Cinismo

La opinión del periodista…..

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Juan B. Gómez

Si no fuera por la triste y lamentable situación por la que atraviesa la justicia panameña, sería para reír lo que está pasando aquí.   Diariamente escuchamos la misma canción de los capos del PRD quejándose de que el gobierno de Martinelli no respeta la división de poderes, que es fundamental en la vida democrática.

¿Cuándo han respetado los gobiernos perredistas la división de poderes, si ellos empezaron la larga dictadura de Torrijos – y luego la de Noriega- pisoteando la independencia de los poderes del Estado?   Llegaron hasta la trágica y ridícula constitución que declaraba a Torrijos (con nombre propio) como el Sumo Pontífice del gobierno.   El era el Yo Supremo, en el que se concentraban todos los poderes del Estado. ¡Y ahora, hablando de respeto por la independencia de los poderes estatales!   ¡Sé cínico! -decía el cómico Tres Patines-.

Luego vinieron los gobiernos de Ernesto Pérez Balladares que, imitando a Torrijos, se echó al bolsillo los poderes del Estado; y se convirtió también en el Yo Supremo, herencia que dejó, años después a Martín Torrijos. Y lo más trágico de estas sucesiones arbitrarias es que se las dejaron instaladas al gobierno actual de Ricardo Martinelli, quien no puede ejercer ningún poder sobre el legislativo ni el judicial, que aún conservan las huellas siniestras de sus antecesores, los señores del PRD.

El poder judicial está minado por las fuerzas del PRD. Hasta hace unas semanas, ni uno solo de los magistrados de la Corte Suprema, ni la Procuradora de la Nación, ni uno solo de los jueces y miembros del Ministerio Público, fueron nombrados por el gobierno actual. “ Yo me siento frustrado y burlado”, dijo Martinelli al saber que no se había logrado ni siquiera que a Pérez Balladares lo llevaran a declarar al Ministerio Público.

¿ Entonces, de adonde el cinismo para reclamar respeto por la división de los poderes del Estado?

Demóstenes, el gran orador ateniense, dijo hace más de dos mil años: “ Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa”..

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Publicado el 12 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Apuntes sobre la justicia

La opinión de….

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Robin Rovira Cedeño


Decía un famoso estadista que “la base firme de un gobierno es la justicia, no la piedad”. Ello indica que el deber de un gobierno no se impone sobre la base del sentimentalismo sino sobre la base de la justicia. Si bien es cierto que un gobierno debe velar por las necesidades de sus ciudadanos, esas necesidades son suplidas por el gobierno a sus ciudadanos sobre la base de la justicia, no sobre la base de que los derechos de los ciudadanos provengan de la generosidad del Estado.

Es mi opinión que, como ciudadanos, nos hemos acostumbrado, por herencia cultural, a mezclar los sentimientos en todo proceso de nuestra vida corriente, al punto de que hemos encajonado a nuestros gobiernos en nuestra novela o cruzada particular, como entes de beneficencia, esperando de este modo que cualquier cosa que provenga del gobierno sea producto de su generosidad y no producto de la luz que se desprende de la hoguera de su conciencia y de su visión de nuestro derecho connatural como seres humanos, secuestrándole, de este modo, su verdadero rol o carácter que por herencia divina le corresponde, a saber: ser un instrumento de justicia y un propiciador del Estado de derecho.

Como la historia aquella, narrada por Gibran Khalil, sobre los habitantes de un pueblo que desvariaban producto de haber ingerido agua contaminada de un río. En su desvarío, los habitantes del pueblo veían en todas las cosas que hacía su rey una locura. Al final de la historia, el rey ya no pudo sobrellevar más que los habitantes del pueblo vieran sólo lo malo en todo lo que él hacía y decidió tomar él también de aquellas aguas contaminadas, y así el rey llegó también a desvariar al igual que todos los habitantes del pueblo. Estos, cuando vieron que su rey ya pensaba (desvariaba) igual que ellos, dijeron: “Gloria a Dios: nuestro rey al fin recobró la razón”.

Decía el estadista al cual hacía referencia al principio: “La sociedad debe procurar que ella misma no aplaste, debilite o dañe sus propias partes constituyentes”. Es hora de que como ciudadanos rompamos paradigmas en relación a nuestro gobierno. Recordemos: No se le puede forjar el carácter a quien se le resta iniciativa. Y si le restamos iniciativa a nuestro gobierno, producto de nuestros temores, corremos el riesgo de que este se rezague y que nunca asuma, por ende, plenamente su rol que por derecho le corresponde de ser instrumento de la justicia.

