Todavía no hemos perdido el país…

La opinión del Abogado……

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Ramiro Guerra Morales

Recién, el presidente de la hermana República de México, Felipe Calderón, a manera de autocrítica, reconoció que la lucha contra la delincuencia organizada, no se limita simplemente al uso de la fuerza o violencia institucionalizada.  El factor policivo y militar, en esta lucha tiene que conjugarse ineludiblemente con la participación ciudadana y la sociedad civil.

En Juárez, según el presidente mexicano, la estrategia y los dispositivos de la naturaleza mencionada no estaban dando los resultados, en el sentido de generar claros signos de paz y estabilidad social.

De acuerdo con el presidente Calderón. la autocrítica pone de relieve la necesidad de ir a lo que sociólogos y criminalistas, denominan la estructura o fuente generadora de la actividad delincuencial. En ese sentido, desde una perspectiva democrática de la lucha, se hace énfasis en una estrategia que recupera para sí el trabajo social comunitario y la creación de expectativas reales y concretas para la satisfacción de las necesidades vitales del ser humano.

Se trata de un enfoque de defensa ciudadana, donde nadie se puede quedar por fuera de su implementación. En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios, los clubes cívicos, las organizaciones deportivas las iglesias, tiene que tener un espacio en la cruzada contra los delincuentes. Las autoridades tienen que llevar respuestas sociales al barrio, a las comunidades.

Todo lo anterior pasa, por concertar un esfuerzo concertado hacia la elaboración de una estrategia criminológica del estado, que sea producto de la participación de todos los actores mencionadas. Las autoridades tienen que perderle el miedo a la sociedad civil y trabajar en dirección a crear espacios donde fluya el diálogo, la consulta.

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Artículo publicado el 19  de febrero de 2010  en el diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Otra promoción inmobiliaria políticamente incorrecta

La opinión del Arquitecto…..

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Álvaro González Clare

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) promueve un proyecto inmobiliario de enorme importancia para la ciudad. Esta vez se trata del Centro Nacional de Convenciones (CN de C) que propone construir al final de la Avenida de los Poetas en El Chorrillo, sobre el relleno de una ensenada ubicada a la entrada de Amador.

Para los estudios preliminares se contrató directamente a la firma norteamericana Skidmore Owings and Merrill, tal como anteriormente el MEF contrató, de a dedo, a otra firma extranjera para que hiciera los estudios conceptuales de la torre de 70 pisos en Avenida Balboa. También ha comisionado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) los estudios de ingeniería, tránsito y vialidad para la ampliación de la calzada de Amador a cuatro carriles.

Proyectos de esta naturaleza ameritan la consideración de orden urbano integral para justificar primeramente su ubicación y luego la necesidad vial en el caso de la ampliación de la calzada.   Contrario a lo que se justificó en el de la torre del MEF, este proyecto no significa ningún ahorro para el erario público, ya que el Estado cuenta con el Centro de Convenciones Atlapa. Debe haber, entonces, razones diferentes a las financieras para sustentar estas importantes inversiones públicas, asunto sobre el cual no voy a especular.

Al día de hoy se desconoce el programa de diseño del CN de C, por lo que no voy a hacer conjeturas sobre el edificio y su costo. Sin embargo, y conociendo el sitio propuesto para la construcción resulta necesario, prudente y aconsejable hacer algunas consideraciones de aprecio urbano, tanto por el respeto que se merece la opinión pública como por las implicaciones que esta gestión tiene con el desarrollo turístico de Amador, la relación con el barrio de El Chorrillo (y su consecuente inseguridad) el Museo de la Biodiversidad, los terrenos de la Caja de Seguro Social en la península de Amador, la conexión a la cinta costera y la relación con el Casco Antiguo de la ciudad.

