Muy hermosas, pero muy caras

La opinión de la Ex Diputada de la República….

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MIREYA LASSO

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Muy hermosas, pero muy caras

Pareciera una característica general que la mayoría de los gobernantes quieran dejarnos una serie de hermosas obras públicas para que las futuras generaciones no los olviden y las tengan como ejemplos del buen trabajo que hicieron durante su gestión. Pero se olvidan que muchas veces el “mucho apuro trae cansancio” y que esos apuros también acarrean un sinnúmero de suspicacias muy justificadas. Los legados que el anterior gobierno nos ha dejado con el tramo Madden-Colón de la autopista transístmica y con la Cinta Costera constituyen prueba fehaciente de obras deficientes, terminadas a la carrera a precios muy cuestionados.

La génesis del proyecto Madden-Colón nace de la incapacidad del concesionario original (PYCSA) de concluir la obra.   Un salvador (Norberto Odebrecht) ofrece rescatar el proyecto y terminar el trabajo inconcluso, pero exigiendo aumentar a B/.215.8 millones el precio de la obra que había sido pactado originalmente en B/.189.0 millones.

Ese aumento no fue suficiente porque el “ salvador ” terminó cobrando, y el Estado terminó aceptando, B/.283.7 millones, casi B/68.0 millones todavía más.

¿Cómo se justificó ese aumento? Se aceptaron razones como la siguiente joya: “ descubrimientos de eventos geológicos y condiciones del sitio no considerados en las condiciones referenciales que … no se encontraban identificadas y que … posteriormente fueran reconocidas ”. Para simples mortales como nosotros, que pagamos impuestos, eso quiere decir que se podría aumentar el precio si se encontraran excusas de difícil verificación por el Estado y fueran adornadas con términos grandilocuentes.

La Cinta Costera ha tenido un desenlace similar. Por los B/.189.1 millones que constituyó el precio original y por la falta de estudios previos adecuados, el Estado no recibió la obra originalmente concebida y uno de los más evidentes fracasos fue la imposibilidad de reubicar la estatua de Vasco Núñez de Balboa, forzando con ello un nuevo diseño de la ruta alrededor del sitio original del monumento.

En ambos casos, el propio ministro de Obras Públicas del momento aceptó la falta de adecuada preparación cuando confesó que “ probablemente ” no se hicieron los estudios previos suficientes.

Ambos casos se caracterizaron por el afán de concluir las obras, a cualquier costo, antes de que culminara la gestión del régimen vigente; querían cortar cintas e inaugurar placas conmemorativas, pero el pobre resultado ha sido la deficiente calidad de las obras, tanto del tramo Madden-Colón como de la Cinta Costera y de la ampliación del Corredor Norte.

El estado de las calzadas, el pavimento irregular en los viaductos y la formación de tranques son apenas algunas fallas atribuibles a la falta de fiscalización durante el período de construcción, cuando la fecha de terminación era más importante que el precio o la calidad del trabajo.

El costo final de las obras no ha sido adecuadamente divulgado como el pueblo se lo merece. Con el mayor desparpajo la empresa Odebrecht pretende justificar B/68.0 millones adicionales para el tramo Madden-Colón; todos en el anterior gobierno lo aceptaron mansamente.

La nueva contralora general tiene en esto mucha tela que cortar, para determinar a dónde fueron a parar los reales de la Cinta Costera y del tramo Madden-Colón y por qué cada kilómetro de autopista nos sale costando más del doble: B/.6.6 millones, en lugar de B/.2.4 millones.   Ahora le toca al pueblo saber.

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La Ley 49 de 1930 que creó las zonas libres

La opinión del político….

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VIRGILIO  CORREA

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La Ley 49 de 1930 que creó las zonas libres

El cuatro de diciembre de 1930, la Asamblea Nacional votó la ley 49 ¨sobre establecimiento de zona libre en la República¨, el Presidente Florencio Harmodio Arosemena la sancionó ese mismo día, junto a su ministro de Hacienda y Tesoro, Nicolás Victoria Jaén en presencia del Presidente de la Asamblea Nacional, el HD Carlos Guevara. Sin embargo, esta ley no apareció publicada en la Gaceta Oficial número 5,898 hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

El dos de enero de 1931, a menos de un mes de sancionada esa ley 49 por el entonces Presidente de Panamá, surgía un nuevo gobierno. A dos días de publicada la ley en la Gaceta Oficial.

Reemplaza a F. H. Arosemena el doctor Harmodio Arias del 2 al 20 de enero y ese mismo día se encarga el Dr. Ricardo J. Alfaro.   Fungió entonces como ministro de Hacienda y Tesoro, el señor Enrique Jiménez.

Durante el efímero gobierno de Alfaro, de unos ocho meses, no se implementó la creación de ninguna zona libre en el país.

