La verdad que nadie se atreve a escribir

La opinión del Empresario…..

.

RAFAEL CARLES

Ni los voceros del Gobierno, y mucho menos la propia población, entienden las razones del porqué a los consumidores no les alcanza el dinero para cubrir los gastos básicos del presupuesto familiar. Y, como es natural, resulta más fácil acusar a alguien y endilgarle su responsabilidad, que analizar el problema desde su origen y buscarle una solución integral.

Es totalmente falso que el costo de la vida haya aumentado en la proporción y la forma en que los detractores del Gobierno vociferan acerca de la inflación, la intermediación, la especulación y el acaparamiento. La verdad es que los precios aumentan, pero también bajan y fluctúan, de acuerdo a las reglas de la oferta y la demanda, tal como se espera en una economía como la nuestra.   En el caso de los combustibles, por ejemplo, los precios por galón subieron en el 2008 por encima de los $4, alcanzando así cifras históricas. Pero igualmente es cierto que los precios luego bajaron a niveles muy parecidos a los de hace cinco y siete años.

Lo mismo ocurre en otros mercados, en donde los precios suben y bajan. Por supuesto, los precios reflejan el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda y son un indicativo de la propensión al gasto y del deseo de los individuos en adquirir un bien o servicio específico. Si nadie pagara por un producto a un determinado precio, los fabricantes o comerciantes tendrían que bajar el precio o eventualmente regalarlo, pero aún no logro conocer a nadie que, en su sano juicio, haya bajado los precios si los consumidores apuestan a comprarlo a un precio elevado.

Por tanto, la responsabilidad para que los precios bajen es del consumidor y no del Gobierno ni de ningún ente regulador, como pretenden los desconocedores del libre mercado o los ilusos que aún esperan la llegada de las promesas de campaña de la actual administración. Entiéndase bien, ni el Gobierno nacional ni ninguna institución fiscalizadora tiene la fuerza que podrían tener los propios consumidores en la composición de los precios. Y lo cierto es que cada vez que un gobierno se involucra en la tarea de regular precios, no solo termina haciéndolo mal, sino que aprovecha la coyuntura para conspirar contra los consumidores, dividirse las ganancias y atentar contra el bienestar de la mayoría.

Pero la verdad que duele no es esa, sino que los consumidores tenemos la culpa por todo lo que pasa en el mercado. Primeramente, no hemos hecho lo necesario para unirnos como organizaciones y planear coordinadamente nuestras gestiones de compra. Como grupo influyente hemos fracasado, y por eso a las empresas les resulta muy fácil controlarnos a su antojo y conveniencia. Si no nos unimos, estamos perdidos y nunca podremos remontar el marcador.

Lo segundo es que los consumidores gastan su dinero en actividades superfluas. Panamá encabeza la lista de congos; somos líderes en consumo de juegos de azar, alcohol y telefonía celular.   Más de 2.5 millones de dólares se malgastan diariamente en casinos, y no por turistas multimillonarios, sino por panameños y residentes en áreas marginadas que empeñan su salario completo, porque desde tempranas horas de la mañana reservan su espacio al lado de tragamonedas y “ maquinitas ”.

Igualmente, las cantinas, bares y toldos se han convertido en los lugares predilectos para la convivencia. Es una barbaridad la forma en que se consume licor en Panamá y lo triste es que las autoridades miran hacia otro lado. Ya no se necesita cédula para libar; solo se requiere el vil dinero.   Con el cuento de que la caña genera empleo, la venta de ron y seco ha aumentado. En la mayoría de los supermercados, las botellas y pachas se encuentran en la misma caja registradora y en los primeros y selectos anaqueles, porque es lo que más se vende.

Y algo parecido ocurre con los celulares. Aunque llegamos tarde a la telefonía móvil, hoy nadie nos gana. La penetración es casi perfecta; producto de la competencia, el mercado de celulares es muy concurrido, hasta el punto en que miles de usuarios gastan más del 30% de su salario en equipos y tarjetas de prepago.

