Contra nuevos impuestos

La opinión de….

MARCIA DEL C. ALFARO P.

Nuestros gobernantes se caracterizan por su creatividad para inventar nuevos impuestos y terminar con lo poco que queda de la clase media, proceso que empezó desde los tiempos dictatoriales y que no se detiene aún. Empero, tengo algunas sugerencias que, si nuestro creativo presidente las siguiera, ayudarían en gran forma a todos a tener una mejor vida y al Estado A captar más dinero.

Por ejemplo, si se aplicara la existente ley que prohibe “ hacer aguas en las vías públicas ” a aquellos (no he visto aquellas) que se orinan a todas horas y en los sitios más ostensiblemente públicos, estoy segura de que una cuantiosa suma se recogería a diario. El varón panameño por lo general padece o de una próstata prematuramente inflamada, o riñones muy activos, o uréteres cánidos o vejigas haraganas. Esto lo obligaría a buscar atención médica en lugar de exhibir sus pequeñeces.

Los que a veces viajamos al interior, notamos que la vía Panamá-Arraiján es el urinal más grande del mundo, seguido muy, muy de cerca por las vías de acceso del Puente Centenario (la dupleta). Además, cualquier construcción que tenga un rinconcito o cualquier arbolito, no importa cuán escuálido, sirve para “ hacer aguas ”, siempre de pie, nunca de rodillas.

Si también se multara a panameños aquejados de ácaros, garrapatas, pulgas, phthiriasis en sus partes semiprivadas (digo “ semi ”, porque no existe el menor reparo en hacerlo) que los obliga a rascarse continua, impúdica y violentamente, bastante dinero se recogería y a la vez se les enseñaría a los afectados a bañarse mejor o, por lo menos, a usar un buen insecticida. Amén de evitar dar mal ejemplo a los pequeñines.

Si se multara a los escupidores, gargajosos y similares, se recogería aún más dinero. Esta desagradable y viscosa costumbre parecería algo difícil de erradicar, tan convencidos están los practicantes —o enfermos— de lo necesaria que es, sin importarles la repartición de gérmenes, bacterias y virus que dejan a su paso. Pero con buenas multas que ataquen al bolsillo de estos deportistas —ya hasta parece ser deporte nacional— por poseer el panameño glándulas saliváceas superdotadas, e inagotables, dignas del Guinness. Aquí sí podría decirse que nos llegó la liberación femenina, pues ambos sexos se disputan por la supremacía de ese dudoso honor.

Por último, si se multara a los que arrojan desperdicios (papeles, botellas y utensilios de plástico, latas, aros de cerveza, pañales desechables que Madre Natura se demora milenios en absorber), no habría necesidad de crear nuevos impuestos y de paso educamos al ciudadano cochino, al porcus bipedus panameño, para que aprenda buenos hábitos, sino a las buenas, pues, a las malas y que pague.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Que el Estado diga algo

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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Silvio Guerra Morales

No puede ser cierto que tan solamente se hable, en grado de críticas serias, de la instrucción que se dicta en los colegios o escuelas públicas y que nada se diga de aquella que se dicta en los llamados colegios o escuelas privados. Que de la primera tanto se cuestione la deficiente formación de los muchachos en materias como ciencia, matemáticas, física, química, etc., y que se dé a entender que solamente en los colegios privados es de donde los estudiantes salen bien preparados.

De las escuelas públicas también se ha criticado la incapacidad para sembrar y hacer germinar valores en los estudiantes que les permitan, en el futuro, ser hombres y mujeres rectos y verticales y que tan solo de las escuelas privadas se exalte el altruismo social, humanístico, la formación cristiana, etc. En fin se pueden decir muchas otras cosas en aras de comparar, pero no es el objetivo del presente artículo.

Siendo que las escuelas públicas están en manos del Estado y que es su Ministerio de Educación el ente Máximo y rector de la enseñanza pública, qué es lo que podríamos decir de los colegios privados? Pues, sencillamente, que la regulación y la fiscalización por parte del Estado, en dichos centros educativos, es bastante etérea por no decir que epidérmica.

Me comentaba, en días pasados, un padre de familia que al ir a retirar los libros de su acudido a una de estas escuelas “privadas”, le hicieron entrega de quince -15- libros y que el costo de todos esos libros –algunos ya usados- estaba en el orden de casi ochocientos dólares. Esto, desde luego, no es un asalto a mano armada, sino un claro aprovechamiento y perverso usufructo del tesón y esfuerzo que hacemos muchos padres para mandar a nuestros hijos e hijas a dichos centros escolares, precisamente en atención a algunas de las cosas que indico en líneas anteriores.

