¿Asamblea de negociados?

La opinión del Abogado…..

Luis Carlos Guerra

La realidad jurídica constitucional acerca de las funciones de los diputados está bien definida en la Constitución de la República, estas se diversifican de acuerdo con el contenido y competencia que asuma la actividad, las cuales pueden ser: legislativa, judicial y administrativa.

Un examen a cada una de estas funciones permite concluir inequívocamente que el criterio de representación social asumido por los diputados desde tiempos pretéritos, que ha permitido la justificación en su momento de las llamadas Partidas Circuitales, y ahora, de los subsidios del Fondo de Inversión Social (FIS), los cuales siempre han dado que hablar por la manera en que se han manejado, a diestra y siniestra de cada diputado, es una función de hecho que contrasta con los deberes legales mandatados por la ley.

La actuación de un diputado supone ser en interés de la nación y en representación de sus respectivos partidos políticos y electores de su circuito electoral, pero al parecer las inclinaciones y usos prácticos hacen presumir que, en su mayoría, cada quien responde a sus intereses particulares.

Las excepciones son contadas, pero si fuese por una auditoría que contraste la producción real, de acuerdo con las funciones a ellos asignadas y el resultado efectivo de sus actuaciones, todas nos llevarían a concluir que lo que ganan en dinero y ostentan en privilegios sobrepasa excesivamente a la calidad y cantidad de su rendimiento.

El postularse para ser diputado se asemeja más, hoy día, a un proceso mercantil de inversión a largo plazo, que a uno electoral en interés de la administración pública, mientras nuestros diputados sigan favoreciendo leyes con subrepticias intenciones a cambio de prebendas, mientras sigan usufructuando el erario y despilfarrando los impuestos de los electores, mientras se encuentren envueltos en aparentes negociados; el respeto del ciudadano común hacia una institucionalidad democrática se lesiona.

<>

Publicado el 30 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿A cuánto el metro?

La opinión de ……..

.

RAFAEL PITTI

No se trata de asunto de bienes raíces o compra de tierras, pero ya que lo menciono, creo oportuno averiguar si en el Proyecto de Ley sobre derechos posesorios se consideró actualizar lo pertinente al valor catastral de los bienes del Estado que datan promedio de 60 años. Es materia impostergable realizarlo, para impedir los continuos e históricos abusos de diferentes administraciones gubernamentales, esperamos que así sea, o de lo contrario, convenirlo de la forma más expedita.

A lo que me refiero es al precio anunciado de lo que costará la construcción del mal llamado proyecto de solución al problema del transporte masivo en Panamá.

No se malinterprete esta apreciación, claro que merecemos un transporte moderno, eficiente y veloz. Pero, $1,500 millones para tan solo 14 kms. lineales es sospechoso.

Hace pocos años, cuando el acero y el cemento estaban en precios altísimos, los estudios arrojaban un promedio de costo de entre 70 a 75 millones el kilómetro en Panamá, teniendo en cuenta la configuración geográfica de suelos y subsuelos, además de las condiciones climatológicas para lo que representa tiempo en duración de la obra.

No soy experto en finanzas ni ingeniería, pero, como muchos, tengo la suficiente capacidad, inteligencia y entendimiento para colegir que algo raro merodea este emblemático proyecto. A más de 107 millones el km.,  son nada más y nada menos que $32 millones 144,000 de más el km., a lo anteriormente contemplado.

He participado en foros y leído sobre opiniones muy técnicas y versadas, donde se señala que una de las menores opciones para resolver nuestro problema de transporte urbano es el metro, sin embargo, para sustentarlo e imponerlo, Martinelli tomó como muestra y ejemplo el de Santo Domingo, Rep. Dominicana.

Veamos la marcada distorsión con relación a la realidad del lugar. Originalmente se había planificado construir 10 kms., a un costo de 32.6 millones, pero, reformularon 4.5 kms. en nueva longitud, ello sorpresivamente disparó a 50 millones el costo, totalizando poco más de $700 millones al final de la obra. Entonces, contabilizando medio kilómetro de más en Santo Domingo, aquí 14 km., nos costarán más del doble, y la pregunta es a razón de qué.

Para nadie es un secreto que una de las formas de esquilmar dineros públicos es, precisamente, con sobrecostos. No voy a asegurar nada de lo que no tenga pruebas, pero datos y cifras, obtenidos en fuentes fehacientes y confiables, obligan a todos los sectores y organismos de nuestra sociedad a meditar y actuar conforme lo dictan los parámetros constitucionales y de derecho, enmarcados en el concepto de fiscalización y óptima administración de los recursos del Estado, que son de todos.

