Hasta luego, Manolo…

La opinión del periodista….
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JOSÉ  HERNÁNDEZ
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Hasta luego, Manolo…

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¡Qué jodido resulta intentar escribir sobre un amigo con la mesura, la objetividad y la serenidad que él, de antemano, te habría exigido!   Pero como a los amigos se les quiere y se les aprecia con sus defectos y sus virtudes, me enfocaré en mi amigo Manolo Solís Palma.

Antes que todo debo advertir que, en vida, es bastante posible que quien menos se hubiera interesado en un día libre por su fallecimiento hubiera sido Manolo, porque el trabajo fue su constante, conjuntamente con otras disciplinas, como la puntualidad, por ejemplo.

Tuve el honor de ser su jefe de Prensa cuando ocupó el cargo de ministro encargado de la Presidencia, entre 1988 y 1989, y allí tuve su primera enseñanza.

No mezcló la amistad con el trabajo ni ella me eximió, ni aligeró mis responsabilidades.  Al contrario, por ser su amigo no podía fallar.

Es posible Manolo que, por ignorancia, miopía o pereza, las notas de prensa sobre tu muerte te pretendan encasillar en un espacio tan corto de vida política que no parece que hubieses muerto a menos de un mes para los 92 años de edad.

Sí, fue verdad que ejerciste el cargo de ministro encargado de la Presidencia entre 1988 y 1989, pero no puedo contribuir a que se ignore que también trabajaste dignamente en las salinas de Azuero; que fuiste un fogoso dirigente estudiantil y un activo dirigente político como parte de una generación con profundo sentido nacionalista.

Ojalá que los libros de historia e historiadores panameños no guarden en el olvido que fuiste elegido director general de la Caja de Seguro Social, en 1951, como también fuiste director de Catastro y de la Reforma Agraria.   Pero, sobre todo, que no se silencie el papel importante que jugaste en los aciagos momentos del 9 de enero de 1964 cuando eras el ministro de Educación y supiste conducir entonces todo el dolor estudiantil para evitar un mayor derramamiento de sangre inocente.

Tu impronta no la marcan solo 18 meses de un fin de década cuando también cayeron el Muro de Berlín y la tiranía de Nicolae Ceacescu. Ojalá alguien algún día se atreva a recordar que, mientras eso ocurría en Europa, acá en Panamá tu ingenio, tu olfato popular, tu tenacidad y hasta tu terquedad para convencer a tus compañeros de gobierno permitieron fraccionar el pago de los servidores públicos para romper entonces el cerco económico impuesto, incluyendo el cierre total de la banca.

También es parte de tu vida como ministro encargado de la Presidencia, Manolo, cuando pusiste a prueba tu formación académica y, con una calculadora portátil a mano, durante los meses de crisis te reunías con tu equipo de trabajo para confirmar las recaudaciones diarias y programar el pago de las obligaciones, especialmente de los jubilados y pensionados.

He tirado mano de mi memoria política para reseñar un espacio de tiempo de Manuel Solís Palma a quien, como ministro encargado de la Presidencia, le tocó dirigir los destinos del país en uno de los momentos más cruciales de su historia asumiendo la responsabilidad, como siempre lo hizo, al aportar su capacidad en todos los cargos que ejerció para el fortalecimiento de Panamá.

Hasta luego, Presidente.. Hasta luego Manolo..

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Publicado el 9 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La Ética en la Política (II)

La opinión y el punto de vista del Abogado…..

ALBERTO E. FADUL

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La Ética en la Política (II)

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Siempre he manifestado que los partidos políticos son empresas privadas con enormes privilegios que, al llegar al poder, no se desvisten del ropaje partidista. Asumen el control y todas sus acciones tienen que ver con los intereses del partido.

El ordenamiento jurídico del país está ajustado a sus querencias y objetivos de corto mediano y largo plazo.

Los dos partidos grandes, que devienen de fuentes diferentes, militarismo y caudillismo, al final actúan de forma similar.  La ética en la política se reemplazó por el feroz clientelismo político y el enriquecimiento injustificado producto de la corrupción.

