Corredores…. una compra “leonina”

La opinión del Médico Miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

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Alessandro Ganci

“Hemos hecho una negociación exitosa con el Corredor Norte y Corredor Sur, respetando la seguridad jurídica, respetando los derechos de los concesionarios, sin subir la deuda pública (…), de esta manera, el estado y el pueblo panameño recuperan un bien nacional”.   Así se expresaba el ejecutivo sobre la inminente compra, por parte del Estado, de la totalidad del Corredor Sur y el 51 % de las acciones del Norte.

Las auditorías realizadas mostraban, según se dijo, un perfecto orden contable por parte de las empresas, y en el caso del Sur, la empresa cumplía con todas las especificaciones de diseño de construcción de la obra, con la calidad y los plazos establecidos, sin muchos problemas de mantenimiento.

El monto a recuperar por ICA, de acuerdo al contrato original, asciende a $306 millones de dólares del año 1995 (monto de inversión $222 millones y utilidad razonable de $84 millones) en términos inflacionarios (2% anual).   Esto correspondería a 398 millones de dólares actuales y 489.6 millones en el 2024.

La auditoria reflejó un monto recuperado de $180 millones. 136 Millones corresponden a recuperación por tierras recibidas en pago y $44 millones corresponden a ingresos por peajes (De los 228 millones reportados, ya que el contrato solo reflejaba 16 a 18 centavos como aporte a la inversión).

También se conoció, que las tierras de Punta Pacifica habían sido vendidas de un 19 a 25% menos de su valor original y que si se hubiera hecho a precio de mercado se habrían recuperado cerca de 25 millones de balboas más, cuidándose de mencionar, que las operaciones están perfectamente documentadas y realizadas con “ empresas de reputación”.

La venta probable de los rellenos a un consorcio local, muestra evidentes desventajas para ICA. De las islas, sólo le tocan B./ 24.250.010,00, de más de 144 millones estimados, que es la diferencia entre el precio de venta y el coste previsto de relleno en 1.072,43 y 1.182,43 respectivamente, en vez de los 115,75 estipulados en la propuesta original.

Por si fuera poco ICA, solicita otras 49.1 hectáreas de relleno por diversas compensaciones lo cual acabaría con la corriente del litoral, se expandiría más allá de los límites del contrato y afectaría enormemente el proceso de saneamiento de la bahía.

Definitivamente, el audito se queda corto en cuanto a las preguntas de los ciudadanos, porque pese a que el contrato y las leyes nacionales lo facultan, la contraloría no ha constatado la veracidad sobre los costos reales de tierras que en este momento superan fácilmente los mil dólares el metro.

Está justificado el aumento en cerca de 700 % el costo de los rellenos?  Tierras que una vez completado el proceso, costarán al menos el doble del estimado de venta?

Aún más asombroso, por decir menos, resulta que la misma empresa auditora calcula el rescate administrativo del Corredor en B/. 285 millones, aplicando exactamente los términos del contrato.  Luego dice que el rescate podría estar entre 300 y 600 millones.

El gobierno toma como válida la última y más alta cifra de todos los cálculos posibles afirmando que con 420 millones la compramos al 70 % de su valor.

De hecho, si tomamos los 180 millones ya recuperados más los 420 millones, quedamos nuevamente en los 600 millones, cifra que supera en más del 100 % el precio real estimado por la misma auditoría, aún agregándole 105 millones de “Gastos de Financiamiento”.

Si bien las condiciones del contrato original eran desventajosas a la nación, la forma propuesta de compra es, tan o más “leonina”, que la misma concesión.   Los 600 millones que al final pagaremos, superarán todos los ingresos posibles de ICA al término de su contrato.

Si los intereses del pueblo están primero, lo lógico sería negociar la aplicación literal del rescate administrativo y descontar la cifra ya obtenida, con lo que la Nación pagaría en justicia, aproximadamente 218 millones de dólares actuales.

