Modelo de Estado y titulación de tierras

La opinión de…..

PUBLIO RICARDO CORTÉS C.

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Modelo de Estado y titulación de tierras

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Todos tenemos opiniones sobre cómo obtener el modelo de país que anhelamos. Esa visión propia, sea estudiada o empírica, representa nuestra ideología.  Cada cual tiene la suya. Las leyes también tienen ideología, porque las hacen seres humanos que las profesan.

Sin embargo, en un estado de derecho, cuando algún esquema ideológico se hace ley, deja de ser la simple opinión de un ciudadano o grupo, para convertirse en un mandato cuyo cumplimiento deviene obligatorio para todos.

Por ello es que en nuestro sistema la ley obliga a todos en el territorio del país y su ignorancia no sirve de excusa. Yo agregaría que la disconformidad con la ley tampoco da licencia para incumplirla. Más aún cuando hablamos de la Constitución, la cual –según la denominación alemana de posguerra– no es cualquier ley, sino la “Ley Fundamental”.

Esta premisa es de rigor al analizar las posiciones de los grupos de presión que legítimamente abogan por la aplicación de su particular visión ideológica. Por ejemplo, en el tema de la intervención del Estado en la economía. Por citar solo los extremos, existen, por un lado, los defensores del populismo de izquierdas, espejismo muerto en vida rescatado por Chávez, quienes serían felices con un Estado controlador al extremo, donde la propiedad privada fuera reducida a la mínima expresión, reemplazada por la burocracia.

En la otra esquina, también tenemos la visión de la ultraderecha manchesteriana de los newcons y sus imitadores locales, para quienes el Estado debiera reducirse a una expresión mínima, renunciando del todo a sus esfuerzos para equilibrar un poco los desniveles sociales. Para estos, instituciones como la seguridad social o la fijación del salario mínimo no son más que perturbaciones impertinentes dentro del mundo aséptico del laboratorio, donde el mercado y la pura iniciativa individual resolverían todos los problemas.

Al abordar el tema de la titulación de tierras, las reflexiones reseñadas cobran relevancia, sobre todo por la activa y casi religiosa participación de los grupos de presión que replican en Panamá la visión de la ultraderecha internacional, los cuales tienen todo el derecho a difundir su punto de vista, pero que –en mi opinión– se exceden al ofrecer su idea como la única posible.

En su visión reduccionista del tema, como el Estado no debe tener un rol activo en la economía, entonces el debate de la titulación de tierras se limita a un tema de propiedad privada, donde lo único en discusión es la forma en que se deben oficializar las situaciones de hecho, que cada cuál tome lo suyo y haga exactamente lo que quiera con ello, con la mínima regulación y visión global de parte de ese perenne intruso que es el Gobierno. La atención del “interés general” es dejada de forma absoluta a la sacrosanta mano del mercado, quien todo lo puede.

Sin entrar a hacer juicios de valor sobre la anterior visión de las cosas, me parece oportuno señalar que cualquier análisis desapasionado del tema debe partir de la premisa que confirma que tal enfoque, por más respetable que sea, está totalmente alejado del modelo de Estado contenido en nuestra Constitución.

La realidad objetiva que ninguna campaña mediática podrá cambiar es que nuestro modelo constitucional nos habla de un Estado que interviene en la economía. Puede que no todos estén de acuerdo, pero esa es la ley fundamental obligatoria para todos los panameños.

Basta darle una revisada al Título X de la Carta Magna, sobre “La Economía Nacional”, para recordarlo. Allí se dice, entre otras cosas, que las actividades económicas, aún cuando primordialmente de particulares, serán orientadas y dirigidas por el Estado (Art. 282); que el Estado planificará el desarrollo económico (Art. 282); que el Estado intervendrá en toda clase de empresas, para exigir la eficacia de los servicios (Art. 284); que el Estado creará empresas de utilidad pública (Art. 286); y que el Estado velará por la libre competencia económica y concurrencia a los mercados (Art. 298).

Hablando de titulación de tierras, por tratarse de un activo esencial, es precisamente dentro del anterior título dedicado a la economía donde aparecen las dos normas fundamentales. La primera es el Art. 289, según el cual el Estado regulará la adecuada utilización de la tierra, de acuerdo a planes de desarrollo, para garantizar su aprovechamiento óptimo. La segunda es el Art. 291, según el cual el territorio insular solo se puede enajenar para fines específicos de desarrollo del país, si el Estado lo declara zona de desarrollo especial y si se dicta legislación de aprovechamiento.

Las anteriores normas contienen un modelo donde hay un grado de intervención planificada del Estado en los procesos de titulación de tierras, para garantizar una visión global a favor del “interés general”. Ignorar esta realidad jurídica y obligatoria, en nombre de una simple  opinión ideológica, es tanto como no cumplir el reglamento de tránsito, alegando que nos parece incorrecto.

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Publicado el 12 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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