Pedir un alto a la corrupción es un deber ciudadano

La opinión de……

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Emmanuel García Moreno

Soy civilista… combatí junto al pueblo decente la narco dictadura perredista. En democracia combatí al Toro presidente en su intento de privatizar la salud y su modelo privatizador del Hospital Integrado San Miguel Arcángel o HISMA.  Combatí las intenciones de Martín de privatizar la CSS con su modelo de Sistema Único de Salud.

Creí erradamente que a mis pesados años descansaría en el gobierno Martinelli, a quien respaldé en su campaña por la Presidencia, convencido de que el país necesitaba un hombre como él, quien pondría orden en el país.

Soy un convencido de la necesidad de combatir la corrupción que ahoga y esclaviza al pueblo panameño. Apoyo los intentos de las autoridades de identificar, investigar, perseguir y encarcelar a los corruptos, pero exijo una sola medida de justicia para los poderosos como para los humildes. Pido justicia para los de cutarra y para los de Florsheim. Pido un alto a la corrupción. Pido cárcel para los corruptos.

Como panameño decente, no acepto la apatía del pueblo y su displicencia ante la corrupción. Rechazo las sentencias fatalistas populares: “todos son corruptos y nada podemos hacer”; “la corrupción siempre ha existido”; “todo el que sube a un puesto grande en el Gobierno roba”; “el que tiene la oportunidad en el Gobierno es bien tonto si no coge lo suyo”.

La corrupción tiene nombre y apellido. Está dentro del hombre… lo acompaña adonde vaya. Identificando a los corruptos y llevándolos a los tribunales, identificamos a la corrupción y la combatimos. Aplaudo al Gobierno en su búsqueda de los que entraron al Gobierno limpios y salieron millonarios. Rechazo que sólo se persiga a los PRD pero a los de la alianza de gobierno traten de encubrirlos. Apoyo la acción histórica de las autoridades judiciales de encarcelar a ex ministros y a un ex ingeniero municipal con la ayuda de los artículos de La Prensa; cuestiono el trato preferencial a un ex presidente.

Es tan inmenso el grito de mi conciencia ciudadana de que tenemos que levantarnos a erradicar la corrupción en el país, que he iniciado una campaña en solitario manifestándome pacíficamente contra la corrupción acompañado de un banner con un facsímil de nuestra enseña patria.

He usado las aceras como las trincheras naturales en las cuales plantar la bandera anticorrupción. Pero he constatado que en las aceras cerca del FIS, ejercer un deber ciudadano es contra la ley. Los SPI han tratado amablemente de amedrentarme y conculcar mi derecho a la libre expresión pacífica del pensamiento. Funcionarios de esta institución consideran que no es bueno para el Gobierno que un ciudadano pacífico exprese su rechazo a la corrupción en las cercanías de sus predios, que es mejor manifestarse en la Plaza 5 de Mayo, lejos de su delicada piel.

Después de pedir mi cédula de identidad; cortaron la señal de mis celulares para incomunicarme, porque mantenía contacto con una radio emisora. ¿Es esto democracia? ¿Qué amenaza contra el Estado representa una expresión pacífica contra la corrupción? ¿Es así como invierten los recursos del Estado?

El gobierno Martinelli parece que se ha asustado con la inmensidad de los actos de corrupción que empiezan a conocerse y da señales de que quiere dar paso atrás en lo que creía sería una hazaña épica que le daría un gran sello de aprobación ciudadana a su gestión gubernamental. Las grandes batallas son para los valientes; no para los cobardes. ¡Continuaré con mi deber ciudadano!

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Publicado  el   26  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Respuesta al fiscal costarricense

La opinión del Doctor en Derecho Constitucional  y Primer Defensor del Pueblo en Panamá…..

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ITALO  ANTINORI  BOLAÑOS

Responderle a Dall”Anese no me interesa. Aclararle a los panameños las mentiras de un alto funcionario costarricense, sí me interesa. El 12 de enero en APEDE, señalé que la procuradora había cometido un delito al ordenar la interceptación telefónica sin autorización judicial y lo sustenté académicamente.

