Soluciones contra la delincuencia

La opinión de la Educadora y Economista…..

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LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

Ante la angustia latente de la población, debido al incremento de la criminalidad y violencia que amenaza su integridad física, económica y emocional, el presidente Ricardo Martinelli ha expresado que se siente impotente ante el aumento de la inseguridad y la delincuencia en el país, y prometió, una vez más, una guerra contra el hampa.

Al respecto Magaly Castillo de Alianza Ciudadana Pro Justicia, expresó que es preciso contar con un plan de seguridad para combatir la criminalidad, así como instituir un sistema de seguridad ciudadana.

La situación es compleja. Se plantean diversas acciones como incluir la pena de muerte en un proyecto de consulta ciudadana, reformar nuevamente la ley penal para establecer cadena perpetua, restituir la presentación del récord policivo para optar por un trabajo, entre otras. De igual forma, la Asamblea Nacional discute el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad, que tendrá la responsabilidad de planificar, coordinar y dirigir políticas para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Aparentemente no hay claridad en la ruta a tomar.

Es obligatorio reflexionar con sentido común y visión integral, para establecer un marco de operación que vaya más allá de medidas represivas, las cuales solo logran contener la acción delictiva inmediata.

Es imperativo analizar con seriedad y objetividad las causas que generaron esta espiral de descomposición social y la endeble capacidad del Estado, en materia de orden público y judicial, para aplicar instrumentos y normas de justicia penal de castigo al delito.

Eruditos concuerdan que esta problemática es resultado de un conjunto de variables, como la inequidad y exclusión social, producto de elevados índices de pobreza, desintegración familiar (célula fundamental para cimentar una sociedad sana), y mensajes deformadores difundidos por diversos medios, especialmente la televisión.

Se suma el mal ejemplo de gobernantes que lamentablemente, inciden en los sistemas de justicia (policía, órgano judicial, sistema penitenciario), que se han visto trastocados por la debilidad y falta de independencia jerárquica, situación que vulnera y distorsiona el cumplimiento cabal de sus funciones; permitiendo la instauración de la impunidad y corrupción, en menoscabo de la responsabilidad primordial de ejercer su poder preventivo y persuasivo sobre los causantes de violencia.

Si en efecto se quiere controlar la delincuencia y criminalidad y revertir la progresiva descomposición social, que nos afecta, se tiene que establecer un Plan de Estado Integral, realizable y coherente, con estrategias prácticas que respondan al logro de un Estado de derecho que salvaguarde la seguridad ciudadana, mediante el establecimiento de una legislación penal efectiva, el ejercicio de un sistema de justicia imparcial, equitativo, transparente y ético; implementar sistemas migratorios controlados; políticas económicas, educativas, culturales y sociales que permitan el rescate de los valores; consolidación de la familia; el respeto y amor a la patria. Al igual que la inversión sana y generación de empleos con salarios dignos que provean calidad de vida.

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Artículo publicado el 17 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

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