De la seguridad y funcionarios refrigerados

La opinión de……

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Waldemar Oliveros Jaén


En estos días, mientras escuchaba la radio local, se volvió a tocar el tema de la seguridad pública; tema que nos compete a todos los panameños. También escuchaba las estadísticas alarmantes de muertes violentas; que en siete días se produjeron 23 muertos. Ahora, es cierto que muchos de esos decesos son relacionados con el crimen organizado, carteles de la droga, tumbadores, pandilleros y demás personas que encuentran en el mundo de la delincuencia su modus vivendi. ¿Es acaso este ambiente de inseguridad y de zozobra lo que el pueblo panameño debe soportar, día tras día?

Entonces, recordé que cierto día, en las pasadas festividades de fin de año, le comentaba a un amiga, colega y todavía funcionaria del Ministerio Público, que la inseguridad que nos aqueja a los panameños comunes no es un problema politiquero. La gente está cansada del clima de incertidumbre en nuestro país; y le comenté que en estos días el tema de la inseguridad es alarmante y ha alcanzado alturas insospechadas.

Le dije, de paso, que hubo muchas más muertes violentas en el año 2009, comparado al 2008, y que se presumía que este 2010 las estadísticas irían en aumento.

Pero lo triste fue ver que la reacción objetiva que esperaba de ella, se convirtió en una respuesta, fría, politiquera y alejada de toda la realidad. Llegué a escuchar, con mis propios oídos: “Yo trabajo en homicidios y me sé las estadísticas y te aseguro que el crimen no ha subido, es el mismo que hace un año”.

Esto me dejó perplejo, pero reaccioné y caí en cuenta que en el fragor de la lucha diaria, mi otrora compañera y todavía funcionaria se había alejado de toda realidad por estar en su cubículo refrigerado y en su realidad alterna; todavía se encuentra en la fase de negación de quien se le detecta una enfermedad… todavía le cuesta aceptar que el crimen ha ido en aumento, que la forma en que se cometen los crímenes se ha ido agravando, que hay una nueva realidad delictiva en el país.

Y entonces recordé el caso de la casa del helado, en donde el dependiente fue asesinado a sangre fría, a pesar de haber dado el dinero al asaltante; también recordé la muerte de dos personas en un asalto a la Lotería Nacional, así como los numerosos ajusticiados en nuestra calles, los robos de autos a diario y los numerosos hechos delictivos en el interior del país, de los cuales todavía no hay noticias.

Un consejo final para aquellos funcionarios que están en sus oficinas todo el día, en aire acondicionado alejados de la realidad nacional: sintonicen las noticias de vez en cuando. ¡Este linda nación es de todos!

Publicado  el   11  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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¿Se puede o no separar a un procurador?

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La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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ROLANDO  VILLALAZ  G.

En 1993 Rodrigo Arosemena, Leo González, Eusebio Marchosky (Q.E.P.D.) y Alvin Weeden presentaron una denuncia criminal contra el procurador general de la época, por el delito de concusión, basados en las afirmaciones hechas por éste en la sesión del 7 de octubre de 1992 de la Comisión para el Control y Erradicación de la Droga y el Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.  La Procuraduría de la Administración acogió la denuncia y en cinco meses practicó diversas diligencias que incorporaron al proceso una copiosa documentación.

Igualmente la defensa, constituida desde fines de diciembre de 1992, presentó los escritos, adujo y presentó pruebas y acciones de diverso tipo a favor de su representado.   De acuerdo a lo manifestado en la Comisión de la Asamblea, se había señalado que la Procuraduría General podía descautelar dineros y fondos aprehendidos provisionalmente por estar vinculados a delitos relacionados con drogas, sin la intervención de los tribunales jurisdiccionales.

Se hicieron los cargos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos y de violación de sellos y sustracciones en oficinas públicas.

Finalmente, el 28 de octubre de 1993 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin ningún salvamento de voto, condenó al ex procurador general a doce meses de prisión como autor del delito de abuso de autoridad y lo absolvió del cargo de sustracción de documentos públicos.

En base a la pena impuesta y por facultad que da el Código Penal, la CSJ suspendió condicionalmente la ejecución de la pena por el término de dos años. En esa época era presidente de la República Guillermo Endara G. (Q.E.P.D) y no recuerdo que se hablara del resquebrajamiento de la Institucionalidad por la realización de ese proceso, que se encuentra perfectamente contemplado en la Ley, tanto en esa época como ahora.

