Aprender, un derecho fundamental

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La opinión de…..

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BERTILDA  HERRERA  ANRIA

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Aprender es un derecho fundamental de todo niño y niña. Por lo tanto el trabajo de los profesores debe tener un objetivo final, el aprendizaje de los alumnos.

A pesar de parecer obvio, Panamá está lejos de aplicar este concepto en la práctica. Al derecho de los estudiantes se sobreponen muchos otros. El derecho del profesor de preparar sus clases de cualquier modo, el derecho de los políticos a nombrar aliados para dirigir las escuelas, y el derecho de los padres a no inmiscuirse en la vida escolar de sus hijos.

El investigador académico Martín Carnoy, de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, abrió un debate interesante en su libro Ventajas académicas de Cuba. ¿Por qué los cubanos van mejor en la escuela que el resto de los latinoamericanos? En una de sus entrevistas, Canoy enfatizó que él observa una distorsión en muchos países: “los sindicatos de profesores”, se preocupan de los derechos de sus asociados. Eso es correcto. Sin embargo, niños y niñas no están organizados para defender sus derechos a la educación.

Canoy hace duras constataciones sobre las prácticas adoptadas dentro del salón de clases, en la mayoría de nuestros países. Este especialista visitó países como Brasil, Chile y Cuba, filmó y documentó lo que pasaba en cada una de sus escuelas. Entrevistó a profesores, directores y gestores educacionales en los tres países. Su motivación era poder entender por qué los cubanos tienen resultados superiores a los nuestros, según evaluaciones coordinadas por la Unesco.

En Cuba observó buenos ejemplos de modelo educacional, claro que Cuba es una dictadura y se organiza de manera muy distinta a los países democráticos, sin embargo, es obvia la calidad de las clases en las escuelas y no el régimen político del país.

La primera lección que podemos sacar de la experiencia cubana, dice, es la de seleccionar los mejores alumnos de educación media para aleccionar. En ese país esto es una realidad gracias a la alta calidad del colegio básico, que hace que los alumnos lleguen al curso de formación de profesores mejor preparados y los salarios artificialmente semejantes que permiten que los profesores ganen lo mismo que los ingenieros. En segundo lugar, enfatiza la necesidad de un currículo padrón, que oriente el trabajo en el salón de clases. En Cuba los profesores saben exactamente el contenido que debe ser enseñado cada semana del año lectivo. Y todas las escuelas siguen el mismo plan.

Actualmente, cada escuela enseña lo que juzga mejor y en el momento que le parece oportuno. Canoy destaca el hecho de que los profesores cubanos son exhaustivamente entrenados para enseñar el programa de manera eficaz. O sea menos filosofía en los cursos de preparación de docentes y más técnicas de didáctica, profundización de contenidos que deben ser enseñados.

El libro de Canoy muestra que es fundamental la supervisión del salón de clases para garantizar el aprendizaje del alumno. Directores y supervisores no deben estar en las escuelas cumpliendo tareas burocráticas, y sí acompañando de cerca el trabajo de los profesores dando soporte e incentivos para que ellos mejoren sus técnicas y exigiendo resultados.

Cuestionado sobre si esto no puede ser considerado un modelo antidemocrático que hiere la autonomía del profesor dentro del salón de clases. Canoy respondió “¿Qué modelo de democracia es este en que los adultos tiene sus derechos garantizados y el alumno no?”. ¿Esto es democracia para quién?

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Publicado el 26 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Informe Goldstone: el voto de Panamá

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La opinión de….
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DAYRA   BERN
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Las votaciones de los países miembros de la ONU se han caracterizado generalmente por respaldar intereses políticos y económicos de sus respectivas regiones. Esa ha sido por lo general la trayectoria histórica de la votación por parte de los países latinoamericanos y africanos y últimamente la de ciertos países que, aunque considerados del “primer mundo”, prefieren abstenerse para evitar “futuros inconvenientes” con sus “posibles socios”.

Cuando el pasado 16 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el Informe Goldstone, que básicamente condena a Israel y a Hamás por haber cometido crímenes de guerra durante la ofensiva en Gaza, de los 47 países que forman el Consejo 25 apoyaron la resolución. Seis (6) la rechazaron, 11 se abstuvieron y 5 no votaron.