Ahora bien, entendemos que los colegios particulares no son subvencionados por el Estado, pero cabe advertir que el carácter privado de la enseñanza no puede, de ninguna manera, jamás, conducir a la expoliación o al atraco por parte de sus dueños o directivos frente a padres y madres que son vistos como cajitas de alcancía o como libretas de cuentas de ahorros a las cuales hay que sacarle hasta el último centavo. ¡No puede ser!

Algunos colegios cobran la matrícula en 60, 70, y hasta 300 o 400 dólares al mes – se me ha informado que algunos cuestan mucho más- , y pregunto, a qué se debe tanta diferencia?. Acaso se diría, entre otras cosas, que a las estructuras o la formación de los docentes, etcétera y más etcétera.

No, simple y sencillamente, no puede ser que esto se siga dando en este país y que haya una actitud de piratería, de filibusterismo, hacia cientos y cientos de padres y madres a lo largo y ancho de nuestra geografía y que sienten que son objetos y sujetos de expoliación sin límites. ¡Es hora de que el Estado diga algo, por favor!

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

CSS: reformas inconsultas

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

Desde su fundación, en 1941, la CSS ofreció a la población asegurada (cotizantes) en primera instancia y a los beneficiarios después, sus servicios de atención médica, medicamentos y subsidios, entre otros. Sin embargo, esta noble institución ha sido objeto de saqueos protagonizados por diferentes administraciones gubernamentales a lo largo de su historia, sin que a la fecha se haya juzgado y penado a los ladrones de cuello blanco que por ella han transitado, por el contrario, se les galardona.

¿Cómo poder olvidar el desgreño administrativo durante el periodo del gobierno militar?, acción que menoscabó la solidez de sus reservas financieras; y ¿qué decir de los gobiernos presuntamente democráticos que al igual que sus antecesores han permitido el patrocinio, corrupción, malversación y usufructo del patrimonio de sus verdaderos dueños, los cotizantes?

Los acontecimientos experimentados han provocado que la población pierda la credibilidad en las autoridades. Las diversas gestiones, invadidas por el juegavivo en el manejo de fondos, compra de medicamentos, nombramientos por afinidad o compadrazgo e intentos de externalización (privatización), entre otras anomalías, prevalecen y disminuyen el poder de atención al asegurado.

Los 800,000 cotizantes saben que los desmanes administrativos han sido cargados con creces a la población cotizante. Las reformas generadas conllevan al aumento en la edad de jubilación y el número de cuotas para accesar a un retiro o pensión honrosos, muy por el contrario, reflejan una disminución sustancial y perniciosamente inversa en el estipendio percibido.

En las últimas semanas, su director informó la intención de introducir, según expresa, leves cambios administrativos a la ya reformada Ley 51 que permitirán acelerar la gestión y optimizar la atención de los asegurados. Este anuncio tiene ya reacciones adversas, firmes y sustentadas por diversas organizaciones, tales como la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social (AECSS), la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja del Seguro Social (Amoacss), la Junta Directiva de la CSS, entre otros, quienes han expresado su oposición a este propósito, enunciando la intención de privatizar (externalizar) algunos servicios y el desconocimiento de la población a los cambios propuestos.

De igual forma, señalan que dichas reformas pretenden implementar la violación a la autonomía de la Junta Directiva, al quitarles funciones administrativas y de fiscalización. Así como permitir el manejo de fondos millonarios, unilateralmente, al director de la Caja.

La población cotizante está cansada de diatribas, subterfugios y falsedades, que no solucionan los problemas. Se requiere de la representación genuina de los cotizantes, tanto en la Junta Directiva como en la Dirección General, con una participación sensata, objetiva y transparente para salvaguardar el patrimonio y no castigar nuevamente a los verdaderos dueños de la CSS, los cotizantes.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Por un plato de lentejas

La opinión de….

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Brittmarie Janson Pérez

Panamá cambió su voto en las Naciones Unidas a favor de Israel con miras a asegurar el apoyo de los cabilderos judíos en el Congreso de Estados Unidos para obtener la ratificación del tratado de promoción comercial con Panamá.   Esto lo admitió cándidamente Pablo Thalassinos, embajador de Panamá ante las Naciones Unidas, al presentar un informe a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional a principios de febrero (La Prensa, 3 de febrero de 2010; La Nación 3 de febrero 2010).