Y con respecto a los alimentos, el mismo trágico razonamiento.   El panameño prefiere comprar aquello que no aporta nutrientes, produce enfermedades y causa obesidad. El consumo de soda ensombrece al de jugos naturales, el de cerveza al de leche y el de grasas al de vegetales y legumbres. El consumidor no logra comprender la importancia del concepto de productos substitutos y se deja influir fácilmente por la conveniencia de los alimentos procesados, empacados y congelados, rubro que en la actualidad alcanza el de mayor crecimiento en los supermercados del país.

En esencia, lo que está pasando es que los consumidores no están informados y tampoco los medios están atendiendo su obligación de suplir la información sobre las alternativas de consumo.

Y mientras el consumidor siga impulsivamente gastando en productos innecesarios y dejándose llevar por las ofertas y la publicidad, los comerciantes seguirán jugando bolsita con nuestro dinero.

Es hora entonces de que las autoridades intervengan, no para regular los precios, sino para orientar y educar a la población. No hacerlo promovería a ensanchar la brecha entre los pobres y los ricos, a ampliar el círculo vicioso del malgasto y la desnutrición, y a contribuir a que la gente siga percibiendo que el tema de los precios y la canasta básica es una promesa incumplida, cuando en la realidad, es todo lo contrario: vivimos en un país que ha estado y está privilegiadamente mucho mejor que todos los demás.


<>

Artículo publicado el 23 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Anuncios

Debacle social

La opinión de….

,.

Pedro Moreno- Patiño

Luego de anunciarse cambios profundos en materia de Seguridad específicamente las reformas a la Ley de responsabilidad penal de los adolescentes (Ley 40), estas no llenaron las expectativas ciudadanas tras el apoteósico pronunciamiento emitido por el Ministro Mulino y los propulsores de las mencionadas y malogradas reformas.

Nos explicamos, al momento de llevarlas al debate entre otros puntos sustentaban que la rebaja de la edad para responder penalmente de catorce (14) años a doce (12), era necesaria y oportuna sí a medias, ya que esta reforma como tal es insubstancial debido a que lo que solicitaba, reclamaba, pedía la sociedad, era la abrogación total de la Ley, ¿por qué?

Basta con observar los resultados palpables por todo el pueblo panameño que no logra dosificar sus cuotas de seguridad como corresponde, al principio el Ministro Mulino manifestaba que él conocía bien el origen de la Ley 40, haciendo alusión a sus promotores y a quiénes en el fondo protege esta Ley, sin embargo lo único que trajo estas reformas per se, es la continuidad de la delincuencia juvenil, su permanencia, vigencia y subsistencia en todos los estratos de nuestra sociedad.

Lo más relevante era el cambio del procedimiento de la Ley es decir esperábamos fuera implementada la coerción de la pena y no la visible, observable protección de la Ley para los menores.

Las consecuencias efectiva e inevitablemente las asumimos los ciudadanos de la República por este acto de omisión inherente a los proyectantes de confeccionar el tema referente a las políticas de Seguridad.

No cabe duda que si no se rectifica una vez más seremos conducidos al despeñadero por el cual atravesamos cual vía crucis social existente e imperante del que solamente el Ejecutivo con real y consagrada voluntad puede enmendar.

Para afianzarnos en el tema no se requiere de las opiniones de los tecnócratas que aplican y recomiendan ejemplos foráneos ya que todos somos expertos porque somos víctimas del recrudecimiento de la inseguridad acrecentada ultimadamente puesto que somos conducidos a la debacle social producto de la inmadurez política de gobernar en aras de no brindarnos la seguridad que nos merecemos. ¡Acción!

<>

Este artículo  fue publicado el 23 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El problema de la seguridad

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

MARIO  A.  ROGNONI

Recuerdo que al comienzo de la revolución, el doctor Hernán Porras le decía al general Torrijos: “General, en su escritorio coloque tres bandejas para atender los problemas, en una ponga los problemas que no tienen solución, en otra los que los resuelve el tiempo y en la última los que se resuelven solos”.   Nunca han sido más sabias esas palabras que cuando vemos los problemas de seguridad en el país. Estamos convenciéndonos de que o esto se resuelve solo, o lo hace el tiempo o no tiene solución.