Este reporte fue catalogado por el fundador y ex presidente de la organización Human Watch Right, Robert L. Bernstein, como carente de objetividad. Pero los países islámicos, y los no alineados participantes en el Consejo aprovecharon para condenar a Israel y aprobaron el texto contando también con el apoyo de países como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Nicaragua. Los europeos votaron divididos. Se abstuvieron Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Noruega y Eslovenia; y se opusieron Eslovaquia, Holanda Hungría e Italia.

La aprobación del Informe Goldstone en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el voto de la Liga de Países Árabes y el Movimiento de los Países No Alineados, contribuye a que se emita la Resolución que pide al secretario general de la ONU enviar el informe al Consejo de Seguridad. El jueves 5 de noviembre esta Resolución fue aprobada por el voto favorable de 114 países, 18 países votaron en contra y 44 se abstuvieron.

Muchos de estos 114 países son calificados como regímenes autoritarios, con baja representatividad, que irrespetan los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer. Paradójicamente justicia piden los que ni siquiera en sus países la brindan. Entre estos países se encuentran Afganistán, Irán, Indonesia, Vietnam, Yemén, China, Congo, Cambodia, Pakistán, Cuba, Venezuela, Somalia, Senegal, Libia, Nigeria, Jordania, Egipto, Siria, Sierra Leona.

Creo que es suficiente hasta aquí para ilustrar sobre los países que votaron en contra de un país (Israel) de solo 7.5 millones de habitantes, donde hay unas 80 organizaciones de Derechos Humanos, una prensa libre, libertad de culto, un gobierno elegido democráticamente y un sistema jurídico que en ocasiones ha sentenciado incluso contra el gobierno. Nada de esto ocurre entre la gran mayoría de los 114! y menos aún en Gaza con el grupo Hamás.

Pero lo que me motiva escribir este artículo es referirme a Panamá, porque fue uno de los 18 países que votó en contra de la Resolución, junto con países democráticos y libres, como lo son Canadá, Holanda, Australia, Italia, EUA, Islas Marshall, República Checa, Alemania, Hungría, Nauru, Polonia, Palau, Eslovaquia, Macedonia, Israel, Ucrania y Micronesia, es por ello que no puedo dejar como panameña de sentirme orgullosa. Panamá votó con los que respetan la libertad de prensa, no con los que cercenan a los medios de comunicación ni con los que encarcelan a periodistas.

Es notable que, conociendo la trayectoria de cómo funcionan las votaciones en ese Organismo, Panamá actuó con independencia, dignidad y espíritu crítico. Por eso me siento orgullosa. Su actuación no debe pasar desapercibida. La actuación de Panamá, en el caso que nos ocupa, no debe ser vista o considerada como un apoyo al Estado de Israel. Panamá está demostrando que toma decisiones propias, basadas en la razón y la justicia al margen de intereses económicos o políticos. Nos debemos sentir orgullosos de que Panamá haya tomando una posición difícil, pero madura y de altura.

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Publicado el 26  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Las olvidadas Áreas Revertidas

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La opinión del Abogado….
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OCTAVIO  VILLALAZ

Las áreas revertidas, lucha incansable del pueblo panameño en la recuperación de su territorio nacional y soberanía. Mucho costo obtener esa victoria nacionalista. El gobierno nacional con la inversión de millones de balboas realizó estudio para el uso de suelo y a su vez creo la denominada Autoridad de la Región Interoceánica, para que administrara los bienes revertidos y procediera a la venta y concesión de lotes, edificios, etc.En la actualidad, ya por la falta de presupuesto o por la venta y concesión de la mayoría de áreas destinadas a viviendas y desarrollo económico, esta entidad ha quedado reducida a un pequeño despacho con el nombre de “Unidad Administrativa de Bienes Revertidos” (UABR) dentro de las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas en áreas revertidas, haciendo todo lo posible por vender o dar en concesión lo último de sus bienes, y administrando los mismos hasta su venta final.

 

La administración de los bienes conlleva el mantenimiento a las áreas correspondientes a lotes baldíos y edificios en abandono a fin de evitar todo lo posible su deterioro y que los mismos se devalúen.