No hay que olvidar lo que se pregona, que unos “ entran limpios y salen millonarios ”; de igual forma tomemos las providencias para presumiblemente evitar, que millonarios gulas disimuladamente se aprovechen de nuestras riquezas.

<>

Publicado el 30 de enero en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Caso de Arquimedes Sáez. No debe ser motivo para juzgar a la Procuradora

La opinión de……

.

Benedicto De León Fuentes

Me voy a permitir disentir respetuosamente de quienes sostienen, a saber, reconocidos comunicadores sociales y juristas, así como también de otros que no lo son tanto, respecto al tema de si debe o no enjuiciarse a la señora Procuradora de la Nación por el caso Sáez, mi opinión es que NO. Explico por qué:

1. Al momento que la señora Procuradora expide la orden declarada ahora de inconstitucional NO estaba claro qué conductas de los agentes del Ministerio Público requerían de previa autorización del Órgano Judicial, es más, aún no está claro;

2. La conducta que la Corte Suprema le ha prohibido al Ministerio Público hacer sin autorización del Órgano Judicial mediante la sentencia del 17 de julio de 2007 es solamente una, a saber, “interceptar o grabar llamadas telefónicas” no obstante, lo deja en libertad para aplicar toda una serie de otras medidas que afectan derechos fundamentales, incluyendo la detención preventiva, que es a propósito la más grave;

3. La autorización que da la señora Procuradora en el caso bajo examen no se materializa por razones técnicas, pero la víctima insiste en usar otros mecanismos como lo fue la escucha por “alta voz”, lo que permite montar un operativo encubierto y sorprender nada menos que al señor fiscal cuando cometía el delito, ¿qué derechos se le violaron a este sujeto?;

4. La autorización para interceptar las llamadas en algunas líneas telefónicas que dio la Procuradora fue a solicitud de la persona que estaba siendo víctima del acto de extorsión por parte del ex fiscal Sáez, no fue a la línea de un tercero, y vale decir que ni la Constitución, ni la ley, ni la sentencia que declaró el acto de marras de inconstitucional se refieren a este supuesto, es decir, queda la interrogante, ¿si a usted lo están intentando extorsionar, puede pedir a un agente del Ministerio Público que le intervenga su propia línea a fin de ubicar al delincuente sin que esto requiera autorización del Órgano Judicial?, me parece que sí y con toda legitimidad;

5. En atención a lo anterior no me cabe la menor duda de que la actuación de la Procuradora, en este caso, fue bajo el entendimiento de que estaba cumpliendo con su principal función, la cual es de perseguir y descubrir a los delincuentes, por tanto, no hubo dolo en su actuar.

Debo dejar claro que en mi opinión, ninguna medida de las que toma el Ministerio Público debe hacerse sin autorización del Órgano Judicial, pues en razón de ello se han cometido múltiples abusos, y precisamente para evitar tales abusos se creó en Panamá el denominado sistema penal acusatorio, respecto al cual hicieron profusos estudios tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público, sin embargo, curiosamente cuando estaba listo para implementarse aunque parcialmente, el nuevo gobierno, el actual, decidió postergarlo, ¿por qué sería?,  saque usted sus conclusiones. Ahora vemos que las profecías se están cumpliendo con exactitud.

En consecuencia, de materializarse todo lo que pareciera estar escrito, la mayor pena para la sociedad panameña sería tener que admitir que se separó, juzgó y condenó a una procuradora, por el solo acto de perseguir y descubrir a un delincuente, ¿no habría una mejor excusa?

Para finalizar, soy de opinión que todas las medidas cautelares personales, tales como: casa por cárcel, no poder abandonar el país sin autorización del funcionario que dictó la orden, la detención preventiva, etc. que a diario el Ministerio Público ejecuta, son de carácter judicial en virtud de que para ello tiene el funcionario que hacer una previa valoración de las pruebas, función que debe ser exclusiva del Órgano Judicial, y es este precisamente uno de los problemas que está llamado a resolver el sistema penal acusatorio.

<>

Publicado el 30 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Jesús quiere que seamos humildes

Un mensaje al Corazón por el Monseñor…….

.

Rómulo Emiliani

El reino de los cielos es de los que tienen espíritu de pobre, dice la palabra. Entonces, yo te pregunto: ¿Eres soberbio o humilde, orgulloso o modesto, altanero y patán o eres una persona humilde y sencilla que reconoce y sabe que el único, el Absoluto, es Dios?