Advertí que lo hacía con el respeto que la Lcda. Gómez me merece como dama y como profesional. Ella, sentada a un metro frente a mí, replicó que también debía respetarla como procuradora, confundiendo nuevamente el caso penal contra la persona natural de Ana Matilde Gómez, con la institución y el cargo que ella representa. Así como el Estado no es de una persona, la Procuraduría no es de ella.

Desde julio de 2004 (cinco meses antes que ella tomara posesión), el artículo 29 de la Constitución había sido reformado.   Agregaron la frase “ autoridad judicial ” para aclarar que debía entenderse que solamente el Órgano Judicial era la única entidad que podía autorizar las interceptaciones telefónicas, no el Ministerio Público.

Hablé de las actas de la Asamblea para demostrar que ése había sido el propósito de la reforma del 2004, sobre dicho artículo. Jamás dije que las actas fueran leyes, como aseguró Dall”Anese; éstas son fuente de interpretación y aclaración. Ésa es la utilidad de las actas parlamentarias.

Después de la reforma del artículo 29, la Corte señaló que existe una “ derogación tácita ” de cualquiera ley contraria al procedimiento para la interceptación telefónica, porque el Artículo 326 de la Constitución, establece que quedan derogadas todas las leyes y normas jurídicas que contradigan la Constitución. Y según la parte final del Artículo 206 de la Constitución, los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios y contra éstos y los de sus salas, no caben recursos (Artículo 207 de la Constitución).

Dall”Anese también desinforma, porque la parte final del artículo 29 define la conducta de quien intercepta llamadas sin autorización, como un acto delictivo. El artículo 18 de la Constitución aclara que los servidores públicos son responsables por actos violatorios a la Constitución y a la Ley, en la modalidad de extralimitación de funciones.   De allí nace el delito de abuso de autoridad que establece el artículo 351 del Código Penal (nueva numeración) por el que se querellaron contra la procuradora.

La ignorancia tampoco sirve de excusa a la procuradora para haber pasado por encima de la Constitución, porque ésta no exime de responsabilidad, según lo establece el artículo 1 del Código Civil.

Mientras aquí pretenden justificar lo que hizo la procuradora, en España el famoso juez Baltasar Garzón enfrenta un posible proceso por ordenar interceptaciones de conversaciones privadas, sin el debido procedimiento. Ni Garzón, ni ningún español ha osado decir que se está resquebrajando la institucionalidad democrática del Estado español.

En países desarrollados nadie puede estar por encima de la Constitución ni de Ley, por eso Garzón tiene problemas y hace años el presidente Nixon los tuvo con las escuchas ilegales en el edificio “ Watergate ”.  Veamos los vínculos siguientes sobre el caso del juez Garzón: http://www.elconfidencial.com/espana/colegio-abogados-madrid-intencion-querellarse-garzon-gurtel-20100114.html; http://www.libertaddigital.com/nacional/la-union-internacional-de-abogados-tambien-denuncia-las-escuchas-de-gar zon-1276375047/

El fiscal Dall”Anese nunca pensó preguntar en la APEDE, pretendió intervenir después del último expositor, sin estar en el programa.   Aunque soy descendiente de costarricenses por vía materna, jamás se me ocurriría ir a Costa Rica —menos aún si fuese un alto funcionario— para opinar de temas que competen a los costarricenses.

Ése es un principio de derecho internacional que al fiscal Dall”Anese no le gusta acatar. Por eso, tiene experiencias en escándalos internacionales, como el que provocó en Estados Unidos el 23 de abril de 2008, cuando lo detuvieron y lo mandaron de regreso a Costa Rica. En su informe sobre los acontecimientos aseguró que “ me detuvieron y me trataron peor que a un delincuente ”.   Sea cual fuere la razón, desató un incidente internacional, como el que pudo provocar en Panamá.

Es que quien vino a ofendernos, para defender a su amiga la procuradora, es ducho en problemas internacionales. Veamos los siguientes vínculos: http://www.munditico.com/documentos/4-documentos/111-informe-del-fiscal-dall-anese.html; http://www.eluniverso.com/2008/04/26/0001/14/2C5721DB9A8542278458

B7EE32904CD0.html

El suscrito sí puede viajar a EE.UU. con toda tranquilidad, país al que admiro y quiero, donde estudiaron mi padre y mi amada esposa y donde tengo grandes amigos. El fiscal Dall”Anese en su escrito intentó tergiversar los hechos que ocurrieron en la APEDE.   Solo me pregunto: ¿Será imparcial y objetiva la justicia en Costa Rica?