Naturalmente, la ciudadanía panameña carece de una cultura política apropiada y, en alguna medida, hemos sido cómplices indirectos de su proceso atrofiado.

Hoy, con la elección del actual Presidente de la República, se nos presenta una oportunidad correctiva que tiene que partir de su labor gubernamental. Con pasitos cortos pero firmes y esperanzas de continuidad.

La introducción de la ética en su visión de prosperidad, ya no es una alternativa es una obligación.  Su equipo de trabajo debe reflejar sus expectativas en cuanto a sus programas de trabajo y todo lo demás que es necesario dentro de la filosofía del cambio.  Si el actuar ético no juega su vital función, no habrá garantía alguna de una continuidad que garantice las esperanzas de progreso.

¿Será ético continuar con el tamaño actual del estado operativo; no efectuar cambios integrales a nuestra Carta Magna, parciales al Código de Trabajo y otras leyes; permitir que los Diputados mantengan sus privilegios con estatus de derechos adquiridos y continuar con suplentes, absolutamente, innecesarios;   se puede seguir señalando actos de corrupción y no hacer nada al respecto; darle palmaditas a un Ministerio de Educación ineficiente e inefectivo; a la salud pública y al Órgano de seguridad del Estado?   ¿Qué es esto de casa por cárcel para funcionarios que han abusado de sus funciones y drenado, parcialmente, el erario público en ventaja propia?

De alguna u otra manera se debe reconocer que la justicia, a nivel de todos sus estamentos es, por decir lo menos, ineficiente y hacer algo al respecto, sino en el presente, hacia futuro.

Aplique la ética en su gobierno, ella iluminará el sendero a seguir para la continuidad de lo correcto y que el inhóspito pasado no vuelva a esgrimir sus garras.

¡No a la sala quinta!

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Publicado el 8 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Derecho o Poder?

La opinión de la periodista……

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Adelita Coriat

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¿Derecho o Poder?

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El concepto de derecho debiera entenderse como el conjunto de postulados inspirados de justicia, que regulan la convivencia social.

Un término abstracto que se desvanece en su aplicación, limitando su acción sólo a quien goza de poder. Así es como en nuestro país y en otros más, parece emplearse este término amorfo enraizado en un sueño idílico basado en la igualdad. Quien tiene poder, puede aplicar derecho, pero quien no lo tiene simplemente queda preso de la injusticia.

Para muestra un botón; hace ya más de dos semanas denuncié públicamente las falsedades que presentó el Asesor Legal de la Embajada de Estados Unidos David Wattley, en la investigación de la muerte de Franklin Brewster. Una colaboración bilateral, efectuada a nombre del gobierno estadounidense, pero de la que no existe ningún documento original que la avale.   Se afirma que se practicaron análisis en el laboratorio del FBI, y que las gráficas de los exámenes de poligrafía reposan en los archivos de esta institución, pero la verdad es que esto no es cierto.

En el FBI no hay nada que avale la asistencia con carácter bilateral que ofreció la Embajada de Estados Unidos en Panamá.   Es difícil de creer, especialmente si la ayuda proviene del FBI, una institución de reputación internacional. Pero ese fue precisamente el secreto, amparar la investigación en un paraguas de credibilidad para que nadie se atreviera a cuestionarla.

¿Qué cree usted que ha hecho la Procuradora ante semejante denuncia?  Nada.   ¿Cuál ha sido la reacción de la Embajada al cuestionar públicamente la credibilidad y autenticidad de dicha asistencia?  Silencio.

Es increíble como una entidad que dice representar a un país transparente y democrático, con justicia y derecho, sea capaz de encubrir uno de los escándalos más grandes que alcanza a sus organizaciones antidrogas. El pueblo espera su respuesta, y yo, soy la primera en exigirla.

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Publicado el 9 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Corrupción sin castigo

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La opinión de la periodista…..

BETTY BRANNAN JAEN

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Corrupción sin castigo

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PANAMÁ, R.P. –En estos 20 años desde que cayó la dictadura, uno de los grandes fracasos es que Panamá no ha avanzado un milímetro en la administración de justicia; y todos tenemos la culpa.   Si cada pueblo tiene los gobernantes que merece, igual puede decirse que cada sociedad tiene la justicia que merece. Las leyes, y la ejecución de ellas, son un reflejo de la sociedad.

