¿Vivimos en un Estado de absolutismo constitucional?

La opinión del Abogado……

.-

SAÚL  MALOUL  ZEBEDE

Una rápida mirada al texto constitucional..

No pareciera que viviéramos, —mutatis mutandi—, bajo el contexto del mismo régimen constitucional desde 1990,  y las prácticas que de manera repetida y casi patológica cometieron todos los gobiernos anteriores en democracia; hoy son objeto de especial censura en el gobierno del presidente Martinelli.  Una sencilla pregunta: ¿por qué será que entonces no transitábamos hacia el temido absolutismo, y hoy sí?

Debemos pasar rápidamente de lo coyuntural, a lo estructural. Ninguno de los presidentes ni siquiera éste, tiene la culpa de lo que hoy han descubierto y llamado absolutismo constitucional.

Cuando Montesquieu ideó la separación de los Órganos del Estado, no lo hizo para crear un Estado débil, sino todo lo contrario, para idear un Estado fuerte, en el que la limitación de las actuaciones de dichos Órganos y el contrapeso de los otros Órganos, fuera la balanza del poder.

En el caso de la Constitución panameña, mirada a vuelo de pájaro, la fiebre no está en la manta. No es que el presidente de la República de Panamá, en virtud del texto constitucional, es una especie de monarca del siglo XVII, sin contrapeso a su poder. Hay pocas cosas criticables con el poder del presidente, y muchas cosas criticables con la falta de poder del resto de los Órganos del Estado panameño.

Por ejemplo, he escuchado a diputados quejarse amargamente de la poca incidencia que tiene la Asamblea Nacional en la configuración del presupuesto del Estado. Esto es así, no porque el Ministerio de Economía y Finanzas y el Órgano Ejecutivo tengan facultades desmedidas en esta área, sino porque la Asamblea Nacional no puede incidir sobre partidas individuales del presupuesto, sino tan solo sobre la formulación del presupuesto en su totalidad. Esta falta no tiene nada que ver con las atribuciones del Órgano Ejecutivo, sino con la falta de atribuciones de su contrapeso político, el Órgano Legislativo.

Finalmente, una breve mirada a las responsabilidades políticas de los Órganos del Estado, para que el lector se dé cuenta cómo el responsable del Órgano Ejecutivo también responde en mucha mayor medida que los más altos jerarcas de los otros Órganos del Estado panameño.

Así, el artículo 186 de antes de la reforma constitucional del 2004, —cuyo texto no fue modificado por dicha reforma—, establece que el presidente y vicepresidente de la República responden por extralimitación de funciones y por evitar el normal funcionamiento o por coaccionar el ejercicio de las atribuciones propias de los otros Órganos del Estado; y que la sanción por cometer estos actos es la destitución inmediata y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término que señale la Ley.

En otras palabras, si un presidente o vicepresidente se extralimita en sus funciones o coacciona el normal funcionamiento de otro Órgano del Estado, no es necesario probar una conducta delictiva para sacarlos del cargo e inhabilitarlos para ejercer funciones públicas. Un juicio político de parte de la Asamblea Nacional es suficiente para ello, sin que sea necesario probar la comisión de delito alguno.

En cambio, no existe paralelo a esta norma para ningún otro Órgano del Estado. Es decir, si un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o un procurador general de la Nación o de la Administración, se extralimita en el ejercicio de sus funciones públicas, dicha conducta jamás sería sancionada, si no se prueba primero que encaja dentro de algún tipo penal.

Esa mayor responsabilidad que exige el texto constitucional al presidente y vicepresidente de la República, va acompañada de la consideración de que quien ostenta esa magistratura, tiene un peso que no comparte con el resto de los representantes de los otros Órganos del Estado ni en la República de Panamá, ni en ningún país del mundo que tenga un sistema similar.

<>

Publicado el 15  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Calidad del servicio público

La opinión del Abogado…..

.

Octavio Villalaz

Siempre estaré de acuerdo con las conquistas laborales y específicamente aquellas que protegen a los servidores públicos y sobre todo de aquellos que laboren con honor, lealtad, honestidad, competencia y profesionalismo. Pero esta máxima del Estado ideal a veces no es encontrada por aquellos que de una u otra manera debemos concurrir a realizar trámites en las oficinas públicas.

Muchos tenemos que soportar el carácter especial de algunos servidores públicos y estar atentos del humor con que llegan cotidianamente a sus puestos de trabajo.  Debemos tener poderes sobrenaturales para detectar si estos servidores públicos se despertaron con el pie izquierdo o derecho,  si pelearon con su esposa o esposo, o algún vecino, si ganaron o perdieron en la lotería u otras posibles razones y así estar preparados contra cualquier acto tendiente a recibir una humillación gratuita.

Ahora tienen un nuevo horario de trabajo pero no importa a la hora que entren siempre encontrarás alguno de ellos comiendo su respectiva empanada y su chicha de limón con raspadura.

