Una regulación necesaria

La opinión de la Honorable Diputada de la República….
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YANIBEL ABREGO
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Una regulación necesaria
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La inconformidad manifiesta que por años han sostenido los usuarios de las tarjetas de crédito ha encontrado un paliativo con el recién aprobado proyecto de Ley 50, “Que tutela los derechos de los usuarios de la tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento”.
El proyecto fue una loable iniciativa de mis colegas Alcibíades Vásquez y José Blandón Figueroa, quienes tuvieron la determinación de llevar adelante este importante proyecto, y que a la vez resulta inédito en la legislación panameña.

Anterior a este proyecto solo existen varios acuerdos y circulares de la Superintendencia de Bancos, que dictan algunas normas que los bancos deben cumplir en relación con la atención a sus clientes y usuarios, lo cual incluye en modo muy general algunas medidas sobre las tarjetas de crédito. En este sentido, estas normas no contienen per sé una regulación del contrato de tarjeta de crédito ni de los derechos de los tarjetahabientes en relación con el banco emisor.

Los múltiples conflictos eran resueltos por disposiciones legales contempladas en el Código Civil y en el Código de Comercio en materia de contratación y obligaciones, y las de protección al consumidor establecidas en la Ley 45 de 2007.

Con este proyecto se innovarán en nuestro sistema jurídico las regulaciones en materia de utilización de tarjetas de crédito, así como aspectos de protección a los miles de usuarios de esta facilidad crediticia. A la vez se evita en cierta medida que los tarjetahabientes se endeuden excesivamente con el establecimiento de un límite, así como la incorporación del derecho de todo tarjetahabiente de protestar los estados de cuenta que le presente el emisor, también se busca garantizar el derecho que tiene el tarjetahabiente a recibir toda la información referente al uso de su respectiva tarjeta y los cargos que la entidad bancaria emisora tenga a bien aplicar.

Es evidente que ninguna entidad financiera obliga a los ciudadanos en la adquisición de una tarjeta de crédito, pero, tampoco es menos cierto que la persuasión que emana de sus intensivas campañas publicitarias se convierte en una espada de Damocles, que juega en ciertos casos con la necesidad económica de muchos panameños. Razón por la cual, el proyecto dicta normas sobre las obligaciones del tarjetahabiente, con el objeto de inculcar el sentido de responsabilidad y de compromiso que debe tener cada ciudadano con la utilización de su respectiva tarjeta.

En síntesis, con esta norma se garantizará una relación más clara entre los tarjetahabientes, las entidades emisoras, y los comercios afiliados, que garantice el respeto y los derechos de los usuarios de este tipo de instrumento de pago.

Finalmente, reitero que es un proyecto de justicia social impulsado por mis colegas Vásquez y Blandón, de igual manera le garantizo a la población que esta servidora como diputada siempre estará apoyando las iniciativas legislativas que se traduzcan en beneficio directo para la Nación.

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá  http://www.estrelladepanama.com,   a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Seguridad jurídica, nuestro imán

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La opinión de….

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ROSSANA URIBE

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Seguridad jurídica, nuestro imán

Panamá ha logrado atraer la mayor inversión extranjera directa (IED) de América Central, gracias a su estabilidad política, social y económica desde 1990. En el año 2007 la IED alcanzó los mil 907.2 millones de dólares y al cierre de 2008 se fijó en 2 mil 401.7 millones de dólares.

Según la Contraloría General de la República, las políticas implementadas en la década de 1990 influyeron en la composición del acervo en las actividades económicas del país, fortaleciendo otros sectores productivos. La IED acumulada al año 2007 de 13 mil 867.8 millones de dólares, sextuplica el acumulado a 1990 de 2 mil 274.9 millones de dólares, mostrándose los mayores flujos en los últimos tres años.

Catapultaron la IED la privatización de los casinos, el ferrocarril de Panamá, Instituto Nacional de Telecomunicaciones y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Mientras que a inicios de la presente década se ejecutaron notables procesos de fusiones y adquisiciones de empresas, como la compra de la Cervecería Nacional por inversionistas colombianos y suizos, y la adquisición de Grupo Banistmo por el conglomerado internacional HSBC en 2006.

La economía ha sido dinamizada por el llamado boom inmobiliario desde mediados de 2006 que transforma los sectores costeros de la bahía de Panamá, Costa del Este, Punta Paitilla, Punta Pacífica, San Francisco y la Avenida Balboa. Con miras a satisfacer la demanda del turismo residencial, los baby boomers y de residentes de todas las partes del mundo que llegan de la mano de empresas multinacionales que han decidido radicarse en Panamá por su excelente situación geográfica y condiciones de vida.

Panamá enfrenta ya necesidades urgentes de infraestructura vial y de transporte, para poder atender este crecimiento urbano y demográfico. No cabe duda de que el metro, la transformación del sistema de buses; así como las importantes autopistas y ampliaciones de los corredores anunciadas recientemente, requerirán de voluntad, capacidad técnica e inversiones para construirlos en el tiempo necesario, evitando así una desaceleración de este crecimiento que hemos vivido y del que somos parte.

Es notable observar que las principales economías del mundo han optado por privatizar y concesionar estas infraestructuras como lo son las autopistas, los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado, sistemas de transporte colectivo y aeropuertos, entre otros, en concesiones de 30, 50 y hasta 95 años como en Australia, destinando mayores recursos a gasto social como educación y salud, y porque generalmente en manos públicas, se vuelven focos de corrupción e ineficiencia. Para lograr esto se requiere una seguridad jurídica impecable para atraer y mantener inversiones a largo plazo.