En estos 20 años, cada gobierno ha hecho su show de reformar la administración de justicia, siempre valiéndose más de simbolismos que de sustancia. Por ejemplo, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares hizo el gran show de tumbar la Cárcel Modelo porque demoler la cárcel era mucho más fácil que investigar los abusos allí, castigar a los responsables y hacer reformas genuinas. Escribí a la época: “Las paredes de la Cárcel Modelo no tienen la culpa.   Lo que hay que demoler no son paredes, sino actitudes retrógradas, procedimientos absurdos, y un sistema de justicia penal que hace mucho tiempo dejó de funcionar”. (4 de agosto de 1996).

Igualmente, cada gobierno ha hecho reformas inútiles al Código Penal. Como ejemplo tenemos las de ahora, donde los para nada honorables legisladores hacen el gran show de “mano dura” contra el delincuente común pero –para auto–protegerse– no levantan un dedo contra los delincuentes de la clase política.

La táctica consiste en aumentar las penas para delitos comunes, pero no para delitos de corrupción pública. Como explicó la Alianza Ciudadana Pro Justicia en un memorando que circuló esta semana, la malversación de fondos públicos tiene una pena máxima de tres años y no admite detención preventiva. Igualmente, la corrupción de funcionarios públicos tiene pena de dos a cuatro años, con derecho a fianza.

Por contraste, el hurto con destreza o  abuso de confianza  tiene pena de hasta 10 años. Esto quiere decir, subraya la Alianza, que “es más grave robarse un tanque de gas en una residencia, que el robo descarado a los recursos del Estado”.  Igualmente, “para la  empleada doméstica que roba en la residencia donde trabaja se contempla una pena de cinco a 10 años, pero para el funcionario público que se enriquece ilícitamente con los recursos del Estado la pena es de tres a seis años”.

Claro que la Alianza había propuesto endurecer las penas para corrupción pública, pero la Asamblea se rehusó. La pena máxima (actualmente) para sobornos es cuatro años de cárcel; la Alianza recomendó aumentarla a 10 años. La pena máxima por ser “botella” es 300 días–multa y no hay castigo para el funcionario que nombre la “botella”; la Alianza recomendó una pena de hasta cuatro años para la “botella” y el doble para quien hizo el nombramiento. Para enriquecimiento ilícito de un funcionario público, la Alianza recomendó subir la pena de tres a seis años (actualmente), por otra de cuatro a 10 años.

La Asamblea no hizo nada de esto y todos sabemos por qué. Lo más triste es que ni siquiera importa que no lo hayan hecho, porque en Panamá es totalmente ilusoria la idea de que funcionarios corruptos vayan a la cárcel.   Sobre el papel pudieran dar 100 años de cárcel para funcionarios prostituidos y la realidad seguiría siendo que entre más descarada la corrupción, más felices y campantes se pasean por todas partes ostentando sus lujos mal habidos.

De miles de ejemplos en otros países que muestran lo mucho que nos falta por hacer en la lucha contra la corrupción pública, citaré solo uno. En Estados Unidos acaban de enjuiciar penalmente a un ex congresista por un caso de “durodólares”. Cuando sus abogados arguyeron que el comportamiento del susodicho estaba dentro de “un área gris” que no violaba la ley, el fiscal contestó que “90 mil dólares en el congelador no es un área gris”. El jurado condenó al ex congresista, quien encara hasta 20 años de cárcel.

Igualito que en Panamá, ¿verdad?

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Publicado el 8 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El arte de presentarse bien

La opinión del Pedagogo, Escritor y Diplomático…..

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Paulino Romero C.