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Publicado el  26  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

A quién beneficia destaponar el Darién

La opinión del Economista……

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Francisco Bustamante

Recientemente nos visitó el presidente de Colombia, insistiendo en la necesidad de abrir la frontera entre Panamá y Colombia mediante una vía permanente de comunicación terrestre. La pregunta que se coloca por sí misma es: ¿el interés del presidente Álvaro Uribe responde a que ese proyecto es bueno para Panamá? ¿O su insistencia responde a que es bueno para los intereses de Colombia?

No soy experto en aspectos geográficos ni nada parecido. En realidad, hay expertos que dejan mucho que desear. Pero conozco el proyecto de la carretera de la amazonía brasileña impulsada por los militares para generar la integración y mejor defensa del país, entre otras razones. Y detrás de los tractores y camiones que abrían los caminos, venían los ganaderos, los taladores de árboles y hoy día la amazonía brasileña y sus poblaciones originales han experimentado una presión extractiva que ha sido denunciada en muchos foros.

Para un país como el nuestro, con un Canal que funciona con agua dulce, que está ampliando su capacidad de trasiego con una nueva esclusa, con las amenazas de cambio climático, ¿se han medido todas las implicaciones directas e indirectas de esta obra, particularmente sobre los intereses humanos de las poblaciones autóctonas? Repito que no soy experto en el tema. Pero pienso que la ligereza en expresar acuerdos o no con un proyecto de esta naturaleza requiere que estudiosos del tema sean escuchados. Y esta opinión la comparto por algunas expresiones que he recogido y que copio a continuación.

(a) La apertura de esa vía generará más comercio terrestre con los países del sur. A ese argumento contrapongo mi experiencia en Centroamérica. La mayor parte de la carga interregional se mueve por barcos. La búsqueda de drogas, dinero y armamentos hace que los vehículos terrestres sean exhaustivamente revisados. Y las empresas de carga prefieren moverla por mar.

Para traer mis cosas de Guatemala a Panamá, van en barco a otras partes de la región antes de llegar a Panamá. Para llevar mis muebles de El Salvador a México, viajaron en barco primero por el Caribe y New Orleans.

(b) Los ambientalistas podrán supervisar mejor los parques nacionales. ¿Pasa eso con los parques existentes? ¿Están mejor guardados? Lo que ocurre es que se vedan los accesos, ya que no habría capacidad de supervisión.

(c) Los bandidos no usarán la carretera porque usan atajos. Pero el ejército sí usará la carretera para acercarse a las zonas de conflicto. Y el flujo de indocumentados se agilizará. He viajado con frecuencia por la zona sur de México. Está llena de puestos del Ejército mexicano buscando armas, drogas e indocumentados que desean llegar a los Estados Unidos. Y esos costos los asume el país.

(d) No hay que temerle a abrir el tapón. No se trata de temores infundados. Se trata de que con base en la experiencia de otras áreas selváticas que han sido devastadas una vez se ha facilitado el acceso a las mismas, dada la fragilidad del ecosistema, no ocurra lo mismo en Panamá.

(e) Y finalmente, los proyectos deben tener una rentabilidad económica y social. Se habla de muchos proyectos, pero no se presentan las evaluaciones correspondientes que sustentan la selección de unos proyectos sobre otros. ¿Se ha evaluado la rentabilidad económica y social de un proyecto como el propuesto? Se ha hablado de una ruta alterna, hace muchos años, por la costa norte. ¿Se han evaluado ambas opciones?

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Publicado  el   26  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sociedad civil y las reformas electorales

La opinión del Abogado…..

Javier Ordinola Bernal

Una elección siempre ha sido y será un reto para las democracias. Perfeccionar y consolidar los avances de la democracia electoral siguen siendo desafíos para las democracias modernas; sin embargo, sin lugar a dudas, sus nuevos retos son la participación y la inclusión.