En Albrook existen otras áreas, como los parques que son mantenidos por una asociación de residente que recolectan voluntariamente una cuota mensual y con esos dineros pagan a trabajadores que cortan la hierba y le dan mantenimiento a los equipos e instalaciones, pero existen también áreas que son responsabilidad de la UABR antigua ARI.

En el Corregimiento de Ancón, en los que respecta a Albrook y Clayton, son territorios geopolíticos con poca población y territorio de las cual la mayoría o es Parque Nacional, terrenos titulados en calidad de propiedad privada y aquellos administrados por la UABR antigua ARI. Es decir, son pocos los lotes baldíos en comparación a los de Tocumen, Juan Díaz , Pedregal y otros más.

Desde hace meses todos los residentes de las áreas revertidas hemos sido testigos del franco deterioro de aquellas propiedades que deben ser mantenidos por el UABR: Cunetas sucias, terrenos baldíos que parecen cañaverales, edificios abandonados usados como cueva por personas del mal vivir. Desde hace mucho tiempo este desgreño sobre la propiedad no lo habíamos sufrido. Las razones serán múltiples, y los funcionarios a cargo ya buscaran en sus carpetas de las excusas todas aquellas pertinentes para justificar el hecho de no hacer su trabajo, y quedar así con una respuesta que satisfaga a sus superiores.

Esperemos que el señor Presidente, como lo hizo en El Chorrillo, se de su vuelta por estas áreas y se percate en el abandono que se encuentra, y tendrá él personalmente con otro ministerio venir al rescate de estas zonas y otras del país, porque el personal designado para estas labores no hace su trabajo. Es una lástima que el señor Presidente con sus múltiples funciones y de gran responsabilidad tenga que sacar de su tiempo para estar pendiente que todos sus subalternos hagan lo que le corresponde, pero al parecer tendrá que ser así.

Con mucha pena observo que estas áreas tan especiales para los panameños se tengan en el abandono por falta de iniciativas de los servidores públicos. Pero si tenemos que reconocer que personas ajenas a toda tendencia política, como lo son residentes debidamente organizados de APROJAL (Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín Albrook) se preocupan en mantener los parques limpios, canchas de juegos, siempre dejando saber que son ellos lo que tienen a cargo su limpieza, más no las autoridades, que algunas veces pretender robarse los méritos de otros.

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Publicado el 26 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Pantalones largos con EUA

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La opinión del periodista…..
DEMETRIO   OLACIREGUI

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Panamá ha perdido en cinco meses el papel de respetado interlocutor continental, ganado a base de equilibrio y moderación.   La política exterior ha sido comprometida por declaraciones estridentes, falta de principios y señales erráticas.   El reflejo exterior es, al final, el espejo de lo que ocurre dentro del país.

El presidente Ricardo Martinelli anunció que su gobierno haría variar el péndulo ideológico en el hemisferio y criticó públicamente al mandatario venezolano Hugo Chávez, sin respetar los equilibrios que exige la política internacional.   Hace unos días una fuente vinculada al gobierno de Venezuela denunció la existencia en Panamá de una red de conspiración contra las autoridades de Caracas.

Ahora la decisión de establecer cuatro bases aeronavales en distintos puntos de la geografía, con personal entrenado por EUA, resucita la injerencia de Washington en los asuntos internos del país. Este año las invitaciones para participar en los ejercicios Panamax las giró el Pentágono, cuando la normativa establece que debe hacerlo el gobierno panameño.   El Pentágono invitó a los militares golpistas de Honduras. Washington tiene penetradas las instituciones de seguridad panameñas y sus agentes dan instrucciones sin pasar por el Ejecutivo, que debería centralizar cualquier tipo de relación con funcionarios extranjeros. El interés de EUA es impedir que las drogas y presuntos terroristas ingresen a su territorio.   Le tiene sin cuidado que Panamá ponga los muertos.   Es vital, entonces, cuidar a Panamá y que desde el gobierno se vele por los intereses nacionales y la neutralidad del Canal.

