¿Merece la pena jubilarse?

La opinión de la Psicóloga Especialista de la Conducta Humana….

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GERALDINE  EMILIANI

Tras una larga travesía profesional, llena de problemas y satisfacciones, llega el momento de la jubilación. Para muchos es la meta deseada después de una vida de sacrificio y dedicación.   Para otros es un momento complicado, que marca la entrada a un mundo desconocido.

El jubilado al llegar a esta etapa de su vida muchas veces puede tener sentimientos de inutilidad, inseguridad, miedo y dolor, con una tendencia nostálgica de recuerdos laborales.   Dependiendo de la persona, la jubilación puede ser un premio o una condena. En función de cómo se enfoque, puede resultar una etapa llena de alegría y entretenimiento,  o puede representar el declive de una vida entregada al trabajo.

En la mayoría de los casos, cuando la persona se jubila significa que ha estado más de 40 años trabajando, dedicada la mayor parte de su tiempo a su actividad profesional, relegando a un segundo plano sus aficiones, sus amigos y, en ocasiones, a su familia.   No obstante, cuando llega el momento de su retiro, se ve desbordada por la incertidumbre y se plantea preguntas como: “ ¿Tendré dinero suficiente para mantener el mismo ritmo de vida? ¿Me aburriré?   ¿Ya no sirvo para trabajar? ”.

Para muchos continuar su actividad laboral, y además de recibir su cheque de jubilación, es una solución a sus problemas económicos.   En un sondeo realizado a 120 personas, entre hombres y mujeres, próximos a jubilarse y con un nivel socioeconómico medio, el 97% dice sentirse descontento al no retirarse a disfrutar del merecido descanso, porque, de este grupo, el 87% continuará su actividad laboral,   porque no le alcanza el dinero por el alto costo de la vida y por pagar deudas adquiridas.   El 8% de los encuestados decide continuar trabajando, para darse ciertos lujos que no pudo tener durante sus años de servicio, debido a su bajo salario.   Solo el 3% lo hará por no sentirse improductivo.

Pero, si usted está próximo a retirarse, permítame decirle que el cambio que va a sufrir su vida es brusco y para tratar de reducir sus efectos conviene tomar ciertas medidas.

Para ello, las instituciones públicas y empresas privadas deben desarrollar una serie de iniciativas que favorezcan la adaptación a un nuevo estilo de vida con programas de introducción a la jubilación, centrando su contenido en la actitud de las personas, en las recomendaciones económicas y de salud, con el propósito de estimular a los futuros jubilados a aprovechar el tiempo libre.

Cada persona posee una percepción diferente de lo que representa esta situación.   Lo importante es que después de años de sacrificio, ahora tiene más tiempo disponible que puede disfrutar con amigos, familia, practicar algún deporte, organizar viajes turísticos y culturales, estudiar e incluso colaborar en trabajos no remunerados en hospitales, asociaciones de voluntarios, etc.

No es verdad que los jubilados sean inútiles o constituyan una carga difícil de soportar o se conviertan en improductivos.   Nos dieron mucho cuando se encontraban en plena fuerza; nos lo dan ahora con su presencia venerable, con su sufrimiento silencioso, con su palabra acogedora.   Privar a la humanidad de los jubilados sería tan bárbaro como privarla de los niños.

Con la preparación a un nuevo estilo de vida, los futuros jubilados se sentirán más confiados y podrán disfrutar del merecido descanso.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en  el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El lenguaje fraudulento de Obama

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La opinión de…..

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Belisario Herrera A.


Lo que nos ha dicho Alejandro Manrique Soto, en un largo artículo que publicó Rebelión, es que Obama, como intelectual erudito, tiene a flor de labio un lenguaje fraudulento, Porque “casi al inicio de su gestión, Obama dio un discurso en tierras latinoamericanas en el cual ofreció una nueva política entre el gobierno de Estados Unidos (EU) y los países de la región. Muchos observadores y críticos afirmaron que se trataba del inicio de una nueva era, la cual traería cambios sustanciales a favor de un acercamiento y que quedaría lejos la política de dominio y sometimiento que ha caracterizado esta relación”, dice el citado cronista.

Sin embargo, las expectativas en torno a esa posibilidad pronto se desvanecieron. Y es que las acciones propias del imperio, sobre las cuales se llegó a creer que habían pasado a la historia, reaparecieron en la escena política de América Latina en una reedición de los viejos golpes de Estado. En esta ocasión le tocó a Honduras ser el protagonista de esta nueva ola de avances de la derecha latinoamericana, apoyada por el gobierno estadounidense.

El derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por parte de la oligarquía y el ejército hondureño, contó con el apoyo de los grupos de la derecha ultraconservadora de EU.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, jugó su papel al mantenerse pendiente de lo que ocurría en el país centroamericano, tanto antes como después del golpe, e impulsó el acuerdo de San José, encabezado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, con lo que prolongaron la solución pacífica que había sugerido la comunidad internacional. De esa manera, dieron tiempo a los golpistas para afianzarse en el poder. Ese fue el primer movimiento de la era Obama que nos indicó cuál sería la verdadera actitud del nuevo presidente.

