Llamado a los factores de poder y a las fuerzas vivas…

La opinión de……

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JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA

Respetuosamente invitamos a los factores de Poder y a las fuerzas vivas de la Nación a realizar una reflexión serena, sobre un proceso que atenta contra la institucionalidad de la administración de justicia.

Excelentísimo señor presidente de la República de Panamá; honorables diputados de la Asamblea Nacional; honorables magistrados y jueces que integran nuestra honrosa judicatura; ilustres juristas y litigantes que se desempeñan en nuestro medio forense; activistas y grupos de la sociedad civil; respetados conciudadanos todos: en el caso que planteo se manifiestan ilusorias la garantía del derecho a la jurisdicción efectiva y la de la eficacia del proceso que deben primar en un Estado de Derecho.

Este llamamiento, es producto de la desatención sistemática que han recibido nuestros argumentos ante el Tribunal, que ha optado por convertirse en juez y parte, propiciando una controversia ficticia para favorecer indebidamente al Estado dentro de un juicio en que no existe contradicción como consecuencia de acreditarse la falta de contestación de la demanda. Las actuaciones del Tribunal resultan indignas de los estrados donde se presume debe imperar la justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Uno mi clamor al de una gran parte de colegas y de la sociedad en general sobre una justicia que se pretende dictar en forma selectiva en Panamá.   Mis argumentos se elevan no solo por el claro derecho que le asiste a mi representado, sino por la defensa del propio centro neurálgico de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestro sistema judicial.

Entonces, ha llegado el momento, en que lejos de excusarme ante Ustedes, debo exponer la situación con la autoridad moral que me asiste; y a ello procedo mediante los argumentos que expongo a continuación.

Conviene exponer el relato del propio demandante: Julio César Lisac Jiménez , en su condición de Representante Legal de la Mina Hydro-Power Corp. , quien se dirige a los factores de poder y a las fuerzas vivas del país en un llamado de vigilancia de la gestión de los funcionarios que imparten la justicia, designados como tales para amparar a la comunidad como corresponde en un Estado de Derecho, según lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Nacional.

El drama por el que estoy pasando empezó cuando integrantes de la empresa mexicana Ideal S.A. , propiedad de Carlos Slim , en compañía de representantes de la Comisión Federal de Electricidad (entidad estatal mexicana) nos hicieron una oferta de participación en la concesión administrativa del proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina , la cual no aceptamos por parecernos irrisoria.

Entonces, sin autorización utilizaron mis estudios de factibilidad para solicitar la adjudicación de la concesión a su nombre con las mismas señas y descripciones de los planos, acto que configura un atraco a la propiedad intelectual realizado en el marco de una operación con ribetes de “ espionaje industrial internacional ”.

En consecuencia, la verdadera causa de la cancelación de la concesión administrativa objeto del proceso por este medio descrito estriba en “ las grandes presiones soportadas desde “arriba” para favorecer a grandes consorcios internacionales que quieren hacerse del proyecto hidroeléctrico sin tener que pagar nada a sus ideadores originales ”, tal como nos lo confesó personalmente el Ing. Víctor Urrutia como director general de la Autoridad de los Servicios Públicos , delante del Dr. Nicolás Ardito Barletta y del Dr. Eduardo Vallarino , profesionales de prestigio nacional e internacional quienes fungieron como asesores económicos y financieros del proyecto en mención.

Bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides se ventila el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción de la referencia, interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Panamá, y sin esperar las resultas del proceso se favoreció indebidamente con el otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico objeto del proceso, a la empresa Ideal S.A. propiedad del multimillonario Carlos Slim.

Los representantes judiciales de la ASEP dejaron precluir el término de la contestación de la demanda sin cumplir con ese requisito imprescindible para la normal tramitación del proceso, lo que hace obligante aplicar la solución judicial prevista por el procedimiento ante la falta de contestación de la demanda, según se dispone en el numeral 6 del artículo 1227 del Código Judicial.

Hemos enfrentado toda una serie de acciones que configuran un tratamiento injusto y desigual, en detrimento de nuestro derecho como demandante.   Nuestra demanda fue sometida a un riguroso escrutinio del cual según nuestros abogados, llegó a circular un proyecto para su rechazo. Finalmente, tras nueve (9) meses de agonía, finalmente, la misma fue admitida la demanda por cumplir con los múltiples requisitos exigidos por el procedimiento del caso.

En cambio, al demandado que se le precluyó el término para contestar la demanda no se le exigió requisito alguno para validar su gestión ante la Ley. Además, el acto indebido verificado en el proceso para reproducir —con negligencia grave—, tanto el traslado como la contestación de la demanda resultaron en un intento fallido ante el envío de la contestación de la demanda por fax, el día 2 de septiembre de 2008 a las 5:02 de la tarde, y según nos asegura nuestro abogado “ por resultar extemporáneo no fue agregado al expediente ”.

La interpretación que pretende subsanar indebidamente dicha omisión con el informe de conducta resulta viciada de nulidad absoluta; y deviene en una verdadera Denegación del Derecho: ¿Cuál sería el interés por el intento fallido de reproducir indebidamente la contestación de la demanda?

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Publicado el 27 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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