Procurador suplente toma posesión ante el Ejecutivo

La nota que para compartir publicó hoy a las 20:06 en Facebook la activista política…..
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JENNIE  GONZALEZ
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, presidió -este viernes 5 de febrero- el acto de toma de posesión del Procurador Suplente Giuseppe Bonissi.

Este acto protocolar, que se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Las Garzas, contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien ratificó la firma de toma de posesión, además de la viceministra María Fábrega.

Bonissi estuvo acompañado por familiares e invitados especiales.

GOBIERNO DEL CAMBIO

AHORA LE TOCA AL PUEBLO


Publicado el 5 de febrero de 2009 en Facebook por la autora a quien damos todo el crédito, el mérito y la responsabilidad que le corresponde.
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¿Quo vadis Panamá?

La opinión de la Ex Diputada de la República…….


MIREYA LASSO

La pregunta que Pedro le hizo a Jesús al cruzarse con Él cuando huía de Nerón —¿A dónde vas, Señor?—, podemos aplicarla los panameños de hoy. ¿A dónde va el país y, con él, los panameños? Seguramente los augurios para el nuevo año reflejaban una gran esperanza de que las malas experiencias que acompañaron el final del 2009 quedarían atrás y comenzaríamos el 2010 con buen pie. Pero no ha sucedido así, porque seguimos inmersos en escándalos y luchas intestinas, tal como ocurrió al final del año viejo. Parece un ejercicio de flagelación masoquista nacional.

Con razón o sin ella, se han lanzado acusaciones contra la Asamblea Nacional, el FIS, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría, el presidente, el fiscal electoral, los medios, altos ex funcionarios públicos, y otros. Solo el Tribunal Electoral ha escapado de los embates, pero seguramente su veranillo no durará mucho. Conste que no creo que debamos dejar de fiscalizar las acciones del gobierno ni denunciar excesos, ni tapar la suciedad donde la haya, ni que la justicia deje de darle a cada quien lo que le corresponda, ya sea condenando o absolviendo de culpa. Pero preocupa el ambiente de zozobra e incertidumbre que persistirá mientras no se distinga entre las denuncias que tienen fundamento y las que no lo tienen, entre acusaciones justificadas promovidas por gente preocupada por adecentar la administración pública y aquellas que, al contrario, nacen de odios, revanchismos, apetencias personales o ambiciones políticas. A nada bueno conduce el dejar de esclarecer denuncias espurias que no estén basadas en hechos delictivos, sino en exageraciones o invenciones; ellas al final se convertirán en un bumerán que causará daño a todo el país.

Acusaciones a granel —temerarias o no, pero irresueltas— tienen repercusiones internas y externas. Internamente, tienden al descrédito de nuestras autoridades, contribuyendo al cinismo o apatía de la población. En cuanto al exterior, si se agregan nuestros problemas de delincuencia interna a una percepción de caos político y gubernamental, el resultado no contribuye a la imagen positiva del país que el Ejecutivo trata de exportar con su anunciada política de atraer inversionistas extranjeros para complementar el capital local y, de ese modo, poder crear suficientes empleos y promover el desarrollo necesario.

Entre los principales elementos que determinan la percepción que se pueda tener sobre la confianza y seguridad de las inversiones extranjeras en el país, la estabilidad de las instituciones públicas es un factor relevante. Pero si se permite la percepción de caos, especialmente en el sector político oficial, se podría dar al traste no solo con la atracción de nuevos inversionistas extranjeros, sino también con el desarrollo que nos ha bendecido últimamente.

Sería ideal que todos “ empujáramos ” hacia objetivos nacionales compartidos, tanto políticos como económicos. En cambio, ¿hacia dónde nos encaminamos? Hacia lo desconocido, porque las señales que siguen aflorando parecen indicar que hay fuerzas que apuntan hacia blancos peligrosos.

Ante la tragedia que sufre el pueblo haitiano, vale preguntarse si realmente apreciamos nuestras bienaventuranzas y lo afortunados que somos. Pareciese que no. Por eso, y porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, el país reclama un liderazgo enfocado en preservar lo bueno que tenemos y somos, y en librarnos del potencial caos.

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Publicado el 3 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

La ampliación, una obra extraordinaria

La opinión del Ingeniero ……….

Rogelio Pinilla

Hace más de 3 millones de años, el Istmo de Panamá emergió de las profundidades del océano para servir de puente entre el norte y el sur del continente americano. Recientemente hace cerca de un siglo, nuestra tierra, gracias al ingenio creativo del hombre, abrió sus entrañas para servir de paso al comercio mundial, siendo la obra de ingeniería más grandiosa construida en los albores del siglo XX. La creación de una vía acuática a través del Istmo de Panamá fue uno de los logros supremos de los humanos en todos los tiempos: la culminación de un sueño heroico de más de cuatrocientos años, que perdura por casi un siglo para beneficio de la humanidad y primordialmente para beneficio de sus legítimos dueños, todos los panameños.