El gobierno que preside Ricardo Martinelli, desde el 1 de julio de 2009 tiene como meta llegar este año a los mil millones de dólares en inversión directa extranjera.  Pero para lograrlo, es necesario un clima creciente de estabilidad jurídica. Panamá está en la mira de los inversionistas por ser una de las pocas economías que tiene proyectadas tasas de crecimiento positivo, de 2% a 3% para 2009. Sería inexcusable que el país pierda esta oportunidad y que se cristalicen las propias palabras del presidente Martinelli que dijo en el foro de Naciones Unidas: “Panamá será el mejor país de América para los negocios e inversiones”.

Diálogo, comunicación abierta y actuar en derecho son factores clave para ofrecer un clima favorable para la inversión local y extranjera. Mientras que la inconsistencia en los pronunciamientos públicos y falta de transparencia la ahuyentan. Panamá es y ha sido un imán de atracción, ojalá no comencemos a expulsar lo que hemos atraído

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El orden del cambio: ¿represión y aumentos?

La opinión del dirigente sindical y Secretario General de SUNTRACS….
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GENARO  LÓPEZ
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El orden del cambio: ¿represión y aumentos?
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En muchas ocasiones Frenadeso ha señalado que el ascenso de Martinelli a la Presidencia “es el cambio para que nada cambie”. Una conducción del Estado sumida en incapacidades y corruptelas, no permitían seguir con la alternabilidad formal de la partidocracia entre PRD y Arnulfismo, cuya credibilidad social era cada vez más baja.

Una vez establecido su “ cambio ”, el mismo ha requerido de la propia dinámica que los llevo al gobierno, los “ shows mediáticos ”.   Esta estrategia mediática, no obstante, no puede ocultar la continuidad de la política económica neoliberal que hace recaer sobre los trabajadores, desempleados, campesinos, indígenas, pobladores y sobre las capas medias el costo de sus medidas antipopulares, por lo que comienza a visualizarse, a pesar del poco despliegue de los medios de información social, la represión a un pueblo que busca que se atiendan sus demandas sociales y que anhela justicia.

El despliegue de exorbitante fuerza policiaca a los estudiantes universitarios que protestaban por la instalación de bases norteamericanas, pues, responden a su estrategia militar en la Región, disfrazadas como “ bases aeronavales ”, es un claro ejemplo de la política represiva que intenta imponer el gobierno.

Pretenden antes del 30 de noviembre instalar, en isla Chapera, la primera de las cuatro bases aeronavales (En isla Coco-Archipiélago de Las Perlas; en Bahía Piña-Darién y en Boca de Rambala-Bocas del Toro), so pretexto de combatir el narcotráfico (estrategia gringa que los organismos internacionales han reconocido como fracasada).

En este tema, una vez más el ministro de Gobierno y Justicia, hace gala de su prepotencia al declarar que el “ único consenso que se necesita es el del presidente, los tres jefes de la Fuerza Pública, además de su persona ”.   Igualmente señaló, “ Yo no sé si a este país le encanta pensar y sufrir de ese complejo de inferioridad, de que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Las estaciones aeronavales son ciento por ciento panameñas ”; sin embargo, olvida que fue él quien declaró que eran bases gringas y que públicamente ha reconocido que las bases recibirán apoyo de Estados Unidos.

Por otra parte, el gobierno adelantó el listado de regalos para el 2010 al pueblo panameño. En primer lugar, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) proyecta un incremento de 4% en la tarifa de energía eléctrica para el primer semestre, con lo cual una vez más se ponen del lado de las empresas de distribución eléctrica Edemet, Edechi y Elektra Noreste, a las cuales en lo que va de 2009, se les han transferido unos 15 millones de dólares vía subsidio.

En segundo lugar, el director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, reveló que “ dentro de los planes de su administración está revisar la figura del beneficiario de la institución, por la carga que representa para el Seguro Social ”; se insiste además en los déficit de los programas de IVM y EyM, con lo que no es de extrañar que comiencen a plantear la reducción o eliminación de dependientes y el aumento de la cuota de los trabajadores a la seguridad social. En esta materia, Frenadeso desde el 2005 señaló que el Estado debía asumir su responsabilidad aportando la totalidad del costo de los beneficiarios, igualmente que las cuentas individuales y las medidas paramétricas no eran una solución al problema.

En tercer lugar, ni hablar del costo de la vida, cuya canasta básica de alimentos se ha incrementado alcanzando, según cifras oficiales, los 266.85 dólares, pero ya se amenaza con aumentos en el precio del arroz.

Al pueblo trabajador lo cargan con aumentos de precios de la comida (20%) y se le programa para el 2010 aumento en el precio del servicio de electrificación (4%), de pasajes e impuestos (ITBMS de 7%), mientras que se le niega el congelamiento y control de los precios de los bienes y servicios básicos y no se termina por definir un aumento real del salario mínimo.

Paralelo a ello, el gobierno empezó a renovar la flota vehicular de los jefes, aumenta la contratación de directivos con altos emolumentos, continúan las compras directas que constituyen centros de negociados, siguen los viajes con grandes caravanas, continúa y se incrementa el nepotismo.

Frente a ello, el ciudadano común comienza a preguntarse: “ ¿dónde está el cambio? ”. Lo que parece corroborar que el orden del cambio es la represión y el aumento del costo de la vida para el pueblo panameño, lo que en realidad es más de lo mismo en los supuestos 20 años de “ gobiernos democráticos ”.

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá,   http://www.estrelladepanama.com,  a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.