Hasta donde entiendo, tanto el procurador de la Administración como su suplente fueron nombrados en el mandato de Martín Torrijos y en algún momento han militado en el PRD, por lo cual, lo que debe hacerse en propiedad es analizar la Vista Fiscal y la solicitud presentada a efecto de rebatir, si fuere el caso, con argumentos jurídicos los elementos aportados y no descalificar a priori un proceso que está contemplado en la Ley.

Como manifesté en un artículo anterior, nadie quiere un procurador o procuradora como jefe del Ministerio Público que meta preso a ciudadanos violando la Ley.

Pero tampoco queremos personas que usen esos puestos para detener arbitrariamente a nadie, inventar pruebas o interceptar comunicaciones para satisfacer vanalidades o para subir en una encuesta, como parte de un espectáculo mediático sin sustancia y sin pruebas contundentes para ordenar ese tipo de medidas.

Habría que pensar en aprobar una ley de responsabilidad, para que todo aquel funcionario que despida ilegalmente a otros funcionarios y el Estado, producto de ello, deba pagar millones de balboas en indemnización y salarios caídos, que se le obligue a ese funcionario a pagar de su patrimonio esas sumas, que en realidad somos todos los contribuyentes los que pagamos por esos “ errores ” al despedir personal sin fundamento legal en el Ministerio Público.

Manuel A. Noriega cuando lo denunciaron y demandaron dijo que él era Panamá. ¿Quién dijo que el Estado de Derecho es la actual procuradora? ¿O es que ella no puede ser juzgada ni separada de su puesto? Dentro de la Ley hay méritos y procedimientos para hacerlo.


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Publicado el  11  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Competitividad agrícola, un nuevo enfoque

La opinión de…….

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Omar Zambrano


Luego de varios quinquenios bajo una política tradicional de proteccionismo basada en altos aranceles, resulta claro que el sector agrícola de Panamá requiere un nuevo modelo. Como punto de partida vale la pena traer a colación lo que plantea uno de los precursores de la nueva teoría de la competitividad, Michael Porter de la Universidad de Harvard, según quien, para que los países progresen de manera sostenida, resulta necesario que cada sector sea competitivo en sí mismo.

Es decir, difícilmente puede surgir integralmente una nación si alguno de sus sectores no opera bajo un esquema basado en una alta agregación de valor, entiendo por ello que la actividad genera riqueza y prosperidad con base en la eficiencia y el mejoramiento continuo de la calidad y cantidad de lo que produce.

Lo anterior implica que ni la agricultura ni ningún otro sector deben operar de un modo que merme la productividad y competitividad de otro, lo cual supone por definición que toda actividad debe ser productiva. Dicho de otro modo, las antiguas relaciones ganar -perder deben dar paso a los acuerdos ganar- ganar.

Por ejemplo, el turismo se verá afectado si el agro no es altamente competitivo por cuanto que obliga a los visitantes a adquirir localmente comida que está por debajo de los estándares internacionales, lo que le resta competitividad a los hoteles y restaurantes. De esta forma la protección a un sector termina siendo la desprotección de otro.

Como dice Porter, el bien o servicio que selecciona producir un país o industria es tan importante como lo es la forma o tecnología que adopta para generarlo, particularmente considerando que los avances de nuestra era permiten y exigen aplicar alta tecnología a casi todos los ámbitos de la economía. Lo anterior supone que una nación puede desempeñarse por igual en el área de la biogenética o la agricultura pero debe ser altamente competitiva en ambas.

No cabe duda de que se requiere un giro de timón de las políticas del sector en Panamá. No se trata en forma alguna de suspender la ayuda que se le presta, sino de reorientar está de modo que incentive la innovación y la productividad, y que por ende no penalice más al consumidor.

El proteccionismo encarece los alimentos lo cual afecta directamente a toda la población, particularmente a la de menor ingreso. Además, esta política ayuda más a los grandes productores que a los pequeños. En tal sentido, la estrategia debe reorientarse a ayudar directamente a los productores artesanales en métodos de producción, y mercadeo por ejemplo.

En el ínterin, los productores requieren un plazo para adaptarse a un ambiente más abierto y competitivo, con el debido apoyo y asistencia, pero es claro que dicha transformación debe darles, dentro de un progresivo esquema de reducción de aranceles, un mejoramiento de su productividad.