Tendremos que esperar igualmente a que terminen de leer su periódico y, que no se nos ocurra interrumpirlos ya que podríamos desatar su furia apocalíptica en nuestra contra. En consecuencia, los trámites serán demorados en forma intencional siempre buscando hasta el más mínimo detalle para decir con sonrisa maliciosa y sin quitarle la mirada a la empanada mordida que reposa en su deteriorado escritorio atarugado de papeles, un rotundo “No se puede”. Debemos aclarar que son pocos casos por lo que no estamos generalizando.

Si el gobierno central, descentralizado o autónomo, desea realizar algunas mejoras al servicio público brindado a los contribuyentes tiene que empezar a gestionar seminarios de relaciones públicas tendientes a mejorar la atención hacia las personas que acudimos a las diferentes instituciones.

Además, debe proporcionar todas las herramientas que sean necesarias para que se dé un servicio de primera. No podemos proteger ni amparar, so pretexto de derechos adquiridos, a funcionarios que por estar 10 ó 20 años en un puesto, se consideren indispensables e inamovibles y que a pesar de su experiencia tengan el derecho de tratar a los contribuyentes como si fuéramos a pedir de rodillas algún préstamo bancario.

Mucha culpa de esto la tienen los superiores jerárquicos que, a sabiendas que muchos provienen del sector privado, no hacen nada para arreglar el sistema, ni están pendientes de velar que todos los procedimientos existentes cumplan con los más altos estándares de servicio público.

Su responsabilidad primaria es detectar a los servidores que cumplen con su labor y premiarlos y aquellos que por alguna razón se sientan protegidos por el paternalismo gubernamental, se les haga saber que no hay cabida para holgazanería ni conductas alejadas de la ética que perjudique al sistema.

Todos aquellos que de manera temporal ocupan un alto cargo en el gobierno, deben siempre hacer los cambios necesarios y procurar dejar un sistema prístino con personal de calidad y competencia al frente de las instituciones, a sabiendas que ellos mismos serán beneficiados cuando ya no estén en dichos puestos y estén del otro lado de la calle.

<>

Publicado  el 15 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Muchos frentes abiertos

La opinión del periodista……

ERNESTO  QUIJADA

Durante mi juventud siempre ignoraba los consejos de los mayores referentes a cuidar la salud, a ser comedido en la alimentación, a no correr riesgos innecesarios y a desafiar muchas veces a la suerte. Esos años, convertidos en experiencia y algo de sabiduría, me hacen pensar que el gobierno de Ricardo Martinelli está cayendo en un error similar al mío.   No escucha, actúa prácticamente por impulso, algunas veces por venganza, otras para demostrar que tiene poder y ejerce el mando.

En una dictadura, eso es lo indicado. Como dijo Nicolás Maquiavelo, “ si tienes el poder de las leyes, debes mantener el de las armas”.   Muchos dictadores que hoy guardan cárcel y otros que ya traspasaron el plano físico para entrar al espiritual, también fueron creyentes de lo que les legó el estratega.

Pero en democracia, en pleno siglo 21, después de una campaña política en la que centró sus aspiraciones, en responder a los requerimientos de una sociedad que rechazó la alternabilidad en el poder de los dos grandes partidos tradicionales, que enarboló la bandera anticorrupción y con promesas de soluciones para todos,   ahora Ricardo Martinelli intenta que olvidemos eso, y que le aceptemos lo que estamos viendo hoy, con mucha preocupación.

Un gobierno dedicado a imponer criterios, dejando por fuera la opinión y la participación de quienes desde afuera tienen mayor espectro visual para valorar decisiones.   No se vale que con la soberbia que exhiben algunos de sus principales representantes —incluyendo al ciudadano presidente— nos hablen golpeados y en tono amenazante.

El resentimiento acumulado que han generado con esta posición, no aconsejada en ningún manual político, tiene al gobierno con muchos frentes abiertos.

Es larga la lista de gremios, sociedad civil, trabajadores, inclusive funcionarios públicos, médicos, indígenas, empresas concesionarias, maestros y profesores, amas de casa, padres de familia, sindicatos, estudiantes, la iglesia, el caso de la frontera, las propuestas reformas tributarias, que meten miedo antes, durante y después de aplicadas, nos lleva a pensar que de continuar así, el gobierno, está rompiendo palitos con el país, para entrar a consolidar aquello de “ plantar bandera ”.

Los consejeros del presidente Martinelli deben justificar sus salarios y encaminan esfuerzos para presentarle planes y cálculos matemáticos que generan ingresos.   En el papel esos planes se ven apetitosos, pero llevarlos a la realidad, generan afectaciones en los presupuestos de los que tienen ingresos reducidos. Es verdad, que la necesidad de equilibrar la carga tributaria está llevando a los encargados del MEF, a ubicar nichos que tradicionalmente han pagado lo mínimo, o escapan de los controles, por “ descuido ” de gobiernos pasados.

Pero con solo algunos meses en el poder, esos asesores tienen por delante varios años para concretar esas aspiraciones, sin tratar de hacer una cadena de exigencias económicas a la sociedad, en momentos no apropiado para ello.