En uno de los legajos de los archivos diplomáticos de Francia en Nantes y La Courneuve, así como en los del Reino Unido en Kew Garden-Richmond, encontramos algunos informes-comentarios del cónsul francés Langlais y del Encargado de Negocios inglés Wallis, que opinaban a favor de esta ley, pero sobre la cual los americanos tenían sus reservas, pues la misma podría prestarse para negocios ilegales, si no se imponían los controles adecuados, a través de mecanismos que los países ricos pudieran controlar. ¨Era grave dejar esto en manos de gobiernos corruptos¨.

Incluso encontramos una nota en los archivos de la inteligencia francesa, que defendía a las exportaciones francesas (perfume, vinos, cognac, etc.) hacía esa zona libre, pero se hacía eco, de las opiniones del Embajador francés en Washington, Saint Quentin, como que el Departamento de Estado, no estaba de acuerdo. La inteligencia francesa concluye, en que hay que confiar en los americanos y tener paciencia.

Es curioso el homenaje, en ese sentido, que los Encargados en Panamá le otorgan al señor Francisco Arias Paredes, como gestor del movimiento del dos de enero y su influencia en el gobierno de Alfaro, junto a su pariente el Dr. J.J. Vallarino.

Lo cierto es que por diecisiete años los americanos enterraron la ley 49 de 1931 y no fue hasta en 1948,  que el propio Enrique Jimenez, ya como Presidente la establece mediante ley, que reemplazó a la de 1931 y fue justamente, el doctor Arnulfo Arias quien desembolsa el primer cheque en su segunda presidencia en 1949.

Ahora, ochenta años después ¿los americanos desean extinguirla para siempre?

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Mirada profunda a la seguridad ciudadana

La opinión de…..

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ISABEL SAINT MALO DE ALVARADO

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Mirada profunda a la seguridad ciudadana

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A propósito de la seguridad ciudadana, ese tema que nos toca profundamente a todos y todas, escribía hace algunos meses sobre la importancia de un abordaje integral del tema.

Es decir, ni la mano dura ni la mano suave, sino más bien ambas y un poco más: todo el peso de la ley y los instrumentos necesarios para atacar el delito, así como los recursos necesarios para prevenir que más miembros de la sociedad se sumen a esta actividad que tanto nos cuesta.

Con gran satisfacción he conocido el recién publicado, por el PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010:  Abrir espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano. Con esa mirada profunda a la temática, vista desde la particular perspectiva del desarrollo humano, el informe apuesta a la solución del problema, reconociendo las complejidades que lo rodean.

Ilustra de manera clara y precisa qué significa integral y cuáles son los ejes que hay que atacar y cómo se interrelacionan éstos. Aboga por una estrategia de seguridad ciudadana para el desarrollo humano que incluya tanto los aspectos coercitivos como los preventivos, en coherencia con el sistema de justicia y sobre todo “con la estructura de valores de civilidad”.

Es en esta propuesta de suscribir un “contrato por el civismo” que considero yace el aporte central de este informe, y que es particularmente allí donde se diferencia este enfoque de los tradicionales, que han resultado insuficientes. Y es que este contrato de civismo no es otra cosa que señalarnos a todos y cada uno de los ciudadanos como parte del problema y, a la vez, parte de la solución.

Es decir, la seguridad ciudadana no la puede resolver el Estado solamente, por más que a éste le competa una responsabilidad muy clara en el tema, si no resolvemos otros temas más profundos en los que todos participamos.

Un nuevo contrato mediante el cual todos nos comprometamos con la legalidad y el respeto por la ley; con la universalidad para que comprendamos que las leyes tienen que ser justas y aplicarse a todos por igual, indistintamente de las condiciones económicas o sociales de la víctima o el victimario; y por último, con la solidaridad a fin de que hagamos nuestro aporte para contribuir a que todos los ciudadanos tengan las condiciones mínimas para acceder a ese contrato de civismo.

El informe, además, se refiere a un dato a mi juicio alarmante: “El promedio de las tasas de los siete países de la región (América Central), equivale a algo más de tres veces la tasa mundial y supera en siete puntos la tasa promedio de América Latina”. Resultando América Central la región más violenta, de un continente muy violento.

El caso panameño no está entre los más graves de la región, sin embargo su tasa de recrudecimiento de la violencia casi se duplicó en los últimos años.

Por último, el informe cubre de manera amplia y detallada aquello que ya señaláramos hace unos meses, en cuanto a la necesidad de contar con una dirección centralizada y estratégica de la seguridad a nivel del Estado, en cuya ejecución debe participar el Gobierno Central, los gobiernos municipales, la empresa privada, los medios de comunicación y los ciudadanos propiamente.