Este cambio en las Naciones Unidas es riesgoso para Panamá, ya que la integridad del Canal depende de su neutralidad en los foros internacionales. Por otra parte, las declaraciones del presidente Martinelli a la agencia EFE en Israel fueron tan desatinadas que nos han ganado enemistades, posiblemente hasta de yihadistas fanáticos que podrían llevar a cabo ataques por su propia cuenta en nuestro país.

Para justificar ese peligroso cambio de política, tanto Martinelli como Thalassinos han incurrido en declaraciones erróneas sobre Israel. No se sabe si a Cambio Democrático le interesa el plato de lentejas ofrecido por el actual Gobierno de Israel más que mantener la neutralidad que protege a Panamá y su Canal, o si sencillamente está mal informado.

Martinelli aseguró que Israel custodia a Jerusalén. La verdad es que lejos de promover la paz necesaria para que las tres religiones convivan tranquilamente, funcionarios del Gobierno de Israel, organizaciones independientes y colonos judíos hacen lo opuesto. Según informaron el diario Haaretz el 27 de septiembre de 2009 y el diario inglés The Guardian el 3 de noviembre de 2009 se están tomando medidas para desalojar a la población musulmana de la sección oriental de Jerusalén donde han vivido tradicionalmente. Tristemente, la gran Jerusalén está asediada por peligrosos fanáticos, opinó el destacado político y comentarista Avraham Burg en un amargo reproche al primer ministro Netanyahu y al alcalde de Jerusalén Nir Barkat publicado por Haaretz el 7 de marzo (http://www.haaretz.com/hasen/spages/1154537.html).

Tanto Martinelli como Thalassinos han asegurado que Israel no fue representado en la confección del informe recopilado por el juez judío Richard Goldstone sobre el ataque que Israel inició contra Gaza en diciembre de 2008. La verdad es que el Gobierno de Israel rehusó tajantemente colaborar con la investigación del emisario de las Naciones Unidas, decisión que Haaretz tildó de imprudente.

Además, el Informe Goldstone condenó tanto a Hamas como a Israel por las atrocidades cometidas antes y durante la operación Hierro Fundido, y en sus conclusiones recomendó a ambas partes que hicieran una investigación independiente (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32057&Cr=palestin&Cr1). Sin embargo, desde que fue emitido el informe, el Gobierno israelí ha desatado contra Goldstone, a quien antes alababa por su indudable integridad, una feroz campaña a la cual hacen eco gustosa pero incautamente quienes quieren congraciarse con Israel.

Ayudará muy poco a Israel el apoyo que recibe del gobierno de Martinelli a cambio del mentado plato de lentejas y algunos dulcecitos más, pero a los panameños nos puede costar muy caro.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Consulta popular

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

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JOSÉ I. BLANDÓN C.

El presidente Ricardo Martinelli propuso establecer un mecanismo de consulta popular para varias iniciativas del Ejecutivo. En una estrategia audaz, el gobierno primero lanzó la idea de la unidad con las diversas fuerzas en el país para abordar temas puntuales y ahora somete a la opinión pública la idea de realizar, vía referéndum o plebiscito, temas que requieren de consenso para su aplicación.

Las reacciones se dieron de inmediato y, nuevamente el manto de la duda se apodera de los dirigentes de la oposición y de ciertos sectores de la sociedad civil. Lo cierto es que en nuestro país, los mecanismos que tradicionalmente ha utilizado el Estado para relacionarse con la sociedad, han sido marcadamente de intermediación. Es decir, se llega a la sociedad a través de organizaciones que tienen la misión de representar sectorialmente a la población, tales como los partidos políticos o las llamadas organizaciones no gubernamentales para citar algunas.

Durante las dos últimas décadas de democracia, hemos venido presenciando la aparición de una crisis en la que ha entrado el diálogo que se sostiene entre gobernantes y gobernados. Crisis que es el reflejo de la pérdida de credibilidad en que están inmersos los partidos políticos y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales.

Es por ello que estamos asistiendo al rompimiento del Estado monopolista del poder, para pasar a un Estado que contribuya a la articulación de esfuerzos sociales en procesos conjuntos con la sociedad. Esta transformación propicia que los instrumentos como la consulta pública a través del referéndum o el plebiscito se privilegien o surjan cada vez más, como métodos efectivos y directos de vinculación para la aplicación de una estrategia política.