No se puede desarrollar el país en medio de un clima de intranquilidad y temor —que es lo que se vive en el país actualmente—. No negamos que se han implementado programas que arrojan resultados positivos en beneficios de grandes sectores. Pero el método que se aplica para los cambios que han diseñado los estrategas no son los indicados.

<>

Publicado el 15  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

En defensa de Atlapa

La opinión del empresario….

Arturo D. Melo S.

En días pasados escuché a un comentarista radial mencionar en su programa que Atlapa se había quedado pequeño para las grandes exhibiciones, como Expo-Capac, y que sus estacionamientos para vehículos eran totalmente insuficientes. Por consiguiente, recomendaba que se construyera un nuevo centro de convenciones, más grande, en otro sitio, que se vendiera Atlapa y que en su lugar se construyeran tres torres de condominios.

Muy cierto que Atlapa se ha quedado chico para algunos eventos y que le faltan estacionamientos. Sin embargo, su venta no sería fácil, porque requiere de un cambio de zonificación, el cual no se debía dar en una zona ya atestada de torres y con problemas de drenaje e inundaciones. Para hacer esta venta,  primero habría que resolver un reclamo de la familia Berrocal, la cual sostiene que una porción de los terrenos sobre los cuales fue construido Atlapa, le fue expropiada a ellos ilegalmente.

Atlapa inició operaciones en 1980 y desde entonces no se le ha dado un mantenimiento adecuado, ni se le han hecho mejoras significativas.   Se ha dicho que Atlapa está ocupado 360 días al año y que produce al Estado la pérdida de más de un millón de balboas anuales.  Todos estos problemas serían fáciles de solucionar si se toman las siguientes medidas:

1. Creación de una corporación estatal independiente para administrar Atlapa, en forma similar a la administración del Aeropuerto de Tocumen. Esto evitaría el cambio de zonificación, aseguraría la continuidad de uso exclusivo de Atlapa, como centro de convenciones, permitiría su mejoramiento y garantizaría un mejor mantenimiento, mientras se resuelve el reclamo de la familia Berrocal.

2. Nada más sencillo que convertir una facilidad, que está ocupada 360 días al año y no tiene competencia, en una entidad rentable que saque sus gastos y produzca una rentabilidad que garantice su mantenimiento y mejoramiento. Solo habría que racionalizar sus gastos y aumentar sus tasas en la medida que sus proyecciones lo requieran.

3. Atlapa se ha quedado pequeño para Expo-Capac. No cabe la maquinaria que allí se exhibe para acogerse a la exoneración del 10% de los impuestos de importación de los equipos físicamente presentes.

Este sacrificio del Estado, para lograr que Expo-Capac fuera un éxito, se justificaba cuando se inició esta exhibición; pero ahora solo significa una pérdida de millones de balboas al año para el Estado, la cual hace parecer a Atlapa demasiado pequeña y debe eliminarse por contraproducente.

4. Cada una de esas torres que atestan el sector donde está localizado Atlapa tiene varios pisos de estacionamiento.  Atlapa solo tiene estacionamientos de superficie y el Corredor Sur le quitó su área de expansión.  Sobre el estacionamiento de superficie se pueden construir cuantos pisos de estacionamiento se requirieran para que Atlapa sea la facilidad pública con mejor estacionamientos en la ciudad.  Además, se le podrían agregar otros pisos más para sacar las oficinas administrativas del edificio existente y dedicarlo por entero a exhibiciones.

Vale la pena tomar en cuenta la historia de los tres centros de convenciones de París, todos los cuales son más antiguos que Atlapa, para darnos cuenta de lo que debemos hacer, si seguimos el ejemplo de austeridad, sensatez, economía y eficiencia de la “Ciudad Luz”, en concepto de muchos, la ciudad más bella del mundo. Su centro de convenciones CNIT Paris La Défense fue expandido y renovado en el año 2008. Lo transformaron en tal maravilla arquitectónica, que al verlo el famoso escritor André Malraux exclamó: “No se ha construido nada igual desde que se construyeron las grandes catedrales góticas”.

El Palais des Congrés de París fue construido en 1974 y fue expandido en 1997 y nuevamente en 2004. Pero el verdadero ejemplo de austeridad, sensatez, economía y eficiencia francesa lo constituye el centro de Convenciones Paris Porte de Versailles, cuyo primer pabellón fue construido en 1923 y hoy cuenta con otros ocho, agregados a través de los años. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial fue convertido de 1939 a 1945 en cuartel de fuerzas armadas francesas y de ocupación, al terminar los cuales se le agregaron nuevos pabellones. El pabellón No. 7 se inauguró en 1970.   En 1986 se inauguraron el pabellón “Du Parc” y la cinta transportadora que lleva con gran comodidad a los visitantes de pabellón a pabellón.

¿Por qué nosotros, en vez de mantener y mejorar las cosas maravillosas que tenemos, como Atlapa y su teatro Anayansi, tenemos que “destruir con los pies, lo que hacemos con las manos”?

<>

Artículo publicado el 15  de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Invictus: Pecados y reconciliación

La opinión del comunicador social…..

.