Manos a la obra, solo de la mano de un esfuerzo amplio y participativo lograremos solucionar el problema.

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Publicado el 18 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

San Francisco. Inundaciones y tragedia

La opinión de la Doctora en Medicina….

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MARISIN VILLALAZ DE ARIAS

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San Francisco.  Inundaciones y tragedia

Porque para los que perdieron total o parcialmente sus pertenencias, es una tragedia aunque se trate de cosas materiales y no de la vida. Lo sucedido el jueves debe llamarnos a reflexión de las irregularidades que nos dejaron los PRD en su gobierno anterior con las sinvergüencerías con las construcciones de tantos edificios en San Francisco con permisos sin análisis y sin control de lo que se hacía. Ante la indiferencia de las autoridades, cada uno hizo lo que quiso y así han dejado ese barrio tan hermoso hecho una porquería, con las calles destruidas por los constructores y no son capaces de llenar ni un hueco.

No se necesita ser ingeniero para darse cuenta de lo que sucedía. Estudié Lógica en el Instituto y hago honor a la palabra para darme cuenta de lo significaban tantos edificios sin estudiar las infraestructuras ni las posibilidades de que la tierra cediera, de que los carros se maltraten con tantos hoyos, del congestionamiento en una barriada que fue hecha para unifamiliares y ahora son tan múltiples que no dan abasto las calles para estacionar autos ni para soportar el ruido de tanto tránsito. Y esos son los que se creen con autoridad moral para acusar de narcolavadores a los altos personajes de este gobierno; debieran acusar a aquellos responsables de tanto horror en San Francisco en vez de hablar tonterías.

Pero ¿quiénes son los responsables de tanto desastre? Todos sabemos y no hay nadie preso. Así como han acabado con este barrio, lo hacen con otros hermosos y nadie dice nada; los que protestan no encuentran respuesta porque el dinero corrió a raudales y paró en algunos bolsillos. Lo que presenciamos el jueves pasado no tiene nombre y amerita un estudio minucioso de la situación para señalar a los culpables.

Quienes anduvimos por la calle en esos momentos podemos dar crédito de los grandes charcos que absorbían los autos y llevaban a la gente a impacientarse por el exceso de improvisación.

Siempre dije que Punta Pacífica no podía tener dos salidas y las mismas entradas. Nunca había visto la ciudad en estas circunstancias y si el gobierno no hace algo, nos tragará la irresponsabilidad, la desidia y no podremos hacer nada por el turismo ni por mejorar nuestro sistema de vida.

Panamá volverá a quedar en quinto mundo por la porquería de las alcantarillas y las improvisaciones de que hablaba.

Pensemos y actuemos.

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La mano escondida del Vaticano

La opinión de la Antropóloga…..

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BRITTMARIE JANSON PEREZ

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La mano escondida del Vaticano

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Debo alzar mi voz de alarma en vista de que el Vaticano insiste en la ratificación del acuerdo entre el Estado panameño y la Santa Sede para la constitución de un Ordinariato para la Fuerza Pública y otros organismos de seguridad del Estado.

Monseñor Andrés Carrascosa Coso, Nuncio Apostólico en Panamá, ha dicho que el ordinariato castrense «acaba siendo una garantía, porque dependerá de la Santa Sede y será el Papa quien nombre al obispo que será responsable». Allí está el detalle. El ordinariato será una dependencia del Vaticano y éste tiene un largo historial de entrometerse en el escenario político interno de estados soberanos.

Entre los ejemplos históricos sobresale un escándalo, conocido en inglés como “the Ratline”, cuando terminada la segunda guerra mundial, elementos del Vaticano ayudaron a notorios torturadores de regímenes nazistas– por el solo hecho de que eran católicos–a escapar a Sur América, evadiendo éstos el castigo que merecían en sus propios países por su infame crueldad.

Más relevante al propuesto ordinariato es el hecho de que en Estados Unidos, el cardenal Ratzinger ejerció su influencia sobre los votantes católicos en las elecciones del 2004 para que no votaran por el candidato católico John Kerry del Partido Demócratico.  Resulta que, antes de las elecciones, el presidente Bush se había quejado con Ratzinger de que los obispos católicos no estaban ayudando suficientemente a su campaña. Ratzinger respondió con una carta a los obispos ordenando que no se diera la comunión a los católicos que votaran por candidatos quienes, en cuanto al aborto, propugnaban que se dejara a los ciudadanos la libertad de escoger. La amenaza de ex-comunión tuvo los resultados esperados. Aunque tradicionalmente los católicos en Estados Unidos votaban mayormente por el Partido Demócrata, los católicos más devotos en su mayoría votaron por la reelección de Bush y Cheney.