Ya para concluir, diré que es imposible que los integrantes de un gobierno desempeñen su rol de instrumentadores de la justicia, viéndose a sí mismos como hombres de partido, porque la política mal conceptuada lleva a los gobiernos a falsear el derecho. Dicho de otro modo, la política mal conceptuada propicia gobiernosque se publicitan como productos, en aras de asegurarse un lugar en las próximas elecciones, y no gobiernos que se publicitan como campeadores, en aras de la justicia como único vehículo eficaz del bien común.

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Publicado  el   12  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Coqueteando con el alcohol

La opinión del empresario……

RAFAEL  CARLES

Un reciente festejo de fin del año escolar, como tantos otros, se salió de cauce y produjo episodios de gravedad clínica que requirieron tratamiento asistencial intensivo por coma alcohólico. La noticia reiterada ya no sorprende. Ni parece destinada a modificar las actitudes de resignada pasividad que afectan a nuestra sociedad. Ni siquiera se diferencia a los jóvenes según nivel social o características geográficas.

Es que la respuesta debe expresarla el conjunto social, algunos de cuyos sectores parecen más atentos a los intereses mercantiles que a la necesaria promoción de valores saludables que nutran el desarrollo y crecimiento de nuestra juventud.

Las ceremonias de graduación deberían representar una apuesta al futuro, una transición hacia la adquisición de mayores responsabilidades y a la autonomía en la gestión de proyectos. El hecho de que estos episodios estén protagonizados por menores de edad los hace aún más graves.

Pero si el festejo es solicitado y contratado por jóvenes, en su organización intervienen casi exclusivamente mayores. Para que se alcance el coma alcohólico, además de la ingesta descontrolada, una larga cadena de renuncias debe tener lugar. La familia prefiere la pasividad y avala los procedimientos elegidos como si aceptara que ya no tiene ni derecho a la opinión. Los colegios y sus directores se limitan a desvincularse de los aspectos organizativos, norma que se aplica a festejos y a viajes, como si los alumnos sobre los que tienen responsabilidad formativa se volvieran ajenos por coger un diploma o salir de la puerta de la escuela. Y si alguien duda de estas palabras, solo pregunte cuántos profesores o padres de familia acompañaron a los recién graduados en los viajes a Cancún o donde sea que hayan programado el desmadre.

Las instituciones culturales, sociales, deportivas y religiosas se suman mayoritariamente al silencio. Los beneficiarios de los festejos, en cambio, los promueven sin animarse a perder el rédito de sus ingresos. Y si bien pueden no resultar beneficiados por estos episodios, saben que la memoria es corta y la presión de los interesados en mantener las cosas así es mucha.

Hace falta lograr un consenso social que articule esfuerzos desarrollando criterios compartidos por la sociedad civil, el Gobierno y los sectores empresarios. Porque con la inconsciencia de muchos sectores y la inacción de otros se abre la compuerta por la que circula libremente el alcohol que modeliza las costumbres. Estas estarán abiertas así al posterior consumo de drogas.

Este diario publicó en abril pasado la noticia sobre los resultados de una encuesta realizada a jóvenes mujeres entre las edades escolares de 14 y 17 años, y descubrió que 9 de cada 10 de ellas consumen alcohol en fiestas familiares y discotecas, y el 100% manifiesta que sus padres consumen alcohol. Esas cifras son reveladoras y altamente preocupantes, si las correlacionamos con datos de la Organización Panamericana de la Salud que revelan que en el continente americano se consume hasta 50 por ciento más de alcohol que en las otras cuatro regiones del planeta, siendo Panamá y Costa Rica los países que registran mayor ingesta en Centroamérica. Esta realidad además se hace más trágica por el ciclo vicioso de dolor que se produce en el hogar, sitios de trabajo y en la sociedad en general.

Hoy, vemos multiplicarse el número de niños que coquetean con el alcohol, como si fuera una gracia, y esto representa un daño extendido a miles de personas, que tiende a incrementarse aún más sin discriminar género, religión, clase social, preferencia sexual o capacidad intelectual. Nunca podríamos afirmar, como suponen algunos, que una persona tiene el derecho individual de dañarse a sí misma, porque conocemos la extensión de este daño a la familia, a personas con que se trabaja, a aquellos con los que se convive. Y porque sostenemos que la salud es un valor social en que la noción de cuidado se extiende necesariamente al conjunto.

Desde entonces las facilidades públicas para el tratamiento de casos de alcoholismo no se han ampliado en la medida de las necesidades. O sea que el alcohólico sufre la ausencia de acciones preventivas y se agrega a esto una negligencia por parte de las políticas públicas de tratamiento.