¿Cómo eres tú? Si eres orgulloso, soberbio o altanero, la palabra dice que Dios rechazará todo eso con el poder de su brazo.

El orgulloso cultiva la estupidez humana, porque ¿Quién puede ser como Dios, creador del universo entero? ¿Acaso tú, algún otro ser humano, un país o imperio?

Los imperios son destruidos, se acaban y sólo permanece Dios. ¿Dónde quedó el imperio romano o el egipcio? ¿Dónde están los reinos de la Edad Media? Todo es pasajero y la realidad no deja de cambiar. Normalmente cuando un imperio se “convierte en dios”, su propia fuerza degenerativa de inmoralidad y de inercia por los vicios sociales, lo lleva a la decadencia.

Cuando una sociedad deja de tener por referencia plena a Dios, al dejar atrás el respeto y el temor por lo divino, los frenos morales se deshacen y viene el caos.

En esta ola moderna de secularismo, donde ya Dios no cuenta, contemplamos cómo los valores se pierden y cada uno lucha individualmente por surgir a como dé lugar, sin importar los medios, aliándose con otros ambiciosos, formando así castas de dominio egoístas y sin ninguna sensibilidad social.

La soberbia y el orgullo ciegan al ser humano, confundiéndolo en cuanto a su esencia, haciéndole creer que es “dios”. He aquí el primer pecado de la humanidad, el de nuestros primeros padres, el “querer ser como Dios”, pecado de soberbia que los llevó a traicionar al Señor.

Felices los que son humildes. Y tú, ¿eres humilde o soberbio? Piénsalo bien y decídete a cumplir el plan de acción que presenta Jesús en las bienaventuranzas (MT 5,3-12).   Sólo así alcanzarás la felicidad y te realizarás en plenitud como ser humano.

Solamente con la ayuda de Dios podrás lograr alcanzar los niveles de calidad humana necesarios para convivir en paz y amor con tus hermanos y recuerda que ¡Con Dios, quien es amor, serás ¡Invencible!

<>

Publicado el 30 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Crisis política: Sus signos y caminos

La opinión del Jurista……

SAÚL MALOUL ZEBEDE

Fíjese el lector que hemos evitado hablar explícitamente de soluciones; no creemos que la sugerencia de recetas prefabricadas sea lo mejor, tal vez más importante sea indicar, con toda humildad, los caminos que podríamos transitar para que la crisis política que nos toca enfrentar, nos lleve a todos a buen puerto.

Lo primero es entender que el caso de la procuradora general de la Nación, es solamente un signo o manifestación de esa crisis.  Si existe duda constitucional sobre cuál debe ser el camino a seguir, las alternativas siempre las proporciona el Estado de Derecho:

1. O la propia Corte Suprema de Justicia resuelve el asunto, notificando al Órgano Ejecutivo la necesidad de que desencadene el nombramiento de un procurador o procuradora suplente, en la misma Resolución en la que resuelve la separación del cargo.

2. O alguien interpone un recurso de inconstitucionalidad en contra de alguna de las dos resoluciones, obligando a la Corte Suprema de Justicia a considerar el fondo de la cuestión.

3. O se atiende a las disposiciones del Código Judicial que establecen que es la Corte Suprema de Justicia la llamada a solucionar este aparente conflicto jurisdiccional.

Como el lector habrá observado, se trata de tres mecanismos idóneos que al final del día, hacen que la Corte Suprema de Justicia sea quien dirima el conflicto.  Llegado a este punto, me parecen irresponsables las afirmaciones de connotados políticos que descalifican a la Corte Suprema de Justicia por su específico balance de poder. Sería bueno preguntar qué estarían diciendo esos mismos políticos si el balance de poder de la Corte les favoreciera.

El fondo de la crisis es más difícil del digerir y tiene que ver con la naturaleza del gobierno que llegó al poder el pasado 3 de mayo del 2009. Primero que todo, a diferencia de ocasiones anteriores, no se trata de un gobierno que llegara al poder con el concurso previo de las fuerzas tradicionales que nos han gobernado durante los últimos veinte años.

La falta de voluntad de estas fuerzas tradicionales, crea malestar, y ese malestar se ve reflejado, en lo que ellos, no el país, siente como una crisis institucional.

El que una élite estuviera acostumbrada a gobernar y a traspasarse el poder de gobierno a oposición y viceversa, que estuviera acostumbrada a pactar borrones y cuentas nuevas cada vez que accediera un nuevo gobierno y que la administración de justicia fuera la cenicienta de este país, con la prolongación de la pretendida impunidad; es el sustrato del cual se alimenta la supuesta crisis institucional.