Para continuar con el desengaño y frente a quienes aún se resistían a creer que el imperio rompería con la esperanza de tener como buenos vecinos a los países que habitan el sur de su frontera, se dio a conocer que el gobierno de Colombia, dirigido por el presidente Álvaro Uribe, firmó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el cual se le otorgó el permiso para instalar y operar siete bases militares en su territorio, pero la instalación de esas bases en Colombia no queda ahí.

En el artículo “A 20 años de la invasión de EU a Panamá”, del profesor Jorge Turner, él afirma que existe un acuerdo para instalar cuatro bases militares de EU en territorio panameño y advierte que “La fiebre imperialista de Washington de instalar sus bases militares por todos los lugares posibles de América Latina es quizá la amenaza directa más grave a nuestras soberanías”, lo que demuestra que la tendencia del gobierno estadounidense es la de imponer su dominio expansionista para impedir que los países latinoamericanos logren su independencia y soberanía, porque ello significaría ir contra sus intereses.

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Operación Milagro, eso sí es una causa justa

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La opinión del periodista …..

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DAVID  M.  PÉREZ

Estoy sumamente impactado por el anuncio hecho por el ministro de Salud,  Dr, Franklin Vergara, quien sin ningún tipo de remordimiento anunció el desmantelamiento de la “Operación Milagro”, programa de cooperación suscrito entre los gobiernos de Cuba y Panamá, el cual ha permitido hasta el momento, la realización de más de 50,000 cirugías en pacientes pobres, especialmente campesinos e indígenas, con padecimientos que afectaban su visión.

Según el ministro Vergara, el programa “ Operación Milagro ”, será reemplazado por el Proyecto 20-20 , dirigido exclusivamente por médicos panameños, además de anunciar que el gobierno panameño les solicita a los médicos cubanos retirarse del país al 30 de abril del presente año, ¿será eso cierto? o ¿existen otras motivaciones en el fondo, como el eliminar un programa exitoso, realizado por el anterior gobierno?

La República de Cuba, proporcionó para este programa el equipamiento de los quirófanos, el personal médico especializado, incluso fue instalado un equipo avanzado para el tratamiento de pacientes diabéticos con problemas oculares, todo esto sin ningún costo para el gobierno panameño.

Sin embargo, una vez los actuales gobernantes asumieron la conducción del Estado han iniciado todo un proceso que va desde desconocer el nombre asignado a las instalaciones en donde funciona el programa, “ Clínica Omar Torrijos ”, hasta la decisión del cierre del mismo, afectando a miles de panameños que se encuentran a la espera de ser atendidos.

Los médicos cubanos no vinieron a Panamá a hacer negocios con la salud del pueblo panameño, ellos vinieron a prestar una colaboración sin precedente en la historia de nuestro país.

Son miles los humildes panameños y panameñas que se cuentan entre los beneficiados; sin embargo, con argumentos baladíes, hoy el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y sus séquitos, nos dan muestra de que su verdadero interés no está con las mayorías.

Operación Milagro ha sido un éxito, sin embargo, parece que lo que buscan en realidad con acciones como esta es, de una forma infantil, querer desconocer los logros alcanzados por la pasada administración, sin importarles que estén jodiendo al Pueblo con sus actuaciones.

No sería nada extraño que este gobierno ahora la emprenda contra otros programa de cooperación, como los que se tiene en materia educativa, cultural y deportiva con la hermana República de Cuba.

Señor presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, la Operación Milagro vino a traer salud al pueblo panameño, eso sí es una causa justa.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Justicia torcida?

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La opinión del Jurista…..

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Julio E. Linares Franco


Mediante resolución de 17 de agosto de 2005, la procuradora general de la Nación autorizó una operación encubierta para grabar a un ex fiscal y sorprenderlo in fraganti delito (como así sucedió)  solicitando una coima.

El primer elemento importante en este “pinchazo telefónico” es que fue autorizado por quien fuese la víctima del delito. Es decir, la persona a quien el ex fiscal le solicitó el dinero autorizó la intervención de su propio teléfono y aceptó ser designado como agente encubierto en la operación.

Esto deviene a una primera interrogante: ¿Cómo puede decretarse como inconstitucional una grabación telefónica que ha sido autorizada por la víctima del delito investigado y en su propio teléfono?

El fallo de la Corte de 17 de julio de 2007 en nada se refiere a este particular o lo que es igual, guarda un inexplicable e incomprensible silencio.

