¿Merece la pena jubilarse?

La opinión de la Psicóloga Especialista de la Conducta Humana….

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GERALDINE  EMILIANI

Tras una larga travesía profesional, llena de problemas y satisfacciones, llega el momento de la jubilación. Para muchos es la meta deseada después de una vida de sacrificio y dedicación.   Para otros es un momento complicado, que marca la entrada a un mundo desconocido.

El jubilado al llegar a esta etapa de su vida muchas veces puede tener sentimientos de inutilidad, inseguridad, miedo y dolor, con una tendencia nostálgica de recuerdos laborales.   Dependiendo de la persona, la jubilación puede ser un premio o una condena. En función de cómo se enfoque, puede resultar una etapa llena de alegría y entretenimiento,  o puede representar el declive de una vida entregada al trabajo.

En la mayoría de los casos, cuando la persona se jubila significa que ha estado más de 40 años trabajando, dedicada la mayor parte de su tiempo a su actividad profesional, relegando a un segundo plano sus aficiones, sus amigos y, en ocasiones, a su familia.   No obstante, cuando llega el momento de su retiro, se ve desbordada por la incertidumbre y se plantea preguntas como: “ ¿Tendré dinero suficiente para mantener el mismo ritmo de vida? ¿Me aburriré?   ¿Ya no sirvo para trabajar? ”.

Para muchos continuar su actividad laboral, y además de recibir su cheque de jubilación, es una solución a sus problemas económicos.   En un sondeo realizado a 120 personas, entre hombres y mujeres, próximos a jubilarse y con un nivel socioeconómico medio, el 97% dice sentirse descontento al no retirarse a disfrutar del merecido descanso, porque, de este grupo, el 87% continuará su actividad laboral,   porque no le alcanza el dinero por el alto costo de la vida y por pagar deudas adquiridas.   El 8% de los encuestados decide continuar trabajando, para darse ciertos lujos que no pudo tener durante sus años de servicio, debido a su bajo salario.   Solo el 3% lo hará por no sentirse improductivo.

Pero, si usted está próximo a retirarse, permítame decirle que el cambio que va a sufrir su vida es brusco y para tratar de reducir sus efectos conviene tomar ciertas medidas.

Para ello, las instituciones públicas y empresas privadas deben desarrollar una serie de iniciativas que favorezcan la adaptación a un nuevo estilo de vida con programas de introducción a la jubilación, centrando su contenido en la actitud de las personas, en las recomendaciones económicas y de salud, con el propósito de estimular a los futuros jubilados a aprovechar el tiempo libre.

Cada persona posee una percepción diferente de lo que representa esta situación.   Lo importante es que después de años de sacrificio, ahora tiene más tiempo disponible que puede disfrutar con amigos, familia, practicar algún deporte, organizar viajes turísticos y culturales, estudiar e incluso colaborar en trabajos no remunerados en hospitales, asociaciones de voluntarios, etc.

No es verdad que los jubilados sean inútiles o constituyan una carga difícil de soportar o se conviertan en improductivos.   Nos dieron mucho cuando se encontraban en plena fuerza; nos lo dan ahora con su presencia venerable, con su sufrimiento silencioso, con su palabra acogedora.   Privar a la humanidad de los jubilados sería tan bárbaro como privarla de los niños.

Con la preparación a un nuevo estilo de vida, los futuros jubilados se sentirán más confiados y podrán disfrutar del merecido descanso.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en  el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El lenguaje fraudulento de Obama

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La opinión de…..

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Belisario Herrera A.


Lo que nos ha dicho Alejandro Manrique Soto, en un largo artículo que publicó Rebelión, es que Obama, como intelectual erudito, tiene a flor de labio un lenguaje fraudulento, Porque “casi al inicio de su gestión, Obama dio un discurso en tierras latinoamericanas en el cual ofreció una nueva política entre el gobierno de Estados Unidos (EU) y los países de la región. Muchos observadores y críticos afirmaron que se trataba del inicio de una nueva era, la cual traería cambios sustanciales a favor de un acercamiento y que quedaría lejos la política de dominio y sometimiento que ha caracterizado esta relación”, dice el citado cronista.