Esta apertura es esencial para que el país se enfoque en producir aquellos rubros que generan mayor valor agregado, lo cual aumentará de forma sostenida los ingresos de los productores. El hecho de que los productores dispongan de dinero y los consumidores de alimentos baratos es la mejor y más efectiva política de seguridad alimentaria.

Si bien a raíz de la crisis alimentaria reciente se retomó la tesis de que había que orientar la producción hacia el mercado local, a mediano y largo plazo, el mercado externo va a registrar una recuperación, con la ventaja de que el mismo representa un mayor volumen de ventas y utilidades. Dicho en forma simple, el mercado interno no proveerá el incremento de la demanda que requiere el agro para prosperar demanera sostenible.

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Publicado  el   11  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Focalización y política social

La opinión de……

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Roberto Christian Cerrud Rodríguez


En Panamá es común escuchar lemas que, al mejor estilo populista y demagógico de “Salud igual para Todos”, o “Meduca para toda la vida”, son utilizados como propaganda para la política social gubernamental, que, con una enfermiza insistencia en la pésima idea de la universalización, provoca que los escasos recursos con los que cuenta el gobierno (aquí vale la pena recordar que el Estado, que nada produce, sólo obtiene recursos gracias al expolio que representan los impuestos) se vean diluidos, lo que tiene como consecuencia, a corto plazo, que la calidad de dichos servicios alcance mayor profundidad que un batiscafo y, a largo plazo, provoca que el gobierno, para evitar el colapso del monstruo gigantesco que representa toda la burocracia necesaria en estos sistemas de cobertura universal, aumente los impuestos, lo que resulta en que las empresas, para mantener sus márgenes de ganancia, tengan que despedir personal y disminuir el ritmo de las nuevas contrataciones.

Debido a lo expuesto, es necesario que cualquier gobierno que se proponga administrar responsablemente la cosa pública y que en verdad desee corregir los defectos estructurales que impiden que nuestro bello país alcance el desarrollo, se concentre en conseguir que los recursos que se malgastan sosteniendo sistemas hipertrofiados, que en la gran mayoría de los casos no benefician a aquellos que en realidad están urgidos de asistencia social, sean redirigidos a proyectos de política social focalizada, que, en la experiencia de algunos de nuestros vecinos, como Chile, han demostrado ser la herramienta adecuada para ayudar a que ese sector de nuestros ciudadanos que se encuentra sumido en la más abyecta miseria pueda, de manera progresiva, ir mejorando su condición de vida y romper el círculo vicioso de la pobreza.

Sin embargo, en toda política social hay que tener claro como presupuesto doctrinal que la relación entre el Estado y la empresa privada debe regirse siempre por la relación de subsidiariedad; es decir, que el Estado no debe suplantar la iniciativa y la responsabilidad que los individuos y los grupos sociales son capaces de asumir en sus respectivos campos, sino que debe favorecerlos activamente.

La política social focalizada, que ya se ha visto funcionar en otros países, no es ninguna una utopía, al contrario del bienestar universal, ilimitado y sin esfuerzo que prometen aquellos que, de manera contraria a la realidad, sostienen, como lo hace la mil veces fracasada teoría marxista, que el Estado es omnipotente y que puede solucionar todos los problemas del hombre, lo cual es totalmente falso, siendo, quien lo proponga, un hipócrita sediento de poder.

Dentro de los deberes del Estado moderno se encuentran el facilitar la acción individual y privada, acatar el rule of law, y dirigir su asistencia sólo a aquellos miembros de la sociedad que no dispongan en lo absoluto de medios para valerse por sí mismos, como es el caso de los ciudadanos que viven en extrema pobreza, tanto en el interior del país, como en los barrios marginales de la ciudad capital.

Es a estos desamparados hacia los cuales debe estar dirigido todo el peso de la ayuda del Estado: por ejemplo, ofrecer educación de buena calidad, mediante escuelas gratuitas solamente para aquellos que, en realidad, carezcan de la posibilidad de pagar por ella.

No es ningún acto de altruismo ofrecer a los niños de nuestro país una educación con cobertura “universal”, pero con una calidad pésima debido a la dilución de recursos, pues precisamente son los más pobres, aquellos que no pueden acceder a otra educación aparte de la ofrecida por las escuelas públicas, los que terminan siendo los más perjudicados por este odioso error.