Sin embargo, en la práctica las bases aeronavales panameñas —cuya denominación implica componentes militares— representan un apéndice de las siete instalaciones colombianas a las que EUA tendrá acceso en virtud de un acuerdo bilateral.   El convenio con Bogotá garantiza a Washington el aseguramiento estratégico en Sudamérica y sus expediciones de espionaje electrónico aéreo en la Región y el Atlántico de África. Colombia permitirá, además, a EUA utilizar los siete aeropuertos comerciales internacionales del país, para lo cual debe existir personal extranjero en tierra para abastecer de combustible y realizar la revisión técnica de los aviones militares.   Recientemente se han visto en Tocumen aviones Awacs, complejas plataformas volantes de inteligencia.

Las bases locales no tendrán componentes militares de EUA, pero contarán con contratistas mercenarios para descodificar la información que suministren los aviones de espionaje electrónico que despeguen desde Colombia.   Semejante movilización de tecnología bélica ha despertado la legítima preocupación de los gobiernos sudamericanos.   El pacto militar entre Bogotá y Washington anula la capacidad estratégica de las fuerzas armadas de la Región, al tener a la primera potencia del mundo cerca de sus fronteras.   Por eso el juego peligroso de Panamá al formar parte del eje Bogotá—Washington. Al militarismo de civiles que ocupan cargos en el gobierno y los oficiales con formación militar y mentalidad antiterrorista que controlan los organismos de seguridad —con el visto bueno de EUA— se suman los elogios al fascismo, la militancia en el Opus Dei y la subordinación a Washington. ¿Dónde quedó la relación de pantalones largos con EUA que promovió el ex vicepresidente Billy Ford?

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Publicado el 26  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El desarrollo económico frente al daño ambiental

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La opinión de….

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RICARDO  WONG  D.

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Cuando leo que 4.5 hectáreas de manglares fueron destruidas en la provincia de Colón para el desarrollo de un área, sólo veo la insensibilidad del poder económico en componenda con las autoridades.

Es evidente que la destrucción de nuestros manglares avanza a toda marcha sin que las autoridades pongan un alto a la misma. En los últimos años hemos visto cómo se denuncia la destrucción de manglares en el área de Diablo, en Punta Chame, en el distrito de San Carlos, en la Bahía de Parita, en el Golfo de Chiriquí, en múltiples áreas de la provincia de Bocas del Toro, en toda la desembocadura del río Juan Díaz, y vemos cómo avanza la aplanadora destrucción de los manglares alrededor de los cuatro altos en Colón, colindantes con la Zona libre.

Panamá ya ha perdido el 67.5% de sus manglares. (Ver: http://www.pnuma.org/GEO4 Pág. 248). Toda esta destrucción se debe al desarrollo de actividades económicas, llámense desarrollos turísticos, hoteles, barriadas, campos de golf, áreas de expansión portuaria u otros. Parece ser que se puede desarrollar cualquier cosa, en cualquier lugar, pero hay sitios que no se deben tocar y los manglares son unos de ellos.

A raíz del tsunami que en diciembre de 2004 se formó en el Océano Índico, y de la destrucción producida durante la temporada de huracanes de 2005 en el golfo de México, con huracanes como Katrina, Rita y Wilma, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un informe sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros y de los peligros de desestimar los servicios que los mismos proveen a la humanidad.

En ese informe se calcula que los valores anuales por servicios ambientales tienen un costo estimado entre los 100 mil dólares y 600 mil dólares por kilómetro cuadrado de arrecife, y de 200 mil dólares y 900 mil dólares por kilómetro cuadrado de manglar. (Ver: In the front Line. Shoreline protection and other ecosystem services from mangroves and coral reefs/ http://www.unep-wcmc.org).

Como vemos, si introducimos los valores de los servicios ambientales para evaluar la aprobación de proyectos que requieren la destrucción del área, nos encontraríamos que algunos no son viables económicamente porque el manglar, arrecife o el bosque producen por sí solos mayor valor económico que el proyecto en sí. El único problema con lo anterior es que dicho valor no puede ser capturado por el promotor del proyecto.

Es un valor que nos pertenece a todos. Ya se sabe que invertir en la conservación y el mantenimiento de los ecosistemas resulta más rentable que reparar los daños de una mala gestión. Muchas de las últimas inundaciones son producto de una mala gestión por parte del Estado. Esta mala gestión es pagada al final por todos los contribuyentes.