La península de Amador y las islas Perico, Flamenco y Naos son en su conjunto los terrenos más valiosos de la reversión pacífica, por lo que su relación con el CN de C debe ser muy acertada para no dañar aún más el maltrecho desarrollo del conjunto turístico. El concepto original del plan maestro para el desarrollo de Amador le dio a este sector valor turístico por su especial ubicación geográfica en la entrada del Canal, asignándole operaciones hoteleras y otras relacionadas a esta actividad, limitando el uso habitacional especialmente en las islas, al igual que la circulación vial en la calzada. Desacertadamente durante las dos últimas administraciones estos preceptos urbanos no fueron respetados, deteriorando gravemente el sitio debido a cambios de zonificación inapropiados, interpretaciones malogradas de normas, permisos irregulares de fondo de mar y especialmente por la cesión de terrenos del Estado que fueron donados a la Caja de Seguro Social y a la fundación del museo para que sirvieran como soluciones financieras a ambas instituciones, terrenos que finalmente terminarán siendo desarrollos habitacionales de alta densidad.

La selección del sitio para la construcción del CN de C puede afectar positivamente y mejorar la situación o podría agravar la ya muy seria situación de Amador y sus islas. Es por esto que el proyecto en cuestión no puede ser considerado una promoción inmobiliaria aislada, localizada arbitrariamente donde se le antoja a la ATP.  La selección del sitio debe aprovechar la especial oportunidad para revisar al momento de su ubicación, los problemas existentes en Amador y sus islas tales como: los grandes desarrollos inmobiliarios que van a generar las fincas asignadas a la CSS y a la fundación del museo, la afluencia de vehículos que generara el Museo de la Biodiversidad simultáneamente con los hoteles que deberán construirse en el área y el desarrollo comercial–habitacional en las islas que promoverá la ampliación de la calzada. De no llevarse a cabo de manera seria y científica lo antes dicho, presagio la repetición del modelo generado por la voracidad del negocio inmobiliario en Punta Paitilla y Punta Pacífica, para desgracia de todos los panameños.

La ubicación que propone la ATP para construir el CN de C es un grave error, al igual que la ampliación de la calzada de Amador. La oportunidad que ofrece este proyecto es única para remediar integralmente los daños causados en toda el área y reencauzar correctamente el desarrollo turístico. Resulta urgente que el Gobierno, tal como he indicado anteriormente, se apegue al orden institucional y delegue los estudios requeridos en los técnicos del Mivi y los arquitectos panameños como nos corresponde por ley, para que se logre una propuesta de orden urbano y arquitectónico con el pleno conocimiento de los problemas locales, como corresponde políticamente en un proyecto inmobiliario de esta enorme importancia.

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Artículo publicado  el 19  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Y quién cree en el cambio de los jóvenes?

La opinión del periodista…..

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YOEL  GONZÁLEZ

En los medios de comunicación, a diario, nos enteramos de noticias sobre muertos, balaceras, incidentes confusos en los que muchos jóvenes se ven involucrados, la sociedad está hastiada de tanta violencia, los medios promulgan y exigen cambios radicales en los gobernantes, pero, ¿esto sería posible con el clima que tenemos en Panamá?

La desconfianza existente al posible cambio de actitud y aptitud en los jóvenes, que por diversas razones se han visto involucrados en la delincuencia y luego inician un proceso de cambio en sus vidas, es tan distante de la realidad; porque son pocos los que apuestan a ese cambio y muy pocos los que se atreven a comprometerse con lograr concretar ese cambio en nuestros jóvenes.

Todos tenemos derecho a recibir una mano que nos ayude a salir adelante, porque todos cometemos errores, pero qué difícil es creer en la juventud, quizás eso es lo que motiva, hoy en día, a que cuando se presentan las ofertas de cambio para ellos (los jóvenes) pocos sean los que estén dispuestos a agotar esperanzas.

Para quienes vivimos en un barrio y conocemos la sed de oportunidades que tienen los jóvenes, que por falta de recursos y de ayuda no logran terminar estudios y menos conseguir un empleo, sabemos que la confianza que depositas en los jóvenes debe ir ligada a una herramienta de asistencia que permita resolver la necesidad que, en principio, puedan tener.

Si esperamos en la voluntad de las empresas privadas con eslóganes de “ Compromiso Social ” nos detenemos a ver que, algunos de ellos, solamente buscan la foto protocolar y el anuncio en los diarios locales.

Cuánta necesidad hay en mi país y cuán difícil es permitir que las oportunidades sean accesibles a todo el que lo requiere, da mucho dolor que un joven ingrese en pandillas porque en sus casas no hubo un padre responsable que lo supiera guiar, que muchos no terminen estudios por falta de recursos.