Este análisis solo deja dos consejos para quienes deseen escucharlo: para las fuerzas opositoras, realmente entender el signo político de los nuevos tiempos y a actuar conforme a las expectativas,   y al gobierno, a no caer en el error de la cacería de brujas, que tan solo echaría por tierra todo lo bueno que hasta ahora se ha conseguido.

De esta crisis, únicamente puede salir la oportunidad de hacer realidad evidente el principio jurídico establecido en el artículo 19 del texto constitucional, de absoluta igualdad de todos los ciudadanos y extranjeros residentes en nuestro país, frente al texto de la Ley y a la vigencia del Estado de Derecho.

<>

Publicado el 30 de enero en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Peligra la democracia en Panamá?

La opinión de……..

.

David Robles Benítez

Al margen de las simpatías o antipatías que pueda suscitar una figura pública que ejerce un cargo de autoridad, se hace necesario resaltar que es un deber intrínseco de todo el que ocupa un cargo de poder -como el de procurador general de la Nación- el asumir fielmente y con eficacia las responsabilidades adquiridas una vez se ocupa dicho cargo; además se hace obligatorio que todas sus acciones estén regidas con estricto apego a la ley. Incurrir en faltas por ejecutar acciones contrarias a lo establecido por ley, afecta la legitimidad de dichas acciones, su investidura y por tanto la institucionalidad.

Hago esta observación por la pluralidad de posiciones que han surgido por el caso que se le sigue a la procuradora general de la Nación.  Mucho se ha hablado y tal vez poco se ha debatido con el sincero fin de llegar a una paz que fortalezca el orden político de nuestra nación y que garantice la armónica colaboración que debe coexistir entre los órganos del Estado.

Es de mi interés como ciudadano, hacer alguna aportación sobre el porqué considero que el investigar a la procuradora bajo las actuales condiciones, no es nocivo para la democracia.  Pero primero veamos los hechos.

Para empezar, este caso es de vieja data. Ya en el año 2007 la Corte Suprema de Justicia (durante el período presidencial de Martín Torrijos) declaró como inconstitucional la intervención telefónica que autorizó la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, en una investigación bajo su mando al entonces fiscal Arquimedes Sáez.   Con esta decisión la Corte demostró que en la democracia el fin “no” justifica los medios.

Pero no es hasta junio de 2009, que Sáez pone una querella en contra de Gómez, por la acción inconstitucional de esta, ante el procurador de la Administración (también nombrado en el período de Torrijos).

Recientemente el procurador de la Administración basándose en estos hechos contundentes (la acción inconstitucional declarada por la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces), decide investigarla por la querella interpuesta, y para ello, naturalmente, requiere la separación del cargo.

Ante esta medida, que pretende el procurador de la Administración, se ha generado una serie de pronunciamientos a favor y otras en contra. Con los argumentos utilizados para oponerse a esta medida se afirma que se “pone en vilo la democracia”, y se “atenta contra la institucionalidad”. Otros alegan “presión del Ejecutivo” y de una injerencia del Ejecutivo en estas acciones.

Partiendo del hecho de que uno de los pilares de la democracia es que todos somos iguales ante la ley, considero que la posibilidad de investigar a cualquier persona, sin importar su alto nivel jerárquico -sea procuradora, ministro o presidente de la República- de ninguna manera menoscaba la democracia, sino que la fortalece, ya que le da fiel cumplimiento a este principio.

Cito el caso “Watergate”, por el que se investigó y posteriormente se enjuició a Richard Nixon, cuando ejercía el más alto cargo gubernamental de su país, el de presidente de Estados Unidos (reconocido como uno de los países más democráticos del mundo), por los cargos de: 1. Obstaculizar la investigación, 2. Abuso del poder y 3. Desestimar la orden judicial para presentar la evidencia. Este es tan solo un ejemplo de que una acción de esta naturaleza no debilita la democracia ni atenta contra la institucionalidad de ningún país, sino que demuestra que no hay nadie por encima de la ley.

La separación del cargo es imprescindible para evitar que las personas de poder que se encuentran en investigación obstaculicen las investigaciones que se les siguen,-como lo hizo Nixon- interviniendo y confabulando desde su alta posición.

En cuanto a las declaraciones sobre “presión e injerencia del Ejecutivo” en estas acciones contra la procuradora -que se generan principalmente cuando el Presidente se hace eco de ese anhelo ferviente del pueblo panameño que reclama que se haga justicia y que no se siga apadrinando la impunidad-, con las que se pretende frenar o evitar que se le investigue, a mi parecer son meras especulaciones, y de no ser así que se presenten las pruebas como corresponde. Son especulaciones ya que no corresponden a hechos concretos, como los presentados al procurador de la Administración como fundamento a la querella contra la procuradora.