Esta iniciativa del gobierno inmediatamente ha planteado las siguientes interrogantes: ¿Cómo consultar a una sociedad compleja y tan diversa como la panameña?; ¿Es la consulta pública una herramienta que puede legitimar la agenda del gobierno?; ¿Cómo garantizar una adecuada representatividad para escoger los temas de la consulta?; ¿Cómo financiar la campaña del referéndum o plebiscito?; ¿Serán vinculantes las decisiones que se tomen?; ¿Respetará el gobierno el resultado de la consulta?; ¿Cómo se garantizará la participación de los partidos de oposición?; y ¿Están dadas las condiciones políticas para una consulta de este tipo?

La experiencia nacional e internacional indica con claridad que la democracia requiere de formas directas para comunicarse con el pueblo. Panamá ha realizado a lo largo de su historia muchos referéndums, que han permitido abordar temas de alta complejidad. El último fue el referéndum sobre la ampliación del Canal de Panamá.

No hay la menor duda de que las iniciativas de la unidad nacional y la de la consulta popular han sorprendido a las fuerzas políticas del país. Independientemente de los temores, dudas, recelos o suspicacias, estas dos propuestas abren un nuevo camino para el entendimiento nacional y sería insensato dejar pasar la oportunidad para perfeccionar nuestra democracia. Cuando la política es el arte de las posibilidades, el deber de todo ciudadano consciente es crear las posibilidades.

La consulta pública históricamente en nuestro país ha permanecido como una herramienta utilizada para cuestiones meramente electorales, pero poco o nada se ha empleado para la formación de políticas públicas o, para la integración de la agenda de gobierno.

Aún suponiendo que las condiciones sociopolíticas están dadas para llevar a cabo exitosamente esta consulta que propone el gobierno, que la alternancia del poder ha sido favorable al desarrollo de este mecanismo de participación, que la sociedad panameña en su conjunto ha tomado conciencia cívica del grado de responsabilidad que tiene en la gestión gubernamental y que existen condiciones económicas para financiar esta iniciativa, debemos atender los obstáculos que de manera práctica se presentan al realizar este tipo de consulta popular.

En esta coyuntura que vive el país, los dirigentes políticos deben tener una clara concepción teórica práctica de la necesidad de crear nuevas formas de lucha política. Al hacerlo estaremos revitalizando el sistema partidario, dándole sentido a la participación de la sociedad y como consecuencia fortaleciendo el sistema democrático.

Entiendo perfectamente las preocupaciones y dudas de los dirigentes políticos y civiles, pero ello no debe ser obstáculo para que analicemos con alto sentido patriótico estas iniciativas. Independientemente de los objetivos del gobierno, una consulta popular siempre arroja la verdad sobre lo que quiere el pueblo y eso es lo importante.

El gobierno deberá definir en las próximas semanas, con claridad, el contenido de su propuesta y es en ese momento en que debemos entrar a debatir la misma y perfeccionarla, de suerte que el esfuerzo valga la pena. Panamá tiene la oportunidad ahora de consultar sobre los cambios constitucionales, la reforma educativa, la reforma sanitaria, entre otros temas.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El rostro antes del 68

La opinión de la Comunicadora Social

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Maribel Cuervo de Paredes

Este 11 de octubre se escucharon más voces y se publicaron más opiniones sobre lo que ocurrió con el golpe de 1968. Todos sabemos cómo cambió el rumbo de nuestro país después de ese trágico día. Sin embargo, observo cómo cada año se intenta soslayar el debate público que aborde, con rigurosidad y transparencia histórica, las corruptas y asquerosas conductas que predominaban en la sociedad panameña antes de 1968. ¿Se huye de una autocrítica? ¿O se tiene vergüenza a mencionar que los de antes siguen siendo los de ahora? ¿Hay cobardía para admitir que por intereses personales, profesionales, económicos, sociales o políticos se ha pactado en uno u otro grado, con quienes también fueron artífices de la desgracia que hoy tenemos? ¿Juega vivo o selectiva crítica?

Pareciera que para algunos la descomposición social que hoy nos resulta insoportable e inexplicable tiene su génesis -sólo- en los hechos históricos de aquel octubre de 1968. Centrar en ese nefasto acontecimiento, la seria y compleja fractura social que hoy nos agobia, sería deshonesto y mentir en forma ruin. Pero también es deshonesto matizar, maquillar y, ¡válgame Dios!, justificar, con inexistentes bondades, los 21 años de oscurantismo, falta de libertades, represión, muerte y corrupción que, con el imborrable sello de la dictadura militar, tendrá para siempre nuestra historia republicana. Ni lo que pasó después de octubre puede enorgullecerme como panameña, ni la forma como se repartían los recursos de mi país, antes de octubre del 68 tienen mi respeto y aceptación. Por eso, aprecio las publicaciones que revelan la corruptela, el aprovechamiento, el chantaje, la manipulación del rostro nacional que existía antes de octubre del 68 y que permiten hilvanar ese pasado con el presente.