En segundo lugar, la grabación telefónica fue autorizada con base en el artículo 18 de la Ley 13 de 1994, que adiciona el artículo 21–B de la Ley 3 de 1986 que textualmente asienta al o a la procuradora general de la Nación para grabar conversaciones telefónicas en el caso de ilícitos, sujeto a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

El problema de interpretación estriba en que en el Acto Legislativo No. 1 de 2004 por el cual se enmendó la Constitución y que permite el examen de correspondencia y otros documentos privados por mandato de autoridad competente, para fines específicos y de acuerdo a las formalidades legales, se incluyó un párrafo que señala que todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.

El término “autoridad judicial” fue la base y razón fundamental para solicitar la inconstitucionalidad promovida por el ex fiscal.   Al final, la Corte por mayoría de siete a dos consideró que a partir del Acto Legislativo de 2004, las intervenciones telefónicas le competen exclusivamente al Órgano Judicial y no al Ministerio Público.

En otras palabras, se declaro inconstitucional la escucha telefónica requerida por la Procuradora por confrontar el artículo 29 de la Constitución.

Ahora bien, ¿dónde encaja el supuesto delito de abuso de autoridad interpuesto contra la Procuradora de la Nación? Esto significaría que la Procuradora abusando de su cargo, cometió en perjuicio del ex fiscal un hecho arbitrario.

Paradójicamente a quien se le sorprende cometiendo un delito grave y comprobado es precisamente al susodicho ex fiscal.  Y el acto por el cual se le sorprende, hasta ese momento era autorizado expresamente al Procurador General de la Nación a través de una Ley.

Lamentablemente por un cambio constitucional que incorpora el término “autoridad judicial”, hasta aquel momento no interpretado ni aplicado a nadie, dos años después la Corte considera que el Ministerio Público no está autorizado para grabar conversaciones.

Podríamos criticar a la procuradora, si acaso, por interpretar mal la Constitución.  Pero de eso a considerarla delincuente por el hecho de perseguir un delito comprobado, hay una gran diferencia.

Y es que la intervención telefónica se da a solicitud de la víctima de un delito, en su propio teléfono, con el interés precisamente de perseguir al ejecutor de ese delito; y no para afectar abusivamente a esa persona cuyo interés era obtener dinero a cambio de decidir convenientemente un asunto de su interés o competencia.

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Justicia, delincuencia y valores (II)

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La opinión del Doctor en Derecho y Docente Universitario…..

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HERNÁN  A.  DE  LEÓN

Otro nivel de análisis lo constituye el hecho de entender la justicia como valor y fin del Derecho (más que como virtud subjetiva) al que podemos conceptuar juntamente con Norberto Bobbio como “aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos Derecho”.

Considero que para hacer las transformaciones necesarias por el correcto sendero de una anhelada administración de justicia es la propia voluntad de todos sus integrantes de querer hacer las cosas correctamente y con la transparencia que la sociedad exige. No es cuestión de muchas reformas judiciales, sino del compromiso y vocación con esta ardua y delicada tarea. Igual sucede con el tema de la delincuencia y la violencia en el país. Por más que hagamos cambios en materia de organización o estructura, como podría ser un futuro Ministerio de Seguridad, si no existe el verdadero cambio en nuestros valores como es el respeto del ser humano, de nada servirá un aumento del número de policía o mejores herramientas de trabajo.

La respuesta tal vez esté en ofrecer una mejor calidad de vida, como es la oferta laboral, la educación oficial que está muy deteriorada, la educación en valores donde todos somos componentes de ella, en especial la TV, la cual transmite una serie de programas que tienen que ver con el mundo real del narcotráfico, prostitución, etc.

Reconozco que varios sectores hacen su pequeño esfuerzo para ir mejorando lo que a diario consideramos como mal; pero, creo que aún muchos nos hemos convertido en cómplices, entes pasivos y hasta complacientes de actos y hechos que van en detrimento de un país en supuesto desarrollo en todo sentido, en especial, de un verdadero Estado democrático. De ahí que considere que debemos aunar esfuerzos para mejorar cada día más, en especial, denunciando todo acto que contravenga la Constitución y la Ley.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Haití: Solidaridad

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La opinión del Sacerdote Jesuita……

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Rosendo Torres

Hace algunos meses, fuimos informados de un huracán o ciclón que arrasó con gran parte de la República de Haití y surgieron entre nosotros voces espontáneas de solidaridad, a ver ¿qué podemos hacer por esa gente? y hubo una respuesta masiva que, según algunos párrocos, sobrepasó las expectativas demostrando la parte buena del corazón del católico panameño.

Esa vez, nos enteramos que el R.P. Patricio Hanssens, de Pastoral Social Cáritas Panamá, tiene un hermano sacerdote misionero en Haití y, a través de él, logramos hacer Ilegar las contribuciones generosas de nuestra comunidad creyente.

EI 12 de enero de este 2010, nuevamente toca a nuestras puertas el pueblo de Haití. Un pavoroso terremoto, un movimiento telúrico de grado 7.3 en la escala Richter acabó de destruir lo poco que quedaba a causa de la desgracia natural anterior.