Siendo Ratzinger ahora Benedicto XVI, el Vaticano sigue interviniendo agresivamente en el escenario político de estados soberanos, dictando a los católicos como deben votar (New York Times 4 de abril 2005).   Según parece, juzga a candidatos y partidos únicamente por su posición en cuanto al aborto.   ¿Qué ocurriría si, influenciados por el ordinariato bajo órdenes directas del Vaticano, miembros de la Fuerza Pública y organismos de seguridad apoyaran activamente, de palabra y obra, a determinados candidatos?

Aunque a los políticos miembros del Opus Dei en Panamá esto no preocuparía ya que los podría favorecer, es una amenaza a la salud de nuestra democracia otorgar al Vaticano el poder de poner su mano en la balanza electoral a través de un ordinariato castrense.

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Beneficiarios, gobierno y evasores

La opinión del Economista, Docente Universitario  y ex Director General de la CSS…..

JUAN JOVANÉ

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Beneficiarios, gobierno y evasores

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De los pocos puntos de vistas convergentes que existen entre las diversas corrientes de la Economía se destaca la idea de que una población bien alimentada, sana y crecientemente educada constituye un elemento indispensable para el desarrollo. Es así que desde el punto de vista neoclásico, siguiendo a Gary Becker, se destaca la idea del llamado capital humano, mientras que desde el punto de la economía política, tal como lo hizo Rudolf Hilferding, se puede llamar la atención sobre el hecho de que el trabajo complejo no es más que trabajo simple potenciado.Teniendo esto en cuenta no puede menos que extrañar que las nuevas autoridades de la CSS hayan prácticamente amenazado con recortar el número de beneficiarios, sin ni siquiera tomarse la molestia de explicar como se haría para asegurar la atención de los niños y niñas que ahora gozan de protección social en salud. No menos extraña es la posición de algunos autocalificados dirigentes empresariales que se han apurado a señalar simplemente que la CSS no es la responsable de dicha atención. Frente a esto resulta conveniente introducir un par de reflexiones.

En primer lugar, una parte importante de la problemática de la CSS proviene de la sistemática evasión de las responsabilidades de una parte significativa de los patrones. Entre las evidencias que llevan a esta conclusión se puede citar el hecho de que cerca de 355,529 asalariados urbanos están en una situación en la que sus patrones no entregan las cuotas a la CSS. Lo que más llama la atención en este caso es que cerca de 64,442 de estos trabajan, de acuerdo a datos oficiales, en empresas que pueden ser calificadas de formales. A esto se le debe agregar el hecho que las estadísticas contenidas en el Panorama Laboral 2008 de la OIT permite concluir que cerca de un 16.0% de los asalariados carecían de cobertura, lo que significa, lógicamente, que su patrones se encontraban en situación de evasión con relación a la cuotas.

Por otra parte, como es conocido, el costo de los beneficiarios se carga exclusivamente a la CSS, quien asume la responsabilidad financiera de los mismos, en condiciones que sería el gobierno central quien debería hacerlo. Esto significa, de acuerdo a cálculos realizados con el fin de medir el problema, que la CSS y los asegurados han estado subsidiando al gobierno central con una suma que puede llegar a más de 240 millones de balboas anuales.

Lo que hace falta entonces es perseguir, controlar y eliminar la evasión, por medio de una actitud de vigilancia inflexible y el endurecimiento de las sanciones, tanto penales como financieras, para quienes evadan su responsabilidad social.

Por otra parte el Estado, asumiendo su responsabilidad Constitucional, deberá pagar a la CSS por la cobertura y atención de los beneficiarios.  Las autoridades de la seguridad social, por su parte, deberán entender que lo que menos necesita este país son niños subalimentados, sin atención de salud y excluidos del sistema educativo.

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Publicado el 17  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

 

Día de los Valores Éticos y Morales

La opinión del Ex Banquero…..

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LUIS  H.  MORENO  JR.

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Día de los Valores Éticos y Morales

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En un país donde el deterioro moral y el delito parecen crecer ya casi sin sorprender a nadie, instituir un día para recordar la necesidad de recobrar y fortalecer los valores fundamentales que rigen la convivencia humana, no solo es urgente sino que resulta la mínima e impostergable expresión de esfuerzo en ese empeño.

El estímulo de una actitud positiva y consciente hacia la honestidad y el respeto, hacia la solidaridad y el trabajo, hacia la responsabilidad y la integridad ciudadana, entre muchos otros valores, debe ser lucha diaria, y no de un grupo sino de todos los grupos, no de un hombre o de una mujer sino de todos los hombres y mujeres para despertar y hacer actuar la conciencia, que es donde palpita la fuerza de la decisión permanente para escoger entre el bien y el mal; donde radica ese gran centro de poder de la conducta humana, inviolable sede de la ética, baluarte de la moral.

