gerencias generales y juntas directivas de la Caja y del Banco no cumplen con su labor y son cómplices de tales irregularidades.

Reclamaba y reclamo, además, seguridad para los fondos de la CSS y de la ACP ante la crisis financiera mundial.   Propuse buscar oportunidades de mejor rentabilidad con seguridad de rescate.

Quienes otorgaron estos absurdos y firmaron estos mamotretos de “concesión” (dicen fueron: G. Chapman y Luis Blanco) deben explicaciones y tienen que ser investigados. Estas vías no fueron construidas con calidad. Su mantenimiento, vida útil, rentabilidad, adendas y rescate real, así como el repago a ICA y PICSA hoy, serían un salteo.

Hace pocos días continué en la palestra con el tema de la inversión, necesaria y urgente, de la Ciudad Gubernamental, cuya construcción se estima en 450 millones, que también puede financiarse sin endeudamiento externo ni regalo de tierras del pueblo, que cada día valen más.

Si gastamos 48 millones anuales en alquileres, es elemental que debemos invertirlos como amortización a capital e intereses, con financiamiento interno y sin enajenar la patria.

Otro tema importante es la reciente “calificación” por obtener el “grado de inversión”, cuyos parámetros exigen requisitos que garanticen las inversiones extranjeras donde tenemos que considerar que existen “inversionistas” inescrupulosos y funcionarios gubernamentales corruptos. Inversión sí, depredación no.

La “seguridad jurídica” no puede estar por encima de la seguridad social cuando se dan acuerdos lesivos. Los gobiernos decentes tienen la responsabilidad primaria de defender los derechos del pueblo que los eligió. Las consultas populares son necesarias sin recargar el presupuesto nacional con más gastos burocráticos.

Las reformas  planteadas para “reestructurar el mercado” inicialmente deberían reestructurar las Superintendencias Bancaria y de Seguros así como la Bolsa.

Las dos primeras solo son asociaciones totalmente inoperantes. No han impedido la quiebra de dos bancos ni los abusos con los tarjetahabientes y usuarios de la banca y los seguros, causando grandes daños. Obama ya se ocupó de esto en su país.

Por último, si concedemos permanencia a los haitianos (que reciben suficiente ayuda en su país) tendremos que concedérsela a otros inmigrantes y sus familias, recargando nuestros gastos en salud y educación, agravando la inseguridad. Ya tenemos suficiente.

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Artículo publicado el  4 de abril de 2010 en el diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá: It′s Happening

La opinión de…..

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MARIO ROGNONI

No hace mucho, el 31 de diciembre de 1999 oficializábamos la salida de los norteamericanos de la antigua Zona del Canal y asumíamos totalmente la administración de nuestro Canal y todo el territorio nacional.   Muchos temían lo que podía ocurrir en dos áreas, la administración del Canal y nuestra economía.

La ACP rápidamente disipó cualquier duda, sabíamos administrar el Canal, como en efecto lo hemos venido haciendo por más de 10 años en forma excelente.

El impacto en nuestra economía por la salida de los norteamericanos nos tomó más tiempo asimilarlo.

Los primeros años, del 1999 al 2003 la economía pareció estancada.   Apartamentos vacíos, menos consumo, las áreas revertidas no producían proyectos capaces de reemplazar los 700 millones que la antigua Zona del Canal dejaba a nuestra economía.

Pérez Balladares había abandonado el modelo económico anterior y modernizó los motores de desarrollo, privatizó empresas estatales y lanzó nuestro nuevo modelo.

Mireya Moscoso lo continuó, afectada por la salida de los norteamericanos. Ya en su último año (2003-2004), la economía empezó su crecimiento impulsada por los motores del turismo, construcción y mejor explotación del sector servicio. Un nuevo Panamá surgía. Tocó al presidente Torrijos cosechar los mejores años, 2004-2009 de ese crecimiento. El mundo empezaba a vernos, América Latina a sorprenderse y América Central a envidiarnos.

Hoy, un empresario, Ricardo Martinelli, hereda un país en verdadera vía de desarrollo, con un Gabinete y criterio empresarial logra cerrar el 2009 con 2.4% de crecimiento y con buenas perspectivas para los próximos años.

Como siempre, los panameños no reconocemos nuestra fortaleza y nuestros logros, han tenido que venir empresarios del mundo a la reunión del Council of the Americas para que escuchemos la opinión de los David Rockefeller y otros sobre lo que ocurre y oportunidades en nuestro país. Panamá es un foco de inversión, capaz de atraer inversiones de Asia, Europa y América, por nuestras ventajas comparativas.

Para suerte del panameño, con la misma vehemencia que los actuales gobernantes generan expectativas de inversión, se comprometen con programas sociales.

Aún desde la oposición, no podemos criticar los 100 para los 70, la mochila escolar, el bono a los estudiantes, la entrega de útiles y libros, el proyectado Metrobús y Metro, la continuación de la Red de Oportunidades, el PRODEC y tantos otros programas. Nos toca a todos los panameños apoyarlos, a los opositores, fiscalizarlos para que no se politicen, pero que se ejecuten adecuadamente.