El distinguido abogado doctor Humberto E. Ricord en su libro Los clanes de la oligarquía panameña y el golpe militar de 1968 al registrar actores y circunstancias que se vivían antes de octubre del 68, nos señala que “la clase capitalista de Panamá, que es propietaria de los instrumentos de producción, incluye una alta proporción de nacionales y al mismo tiempo una fracción de extranjeros… económicamente, los capitalistas panameños se han concentrado tanto, que no resulta exagerado afirmar, porque ha sido demostrado claramente, que el poder económico es monopolizado por 20 familias… los grupos de familias que controlan la actividad económica panameña… tienen plena conciencia de lo que significa, para el ensanchamiento de sus fortunas, el usufructo del poder político. De ahí que sus contradicciones económicas internas se agudicen a propósito de la periódica sucesión presidencial, pues la Presidencia es el eje de control político. Todas las formas lícitas e ilícitas, de procurarse fabulosos ingresos, son puestas en práctica, desde las alturas de la Presidencia de la República, desde los ministerios, desde las instituciones autónomas.

Por ello, los clanes de la oligarquía organizan y dominan los partidos políticos, tejen y destejen alianzas entre ellos; porque esos partidos les sirven de instrumentos para la captura del poder. Cada cuatro años, montan el aparato de una elección nacional, como vía y método de aquella ocupación. Para alcanzarla, invierten muy fuertes sumas de dinero (propaganda, mantenimiento de cuadros electorales, sobornos, etc.) o emplean la burocracia oficial y los dineros fiscales para poner en marcha la maquinaria política… los procesos electorales panameños siempre han obedecido a los rejuegos políticos de estos grupos y subgrupos oligárquicos, todopoderosos social y económicamente. Y como el interés económico es el predominante en ellos, todo lo demás (moral, principios políticos, orden jurídico, etc.) queda subordinado por completo a sus acuerdos y desacuerdos de millonarios”.

¿Cambió la mentalidad de los actores y sus herederos o siguen manejando nuestro país, en lo privado como en lo público, con los mismos parámetros de mezquindad y egoísmo? ¿Abandonaron la idea de explotar nuestros recursos y de priorizar sus intereses económicos y políticos por los del país? ¿Transformaron socialmente Panamá? Si fuese así ¿por qué tenemos casi 50% de pobreza? ¿Por qué reina la corrupción y hasta distinguen, política y socialmente, la impunidad? ¿Por qué los de antes del 68 piensan que combatir la pobreza se reduce a imitar el patético papel de Santa Claus con entregas de leche, colchones, libros, becas y zapatos o cualquier otra cosa que alivie su peso moral de fin de año? ¿O será que la oportuna acción de donar permite ocultar sus exorbitantes ganancias? ¿Por qué los de antes y los de después del 68 no han hecho un pacto nacional para eliminar todas las formas de privilegios, exoneraciones, prebendas y formas de aumentar sus riquezas y, además, tributan de la misma forma rígida que se le exige al pueblo? ¿Qué ha cambiado?

Antes y después del 68, Panamá ha sido gobernada y explotada por unos cuantos que piensan que el país es su propiedad. Ayer como hoy asfixian las oportunidades del pueblo panameño, incrementan sus riquezas y mantienen un peligroso secuestro de nuestra democracia. Usted, como yo, los conoce. ¡Atrévase! a ponerle nombre y apellido al rostro de antes del 68 cuya arrogancia y abuso de poder de hoy los induce a jugar con fuego.

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Artículo publicado el 18 de octubre de 2005 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Poner fin a la violencia contra la mitad de la Humanidad

La opinión de la Abogada especialista en Género y Derecho Penal….

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HAYDÉE MÉNDEZ ILLUECA

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el 8 de marzo, vale la pena pensar en la urgente necesidad de que tanto hombres como mujeres se unan para ponerle fin a la violencia y la discriminación (porque la discriminación es una forma de violencia) en contra de las mujeres.