ERNESTO  A.  HOLDER

En noviembre de 2008 en este espacio decía que “Si la formación humana primaria y esencial se desarrolla y manifiesta como conductas de apoyo incondicional a los semejantes y al entorno; de apertura social, de entrega y dedicación a las causas que promueven el crecimiento emocional y espiritual de la humanidad; (…) lo más probable es que el individuo trabaje afanosamente por hacer de la convivencia entre los grupos sociales en donde se mueve, un ejercicio constructivo y de crecimiento, no solo para él, sino para todos en general”.

A mediados del 2007, me refería a las oportunidades del mandatario venezolano Hugo Chávez en donde señalé que: “… Chávez debe decidir entonces si pierde tiempo y esfuerzo con acciones como las de RCTV y las repercusiones internas y externas, o si trabaja arduamente para dejar su huella histórica social y cultural en beneficio de las capas sociales más necesitadas del hermano pueblo venezolano …”” Tres años después de esta observación, Chávez atiza frentes de conflicto que no redundan en beneficios concretos y a muy largo plazo para los venezolanos más necesitados.

Fui a ver la película Invictus del director estadounidense Clint Eastwood con actuaciones estelares de Morgan Freeman como Nelson Mandela y Matt Demon. Una cosa quedó claro desde el principio, bien claro: Nelson Mandela no se pasó 27 años en la cárcel para luego llegar al poder y vengarse de sus oponentes;  pasar la factura como diríamos aquí.   No contempló castigar a los que atentaron contra su vida y contra la vida de millones de negros sudafricanos.    Ni examinó la idea de perseguir a los que dentro del sistema del Apartheid abusaron sangrientamente del poder por mucho más de medio siglo; sistema bajo el cual desaparecieron o murieron miles de personas.

La conducta de perdón y reconciliación de Mandela fue producto de un profundo proceso de trascendencia íntimamente humana (algunos dirían que espiritual) inspirado en el poema “ Invictus ” del poeta británico del siglo dieciocho William Ernest Henley; poema que mantuvo en su celda por muchos años.

Ya como presidente de su país, Mandela promovió tenazmente su visión de reconciliación. En 1995, en Sudáfrica se firmó el Acta para la promoción de la Unidad y Reconciliación Nacional ( Promotion of National Unity and Reconciliation Act ). Esto dio lugar a la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ( Truth and Reconciliation Commission —TRC— ).

Cuando la presidenta Moscoso promovió una Comisión de la Verdad durante su gobierno, no hablaba de reconciliación por ningún lado. La intención del TRC sudafricano era de “ servir de testigo, documentar y en algunos casos rehabilitar y dar amnistía a los autores de crímenes relacionados a violación de los derechos humanos ”. Tenía la autoridad de brindar indemnizaciones a las víctimas o sus familiares.

Una ejercicio similar en Panamá debe estar lejos de las influencias políticas de gobierno y de oposición.  Lejos de las encuestas. Lejos del poder económico. Sus integrantes no deben tener agendas ni estar ligados a los personajes —muchos folclóricos— que están en la radio y la televisión opinando todos los días, dueños de una verdad que nos tratan de vender.

No veo trascendencia ni crecimiento humano en los métodos que se utilizan en Panamá en la actualidad para supuestamente “ impartir justicia y castigar a los corruptos ”.

Los que se hicieron ricos en nuestro país por su acceso al poder, sus influencias o simplemente le robaron al Erario Público, deben ser castigados ejemplarmente. Los que son PRD”s y los que no lo son.  Los que se han hecho millonarios y multimillonarios manipulando y retozando el sistema y las leyes (y me refiero a muchos empresarios).   Los que causaron muertes deben asumir su responsabilidad, el Estado debe resarcir a sus deudos y todos los que resultaron afectados por sus acciones.

Pero hecho esto, y recuperados los dineros y bienes malhabidos, debe darse un genuino proceso de perdón y reconciliación nacional inspirado en el ejemplo sudafricano; en las enseñanzas y en la fe religiosa que profesan muchos de los que hoy señalan con el dedo, acusan y condenan con vehemencia y agresividad. Reconciliación Inspirada en la poesía.

Solo así nuestro país podrá, de una vez por todas, aspirar a un mejor futuro y a trabajar afanosamente por hacer de la convivencia entre los grupos sociales de nuestro país un ejercicio constructivo, de crecimiento y bienestar.

<>

Publicado el 15  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La República y el respeto a las instituciones

La opinión de……

,

Roberto Christian Cerrud Rodríguez

La República liberal moderna, concebida principalmente por la Revolución Americana como una estructura de gobierno limitado, consistente en una división deliberada del poder del Estado en los órganos Ejecutivo (Presidente y Gabinete), Legislativo (Asamblea Nacional) y Judicial (Corte Suprema de Justicia), fue diseñada de este modo para garantizar que este leviatán respetase y defendiese los derechos individuales de los miembros de la sociedad que decidió constituirlo, convirtiéndose en su servidor y no en su amo.

