¿Política criminal frente a derechos ciudadanos?

La opinión del Abogado y Ex Sub Director de la PTJ……

Javier Chérigo Hurtado

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Es concebible que las autoridades pasadas, actuales y las futuras realizaran ingentes esfuerzos por cumplir y hacer cumplir esta garantía.

El escollo aparecerá mientras no intentemos una política criminal consensuada; y si repasamos los últimos 20 años encontraremos condensados apenas ciertos lineamientos programáticos, esbozados en planes de gobierno propuestos a lo largo de las campañas políticas.

La mayoría de las veces subsisten aplicadas unas pocas medidas que por mal aprendidas son improvisadas (ensayo y error) como la mano dura, amiga e integral, carentes del diagnóstico de problemas propios (no los ajenos) y necesidades prioritarias que sustenten la adopción de estrategias que justifiquen cada recurso invertido.

La criminalidad es una deficiencia social que obviamente exigirá atención global por el origen multifactorial de sus causas, pero el detrimento para obtener soluciones a corto, mediano y largo plazo está en la carencia de metas y objetivos precisos como de recursos económicos y personal capacitado para desarrollar proyectos ejecutables e innovadores aplicables al directo tratamiento de las conductas antisociales.

Al adoptar nuestra política criminal pudiéramos analizar ¿cómo la concentración demográfica en ciertas provincias y comunidades produce la ineficiencia del servicio público de seguridad?, lo que a su vez nos permitiría orientar la toma de decisiones hacia aspectos que influirán menor o mayormente en el desarrollo de políticas estatales de empleo, vivienda, educación y por ende seguridad.

La única política criminal aplicada hasta hoy ha sido la improvisación o la imposición de esquemas ajenos a nuestra realidad fáctica.

Evaluemos un listado de aspectos que tratar, inherentes a una política criminal duradera y efectiva: reforma Constitucional; corrupción en los organismos de seguridad y el resto de las entidades públicas; el sistema judicial; despenalización frente a penas moderadas, perpetuas o inclusive la pena de muerte; las garantías individuales frente a las herramientas legales para recabar información de inteligencia pública y privada de nacionales y extranjeros; policía preventiva separada de la investigativa; castigo o resocialización; restricción de las armas de fuego; participación ciudadana y otros.

¿Será momento de negociar los ciudadanos con el Estado cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestras libertades y por cuánto tiempo para obtener a cambio seguridad y desarrollo?

Los panameños como los extranjeros residentes y transeúntes no exigimos jueces inquisitivos o garantistas, policías vestidos de verde o azul, meter presos a niños o solo a adultos, despenalización o nuevos tipos penales, solamente, exigimos vivir en paz y en libertad, con la garantía de que el Estado nos brinda esa seguridad, entonces ¿bastará ponernos de acuerdo para cambiar?

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Artículo publicado el 18 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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