A esto se debe sumar la preocupante falta de aplicación de normas básicas de convivencia y el desinterés por crear un marco legal que castigue a los padres y a demás familiares por permitir la organización de fiestas y eventos donde los jóvenes no solo participan, sino que, además, protagonizan su celebración en torno a la figura del licor. Simplemente, mientras los padres sigan mirando hacia el otro lado del problema y los clubes sociales sigan creando una base potencial de nuevos clientes y permitan en la celebración de quince años, graduaciones y cumpleaños el consumo de alcohol a menores de edad, jamás se puede lograr el cometido sin una acción legal obligatoria y ejemplar.

Pero ningún sector puede asumir la responsabilidad total de lo que a todos nos corresponde rectificar. El alcoholismo es un mal instalado en la cultura que se acompaña del cultivo de las ilusiones de quien atribuye a lo que ingiere una cualidad de la que no dispone, un efecto ansiolítico, un dador de voluntad o de fuerza. El consumismo, el materialismo y el triunfalismo son el marco de tanto padecimiento.

Panamá debe mirarse en el espejo de una población alcoholizada y perdida en vida. Además, las autoridades deben analizar el problema y reflexionar sobre el daño que causa esta situación, porque no solo son los millones de dólares que el país gasta en el tratamiento de las enfermedades hepáticas, renales, coronarias y digestivas resultantes del consumo y abuso del alcohol, sino también la tragedia y las muertes que embargan a miles de familias por los accidentes por exceso de velocidad, violencia, intoxicación y sobredosis. El alcohol es una droga que mata, rompe corazones, destruye hogares, separa familiares y ahuyenta amistades. Es la misma muerte en vida, y lo peor y más triste es que solo sucede por no ponerle el ojo a tiempo.

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Publicado el  12  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Calificadoras, poder y ética

La opinión del Economista, Docente Universitario y Político…

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Juan Jované

Si algo caracteriza al proceso de formulación de la política económica y financiera del actual gobierno es su falta de transparencia.   Esta se expresa en toda su crudeza en la total falta de discusión pública en torno a la estrategia nacional de desarrollo y, sobre todo, en relación a la anunciada reforma tributaria. Frente a esta realidad resulta necesario dejar en evidencia cuales son los elementos del poder económico que se mueven como factores dominantes en la determinación de la política económica.

Entre esos factores de se destacan las llamadas empresas calificadoras de riesgo, las cuales a decir de uno de los viceministros del Ministros de Economía y Finanzas merecen el esfuerzo de que estén debidamente informados de los planes de gobierno, mientras que uno de los socios de la firma Indesa argumenta que le “gusta la influencia positiva que puede tener la opinión de las calificadoras sobre nuestros gobernantes”. Aquí surge una importante pregunta: ¿quiénes son estas calificadoras?

Estas empresas, pese al aprecio del gobierno y los asesores financieros locales, no gozan en estos momentos de una buena reputación a nivel internacional.  La causa de esto es que estas han sido señaladas como uno de los principales responsables de la reciente crisis financiera internacional, debido a que las mismas otorgaron, de manera irresponsable, el grado de inversión a los exóticos derivados financieros que contenían las llamadas hipotecas chatarras. Esto demostró no solo que las mismas utilizaron sistemáticamente métodos inadecuados para su evaluaciones.

Demostró además que estas, en un acto carente de toda ética, otorgaron altas calificaciones a lo que ahora se conoce como la basura tóxica financiera con el fin de asegurarse sus propias ganancias, gracias a un sistema en el que los que emitían dicho documentos, no quienes los compraban, eran los que les pagaban por el servicio de calificación.   Se trata de lo que técnicamente se conoce como incentivos perversos y riesgo moral, pero que se puede describir mejor con las palabras de Lord Robert Skildesky en el sentido de que todo esto es síntoma de una sociedad en que el dinero ha sustituido al honor.

Desde el punto de vista de nuestro país se debe destacar que la preocupación con la influencia de las calificadoras sobre la política económica del gobierno no solo surge de los problemas de carácter ético antes señalados. A esto se suma el hecho de que a las calificadoras no les preocupan los intereses nacionales en si.  Su única preocupación es calificar, como lo declaró recientemente un funcionario local de una de las calificadoras, la capacidad del gobierno de pagar la deuda. Estamos, pues, frente a un proceso de formulación de la política económica profundamente antidemocrático, orientado por intereses distintos a los nacionales e influenciado por elementos de poder cuya integridad ética esta hoy en día en tela de juicio.

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Publicado el 12 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un peligro en ciernes

La opinión de…..

