Organo Ejecutivo arremete contra el Ministerio Público, ¿Artículo 200 ó 224 de la Constitución?

La opinión de la Jurista, Analista Política y Radio Comentarista…..
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IDALIA  MARTÍNEZ

La crisis institucional que crece cada día más en nuestro país, debe ser examinada con mucho cuidado por la opinión pública, ante la la designación por parte del Organo Ejecutivo desde el extranjero de Giuseppe Bonissi como Procurador Suplente, invocando el Artículo 200 numeral 2 de la Constitución Política de la República de Panamá, como reacción inmediata luego de que la Procuradora Ana Matilde Gómez anunció la designación de Luis Martínez como Procurador Encargado, frente al comunicado de la Corte Suprema de Justicia de suspenderla del cargo por querella penal interpuesta en su contra por supuesto Abuso de Autoridad, tomando simplemente como “prueba sumarial” un fallo sobre inconstitucionalidad respecto a grabaciones de conversaciones telefónicas.

Tengo en mis manos copia simple del supuesto fallo de la Corte, en contra de Ana Matilde Gómez, por lo cual quiero destacar dos aspectos muy importantes, en lugar de detenerme en las válidas explicaciones sobre la reforma a la Constitución en el 2004 y cómo desapareció la figura del Procurador Suplente, las actuaciones del Organo Ejecutivo o que Bonissi no pertenece al Ministerio Público, etc.

Estos dos aspectos sustentan mi opinión jurídica sobre que la suspensión y separación de la Procuradora General de la Nación, así como el comunicado del Ejecutivo, atentan contra el debido proceso y el Estado de Derecho en nuestro país.

1. No resolver la RECUSACIÓN solicitada por la Procuradora Ana Matilde Gómez constituye violación al Debido Proceso, fundamentado en el Artículo 32 de nuestra Carta Magna.

El representante legal de la Procuradora Ana Matilde Gómez ha denunciado públicamente que en tiempo oportuno presentó RECUSACIÓN contra el Magistrado Wlfredo Sáenz, sin embargo tal recusación nunca fue resuelta, lo cual es grave, pues precisamente la Recusación se advierte cuando una parte teme que quien habrá de emitir decisión final no actuará de manera imparcial y justa, dadas las causales enumeradas en el Código Judicial.

2. La Procuradora tiene la facultad constitucional de escoger al Procurador Luis Martínez como Procurador Encargado, contrario a lo que afirma el Organo Ejecutivo.

El Artículo 224 de nuestra Constitución Política señala que, “…las faltas temporales de alguno de los Procuradores serán cubiertas por un funcionario del Ministerio Público, en calidad de Procurador Encargado…quien será designado temporalmente por el Procurador.”

A su vez el artículo 24 del Código Judicial señala que la falta temporal del cargo se produce cuando hay “…suspensión del mismo” .

Por lo antes expuesto debo añadir que, el Código Civil en el Capítulo III, denominado Interpretación y Aplicación de la Ley, establece en el Artículo 14 numeral dos que, en casos como este, cuando dos normas colisionan, “…se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior…”, por lo cual debe prevalecer el Artículo 224, que favorece la posición adoptada por la Procuradora.

Finalizo destacando que, el exagerado e incontrolable apetito de poder perpetuo, demostrado por la actual administración, ahora enfocado en detrimento del Ministerio Público, debe ser corregido de inmediato, de tal forma que se garantice el Estado democrático en Panamá.

Idalia Martínez
Abogada
Programa Radial Directo y Claro
KW Continente sábados 3:00 p.m.

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Publicado hoy 2 de febrero de 2009 en Facebook por la Autora, a quien reconocemos todo el crédito, mérito y responsabilidad que le corresponde.

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Alerta constitucional e institucional

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado……

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MARIELA  SAGEL

Sostener que gozamos de un sistema de gobierno participativo y democrático es querer esconder el sol con una mano. Los acontecimientos —o sobresaltos, como prefieran llamarlos— con que terminó la semana muestran las verdaderas intenciones que han inspirado los seis meses de gobierno que lleva el actual mandatario. Tal parece que habrá que ir haciendo un “check list” que vaya comparando la agenda o programa de gobierno con lo cumplido y lo actuado desde el primer día.