Nuestro sistema electoral hace que la participación en la discusión permanente de temas político-electoral sea a través de los partidos políticos, como organismos funcionales de la Nación panameña, (Consejo Nacional de Partidos Políticos), sin embargo, hay un alto porcentaje de panameños que no se sienten representados por estas organizaciones.

Los partidos políticos siguen ejerciendo la política a través de una sola función dentro de nuestra sociedad: la búsqueda del poder político, olvidando que la política procura el bienestar de las personas, por lo que se hace urgente volver a considerarla como la máxima expresión de la solidaridad social. Por otro lado, aquella función de intermediario entre la sociedad y el Estado es ejercida de manera precaria, ya no representan la diversidad de la sociedad.

Los actores tradicionales han evidenciado limitaciones y deficiencias que han fortalecido y consolidado las organizaciones de la sociedad civil. El clientelismo y el concepto patrimonial de la administración pública son una muestra de ello.

La participación política, desde el simple interés hasta el involucrarse en los asuntos de interés público y político, no tiene que ser necesariamente sólo a través de los partidos políticos y mucho menos cuando la democracia está recuperando y consolidando aquella dimensión participativa que había quedado relegada.

Para justificar la participación de la sociedad civil, su legitimidad no debe basarse en la representación surgida de las urnas, pues en este caso, no es para la toma de decisiones por delegación, sino para participar en la elaboración de decisiones o en ejecutorias de iniciativas gubernamentales.

Nuestro organismo electoral ha comprendido que la discusión de los temas electorales, como temas de interés público, no pueden ser monopolio de los organismos electorales y los partidos políticos y por ello ha venido fortaleciendo la participación de la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales, que no es más que la sociedad organizada en sujetos sociales, en las comisiones de reformas electorales, que se han instaurado después de cada elección, desde el año de 1991.

El camino para las organizaciones de la sociedad civil no ha sido fácil, ya que ha habido resistencia en reconocer el derecho, pero sobre todo el deber, de esta a participar en los asuntos políticos. Se ha dicho equívocamente que las organizaciones sociales pretenden sustituir aquella función de los partidos políticos, cosa que no es cierta; sin embargo, este nuevo actor tiene un peso cierto que se fortalece frente al pobre desempeño de los partidos políticos que han ido perdiendo legitimidad, credibilidad y representatividad.

Al recuperar la democracia aquella dimensión participativa, es conveniente establecer una diferencia específica entre partidos políticos y sociedad civil que hagan posible su mutuo reconocimiento, en vez de excluirse mutuamente. Mientras la vocación de los partidos es gobernar, la de la sociedad civil es que la gobiernen bien. No se disputa el poder, pero se ejerce presión sobre quienes lo detentan, y se reclama participación, al menos en el proceso de formación de las decisiones.

Una democracia de mayor calidad supone que la ciudadanía, de manera organizada, tiene el derecho y el deber de la participación. Con la ello se contribuye a la gobernabilidad y al fortalecimiento de la democracia.

Con la próxima reforma electoral, la sociedad civil, a través del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, pretende lograr un mejoramiento integral de nuestro sistema electoral, que implique la participación del actor principal de la democracia en los temas políticos y que el mismo sea más incluyente, es decir, que se garantice de manera real el derecho al sufragio de todos y todas; tal como está, se violenta el derecho humano de votar y ser elegidos que tenemos todos los panameños.

Por otro lado, hay que reflexionar que para el logro de esa pretensión, que significan cambios profundos en nuestro sistema electoral, se requiere de una reforma constitucional que debe actualizar las instituciones y consolidar el sistema democrático panameño; (por ejemplo: la revocatoria de mandato ciudadana a los diputados (sean de partido o por libre postulación). Es importante que el contenido de nuestra Carta Magna cumpla el cometido de la redacción del preámbulo de la misma. Esta manifiesta que la misma se decreta “con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional…”.

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Publicado el 26  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las amenazas del FIS

La opinión de……

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RAMIRO  VÁSQUEZ  CH.

La clase política, tanto de Gobierno como de oposición, no encuentra dónde meter la cabeza para evadir un caso que trasciende la simple denuncia de corrupción o manejo privilegiado de recursos provenientes de fondos destinados a obras de carácter social. Aunque los colectivos políticos dentro del Órgano Legislativo hayan unificado el discurso del rechazo, unos individualmente, otros como bancadas, y que los partidos no han emitido una sola nota sobre el particular, lo cierto es que esta revelación, de algo sabido y tolerado desde hace muchos años, puede desembocar en una peligrosa situación de ingobernabilidad.