Además de manera responsable, investigar si ha existido o no especulación en los precios de venta de los terrenos o en contratos con terceros.

El resto del dinero, podría emplearse en su ampliación a tres carriles y por lo menos en la disminución del costo del peaje, ya que al precio actual, sólo el 20 % de los potenciales clientes pueden utilizarlo diariamente.

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Artículo publicado el 2 de abril de 2010 en Facebook por el autor, a quien damos todo el crédito, el mérito y las responsabilidades que le corresponden.

La polémica de los corredores

La opinión del Abogado……

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Víctor Manuel Caicedo A.

Antes de que se hicieran públicas las auditorías realizadas a los corredores norte y sur, pienso que todos los panameños teníamos la percepción de que los mismos habían recuperado toda su inversión y obtenido ganancias, pero los resultados fueron todo lo contrario, de acuerdo a esas auditorías, no han recuperado su inversión y mucho menos las ganancias pactadas.

Luego de escuchar la explicación que diera el Ministro Alberto Vallarino, en una de las televisoras del país, entendí, que esto se debía a la fórmula de recuperación establecida en los contratos firmados con el Estado, sencillamente estos corredores están lejos de recuperar su inversión y ni hablar de su ganancia.

Entonces pensé, que se darían una serie de reacciones, todas de molestias, por saber, que el país había hecho uno de los peores negocios de la historia y lo peor de todo a la vista de los llamados padres de la patria, quienes en lugar de asegurar un buen negocio para el país, aprobaron tan desventajosos documentos sin preguntarse antes: cuánto nos costaría, cómo lo pagaríamos, tampoco parece que hubo interés en establecer en esos contratos, mecanismos que obligaran a esas compañías a brindar un buen servicio, de lo contrario penalizarlas o resolver los mismos sin ningún tipo de indemnización, porque de lo que si estamos todos los panameños seguros, es que estas compañías, dan un pésimo servicio y eso lo vemos todos los días, esto sin hablar de la poca seguridad que ofrecen los mismos.

En conclusión entendí que Panamá no podía exigirle nada a estas empresas y que para lograr un cambio dependíamos de la buena fe que tuvieran quienes las dirigen y esto por lo desventajosos de los contratos para Panamá. Bien por los negociadores de los corredores ya que lo hicieron mejor que los nuestros.

Después, nos preguntamos, porqué el panameño desconfía tanto de los funcionarios públicos y es que cuando uno ve cosas como estas es difícil no pensar en corrupción.

No fue así, no se dieron las reacciones esperadas, la noticia paso casi inadvertida, pero ahora que el Gobierno buscó una manera, no se si la mejor, de zanjar tan aberrantes contratos, han salido los detractores a cuestionar la acción del Ejecutivo, ahora lo hecho por el Presidente es tema de discusión, la verdad es que no entiendo porqué estas mismas personas, no lo hicieron cuando se publicaron los resultados de las auditorías, pidiendo que se investigara, cómo fue posible, que ante la vista de los padres de la patria nos embarcamos en tan desventajosa empresa.

Finalmente, desde mi punto de vista, la compra de los corredores, por parte del Estado, es lo menos malo para el país, con esta fórmula el daño no será infinito como lo es hasta ahora.

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Este artículo se publicó  el  31 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Liderazgos perdidos

La opinión de……

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Marisín Villalaz de Arias

Hace muchos años se ha perdido en Panamá el liderazgo que debiéramos conservar y alimentar para que las organizaciones progresen y se hagan democráticas. Nunca he estado de acuerdo con la permanencia de los dirigentes en los puestos porque se acumula poder de decisión y mando hasta acabar, poco a poco, con esas instituciones. En la variedad está el gusto, dice el adagio y es saludable el cambio en todo momento.