No importa el discurso, desde “ mano dura ” de Mireya hasta la dramática cuña del candidato Juan Carlos Navarro, o bien la promesa del candidato Martinelli, solo llegamos a ver cada día más inseguridad, más violencia, menos seguridad.   Martín Torrijos lo iba a resolver con cinco leyes, Mireya Moscoso con tres, Martinelli aumentando penas y considerando a los menores como adultos: resultado, cero. Hemos probado con abogados civiles, con militares retirados, resultado cero. El presidente, como los anteriores, amenaza a los delincuentes que los va a terminar, resultado, cero.

¿Qué estamos haciendo mal?

Primero, es evidente, no hay certeza de castigo. El delincuente logra o bien mantenerse libre sin ser descubierto y arrestado, o bien arrestado y en poco tiempo liberado. Si es menor, la pena es muy baja y si es adulto la pena real que cumple es baja por el delito.

En segundo lugar, tenemos una población delincuencial altamente armada. La pena por estar armado sin permiso o con armas no registrada es baja, si cambiásemos el código para efecto que quien esté armado ilegalmente o bien participe de un delito armado pague la pena máxima, quizás desarmamos la población.

De igual forma, ¿por qué no mantener permanentemente la campaña de compra de armas ilegales por el Estado, bien con comida o certificados de almacenes que participen, a los que el gobierno les recompraría las armas por x porcentaje de lo pagado, de forma que las empresas así contribuyan a desarmar la sociedad.

Tenemos que cambiar el sistema de vigilancia ciudadana, garantizando el anonimato en las denuncias.   De igual manera los estamentos de seguridad tienen que montar su sistema de “ sapería ”, algo que exitosamente tuvo el antiguo G2, donde conductores de taxi, cantineros y meseros formaban una larga cadena humana de informantes. Pero esto hay que acompañarlo de la iluminación adecuada lo que debe cubrir el Municipio.

Los que aducen que la pena no es lo que reduce la intención de delinquir no recuerdan cómo durante el proceso se dieron muy pocos secuestros, los pocos sufrieron la muerte, los secuestradores y los delincuentes lo sabían.   En Oriente, donde el consumo o tráfico de droga es sancionado con la pena de muerte, la adicción es menor que en nuestros países. La pena de muerte por secuestro en USA ha sido el factor que mantiene ese tipo de delito muy bajo en el país del Norte.

Al final, quizás no es solo quién es jefe de la Policía, es mas bien toda una serie de medidas que se requieren en forma integral, amerita que hagamos el esfuerzo entre todos, o simplemente volvamos a esperar que el problema se resuelva solo, o lo haga el tiempo, o no tenga solución.

<>

Artículo publicado el 23 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un fallo ‘contra natura’

La opinión de…….

.

Eduardo A. Esquivel R.


“La Sala Penal de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación, confirmando así un fallo que determinó que el Grupo F no violó las leyes ambientales al hacer el relleno de Amador”, según reportó una noticia aparecida recientemente en los medios.

Decía un colega abogado y ambientalista: “La Corte falla y vuelve a fallar”. Este “fallo” del magistrado Aníbal Salas, con el apoyo de José Almengor y Luis Carrasco, es una “joya” más a la corona de esta Corte Suprema, que se caracteriza por sus fallos aparentemente contradictorios y absurdos, que si bien no podrían ser como “ignorancia inexcusable”, sin pecar de extrema ingenuidad, es sin duda un fallo “amigable” y “agradecido” para con el Sr. Figali, sabiendo las relaciones de éste con algunos magistrados y altos funcionarios de los gobiernos pasados y presentes.

Pero esto es harina de otro costal, y solo nos interesan las corrupciones o anomalías relacionadas con la parte ambiental.

El asunto legal en la Corte es en sí absurdo y hasta vergonzoso. Hace unos años la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) presentó una denuncia contra el Grupo F, por la construcción de un relleno ilegal en la calzada de Amador.