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Publicado  el   11  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Eneros de dictadura

La opinión del Educador…..

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Pastor E. Durán E.

El 4 de enero de 1969 el régimen militar disolvió las organizaciones políticas legales. El día 9 tras gritar: “¡Viva el 9 de Enero!”, murió en un ataque al cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Piedra Candela, Provincia de Chiriquí, el combatiente antimilitarista Ramón Mojica. El ataque se realizó en conmemoración de la gesta patriótica de Enero de 1964 porque el gobierno norteamericano estaba apoyando con equipo y helicópteros a la GN.

El día 20 murió torturado en la Cárcel Modelo (ciudad de Panamá) Genaro Sarmiento y el 24 en un enfrentamiento con la GN en Los Pozos (Chiriquí), murió Ariosto González, uno de los líderes de la resistencia antimilitarista chiricana.

El 16 de enero de 1970 cayó abatido por la Guardia Civil de Costa Rica, en un hotel de la ciudad de San José, el uruguayo Walter Sardiñas, quien se había unido a la resistencia antimilitarista chiricana.

El 30 de enero de 1976 fueron asesinados en Los Llanos de Mariato (Veraguas), los estudiantes Jorge Falconet y Marlene Mendizábal, simpatizantes del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre. El cadáver de Marlene fue encontrado con los cabellos atados a las raíces de un árbol de mangle y el de Jorge está desaparecido. Durante el juicio que se les siguió a los imputados –allegados a la cúpula militar- se dieron obstáculos e intimidaciones contra familiares de Marlene por exigir una investigación justa.

En 1992 antropólogos argentinos exhumaron los supuestos restos de Marlene, ya que una persona dijo haber visto orificios y sangre en su cadáver al ser levantado. Sus familiares sostenían que los restos habían sido cambiados, por lo que autorizaron a la Comisión de la Verdad que les realizaran pruebas de ADN, pero éstas nunca se llevaron a cabo. Yacen en la morgue judicial.

El 28 de enero de 1980 se realizó una huelga nacional convocada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, para derogar la Ley 95 que cercenó las reivindicaciones obreras del Código de Trabajo de 1972. Estas reivindicaciones habían sido logradas gracias a la presión de los obreros aprovechando la demagogia populista del régimen, pero sólo duraron cuatro años, pues el 31 de diciembre de 1976 se expidió la mencionada Ley 95, que –como dijimos arriba- las cercenó.

El 10 de enero de 1984 el joven Rolando Pérez Palomino se inmoló prendiéndose fuego frente a la Embajada norteamericana en protesta por la ingerencia del Gobierno de Estados Unidos en el conflicto centroamericano. En su carta testamento Rolando definió a esta embajada como “una de las representaciones del crimen y hambre de millones de seres humanos”.  A la dictadura militar la calificó de “asesina y expoliadora”.

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Publicado el 11 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El valor de la Prevención de las enfermedades

La opinión del Médico….

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Julio Toro Lozano

El pasado 27 de diciembre del 2009, El Panamá América publicó una noticia con un error estadístico en su encabezado, al señalar que “cerca del 70% de la población del país padecía de diabetes e hipertensión”, o sea, más de dos millones de panameños padecemos de ambas enfermedades.  Es posible que lo que se quisiese señalar es que 4 de cada 10 pacientes diabéticos y 3 de cada 10 pacientes con hipertensión arterial, evolucionan hacia la insuficiencia renal, con necesidad de tratamientos de diálisis.

El tema se presta para varias consideraciones; la primera, ambas enfermedades impactan más que el VIH/Sida, o lo(s) diferente(s) tipo(s) de influenza, y son las enfermedades más importantes en la población adulta, causantes de muchísimas complicaciones, infartos tanto del cerebro, como del corazón; daño renal que lleva a la necesidad de tratamiento a base de diálisis; amputaciones, en el caso de la diabetes; daños visuales, neurológicos, digestivos y muchas más.

La segunda consideración es que existen varias tipos de prevenciones, la primaria que se aplica en personas sanas y se realiza con la educación que recibimos, el tipo de alimentación, la vivienda, el consumo de agua potable, los esquemas de vacunación, además de revisiones médicas que en términos generales pueden realizarse entre uno a cinco años de intervalo, dependiendo de la enfermedad que queremos prevenir.