Pero en Panamá, desde años, no existe trasmisión de mando en los sindicatos y gremios lo que hace que se entronicen sin rendir cuentas a sus asociados, sin capacitación sin modernización y llevan a los mismos al estancamiento en cuanto a acciones de protestas y a llevar por caminos correctos el valor que tienen y que serían respetados si la ciudadanía percibiera el deseo real de salvar esos grupos. No ignoramos cómo se fortalecieron, hasta tener una fuerza increíble, los sindicatos en tiempo de Omar Torrijos quien buscaba el apoyo de los mismos para convertirse en dictador. Es historia y, desde entonces, esos sindicatos imitaron a su jefe convirtiéndose en permanentes dirigentes.

Pareciera que la modernización, el diálogo y el equilibrio no son factores que intervengan en el calendario de loa miamos. No saben que los cierres de calles, las huelgas y las otras medidas, son obsoletas, impopulares e inconvenientes para sus intereses. Ahora que buscan convertirse en un partido político, pocos adherentes conseguirán con esas medidas que causan perjuicios a los transeúntes y a toda la población; hoy sentimos antipatía hacia ellos por el giro izquierdista que han dado al movimiento sindicalista y gremialista. Ya ni se defienden de estas acusaciones porque hasta la vergüenza han perdido para aceptarlas.

Los estudiantes sufren con las mentadas huelgas absurdas. Los dirigentes gremiales también deben modernizarse y amoldarse a los adelantos de la educación y las necesidades del país. Ya no estamos en dictadura que justificaba aquellos movimientos; ahora estamos en democracia con deseos de ir adelante. Por estas razones, entre otras, Panamá no avanza y seguimos siendo un país de quinto nivel. Cambiemos nuestra mentalidad y encontraremos la forma de evolucionar para interés común y no de los dirigentes sindicales y gremiales. Mientras no hagamos el clic en nuestro cerebro, será imposible avanzar, no habrá transformación educativa y los sindicatos perderán sus prerrogativas en cualquier momento para beneplácito de una gran mayoría de la población pensante.

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Este artículo se publicó  el  31 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Promesas, programación, ejecución

La opinión de la Ex Diputada de la República….

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MIREYA  LASSO

Idealmente debe existir un vínculo entre promesas de campaña, programación oficial y ejecución gubernamental, pero cuando los escollos del camino no son solucionados a tiempo, esa relación no fluye como debería ser. En campaña electoral los candidatos hacen promesas, unas más frondosas que otras, todas con miras al voto favorable el día de la elección. Después del triunfo enfrentan una cruda realidad cuando, ya en función de gobierno y con los pies sobre la tierra, les compete concretar acciones para hacer buena la palabra empeñada y, peor aún, encontrar dineros para realizarlas. Finalmente, el círculo se cierra cuando se pone en ejecución el programa de trabajo para cumplir lo prometido, con la esperanza de mostrar resultados al finalizar sus cinco años de gestión.

Vivimos en abundancia la etapa de promesas durante la campaña electoral. Se llevó los honores el Plan de Gobierno 2009-2014 del Cambio, que, para competir con el Programa de Gobierno 2004-2009 de Patria Nueva, nos presentó las obras y acciones que integrarían “ Ejes Temáticos ”, en lo social, económico, institucional, ambiente y recursos naturales.

Fue más comedido sobre las medidas financieras necesarias para ejecutar el Plan, ofreciéndonos noticias alentadoras sobre rebajas de impuestos, deducciones, exoneraciones, subsidios, etc., pero cuidándose de mencionar únicamente el “ flat tax ” como una diferente y nueva fuente de ingresos fiscales —una sensata estrategia de campaña: solo buenas noticias, nada de anuncios desagradables que pudiesen alienar al electorado.

Después del 1 de julio, al tomar pleno control del gobierno, el nuevo equipo pudo comenzar la siguiente etapa en circunstancias más favorables y con resultados más certeros. Entonces se dieron cuenta del estado real de las finanzas públicas, que se atisbaba hasta ese momento; el aumento de ingresos fiscales, vía impuestos o préstamos, resultó evidentemente necesario y es el motivo real detrás de la reforma preliminar de finales del 2009 y de la definitiva del 2010.