Luego de casi un siglo de servicio al comercio marítimo mundial, la otrora gigantesca obra se ha quedado chica para hacerle frente al crecimiento de la carga marítima intercontinental y cabida a los enormes navíos que surcan los océanos. Desde hace diez años, nuestra pequeña pero valiente nación, soberana y dueña de su Canal y su propio destino, acometió la titánica tarea de la ampliación de la vía con el propósito de responder a la creciente demanda de carga y multiplicar los beneficios de su más preciado recurso para el bienestar de su pueblo. Durante los primeros siete años del presente siglo se realizaron alrededor de 120 estudios: de ingeniería, de mercado, socioeconómicos, ambientales, financieros, etc, necesarios para sustentar y fundamentar las decisiones que conducirían a acometer la realización de la magna obra. Pero como país democrático y soberano como precepto constitucional la decisión de ampliar nuestro Canal mediante la construcción de un tercer juego de esclusas debió ser tomada por el pueblo panameño mediante referendo, acto que se realizó el 22 de octubre de 2006. Por mandato sabio y soberano de la mayoría de los panameños la Autoridad del Canal de Panamá emprende los trabajos para el diseño y construcción de esta obra extraordinaria, quizás el mayor proyecto de ingeniería que se construye actualmente en Latinoamérica. El 3 de septiembre de 2007 una detonación en Cerro Paraíso dio inicio a los trabajos de excavación del canal de acceso a las nuevas esclusas en el Pacífico.

El proceso de preparación de los términos de referencia, especificaciones de desempeño, evaluación y selección del contratista para el diseño y construcción de las esclusas postpanamax del proyecto de ampliación que contó con la orgullosa participación de decenas de connotados ingenieros y especialistas nacionales y extranjeros, ha sido catalogado como uno de los procesos más diáfanos, rigurosos y transparentes realizados por panameños en los últimos tiempos.

En agosto del 2009 el consorcio ganador con la oferta de mejor valor, Grupo Unidos por el Canal, conformado por las empresa Sacyr Vallehermoso, S.A, de España; Impregilo SpA, de Italia; Jan De Nul n.v de Bélgica y Constructora Urbana,S.A., de Panamá, inició los trabajos. Desde septiembre de 2007 otras empresas habían iniciado la construcción y dragado de los canales de acceso a las nuevas esclusas y profundización y ensanche de las entradas al Canal.

De acuerdo con los diseños conceptuales, el proyecto de ampliación del Canal de Panamá requiere la excavación de aproximadamente 130 millones de metros cúbicos de suelo y rocas, 4 millones de metros cúbicos de concreto, 1.06 millones de toneladas de cemento, 260 mil toneladas de acero de refuerzo, 13.4 millones de metros cúbicos de material para relleno y agregados y 54 mil toneladas de acero estructural. La construcción de las esclusas tendrá una duración aproximada de 5 años. El costo total estimado del proyecto de ampliación es de 5,250 millones de dólares.

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Publicado el 3 de febrero de 2010 en el Diario Panamá América Digital,  a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

Funciones por delegación

La opinión del jurista………

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Donatilo Ballesteros S.

La situación administrativa en que ha quedado la Procuraduría General de la Nación y su titular, en virtud de la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, merece comentarios divorciados de la parcialización en que se ha incurrido.  Es evidente que so pretexto de favorecer una u otra posición, se han externado criterios, que adolecen de la insuficiente información jurídico–doctrinal. En efecto, designar el reemplazo del titular en la Procuraduría parece tener cautelada la opinión de muchos panameños, juristas o legos en la materia. Conforme a una de las apreciaciones, corresponde al titular designar su reemplazo. Así parece establecerlo el párrafo segundo del artículo 224 de la Constitución, que no ha sido regulado en la ley, como corresponde.

Por su parte en la propia Carta Magna, en su artículo 200, numeral 2, consigna la facultad de designar suplentes de los procuradores generales de la Nación y de la Administración, al Consejo de Gabinete, con lo cual no es cierto que dicha figura haya desaparecido.   En igual forma que se nombra un magistrado y con los mismos requisitos se escoge a los procuradores y los respectivos suplentes. Lo que ha ocurrido es que a pesar de estar claramente fijado en la Constitución Política, hemos sido omisos en el desarrollo de la legislación que la propia norma suprema establece.