Todavía queda una instancia que no ha sido tocada por el afán de controlar, inspirado en el más oscuro sentido de la manipulación. Los nombramientos de los dos nuevos magistrados y la parodia que se dio en torno al proceso de su selección debió haber dado paso al gremio de abogados para levantarse en serias protestas, al igual que la llamada sociedad civil, que casi vertió lágrimas de sangre ante tanta burla —especialmente porque sus adláteres se sintieron gravemente traicionadas—.

Siguieron los procesos contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, que todavía lo mantienen en total indefensión y remata con la separación del cargo de la procuradora general de la Nación, donde a todas vistas es un hecho que ha permitido que “ los pájaros le tiren a las escopetas ”, porque se le ha levantado una causa en virtud de haber señalado y condenado un acto de corrupción ampliamente comprobado.

Todo esto sin tomar en cuenta que, a dos semanas de la celebración de los carnavales, no hay junta que los organice ni mucho menos ruta o lugares donde se va a escenificar el desenfreno y que actualmente tenemos dos procuradores y el Ejecutivo está en total acefalía.

Esa instancia es la Autoridad del Canal de Panamá, que para el próximo 13 de febrero (sábado de carnaval) tendrá que recibir la designación de tres nuevos directores a los que nombrará, precisamente, el Poder Ejecutivo.   A la fecha, aún cuando se designó a un director y al actual ministro del Canal en su momento, no se barajan nombres que llenen las vacantes que dejarán Mario Galindo, Antonio Domínguez y Guillermo Quijano, que, a pesar de haber sido nombrados por la ex presidenta Mireya Moscoso, fueron personas probas en el enorme reto que ha llevado adelante la empresa más importante del país, especialmente en lo concerniente el referéndum celebrado para iniciar la ampliación de la vía acuática.

La ACP es —todavía— un modelo que debe preservarse y entre todos tenemos que defender ese bastión. También la ACP puede convertirse en un codiciado botín político y económico, toda vez que un estudio realizado hace unos años por la empresa INTRACORP se hacían adelantos econométricos de 25,000 millones de dólares a ingresar al Producto Interno Bruto entre los años 2014 y 2025, una vez culmine el proyecto de ampliación, sea por tránsitos —directos, indirectos, inducidos y paralelos— además contando con el desarrollo del conglomerado en su totalidad.

Esos hombres —porque tal parece que no se sueña con designar mujeres— que formarán parte de la Junta Directiva de la ACP, más los que tendrá que designar el Ejecutivo en el año 2013, cuando se vencen los períodos de otros tres que también nombró el gobierno de Moscoso (quizás los más anodinos, salvo el Lic. Ramírez) y un nuevo administrador —porque el actual no puede reelegirse, a pesar de lo bien que lo ha hecho— tendrán en sus manos un poder absoluto y apabullante que, en manos de quienes no respetan la separación de los poderes y que mandan, no gobiernan, puede ser muy peligroso.

Haciéndome eco de lo escrito por el ex secretario general de la Autoridad Marítima, ¿serán escogidos estos nuevos miembros entre los personajes sumisos que rodean al presidente o se escogerá a personas independientes que puedan mantener la tradición de empresa ejemplar que es el Canal?

Esa interrogante es tan fácil de descifrar como tener una idea de cómo va a acabar el asunto del FIS o de qué forma maneja el Ejecutivo la Fiscalía ante la cual está Ayú Prado: por Black Berry chat.

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Publicado el 31 de enero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, .o mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

No bastan buenas intenciones

La opinión del periodista…….

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EUCLIDES  FUENTES  A.

Nadie puede negar que el presidente elegido por mayorías, Ricardo Martinelli, está empeñado en demostrar que no quiere ser un mandatario más del montón y que, pese a las evidentes contradicciones que en menos de un semestre han dado lugar al desgaste de su gestión, pareciera tener buenas intenciones.

Las encuestas de popularidad que lo favorecieron se han convertido en una especie de amenaza latente que intranquiliza al inquilino del Palacio de las Garzas, pues vemos cómo se han atropellado en los últimos días las acciones y declaraciones que tienden a responder, gracias al enorme poder mediático que disfruta, al descenso de la simpatía popular.