Se elabora, entonces, el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014, publicado en la Gaceta Oficial 26445-A del 12 enero 2010, con las estrategias para el desarrollo económico y social del período, la estrategia financiera y el plan de inversiones públicas. Este documento debe ser de forzosa lectura no solo por los expertos o técnicos en las materias tratadas, sino por el electorado en general, porque ya no se trata de frondosas promesas de candidatos en campaña —llenos de desbordante entusiasmo o preocupados por no obtener resultados propicios en las encuestas de opinión—, sino de un compromiso formal y serio de un equipo de gobierno que disfruta del poder y autoridad necesarios para desempeñar sus funciones y cumplir su palabra como corresponde.

El propio Plan señala que es una hoja de ruta que pondrá a prueba “ la capacidad de gestión y de coordinación ” del Ejecutivo; descarga en la Secretaria de Metas de la Presidencia la responsabilidad de velar porque se cumpla.

Allí, precisamente, opino que estriba el principal desafío para la administración: con una burocracia por naturaleza lenta y pesada, el novel equipo de la Alianza para el Cambio, además de acrisolada honestidad y rápido aprendizaje, deberá demostrar eficientes dotes ejecutivas, porque de promesas intangibles a ejecución palpable, hay mucho trecho. En solo cuatro años la actual administración deberá rendir cuentas de su gestión. Ojalá no haya frustraciones ni reclamos justificados entonces.

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Este artículo se publicó  el  31 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El grado de inversión y la salud ocupacional

La opinión de….

José Carlos Espino

Con mucha satisfacción vemos el ingreso de Panamá al pequeño grupo de países que cuentan con la calificación de grado de inversión. Como consecuencia de esto, Panamá será aun más atractivo a las inversiones extranjeras y abaratará los costos de financiamientos para nuevos proyectos de infraestructura. Sin embargo, la estrategia para el desarrollo debe estar fundamentada en los tres pilares del desarrollo sostenible: ambiental, económica y social.

La seguridad y salud ocupacional (SSO) es un componente fundamental dentro del aspecto social del desarrollo sostenible ya que protege uno de los recursos más valiosos para lograr el desarrollo: nuestra población económicamente activa. Vemos con mucha preocupación que no se le ha dado la importancia debida al tema en el Plan Estratégico 2010–2014 presentado por el Gobierno Nacional. En Panamá, de acuerdo a cifras de la OIT, tenemos una tasa de fatalidad de 0.140 (por cada mil trabajadores); por encima del promedio de América Latina (0.135) y varias veces por encima de países desarrollados. Por otro lado, las pérdidas económicas por accidentes y enfermedades laborales ascienden aproximadamente al 4% del producto interno bruto.

Los nuevos proyectos que vemos anunciados traen consigo una serie de factores de riesgos que no se han manejado anteriormente en nuestro país. Por ejemplo, Panamá no cuenta con una normativa de SSO para trabajos en túneles que es necesaria en la construcción del metro y algunas hidroeléctricas; no existe normativa para trabajos en minas; tenemos la mejor red vial de Centroamérica y no contamos con normativas de seguridad en trabajos viales. Tampoco contamos con personal calificado, instrumentación de campo y laboratorios de higiene ocupacional y toxicología especializados para una adecuada fiscalización de este tipo de proyectos. Adicionalmente, la mayoría de las normas sobre SSO vigentes no han sido actualizadas en más de 10 años y muchas ya están obsoletas.

Panamá no cuenta con una política clara de seguridad y salud ocupacional por lo que mantenemos tasas de accidentabilidad por encima del promedio de la región. La gestión de la SSO está dispersa entre varias instituciones del Estado entre ellas: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, municipios, etc. Es importante que el Gobierno realice las gestiones necesarias en esta área para evitar que las nuevas inversiones traigan consigo un mayor número de accidentes y enfermedades laborales en detrimento de nuestra clase trabajadora. Nuestro país cuenta con excelentes profesionales en todas las ramas de la seguridad y salud ocupacional que pueden aportar sus conocimientos y experiencia para mejorar el cuerpo normativo que tenemos.