En el artículo 219, por ejemplo, se dice textualmente: “Los agentes del Ministerio Público podrán ejercer por delegación, conforme lo determine la ley, las funciones del procurador general de la Nación”. Véase que se excluyó de esta posibilidad al procurador de la Administración y, por otra parte, se puso como condición para tal delegación que en la ley se determine las condiciones y circunstancias, como ha de ejercerse por agentes del Ministerio Público, las funciones del procurador general de la Nación.   Esa Ley no ha sido emitida, no se ha desarrollado la norma por vía legislativa, y en consecuencia, en ausencia de tal regulación, es mi criterio que el procurador Suplente es quien debe sustituir, quedando inhabilitado el titular por falta de la ley, para designar a su reemplazo.

En la discusión, algunas veces interesada, hemos obviado este tema, alegando una contradicción inexistente, entre el párrafo segundo del artículo 224, y el número 2 del artículo 200, ambos de la Constitución Nacional. En el Artículo 219 transcrito, se impone como condición para los agentes del Ministerio Público que haya una ley que determine tal ejercicio de las funciones de Procurador general de la Nación.   El artículo 224 en su párrafo segundo impone, además, otros requisitos que la ley habrá de consignar a saber: Que el agente designado cumpla con los requisitos constitucionales (Art. 204 de la Constitución), que sea funcionario del Ministerio Público, y que lo designe el procurador titular.

Las disposiciones antes indicadas tienen la solución al tema, sin embargo, ante la ausencia de la ley que establece como condición el artículo 219, es necesario que actúe el suplente debidamente ratificado, pues solo cuando exista la ley puede el procurador o la procuradora general de la Nación hacer la designación del funcionario que los reemplaza en sus ausencias temporales.   Es de suyo indiscutible que la temporalidad requiere término, causa y la seguridad del retorno al cargo, pues de otra forma la norma pierde consistencia y eficacia.

Invito para que propongamos a la mayor brevedad posible, una ley que regule el tema, a fin de consolidar la exigencia del artículo 219, con la facultad del párrafo segundo del artículo 224, cumpliendo así el mandato constitucional.

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Publicado el 3 de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Fallo injusto

La opinión del periodista……

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Juan B. Gómez

Sorprendió la noticia de que la Corte Suprema había separado de su cargo de Procuradora General de la Nación a la licenciada Ana Matilde Gómez. ¿Por qué? Porque ordenó la intervención del teléfono de un fiscal, subalterno de ella, que andaba en una jugada chueca.  ¿Y ese fue el delito que ella cometió?

Pienso que nuestra justicia cojea por cuestiones insignificantes y se hace de la vista gorda por cuestiones gravísimas y hasta de lesa majestad patriótica. Son los escrúpulos de Fray Gargajo- decía un refrán antiquísimo- que no se meaba en la iglesia para cagarse en la sacristía. El fiscal, sorprendido in fraganti en su jugada puerca, la denuncia a ella por extralimitación de funciones; y ahora resulta que a ella la destituyen, prácticamente, porque acogen la denuncia que le hizo el prevaricador de la justicia. “Todo parece indicar que estamos ante un fallo político de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el ex magistrado Edgardo Molina Mola. Lo único que faltó, para que el fallo del Tribunal Supremo fuera más justo y rimara con nuestra justicia panameña fue, que al separar a la Procuradora, ¡nombraran en su reemplazo a su acusador!

En lenguaje popular: Aquí los pájaros están tirando a las escopetas. ¡Cuánto daño se le hace con estas medidas injustas, pero aparentemente legales, a la correcta administración de la justicia!

¡Qué vamos a hacer!

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Publicado el 3 de febrero de 2010 en el Diario Panamá América Digital,  a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

Interpretación constitucional (II)

La opinión del Doctor en Derecho y Docente Universitario…..

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HERNÁN A. DE LEÓN B.

Decía que el artículo 224 constitucional establece la nueva figura del procurador encargado para cubrir las faltas temporales del procurador, que recaerá en un funcionario del Ministerio Público, tal vez con el ánimo de asemejarlo con el cambio que introdujo la reforma constitucional de 2004 para los suplentes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSS), es decir, que los mismos deben ser funcionarios de Carrera Judicial del Órgano Judicial.

No obstante lo anterior, para la interpretación de algunos abogados, el artículo 200, numeral 2 constitucional, deja la puerta abierta para que los suplentes de Procuradores sean nombrados por el Ejecutivo, porque dicho artículo establece que son funciones del Consejo de Gabinete acordar con el presidente de la República los nombramientos, no solo de los magistrados de la CSJ, sino también del procurador general de la Nación, del procurador de la Administración “ y de sus respectivos suplentes ”, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Nacional. Las preguntas, entonces, son: ¿Cuáles suplentes? ¿Los suplentes de todos los cargos anteriores, incluyendo de manera específica la de los procuradores o solo los suplentes de los magistrados de la CSJ?

Así las cosas, parece que hay un error en el artículo 200, numeral 2 de la Constitución, porque si la supuesta intención del legislador en la reforma constitucional de 2004 fue la eliminación de los suplentes de los procuradores, creando la figura del procurador encargado en el artículo 224, al observar la redacción del citado artículo 200, numeral 2, el cual quedó intacto, el mismo da mérito para distintas interpretaciones, por lo que la norma debió ser explícita al señalar que lo de los suplentes únicamente eran para los magistrados de la CSJ.