Sin embargo, las expectativas en torno a esa posibilidad pronto se desvanecieron. Y es que las acciones propias del imperio, sobre las cuales se llegó a creer que habían pasado a la historia, reaparecieron en la escena política de América Latina en una reedición de los viejos golpes de Estado. En esta ocasión le tocó a Honduras ser el protagonista de esta nueva ola de avances de la derecha latinoamericana, apoyada por el gobierno estadounidense.

El derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por parte de la oligarquía y el ejército hondureño, contó con el apoyo de los grupos de la derecha ultraconservadora de EU.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton, jugó su papel al mantenerse pendiente de lo que ocurría en el país centroamericano, tanto antes como después del golpe, e impulsó el acuerdo de San José, encabezado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, con lo que prolongaron la solución pacífica que había sugerido la comunidad internacional. De esa manera, dieron tiempo a los golpistas para afianzarse en el poder. Ese fue el primer movimiento de la era Obama que nos indicó cuál sería la verdadera actitud del nuevo presidente.

Para continuar con el desengaño y frente a quienes aún se resistían a creer que el imperio rompería con la esperanza de tener como buenos vecinos a los países que habitan el sur de su frontera, se dio a conocer que el gobierno de Colombia, dirigido por el presidente Álvaro Uribe, firmó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el cual se le otorgó el permiso para instalar y operar siete bases militares en su territorio, pero la instalación de esas bases en Colombia no queda ahí.

En el artículo “A 20 años de la invasión de EU a Panamá”, del profesor Jorge Turner, él afirma que existe un acuerdo para instalar cuatro bases militares de EU en territorio panameño y advierte que “La fiebre imperialista de Washington de instalar sus bases militares por todos los lugares posibles de América Latina es quizá la amenaza directa más grave a nuestras soberanías”, lo que demuestra que la tendencia del gobierno estadounidense es la de imponer su dominio expansionista para impedir que los países latinoamericanos logren su independencia y soberanía, porque ello significaría ir contra sus intereses.

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Operación Milagro, eso sí es una causa justa

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La opinión del periodista …..

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DAVID  M.  PÉREZ

Estoy sumamente impactado por el anuncio hecho por el ministro de Salud,  Dr, Franklin Vergara, quien sin ningún tipo de remordimiento anunció el desmantelamiento de la “Operación Milagro”, programa de cooperación suscrito entre los gobiernos de Cuba y Panamá, el cual ha permitido hasta el momento, la realización de más de 50,000 cirugías en pacientes pobres, especialmente campesinos e indígenas, con padecimientos que afectaban su visión.

Según el ministro Vergara, el programa “ Operación Milagro ”, será reemplazado por el Proyecto 20-20 , dirigido exclusivamente por médicos panameños, además de anunciar que el gobierno panameño les solicita a los médicos cubanos retirarse del país al 30 de abril del presente año, ¿será eso cierto? o ¿existen otras motivaciones en el fondo, como el eliminar un programa exitoso, realizado por el anterior gobierno?

La República de Cuba, proporcionó para este programa el equipamiento de los quirófanos, el personal médico especializado, incluso fue instalado un equipo avanzado para el tratamiento de pacientes diabéticos con problemas oculares, todo esto sin ningún costo para el gobierno panameño.

Sin embargo, una vez los actuales gobernantes asumieron la conducción del Estado han iniciado todo un proceso que va desde desconocer el nombre asignado a las instalaciones en donde funciona el programa, “ Clínica Omar Torrijos ”, hasta la decisión del cierre del mismo, afectando a miles de panameños que se encuentran a la espera de ser atendidos.

Los médicos cubanos no vinieron a Panamá a hacer negocios con la salud del pueblo panameño, ellos vinieron a prestar una colaboración sin precedente en la historia de nuestro país.

Son miles los humildes panameños y panameñas que se cuentan entre los beneficiados; sin embargo, con argumentos baladíes, hoy el presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, y sus séquitos, nos dan muestra de que su verdadero interés no está con las mayorías.