En este caso específico de Colón, solo veo más inundaciones ya que se está destruyendo el reservorio natural de agua que era el manglar. Considero que es hora de que se legisle para que los promotores de proyectos que requieren utilizar un manglar paguen repoblando un área igual o mayor a la utilizada. Con esta medida se conservaría de alguna manera el capital natural del país.

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Publicado el 26 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Perfil de los Magistrados que el país necesita

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La opinión del Presidente de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial de Panamá

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RICARDO FULLER YERO
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He tomado la decisión de incursionar en tan sensitivo tema, pues considero justo que la ciudadanía conozca la opinión de un funcionario común del Órgano Judicial, sobre lo que debe ser el perfil de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

 

Es del caso recordar que en diciembre de este año vence el período constitucional de los magistrados Esmeralda Arosemena de Troitiño y Adán Arjona, y le corresponde a los órganos Ejecutivo y Legislativo designar y ratificar a los ciudadanos que deben reemplazarlos en tan distinguidos cargos.

Sobre el perfil que deben tener los aspirantes, se han esgrimido todo tipo de consideraciones: que deben ser especialistas en el área del derecho de la Sala de la Corte a la cual pertenecerán; de probidad u honestidad comprobada; sin nexos o afiliaciones político—partidistas; de excelente trayectoria pública, entre otros requisitos, adicionales a los que nuestra Constitución Política exige.

La experiencia acumulada en mis años de servicio en el Órgano Judicial me permite manifestar que además de los requerimientos constitucionalmente exigidos, la o el futuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe poseer las siguientes cualidades:

1. Ser un permanente estudioso del derecho y un arduo trabajador. El que conoce la labor que desarrolla un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sabe que el magistrado no solo debe ser especialista en el área del derecho que corresponde a su Sala, sino que debe manejar todas las competencias y disciplinas jurídicas existentes. En virtud de las acciones constitucionales, o por impedimentos de otros magistrados que integran la Corte, estará obligado a conocer de asuntos civiles, penales, de familia, de niñez y adolescencia, marítimos, agrarios, contencioso—administrativos, laborales, comerciales, derechos humanos, por citar solo algunas materias.

Por tal razón, quien únicamente exija como elemento primordial que la o el magistrado a designar sea especialista en la rama del derecho que corresponde a su Sala ignora la realidad de las exigencias intelectuales que debe poseer el aspirante. Por ello, sostengo que más que ser un especialista en una materia determinada, debe ser un permanente estudioso del derecho, y una persona de pensamiento lógico.

Adicionalmente, he señalado que debe ser arduamente trabajador, porque la cantidad de negocios que le corresponderá atender es elevada. Por ejemplo, al mes de noviembre del año 2009, se han presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia más de 980 causas, las cuales son del conocimiento de los nueve magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Si a ello le adicionamos los expedientes que le corresponde conocer al magistrado por la Sala a la que pertenece, el resultado es sin duda abrumador: el magistrado deberá atender más de 1200 negocios jurídicos anualmente, sin mencionar las labores administrativas propias del cargo.

Por tanto, la persona que aspire a ser magistrado de la Corte debe tener claro que le espera mucho, pero mucho, trabajo.

2. Debe ser valiente, pensar en la institucionalidad y en el país. El cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia impone que la persona que ejerce dicha posición sea valiente para tomar decisiones que muchas veces son incomprendidas, impopulares, política y socialmente difíciles y censuradas con mucha vehemencia por la sociedad, principalmente por los medios de comunicación. Sin embargo, son decisiones que, aunque parezcan insólitas, se hacen necesarias en aras de defender las libertades ciudadanas, tutelar el Estado de Derecho, la institucionalidad y la justicia, siempre pensando en el país.

Por eso estimo poco factible que se excluya de la posibilidad de aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia a aquellas personas que han tenido nexos o afiliaciones político—partidistas, porque en muchos casos los ciudadanos que se han preocupado públicamente por el país se han servido de la plataforma de las organizaciones políticas para hacer sentir su opinión en pro de los mejores intereses de la patria. De ahí que existan muchos panameños “ de excelente trayectoria pública ”, que alguna vez tuvieron una participación o simpatizaron con una ideología “ político—partidista ”.

