En Defensa del Sindicalismo (Parte II)

La opinión de….

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Carlos Ayala Montero

La Libertad Sindical. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considerando que la paz social es posible si hay distribución de la riqueza y que la libertad de asociación es base del progreso, aprobó en 1948 el Convenio No. 87 sobre Libertad Sindical, concebida como la absoluta independencia de los trabajadores (y de los empleadores) para organizarse, sin ingerencias gubernamentales. Fue ratificado por Panamá en 1967.

Según este Convenio, los trabajadores pueden organizar su programa, estatutos, administración y escoger libremente a sus dirigentes, sin intervención exterior. La única limitación es la legalidad democrática o sea, las normas que protejan otra libertad más preciada por la sociedad (que no por el legislador). Las estructuras de OIT indican que para la efectiva libertad sindical debe haber un clima de tolerancia y libertades ciudadanas garantizadas como la libertad de expresión, de reunión; el derecho a la vida y a la integridad física, etc.

Panamá se ha adherido a otras normas internacionales que consagran los mismos principios. En 1966 ratificó el Convenio de OIT No. 98, sobre sindicación y negociación colectiva; También la Convención Americana de Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto de San José; el Protocolo de San Salvador y la Carta Democrática Interamericana entre otras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Panamá en 2001 a pagarle a 270 trabajadores indemnización por violación de sus derechos humanos laborales, contenidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador.

En 1998, OIT (Panamá incluida) adoptó la declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, en la que se consigna que el primero de estos derechos fundamentales es la libertad sindical (el derecho de todos los trabajadores a organizarse). En 2008, Panamá (el país, no el gobierno), presidiendo el Consejo de Administración de OIT, ratificó su compromiso de respetar, defender y promover los derechos fundamentales, entre ellos la libertad sindical. El derecho de sindicación lo describe el artículo 68 constitucional pero adolece de un pecado original al facultar al Organo Ejecutivo para otorgar la personería jurídica de los sindicatos, lo que limita el concepto de libertad sindical que maneja OIT.

Muchos partidos políticos han intentado controlar los sindicatos desde 1904 hasta hoy; el liberal; el comunista; el socialista; el demócrata cristiano; el PRD; el arnulfista, etc., pero ha sido efímero porque los intereses partidarios suelen colisionar con los de los trabajadores, o su supeditación extrema, rompe esos vínculos.

En 1970 nació CONATO como estructura de coordinación del movimiento sindical; en 4 décadas sirvió de punto de coordinación y de desencuentro; de armonización y de atomización del sindicalismo panameño, esto último promovido por los enemigos del sindicalismo y de los trabajadores. Hoy debe replantearse su papel desde la perspectiva de los trabajadores y no de la administración del Estado, respetando la libertad sindical.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Se justifica la propaganda estatal?

La opinión de….

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Alfredo Spiegel Calviño


Hemos leído que el Gobierno, según la Secretaría de Comunicación del Estado, tiene previsto invertir 22 millones de balboas en publicidad este año y pregunto: ¿se justifica cualquier erogación para tratar de convencer a la ciudadanía de que las acciones del Gobierno han sido beneficiosas para el pueblo?

Siempre me he preguntado: ¿por qué el Gobierno debe hacerse propaganda o el Banco Nacional o la Caja de Ahorros o cualquiera institución del Estado? ¿Será para comprar a los medios de comunicación? Si la ejecutoria del Gobierno es buena, la propaganda será completamente gratis, pues siempre será noticia. Ahora, si el Gobierno solo quiere oír alabanzas y lisonjas, definitivamente que tendrá que pagar ¡con nuestros impuestos!, claro.

Aprovecho y hago un paréntesis para felicitar a La Prensa por cumplir lo que predica al no aceptar la publicidad estatal por contratos directos. Como sus directivos lo expresaron: “si aceptáramos negociar una contratación directa, iríamos en contra de lo que profesamos”.

Se entiende, perfectamente, que el pagar impuestos sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal para consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad.

“El impuesto es una clase de tributo (obligaciones, generalmente, pecuniarias en favor del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración (acreedor tributario). Surge, exclusivamente, por la “potestad tributaria del Estado”, principalmente con el objeto de financiar sus gastos. Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y/o empresas tienen que pagar para financiar al Estado. En pocas palabras, sin los impuestos el Estado no podría funcionar, porque no tendría dinero para pagar a los funcionarios, el transporte, etc.