El cónsul de Haití en Panamá fue entrevistado por SERTV y dio la limitada información que podía tener sobre el hecho y señaló que ya había comenzado a llegar la ayuda solidaria y concretamente de Venezuela en primer lugar, luego de España que se suele destacar por la presteza con que ofrece su ayuda en este y en otros casos del mundo como en la crisis de Ruanda-Burundi, en otro tipo de crisis.

Las agencias noticiosas cada una da sus cifras. Pareciera que la cantidad de víctimas rodea las cien mil en cálculos previos. Se informa que hay sepultadas 200 personas en un hotel aunque ya algunas han dado muestras de sobrevivir.

Lamentablemente, entre los fallecidos está el Obispo de Haití que fue encontrado aplastado en la catedral derrumbada. También se ha mencionado al Vicario General y miembros directivos de la oficina de la ONU y algunos cascos azules.

La delegación panameña con la carga de las primeras contribuciones de comida seca y demás se han quedado en República Dominicana ya que les resulta difícil aterrizar en Haití, debido a la confluencia de las distintas ayudas aéreas que, impresionantemente, se han dado cita en el lugar siniestrado.

En Panamá, la solidaridad ha sido canalizada, civilmente, a través del Despacho de la Primera Dama y Sinaproc y en la parte eclesiástica por medio de Pastoral Social Cáritas que recibe donaciones para damnificados del terremoto en Haití en sus cuentas del Banco Nacional de Panamá 48032934 a nombre de Cáritas-Panamá-Emergencias y del Número 03-01-Ol-00-2073-8 del Banco General a nombre de Cáritas Panamá ya que se comunican directamente con la Cáritas de Haití cuyo edificio también se menciona como afectado.

El predicador Rohertson ve en esta desgracia un castigo de Dios por haber entregado sus almas al Diablo con la brujería y de paso, menciona también a Panamá, aunque una cosa no tiene nada que ver con la otra.

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Publicado el 17  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Justicia para todos

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La opinion de……

Betty Brannan Jaén


PANAMÁ, R.P. –Una de las ironías del arresto de Ernesto Pérez Balladares es que aquel que se queja ahora de justicia politizada fue un presidente que en su momento, airadamente rehusó despolitizar la administración de justicia en Panamá y defender los derechos de los acusados de delito.

En 1997, Pérez Balladares dio declaraciones en que, dando por hecho que todo detenido es culpable, rehusó mejorar el sistema penal con el argumento de que “cada centavo que se gasta en mejorar las condiciones en las cárceles es un centavo menos para programas de beneficio social”. (La Prensa, 28 de septiembre de 1997).

Si Pérez Balladares, como presidente, no le encontraba validez alguna a la presunción de inocencia, ¿con qué autoridad moral pide ahora que la ciudadanía se la conceda a él?   Y, más al grano, si a Pérez Balladares como presidente no le importaba que personas inocentes pasaran años en el infierno de las cárceles panameñas, ¿por qué no debemos tratarlo igual ahora que es un imputado común?   Pese a que él no respetó los derechos humanos de los acusados, se le ha concedido la cortesía de casa por cárcel, y todavía se queja; solo ahora ha comprendido el precio de un país sin justicia.

Es que ese gobierno torista que se jactaba de eficiencia en lo económico mostró cero interés en eficiencia para evitar las terribles violaciones de derechos humanos en la justicia penal.   De los gobiernos pos–invasión, el de Pérez Balladares fue el que inauguró la modalidad de rechazar como “intervención extranjera” los informes anuales del Departamento de Estado estadounidense, que rutinariamente señalan que la justicia en Panamá “está sujeta a corrupción y manipulación política”.

Para el torogobierno, como expuso en 1998 en una carta muy fuerte al embajador norteamericano, esas críticas solo tenían el propósito de “lesionar innecesariamente la imagen internacional de Panamá”.   Cuando la Comisión de Justicia y Paz emitió un informe señalando las mismas deficiencias, el entonces procurador, José Antonio Sossa, las descartó como “falsedades”.

Sin embargo, el torogobierno cambió de parecer cuando en 1998 se le presentó la oportunidad de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 18 millones de dólares, dizque para mejorar el sistema de justicia. Al aceptar el préstamo, los funcionarios toristas se llenaron la boca con la urgencia de reformar la justicia penal –hasta admitieron que había tribunales penales que en un mes entero no celebraban una audiencia – y después tuvieron la desfachatez de que el grueso de ese dinero se utilizara para mejorar la justicia civil, no la penal.  Otra vez, Pérez Balladares hacía gala de su desprecio por los derechos de los acusados de delito.

Es fácil decir que la arrogancia personal de Pérez Balladares, junto a la impunidad tradicional para los políticos y los encopetados, lo cegó a la posibilidad de que él mismo estuviera algún día detenido y enfrentando cargos penales.

Pero es una ceguera compartida, porque uno de los grandes problemas en Panamá es que nuestros ciudadanos no conciben los derechos constitucionales como cosa inalienable que pertenece a cada uno de nosotros, y así mismo tiene que ser defendida por todos, porque el abuso cometido contra uno es un abuso contra todos.

