Formación de médicos especialistas

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La oponión del la Doctora en Medicina….
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Marisín Villalaz de Arias

Hace unos días escuché una noticia preocupante, aunque, de ser necesario, no me opondría.   Decía que hay déficit de médicos especialistas en el país y la obligación de las instituciones es cubrir las necesidades de ellos.

Imagínense que no los hay para Panamá, menos para el interior, lo que obliga a ofrecer una atención totalmente deficiente y de allí las demoras en las citas. Y no solo es eso, tampoco hay espacio para su trabajo y se sobreponen los horarios por lo que, muchas veces, deben salir temprano los que trabajan en la mañana para que entren los de la tarde.

¿Qué sucede? ¿Recuerdan que doña Marta Stella de Vallarino donó de su propio pecunio un millón de balboas para la formación de especialistas en Oncología porque el hospital no contaba con los necesarios? Lo mismo sucede con las otras especialidades. Un ejemplo solamente. Este año abrieron una sola plaza para Urología con 17 aspirantes a la misma.  Esto quiere decir que, dentro de cuatro años, cuando finalice ese especialista, solo contaremos con un urólogo. Existen suficientes pacientes para que aprendan más de eso por vez.   Pero falta espacio en los salones de operaciones porque las instalaciones no han crecido de acuerdo a la demanda y se dificultaría la enseñanza quirúrgica.  Si cada día crece el número de asegurados y, por ende los beneficiarios, debemos buscar fórmula para encontrar solución al problema.

Cuando pusieron los beneficiarios no tomaron las medidas correctas para ese crecimiento y ahora pagamos las consecuencias.  Pero el problema no es solo del Seguro, lo vemos también en Salud y eso es falta de programación y de un estudio minucioso de las necesidades de médicos en el país. No se sabe a ciencia cierta cuántos debemos tener. Ahora nos vemos abocados a contratar médicos extranjeros y no me opongo a ello porque primero están los pacientes. ¿Vendrán buenos colegas de otros países o traeremos lo que sobra por allá? Las autoridades deben pensar en serio en el crecimiento de las instituciones que están casi iguales que en el 75 y si no lo creen, vayan a los cuartos de urgencia y gocen del hacinamiento. Nunca hay camas suficientes y esos factores agravan la situación. Mientras no se trabaje científicamente y se improvise, continuaremos con las mismas condiciones y la salud de los pobres haciéndose ineficiente. Seamos serios y trabajemos como es debido por el bien de los pacientes que buscan salud pública.

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Publicado   el   23 de  diciembre  de  2009  en  el  diario  El  Panamá  América, a   quien  damos, lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que le corresponde.

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Crónica de una dictadura (I)

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La opinión del Doctor en Medicina…

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ENRIQUE A. ALEMÁN ARIAS

El 30 de mayo de 1968, después de un período tumultuoso y vergonzoso de la vida política panameña, la Junta Nacional de Escrutinios reconoció el triunfo y entregó las credenciales a Arnulfo Arias, Raúl Arango Navarro y José Dominador Bazán.  El 1 de octubre de 1968 tomó posesión el Dr. Arnulfo Arias Madrid como presidente de la República.

El 11 de octubre de 1968 el mayor Boris Martínez, junto con el teniente coronel Omar Torrijos, da el golpe de Estado castrense al gobierno civil.   Los golpistas crean una Junta Provisional de Gobierno, presidida por los coroneles José M. Pinilla y Bolívar Urrutia. El 13 de noviembre de 1968 el gobierno de Estados Unidos reanudó las relaciones diplomáticas, reconociendo el régimen militar. El 5 de diciembre de 1968 el teniente coronel Omar Torrijos es designado comandante de la Guardia Nacional.

El 24 de febrero de 1969, Omar Torrijos encarcela y expulsa del país a sus compañeros de armas Boris Martínez, Federico Boyd, Humberto Ramos y Humberto Jiménez.   El 11 de marzo de 1969, a solo 5 meses del golpe, el teniente coronel se convierte en el general de brigada Omar Torrijos.

El 15 de junio de 1969, mediante el decreto mordaza (Decreto de Gabinete 144), se abren las puertas de la Universidad.   Desde el golpe de Estado y a todo lo largo del año de 1969 se da una represión sistemática de toda oposición, cierre de la Universidad, clausura de emisoras de radio y periódicos de oposición.   El país se gobierna a base de decretos.   Hay muertos, detenidos y exilados.   A finales de 1969 ocurren los asesinatos o desaparición de Floyd Britton, Rubén Miró y del sacerdote Héctor Gallegos.   Son sofocados diversos movimientos armados, siendo los más notables los ocurridos en las tierras altas de Chiriquí.

En diciembre de 1969, mientras Torrijos está de viaje en México, mediante un comunicado firmado por Pinilla y Urrutia, se le prohibe que regrese a Panamá.   Apoyado por el jefe de la Zona Militar de Chiriquí, Manuel Antonio Noriega, el general Torrijos regresa a Panamá el 16 de diciembre de 1969,   posteriormente denominado el día de la lealtad. Sus compañeros de armas no leales fueron enviados al exilio.

Al llegar el primer aniversario de la revolución octubrina se organizó el Movimiento Nuevo Panamá, con el principal objetivo de ir forjando un organismo político de apoyo al gobierno de facto. En estos dos primeros años se toma toda una serie de medidas populistas y se va creando la estructura de un Estado paternalista, con el fin de ganarse el apoyo de las clases más populares.