Entonces, cuando iniciamos un proyecto y buscamos ayudarlos siempre surgen piedras en el camino que hacen retroceder.

El detalle es que mantengamos nuestra credibilidad por los jóvenes y luchemos para que estos alcancen sus metas, a pesar de quienes no hacen nada desde sus elegantes oficinas con jugosos salarios y agendas de trabajo que no logran resultados concretos.

Yo sí creo en el cambio en los jóvenes, yo sí pienso que Dios existe y que con Él todo es posible.

Una pregunta para ti: ¿Tú crees en que pueda existir un cambio verdadero en los jóvenes que delinquen?

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Publicado el 19 de febrero de 2010 en el Diario   La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Planificar para avanzar

La opinión del Abogado…..

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Silvio Guerra Morales

Se ha dicho que la palabra “planificar” es fundamental en el manejo de planes, proyectos, aunque no es menos cierto que no hay plan o proyecto alguno que arribe a buen puerto si no ha existido o ha mediado, de modo previo, la debida planificación.

La planificación, se ha sostenido, cumple dos propósitos principales en las organizaciones cuales son el protector y el afirmativo. El propósito protector procura minimizar los riesgos reduciendo la incertidumbre, el desasosiego, las dudas, que rodean al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada y responsable. El propósito afirmativo de la planificación, por otra parte, consiste en elevar el nivel de éxito de la organización, se trata de redefinir conquistas y metas.

No podemos soslayar que un propósito adicional de la buena planificación es coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. No en vano se ha expresado que la planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el control.

También podemos considerar toda actividad de planificación como el tronco fundamental de un árbol imponente del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el control. No obstante, el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa y por ello hay que tomar en cuenta la naturaleza del futuro ámbito en el cual deberán ejecutarse las acciones antes planificadas.

No hay duda, luego, para considerar al Estado como una gran empresa en la que la labor de planificación es pilar clave para el desarrollo de ésta y para que así, y tan solamente así, podamos concebir el progreso individual y social de todos los que habitamos y constituimos el elemento “población” dentro del Estado.

Luego, la planificación en las cuestiones del Estado, como en la familia, las empresas, deviene en una tarea ineludible, impostergable, que nos habrá de permitir marginar o apartar todo vestigio de improvisación en las actividades, planes o programas del Estado.

Por ello, debo expresar que no podemos, en este país, seguir siendo víctimas de la improvisación: los frutos de este malestar son conocidos: desorden, tareas que se cumplen a medias, planes que nunca arrancan, proyectos frustrados, maquinarias y equipos que devienen en obsoletos, políticas ciegas en educación, salud, vivienda, en fin.

La economía política y las políticas económicas del Estado panameño demandan, a gritos, que las cosas se planifiquen y orienten hacia metas u objetivos concretos que sean cónsonos con los principios y valores constitucionales en cuanto éstos preconizan un catálogo en los que debe insertarse toda la actividad y supractividad del Estado. Esto, obviamente, habrá de depender, también, de la buena fe y voluntad de los gobernantes.

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Artículo publicado el 19  de febrero de 2010  en el diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Cuál institucionalidad democrática?

La opinión del Analista Político…..

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Antonio Saldaña

Los adversarios políticos del gobierno –cúpulas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Popular– parecieran arremeter contra “molinos de viento”. Sencillamente porque es un disparate político calificar las actuaciones del actual mandatario de la República de un “chavismo” orientado hacia la defenestración de la institucionalidad democrática, más allá del presidencialismo ejercido por casi todos los gobernantes pos invasión, con la sola excepción del presidente Guillermo Endara Galimany.

Ello es así porque tanto Ernesto Pérez Balladares como doña Mireya Moscoso y el hijo del general, durante sus respectivos mandatos adoptaron medidas políticas y administrativas para hacerse del control absoluto de los poderes del Estado. Nombraron u ordenaron denominar a contralores y procuradores, designaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral salidos todos de un selecto grupo de amigos o allegados políticos. Además de contar con una holgada mayoría en el Órgano Legislativo.

De manera que las posturas oportunistas y politiqueras de los líderes opositores reflejan más bien la falta de voluntad política (agallas) para someter al escrutinio nacional un proyecto de Nación alternativo a las políticas gubernamentales. En su lugar, recurren a un lenguaje demagógico cargado de inconsistencias, incoherencias y absolutamente incomprensible para la generalidad de los ciudadanos, sobre todo para los panameños de a pie.