Ahora, lo que el país quiere es una muestra veraz de que hemos tomado el primer paso hacia justicia igual para todos; el propio Pérez Balladares se ha convertido en símbolo de todo lo que anhelamos en esta materia.

Pueda ser que las pruebas de su culpabilidad son “monumentales”, como señaló un elocuente “Hoy por hoy” el viernes, pero lo que quiero es que se le haga justicia de verdad, sea cual sea el veredicto.   Igual altura quiero en el caso de la procuradora y con la selección de futuros magistrados de la Corte Suprema. El Panamá que  queremos tener   requiere justicia confiable, certera, equitativa y respetuosa de los derechos ciudadanos.

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los hechos nos dan la razón

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La opinión del dirigente sindical y Secretario General del SUNTRACS…..

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GENARO  LÓPEZ

SIN SORPRESAS. En medio de la campaña electoral señalamos que las candidaturas a la Presidencia se sustentaban en falsas promesas magnificadas por el marketing publicitario.   Una vez asumida la silla presidencial por Ricardo Martinelli, expresamos que éste seguía en “campaña” vía show mediáticos.

Una vez más los hechos nos dan la razón. El presidente, ofuscado ante el bajón de su popularidad y cuestionado por sus acciones (favorecer a sus familiares), confesó haber entregado más de un millón de dólares a cada medio de comunicación social a través de contratación directa, con lo cual parecía exigir a los medios que cumplieran con su papel.   El pueblo se pregunta ¿Cuál papel?   ¿Mediatizar toda información que cuestionará su accionar?

En seis meses de gobierno, se revela cómo el “ cambio ” era una consigna vacía.   Los actuales mandatarios, igual que lo hicieron sus antecesores, utilizan el Estado para hacerse de riquezas, el “ entran limpio y salen millonarios ”, es hoy “ entran millonarios y salen más millonarios ”.

Un ejemplo, la “ urgencia notoria ” para contratación directa de la empresa “ Borda Imagen ” propiedad de la hermana y sobrinos del señor Martinelli, para confeccionar las camisas que utilizan los miembros del Gabinete, pero que además los panameños pagamos con nuestros impuestos, pues, como dijo la vocera presidencial “ ahora no se compran sacos de vestir, sino camisas ”.

Preguntamos ¿no ganan lo suficiente —más de 31 salarios mínimos— como para cubrirse sus “ uniformes ”?

El otro caso, el avioncito presidencial, ese que dicen que será para apoyar emergencias, pero resulta que solo puede aterrizar en dos aeropuertos del país (Panamá y David), se trata de un Embraer Legacy 600 (aeronave de lujo, según su publicidad internacional, cuyo mantenimiento se calcula en 2 mil dólares por cada hora de vuelo).

El Consejo decidió entregar préstamo por 22 millones de dólares para la compra, cuando en este país son varias las comunidades que están enfrentando la falta de agua potable, dadas las condiciones de la infraestructura.

Debemos recordar que en campaña electoral Martinelli criticó los constantes viajes de Torrijos y otros ex presidentes al exterior; dijo que no usaría el avión presidencial, pero que de requerirse para algún viaje oficial lo haría en su jet privado.

También, en campaña, Martinelli prometió que el costo de la canasta básica familiar bajaría; sin embargo, durante su administración los aumentos de precios de los alimentos y servicios básicos son el pan de cada día. El vital líquido, el agua, aumentará en 15%, además que se pretende privatizar servicios de cobros.

El combustible sigue aumentando, tanto cuando el precio del petróleo aumenta como cuando disminuye, sin que se ponga control a este mercado oligopólico. El pago del servicio de electricidad desde agosto del año pasado aumenta permanentemente, a pesar de los subsidios que le pagamos a las empresas. El precio de los alimentos (arroz, leche, etc.) sigue aumentando, a pesar de que empresas vinculadas al presidente, según se supo durante la campaña electoral, controlan el 60% de la cadena de distribución. En las próximas semanas experimentaremos más aumentos, pues, empresarios ya han señalado que trasladarán los impuestos a los consumidores.

En política ambiental, el gobierno continúa su acelerado proceso de entregar nuestros recursos a las multinacionales y en afectar el medio. Así, pese a la oposición de las comunidades campesinas y ambientalistas, el MICI otorgó permiso a Petaquilla Gold para iniciar operaciones y exportar oro. Un proyecto sumamente lesivo para el medio y que genera ganancias extraordinarias para la empresa, se le asigna la risible suma de 300 mil dólares para mitigar daños ambientales, costo que generalmente las empresas no cubren, pues ellas mismas se constituyen en fiscalizadoras de la mitigación.

En el marco de esta realidad las evidencias de corrupción, pasadas y presentes, parecen no tener fin).   Sin embargo, el mayor despliegue en estos casos se los llevan los show mediáticos y no la aplicación de justicia.   Mientras, el presidente recurre nuevamente a los mazazos para recuperar popularidad.