El pueblo está informado de los pasos en materia del combate la corrupción enquistada en el alma y cuerpo de la sociedad, los aparentemente insolubles atascos de la educación, la salud pública y seguridad social, el mal transporte, la criminalidad galopante y su afectación a vasto sector de la juventud, carga impositiva sobre los sectores económicos más golpeados y el alza consuetudinaria de la canasta básica.  Son los pilares sobre los que Martinelli prometió a los panameños ejecutar los cambios necesarios.

Es verdaderamente lamentable que la pesquisa de los corruptos se haga selectivamente, porque por identidad partidista se ampara a los corruptos precedentes de los gobiernos del 90 hasta hoy.  Deplorable, asimismo que la Corte Suprema no haya sufrido la depuración anhelada.

Las promesas de campaña no se materializan en hechos tangibles y en la ciudadanía en menos de cien días comenzaron a aflorar sentimientos de frustración, porque se juzga como engaño el panorama que se pintó de esperanzas.   El hombre común vislumbra que, una vez más, el sistema que hace más ricos a los ricos y sume en la pobreza a los insolventes que son la casi totalidad; no precisamente los locos que anunciaba la publicidad proselitista.

Quienes tenemos que hacer abstracción de la subjetividad en aras del bienestar de todos los estratos, nos atrevemos a sugerirle que con esa predisposición a demostrar que verdaderamente quiere gobernar para bien, comience por ejecutar algunas acciones que le harían retomar la posición en las encuestas.

Al hombre común, como el caso del amigo que fue candidato a diputado por el partido del cambio, le apremia que cese sobre los arrendatarios la amenaza del desalojo de una habitación, la cual tienen más de 30 años de habitar pagando, por ejemplo, $300 mensuales y ahora, de un solo chancletazo, le duplican el valor y si no lo hace perentoriamente tendrán que ir con su magro pago de jubilado él y su familia, para la calle.

Señor presidente, ¿no le parece que frente al boom inmobiliario, que es causante de tanto abuso contra los desposeídos, es urgente una reforma legal que congele los precios de tales arriendos y que, además, reconozca que quien ha pagado por más de 20 y 30 años una pieza en un inmueble ya ha cancelado con creces el valor del mismo y merece que se le otorgue el título de propiedad?

Con tanto dinero y bienes confiscados a narcotraficantes, hay recursos para frenar el aumento de impuestos a los ciudadanos. Los jubilados constituimos el grupo más inhumanamente tratado por este sistema. Nos siguen descontando impuestos, seguro educativo y cuota, pero no tenemos derecho a medicinas, pues nunca hay.

Tome conciencia de la realidad señor Martinelli, no tema a los calificativos de los que lucran con perpetuar el imperio de la i, sistema injusto por inhumano, ineficaz e insufrible, que ya ha demostrado aquí y en todas latitudes que no sirve.

No basta con buenas intenciones aireadas a los cuatro vientos por el poder mediático de que disfruta hoy su gobierno. Báñese de pueblo verdadera y conscientemente, y aplique esa voluntad por encima de los intereses de quienes hoy, al igual que ayer, solo piensan en sus cuentas bancarias y en las cajas registradoras de sus muy particulares negocios.

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Publicado el 30 de enero en el diario  La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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El sueño: ¡Un ferrocarril eléctrico!

La opinión del periodista……….

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ALEXIS  ATENCIO  G.

La provincia de Chiriquí tiene varias hidroeléctricas, se construyen más de 30 según la información.   Tenemos la energía hidráulica y vamos a tener más. La instalación de un ferrocarril transístmico y eléctrico entre Bocas del Toro y Chiriquí aminoraría las distancias, bajaría los costos de transporte a la empresa privada y el pueblo también lo usaría para su traslado de un punto al otro a un precio relativamente bajo.

Todo en la vida tiene un propósito, y las cosas no suceden en vano. El capitalismo ha inundado de vehículos las ciudades de este país desde tamaños y formas diferentes y, el pueblo paga los precios más altos por su transporte terrestre. El precio del combustible está por las nubes.

Los Países Bajos en Europa tienen su ferrocarril y en el Sur del continente americano también existe este medio de locomoción. En nuestro país, las provincias de Colón y Panamá lo mantienen. Chiriquí con la infraestructura y facilidades adolece de él.

Cuando murió Ramón Darío Tello no pude ir a su sepelio. Había sido el presidente del Comité Provincial Pro construcción del Ferrocarril Eléctrico en Chiriquí. De eso han pasado más de 10 años.