Sin embargo, esto no siempre es tenido en cuenta al imponer impuestos u otra clase de tributos debido a que se priorizan otras causas, como pueden ser las de aumentar la recaudación o disuadir la compra de determinado producto o fomentar o desalentar determinadas actividades económicas.

Entre las reformas tributarias que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Nacional está el aumento del 5% al 7% del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios. Aunque el Gobierno diga que se dará una rebaja sustancial en el impuesto sobre la renta, al final todos quedaremos pagando el aumento del 2%. Según los entendidos en la materia, toda la población se verá afectada con este incremento. Se estima en 200 millones de balboas la recaudación por el aumento adicional del 2% del ITBMS.

Yo estaría de acuerdo si el aumento de impuestos se diera en los cigarrillos y el licor, porque no son una necesidad y se podrían clasificar como artículos de lujo. Con ello sí se aplicaría el concepto de que el que más tiene o le sobra pagaría más impuestos, ya que al elevar el precio de estos productos, los de menos recursos se verán disuadidos de su compra y, al final, tal vez la recaudación sería mayor. Al mismo tiempo, si el Estado decidiera no gastar 22 millones de balboas en propaganda estatal, se obtendría una ganancia adicional que le evitaría al pueblo asumir el incremento del 2% en el ITBMS.

El argumento que dan es que en otros países el impuesto similar al ITBMS es del 15% o más, y que porque aquí es menos, debemos agradecer y consolarnos… pero como bien dice la sabiduría popular: “mal de muchos, consuelo de tontos”.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El voto de Panamá en la ONU

La opinión del Embajador y Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas

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PABLO A. THALASSINÓS

Durante la 64ª sesión actual de la Asamblea general de la ONU, Panamá votó cinco resoluciones a favor de Palestina, y 10 resoluciones a favor de Israel, o sea, 34% a favor de Palestina y 66% a favor de Israel. El año pasado, con el gobierno anterior, en la 63ª Asamblea, fueron 0 a favor de Israel y 15 resoluciones a favor de Palestina. En el pleno y en las comisiones de las Naciones Unidas, se han presentado más de 235 resoluciones en contra de Israel, por parte de los países árabes, tanto moderados como fundamentalistas. En ningún momento se consideró si era “justo” para Israel o para Palestina. Se presentaban las resoluciones y se votaba, con el consabido prejuicio en contra de Israel.

El gobierno panameño actual, presidido por el Excmo. Sr. Ricardo Martinelli, junto con su canciller, Juan Carlos Varela, decidió evaluar profundamente el contenido de las resoluciones. Panamá no iba a votar porque la mayoría así votaba, sino que responsablemente, tomando en cuenta el contenido real de las resoluciones. De allí que votamos también por los Palestinos, en las Comisiones II, IV y el Plenario. El viernes 26 se presenta nuevamente una nueva resolución sobre el informe Goldstone, algo mejorado, pero también condenando a priori a Israel.

Este nuevo proyecto, en seguimiento de la resolución del 5 de noviembre de 2010 sufre de la misma carencia de objetividad. Por lo tanto, el voto de la República de Panamá ha sido en contra, y seguirá estando en contra de un documento sin consideraciones de debido proceso.

La presente resolución aprobada, nuevamente e igual a los párrafos operativos 3 y 4 de la resolución anterior, insta al Gobierno de Israel y a la Autoridad Palestina a realizar investigaciones “ independientes, fidedignas y conformes a las normas internacionales ” sobre las alegadas violaciones del derecho internacional humanitario. La República de Panamá está completamente de acuerdo con estas justas peticiones.

Sin embargo, el problema yace en el hecho de que ambas resoluciones prejuzgan los resultados de las investigaciones que deben realizar tanto el Gobierno de Israel como la Autoridad Palestina. Según este documento, ambas partes del conflicto han sido declaradas culpables de antemano, sin el equilibrio que requiere esta delicada materia.

El texto de la resolución se adelanta a los hechos. Es lógico que esta condena prematura jamás resultará en lo que todos anhelamos: un proceso de paz que aborde la ley internacional, y que respete el derecho de ambos pueblos a vivir en paz, seguridad, justicia y armonía.

Panamá ha respetado, en toda ocasión, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y defendido las normas y principios pertinentes del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, Panamá jamás trivializará su posición en un caso que no busca lo que es correcto y justo.