Hoy, en el contexto de la grave crisis que vive el país, en medio de las pugnas intestinas que fracciones de la clase dominante desarrollan por el control del poder absoluto, las discusiones sobre reforma electoral cobran singular importancia. Es necesario convertir los temas que se discutirán en la Comisión de Reformas Electorales, en temas de debate nacional. Los panameños debemos cobrar conciencia de que no se puede seguir dejando en manos de los políticos tradicionales decisiones de suma importancia para el futuro de la Nación.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

10 DE ENERO DE 1964. Hola Señor Presidente

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La opinión del Médico

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Juan Carlos Ansin

Pasó otro 9 de enero. Lo pasé con mucha pena, por la gran gesta civilista casi olvidada. Un acontecimiento que viví con fervor, angustia y rabia. En 1964 era graduando del Colegio Javier. Cuando me enteré lo que ocurría en la Av. Kennedy (ex 4 de Julio) y hoy Av. De los Mártires, le robé el carro a mi padre y me fui con algunos compañeros a ver lo que pasaba.

En la 5 de Mayo subimos a dos heridos y los llevamos al hospital Santo Tomás. Llamé a mi padre que me fue a buscar allá. Me miró sin recriminarme nada y se quedó conmigo. Después de donar sangre nos encontramos con el Dr. Henríquez Navarro, notable cirujano y médico de la familia que sacó del bolsillo un paquete de gasas, dentro estaban las balas extraídas de los heridos. Eran balas militares. Las guardo para entregarlas como prueba a los enviados de la OEA, dijo el doctor.

Traigo esta historia intrascendente para contrastarla con otra que hasta que no fue publicada en el Panamá América el 9 de enero último, yo desconocía totalmente. Fue la comunicación telefónica que sostuvieron el presidente Roberto F. Chiari y el presidente Lyndon B. Johnson a las 11:40 de la mañana del 10 de enero de 1964. Una conversación de extraordinaria importancia histórica y de una riqueza psicológica y política que vale la pena analizar.

En ella Johnson agradece a Chiari el haber llamado a la calma y sugiere que “elementos hostiles” pueden aprovecharse de la situación. Anuncia que enviará inmediatamente al Secretario de Estado. El presidente Chiari lo interrumpe y le dispara a boca de jarro, voy a decirle a su enviado lo que le estoy diciendo a usted. Nosotros necesitamos una revisión completa de todos los tratados. Porque el que tenemos es la causa de la violencia. Johnson trata de esquivar el golpe argumentando que hay causas más inmediatas. Chiari arremete con contundencia.

Cuando en 1961 me entrevisté con el presidente Kennedy, los EU no mostraron interés en llevar las palabras a los hechos. Johnson esgrime una muletilla histórica en la diplomacia de su país “eso no justifica la violencia, hay que mirar hacia el futuro y no hacia el pasado”. Chiari con elegancia y sutileza le responde que está de acuerdo que nada justifica la violencia pero le pasa la responsabilidad del problema diciendo que es la indiferencia del gobierno estadounidense de los últimos dos años la que ha empeorado una situación que se sabía tarde o temprano iba a suceder. Johnson promete enviar a su secretario con urgencia. Chiari, elegante pero receloso, le conmina dándole a entender con suspicacia sus dudas. “¿A qué hora llegará el avión?” Preguntó.

Hay gestos y palabras en la historia que resultan más contundentes que un golpe de Estado o un genocidio. El presidente Chiari merece un reconocimiento nacional a la altura de su actuación pública.  Un monumento digno en el lugar donde fue mancillada la enseña nacional.   Que sea en el 2014 cuando se cumplan cincuenta años de la pueblada civilista más importante de la era republicana.

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Publicado el 17  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

A los corruptos, apuntarles con escopeta

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La opinión de…..

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Marcos A. Mora R.


En el tema de la justicia y la persecución del delito hay tantos detalles que a mí, como a la inmensa mayoría del pueblo, nos tienen perplejos y frustrados.   Nos referimos a lo selectivo de su aplicación.   Al tratarse de Juan Pueblo las acciones se aplican con celeridad y con todo el rigor de la ley.

Para Juan Pueblo no existe abogado famoso ni distinguido que le defienda y que pueda escarbar las debilidades existentes en el expediente para asegurarle el “debido proceso” y tampoco que pueda argumentar que por haber ocurrido el hecho bastante tiempo atrás, el mismo está prescrito.   Juan Pueblo debe parar con sus huesos en la cárcel, haya sido juzgado o no, y de seguro saldrá más dañado que como entró.  La cárcel para él será como entrar a tomar un programa de posgrado o doctorado en delitos.

Otra situación ocurre cuando los delincuentes y corruptos son de cuello blanco. Estos procurarán armarse del más selecto equipo de abogados que argumentaran como válidas todas las artimañas que en casos anteriores persiguieron o descartaron.