Dos fueron las claves fundamentales que permitieron a los revolucionarios americanos crear una República evitando casi completamente los baños de sangre que siempre han caracterizado a las revoluciones: la primera fue la Declaración de Independencia de 1776, que estableció que los fines de un gobierno legítimo son defender los derechos individuales (entre ellos, los famosos derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad) y que un pueblo tiene el derecho y el deber de librarse de un gobierno que no cumpla, o que atente contra, sus fines legítimos.

La segunda clave del éxito del sistema republicano ideado casi de novo por los americanos fue la Constitución de 1787, que estableció los métodos mediante el cual el gobierno iba a cumplir con sus fines. Mediante esta Constitución, infinitamente más exitosa que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa (basta recordar que la Revolución Francesa se identifica más con el Terror de Robespierre y con su caída y transformación en el Imperio Napoleónico, que con el respeto a los derechos y a la libertad de los franceses), se estableció un gobierno federal limitado, con un poder fragmentado, puesto que los revolucionarios americanos reconocieron que la función es producto de la forma; es decir, que el respeto y defensa de los derechos individuales dependía más de la forma que le dieran a sus instituciones, que de la simple enumeración de los derechos que el Estado debía proteger. De esta manera, los federalistas concibieron a la Constitución como un límite bien definido al poder gubernamental.

Pero todas estas precauciones hubieran sido en vano si no hubiera existido un gran respeto por las nuevas instituciones que ellos crearon; todo su sistema era nuevo, todo era reciente, así que no se puede argumentar que su lealtad hacia las instituciones republicanas se debía, de manera directa, al respeto a las tradiciones de sus ancestros; más bien, ésta se debía a la certeza de que la República que habían instaurado era lo único que los podía proteger en contra de la tiranía de la que recién habían escapado, lo único que les permitiría vivir como hombres libres en un mundo en que lo común era ser súbdito y no ciudadano.

Esta importantísima lección, el respeto a la Constitución y a la institucionalidad, que nos dieron los revolucionarios americanos hace 224 años, es la que los panameños tenemos 107 años de estar ignorando.

Nuestros gobernantes, en mayor o menor medida, han debilitado progresivamente, en nombre de la eficacia, el respeto a las instituciones que deben garantizar nuestra libertad, haciendo de nuestra Constitución poco más que un malgasto de papel y tinta.

La actual administración ha exacerbado esta tendencia y, de hecho, ha ido de manera frontal en contra de las instituciones establecidas en nuestra Constitución, concentrando de manera sumamente preocupante poderes que, por nuestra libertad y seguridad personal, debieran estar separados.

<>

Artículo publicado el 15  de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La Junta de Ornato

La opinión del Empresario y Político……

.

Samuel Lewis Galindo

Hace algunos lustros en el distrito capital existía una Junta de Ornato constituida por prominentes ciudadanos con preocupación cívica por el embellecimiento de nuestra ciudad. Esta Junta se responsabilizaba del embellecimiento, mantenimiento y cuidado de todos los jardines, parques y monumentos.

Ante el abandono en que se encuentran todas las áreas verdes, monumentos y fuentes de agua, sería muy conveniente que la Alcaldía volviera a revivir esta Junta.   Ella la podrían integrar distintos clubes cívicos, así como las distintas organizaciones de jardinería. Con un presupuesto básico esa Junta podría, en forma más eficaz y con la cooperación de distintas empresas, realizar ese mantenimiento, cuidado y embellecimiento de todas las áreas que lo requieren en la ciudad capital. Un club, cito como ejemplo únicamente, podría encargarse del Parque Urraca, otro del mantenimiento de algunas fuentes y otro de los monumentos. No tenemos la menor duda de que muchas empresas estarían dispuestas a cooperar en este esfuerzo colectivo que se hace para embellecer la ciudad, que cuenta con magníficos y hermosos edificios, pero también con un sistema de alambrado que da vergüenza. Es ilógico pretender que nuestra ciudad capital sea esa “tacita de oro” si todo lo que colinda con esos inmensos y bellos edificios es un matorral o una acumulación de basura. Los posibles integrantes de esa Junta de Ornato serían ciudadanos con gran conciencia social, que así lo hayan demostrado en el pasado y estén dispuestos a trabajar por el país.

El panameño, por naturaleza, coopera siempre solo hay que pedírselo. Han tenido nuestras autoridades municipales esto en mente? Tienen conciencia del estado muy lamentable en que se encuentran muchas cosas en la ciudad capital? Ojalá hagan algo al respecto y se asesoren bien. En otras ciudades metropolitanas, con una imagen como la que aspiramos para la nuestra, cuentan con hermosos parques muy bien cuidados, con bellas fuentes funcionando todas y con monumentos bien mantenidos. Esa labor la hacen los municipios que crean juntas especiales. Panamá solo cuenta con muy pocos parques; ninguna fuente de las 4 ó 5 que tenemos funciona y los monumentos, muy pocos por cierto, están en el completo olvido. Si no se toman pronto medidas apropiadas, la recién inaugurada “Cinta costera” pronto seguirá el mismo destino que han tenido otros parques: abandono total y congestionado su acceso por los buhoneros que se multiplican como la maleza.