Por otro lado, las universidades deben aumentar su oferta académica para incluir carreras especializadas dentro de las ramas de la seguridad y salud ocupacional. Ojalá que el Gobierno tome conciencia del problema que se puede suscitar a corto plazo y tome las medidas necesarias para mejorar la salud ocupacional en Panamá.

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Este artículo se publicó  el  31 de marzo  de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Gobierno, bienestar social y democracia

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

El acelerado ritmo de vida y los profundos cambios en el comportamiento humano, producto de la compleja red de procesos tecnológicos, culturales, políticos, económicos y financieros, nos han convertido en una sociedad con altos niveles de desarrollo científico, pero cada vez más deshumanizada.

Nuestro país en la última década ha mantenido crecimiento económico, sin embargo, adolece de políticas que promuevan la satisfacción de las necesidades, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras, para atender sus propias necesidades.

El crecimiento económico representa el incremento de lo producido por la economía, pero el mismo no es equivalente a la existencia de bienestar social y menos desarrollo sostenible y humano. Prueba de esto es la creciente desigualdad social con su secuela de marginalidad y aporte a niveles de delincuencia, creando altos niveles de inseguridad, así como la destrucción de los ecosistemas que se aprecian en nuestro país producto, en gran medida, de la aplicación de estrategias de libre mercado originadas por la globalización, cuyo éxito se sustenta en el enriquecimiento de un minúsculo grupo de políticos, empresarios o inversionistas inescrupulosos.

Se evidencia la urgente necesidad de que el gobierno tome decisiones acertadas. Aún estamos a tiempo en materia de políticas de Estado. Se requiere de voluntad efectiva e iniciativas acertadas que promuevan la inversión sana y el empleo formal, para favorecer una mejor distribución de la riqueza y atención a las demandas sociales.

En lo que respecta al tema ambiental se hace necesario impulsar una política más agresiva, que garantice la fiscalización como medio, para controlar la mala práctica de la coima y el juegavivo , así como la aplicación efectiva de normas procedentes que sancionen el uso y manejo inadecuado de nuestros recursos naturales, como medio para optimizar la utilización de los mismos.

Igualmente, se requiere de mayor nivel de conciencia en la población para preservar el ambiente, de forma tal que contribuyamos a contrarrestar los efectos del cambio climático y la contaminación galopante. Se requiere de la concertación de los diversos actores sociales, como medios de comunicación, organismos cívicos, organizaciones no gubernamentales, entre otros; para lograr en acción conjunta, constante e imperecedera con las autoridades gubernamentales, fundamentalmente ANAM, Educación y Salud, desarrollar campañas dirigidas a la formación y fortalecimiento de la conciencia ciudadana como medio para salvaguardar nuestro patrimonio ambiental y preservar la vida. El crecimiento económico no tiene sentido cuando está ausente el bienestar social y la capacidad de participación efectiva de los habitantes de un país en la construcción de su destino.

Solo el cambio de actitud y la búsqueda de un modelo de desarrollo más eficiente nos llevará a cambios estructurales profundos y al logro de una sociedad más justa, humanizada y solidaria, donde la gente pueda trabajar para instituir hogares dignos, con calidad de vida. Garantía de una convivencia pacífica y democrática.

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Este artículo se publicó  el  31 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La conciencia civilista

La opinión de….

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Carlos Guevara Mann

Ricardo Martinelli ganó la más reciente elección presidencial tras recibir 952 mil 333 votos, el 60% de los sufragios emitidos. Obtuvo la proporción más alta del voto popular en 20 años, desde que Guillermo Endara recibió, en 1989, no menos del 71% de la votación para Presidente de la República.