Si el equipo de abogados por asuntos del destino tuvo una relación de mando en el pasado, con el juez o fiscal, mejor todavía, siempre queda la sempiterna costumbre del respeto al jefe.   Si el que tiene que localizar al infractor es miembro del mismo club o secta del infractor, de seguro mirará para otro lado, con tal de poner a salvo a su “hermano”,   aunque ello signifique dejar a la justicia como idiota.   Alguien, en algún lado, se asegurará de quitarle la venda de imparcialidad a la justicia, para que vea bien claramente, a quién pretende juzgar.

Con lo anterior como base nos preguntamos, en qué nos diferenciamos de los sistemas de justicia de Taiwan, Costa Rica y Perú donde se atrevieron a juzgar a tres ex presidentes por una serie de delitos y que hoy pagan con sus huesos en la cárcel, como un ejemplo de que los delitos y la corrupción tienen penalidades, no importa de quién se trate.   Incluso en el caso de Taiwan se juzgó igualmente a la primera dama.

A diferencia de nuestro medio a todos estos ex presidentes se les juzgó, no por un delito, sino por una serie de delitos. Su juzgamiento dio como resultado que unos delitos se pudiesen comprobar y otros no.

Ya todos tienen, a mí entender, sentencias en firme.

Debemos igualmente recordar en caso del ex presidente Nixon y el del anterior Primer Ministro de Israel.

En el caso nuestro se acusa a un ex presidente de blanqueo de capitales sobre la base de todo lo que ha salido en los medios de comunicación, y ya sus abogados han señalado que no hay tal delito.   Siendo lego en los temas legales, que de paso me repugnan, me pregunto si en este caso en especial no se dieron las siguientes situaciones irregulares: abuso de poder o extralimitación como funcionario público, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, otros conexos.

Como se puede observar en los sistemas que en realidad quieren dar un escarmiento a quienes detentan el poder y abusan de el, se presentan todos los elementos que se consideran han podido ser vulnerados y en el nuestro descansamos en la vía del menor esfuerzo, que pareciera estar destinados a ser un fugaz show mediático para que al final no ocurra nada.

Nos quejamos, con justificada razón, cuando roban a un tendero, un busero o un taxista, pero no nos hemos puesto a pensar en quiénes son los maestros de estos delincuentes. Ellos ven a diario, en altos funcionarios, que el delito sí paga y en consecuencia hay que imitarlos.

De allí que en sentido figurado concluya, que al delito de cuello blanco hay que apuntarle con escopeta.

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La salud es una prioridad

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La opinión de la Enfermera…..

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ANA R. DE SERRANO

La salud es el pilar fundamental para el desarrollo de todos los países, un país enfermo no avanza al ritmo que las exigencias de este siglo plantean.

Recientemente, en un diario de la localidad, leía un artículo sobre la falta de camas en los hospitales, de la crisis que vive el Complejo Hospitalario de la CSS, entidad que atiende prácticamente a dos tercios de la población, entre asegurados y sus beneficiarios. Algunos funcionarios médicos hacen mención de que necesitamos más hospitales, esto es indicio de que la población cada vez está más enferma.

¿Pero en qué radica realmente el problema? No es la falta de camas para más enfermos, a nuestra consideración es la falta de educación para la salud, es que tenemos que trabajar para que las personas aprendan a cuidarse.

La Educación para la salud, según la OMS, es uno de los instrumentos para la promoción de la salud y el trabajo de prevención de enfermedades, todo esto conlleva poner en práctica una serie de acciones realizadas por el personal de salud que labora principalmente en la red primaria de atención, que son los subcentros de salud, centros de salud, policlínicas, Ulaps, etc.

Por años estas instalaciones basan principalmente sus acciones a la parte curativa y para las acciones de promoción y prevención no hay los recursos suficientes. No hay presupuesto para que el personal haga las visitas domiciliarias, no hay transportes disponible o simplemente no hay combustible, no se facilitan los recursos para publicaciones, el personal algunas veces tiene que valerse del patrocinio de casas farmacéuticas para organizar acciones de promoción de la salud, en muchas de las instalaciones no se dispone de equipos audiovisuales para dar las charlas. Son muy escasas las publicaciones dirigidas a la población que informen sobre x problema de salud, las instituciones no generan boletines informativos para la población. Todo esto sin mencionar la falta de personal para realizar las acciones.

Por años la atención primaria ha sido la cenicienta de los sistemas de salud, en los presupuestos el énfasis se hace en las acciones curativas, que no decimos que no sean importantes y necesarias, pero las partidas para las actividades de promoción de la salud, de prevención de enfermedades siempre son escasas, otras son las prioridades.

La publicidad vende, pero esto no lo aplicamos, debemos mercadear el mejor producto, la salud, tal vez si lo hiciéramos, cada año tendríamos a menos personas necesitadas de las máquinas de hemodiálisis, porque una buena campaña de educación en salud le enseñaría a las personas a cuidar de sus riñones, esto por mencionar un ejemplo.