Panamá es nuevamente la tacita de oro, cuidémosla. Trabajemos juntos para lograr los mejores resultados, busquemos juntos solucionar los problemas de salud, vivienda, seguridad, educación.

No podemos caer en un país dividido entre gobernantes y gobernados, entre gobierno y oposición, entre sociedad civil y Estado.

Tenemos que comprender que esa bandera, que ese himno, que este territorio, es de todos los que estamos aquí.

No busquemos siempre lo negativo solo por oponernos, busquemos entre todos las soluciones.

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Este artículo se publicó el 6 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El viceministerio del Miviot y su responsabilidad prioritaria

La opinión de…..

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Álvaro González Clare


La creación del viceministerio de Ordenamiento territorial, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, es una de las más grandes expectativas cumplidas por este gobierno, en mora desde 1973 cuando el gobierno del dictador Torrijos cambió el Instituto de Vivienda y Urbanismo ( IVU) por el Ministerio de la Vivienda (Mivi), degradando el asunto urbano al fondo del interés político.

La creación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), con esta decisión ejecutiva permite que el tema urbano regrese al tapete y tenga voz y voto en las consideraciones de gabinete y además adquiera rango de autoridad para orientar, corregir y dirigir las decisiones o la falta de ellas en el ordenamiento de los asentamientos humanos en la república.

Históricamente, el IVU hasta 1973 y luego el Mivi han tenido directores y luego ministros designados por interés político únicamente, para capitalizar el clientelismo en el déficit habitacional. Los ungidos han sido designados por su experiencia en construcción o en ciertos casos recientes por abogados o médicos que poco o nada saben de la materia, con la excepción del urbanista Jorge R. Riba que ocupó la dirección del IVU de 1964 a 1968. Esto comprueba el muy bajo perfil que tiene políticamente y la ausencia de interés de nuestros gobernantes por mejorar la calidad de vida en las ciudades donde viven más de la mitad de los panameños.

La conclusión de esta histórica mora institucional puede haber llegado a su final, siempre y cuando la viceministra Marta de Álvarez reconozca la grave responsabilidad que tiene y reclame en el Gobierno la autoridad que le compete por ley.

Para esto debe comenzar por orientar al titular de la cartera en política urbana, fortalecer la dirección de desarrollo urbano, revisar y corregir las normas y reglamentos que han distorsionado el crecimiento urbano, pero sobre todo ubicar al resto de los ministros en lo que compete a su responsabilidad técnica utilizando la autoridad que le otorga la ley orgánica y lo que le asigna expresamente el Decreto Ejecutivo No. 22 del 16 de mayo e 2007, en el Consejo Nacional de Urbanismo (Conaur), para emitir concepto favorable en todos los empréstitos a celebrarse que afecten las áreas urbanas.

Muy pobre es el mensaje que nos envía mediáticamente con el nombramiento de una gran comisión de veteranos profesionales delegándoles únicamente la revisión de los planes urbanos, normas y reglamentos vigentes, emulando la súper comisión de 30 expertos que Balbina Herrera nombró para crear la Ley No. 6 con el único fin de diluir aún más la autoridad urbana del Mivi, dividiéndola entre los 74 distritos y 594 corregimientos.

Esta comisión es necesaria pero no prioritaria en la mora en política urbana, la falta de autoridad y la terrible crisis nacional que sufren las ciudades y sus habitantes.

En vez de esta medida insulsa, la viceministra Álvarez debió darle prioridad a la recuperación de la autoridad urbana, definiendo el territorio de su competencia para acabar de una vez por toda la histórica política urbana de la improvisación y el “lesseferismo” inmobiliario.

Para ser específico, el Miviot debe eliminar la injerencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la gestión y toma de decisiones urbanas que el ministro Vallarino se autoasigna por razones preelectorales, con los proyectos del nuevo Palacio de Convenciones, la torre de los 70 pisos del MEF, la ampliación de la Calzada de Amador y la Ciudad Gubernamental y la consecuente reubicación de la Policía Nacional y el Mercado de Abastos.

Tampoco ha reclamado su participación técnica en la planificación del Metro y el Metrobús, esenciales en la reestructuración de la ciudad, al igual que en el sistema de los semáforos inteligentes y la reestructuración de la red vial.

No ha participado en los graves problemas ambientales urbanos que reclama la ciudadanía por la tala indiscriminada de árboles, la sistemática violación del patrimonio nacional en el Casco Antiguo y ha ignorado las absurdas iniciativas del Ministerio de Obras Publicas de rellenos en el litoral Pacífico que van a afectar el valor histórico de Panamá La Vieja y el valor turístico de Amador entro otros tantos problemas urbanos.

Si la creación del viceministerio de Ordenamiento Territorial se va a dedicar únicamente a la revisión de planes urbanos, no va a hacer más que lo que hizo precaria e históricamente la Dirección de Desarrollo Urbano del Mivi.

La comisión de expertos que ha nombrado el Miviot son los mismos técnicos que han participado en esta asignación desde 1992 hasta la fecha. Creo que la grave situación de la ciudad amerita que el Miviot nos enseñen la garra de la Autoridad Urbana y sea más creativo para generar una nueva sinergia técnica que comience seriamente a resolver la crisis en las ciudades.

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Este artículo se publicó el  6  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.