En este tema no está en juego la honorabilidad de uno que otro elegido por el voto popular. Es un tema que trasciende y que escapa del control de la clase política. Es también una revelación de hasta qué niveles la impunidad y el desprecio hacia la opinión pública han minado las estructuras políticas del país.

Los fondos del FIS, antes llamados FES, o también partidas circuitales, no son otra cosa que la cuota de poder económico que todos los gobiernos le han entregado a sus elegidos para mantener sus espacios de influencia dentro de las comunidades y en los períodos electorales es utilizado para apuntalar las candidaturas de sus principales dirigentes.

De allí, dos problemas prácticos: ¿Está dispuesta la clase política a renunciar a esa fuente económica vital para mantener el liderazgo de sus elegidos dentro de sus circunscripciones? O, por el contrario, ¿estaría dispuesta a asumir, en un supremo acto de arrepentimiento ante una sociedad impactada por la denuncia de malos manejos de sus fondos, un proceso de rectificación para que ello no vuelva a ocurrir?

Estos instrumentos inventados por los organismos internacionales, dizque para transferir parte de los beneficios económicos a los sectores más necesitados, han sido mal utilizados por algunos “ elegidos ” bajo el argumento de que, ellos, necesitan recuperar sus inversiones electorales o para tener cajas menudas con las cuales atender la presión de sus espacios clientelares. Lo cierto es que casi ninguno podrá justificar el uso millonario de esas “ donaciones sociales ”. Mientras más períodos tiene en sus cargos un diputado, representante, más abultados son sus presupuestos y, por ende, sus beneficios. Son más caros. Este famoso fondo social también ha sido utilizado para neutralizar a “ elegidos ” demasiado críticos en el discurso de oposición o para pasar proyectos de cierta complejidad política.

Lo cierto es que esto se ha convertido en parte de la cultura política del país. No es un tema nuevo. Nació con la República y con el tiempo se perfeccionó. Ningún Gobierno ha dejado de usar esa oportunidad para apuntalar la casi frágil institucionalidad del Estado.

La clase política, lejos de perder su tiempo en mutuas acusaciones, debiera sentarse a hacer una reflexión sobre los costos y consecuencias de este “ destape ”. Para mantener la vigencia de las instituciones políticas y la gobernabilidad del país, ellos tienen que hacer algunas concesiones —algunos sacrificios— para rectificar ese proceder que amenaza con hundir al propio proceso democrático.

Quizás valga la pena pensar en retomar el papel originario del Órgano Legislativo y dejar en manos de otras instancias el tema del manejo financiero de las mejoras sociales en sus comunidades.

Es una tentación malsana, dejar en poder de nuestros voraces “ elegidos ”, sin ningún tipo de control, tamaños presupuestos. Tal vez esta lección nos sirva para seleccionar mejores dirigentes políticos y llevar al Legislativo verdaderos cuadros, que puedan dedicarse a crear leyes para bien de toda la Nación. Veamos si la clase política tiene conciencia de la gravedad de su situación.

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Publicado el  26  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

A propósito de las reformas electorales

La opinión de la Escritora…..

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Hildemarta D. de Riera

En las últimas elecciones, en un campo de Veraguas, un candidato a representante compró las cédulas a todo el que pudo, para asegurarse el triunfo, y después de esto se fue a su casa tranquilamente a esperar el final.

Cuando llegó la hora del conteo, resultó que no había ganado, a pesar de tener en su casa todas las cédulas de los campesinos.

La pregunta es, ¿por qué esta persona no salió elegida, si había comprado las cédulas, para que la gente no pudiera votar por otro candidato?

Sencillamente, que las personas, que le habían vendido una cédula, tenían otra cédula, que habían vendido al otro candidato que fue el que ganó.

Y después se supo que algunos tenían hasta tres cédulas.

Son personas ignorantes, que piensan que en las elecciones hay que sacarle al candidato todo el dinero que se pueda, pues para ellos no tiene importancia quién sale y quién no.