Hoy, vuelven a mi memoria las luchas que libramos en distintos sectores del occidente chiricano, por lograr que este medio de transporte conocido como Ferrocarril Nacional de Chiriquí mantuviera presencia en esta provincia.

Tello, viejo obrero del Ferry chiricano, jubilado ya, gozaba de prestigio por su incansable lucha en beneficio del tren que transportaba desde el distrito de Barú hasta La Concepción, distrito de Bugaba.

En mi caso, estudiaba periodismo en el Centro Regional Universitario de David y de verdad que era un guerrero y defensor del proletariado de entonces. Buscaba, visualizaba, que en esta provincia algún día contaríamos con un ferrocarril eléctrico.

Entre Tello, un hombre de color de unos cinco pies y 6 pulgadas, y la directiva del comité en mención del cual era quien suscribe su vicepresidente, recorrimos las fincas de Jacú, Corozo, Progreso y más de cinco o seis fincas más concienciando a las masas desprotegidas de entonces.

Se hizo un Congreso Provincial en la Casa de la Cultura en David y se trajo al Ingeniero Alfredo Sabonge de la capital vinculado al Ferrocarril transístmico de Panamá-Colón.

Se logró poco, pero el sueño quedó. Tello se fue a una mejor vida y la mayoría de los miembros del ferrocarril chiricano se jubilaron.

Hoy, que el nuevo presidente de la República, Ricardo Martinelli, habla de la construcción de un metro para solucionar el caos vehicular de la capital del país renace la idea de un ferrocarril eléctrico, que entre Tello, el comité y este servidor dejamos plasmada en el tiempo.

Que la sapiencia del nuevo gobierno en esas ideas de desarrollo en beneficio de las masas traiga e impulse la construcción de un ferrocarril eléctrico entre las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, para posterior explotar el atlántico desde Bocas hasta Colón vía férrea. En otra ocasión la continuamos..

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Publicado el 30 de enero en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los sin justicia: Niños y niñas de Panamá

La opinión de…..

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Wellington Pereira Carneiro

¿Como usted se sentiría si un día su cónyuge viaja a ver la familia en otro país y nunca más regresa con su hijo?  ¿Como usted se sentiría si luego de litigar en las cortes durante cinco años, viajar muchas veces, después de cinco demandas, cuatro sentencias favorables y más de mil páginas de proceso, no pudiera practicar actos tan sencillos como ver a su propio hijo, llevarlo al cine o a la escuela, salir de vacaciones o simplemente saludarlo para su cumpleaños o decirle cuánto lo quiere?

Esta situación, de una crueldad monstruosa, no solo existe en Panamá, sino que es tolerada y prácticamente sancionada por la justicia panameña de familia.  Cómo puede ser que en Panamá un padre luche hace diez años por no ser separado forzadamente de su hijo y hace cinco años no puede verlo debido a la incapacidad de la justicia panameña en hacer cumplir las leyes y sus propias sentencias.

Sin embargo la República de Panamá ha ratificado el Convenio de La Haya de 1980 que es un tratado internacional que visa garantizar el derecho de visita y cohibir el secuestro internacional de niños por uno de sus padres.    Panamá es parte, pero la justicia ha boicoteado su cumplimiento  . Esto atenta contra la seriedad de las relaciones internacionales de Panamá.   Este tratado ha sido fundamental en la devolución del niño Sean Goldman a su padre. Pero Brasil lo cumplió. Panamá lastimosamente no lo cumple.

Ya se dijo que el grado de civilización de una sociedad se mide por cómo ella trata a sus niños y sus personas de edad. Desde 1985 el médico-psiquiatra americano Richard Gardner documentó los casos donde uno de los padres pasaba a intervenir en el desarrollo psicológico de sus niños con el objetivo de causar prejuicio al vínculo afectivo con el otro progenitor.   Este disturbio psiquiátrico, el síndrome de alienación parental, se manifiesta cuando padres o madres enfermos transforman a sus hijos en misiles para hacerle daño al otro, los hunden en la desmoralización de su propia personalidad.   El nivel de tensión impacta como un tsunami en la tierna estructura psicológica de los niños y puede causar ansiedad, temor, depresión, anorexia, drogadicción u otras secuelas en el futuro.