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Carlos Ernesto González de la Lastra

“ Los hombres son tan simples que el que los quiere engañar siempre encuentra algunos que se dejan”. Nicolás Maquiavelo.

Platón consideraba que la mayor de las virtudes de un estadista es la prudencia y yo concuerdo con ese pensamiento.  Cuando las medidas políticas solo se miden en el afán de lograr popularidad, sin tomar en cuenta los resultados finales de las mismas, estamos en manos de un radical imprudente.

El Canal de Panamá es nuestra principal empresa. En 10 años se ha manejado con profesionalismo y con mentalidad empresarial que le ha brindado al país dividendos que pasan de los cuatro mil millones de dólares.

Sus funciones están definidas en el artículo 316 de la Constitución que establece que “A la Autoridad del Canal le corresponde privativamente la administración, funcionamiento, conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá y sus actividades conexas, con arreglo a las normas constitucionales y legales vigentes, a fin de que funcione de manera segura, continua, eficiente y rentable”.

Pero, por lo visto, el presidente Ricardo Martinelli parece estar convencido de que está por encima de las leyes.   En una visita a la potabilizadora de Chilibre, le asignó la responsabilidad de esa planta al Canal de Panamá; luego, en la celebración del décimo aniversario de la reversión del Canal, le asignó el trabajo de mantenimiento de los puentes sobre la vía y, más recientemente, dijo que iba a encargar de la política energética a esta institución.

Todas estas órdenes las dio con completo desconocimiento de la Constitución, las leyes y de las responsabilidades de la junta directiva del Canal, que es el único organismo que puede aprobar estas actividades, siempre y cuando no vayan contra el artículo 316 de la Constitución.

Obviamente que estas nuevas responsabilidades abultarán el renglón de los gastos y es el comienzo de un proceso de politizar la institución. Es exactamente lo que hizo el presidente venezolano Hugo Chávez con PDVSA (la empresa petrolera de Venezuela), a la que le ha asignado hasta las funciones de comprar y distribuir comida, haciendo que esta petrolera –estaba considerada entre las 10 mejores del mundo– se encuentre al borde de la quiebra.

Con estas demostraciones de imprudencia por parte del presidente Martinelli, se cierne un peligro más grande sobre el Canal de Panamá.   El próximo 13 de febrero, el presidente debe nombrar los reemplazos de tres miembros de la junta directiva, (Mario Galindo, Guillermo Quijano y Antonio Domínguez). ¿Serán escogidos estos nuevos miembros entre los personajes sumisos que lo rodean o escogerá personas independientes que puedan mantener la tradición de empresa ejemplar como es el Canal?

Esta es la gran duda que surge por la forma que como escogió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

En el año 2012 vence el término del actual administrador del Canal y le corresponderá a esta nueva junta directiva (además de los tres nuevos, están el presidente, Rómulo Roux, Bolívar Bárcenas, recién nombrado por la Asamblea Nacional, Eduardo Quiroz, Norberto Delgado y Alfredo Ramírez), nombrar al nuevo administrador por un período de siete años, más allá del período presidencial y en plena ejecución de la obra de infraestructura más importante de Latinoamérica.

Por todo ello, los panameños debemos estar atentos de que no se politice el Canal y que exista un mecanismo que permita la continuidad de los sanos principios de su operación. Romper el hilo de lo que existe es peligroso. Cuando los radicales cambian lo que existe, lo que emerge es siempre inferior.

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Publicado  el   12  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Concurso “Ricardo Miró”

La opinión del Historiógrafo y Escritor
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JOSÉ A. AMADOR VELARDE

Por iniciativa del poeta Moisés Castillo, el Ayuntamiento Provincial de Panamá, según Ordenanza N° 4 del 20 de marzo de 1942, creó, por primera vez, el Premio anual de Literatura Ricardo Miró. Al desaparecer los ayuntamientos provinciales con la tercera Constitución (1946), Castillo logró que la Asamblea Nacional aprobara el Proyecto de Ley N° 27 de 4 de agosto de 1946, creando el Premio Literario Ricardo Miró. A lo largo de estos años el Concurso ha sufrido modificaciones en el monto de premiación y las bases de participación. Este año 2010, vuelve a ser modificado.