Estudios de responsables organizaciones internacionales han concluido que la diferencia entre países ricos y pobres se debe, básicamente, no a su riqueza natural ni a las ventajas de orden geográfico-político sino a la educación y actitud de la gente, a la vigencia y beligerancia de sus valores, capaces de engendrar confianza, respeto, deseo de superación, amor por el trabajo, sentido de dignidad, sustracción del sometimiento paternalista, respeto a los derechos del ciudadano, elección cuidadosa y responsable de quienes deben manejar la cosa pública con pulcritud y capacidad.

Una cosa es el delito tipificado por la ley, que debe ser investigado de manera efectiva y prolija, y luego juzgado con prontitud, equidad y transparencia, y otra es la falta de ética, analizada y ponderada en el íntimo y sagrado tribunal de la conciencia, en relación a los daños morales infligidos y luego reparados por el ofensor o evaluados y sancionados moralmente por sus semejantes.

De allí que la permisividad desde el hogar y luego de la sociedad y la corrupción de la autoridad cambien gradual y consistentemente el sentido de responsabilidad por el respeto y la justicia. Y al final, el mayor perjuicio que causa el silencio y la inclinación de los ciudadanos ante la falta de ética y la transgresión de la ley.

Lo peor de las cosas malas, sentenciaba Gandhi, es el silencio de los hombres buenos.  Estas convicciones y esos objetivos de la Fundación Panameña de Ética y Civismo –nacida formalmente hace 10 años– son los que trata de exaltar, a través de una amplia gama de actividades, tareas e inquietudes en búsqueda incesante, a todos los niveles de todos los sectores, de una cultura ética y cívica, caracterizada por el sentido de cohesión social y de equidad, de justicia y libertad.

Son muchas las personas, las organizaciones, los grupos que inspirados en este noble anhelo por la superación espiritual del individuo desarrollan –aún a costa de sacrificios, incomprensiones y peligros– una tarea que va mucho más allá del desprendimiento, pero que debe ser mejor estructurada y coordinada para evitar la duplicación y el recurso malgastado e, inclusive, la desorientación y el celo, no ausentes de toda actividad humana.

Por eso la Fundación Panameña de Ética y Civismo se empeñó, con el valioso apoyo del Ministerio de Educación (Meduca), en instituir por medio del Decreto Ejecutivo No. 596 de 17 de noviembre de 2008, el 18 de noviembre de cada año como el Día Nacional de los Valores Cívicos y Morales, para recordar el compromiso y concertar, sin protagonismo ni exclusividad, el esfuerzo de todos los panameños conscientes de su necesidad y de su importancia.

Este es el primer año que ponemos públicamente de relieve este Día Nacional de los Valores, de tanta trascendencia para el país. Muchas entidades y ciudadanos comprometidos con el bienestar y la convivencia de la comunidad han expresado su adhesión a esta cruzada.

El Meduca ha solicitado a los estudiantes del país, de los sectores tanto público como privado, escribir una composición literaria sobre la importancia de los valores éticos y morales; las universidades, no todas, realizarán actividades pertinentes.

Se calcula que solo con estas tareas podría llegarse a más de millón y medio de personas que tendrán la oportunidad de leer, escribir, ver frente a sus ojos, palpar, tratar de comprender estas mágicas palabras, estos conceptos esenciales para despertar su curiosidad y plantarlos en su conciencia. Así hacemos patria, de la sólida y permanente.

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Publicado el 18 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Noticia confidencial

La opinión del Abogado y Docente Universitario…..

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

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Noticia confidencial

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Sabemos que la voz es parte formal de la palabra y a su vez muestra un concepto que también es parte de la experiencia en el aprendizaje. Esta es una idea que forma o concibe el entendimiento, pero que al unísono lo analiza como un todo.

Veamos: “ Pendiente ”, puede ser aretes; una loma o una cuenta por pagar.  Se debe conocer la oración para darle el sustrato.  Otro asunto, la persona que lo expresa o sobre qué tema para subastarlo como: Aclaración, afirmación, confirmación, especulación, condición, etcétera, como en el reciente caso del secretario general de un partido en defensa de la procuradora y su estabilidad en el cargo, pero hoy acusada penalmente por particulares, pero es que esta defensa pública y gratuita no ha tomado en cuenta la deficiente labor desarrollada o los inciertos en tales actividades.

Otro delicado asunto es la publicidad sobre información sensitiva, propia de los Estados en la permanente lucha contra el lavado de dinero y delitos afines. Estas averiguaciones no pueden estar en manos particulares y es en caso extremo una obligación civil de entregar al funcionario del ramo en la más juiciosa privacidad.

