Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes

La opinión de la Juez de Menores….

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Marianela García-Mayorca Bernal

Mucho se habla sobre la delincuencia juvenil, cuestionando la funcionalidad o no del Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes, para nosotros Ley 40/99, la cual por cierto ha sido reformada en diversas oportunidades en temas como edad de responsabilidad penal, términos de sanción, entre otros sin preocuparnos por otro factor determinante y vital para la consecución de la efectividad de los fines y objetivos de esta ley, los cuales se enmarcan en “la educación del individuo en los principios de la justicia; la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana, y en el proceso pedagógico de responsabilidad”; el cual no es posible lograr si no se involucra a todos los sectores de la sociedad panameña.

Es por ello que consideramos importante que conozcamos un poco sobre el Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes, cuya especialidad versa sobre aquellos que tienen la tarea de investigar, juzgar y representar al adolescente en las conductas infractoras a la ley penal, es decir a quien se le impute la comisión de un hecho punible.

Visualizando que se trata de una condición diferente, aceptando la categoría jurídica del sujeto de derecho, que con la Convención de los Derechos del Niño, adquieren los adolescentes en el mundo de relaciones frente al Estado, con los demás miembros de la sociedad y con ellos mismos.

La implementación del Régimen Especial de Responsabilidad Penal de Adolescentes a través de Ley 40 de 26 de agosto de 1999, reconoce a las personas menores de edad capacidad derechos y garantías, con la aplicación de un tratamiento diferenciado del adulto, para exigirle responsabilidad por los hechos delictivos cometidos; este elemento resulta un componente central del derecho de plena ciudadanía, esto es, una cuestión de derechos que incumbe a los juristas en el sentido que los adolescentes solo pueden ser sancionados, por actos típicos, antijurídicos y la comprobada culpabilidad mediante el debido proceso.

Este régimen se caracteriza por ser un derecho penal mínimo, toda vez que fija una edad mínima de catorce (14) años, por debajo del cual no cabe responsabilidad penal, no obstante lo anterior las actuales reformas establecerán grupos etarios que se encuadran en las edades de 12 a 15 años y de 16 a 17 años.

Debiendo tener presente que el tratamiento socializador también debe prever la condición de los dos grupos etarios, los cuales no pueden ser tratados bajo el mismo prisma por tanto la importancia de reforzar el proceso pedagógico de socialización en la fase de ejecución, tema que debe debatirse en futuras legislaciones.

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Este artículo  fue publicado el 18 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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