La nueva Constitución de 1972 inventa la Asamblea Nacional de los 505 Representantes, conocida como el Poder Popular, el Consejo Nacional de Legislación y el artículo 277 de la Constitución, que con nombre propio designaba al general Omar Torrijos como jefe de Gobierno con poderes prácticamente absolutos. Esta asamblea designó por un período de seis años a Demetrio Basilio Lakas como presidente y a Arturo Sucre como vicepresidente de la República.

En enero de 1976 desaparecen Marlene Mendizábal y Jorge Falconett, en la provincia de Veraguas, lo mismo que la estudiante Rita Wald en marzo de 1977, en circunstancias nunca aclaradas y que involucraban a figuras relacionadas con el poder político de turno. Continúan múltiples movimientos de protesta contra el régimen militar, que son sofocados con desapariciones, arrestos y deportaciones.

El 31 de agosto de 1977,  frente a la Embajada de Panamá en Estocolmo, se inmola Leopoldo Aragón, panameño exilado, en protesta por los tratados del Canal prontos a firmarse.   El 7 de septiembre de 1977 se firma el Tratado Torrijos—Carter en la sede de la OEA en Washington.


Fuente : Estudios Sobre el Panamá Republicano.

Patricia Pizzurno Gelós

Celestino Andrés Araúz

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Publicado el 23  de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Privados de sus derechos

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La opinión de…..

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Jorge Motta

Alguien describió a la Caja de Seguro Social de Panamá como un banco donde nuestros gobiernos han pedido dinero prestado que nunca han pagado, a los profesionales y administrativos de la institución como banqueros de Wall Street, y a los asegurados como los depositarios desfalcados.

Lo que sí es un hecho es que dar solamente soluciones biomédicas a los problemas de salud usualmente no funciona sin la participación del paciente. De igual manera, los problemas que aquejan a nuestra seguridad social nunca podrán ser solucionados sin una participación real, informada, inteligente y honesta de los asegurados. Los problemas de salud personales e institucionales son muy importantes para dejárselos solo a los médicos y a los administrativos.

Un ejemplo de las dificultades que surgen al tratar de solucionar los muchos problemas que agobian a los pacientes de la Caja, donde no se ha escuchado la verdadera voz de los representantes de los asegurados, es el grave problema de la mora de miles de mamografías y de otros exámenes pendientes. Como es usual, solo escuchamos los estridentes gritos de oposición de algunos dirigentes de un grupo llamado Comenenal a las soluciones propuestas por la administración de la Caja. Los asegurados guardan silencio.

La nueva administración dirigida ahora por el ingeniero Sáez-Llorens propone solucionar esta mora con la compra de nuevos equipos, con la utilización de equipos subutilizados, con el pago de turnos extra para que radiólogos de la institución interpreten los resultados y con la contratación fuera de la institución de parte de estos servicios. Es esta última propuesta que se enmarca dentro de la Ley Orgánica del Seguro cuando la institución está temporalmente imposibilitada de brindar un servicio, ha generado los ataques de estos dirigentes quienes usualmente solo vociferan pero no ofrecen soluciones.

Las presiones de estos dirigentes, que dicen representar a los médicos panameños y los intereses de los pacientes y que siempre se oponen a todo con la conocida muletilla de que el Seguro Social va ser privatizado, deben ser rechazadas por los asegurados. Hasta cuándo se tendrá que repetir que el Seguro no va a ser privatizado, que nuestras leyes no lo permiten y que los panameños no lo vamos a aceptar.

Es criminal negarle una mamografía a una mujer con un posible cáncer aduciendo “privatización”, sabiendo que no hay sistema en el mundo que pueda resolver en corto tiempo una mora de más de 10 mil estudios con las medidas tomadas hasta la fecha, sin nuevas soluciones.

El Seguro Social no es un sistema “público de caridad”.   Los asegurados son los dueños de una empresa que le dieron al Gobierno a administrar y donde se emplean profesionales para su funcionamiento. Los asegurados deben exigir los servicios a los cuales sus cuotas les dan derecho, se obtengan dentro o fuera de la institución, como es el caso extremo de la actual mora de miles de exámenes diagnósticos.

La hora de la verdad ha llegado y hay que resolver con participación ciudadana el desastre donde se encuentran sumidas las prestaciones médicas del Seguro Social.  Los ciudadanos estamos cansados del uso de la diatriba y de la mentira repetida, utilizadas por personas que han tenido la oportunidad y han demostrado su incapacidad de resolver los problemas de las prestaciones médicas de la Caja. Ellos son parte del problema, y los asegurados lo saben.

Las administraciones pasadas han sido un desastre permitiendo corrupción, ineficiencia y la erosión del cuidado de los asegurados. La pasada junta directiva demostró su falta de responsabilidad con su comportamiento ante la catástrofe de salud pública más grande de la historia de nuestro país, en la que la propia institución distribuyó el veneno. Con todo lo que ha ocurrido no es de extrañar que una gran cantidad de excelentes profesionales que laboran en la Caja se encuentre totalmente desanimada.

Los asegurados, representados por diferentes agrupaciones de pacientes, trabajadores, educadores, clubes cívicos, asociaciones empresariales y grupos de fe, deben sentarse con la nueva administración y juntos trazar la ruta que sacará a la Caja de este desastre.

Con verdadera participación ciudadana, siento que no es tarde para retomar la visión de un Seguro Social que ofrezca acceso, calidad, eficiencia y equidad de atención médica, similar a cualquier otra instalación de salud de nuestro país y de esta manera se pueda alcanzar una mejor salud para los asegurados. Trabajemos con la nueva administración y démosle la oportunidad de demostrar que se pueden arreglar los problemas de la Caja.

Publicado el  23 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.