Que quede perfectamente claro: Este voto no va en contra de nuestros hermanos palestinos. Tampoco es un voto a favor de nuestros hermanos israelíes. Este es un voto a favor de la justicia y la imparcialidad.  Y así lo hicimos saber en el Pleno de la Asamblea General, al sustentar nuestro voto. Por eso reiteramos nuevamente que el proceso de investigaciones debe ser justo, objetivo y fidedigno. Es por esto que el gobierno de Ricardo Martinelli y la República de Panamá han votado en contra de la resolución y votará siempre en Justicia.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más plata… ¿Para qué?

La opinión del Expresidente de la SPIA….

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Abdiel Cano G.

Dice el viejo dicho que “la costumbre hace el hábito” y en Panamá, esta frase cobra singular importancia pues cada cinco años, los ciudadanos debemos someternos a la angustia emocional y paralización a la cual nos somete el Gobierno de turno, aún antes de cumplir su primer año de mandato, con la propuesta de una nueva Reforma Tributaria. Varias son las razones que esgrime cada Gobierno para vendernos las bondades de su reforma, sin embargo, ninguno ha sido capaz de indicarnos ¿hacia dónde vamos como país, cuáles son nuestras metas y objetivos?, o de explicarnos ¿por qué razón no tenemos una institucionalización de un modelo de desarrollo económico, planes, programas y políticas?, lo cual conlleva a que cada lustro tengamos que “rehacer” el país, con las consecuencias nefastas y de atraso que esto implica.

No nos engañemos, el objetivo final de las últimas reformas tributarias, incluyendo la propuesta actual, no ha sido, ni será mejorar las condiciones del panameño o disminuir la inequidad; por el contrario, su objetivo era y es generar mayor cantidad de dinero al Gobierno para seguir gastando a manos llenas en su agenda política particular y mientras tanto, continuamos con la ausencia de rendición de cuentas, se mantiene la ineficiencia en el gasto gubernamental, la impunidad se incrementa y se mofa de nosotros ante la mirada impávida de una Justicia fuertemente cuestionada.

Actualmente, nos encontramos inmersos en la discusión de una nueva propuesta fiscal y continuamos cometiendo el mismo error del pasado, en el sentido de solamente ver el árbol y no el bosque en su conjunto, ya que cuestionamos los pro y contra de la reforma, si afecta o no a determinados sectores, cuando realmente lo que debemos analizar es si hace falta una medida de esta naturaleza, pues dinero en las arcas estatales existe, lo que sucede es que es mal utilizado al mantener privilegios escandalosos, financiar el clientelismo político con la planilla estatal, incrementar el paternalismo gubernamental, nombrar familiares y allegados con altos salarios, etc.

¿Cómo podemos aceptar una medida que va en detrimento de nuestra calidad de vida, que basa el peso de la misma en el segmento de bajos ingresos de la población y en los detentores de renta fija, como son los jubilados, si el Gobierno actual pisotea la Constitución y su estrategia está encaminada a una mayor concentración de poderes, mientras el “cambio” prometido se ha concentrado en el cambio de nombres y personas en la “nomenklatura” y los vicios perniciosos del pasado aún se mantienen?

Señores del Gobierno, Ustedes quieren más plata y nosotros cuestionamos… ¿para qué? Ustedes quieren imponer una Reforma Tributaria, nosotros queremos un país próspero, con valores, justicia social, con un norte claramente definido y rendición de cuentas; exigimos un alto al atropello, la sinverguenzura, la corrupción, impunidad y pestilencia que emana de la clase política… porque en este país “los decentes somos más”.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El miedo a la inseguridad

La opinión de….

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Marta Cecilia Pérez C.


Según la conocida pirámide de Maslow, la seguridad es la segunda necesidad de los seres humanos, solo le preceden las necesidades fisiológicas por razones obvias. El sentido de seguridad, definitivamente, es relevante para todos los seres humanos.

Recuerdo la penúltima vez que sentí miedo a la inseguridad en mi país. Era muy joven, pero recuerdo los tiempos de la dictadura en donde ese miedo no era por ladrones o asesinos de la calle (que tengo que reconocer que casi ni se veían), sino por miedo a hablar, a expresarme libremente. Ese miedo lo recuerdo perfecto, porque fue la primera vez que sentí mi vida amenazada de alguna manera. Desde ese entonces, no había vuelto a sentir esa inquietud tan grande hasta ahora.