No hay duda, tenemos normas constitucionales redactadas en forma ambigua. Lo confirmo con la relectura a varios fallos de inconstitucionalidad, pues, en el ejercicio de la hermenéutica jurídica —ciencia de la interpretación de las normas— que ha venido aplicando la CSJ históricamente, demuestra claramente que muchas veces se ha tenido que recurrir al principio de universalidad constitucional o de unidad de la Constitución, donde la norma no debe interpretarse en forma aislada, sino que debe verse su sentido considerándola dentro del conjunto constitucional, tal como lo han señalado los ex magistrados de la CSJ, Edgardo Molino Mola y Arturo Hoyos en sus obras, La Jurisdicción Constitucional en Panamá , y La Interpretación Constitucional , respectivamente, aunque otras veces son lamentables las decisiones de la CSJ cuando existen votaciones 5 a 4 —el Pleno está conformado por 9 magistrados— para algún caso muy especial, lo que denota la supuesta existencia de dos bandos políticos.

Para evitar mayores problemas a futuro, al momento de su redacción, se debe tener sumo cuidado en las mismas, en especial, porque una constitución está dirigida a todos los habitantes de un país y no de manera exclusiva a un sector de la sociedad, como pueden ser los abogados.

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Publicado el 3 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

Decisión en la Autoridad del Canal

La opinión del dirigente empresarial……

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Enrique A. de Obarrio

Quien dude que Panamá se encuentra en los albores de asegurar a mediano plazo la posibilidad del desarrollo humano y social de las mayorías, deberá hacer un viaje al pasado y convivir con los próceres, quienes arriesgaron sus vidas para legarnos nuestra independencia de Colombia dando a luz la República de Panamá, como un paso trascendental en el devenir histórico del istmo y de nuestra nación.

La onda sonora de la separación de Colombia –107 años después – reproduce escenarios políticos parecidos, si aceptamos que la República nació, creció y se desarrolló bajo el influjo material y espiritual del protagonismo de la ruta interoceánica.

Hoy debemos atender con patriótico celo lo que el presidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009 –2014) decidirá en cuanto a la elección de nuevos directores en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Y es que el destino –paradójico en asuntos de la Patria– le ha otorgado el nombramiento de seis miembros de la junta directiva de la ACP, adicionales a los ya elegidos Rómulo Roux –actual ministro del Canal – y Rafael Bárcenas.

Este 13 de febrero deberá reemplazar a Antonio Domínguez, Mario Galindo y Guillermo Quijano, convirtiéndose en el presidente que, además de haber sido ministro del Canal, tendrá enorme poder para proteger una institución modelo de la República y en el mundo, hasta ahora inoculada contra la presión político partidista y las inconfesables ambiciones del poder económico.

Martinelli y esa junta también deberán nombrar al próximo administrador una vez finalice el periodo de Alemán Zubieta, en el año 2012, y a solo dos años de concluirse la gran obra de ampliación.

A favor de los miembros que hasta ahora han ocupado las sillas de esa junta, hay que reconocer que sus ejecutorias han sido reputadas, manteniéndose apartadas del influjo político y defendiendo el prestigio bien ganado de ser una institución autónoma, cuyo único interés es mantener el Canal eficiente, seguro y con manejo transparente, haciendo sostenible su creciente rentabilidad.

Por si no se sabe, entre 2014 y 2025 el conglomerado de la ruta aportará unos 28 mil millones de dólares a las arcas del Estado.

Los panameños que votamos sí a la ampliación, lo hicimos después que el presidente Torrijos aceptara finalmente la propuesta de trabajar en una estrategia nacional de desarrollo, en virtud de un proceso de Concertación Nacional, que ha de ser tenida como hoja de ruta en la ejecución de los planes quinquenales de Gobierno, en forma continua por administraciones que se sucedan cada cinco años, con miras a superar la pobreza y corregir la desigualdad.

Los panameños que favorecimos a la opción del cambio en las pasadas elecciones, lo hicimos confiando en el liderazgo del presidente Martinelli, para transformar positivamente la forma de administrar la cosa pública, depurando un sistema político corrupto.

¿Cómo debe ser el perfil de los próximos directores de la ACP? Pido a la sociedad nacional que exprese su parecer por cuanto medio de comunicación social encuentre disponible. Se trata de preservar una institución libre de corruptelas, porque con la ampliación del Canal de Panamá y la ejecución solidaria de la estrategia nacional de desarrollo, estamos a un brinquito de salir de la pobreza, superar la inequidad, y codearnos con los países del primer mundo.

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Publicado el 3 de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.