La herencia del ‘Army’

La opinión de…..

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Juan Méndez


Siendo José Miguel Alemán ministro de Relaciones Exteriores (1999–2003), el Gobierno de Panamá llevó a cabo la justa, digna y obligatoria labor de reclamar a Estados Unidos la remoción de la peligrosa contaminación militar abandonada por el ejército de ese país en territorio nacional. Y se lograron| avances importantes. Entre otras cosas, una propuesta para la destrucción de las armas químicas que yacen en el suelo de isla San José, y la promesa del entonces secretario de Estado Colin Powell de “hacer lo correcto” en cuanto a los explosivos sin detonar en tierra firme. Eran importantes avances desde que el Gobierno de Estados Unidos había mantenido que este era “un caso cerrado”, a pesar de que la propuesta no cumplía cabalmente con los requisitos fundamentales, y que Panamá cesó la presión para que hicieran “lo correcto”.

Son más de tres mil hectáreas en la orilla oeste del Canal que permanecen densamente contaminadas con municiones sin explotar. Hay desde bombas de dos mil 500 libras a granadas de 40 milímetros, en total se estima en los cientos de miles el número de explosivos sin detonar en Emperador, Balboa oeste y Piña.

Tal es el peligro que en una visita en 2002 que hizo el ejército americano y funcionarios del Departamento de Estado, acompañados de personal del Gobierno de Panamá al área de los llamados “polígonos”, los militares se negaban a entrar a pesar de que se recorrían zonas seguras patrulladas por vigilantes de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica. Costó un mundo llevarlos más o menos cerca de donde pudieran apreciar algunos de los nefastos pertrechos de guerra que según ellos ya habían limpiado.

En isla San José permanecen siete bombas químicas vivas, una de 500 libras y seis de mil libras, verificadas como tales por especialistas de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Estas son unas pocas que se lograron ubicar sin mayor esfuerzo durante la administración Moscoso.

Lo cierto es que el Tratado del Canal de Panamá de 1977 en el numeral cuatro, artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV, establece sin ambigüedades la obligación de Estados Unidos de eliminar las armas convencionales abandonadas en tierra firme. Y es más clara, si cabe, la Convención de Armas Químicas en cuanto a la responsabilidad de Estados Unidos de destruir las armas químicas en isla San José.

No obstante lo anterior, todo indica que en 2003 se abandonó la tarea de hacer cumplir al gobierno de Washington con su obligación jurídica y moral.

Con el cambio de gobierno en 2004 se habló de un cambio de “prioridades”, y el Ministerio de Relaciones Exteriores se volcó al logro de un tratado de libre comercio de debatibles ventajas para nuestro país.

De ahí en adelante no se oyó una palabra más de los explosivos sin detonar, los que presentan un claro peligro para la población, y que inutilizan el uso de esas tierras.   Es más, ya son algunos los millones que se ha gastado la Autoridad del Canal limpiando tierras contaminadas para efectos de la ampliación del Canal.

La pregunta cajonera es: ¿Qué haremos con la herencia del Army?

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Publicado el 7 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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