El Artículo 10 de las Bases dice: “ Los participantes que opten al premio entregarán los trabajos por triplicado en discos compactos, a doble espacio.. ”. Estamos en la era de la tecnología digital. Debemos esperar la opinión de los jurados cuando concluyan su trabajo de selección sobre este modernismo. El “ Artículo 2: Todos los trabajos deberán entregarse en el Departamento de Letras de la Dirección Nacional de Las Artes, ubicado en la Plaza de Francia, Las Bóvedas, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. del 30 de junio de 2010. (Tel.: 501-4952, 53, Fax: 501-4962; correo electrónico: letras@inac.gob.pa ”. La redacción de éste artículo es confusa: Solo el día 30 de junio podrán entregarse los trabajos. (Lo resaltado es mío).

“ Artículo 33: Las obras premiadas serán editadas por el (INAC) en la Editorial Mariano Arosemena. Su primera edición será patrimonio exclusivo del Instituto Nacional de Cultura. Una vez agotada, el autor podrá negociar con el INAC una nueva edición ”.

Pregunto:  ¿No se han dado cuenta del perjuicio que ocasionan a los ganadores?  ¿Quién determina cuándo el INAC agota su edición? ¿Cuántos años deben pasar para que esto suceda, si ni siquiera cumplen con la edición el año siguiente de la premiación, establecida en el Artículo 34?  Me permito recomendarle al INAC una redacción de bases ajustadas a normas internacionales. En ellas se establecen mejores y mayores condiciones para los participantes. Este es nuestro más importante concurso literario y debe gozar

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Publicado el  12  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Institucionalidad y gobernabilidad

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La opinión del Abogado, Diplomático y Político Independiente…..

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Juan Manuel Castulovich

Hablar de institucionalidad está de moda, después de la escaramuza de la “búsqueda infructuosa para cumplir una orden de conducción” y de la denuncia contra la procuradora Gómez.  En ambos casos matices politiqueros y el sensacionalismo han dado lugar al tratamiento superficial de un tema que demanda mayores alcances, por sus repercusiones sobre el futuro de nuestra fementida democracia.

La institucionalidad, sin adjetivos, se refiere a la institucionalidad política. Las instituciones políticas tienen sustento en la Constitución y la Ley, que las “instituyen”, las definen y precisan sus funciones. Cada una está supuesta a ejercer sus atribuciones en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Cuando ejercen con efectividad y enmarcadas por sus competencias, las funciones que le son propias, existe la gobernabilidad. Por el contrario, ésta se debilita o desaparece cuando menor es la efectividad y la responsabilidad con que se desempeñan las instituciones.

En el ámbito del Estado, la primera responsabilidad para que exista gobernabilidad le corresponde al gobierno, en su condición de “mandatario de la voluntad popular”, expresada por los resultados electorales. La gobernabilidad comienza a debilitarse cuando los gobiernos, y quienes dentro de ellos ejercen las responsabilidades del poder, por motivaciones aviesas o por desconocimiento de sus deberes constitucionales y legales, traspasan los límites de sus competencias.

Las dictaduras militares son el caso típico de la concentración aviesa del poder; pero los gobiernos civiles y elegidos democráticamente también, desgraciadamente con demasiada frecuencia, sucumben a la tentación de concentrar demasiado poder en el Órgano Ejecutivo, desvirtuándose el principio de la separación de los poderes, base del Estado de Derecho y sustento primario de la democracia.

En Panamá, la percepción de la ciudadanía, por encima de las protestas de quienes gobiernan, es que el poder público se viene concentrando peligrosamente en manos del Órgano Ejecutivo. Si hay una actitud deliberada por parte del presidente para materializarla o si ella es el producto de la obsecuencia de los otros órganos y entidades del Estados (por ahora creo que hay más de lo segundo que de lo primero), es materia para especular; pero más importante y trascendente es cómo, de ahora en adelante, se combate esa percepción y se disminuyen temores que tienden a acrecentarse.

A las actuaciones inconstitucionales de la procuradora me he referido antes, cuando advertí sobre los despidos arbitrarios de fiscales; declarados ilegales por la Corte Suprema, que causaron una lesión patrimonial al Estado que sobrepasa, con creces, los dos millones de balboas. Por ellas, es que debiera responder. Por eso, es un contrasentido que su conducta se ventile por los casos que ahora ocupan los medios; y más aún que, debido a ellos, se haga un tratamiento tangencial de la institucionalidad.

Si la procuradora terminara separada de su cargo y quedara la percepción de que fue debido a maquinaciones politiqueras, el daño a la institucionalidad y a la gobernabilidad sería irreparable; pero éste sería mayor si después de solventado su caso, con la misma rapidez se dejara de lado el tema, y que pasáramos “a otros asuntos” para llenar los titulares de los medios, dejando inconcluso el debate público sobre los riesgos y desafíos a la institucionalidad política, que es asignatura pendiente y, además, urgente.

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Publicado el 12 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.