¿Qué puede hacer el Tribunal en este caso?

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Publicado el 26  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá juega con fuego

La opinión de…….

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Paco Gómez Nadal

Entiendo que fueron muchos y muchas los que lucharon por la democracia representativa en este país. Miles de civiles que decidieron poner los intereses mayoritarios por encima de los particulares, a sabiendas de los riesgos físicos y políticos que corrían.

Eran otros tiempos, es cierto, pero el tiempo es un continuo, un río que renueva su corriente llevando en su cauce siempre un mismo código “genético”, un continuo devenir vital, una energía que en ciertos meandros se acelera y que en otros remansos espera en reposo hasta el momento de tomar velocidad de nuevo.

Este tiempo es de esos que requiere del despertar de las viejas-nuevas energías, de la defensa de lo colectivo, de la construcción de un país de todas y todos en lugar de que cada gobierno trate de destruir la nación de los otros para levantar la propia.

Las noticias en Panamá surgen y se olvidan de forma vertiginosa en estos días. La hiperactividad gubernamental y los escándalos dejan poco tiempo para el reposo, para calibrar lo que está ocurriendo sin caer en la confusión.

Un Presidente que presiona al aparato judicial hasta extenuarlo; un ex presidente que busca todos los vericuetos de la ley para escapar de ella; un gobierno que fija un salario mínimo a bombo y platillo para después, bajo cuerda, tratar de bajar los beneficios de los trabajadores de los más altos gobernantes del país; una desprotección de los menores para tratar como adultos a un niño de 12 años con la bendita disculpa de la inseguridad en lugar de algún plan efectivo del Ejecutivo en las calles; un Ministerio de Gobierno y Justicia que parece salido de los tiempos más oscuros; un escándalo en el FIS que debería provocar la remoción de la mitad de la Asamblea Nacional y un director pizzero que solo está molesto porque se haya filtrado el informe de la vergüenza; un Presidente que llama a capítulo a las televisoras para tratar de que censuren la información sobre inseguridad, y por si faltaba algo, un Gobierno dispuesto a abrir el Darién solo para dar placer al incisivo Ávaro Uribe y su clan de empresarios paisas a cambio de más inseguridad para el país y el fin de uno de los pocos reservorios naturales relativamente intacto…

La lista podría seguir, las noticias se suceden y se olvidan, pero lo cierto, lo estrictamente cierto es que hay un retroceso democrático sin parangón en estos 20 años de restauración, que a las actuales autoridades les importa un bledo la institucionalidad o la legalidad y que los ciudadanos siguen adormecidos por un canto de sirenas cada vez más desafinado.

No estoy llamando a la revuelta popular ni nada por el estilo, sino al ejercicio responsable de la ciudadanía. Unas pocas ONG están aguantando el envión a pesar de las continuas descalificaciones de Martinelli y sus secuaces ¿y el resto…?

Hay países en los que parte de la sociedad justifica la acumulación de poder en pro de un desarrollo y una seguridad teóricas. Luego llegan los llantos. Así pasó en Perú, en Chile o pasará en Honduras. Panamá está jugando con fuego y aún no lo sabe. Ya sé que llegarán los comentarios acusándome de amargado, de agente del chavismo o de cualquier otra estupidez no meditada; que me mandarán a mi país de origen o mentarán a mi familia, pero precisamente porque amo a este país y creo que está en uno de los momentos más delicados de su historia reciente (el de asentar un modelo democrático o volver a la tentación paternalista del presidente-supermán) defiendo una participación mucho más activa de la sociedad civil y de los medios de comunicación en la defensa de lo logrado.

El país ha estado de moda los últimos años. Se habla mucho de él fuera de sus fronteras, han llegado inversiones (unas más beneficiosas que otras), se ha avanzado en muchos campos, pero el político se ha quedado atrás. Parte de la responsabilidad es de nosotros mismos al retratar ese terreno, el político, como un lugar sucio y pernicioso. Por eso lo han tomado personajes que no creen en lo público ni en la democracia ni en la participación de la comunidad en la gestión del Estado. Me temo que ha llegado la hora de recuperar el tiempo –y el espacio-perdido.

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Publicado  el   26  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.