Y es que ya a las personas que asaltan, secuestran o matan no son seres extraños en la televisión, son gente que vive cerca de nosotros, ya sea en el hogar o en el trabajo. Todo el mundo tiene un cuento de alguien cercano a quien algo le ha pasado. Las cadenas de correos electrónicos ya no son de oraciones (que siempre caen bien) o de mensajes motivadores, son de cómo defenderse ante un asalto, cómo tomar precauciones para evitar robos, etc.

Las barriadas hacen reuniones para ver si colocan una garita de seguridad, si colocan alarmas en las casas o si reactivan el programa de los Vecinos Vigilantes. Todos los días amanece con una nueva historia de robo, asalto y, desafortunadamente, de muerte.

¿Cómo hemos llegado hasta donde estamos? No lo sé, lo que sí sé es que el problema es de todos y me da miedo pensar que el tiempo sigue pasando y que ya vemos como normal todo lo que sucede o, simplemente, nos comparemos a otros pueblos hermanos que “tienen más muertos diarios”.

Sigo siendo fiel creyente de que en el hogar está el centro de todo. Hay que revisar qué tipo de niños estamos educando y en qué clase de adultos se convertirán, según los valores que les estamos proporcionando. La sociedad civil ha tratado de hacer un esfuerzo y hay asociaciones para fomentar la paz, eso es buenísimo, pero creo que muchas más (de las que ya están formadas y son reconocidas en el país) deberían unirse a la causa. Tenemos que demostrar como sociedad civil que no queremos convertir a Panamá en un país en el que no se pueda vivir.

Todos tenemos responsabilidad en el pastel, a pesar de que unos le quieran echar la culpa a otros. Los medios deberían fomentar aún más las campañas pro paz y seguridad, porque todo el mundo, de una forma u otra, está en contacto con los medios. Lastimosamente, lo que más vende en nuestro país es saber quién fue el muerto del día y la historia que hay detrás, por eso los programas o los diarios que albergan este tipo de noticias son los que más se venden; ello demanda una responsabilidad por parte de este importante gremio.

El Gobierno no tiene toda la responsabilidad, pero sí una importante parte del pastel. ¿Estarán haciendo suficiente? Señores gobernantes, considero que este es un problema prioritario que se debe atender antes de que se nos salga de las manos. Nunca he visto una campaña del Gobierno sobre seguridad. Hay que revisar lo que está haciendo la Policía y lo que no funciona cambiarlo, mejorarlo, ver la experiencia de otros países en este sentido. No estoy en contra de los militares en este negocio de la seguridad, al contrario, pienso que cada quien tiene su especialidad.

Soy una fiel defensora de los derechos humanos; sin embargo, considero que si alguien atenta contra la seguridad de otra persona la consecuencia lógica es que sea castigado. Hay que revisar leyes de menores y adultos.

Realmente, es un trabajo de todos. No nos toca culpar a uno ni a otro, sino ver qué puedo hacer yo como individuo, como ciudadano de este país, como padre, como empresario y como gobernante.

Quizás expongo más de lo mismo en este tema, pero considero la seguridad como un asunto de primer orden en estos momentos. En algunos países, los ciudadanos se encierran a las 7:00 p.m. por la enorme inseguridad, ¿tendremos que llegar a esos extremos?

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Contra nuevos impuestos

La opinión de….

MARCIA DEL C. ALFARO P.

Nuestros gobernantes se caracterizan por su creatividad para inventar nuevos impuestos y terminar con lo poco que queda de la clase media, proceso que empezó desde los tiempos dictatoriales y que no se detiene aún. Empero, tengo algunas sugerencias que, si nuestro creativo presidente las siguiera, ayudarían en gran forma a todos a tener una mejor vida y al Estado A captar más dinero.

Por ejemplo, si se aplicara la existente ley que prohibe “ hacer aguas en las vías públicas ” a aquellos (no he visto aquellas) que se orinan a todas horas y en los sitios más ostensiblemente públicos, estoy segura de que una cuantiosa suma se recogería a diario. El varón panameño por lo general padece o de una próstata prematuramente inflamada, o riñones muy activos, o uréteres cánidos o vejigas haraganas. Esto lo obligaría a buscar atención médica en lugar de exhibir sus pequeñeces.

Los que a veces viajamos al interior, notamos que la vía Panamá-Arraiján es el urinal más grande del mundo, seguido muy, muy de cerca por las vías de acceso del Puente Centenario (la dupleta). Además, cualquier construcción que tenga un rinconcito o cualquier arbolito, no importa cuán escuálido, sirve para “ hacer aguas ”, siempre de pie, nunca de rodillas.