Ciertamente está en peligro la democracia, de eso no cabe la menor duda. Pero no aquella seudo democracia que ampara bajo un velo de investidura institucional al funcionario que comete una falta, que lo hace intocable de cualquier cuestionamiento que como servidor público deba responder; que le exime de cualquier investigación, llamamiento a juicio, o penalización que por infringir la ley deba enfrentar; sino la verdadera democracia, que tiene su fundamento en la igualdad; la que surgió como reacción al abuso del poder, y a la violación de los derechos fundamentales de todo individuo. Esta es la democracia que está en vilo. La democracia de la igualdad ante la ley para todos.

<>

Publicado el 30 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Hacia las amplias avenidas

La opinión del Médico……

. .

Guillermo Rolla Pimentel

El poder del dinero está manejando al mundo occidental. Y, junto a él, los efectos del libre mercado, la globalización, la tecnificación, el crecimiento económico y también los subproductos de pobreza, desigualdades, delincuencia, violencia y guerras.

El capitalismo salvaje se ha enredado en su propio laberinto. Acumulan tanto dinero bancario que los obliga a dar créditos tóxicos que engendran deudas impagables; que al no poder saldarse, trancan el juego y tienen que recurrir a la estatización.

La deuda de EE.UU. supera los 12 billones de dólares (NY Times) y hasta el momento, lo financian jugando con las tasas, con la emisión de valores, con los fondos de pensiones y SS. Los intereses que pagan son más altos que los gastos sociales y militares.

Todos lo países industrializados están en similares situaciones. El reponer a la banca con el dinero de los contribuyentes, aventuran el ciclo de la inflación. El pronóstico no es favorable cuando se toma en cuenta la proporción de la deuda con sus PIB.

Los Estados han permitido el despilfarro de los bancos, las guerras y la corrupción. En América Latina el 10% de los ciudadanos se queda con el 48% de los ingresos.

En el mundo  los ricos crecieron en un 8%, en AL en un 12%. La filantropía en AL es el 3%, en Asia el 12% (Miami Herald).   Pero el asunto no es caridad, es más bien justicia social.   En AL ya hay diferentes países que han reaccionado a la injustas condiciones del comercio mundial, a lo negativo de sus balanzas de pagos, los bajos precios de las materias primas, al endeudamiento.

La vía chilena y la vía cubana, ambas con igual dirección pero con diferentes métodos, dependiendo de sus realidades. Las producciones y los productores hay que mantenerlos y aumentarlas, pero para poder distribuir sus frutos también en la sociedad. Las grandes empresas privadas y la banca tienen una tremenda responsabilidad social con el futuro de los países y con sus propios futuros.

Gobiernos socializantes como Lula y otros han logrado disminuir el hambre, primera necesidad vital y con esto elevan su aceptación y el nivel del país internacionalmente. El Papa aboga por un cambio en el sistema económico. Por el rumbo que sea, los pueblos caminan hacia las grandes avenidas del progreso social.

En Panamá se agregan los ingredientes de la impunidad, la ineficacia, el juega vivo y la demagogia.   La CEPAL publicó que el 2% de la población acapara el 60% de las producciones.   Que el sector privilegiado gana B/ 84.50 la hora y el postergado apenas B/ 1.1 la hora. Que existe un 16% de pobreza extrema en el país.

En esta confrontación transnacional, aquí el sector agropecuario ve con reservas al TLC. El área bancaria se ve perjudicada con las solicitudes de la OCDE.  La Zona Libre se alarma con la competencia de Miami.  El nacionalismo como defensa ante las injustas competencias del mercado de escala, con altas capacidades productivas obliga a adoptar medidas proteccionistas locales que promuevan las inversiones, que se regulen algunos sectores comerciales (como en EE.UU.) y se incrementen los ingresos por peajes del Canal que está subsidiando al comercio y a las navieras mundiales.

Las medidas de los B/100 a los 70 años, los subsidios de vivienda, las becas y útiles escolares, la homologación de salarios mínimos son buenas acciones estatales, etc; y están acordes con el pensamiento humanista, basado en el ciudadano panameño.  Vivimos en sociedad y los beneficios sociales tienen que ser ejecutados también por el sector económico. No es reducir la planilla, ni incrementar los precios, es reinvertir las ganancias con responsabilidad en desarrollo social para lograr un Panamá mejor.

<>

Publicado el 30 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.