<>

Publicado  el 15 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Carnaval de los aumentos (I)

La opinión del Educador……

.

ANTOLINO HERRERA C.

No se me enreda el teclado al momento de escribir estas cortas líneas. ¿Qué ventaja o beneficio le determina o depara al panameño los cacareados carnavales?

Una vez que los mismos se anuncian, suenan pitos y tambores, alegres murgas, serpentinas y colores al unísono de la farándula y de la mente creativa de otros, para ensalzar a más de cuatro connacionales que buscan en la diversión el desalojo de cuanta pasión pueda hallarse en nuestras mentes y corazones.

Los carnavales de por sí no son dañinos; es el contenido;  es el resultado lo que cuenta.  Al final tenemos entre 20 y treinta panameños que ya no circularan por las calles de Panamá.  Carros maltrechos; brazos y piernas reducidos; quizás hogares destruidos; cuentas por pagar y los demás etcéteras.  Pero no hay que arrepentirse de esto, porque, como dicen algunos, terminados los carnavales “ ¡limpios, pero contentos! ”.

Se trata del carnaval de los aumentos. En medio, en el ir y venir de la fiesta, hay de todo: aumenta el número de apuñalados, ahogados, heridos, lisiados o golpeados.

Aumenta el número de los que se inician en el cigarro, la droga, el alcohol o la cerveza.

Se infla o aumenta el vientre de padres totalmente irresponsables. Algunos dicen orgullosamente, es solo el producto de las circunstancias o de la ocasión;  ¡hijos de la ocasión!

Aumenta, en una progresión geométrica, el consumo del ron o alcohol. Por lo mismo, también aumenta el número de hombres y mujeres que ponen su cabeza al nivel del suelo por causa de la borrachera.

Por supuesto, aumentan los ingresos o utilidades de las cantinas o bodegas.

Por ejemplo, en San Miguelito alguien esputó que existen cerca de 1000 establecimientos ocupados en estos menesteres.  En la medida que hay más adictos, el negocio está asegurado.

<>

Publicado el 15  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre el filo de la navaja

La opinión de……

.

Severino Mejía

La presencia de columnas del frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en nuestro territorio, no es nada nuevo. En épocas pasadas suponemos que su presencia en el territorio respondía a situaciones de reavituallamiento, descanso, cura de sus heridos etc. Hoy día, las circunstancias son totalmente diferentes.

Las FARC del presente realizan actividades propias de carteles de drogas, al producir, procesar y exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos, situación que se les complica en su país, por la constante presión de las fuerzas militares y de policía de Colombia. Incursionar en la provincia de Darién les resulta apropiado a sus intereses, porque les permite su actividad ilícita lejos del acoso de las autoridades de cumplimiento de la ley de ese país.

Darién, provincia con 16 mil km2 y características geográficas muy difíciles, facilita la presencia en nuestro territorio, no solo de las fuerzas irregulares, sino también, de delincuentes comunes, coyotes inmigrantes ilegales, etc., amparados por una densa jungla que les da protección y cobertura a la vista de nuestras autoridades.   Es lógico pensar que, en un momento determinado de tiempo y espacio, se den contactos no previstos entre unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y estos grupos irregulares.

El Senafront cumple con su deber de atender la presencia de estos individuos, que para nuestro país, no son más que ilegales que están armados y los cuales tienen que ser tratados como son:  delincuentes.   Sin embargo, tenemos que ser muy cautelosos en el manejo de esta situación que es muy compleja.

Hay que recordar que en el año 2003 hubo una incursión de irregulares, que se informó pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que asesinaron a cuatro indígenas panameños.   Y son precisamente estos grupos de panameños los más expuestos y vulnerables a ser carne de cañón frente a las represalias de estas organizaciones.

El Servicio Nacional de Frontera tiene la misión, como componente de la Fuerza Pública, de garantizar la vida, bienes y honra de todos los panameños que no solo viven en Darién sino también de todos los nacionales que habitan cerca de los límites fronterizos con la hermana República de Costa Rica.

No son fuerzas ofensivas destinadas a enfrentar o acosar a las FARC. Son una fuerza disuasiva destinada a defender el territorio y hacer cumplir la ley como es y debe ser.

Por eso, es muy peligroso mandar mensajes o códigos que puedan ser interpretados como si Senafront fuese una fuerza beligerante; es decir, el yunque aquí en Panamá y el martillo, allá en Colombia.

Como país, y en eso estoy seguro que todos los panameños coincidimos, deseamos que, de una vez por todas, vuelva la paz al hermano pueblo colombiano y que impere la razón para ponerle fin a más de 40 años de conflicto interno en ese país.   Sin embargo, no es una situación que nos compete ni nos interese involucrarnos.  Bastantes problemas tenemos que atender para encontrarnos en una situación de conflicto que sabemos cuándo empieza, pero que no sabemos cuándo termina.