No terminan de comprender –o las agendas políticas ocultas no se los permiten– que lo concreto para los hombres y mujeres comunes y corrientes son, por ejemplo, los 161 millones de balboas anuales de subsidio a la energía eléctrica y al combustible, los 92 millones de balboas para los 100 de los 70, los 47 millones de balboas para la Red de Oportunidades y los 188 millones de balboas para el programa denominado popularmente como el bono escolar.

“Soluciones” que satisfacen las expectativas de las mayorías nacionales empobrecidas en virtud de su precaria cultura política inculcada, precisamente por los “politicastros” que hoy se desgarran sus vestiduras y cubren de silicio sus cabezas, supuestamente en defensa de la institucionalidad democrática ¿Democracia para quién?

La verdad es que sí existe una diferencia abismal entre el presidencialismo de los anteriores mandatarios, el cual estuvo signado por proyectos políticos personalistas bañados por el cohecho; y el accionar del actual gobernante quien, desde una innegable perspectiva empresarial y con un marcado estilo político directo, ha exigido a las autoridades encargadas de impartir justicia, encarcelar también a los delincuentes de cuello blanco de la misma manera y con la misma diligencia con que los hijos de la cocinera son lanzados “por cualquier falta o delito a la ergástula de La Joya y La Joyita”.

Además porque trata de desarrollar un esquema de modernización del Estado para hacerlo más eficiente y una serie de medidas populistas con las cuales pretende saldar en parte los desajustes sociales o la enorme deuda social, herencia nefasta del pasado oligárquico liberal y neoliberal.

En conclusión, ni el presidencialismo, ni los afanes de reelección son criterios novedosos, ni el presidente Ricardo Martinelli es su inventor. Y mucho menos las escaramuzas presidenciales tachadas de “concentración de poder”, en el pasado reciente como tampoco en el presente, constituyen un atentado contra la institucionalidad demoliberal.

Pienso que la apócrifa preocupación de los dirigentes socialdemócratas (PRD) y demócratas cristianos (PP) vergonzantes, obedece al hecho cierto de que un político de derecha les ha arrebatado las banderas políticas populares y hoy, innegablemente, se sitúa en plena sintonía política con el pueblo, por supuesto no con los que se autoproclaman representantes de ese sufrido pueblo panameño.

¡Así de sencilla es la cosa!

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Artículo publicado  el 19  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Poder político vs poder justicial

La opinión del Docente Universitario…..

DORINDO JAYAN CORTEZ

¿Está el poder judicial fortaleciendo la institucionalidad democrática o es el poder político el que está determinando la dinámica de aquel? Proporciones guardadas, sostengo que Panamá transita por un proceso de “involución”, donde el componente judicial corre el riesgo de debilitarse y concentrarse en “otro” poder. Así lo han denunciado sectores de la sociedad civil.

La crisis toca las puertas del poder judicial y el desánimo ha sido generalizado. La sociedad civil, incluidos los partidos de oposición y la desaparecida Cruzada Civilista, denuncia el peligro que corre el régimen institucional. Son situaciones que tienen sus antecedentes en la política tradicional, siendo esta, la política, un talón por encima de la justicia.

En nuestra historia política ha existido una línea delgada entre el poder judicial y el poder político. El control político de la Corte Suprema (la Corte) ha sido de siempre. En 1905, los Conservadores a través de la Corte privan al liberal Belisario Porras de la nacionalidad, so pretexto de ser contrario a la emancipación de Colombia. Así, quedaba impedido de actuar en la política nacional. Años después, a raíz del golpe de Acción Comunal 1931, la Corte invalida la elección de los designados realizada por la Asamblea Nacional en 1930 y reconoció los de 1928. De esa manera, el Órgano Judicial decidía el rumbo de lo político, y lo político extraía de la Corte el mecanismo para imponer intereses del grupo en el poder.