Operación Milagro ha sido un éxito, sin embargo, parece que lo que buscan en realidad con acciones como esta es, de una forma infantil, querer desconocer los logros alcanzados por la pasada administración, sin importarles que estén jodiendo al Pueblo con sus actuaciones.

No sería nada extraño que este gobierno ahora la emprenda contra otros programa de cooperación, como los que se tiene en materia educativa, cultural y deportiva con la hermana República de Cuba.

Señor presidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, la Operación Milagro vino a traer salud al pueblo panameño, eso sí es una causa justa.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Justicia torcida?

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La opinión del Jurista…..

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Julio E. Linares Franco


Mediante resolución de 17 de agosto de 2005, la procuradora general de la Nación autorizó una operación encubierta para grabar a un ex fiscal y sorprenderlo in fraganti delito (como así sucedió)  solicitando una coima.

El primer elemento importante en este “pinchazo telefónico” es que fue autorizado por quien fuese la víctima del delito. Es decir, la persona a quien el ex fiscal le solicitó el dinero autorizó la intervención de su propio teléfono y aceptó ser designado como agente encubierto en la operación.

Esto deviene a una primera interrogante: ¿Cómo puede decretarse como inconstitucional una grabación telefónica que ha sido autorizada por la víctima del delito investigado y en su propio teléfono?

El fallo de la Corte de 17 de julio de 2007 en nada se refiere a este particular o lo que es igual, guarda un inexplicable e incomprensible silencio.

En segundo lugar, la grabación telefónica fue autorizada con base en el artículo 18 de la Ley 13 de 1994, que adiciona el artículo 21–B de la Ley 3 de 1986 que textualmente asienta al o a la procuradora general de la Nación para grabar conversaciones telefónicas en el caso de ilícitos, sujeto a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

El problema de interpretación estriba en que en el Acto Legislativo No. 1 de 2004 por el cual se enmendó la Constitución y que permite el examen de correspondencia y otros documentos privados por mandato de autoridad competente, para fines específicos y de acuerdo a las formalidades legales, se incluyó un párrafo que señala que todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.

El término “autoridad judicial” fue la base y razón fundamental para solicitar la inconstitucionalidad promovida por el ex fiscal.   Al final, la Corte por mayoría de siete a dos consideró que a partir del Acto Legislativo de 2004, las intervenciones telefónicas le competen exclusivamente al Órgano Judicial y no al Ministerio Público.

En otras palabras, se declaro inconstitucional la escucha telefónica requerida por la Procuradora por confrontar el artículo 29 de la Constitución.

Ahora bien, ¿dónde encaja el supuesto delito de abuso de autoridad interpuesto contra la Procuradora de la Nación? Esto significaría que la Procuradora abusando de su cargo, cometió en perjuicio del ex fiscal un hecho arbitrario.

Paradójicamente a quien se le sorprende cometiendo un delito grave y comprobado es precisamente al susodicho ex fiscal.  Y el acto por el cual se le sorprende, hasta ese momento era autorizado expresamente al Procurador General de la Nación a través de una Ley.

Lamentablemente por un cambio constitucional que incorpora el término “autoridad judicial”, hasta aquel momento no interpretado ni aplicado a nadie, dos años después la Corte considera que el Ministerio Público no está autorizado para grabar conversaciones.

Podríamos criticar a la procuradora, si acaso, por interpretar mal la Constitución.  Pero de eso a considerarla delincuente por el hecho de perseguir un delito comprobado, hay una gran diferencia.

Y es que la intervención telefónica se da a solicitud de la víctima de un delito, en su propio teléfono, con el interés precisamente de perseguir al ejecutor de ese delito; y no para afectar abusivamente a esa persona cuyo interés era obtener dinero a cambio de decidir convenientemente un asunto de su interés o competencia.

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Justicia, delincuencia y valores (II)

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La opinión del Doctor en Derecho y Docente Universitario…..

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HERNÁN  A.  DE  LEÓN

Otro nivel de análisis lo constituye el hecho de entender la justicia como valor y fin del Derecho (más que como virtud subjetiva) al que podemos conceptuar juntamente con Norberto Bobbio como “aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos Derecho”.