Toda actividad al margen de la ley en nuestro territorio es un delito, por lo tanto las FARC no deben alegar que son hostigados cuando son conscientes de que están en el lugar equivocado.   El conflicto no es aquí, por lo que deben salir de manera inmediata. No podemos aceptar ni tolerar amenazas; las unidades del Senafront cumplen con su deber constitucional de garantizar el orden interno dentro de nuestro territorio.

Como país, sin embargo, debemos evitar abrir, por un mal manejo, un teatro de operaciones cuando esa guerra no es nuestra. No debemos involucrarnos en nada que no sea el preservar la tranquilidad y paz en nuestras poblaciones, sobre todo, de las comunidades indígenas que están emplazadas cerca de los límites fronterizos.

Los citadinos que vivimos lejos de esas áreas, debemos comprender el estado de nerviosismo de nuestros compatriotas, porque sus vidas y las de su familia penden en un hilo. No propiciemos situaciones de la cual después nos vamos a lamentar.

<>

Artículo publicado el 15  de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Infancia amarga

La opinión de la periodista……

.

Adelita  Coriat

Las mentes criminales han ganado otra batalla a las autoridades al bajar la edad de imputabilidad de 14 a 12 años. Nos gritan en la cara que la guerra contra el crimen la está perdiendo la sociedad, y no ellos.

La modificación a la Ley 40 parece crear olas de popularidad y aceptación ante el clamor general por frenar los índices delictivos. Bajar la imputabilidad no va aminorar el delito ni la gravedad del mismo, esto simplemente no alcanza, las soluciones no son mágicas.

No se trata de la forma, sino de la aplicación de la ley.   Más de 20 jóvenes se encuentran en el Centro de Cumplimiento de Tocumen. Un sitio carente de personal, recursos económicos, infraestructura, y programas de rehabilitación, que pronto experimentará una de sus peores crisis ante la recién aprobada reforma, pues no se cuenta con los recursos económicos y de personal para hacer frente a este nuevo reto.

¿Cuántos diputados visitaron este centro antes de aprobar la ley en cuestión?  Ninguno.

En este tema, los políticos hacen ver al adolescente como único causante de sus actos, éste no es más que un discurso mediático de ocasión.   ¿Qué autoridades han recorrido la realidad que se vive en estos centros o en los hogares de estos jóvenes delincuentes?

Nadie contraviene la idea de que el delito debe castigarse, pero éste debe ir acompañado de institutos correccionales donde se reeduque al delincuente, no de depósitos humanos que encolerizan la venganza del liberado contra la sociedad que los marginó y olvidó por años.

Cegarnos ante las verdaderas causas que impulsan al joven a cometer un delito puede ser una solución momentánea en la que encerrarnos los unos a los otros nos permita sobrevivir, pero más temprano que tarde, estaremos recriminándonos por qué los niños de 9 y 10 años son los que toman la batuta en este escenario.

<>

Publicado  el 15 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, al igual que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Giuseppe ‘Pepino’ Bonissi


La opinión del empresario…….

JUAN R. MORALES

Confío plenamente en que la llegada de Giuseppe Bonissi al Ministerio Público será muy positiva para la justicia, como el máximo arquitecto de los expedientes que luego pasarán al Órgano Judicial.

Desde niño conocí a Pepino y por sus acciones sé que se dará a su cargo sin limitaciones y no levantando muros de distinción favorable para aquellos que no han tenido el más pequeño decoro frente al manejo de la Cosa Pública.

En un artículo anterior afirmé que Panamá, el Ministerio Público y el Órgano Judicial están en el camino del adecentamiento nacional, investigando a tirios y a troyanos, porque así es como debe ser.   Pepino , estoy seguro, muy seguro, de que empuñará esa bandera de adecentamiento. Ya lo verán.

El Cambio, vistas así las cosas, ya se está dando en las lides jurídicas. No habrá desde ya justicia solo para los hijos de Juan Pueblo, habrá para los hijos y padres que han metido la mano en desmedro de los intereses del pueblo panameño.

Ya expresé antes que por ves primera ha surgido una pequeña lista de altos ex funcionarios de la pasada administración y no escapa a la vista de todos que las investigaciones irán más lejos, porque solo así la justicia panameña recuperará el puesto que le corresponde, la fe perdida.

Un adagio popular dice que una cosa es la que piensa el burro y la otra el que lo arrea.

Y en verdad este adagio encierra gran sabiduría. Para hacer cambios hay que actuar, aún cuando se tenga que hacer a la brava, sobre todo cuando hay en el camino piedras que entorpecen la gestión pública. En este caso, las piedras pueden ser leyes malhabidas, pero también podrían ser hombres o mujeres enquistados para precisamente entorpecer la buena marcha de las cosas. Es por ello que quien arrea al burro debe tener una visión larga que le permita auscultar las interioridades del todo.

Los cambios en el Ministerio Público y el mensaje del mandatario llevan ese propósito, de lo contrario, poco o nada se logrará. Lamentablemente, el partido robolucionario está empeñado en detener esa marcha, que lleva como único propósito el adecentamiento de las instituciones de justicia.