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El arte de presentarse bien

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Una nación con sentido de progreso y con anhelos de superación, aspira a que los seres que la integren se esmeren por afirmar su cultura y no se aparten de las leyes de la corrección. A más sólida cultura corresponde una mejor sensibilidad, una más lucida actuación y una más segura simpatía por parte de quien nos trate y nos califique. Es imprescindible, pues, empeñarse por mejorar la capacidad, refinar los modales y ajustar las actitudes y las resoluciones a los principios de la buena conducta, los correctos modales y el afán de servir a los demás.

Pero si es importante mejorarnos por dentro, no es menos importante cuidarnos en lo exterior, evitando la dejadez y el desaliño. Debemos presentarnos correctamente vestidos en el trato con nuestros semejantes, cuidando las normas del aseo y la prolijidad. Triste impresión es la que causa un individuo desgreñado y mal entrazado.

El descuido en el vestir, la adopción de posturas incorrectas y el tono disonante en la expresión, son signos desfavorables cuando nos toca formar concepto de un semejante. El pretexto de la comodidad y la excusa de la falta de tiempo, son argumentos de poca o ninguna validez para justificar esas violaciones del comportamiento que nacen del respeto consigo y que ponen en juego la propia consideración personal. Triste posición la que eligen quienes creen que la dejadez de la vestimenta es testimonio de originalidad. Las extravagancias y las violaciones a las normas del orden establecido no pueden sino provocar desencanto y desagrado en quienes saben que la vida de relación está ajustada a reglas de seriedad de corrección y de respeto mutuo.

No estamos preconizando ni mucho menos que el mundo se llene de atildados petimetres, ni creemos necesario que al aspecto personal, al cuidado de un peinado o una vestimenta se destine más tiempo que el normalmente necesario. Pero sí insistimos en que es indispensable, por consideración a la propia persona y a los semejantes, vestir correctamente y no ofender con evidentes indicios de haber faltado a lo esencial de la higiene. El descuido en el vestir muchas veces no es un detalle aislado de la personalidad, sino la resultante de un descuido general y, lo que es peor, un índice claro que quien así se comporta no asume totalmente su papel en la sociedad y no está por lo tanto en condiciones de representarla dignamente.

Ningún ser humano puede aspirar al respeto de sus semejantes si no comienza por respetar a esa sociedad a través de las normas y reglas que ella impone. Y evidentemente, demostrar falta de respeto por la sociedad es actuar en ella con desaliño y falta de pulcritud. ¡Cultura y corrección es tributo de homenaje permanente a la Patria!

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Publicado el 9 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Poner nuestra barba en remojo

La opinión del Abogado……

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RAMIRO GUERRA MORALES

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Poner nuestra barba en remojo

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Reza el dicho popular “los males de otros son consuelo de tontos”, sabiduría esta del pueblo que nos viene como anillo al dedo para señalar que si bien en otras latitudes –verbigracia, México, El Salvador, Guatemala, Venezuela– las organizaciones criminales y la actividad delictual mantienen un acoso permanente y sistemático contra la paz y la convivencia humana, al punto de que algunos de sus gobiernos se han visto ante la relativa incapacidad de sus estamentos policivos para enfrentar el crimen organizado y todas sus secuelas, y de apelar a sus militares para parar esta esquizofrénica guerra que mantiene a nuestra sociedades en un estado de vilo permanente. Lo anterior no debe tenerse como excusa para concluir que en nuestro país, la delincuencia, sobre todo, la que articula el narcotráfico, las pandillas y el sicariato, no reviste tal gravedad y que hacemos la diferencia en Latinoamérica.

Las recientes declaraciones del ministro de Gobierno y Justicia, Lic. Mulino, que expone cifras relacionadas con la cantidad de panameños que hacen parte del mundo de las pandillas, viene a dar cuenta de estamos frente a un problema de extrema gravedad, lo que también sugiere el potencial y la capacidad de fuego a la que está expuesta la ciudadanía.

A manera de conjetura, lo anterior configura escenarios tenebrosos, insertos o tutelados seguramente por ese imperio siniestro y tenebroso que tras bastidores controla y manipula las redes de un poder infernal.   Nuestra institucionalidad y toda la sociedad civil, en ella los medios de comunicación social, vienen subestimando tal poder y, en muchos casos, si no se hacen los de la vista gorda, lo estimulan, con la imposición de un catálogo de antivalores y de todo tipo de culebrones, que no conjuran tales maleficios, sino que los abanican.