Considero que para hacer las transformaciones necesarias por el correcto sendero de una anhelada administración de justicia es la propia voluntad de todos sus integrantes de querer hacer las cosas correctamente y con la transparencia que la sociedad exige. No es cuestión de muchas reformas judiciales, sino del compromiso y vocación con esta ardua y delicada tarea. Igual sucede con el tema de la delincuencia y la violencia en el país. Por más que hagamos cambios en materia de organización o estructura, como podría ser un futuro Ministerio de Seguridad, si no existe el verdadero cambio en nuestros valores como es el respeto del ser humano, de nada servirá un aumento del número de policía o mejores herramientas de trabajo.

La respuesta tal vez esté en ofrecer una mejor calidad de vida, como es la oferta laboral, la educación oficial que está muy deteriorada, la educación en valores donde todos somos componentes de ella, en especial la TV, la cual transmite una serie de programas que tienen que ver con el mundo real del narcotráfico, prostitución, etc.

Reconozco que varios sectores hacen su pequeño esfuerzo para ir mejorando lo que a diario consideramos como mal; pero, creo que aún muchos nos hemos convertido en cómplices, entes pasivos y hasta complacientes de actos y hechos que van en detrimento de un país en supuesto desarrollo en todo sentido, en especial, de un verdadero Estado democrático. De ahí que considere que debemos aunar esfuerzos para mejorar cada día más, en especial, denunciando todo acto que contravenga la Constitución y la Ley.

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Publicado el  17  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Haití: Solidaridad

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La opinión del Sacerdote Jesuita……

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Rosendo Torres

Hace algunos meses, fuimos informados de un huracán o ciclón que arrasó con gran parte de la República de Haití y surgieron entre nosotros voces espontáneas de solidaridad, a ver ¿qué podemos hacer por esa gente? y hubo una respuesta masiva que, según algunos párrocos, sobrepasó las expectativas demostrando la parte buena del corazón del católico panameño.

Esa vez, nos enteramos que el R.P. Patricio Hanssens, de Pastoral Social Cáritas Panamá, tiene un hermano sacerdote misionero en Haití y, a través de él, logramos hacer Ilegar las contribuciones generosas de nuestra comunidad creyente.

EI 12 de enero de este 2010, nuevamente toca a nuestras puertas el pueblo de Haití. Un pavoroso terremoto, un movimiento telúrico de grado 7.3 en la escala Richter acabó de destruir lo poco que quedaba a causa de la desgracia natural anterior.

El cónsul de Haití en Panamá fue entrevistado por SERTV y dio la limitada información que podía tener sobre el hecho y señaló que ya había comenzado a llegar la ayuda solidaria y concretamente de Venezuela en primer lugar, luego de España que se suele destacar por la presteza con que ofrece su ayuda en este y en otros casos del mundo como en la crisis de Ruanda-Burundi, en otro tipo de crisis.

Las agencias noticiosas cada una da sus cifras. Pareciera que la cantidad de víctimas rodea las cien mil en cálculos previos. Se informa que hay sepultadas 200 personas en un hotel aunque ya algunas han dado muestras de sobrevivir.

Lamentablemente, entre los fallecidos está el Obispo de Haití que fue encontrado aplastado en la catedral derrumbada. También se ha mencionado al Vicario General y miembros directivos de la oficina de la ONU y algunos cascos azules.

La delegación panameña con la carga de las primeras contribuciones de comida seca y demás se han quedado en República Dominicana ya que les resulta difícil aterrizar en Haití, debido a la confluencia de las distintas ayudas aéreas que, impresionantemente, se han dado cita en el lugar siniestrado.

En Panamá, la solidaridad ha sido canalizada, civilmente, a través del Despacho de la Primera Dama y Sinaproc y en la parte eclesiástica por medio de Pastoral Social Cáritas que recibe donaciones para damnificados del terremoto en Haití en sus cuentas del Banco Nacional de Panamá 48032934 a nombre de Cáritas-Panamá-Emergencias y del Número 03-01-Ol-00-2073-8 del Banco General a nombre de Cáritas Panamá ya que se comunican directamente con la Cáritas de Haití cuyo edificio también se menciona como afectado.