La Anam es la máxima autoridad técnica y legal en cuestiones ambientales y si bien la Corte Suprema es una instancia superior, debe respetar estrictamente la opinión técnica y legal de la Anam.   Sin embargo, desestimó esta denuncia y “falló” a favor del Grupo Figali. A esto, la fiscal undécima presentó un recurso contra este fallo absurdo y recientemente la Corte volvió a “fallar” rechazando el recurso del fiscal y favoreciendo a Figali.

La “explicación” de los magistrados a este abominable fallo contra el ambiente es casi cantinflesca:  “No existe un informe pericial que determine el incumplimiento del Grupo F, en cuanto al estudio de impacto ambiental, por lo que no se ha podido comprobar que dicha empresa haya incurrido en la comisión de delito alguno” (sic).

Es decir, que el informe de la Anam, que es el perito máximo y oficial en temas ambientales, no es valido según estos magistrados. En este “fallo” los magistrados “fallan”, ya que ignoran el artículo 116 de la Ley General del Ambiente que dice textualmente: “Los informes elaborados por personas idóneas de la Anam, la Contraloría General de la República o la autoridad competente constituyen prueba pericial y dan fe publica” (sic).

Es obvio que si la Anam fue la que presentó la denuncia, lo hizo con una prueba pericial de que se incumplió con lo establecido el estudio de impacto ambiental.   El relleno es ilegal desde un punto de vista legal ambiental y desde todos los otros puntos de vista, ya que, como bien lo estableció el presidente Martinelli cuando mandó a colocar el letrero “Propiedad del Estado” en este relleno.

Veo que, además de los intereses creados, hay en este asunto una ignorancia, de hecho o fingida, sobre las leyes ambientales vigentes, y en vez de acatar el principio Semper pro natura, fallan contra natura y privan sobre los fallos otras causas ignominiosas. Por este camino Panamá marcha hacia un destino desagradable y triste.

<>

Artículo publicado el 23 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Democracia, educación y cobertura

La opinión del Economista, Político y Docente Universitario….

.

Juan  Jované

En una sociedad en búsqueda de una democracia real y profunda, que entiende que su objetivo último es el desarrollo más completo posible de las capacidades y potencialidades de todos los hombres y mujeres que la componen, la educación constituye un elemento central del proceso de desarrollo humano. Una de las bases para lograr tal fin es que la misma sea generalizada, profundamente inclusiva y de calidad. Se trata, para comenzar, de que todos tengan un efectivo acceso a la educación, lo que tiene como condición necesaria, aunque no suficiente, que se logre una cobertura adecuada para quienes deben recibir este servicio social fundamental.

Esta es una premisa que resulta clara y sistemáticamente violada en el caso de nuestro país. Ello se evidencia si se observa, por ejemplo, que para el año 2008, de acuerdo a cifras de la CEPAL, el 28.2% de los jóvenes en edades que van de los 15 a los 19 años no lograrían egresar del nivel medio de la educación.

Esta situación resulta crítica si se tiene en cuenta que, de acuerdo al conocimiento que se tiene del tema, un joven para tener una inserción relativamente adecuada en el mercado laboral necesita por los menos haber cursado 12 de años de educación.   Si, además, se tiene en cuenta que, de acuerdo a cifras del Índice de Desarrollo Humano, la tasa neta de matriculación en primaria es prácticamente completa, entonces queda claro que el problema se encuentra en el llamado nivel de educación secundario, donde, de acuerdo a esta misma fuente, el nivel de matriculación de quienes están en edad de asistir a dicho nivel de educación se reduce al 63.8%.

En estas condiciones sería de esperarse que los planes gubernamentales enfatizaran en la superación de lo señalado, proponiendo una estrategia para la generalización, en un plazo claramente definido, de la educación secundaria completa, asegurando la cobertura para todos los que están en edad de recibirla.   Esta no es la visión del llamado “Plan Estratégico de Gobierno 2010 – 2014”, en el cual apenas se habla de “facilitar el acceso a la educación básica completa” y en el que el asunto de la educación media total no recibe prácticamente ningún tratamiento. Ello se explica en el hecho de que en este documento se considera a la educación como un simple instrumento del modelo económico propuesto, a la vez que postula que una buena parte de los mismos son ramas en las que la competitividad se asienta en la presencia de salarios relativamente bajos y tareas poco calificadas, que puedan competir con los países de Asía Oriental.