En definitiva, el enfoque curativo de nuestros sistemas de salud debe cambiar, de lo contrario no alcanzarán todos los hospitales que se puedan construir para dar atención a tantas personas enfermas. El camino es la prevención, más vale prevenir que lamentar, menos nos cuesta prevenir que curar.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

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Panamacondo…

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La opinión del Galeno…..

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Daniel  R.  Pichel


Si Gabriel García Márquez viviera hoy en Panamá, seguro reescribiría Cien años de soledad, pero con el doble de páginas.   Las cosas que ocurren en nuestro país, no tienen nada de mágico, pero sí de realismo (o “de surrealismo”). Veamos…

Hace un par de semanas escuchaba una noticia que decía más o menos: “El gremio de los taxistas piratas de La Chorrera exigen (sí, leyeron bien, ¡exigen!) que las autoridades dejen de perseguirlos.

Al principio, pensé que fuera una inocentada pero no era 28 de diciembre. Estos señores, que transportan pasajeros sin autorización, le dan un ultimátum a las autoridades porque no los dejan “trabajar para llevar el pan a su casa”.

Lo que pasa es que, sospecho, nadie les explicó que el calificativo “piratas” obliga a las autoridades a evitar su circulación. Que en la expedición de cupos hay muchas irregularidades, no les da derecho a “exigir” nada. Lo que corresponde es denunciar y buscar soluciones. No sé en qué haya quedado el asunto pero sospecho que, si están “agremiados”, estamos obligados a aceptar su existencia y exigencias…

Y si entre taxistas estamos, qué me dicen de la pataleta de los que se han pasado por el arco del triunfo la orden de pintar sus carros de amarillo. Las excusas que utilizan constituyen una burla a los ciudadanos que cumplen las leyes del país. Estos tipos, después de tres años de prórrogas sucesivas (que significan mil 96 días), todavía retan a las autoridades con que seguirán circulando porque “no tienen como pintar sus taxis”.

Además, exigen (como que está de moda) una prórroga adicional y la subvención de la pintura.   Francamente, me preocupa que esta especie se extinga, pues las gónadas de oro no sirven para procrear.   Encima, sus “dirigentes” salen en televisión diciendo cosas como “no se quejen si los colegas tienen que cometer delitos para llevar el sustento a su casa”.   Creo que, por cada delito que cometa un taxista “no amarillo” se encierre a estos dirigentes por andar dando ideas. Estos comentarios pudieran calificar como “instigación al delito”. Esperemos que las autoridades no cedan ante estos abusadores que se consideran que están por encima de cualquier reglamento.

El tercero es el sainete que se montó alrededor de los “juegos suertudos”. Con olímpico cinismo, retuercen el sistema judicial basado en contactos, amigos y recursos de cuanto abogado capaz de obstaculizar los procesos exista.

Dentro de poco, podremos saber la culpabilidad o no de alguien, de acuerdo al “equipo legal” que lo represente. Encima, lo de “no tengo por qué dar detalles de los negocios de mi familia” sabe a ipecacuana cuando esos “negocios de familia” (suena a los Corleone), provienen de una concesión directa que no solo favorece a sus allegados, sino que, después de un elaborado proceso de triangulación, termina en una cuenta propia. Y encima nos restriegan unas fotografías donde enarbolan una sonrisa que hace pensar en el estribillo de un corrido mexicano que dice: “y yo sigo siendo el rey”…

Propongo a las autoridades judiciales que tomen en cuenta que, cualquier día, nos dirán que las conductas de esta gente no pueden castigarse, pues obedecen a una enfermedad que en el ICD-9 se codifica con el número 312.32.   Y, si hubiera una fianza de por medio, no sería problema pues cualquier funcionario debe tener la sagacidad como para ahorrarse medio millón de dólares, a partir de un salario de funcionario público.

Y, para terminar de darle ideas a Gabo, está la historia de la procuradora. Si esto se le cuenta a alguien, seguro creerán que estamos mintiendo. Ahora, quien debe perseguir el delito, tiene que defenderse de una denuncia que presenta alguien que no cuestiona ser coimero, sino que lo atraparan.

No puedo entender cómo el sistema judicial permite que semejantes denuncias puedan siquiera ser tomadas en cuenta. Esperemos que la corte piense en la “justicia”, y engaveten semejante aberración por el bien de todos.

Aunque no soy abogado y no domino los aspectos “técnicos” de la ley, estoy seguro que, si alguien piensa cuestionar al Ministerio Público, tiene que haber mecanismos menos grotescos para hacerlo que este mamotreto que, en su esencia, constituye no solo una burla a la población, sino un terrible golpe a la institucionalidad y a los más elementales principios de decencia.

Francamente, no sé si al final de todo este asunto, vaya a nacer alguien con cola de cochino… lo que si sé es que, en nuestro Panamacondo ya se están haciendo cochinadas…

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.