Si también se multara a panameños aquejados de ácaros, garrapatas, pulgas, phthiriasis en sus partes semiprivadas (digo “ semi ”, porque no existe el menor reparo en hacerlo) que los obliga a rascarse continua, impúdica y violentamente, bastante dinero se recogería y a la vez se les enseñaría a los afectados a bañarse mejor o, por lo menos, a usar un buen insecticida. Amén de evitar dar mal ejemplo a los pequeñines.

Si se multara a los escupidores, gargajosos y similares, se recogería aún más dinero. Esta desagradable y viscosa costumbre parecería algo difícil de erradicar, tan convencidos están los practicantes —o enfermos— de lo necesaria que es, sin importarles la repartición de gérmenes, bacterias y virus que dejan a su paso. Pero con buenas multas que ataquen al bolsillo de estos deportistas —ya hasta parece ser deporte nacional— por poseer el panameño glándulas saliváceas superdotadas, e inagotables, dignas del Guinness. Aquí sí podría decirse que nos llegó la liberación femenina, pues ambos sexos se disputan por la supremacía de ese dudoso honor.

Por último, si se multara a los que arrojan desperdicios (papeles, botellas y utensilios de plástico, latas, aros de cerveza, pañales desechables que Madre Natura se demora milenios en absorber), no habría necesidad de crear nuevos impuestos y de paso educamos al ciudadano cochino, al porcus bipedus panameño, para que aprenda buenos hábitos, sino a las buenas, pues, a las malas y que pague.

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Que el Estado diga algo

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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Silvio Guerra Morales

No puede ser cierto que tan solamente se hable, en grado de críticas serias, de la instrucción que se dicta en los colegios o escuelas públicas y que nada se diga de aquella que se dicta en los llamados colegios o escuelas privados. Que de la primera tanto se cuestione la deficiente formación de los muchachos en materias como ciencia, matemáticas, física, química, etc., y que se dé a entender que solamente en los colegios privados es de donde los estudiantes salen bien preparados.

De las escuelas públicas también se ha criticado la incapacidad para sembrar y hacer germinar valores en los estudiantes que les permitan, en el futuro, ser hombres y mujeres rectos y verticales y que tan solo de las escuelas privadas se exalte el altruismo social, humanístico, la formación cristiana, etc. En fin se pueden decir muchas otras cosas en aras de comparar, pero no es el objetivo del presente artículo.

Siendo que las escuelas públicas están en manos del Estado y que es su Ministerio de Educación el ente Máximo y rector de la enseñanza pública, qué es lo que podríamos decir de los colegios privados? Pues, sencillamente, que la regulación y la fiscalización por parte del Estado, en dichos centros educativos, es bastante etérea por no decir que epidérmica.

Me comentaba, en días pasados, un padre de familia que al ir a retirar los libros de su acudido a una de estas escuelas “privadas”, le hicieron entrega de quince -15- libros y que el costo de todos esos libros –algunos ya usados- estaba en el orden de casi ochocientos dólares. Esto, desde luego, no es un asalto a mano armada, sino un claro aprovechamiento y perverso usufructo del tesón y esfuerzo que hacemos muchos padres para mandar a nuestros hijos e hijas a dichos centros escolares, precisamente en atención a algunas de las cosas que indico en líneas anteriores.

Ahora bien, entendemos que los colegios particulares no son subvencionados por el Estado, pero cabe advertir que el carácter privado de la enseñanza no puede, de ninguna manera, jamás, conducir a la expoliación o al atraco por parte de sus dueños o directivos frente a padres y madres que son vistos como cajitas de alcancía o como libretas de cuentas de ahorros a las cuales hay que sacarle hasta el último centavo. ¡No puede ser!

Algunos colegios cobran la matrícula en 60, 70, y hasta 300 o 400 dólares al mes – se me ha informado que algunos cuestan mucho más- , y pregunto, a qué se debe tanta diferencia?. Acaso se diría, entre otras cosas, que a las estructuras o la formación de los docentes, etcétera y más etcétera.

No, simple y sencillamente, no puede ser que esto se siga dando en este país y que haya una actitud de piratería, de filibusterismo, hacia cientos y cientos de padres y madres a lo largo y ancho de nuestra geografía y que sienten que son objetos y sujetos de expoliación sin límites. ¡Es hora de que el Estado diga algo, por favor!

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Artículo publicado el 12 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.