Cavilaciones de un ‘accionista’

La opinión de…..

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Francisco Ibero


De vez en cuando, políticos y comentaristas, en algún arrebato lírico, nos comunican la buena nueva de que “los ciudadanos son los accionistas del Estado panameño”.

Yo, que soy ligeramente cínico, pienso que no tengo ningún certificado de acciones, ni recibo dividendos ni soy invitado a la asamblea de accionistas. Así que supongo que la frase debe ser entendida en sentido figurado. O sea, no somos accionistas pero podemos hacernos la ilusión de que lo somos. Y de ilusión también se vive.

Puesto a la tarea, estas son algunas de las cosas que propondría en una eventual asamblea de accionistas del Estado panameño:

Primero, crear una especie de cuarto poder, constituido por unas 10 personas elegidas por los ciudadanos.

Sus funciones serían, entre otras: juzgar al Presidente, diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; establecer los salarios de los altos funcionarios; nombrar los magistrados de la Corte Suprema, contralor, procuradores; aprobar cualquier endeudamiento estatal y cualquier impuesto adicional. Me inclino a pensar que los miembros pudieran ser jubilados y sin remuneración más allá de unas modestas dietas.

Segundo, cada Presidente debería presentar al país, durante los tres primeros meses de su gestión, su plan de trabajo para el quinquenio. Para cada dependencia del Gobierno, el plan debería incluir dos áreas, actividades habituales y nuevos proyectos. Los proyectos incluirían actividades, responsables, fechas y gastos estimados. Las actividades habituales tendrían sus estándares de desempeño y las metas específicas de mejoramiento para cada uno. El documento del plan debería entregarse a todos los hogares del país, además de ser publicado en internet.

Tercero, reducir el personal del sector público a lo estrictamente necesario. El exceso de personal no sólo genera gastos innecesarios sino procedimientos ineficientes que hacen perder tiempo y dinero a los ciudadanos. Mi propuesta es que la reducción de personal no se realice mediante despidos, sino simplemente no llenando las vacantes que se produzcan por diferentes razones. El proyecto total duraría unos 10 años, o sea, dos administraciones, y requeriría un acuerdo de los partidos políticos con posibilidades de gobernar. Los ahorros podrían dedicarse a mejorar salarios excesivamente bajos, a financiar la actualización tecnológica en la administración pública, o a otros fines. Creo que no debemos aceptar aumentos de impuestos hasta que esta tarea sea completada.

Cuarto, el proyecto anterior tendría dos escenarios diferentes. Primero, cuál es el exceso de personal con la tecnología y procesos actuales. Segundo, cuál sería el exceso si lográsemos mejorar la tecnología y los procesos. En este tema de reducción de personal hay que distinguir entre empleo y emplanillamiento. Alguien está empleado cuando realiza un trabajo valioso para terceros. Muchos de los puestos del sector público no cumplen está condición. Los funcionarios que los ocupan acuden diariamente a su oficina pero realizan actividades que no son valiosas para los ciudadanos. En cualquier caso, los empleos no son fines, sino medios para proveer servicios.

Quinto, hay que cambiar la forma de asignación de salarios en el sector público, que actualmente se basa en la capacidad de presión de los diferentes grupos. Es necesario que los puestos de valor similar tengan escalas de salario similares independientemente de la institución a la que estén asignados. Por otro lado, los salarios deben crecer según el mérito. Los años de servicio, disociados de la productividad, no tienen ningún valor y pueden ser contraproducentes. En adición no estaría mal utilizar las bonificaciones por logros extraordinarios.

Sexto, tal como he escrito en alguna otra ocasión, sigo creyendo que sería una buena idea repartir el 50% de los excedentes del Canal en forma de dividendos anuales a todos los ciudadanos. Esto de ser accionista y no recibir dividendos es un pésimo negocio.

Séptimo, vamos al tema de la deuda pública. En términos generales, va aumentando unos mil 500 millones por cada periodo presidencial. Por otro lado, incluso el 50% de los excedentes anuales del Canal superan al incremento anual de la deuda. En buena lógica, no deberíamos seguir endeudándonos, excepto para algún proyecto muy especial. El problema del endeudamiento es que resulta una opción demasiado fácil. Por ello, propondría que cualquier contratación de nueva deuda sea aprobada por la Asamblea y, por supuesto, por el cuarto poder.

Octavo, en cuanto a la Corte Suprema, sin minusvalorar la importancia del nombramiento de magistrados, pienso que el principal problema es un error estructural. Nuestra Corte Suprema es a la vez tribunal supremo, tribunal constitución y dirección del poder judicial. Es imposible que la actual Corte Suprema pueda realizar las tres funciones. Una buena solución sería crear una dirección del poder judicial separada y una sala exclusiva para los asuntos constitucionales.

Esto es todo por ahora. Sin duda, habrá mucha más tela que cortar.

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Este artículo se publicó el 5 de abril de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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