Por tanto, considero que la participación política no es óbice para servir fielmente a la patria, con plena objetividad, desde la magistratura. Por el contrario, creo que en lugar de cercenarle la oportunidad, es preferible cuestionar a los aspirantes sus consideraciones sobre distintos temas de honda importancia para la sociedad panameña; por ejemplo, qué piensa sobre el derecho a adopción o matrimonio de homosexuales; si estima que los jubilados pueden o no seguir laborando para el Estado después de percibido este derecho; qué opina sobre condenar al Estado por la mala prestación de servicios públicos o la forma de ejecutar dichas sentencias, entre otros tópicos, para conocer si la o el aspirante da luces de esa independencia de criterio, valentía y visión de país que estimo indispensable.

Y respecto a la institucionalidad, el Órgano Judicial requiere magistrados que se preocupen por lograr mejores días para quienes laboramos en el Poder Judicial y que deseen trabajar de manera recta, democrática, con objetividad e inteligencia, para lograr los cambios que la administración de justicia necesita.

Espero que estos comentarios aporten otra visión del perfil que necesitamos, deseando que Dios ilumine a los encargados de esta tarea, para que realicen las mejores elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Panamá y el Órgano Judicial lo necesitan.
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Publicado el 26  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Ciudades, la clave del cambio climático

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La opinión de….

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Graciela Arosemena
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Desde el año 2008, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, y la tendencia es que este fenómeno vaya en aumento.

Esto nos debe preocupar, ya que las ciudades y su actual modelo insostenible, son responsables de gran parte de los problemas ambientales del planeta, incluyendo el cambio climático.

A pesar de los escépticos, los informes del panel intergubernamental sobre cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sostienen que hay evidencias concluyentes como para constatar la influencia del dióxido de carbono (CO2) antropogénico sobre el cambio climático, y las ciudades son responsables de generar cerca del 70% de ese CO2.

Irónicamente, las ciudades son vulnerables a los desastres naturales asociados al cambio climático que ellas mismas están provocando. Y el riesgo es aún mayor en ciudades costeras como la nuestra. Las urbes son, entonces, relevantes en la implementación de estrategias contra el cambio climático, de hecho a través de la planificación urbana pueden reducirse las emisiones de CO2, a la vez que se resuelven problemas ambientales y urbanos como la contaminación, los residuos y el transporte. El reto es vincular el cambio climático con las prioridades ambientales y el desarrollo local.

Una ciudad que tienda a reducir la dispersión urbana, que posea un transporte público eficiente, que defina una normativa de eficiencia energética en la edificación, puede reducir la huella de carbono de la ciudad y al mismo tiempo mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de los ciudadanos.

Nueva York, Milán, Singapur, son algunos ejemplos de ciudades que han tomado en serio el cambio climático; Panamá tiene todo por hacer, en un momento en el que el modelo de ciudad es determinante para el planeta.

En diciembre próximo se celebrará la reunión de Copenhague contra el cambio climático, donde 180 países se esforzarán en conseguir un acuerdo, en medio de sus propios intereses políticos. Mientras el mundo decide, el calentamiento global está en marcha y si no actuamos rápidamente, además de provocar graves desajustes ambientales, la merma de especies y el aumento del nivel del mar, el mundo perdería hasta el 20% del PIB anual indefinidamente, según el Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático. En cambio para prevenirlo se necesitaría un 1% del PIB mundial.

Aunque este fenómeno climático es de carácter global, su prevención sólo puede alcanzarse mediante acciones locales, y las ciudades son un escenario local que puede actuar sin esperar a pactos globales, convirtiéndose en poderosos agentes de cambio.

Es imprescindible introducir el criterio de vulnerabilidad y riesgo climático en el diseño de políticas urbanas, y orientarlas para la reducción de emisiones de CO2 y la prevención de los efectos del calentamiento global. Es especialmente preocupante que hasta ahora Panamá esté haciendo todo lo contrario, desconocer el medio ambiente en favor de una política urbana cuyo principal criterio es el desarrollo inmobiliario.

La ciudad de Panamá necesita urgentemente un plan de acción en materia de cambio climático, cimentado en la seguridad de nuestra ciudad y del planeta, de lo contrario seremos víctimas de nuestra propia imprevisión.

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Publicado el 26 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que le corresponde.