Es necesario señalar que la verdadera reforma al sistema educativo, a diferencia de lo que piensan los altos personeros del Ministerio de Educación, pasa por una discusión profunda en torno al estilo de desarrollo que puede asegurar el desarrollo humano sostenible en nuestro país. Es a partir de este punto que será posible efectuar el necesario y urgente ajuste del sistema educativo.

<>

Este artículo  fue publicado el 23 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

PRD, oportunismo y Frenadeso

La opinión de….

JORGE L. MACÍAS F.

La posible fusión del PRD y Frenadeso en propósitos y acciones, se presenta como otro de los híbridos que con regularidad aparecen en la política panameña. Quizás uno de los más recientes fue la unión entre el Partido Popular, anteriormente Demócrata Cristiano, y el PRD.

Evidentemente las razones esgrimidas para la justificación de esa alianza era la “identificación de visiones, de filosofía y de fines para hacer gobierno”.   En el fondo no pudo haber otra cosa que el rampante oportunismo, como es el caso que nos ocupa ahora, cuando el Partido Revolucionario Democrático observa el achicamiento de los espacios y consecuencialmente la pérdida de la estima social.

Sin una clara definición en el actuar y con un rumbo lleno de recodos, quisieron aprovechar el llamado de la Cruzada Civilista —sector básicamente de derecha— para promover la oposición al gobierno martinelliano.   Ello, explica la presencia díscola de la ex candidata presidencial del PRD en esa convocatoria en un afán por aparecer, “ ganar protagonismo ” y oxigenar malamente a su colectivo político.   Esto no causó extrañeza, pues el PRD ha tenido identificación con los sectores de poder económico,   al punto que los mismos tienen a lo interno una importante y decisiva presencia.

Es claro que ese acercamiento público con la derecha civilista tenía que inquietar a los sectores “ izquierdizantes ” perredianos, lo que provoca ahora de manera intempestiva que el CEN del PRD decida participar en todas las acciones de los grupos de izquierda que se oponen al gobierno de turno.

De allí que alguien en un juicio —que pudiera no ser muy sano— diría a favor que de lo que se trata es de darle contenido a lo pluriclasista y pluri-ideológico del PRD, lo que vendría a justificar que estén con la derecha y con la izquierda, y no con Panamá, sino con sus intereses.

Son estos oportunismos los que conducen, cada vez más, al descrédito de la llamada clase política, pues de la misma manera que ahora —sin fuerza y sin credibilidad— buscan desaforadamente asirse de cualquier tabla de salvación, pudieron en un ayer unirse a Frenadeso en la lucha vanguardizada por esa agrupación en contra de las Reformas a la Seguridad Social impulsadas por el mismo PRD.

Es claro que Frenadeso —con las críticas a favor y en contra— ha desarrollado toda una conducta a favor de los sectores marginados.   Con energía en las calles, ha luchado en contra de las políticas neoliberales impuestas por el PRD y otros, ganándose un respetable espacio que no puede afectar en posibles coaliciones que lo que buscan en el fondo es reacomodarse para su propio beneficio.

Ahora el lema es:  PRD con la derecha, con la izquierda, con la Cruzada Civilista y con Frenadeso.

<>

Artículo publicado el 23 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Entre violencias

La opinión de…….

.

Paco Gómez Nadal

Parte fundamental del modelo democrático occidental es depositar el monopolio del ejercicio de la denominada “violencia legítima” en el Estado. Desde la óptica más ingenua heredada de Weber y de otros teóricos, que son cimentadores de los sistemas que hoy vivimos y sufrimos, hay una “violencia legítima” y dado que el Estado se funda en base a un contrato social, parecería lógico que las armas, las fuerzas coercitivas (policía y demás fauna uniformada) y el castigo no estén en manos de grupos privados de interés (terratenientes, iglesias, etc…) sino que sea gestionado desde lo público.