En el individuo sano no es necesario realizar revisiones médicas ni de laboratorio, cada tres o cuatro meses. La prevención secundaria se da en el individuo que presenta una enfermedad como la diabetes, o la hipertensión arterial y el objetivo es evitar que surjan nuevas complicaciones.

La prevención terciaria se da en los enfermos que ya desarrollaron una complicación y deseamos impedir que sumen otra, como es el caso del paciente hipertenso o diabético, en hemodiálisis, al cual queremos evitar el surgimiento de infecciones, especialmente en los sitios donde se realiza la conexión entre el paciente y la máquina de diálisis; o en el paciente con infarto cerebral, en el cual se desea evitar el surgimiento de úlceras en la piel.

Ningún tratamiento es barato, pero la prevención primaria, o sea evitar que el sujeto sano se enferme es la actividad de mejor costo beneficio, de salud pública, en lo social y en lo laboral, por lo que representa la acción principal y de mayor impacto.  Para su aplicación se necesita la convergencia de muchos factores, familia, vivienda, trabajo, educación, acceso a servicios de vacunación, etc.

De no aplicarse programas permanentes de prevención primaria es posible que en un futuro no lejano el porcentaje de panameños hipertensos y diabéticos llegue a ser el enunciado en el encabezado de la noticia en cuestión.

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Publicado el 11 de enero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Visionarios del futuro, retrógrados al actuar

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La opinión del Educador y Humanista…..
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VICTORIANO RODRÍGUEZ S.

Producto del fenómeno del niño y su posible prolongación, el gobierno, a través del ministro Vallarino, a fin de causar opinión pública, expone una “concepción ideal”, con relación al horario de trabajo del Gobierno.

Hemos expuesto, innumerables veces, que los empresarios pensarán como empresarios y eso tiene sentido.  Cuando, por necesidad, nunca han viajado en autobús ni tienen la presión de la hora de entrada, mal se puede dar opinión sobre los sinsabores causados y sufridos.

La provincia de Panamá alberga aproximadamente 1,300,000 de habitantes, de ellos 770,000 son trabajadores (empresas, gobierno y otros), ellos se desplazan diariamente, téngase presente las ciudades dormitorios.

El gobierno mantiene horarios de entrada entre 7:00 y 7:30 A.M., en atención al servicio que brinda y evitar conflictos de movilización —estresante— a las mismas horas, toda vez que una gran masa de trabajadores de las empresas entran a laborar entre las 9:00 y 10:00 de la mañana.

Evitando así traumas innecesarios, también, en el regreso al hogar.

Hemos escrito varios artículos al respecto, años atrás, donde pudimos demostrar mayor eficiencia y efectividad en esa medida que la ofertada hasta entonces por los gobiernos, toda vez que la misma permite ahorro real, efectivo y medible, tanto para el Estado como para el trabajador (ver “ Trabajar los sábados ” de 28/01/04, El Panamá América ),      y quizás por ello, los últimos años, cuando de días puente se trata, se labora una hora adicional por varios días, evitando laborar los sábados.

Hoy, presentamos dos propuestas: laborar desde las 7:00 de la mañana en tiempo de nueve horas por cuatro días a la semana, en dos grupos diferenciados, gobierno central de lunes a jueves y otras instituciones de martes a viernes, o en su defecto, entrar con el mismo horario y laborar seis horas y media, sin tomar tiempo para almuerzo (inclinándome por la primera).  En horas de la mañana se pueden encender los aires una hora después de entrada y apagarlos media hora antes de salida, logrando ahorro de energía).

Como empresario la visión de plusvalía es obvia y lógica, pero como gobierno se tiene la obligación de pensar y actuar no solo desde el punto de vista del servicio que debe brindarse, también de hacer y promover la consolidación familiar, máxime en una sociedad tan convulsionada, donde la delincuencia y el asesinato están a la orden del día, quizás producto de la burocratización de los gobiernos, la corrupción galopante y la falta de verdaderos dirigentes con visión de un futuro esperanzador para el pueblo que dicen representar.

No se trata de vagancia ni desgano. Hay que actuar cónsono con el discurso, de lo contrario seremos visionarios del futuro, pero retrógrados en el actuar.

Dios te salve Panamá.


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Publicado el  11  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.