Por lo tanto la alienación parental es un maltrato grave y en otros países resulta en la suspensión o pérdida de la custodia del niño. Sin embargo, en Panamá la justicia de familia ha sido incapaz de cohibir hasta los casos más evidentes demostrando tristemente su total bancarrota en garantizar los mínimos derechos humanos de los niños. Para el resto del mundo está claro que esto es ilegal y moralmente repugnante. Sin embargo, aquí se premia a los agresores y se pune a las víctimas con la perpetuación de las violaciones a los derechos humanos.

Un Estado que no hace cumplir las sentencias del Poder Judicial viola el derecho al debido proceso legal. El Estado es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza para el mantenimiento del orden social.   O sea, el Estado no pide, manda. Si la justicia es incapaz de ejecutar sus determinaciones el estado de derecho fracasa, triunfa la arbitrariedad y la violencia, la democracia se hunde, es la anarquía.

¿Pero por qué pasa eso? ¿Cómo son nombrados los jueces? ¿Cómo se mantienen en sus puestos? ¿Por qué la ineptitud es un rasgo fundamental de algunos despachos? Mientras se siga tolerando el tráfico de influencias, la corrupción, la discriminación y machismo, no habrá protección a los derechos de los niños.

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Publicado el 30 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Cortina de humo o credibilidad

La opinión del estudiante universitario……

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Pedro Moreno Patiño

El nuevo Gobierno ha traído el brío que todos los gobernados necesitamos, en principio el nuevo mandatario da muestras de cumplir su palabra de campaña cabalmente sin ambages, directo, ojalá que la gracia no quede en mueca, me explico: al denunciar, dar con el mazo, atacar el crimen “organizado o desorganizado” es la mitad del componente requerido, lo siguiente es la investigación que recae en el Ministerio Público y el Órgano Judicial para ejecutar los procesos, ¿quién es más confiable en la balanza?, sin duda hasta ahora el Ejecutivo.

Hay un desgaste por parte de las autoridades investigativas y judiciales que es el resultado de la inacción o “freno de emergencia” que se apodera de los despachos y sucumbe la intención de investigar y dar la efectiva justicia que tanto esperamos los ciudadanos de la República.

Con este nuevo estilo de gobernar, el Presidente da señales del verdadero néctar de justicia que deseamos beber desde hace rato, sin embargo, el brazo justiciero puede hacer que se haga añicos todo el interés y empeño al poner en sus manos la tarea competente de investigar y administrar justicia, no vaya ser que la inoperancia de la mitad de la ecuación deje al Ejecutivo cual cómplice de la desidia.

Tiene que haber un resultado de un producto del cual el encargado del control de calidad es la sociedad civil. Instamos a mantenernos vigilantes de las acciones enérgicas del Gobierno Central, que no caiga en sacos rotos su proceder que desde ya cuenta con el aval popular, solo esperamos que no seamos traicionados, engañados y mucho menos burlados, que estos nuevos aconteceres se mantengan con el grado de credibilidad como se perfila hasta el momento y no se convierta en una cortina de humo y se amanezca con una goma moral y se torne en un mandato indeseable.

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Publicado el 30 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Una escandalosa denegación de justicia

La opinión del Abogado…….

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JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA

MINA HYDRO-POWER CORP. ha interpuesto un proceso administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte contra la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para impugnar, como nula por ilegal, la resolución de la concesión administrativa para el proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina.

Este constituye uno de los casos más emblemáticos de la historia de la abogacía en Panamá: un asunto de alto perfil jurídico tanto por sus implicaciones económicas, doctrinales y jurisprudenciales, como por los sujetos procesales que en él intervienen, tanto activa como pasivamente, hasta de forma subyacente. La contienda contempla el artificio que busca favorecer indebidamente al Estado con un privilegio que no le es reconocido por la ley procesal: sustanciar el mencionado proceso sin la contestación de la demanda en el término oportuno, para subsanar indebidamente la carga procesal correspondiente.

Consideramos totalmente improcedente la pretensión de interpretar ilegalmente el informe explicativo de conducta para convalidar o subsanar el presupuesto procesal omitido, que es exigido por las formalidades esenciales que contiene, porque le hacen imprescindible para la continuación de la tramitación normal del proceso, por efecto de que ese acto previamente fue declarado nulo o inadmisible, y por lo tanto inexistente, y sin posibilidad de producir efecto jurídico alguno en el proceso.