Suena bien. Pero para que esto fuera cierto el Estado debería ser realmente fruto de un acuerdo y los que lo gestionan deberían estar volcados al servicio y al interés público, más allá de sus agendas particulares o de su ideología.  No es así.

Los estados occidentales (es en los que sobrevivo y por tanto no me corresponde a mí la crítica a los orientales o a los árabes) son hoy, en el siglo XXI, los principales protagonistas de la violencia, sin apellidos, sin legitimidad, moralmente repudiable.

No me refiero solo a las guerras o ataques armados (algo tan burdo que no merece explicación), sino a la violencia cotidiana que nuestros gobiernos y aparatos judiciales ejercen contra nosotros, los ciudadanos, supuestos contratistas de estos servidores públicos. El Estado panameño, como otros, es violento todos los días.

*Es violencia directa el estado de pobreza en la que se mantiene un alto porcentaje de la población;

*es violencia el hacinamiento en las casas y la falta de servicios públicos;

*la Caja de Seguro Social ejerce la violencia en sus salas de espera y en su negación de medicamentos y auxilio;

*es violencia la justicia que mantiene a más de la mitad de los reclusos sin juicio en condiciones infrahumanas;

*es violencia arrebatar las aguas o los montes a los ciudadanos para entregarlos a empresas que cuentan con pequeños ejércitos de seguridad privada;

*es atraco a mano armada la corrupción diaria y descarada;

*es violencia someter a nuestros niños y niñas a una educación de mala calidad en aulas indignas y con maestros peor formados;

*ejerce violencia evidente el Estado en cada retén policial, en que dependiendo del color de la piel del ciudadano y del carro en el que se desplace cambia el tono y las amenazas;

*es violento toparse con una pareja de linces y sentir miedo;

*es violencia que las mujeres tengan peores salarios, cero comprensión y estén sometidas a un imaginario excluyente;

*es violencia que las personas con opción homosexual tengan que esconderse de vecinos y autoridades;

*es violento nuestro sistema fiscal…

El Estado es violento. Pero jamás escucharemos o leeremos esa calificación en medios de comunicación o tertulias de “entendidos”.  Sin embargo, el calificativo violento lo guardamos para los manifestantes que son agredidos, detenidos y tratados como perros por la Policía.

Se llenan páginas de textos escandalizados ante la violencia obrera que impide el normal (y violento) desarrollo de nuestra vida cotidiana.

No sabemos quién tiró primero, quién provocó o cómo sucedieron los acontecimientos de la semana pasada en Avenida Balboa y en Calle 50, pero el trabajo ideológico y propagandístico del poder es tan bueno que damos por hecho que fueron los obreros los violentos y que los agentes de policía “tuvieron” que poner orden.

Es decir, volver al orden (violento) establecido en que nos suben impuestos directos o pisotean nuestros derechos, pero permanecemos callados y felices porque podemos circular con nuestro carro por las violentas y trancadas calles de la ciudad.

Los empresarios (sujetos que comparten con gusto el ejercicio de la “violencia ilegítima”) protestan y se rasgan las vestiduras sin reflexionar en cómo con los salarios de miseria se ejerce violencia o al revisar las bolsas de sus empleados al salir del puesto de empleo (¿se imaginan que hicieran lo mismo a los clientes en el Club Unión por si se han robado una cucharilla?)  humillan y generan odio y violencia.

Criminalizar la protesta ciudadana es una práctica tan vieja como la dictadura. No defiendo a Suntracs ni a ninguna organización en específico, sino a todas al tiempo y sin exclusión.

Si los fieles a Don Bosco pueden interrumpir el tráfico durante horas o se cierran calles por unos carnavales que no todos comparten, los trabajadores deberían poder hacer lo mismo; y las amas de casa; y los estudiantes; y los jubilados; y los desempleados.

El corte de calles no es el problema, sino la injusta (y violenta) distribución de la riqueza, la falta de oportunidades y los derechos conculcados.

Solucionen eso y se acabarán las protestas callejeras. Claro, eso sería una amenaza a su poder y a sus cuentas corrientes.   Entendido.

<>

Artículo publicado el 23 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.