Tenemos el artículo 24 de la Ley de Drogas, el cual ordena mantener bajo estricta reserva las informaciones de carácter confidencial, hasta verificar la pertinencia y conducencia y es entonces cuando se agrega al expediente.

Esto dentro de una investigación en proceso, lo que significa que antes de ello todavía son mucho más herméticos tales conocimientos, por cierto, privativos para los funcionarios y autoridades del ramo.

El artículo 2140 del Código Judicial, resguarda el peligro por la destrucción de las pruebas, razón por la que promueve la detención preventiva del acusado. El artículo 10 de la Ley de la DIJ prohíbe revelar las informaciones recibidas ni siquiera a sus superiores. Todas estas prudencias tienen el fin de salvaguardar el orden jurídico y el éxito en las investigaciones, que en este caso se empañan y nos afectan en todo el sentido de la palabra. El artículo 256 del Código Penal, se refiere a las divulgaciones de noticias falsas y el peligro sobre la Economía Nacional o el Crédito Público, por lo que decreta una sanción con prisión de dos a cuatro años, agravado si se sufre perjuicio de cuatro a cinco años de prisión.

El artículo 162 del Código Penal, habla de apoderarse o informar “ indebidamente del contenido de una carta, mensaje de correo electrónico, pliego, despacho cablegráfico o de otra naturaleza, que no le haya sido dirigido, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Lo que agrava con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días-multa, prisión domiciliaria o trabajo comunitario. Si la persona ha obtenido la información a que se refiere el párrafo anterior como servidor público o trabajador de alguna empresa de telecomunicación y la divulga, la sanción se aumentará de una sexta parte a la mitad.  Si con esto logra algún beneficio ”.

El lector puede notar que hay un interés en desacreditar al gobierno y además está condicionado en el caso en que se destituya a la procuradora general de la Nación.  La verdad es que este asunto se vuelve empalagoso por las muchas cuestiones adjuntas, pero que ahora van a revelar la noticia, sin condiciones. Ante semejantes eventualidades, debemos estar confesados.

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La descentralización no está en páginas amarillas

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…..

RAUL  LEIS  R.

La descentralización no está en páginas amarillas

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La descentralización en Panamá se empantanó. El gobierno anterior distorsionó políticamente el proceso descentralizador y el actual lo posterga a años de distancia.

Tirios y troyanos no parecen ver que la descentralización y el desarrollo local es parte de una necesaria reforma política y aspecto clave del desarrollo al redistribuir capacidades, recursos en el fortalecimiento del desarrollo local. Al país le urge una política pública, construida participativamente, de descentralización y fortalecimiento municipal y local, como elemento imprescindible de un desarrollo integral y equitativo. Nuestros líderes olvidan o ignoran que hace 10 años se estructuró una agenda nacional emanada del Pacto por la Descentralización y el Desarrollo Local, como compromiso entre partidos y sociedad civil, creándose a partir de ahí una entidad plural CONADEL (la cual coordiné) para monitorear y animar el cumplimiento del pacto. Lo firmado es claro: Impulsar decididamente la descentralización político administrativa del Estado panameño, como un proceso de transferencia gradual, equitativa y responsable de competencias, recursos humanos, tecnológicos y económicos, responsabilidades y poder de decisión desde el gobierno central hacia los gobiernos locales.

En la medida en que se efectúe esta transferencia es necesario propiciar en las municipalidades, el desarrollo de las responsabilidades y capacidades necesarias para asumir el proceso a escala óptima en el ámbito local y simultáneamente debe lograrse la modificación de las entidades del nivel central que tenían dichas funciones. El municipio es como la unidad político-administrativa del proceso fortalecido con una creciente participación ciudadana.

Promover una administración municipal eficiente, eficaz y transparente; propiciada por la contraloría social de la sociedad civil que erradique o mitigue la corrupción. Desarrollo de la capacidad de la gestión local que permita superar la falta de preparación de los gobiernos locales para asumir las competencias que poseen o que deban ser transferidas por el gobierno central. Establecer una política de personal dirigida al perfeccionamiento profesional del funcionario municipal. Establecer los mecanismos que propicien la formación de cuadros gerenciales requeridos, de acuerdo con las necesidades que exige la descentralización, generando la asistencia técnica necesaria para fortalecer el proceso. Es fundamental incorporar a los empleados técnicos y administrativos municipales a la Carrera Administrativa del empleado público, para lograr su adecuada y correcta profesionalización.

Incorporación de la dimensión ambiental en todo el proceso de planificación y ejecución del desarrollo local, incentivando la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones sobre la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales y ambientales que sean necesarios para la ampliación de las capacidades de sus habitantes. Estimular la educación ambiental participativa formal y no formal en el ámbito local. Compromiso de respetar la estructura de gobierno tradicional y comarcas de los pueblos indígenas y buscar su incorporación al régimen municipal salvaguardando su identidad.