El predicador Rohertson ve en esta desgracia un castigo de Dios por haber entregado sus almas al Diablo con la brujería y de paso, menciona también a Panamá, aunque una cosa no tiene nada que ver con la otra.

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Publicado el 17  de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Justicia para todos

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La opinion de……

Betty Brannan Jaén


PANAMÁ, R.P. –Una de las ironías del arresto de Ernesto Pérez Balladares es que aquel que se queja ahora de justicia politizada fue un presidente que en su momento, airadamente rehusó despolitizar la administración de justicia en Panamá y defender los derechos de los acusados de delito.

En 1997, Pérez Balladares dio declaraciones en que, dando por hecho que todo detenido es culpable, rehusó mejorar el sistema penal con el argumento de que “cada centavo que se gasta en mejorar las condiciones en las cárceles es un centavo menos para programas de beneficio social”. (La Prensa, 28 de septiembre de 1997).

Si Pérez Balladares, como presidente, no le encontraba validez alguna a la presunción de inocencia, ¿con qué autoridad moral pide ahora que la ciudadanía se la conceda a él?   Y, más al grano, si a Pérez Balladares como presidente no le importaba que personas inocentes pasaran años en el infierno de las cárceles panameñas, ¿por qué no debemos tratarlo igual ahora que es un imputado común?   Pese a que él no respetó los derechos humanos de los acusados, se le ha concedido la cortesía de casa por cárcel, y todavía se queja; solo ahora ha comprendido el precio de un país sin justicia.

Es que ese gobierno torista que se jactaba de eficiencia en lo económico mostró cero interés en eficiencia para evitar las terribles violaciones de derechos humanos en la justicia penal.   De los gobiernos pos–invasión, el de Pérez Balladares fue el que inauguró la modalidad de rechazar como “intervención extranjera” los informes anuales del Departamento de Estado estadounidense, que rutinariamente señalan que la justicia en Panamá “está sujeta a corrupción y manipulación política”.

Para el torogobierno, como expuso en 1998 en una carta muy fuerte al embajador norteamericano, esas críticas solo tenían el propósito de “lesionar innecesariamente la imagen internacional de Panamá”.   Cuando la Comisión de Justicia y Paz emitió un informe señalando las mismas deficiencias, el entonces procurador, José Antonio Sossa, las descartó como “falsedades”.

Sin embargo, el torogobierno cambió de parecer cuando en 1998 se le presentó la oportunidad de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 18 millones de dólares, dizque para mejorar el sistema de justicia. Al aceptar el préstamo, los funcionarios toristas se llenaron la boca con la urgencia de reformar la justicia penal –hasta admitieron que había tribunales penales que en un mes entero no celebraban una audiencia – y después tuvieron la desfachatez de que el grueso de ese dinero se utilizara para mejorar la justicia civil, no la penal.  Otra vez, Pérez Balladares hacía gala de su desprecio por los derechos de los acusados de delito.

Es fácil decir que la arrogancia personal de Pérez Balladares, junto a la impunidad tradicional para los políticos y los encopetados, lo cegó a la posibilidad de que él mismo estuviera algún día detenido y enfrentando cargos penales.

Pero es una ceguera compartida, porque uno de los grandes problemas en Panamá es que nuestros ciudadanos no conciben los derechos constitucionales como cosa inalienable que pertenece a cada uno de nosotros, y así mismo tiene que ser defendida por todos, porque el abuso cometido contra uno es un abuso contra todos.

Ahora, lo que el país quiere es una muestra veraz de que hemos tomado el primer paso hacia justicia igual para todos; el propio Pérez Balladares se ha convertido en símbolo de todo lo que anhelamos en esta materia.

Pueda ser que las pruebas de su culpabilidad son “monumentales”, como señaló un elocuente “Hoy por hoy” el viernes, pero lo que quiero es que se le haga justicia de verdad, sea cual sea el veredicto.   Igual altura quiero en el caso de la procuradora y con la selección de futuros magistrados de la Corte Suprema. El Panamá que  queremos tener   requiere justicia confiable, certera, equitativa y respetuosa de los derechos ciudadanos.

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Publicado  el   17  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.