¿Peligra la democracia en Panamá?

La opinión de……..

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David Robles Benítez

Al margen de las simpatías o antipatías que pueda suscitar una figura pública que ejerce un cargo de autoridad, se hace necesario resaltar que es un deber intrínseco de todo el que ocupa un cargo de poder -como el de procurador general de la Nación- el asumir fielmente y con eficacia las responsabilidades adquiridas una vez se ocupa dicho cargo; además se hace obligatorio que todas sus acciones estén regidas con estricto apego a la ley. Incurrir en faltas por ejecutar acciones contrarias a lo establecido por ley, afecta la legitimidad de dichas acciones, su investidura y por tanto la institucionalidad.

Hago esta observación por la pluralidad de posiciones que han surgido por el caso que se le sigue a la procuradora general de la Nación.  Mucho se ha hablado y tal vez poco se ha debatido con el sincero fin de llegar a una paz que fortalezca el orden político de nuestra nación y que garantice la armónica colaboración que debe coexistir entre los órganos del Estado.

Es de mi interés como ciudadano, hacer alguna aportación sobre el porqué considero que el investigar a la procuradora bajo las actuales condiciones, no es nocivo para la democracia.  Pero primero veamos los hechos.

Para empezar, este caso es de vieja data. Ya en el año 2007 la Corte Suprema de Justicia (durante el período presidencial de Martín Torrijos) declaró como inconstitucional la intervención telefónica que autorizó la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en una investigación bajo su mando al entonces fiscal Arquimedes Sáez.   Con esta decisión la Corte demostró que en la democracia el fin “no” justifica los medios.

Pero no es hasta junio de 2009, que Sáez pone una querella en contra de Gómez, por la acción inconstitucional de esta, ante el procurador de la Administración (también nombrado en el período de Torrijos).

Recientemente el procurador de la Administración basándose en estos hechos contundentes (la acción inconstitucional declarada por la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces), decide investigarla por la querella interpuesta, y para ello, naturalmente, requiere la separación del cargo.

Ante esta medida, que pretende el procurador de la Administración, se ha generado una serie de pronunciamientos a favor y otras en contra. Con los argumentos utilizados para oponerse a esta medida se afirma que se “pone en vilo la democracia”, y se “atenta contra la institucionalidad”. Otros alegan “presión del Ejecutivo” y de una injerencia del Ejecutivo en estas acciones.

Partiendo del hecho de que uno de los pilares de la democracia es que todos somos iguales ante la ley, considero que la posibilidad de investigar a cualquier persona, sin importar su alto nivel jerárquico -sea procuradora, ministro o presidente de la República- de ninguna manera menoscaba la democracia, sino que la fortalece, ya que le da fiel cumplimiento a este principio.

Cito el caso “Watergate”, por el que se investigó y posteriormente se enjuició a Richard Nixon, cuando ejercía el más alto cargo gubernamental de su país, el de presidente de Estados Unidos (reconocido como uno de los países más democráticos del mundo), por los cargos de: 1. Obstaculizar la investigación, 2. Abuso del poder y 3. Desestimar la orden judicial para presentar la evidencia. Este es tan solo un ejemplo de que una acción de esta naturaleza no debilita la democracia ni atenta contra la institucionalidad de ningún país, sino que demuestra que no hay nadie por encima de la ley.

La separación del cargo es imprescindible para evitar que las personas de poder que se encuentran en investigación obstaculicen las investigaciones que se les siguen,-como lo hizo Nixon- interviniendo y confabulando desde su alta posición.

En cuanto a las declaraciones sobre “presión e injerencia del Ejecutivo” en estas acciones contra la procuradora -que se generan principalmente cuando el Presidente se hace eco de ese anhelo ferviente del pueblo panameño que reclama que se haga justicia y que no se siga apadrinando la impunidad-, con las que se pretende frenar o evitar que se le investigue, a mi parecer son meras especulaciones, y de no ser así que se presenten las pruebas como corresponde. Son especulaciones ya que no corresponden a hechos concretos, como los presentados al procurador de la Administración como fundamento a la querella contra la procuradora.

Ciertamente está en peligro la democracia, de eso no cabe la menor duda. Pero no aquella seudo democracia que ampara bajo un velo de investidura institucional al funcionario que comete una falta, que lo hace intocable de cualquier cuestionamiento que como servidor público deba responder; que le exime de cualquier investigación, llamamiento a juicio, o penalización que por infringir la ley deba enfrentar; sino la verdadera democracia, que tiene su fundamento en la igualdad; la que surgió como reacción al abuso del poder, y a la violación de los derechos fundamentales de todo individuo. Esta es la democracia que está en vilo. La democracia de la igualdad ante la ley para todos.

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Publicado el 30 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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