Sé que hombres como Giuseppe Bonissi al frente del Ministerio Público, lo lograrán y abrigo la esperanza de que, con los vientos rejuvenecedores y cambios, la Corte Suprema de Justicia imprima sin cortapisas un nuevo derrotero a la justicia, que el pueblo panameño vea un nuevo espejo de resultados, en donde la balanza justiciera se incline para todos por igual, sin diferenciar clases sociales, en donde la vista ciega de la justicia marche sin límites por el camino del bien.

Así son las cosas.

<>

Publicado el 15  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De sorderas y voces estruendosas

La opinión de la Comunicadora Social…..

.

Berna Calvit

Hay varios tipos de sordera: profunda, leve, temporal o crónica. Algunas resultan por trauma, ruido excesivo y repetido o por el paso de los años, que debilita el nervio auditivo, que no es lo único que se debilita.   Y existe la sordera fingida, de conveniencia, común en la clase política; aqueja de forma marcada a los presidentes, que suelen estar rodeados de señores, no sordos que, cercanos a los oídos de los mandantes, los aturden con aplausos y palabras lisonjeras.

Si para remachar, el presidente no siente inclinación por prestar atención a las voces que se quejan o disienten, en algún momento, a veces demasiado tarde, esas voces serán tan estruendosas que tendrá que oírlas, le guste o no.

A lo largo de los más de 15 años que tengo de andar de “opinadora” por la libre, he escrito sobre el poder de la palabra y, con convicción y admiración, sobre la palabra escrita, más permanente que la palabra oral que con facilidad se lleva el viento, algo provechoso en campaña política; la tecnología, de la que tanto nos servimos hoy, salva la palabra y la lleva al papel, muy útil para rebobinar (discurso Martinelli en Apede).   Si el gobernante, sordo por conveniencia, tampoco lee los diarios (caso del presidente George W. Bush), estamos fritos.

Queda la esperanza de que le guste la televisión y allí vea las gráficas de las encuestas (coloreadas y con números fáciles de leer). Por tanto, a menos que al presidente Martinelli le venden los ojos, le desenchufen todos los televisores que tenga cerca, le taponen los oídos o se vaya del país por un tiempo, tendrá que seguir enterándose de lo que las encuestas indican. Su despectiva respuesta, de que no le impresionan ni le preocupan, indica que la última, realizada por la prestigiosa firma Dichter & Neira, si no la oyó, la leyó. Y no le gustó.

El presidente Martinelli tiene apenas siete meses en el poder, al que llegó con una cifra récord de votos. Decepcionado del gobierno de Martín Torrijos, que intentó mantener a su partido en el poder con una candidata cuyo pasado político resultó un lastre, el pueblo puso sus esperanzas en el cambio.   La encuesta realizada entre el 5 y 7 de febrero indica que el cambio prometido no ha empezado; los mazazos (en sentido estrictamente literal) perdieron efecto; el Gobierno pasa por una mala racha y debería preocuparle la significativa pérdida de popularidad del Presidente, y los “cuerazos” que recibe su gestión de gobierno.

El Carnaval llegó oportuno para pasar la encuesta a segundo plano; pasadas las fiestas, los “politólogos”, que se los encuentra uno hasta en la sopa cada vez que se publican estos datos, seguirán sacándole filo.   Sin cambiar el patrón, los simpatizantes del Gobierno le buscan la quinta pata al gato para amortiguar el ruido de la caída; y los de oposición celebran el resultado, más bulliciosos y alegres que murga de Carnaval.

La encuesta refleja el impacto del escándalo del Fondo de Inversión Social (FIS); cierto temor por la libertad de prensa; el proceso para sacar del paso a la procuradora Ana Matilde Gómez; el nombramiento de los dos nuevos magistrados y del procurador Bonissi; la concentración de poder; la imparable ola de delincuencia; el alza del ITBM y de los precios de la canasta básica; el contrato directo a una empresa de bordados de la familia presidencial; el caos del transporte colectivo, ¡y hasta la vestimenta informal del presidente Martinelli! En suma, que una conjunción de hechos negativos está afectando la imagen gubernamental.

Es error de los gobernantes menospreciar las preocupaciones de los que no tenemos “hacha que amolar”.   Nos deben escuchar y tomar en cuenta.   La reciente encuesta de Dichter & Neira recoge nuestro malestar; no lo inventa.   Para pulsar el descontento y la inquietud del pueblo basta ponerle atención a la radio, la televisión, los diarios, a los taxistas (excelente referencia para medir la temperatura del pueblo), o al hijo del vecino. Ningún buen panameño debería alegrarse de que el Gobierno ande descaminado. Nuestra imperfecta democracia debe mejorar.

Permitir que el país se desbarranque, es juego peligroso;  gobernar “a la brava” crea inestabilidad política, un riesgo que puede conducir a situaciones indeseables.   El presidente Martinelli está a tiempo para corregir los yerros. Es lo que a todos nos conviene. Si se hace el sordo, la memoria debería servirle para mirar hacia atrás y recordar, además de sus promesas, que el poder excesivo conduce a excesos.

<>

Artículo publicado el 15  de febrero de 2010 en el Diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.