Quienes apoyaron a Martinelli lo hicieron por sencillos y elementales motivos. En primera instancia, para castigar al PRD por su rapiña insaciable. En segundo lugar, para prevenir el ascenso de Balbina Herrera al poder y lo que –se temía– pudiese ocurrir si ella alcanzaba la Presidencia.

Conocidas son las vinculaciones de Herrera –una de las figuras más rechazadas de la política panameña– con la dictadura militar, especialmente con Noriega, de quien era íntima colaboradora. Por eso, la elección de Martinelli constituyó un repudio al militarismo y sus manifestaciones aún vigentes o –visto desde otra perspectiva– un voto por el afianzamiento del civilismo.

Civilismo no solo quiere decir subordinación de los militares a la autoridad civil debidamente constituida. Significa, además, el rechazo de técnicas, estrategias y actitudes militares en las áreas que competen exclusivamente a los civiles, como lo son –en el Estado democrático– la educación, la salud, la economía, la administración de justicia, la cultura, el deporte, la seguridad ciudadana y todas las demás, con excepción de las guerras internacionales (en que Panamá ni quiere ni debe tener participación).

Civilismo equivale a respeto por la voluntad popular, la libertad y los derechos humanos. Implica una separación de poderes que proteja esas libertades y derechos, el acatamiento de la ley y un sistema judicial eficiente y transparente.

Diez meses han transcurrido desde la toma de posesión del presidente Martinelli, lo que representa una sexta parte de su mandato. En esos 10 meses no hemos visto afianzarse los postulados del civilismo por los que la mayoría de los panameños votó en mayo de 2009.

Por el contrario, hemos sido testigos de la continuación y acentuación de algunas tendencias militaristas. En algunos sectores influyentes prevalece la equivocada idea de que encomendar la seguridad pública a un equipo de militares es la mejor manera de resolver la inseguridad ciudadana.

Grave y peligroso error. Lo único que los militares panameños le han dado al país es inseguridad y corrupción. Las dos décadas durante las cuales ejercieron directamente el poder fueron las más inseguras de nuestra historia republicana.

En aquella época, el monopolio del crimen ejercido por los dictadores redundó en menores niveles de delincuencia común. Sin embargo, el terrorismo de Estado, presente a todo lo largo de la dictadura, sometió a la ciudadanía a un régimen de terror y socavó por completo la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El militarismo no es un modelo adecuado para un Estado democrático. El militarismo no resuelve la inseguridad pública, sobre todo si contra los militares a quienes se encomienda la seguridad ciudadana existen señalamientos graves, de resonancia internacional.

En el desempeño de los militares que ejercen funciones de naturaleza civil tenemos una prueba fehaciente de lo que se afirma. Diez meses es un período demasiado corto para conseguir resultados trascendentales, pero con base en las promesas de campaña lo menos que se esperaba, tras la llegada del nuevo gobierno, era una depuración exhaustiva de los organismos de seguridad y una detención en el aumento de la criminalidad.

Estadísticas e informaciones divulgadas por los medios, sin embargo, sugieren que en la Fuerza Pública siguen proliferando la corrupción y la incompetencia y que los niveles de delincuencia continúan creciendo bajo la dirección militar de los organismos de seguridad. El presidente Martinelli debe reparar en esto y recordar que los sufragios que recibió fueron votos de rechazo al militarismo.

Los partidarios del civilismo, a su vez, deben organizarse para recuperar la conciencia civilista, pero nunca en contubernio con personajes de la dictadura. Es ridículo y contraproducente que compartan escenarios con quienes jamás han tenido la más mínima consideración por la democracia y los derechos humanos.

En la recuperación del civilismo, el Presidente y los sectores civilistas no deben escatimar esfuerzos. Su fracaso en esa tarea aumentará la frustración popular y acercará al país a los desenlaces extremistas que ya se vislumbran en el horizonte.

Este artículo se publicó el  31 de marzo  de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.