La violencia contra la mujer es un grave problema de salud pública que es tema de Estado: pobreza, discriminación laboral, salarial, social, religiosa y en los servicios públicos de salud; desigualdad política y educativa; violencia sexual y maltrato judicial— en fin, todo lo que pone en desventaja a las mujeres con respecto a la otra mitad de la población.

Esperemos que en este Siglo XXI, que se ha llamado El Siglo de La Mujer , sea liberada por fin de su jaula la paloma de la libertad femenina y la veamos surcar los cielos, libre y orgullosa. La nueva manera de ver la vida, el enfoque de género, es una filosofía que despierta tanto en hombres como mujeres la conciencia de que el género es una estructura de opresión social para ambos sexos.

Mis felicitaciones a las mujeres en nuestro día. Ojalá que jamás permitamos que nadie nos esclavice; que nuestros ojos nunca derramen lágrimas por alguien que nunca nos hará reír; que jamás desperdiciemos nuestro tiempo con alguien que nunca tendrá tiempo para nosotras. Que nadie nos hable a gritos —si nos han de hablar, que sea con amor. Que jamás permitamos vivir angustiadas en la dependencia de un hombre que nos haga creer que nacimos inválidas y sin iniciativa. No perdamos jamás nuestra dignidad de ser mujer.

Feliz Día Internacional de la Mujer a todas: que pronto alcancemos la libertad y el amor merecidos.


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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

La degradación de lo jurídico

La opinión del Catedrático de Derecho Constitucional…..

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Miguel Antonio Bernal

La lucha del constitucionalismo contra el ejercicio irracional del poder, es también la lucha de la democracia contra la autocracia. Es la lucha por el Estado de Derecho contra la degradación de lo jurídico, contra el control de la dignidad humana.

Cabe entonces destacar, de inmediato, la urgencia ciudadana de promover el constitucionalismo, mecanismo básico para el control permanente y la racionalización del ejercicio del poder.

De nuestros días, cuando hablamos de Estado de Derecho, tenemos que ser claros en precisar que se trata para nuestro siglo, del Estado Constitucional, “cuyo fundamento es doble: la soberanía del pueblo y la dignidad humana”.

La Constitución entonces, no puede convertirse en un medio para legitimar la concentración del poder. Caminaría en sentido contrario al constitucionalismo y lejos de racionalizar el ejercicio del poder hace aun más arbitrario su ejercicio.

La degradación de lo jurídico, es uno de los principales comportamientos de la autocracia y del cesarismo, que se manifiesta a través de su permanente proclividad de confundir lo jurídico con lo político y viceversa. Por lo general, se recarga lo jurídico de conceptos ajenos a su dominio y proyecciones, para someterlo así a una sumisión al poder político que lo va degradando para impedirle que sirva de instrumento de control, de limitación, de vigilancia del poder.

Se descarta la posibilidad de darle vigencia a un verdadero orden jurídico constitucional, a través de la aplicación de “soluciones políticas” ajenas a la Constitución y al Estado Constitucional para posponer la vigencia y actualización del mismo, para divorciarse olímpicamente de la legitimidad, envueltos en una capa de legalidad que le brindan los “razonamientos jurídicos” de un Órgano Judicial bajo control.

Interviene la degradación de lo jurídico, desde el momento en que el Derecho pierde su generalidad y se le va otorgando a cada grupo una ley particular que sirve de elemento desintegrador, acompañada por lo general de privilegios o prebendas. Es la feudalización así el poder público, la atomización de la sociedad. De igual manera, el afán cotidiano de borrar las diferencias entre las distintas normas y jurisdicciones, al punto que los reglamentos desbordan la Ley y, esta, desborda la Constitución, la cual a su vez, es desbordada por el poder del yo supremo.

Como bien describe Sáchica: “Lo jurídico degenera en tramitología, en cartabón, en rutina burocrática, en formalidades, en solemnidades, en requisitos, en requerimientos, en licencias, en permisos, en autorizaciones, sin que se pueda dar un paso que no requiera su formalización jurídica so pena de quedar al margen de la ley, como un pirata que se mueve por los bordes de la normatividad. De este modo, la ciencia jurídica se ha degradado a simple oficio, operativo, recursivo, vaciándose de su contenido moral y de su sustancia jurídica. Saber derecho hoy es conocer y practicar procedimientos, lejos de toda conceptualización…”

La degradación jurídica es, hoy por hoy, el terreno favorito del autoritarismo y del cesarismo de nuevo cuño. La interminable pérdida de credibilidad en la eficacia de las leyes y los jueces, magistrados y tribunales, es solo un detalle.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.