Por otro lado, se desatiende el hecho de que a dicho informe explicativo, por ser un acto procesal concomitante y dependiente de la contestación de la demanda inadmitida, también le alcanza el vicio de nulidad acreditado contra el mismo en el proceso. ¿Cómo es posible convalidar un acto inexistente en esas condiciones?

Se hace, pues, evidente que la perseverancia de seguir un procedimiento distinto al que legalmente corresponde, constituye una transgresión irreverente del derecho a la defensa y la igualdad de las partes; con ello se vulnera el debido proceso legal, y al obstaculizarse el trámite aplicable al caso, se defenestra la función jurisdiccional, toda vez que la carga procesal omitida impide la confrontación de hechos requeridos para su debida subsunción con las normas aplicables. Así, por la carencia de oposición contra la pretensión contenida en la demanda se produce una litigiosidad ficticia.

La función social de la abogacía exige en su ejercicio: claridad, adecuación y precisión sobre el tratamiento e interpretación del derecho objetivo. Desde que los Estados consagran la dignidad humana como el valor supremo que informa el ordenamiento jurídico, la función del abogado alcanza su transcendencia definitiva, al aportar a la sociedad en que se integra la técnica y el conocimiento necesarios para la defensa de sus derechos. Pero de nada sirve esto si el sistema judicial de la nación no provee el medio idóneo para defender los derechos que a cada cual corresponden.

Se vulnera el debido proceso en materia contencioso administrativa, al desconocerse que el mismo está instituido constitucionalmente para velar por un procedimiento garantista y justo tendiente a proteger al administrado de los posibles desafueros de la administración en detrimento de determinado particular.

El abogado y el juez no entrañan una función contrapuesta, toda vez que como auxiliar del juez, está llamado a documentarlo adecuadamente para que “ no se tuerza la justicia ”; así como para mostrarle, de la manera más clara y completa posible, las razones de hecho y de derecho que favorecen a su cliente, así como los fundamentos jurídicos de su oposición a las pretensiones de la parte contraria.

Es por ello que se dice que la independencia del abogado resulta tan necesaria como la imparcialidad del juez dentro de un Estado de Derecho. Honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son atributos que deben calificar cualquier gestión del abogado: Constituyen el fundamento de las necesarias relaciones de confianza abogado–cliente y la base del honor y dignidad de la profesión.

Cuando nos percatamos de que el derecho a la tutela judicial efectiva queda convertido en letra muerta en el caso que analizamos, resulta imperativo evitar la consumación de las siguientes acciones, totalmente infundadas e inconsistentes, según quedan radicadas en el proceso en mención:

1—. La doble notificación al apoderado privado constituido de la ASEP para propiciar deliberadamente, la repetición indebida tanto del término del traslado como el de la contestación de la demanda;

2—. La pretensión indebida de subsanar la falta de contestación de la demanda como acto inexistente en el proceso —y por tanto, nulo de pleno derecho— mediante el informe explicativo de conducta expedido por el director de la ASEP, quien no es abogado.

3—. El empecinamiento en seguir un trámite distinto al establecido por la Ley, ante la omisión de la contestación de la demanda, vulnerando el debido proceso constitucional.

4—. La usurpación de la competencia privativa, al pronunciarse indebidamente sobre el fondo de una advertencia de inconstitucionalidad —con lo que se vulneró el derecho fundamental de acceso a la tutela constitucional—, al obstaculizarse deliberadamente su remisión al Pleno de la Corte Suprema.

En consecuencia, nos corresponde exponer los recursos que se establecen legalmente para la protección judicial de las garantías de un buen proceso, en atención al cuarto mandato del abogado, según COUTURE:   “ Lucha; tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, entonces lucha por la Justicia ”.

El abogado debe hacer valer el interés de una parte, para que el juez pueda hacer valer la justicia. Rubrica de la Rúa: “ ¿Cómo podría el juez, que es un tercero ajeno y desinteresado, imparcial para poder ser justo, administrar su justicia y encontrar el equilibrio del Derecho, si no pudiera percibir, en la contradicción y el debate, las pretensiones opuestas? ”.

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Publicado el 30 de enero en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.