Y qué decir de la crisis de 1948 con el golpe de Estado legislativo que anula las elecciones y elige presidente y vicepresidentes por encima del torneo realizado. Al final, el presidente Enrique Jiménez frustra a los golpistas con el apoyo de la Policía y el fallo de la Corte que declara inconstitucional lo actuado por la Asamblea Nacional. El oficialismo “ imponía ” a Domingo Díaz en contra de Arnulfo Arias, quien, según cifras preliminares, resultaba ganador. Al fallecer el presidente Díaz, y decidir el presidente Chanis destituir a los comandantes de la Policía, éstos disponen el reconteo de votos. El Dr. Arnulfo Arias volvía a la Presidencia y los comandantes conservaban sus cargos.

La crisis de gobierno del Dr. Arias, en 1951, surge con la derogatoria de la Constitución de 1946. La solución del conflicto fue posible —como confesó el comandante Remón— una vez se contó con la intervención de la Corte, la cual, a diferencia de 1948, falló a favor la Asamblea Nacional resolviendo como “ inobjetable el acto legislativo en el que se suspendía al Dr. Arias y se llamaba al primer vicepresidente Alcibíades Arosemena a ocupar la Presidencia ”.

El juego de lo judicial y lo político se presentó, una vez más, al juzgar la Asamblea Nacional al presidente José Ramón Guizado acusado, injustamente, de asesinar al presidente José Remón Cantera. La Corte dictaminó la constitucionalidad de la actuación de la Asamblea, en fallo que no dejaba duda del contenido político.

El Poder Judicial, como se ve, ha estado debajo del talón político.

Hoy, en “ democracia ”, resulta necesario oponerse a los vicios dañinos del pasado.   El Poder Judicial no debe ser instrumento, como lo era antes, para concentrar los poderes.

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Publicado el 19 de febrero de 2010 en el Diario   La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Referéndum?

La opinión del Abogado y Catedrático Titular……

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Miguel Antonio Bernal

El vacío constitucional en Panamá aumenta en la medida que crece la lucha por el poder.   Debemos entonces, tener presente la sabia enseñanza de Ferdinand Lasalle: “ Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder…”.

Al multiplicarse las tramas destructivas tejidas en el aparato estatal como parte de su proyecto político o económico de permanencia en el poder, se habla ya de nuevas reformas a la constitución militarista a través de la Asamblea Nacional (Artículo 313, numeral 2) y consulta popular directa mediante referéndum.

El referéndum o referendo, es un instrumento de participación ciudadana que se utiliza para que los electores se pronuncien sobre una norma jurídica de trascendencia política o social.   En Panamá también se reconoce el derecho de iniciativa y de referéndum en los asuntos atribuidos a los Consejos Municipales (Artículo 239 de la Constitución) y para lo que establece la Constitución en el artículo 325 en lo concerniente al Canal de Panamá.

El Diccionario de la Lengua Española lo define como: “Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone”

Desde la caída del régimen militar en 1989 a la fecha, en Panamá se han celebrado varias consultas populares directas, vía referendo: 1992 y 1998, sobre reformas a la constitución militarista; 2005 para la ampliación del Canal. Estas consultas se realizaron sin que se dictase una Ley que estableciera los parámetros necesarios para que las mismas tuviesen un verdadero carácter democrático y participativo.

Lo primero que llama la atención en este tema es que, a pesar de la existencia de la norma constitucional que prevé el referendo como método de consulta popular, a la fecha no se haya legislado sobre la materia y nos encontramos, una vez más, ante un peligroso vacío normativo.   Pretender improvisar nuevamente, mediante resoluciones del Tribunal Electoral, que por lo general se limita a reglamentar normas para el escrutinio, es patrocinar la corrupción electoral y la fragilidad del sistema electoral panameño que patrocinan los rectores del Tribunal Electoral.

Por ejemplo, la Constitución Colombiana, establece en su artículo 378: “…El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado qué votan positivamente y qué votan negativamente. “La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo (umbral de aprobación) de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte (umbral de participación) del total de ciudadanos que integren el censo electoral.”

Como vemos, para Colombia, el punto de partida y factor determinante es el censo pues se requiere un umbral mínimo de participación, En Panamá, es hora que exijamos una legislación clara para cualquier próximo referendo que se vaya a realizar, en un futuro próximo o lejano. Ahora le toca al pueblo no dejarse sorprender.

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Artículo publicado el 19  de febrero de 2010  en el diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.