Por ello el desarrollo local debe sumar además de infraestructura, generación productiva y puestos de trabajo a nivel local, el desarrollo humano y social en el ámbito local a través de programas participativos y educativos acordes con las realidades. Incorporar a la comunidad en el proceso de planificación participativa de las actividades de desarrollo local.   Aprobar los presupuestos municipales previa consulta popular sobre objetivos, prioridades y asignación de recursos. Implementación del derecho de iniciativa, referéndum municipal que otorgan la Constitución Nacional y leyes nacionales vigentes, e impulsar la adopción de otros derechos como el cabildo abierto, la revocación y la participación ciudadana a través de comisiones de desarrollo municipal.

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

De bases en Colombia a bochinches en Panamá

La opinión de….

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CARLOS E. RANGEL MARTÍN

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De bases en Colombia a bochinches en Panamá

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El pasado sábado la agencia Reuters señaló que el día anterior en la ciudad de Portland, Estados Unidos, se abrió el primer Café-Club de Marihuana en ese país  y que el único requisito para hacerse miembro era una prescripción médica.

Lamentablemente, al permitir la venta y el consumo de marihuana y otras drogas,  prácticamente en cualquier lugar y sin mayores consecuencias legales, los gobernantes estadounidenses son los principales responsables de la actual “guerra contra el narcotráfico”, que tanto dolor y muerte está causando en Latinoamérica.

Y no sería de extrañar que, debajo de cuerda, los fabricantes y mercaderes de armas estén contribuyendo significativamente a que este “conflicto” se prolongue indefinidamente.

Es de conocimiento público que las FARC están involucradas en el negocio de las drogas en Colombia; y, para complicar aún más la situación, el Gobierno estadounidense ahora piensa incrementar su ayuda a Colombia “para erradicar el narcoterrorismo”, utilizando algunas bases de las fuerzas armadas colombianas.

Acerca de esta ayuda, en un artículo publicado el pasado 12 de noviembre en el diario El País, Ernesto Samper alegremente afirmó que: “Está claro que por el tipo de equipos que vendrán a ellas [las bases] como aviones C–17, que cargan hasta 70 toneladas de material bélico, aviones Orion dedicados al espionaje electrónico, los poderosos aviones Awad [sic], verdaderas plataformas volantes de inteligencia y los Boeing 707, los nuevos equipos no serán para transporte masivo de narcotraficantes [¿atrapados?], fumigación aérea de cultivos ilícitos o localización de terroristas en las selvas amazónicas”.

Para ilustración de las personas pensantes, Wikipedia señala que los C–17 son aviones de carga, que igual pueden transportar personal o equipos de cualquier clase, no forzosamente “material bélico”; los Orion son aviones de vigilancia marítima; los Awacs son aviones de vigilancia aérea; y los Boeing 707 son aviones de vigilancia terráquea.

Entonces, a menos que el Gobierno estadounidenses posteriormente lleve otros equipos a Colombia, como los aviones y helicópteros ofensivos que mantenían en algunas bases en Panamá, la ayuda mencionada solo sirve para ayudar al Gobierno colombiano a localizar a narcoterroristas.

El Sr. Hugo Chávez sabe esto perfectamente bien e igualmente, sabe que dicho equipo también serviría para detectar a cualesquiera grupos armados extranjeros que osaran incursionar en territorio colombiano, algo que, aparentemente, no concuerda con sus deseos de distraer, como sea posible, al pueblo venezolano de sus actuales penurias.

Y aquí en Panamá no han faltado quienes, “para variar”, estén siguiendo la directriz del mandatario venezolano y, ayudados por el torpe hermetismo de algunos oficiales gubernamentales nuestros y la justificada suspicacia de las mayorías panameñas, están diseminando una cantidad enorme de bochinches que, si uno se fija detenidamente, no tienen ninguna sustentación con hechos tangibles.

Ojalá que, por la tranquilidad ciudadana, nuestro gobierno se apresure a detallar en qué consiste la ayuda que contempla aceptar del Gobierno estadounidense.

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Publicado el 18 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Noviembres de dictadura

La opinión del Educador…..

PASTOR E. DURAN E.

Noviembres de dictadura

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Los pueblos que olvidan su pasado son presas fáciles de los mercaderes de la mentira. Por eso es necesario recordar lo sucedido en ese oscuro retazo de historia patria que fueron los 21 años de dictadura militar.

El golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Arnulfo Arias, se perpetró el 11 de octubre de 1968.  Los partidos politicos fueron disueltos y desmembradas las organizaciones populares.  Numerosos dirigentes politicos y/o populares fueron detenidos, perseguidos y asesinados. Miembros de esas organizaciones populares y elementos de base del derrocado Partido Panameñista, empuñaron las heróicas armas guerrilleras, para hacerle frente al regimen despótico.

Veamos lo que sucedió en los meses de noviembre durante la dictadura: en el mes subsiguiente a su instauración, es decir, en noviembre de 1968 fue detenido por la Guardia Nacional (GN) y desaparecido en las tierras altas del occidente de la Provincia de Chiriquí, el campesino Marco Aurelio Rosas Martínez, miembro de la resistencia antimilitarista.

Un año después (1969) el 5 noviembre, después de ser detenido en la calle por la GN y llevado a la Alcaldía de la ciudad de David, al arquitecto Julio Alberto Samudio acusado de pertenecer a la resistencia antimilitarista, fue desaparecido.

Y el 13 de noviembre de ese año el menor Juan Demóstenes Araúz Miranda (16 años), estudiante del Instituto Nacional, fue detenido por la GN en Chiriquí, lo llevaron al cuartel de David y también lo desaparecieron.

Días después, el 29 de noviembre (1969) luego de ser sometido a crueles torturas, fue asesinado en la isla penal de Coiba el destacado dirigente popular y profesor de Filosofía del Instituto Nacional, Floyd Britton.

Un año antes, la misma noche en que los militares perpetraron el golpe de Estado militar (11 de octubre de 1968), Britton había sido arrestado en su residencia de Calle 4ta. Río Abajo, ciudad de Panamá, y conducido a la Cárcel Modelo donde guardó prisión durante un año, tras lo cual fue llevado al penal de Coiba, donde murió torturado, como lo dijimos arriba.

El 20 de noviembre de 1984 miles de panameños protestaron contra las medidas anunciadas por el Ejecutivo, que incluían la creación de nuevos impuestos (Ley 46), congelamiento de salarios a los empleados públicos y reformas al Código de Trabajo.

Al día siguiente, 21 de noviembre, el CONATO (Consejo Nacional de Trabajadores Organizados) realizó una marcha en la que participaron miles de personas (obreros, estudiantes y profesionales) contra las medidas anunciadas por el Ejecutivo e impuestas por el FMI (Fondo Monetario Internacional).

«Hay dos clases de comunistas: los que se venden y los que no se venden; a éstos los mato» (Omar Torrijos).

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Publicado el 17  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

De bases aeronavales et allí…

La opinión del Ingeniero….

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Eudoro Jaén Esquivel

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De bases aeronavales et allí…

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Parto del principio que todo país soberano tiene el derecho y la obligación de defender la integridad de su territorio nacional y aguas jurisdiccionales.   No creo que ningún compatriota estará en desacuerdo conmigo.   Nunca he estado satisfecho con la realidad de que dependemos de los estadounidenses para proteger nuestras aguas con la excusa de lucha contra el narcotráfico y protección del Canal.  Esta situación va en contra de mi sentido de nacionalidad.

Por esa razón estoy totalmente de acuerdo con la decisión de este gobierno de establecer bases aéreo-navales en puntos estratégicos de nuestras costas y mares. Confío en las palabras del gobierno que dichas bases estarán bajo el control de tropas panameñas.

No excluyo la posibilidad de que existan acuerdos de colaboración y ayuda técnica con otros países, inclusive los gringos. Acepto como normal llegar a acuerdos formales de esa naturaleza entre países amigos, siempre y cuando no lesione nuestra nacionalidad.

Como Embajador en Italia propicie la ayuda técnica del Arma de Carabineros de Italia para nuestra Policía. También existe una propuesta de Italia para el establecimiento de un red de radar en nuestras costas que aumentaría la detección de tráfico marítimo y aéreo ilegal; además de reforzar nuestra soberanía y reducir la dependencia en la Guardia Costera estadounidense para estos fines.

Estimulo al nuevo gobierno en interesarse en ambos proyectos.

 

Por el otro lado, debo expresar mi opinión que considero un mito la pregonada desmilitarizacion de Panamá.  Admitamos, lo que eliminamos fue el “militarismo”, que por definición es una corrupción del concepto profesional de militar de ejército. Es incurrir en actividades ajenas a sus funciones como es la toma del poder político por los militares.

Lo cierto es que a pesar de que nuestra Constitución prohíbe los ejércitos; contamos con ejércitos, salvo que los llamamos de otra manera; pero la intención y sus objetivos son militares en el sentido cabal de la palabra. Si aun lo dudan, basta solo ver el despliegue militar de nuestras fuerzas armadas en los desfiles y el orgullo que sentimos de verlos desfilar, inclusive usan niños mascotas para generar emoción. Como también lo vemos en el corte militar de los uniformes y la cadencia de marcha de los estudiantes.

(Continúa mañana).

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Publicado el 18  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.