Me ratifico en señalar que si bien al gobierno del Estado le cabe la obligación primaria de abordar la situación descrita, también es cierto que dejar en manos de la policía tal responsabilidad sería un error fatal, que se traduciría en mayor incertidumbre ciudadana.

El Estado sigue sin contar con una estrategia criminológica, lo que dificulta un hacer científico para el abordaje de la situación planteada. En la medida en que la institucionalidad y la sociedad civil caminen distanciadas o separadas, la cuestión aludida tenderá a complicarse. Pobreza y desempleo, constituyen tierra fértil para el surgimiento de mayor criminalidad. Hay que crear los espacios democráticos para que el tema sea dialogado como un asunto de Estado.

No tengo la menor duda, en esta problemática todos tenemos algo que hacer y decir; los sindicatos, la iglesias, las organizaciones de profesionales, los empresarios, los medios de comunicación social son parte importante en la elaboración de la permanente requerida estrategia del Estado en materia criminológica.

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Publicado el 8 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los abogados y la corrupción

La opinión de la abogada…..
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Maribel Cornejo Batista

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Los abogados y la corrupción

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La señora Juana tiene a su hijo detenido y ha contratado a un abogado para que lo defienda. El abogado ya presentó el poder, la actualiza de cómo avanza el caso de su hijo y le cobra el primer abono de sus honorarios “profesionales”.   El detenido fue llamado a juicio y posteriormente condenado.   La señora Juana está desesperada y el abogado lo percibe, le anuncia que va a presentar un recurso de apelación y también le dice:  “no se preocupe, eso lo podemos arreglar allá arriba, deme mil doscientos balboas, que es lo que me están pidiendo en el tribunal, para que su hijo salga libre”.   La señora Juana no escatima esfuerzos y sacrificios y le entrega al abogado la suma solicitada.   Ella no tiene idea que su abogado ha cometido un delito.

Si el abogado se hizo entregar esa suma indebida con el pretexto de procurar el favor de un servidor del Organo Judicial (o de un testigo, perito o servidor del Ministerio Público), está incurriendo en un delito que se llama prevaricato. Tanto el Código Penal anterior como el actual, contienen este delito y forma parte de los delitos que atentan contra la Administración de Justicia.

Al hacer una comparación de ese delito en ambos códigos, tenemos que el actual registra un aumento de pena (dos a tres años de prisión), con relación al anterior (seis meses a dos años de prisión).   El código anterior consagraba como parte del delito, la pena accesoria consistente en la inhabilitación para el ejercicio de su profesión hasta por tiempo igual al de la condena, después de cumplida esta.   El nuevo código la eliminó del artículo que contiene el delito, pero la establece entre las penas accesorias y sentencia que “es obligatoria la aplicación de la pena accesoria… aunque no esté prevista en el delito de que se trate”.   Significa que si un apoderado comete el delito de prevaricato y resulta sancionado por el mismo, debe ser inhabilitado para ejercer la profesión.

Desafortunadamente son constantes los comentarios que se escuchan de apoderados que le piden dinero a sus clientes, porque a su vez el fiscal o el juez se lo ha pedido.   Ya vimos que si es un pretexto, el delito es prevaricado. Pero ¿qué sucede si no es pretexto, sino verdad?   La respuesta es sencilla, tanto el abogado como el servidor judicial que pidió el dinero, estarían incurriendo en delito de corrupción.   Y si el cliente de ese apoderado entrega el dinero a sabiendas que es para pagar una coima, entonces también le alcanza la conducta delictiva.

Tratándose de un pretexto, la Administración de Justicia resulta vulnerada, ya que en la mente de ese cliente queda la imagen de una justicia que está en entredicho.   Si el pedido del dinero es cierto, es la Administración Pública la que está en juego, porque todo servidor público recibe su salario del Estado y no corresponde a los usuarios del sistema hacer “pagos” a los mismos, ni para que haga, ni para que deje de hacer algo propio o contrario a sus funciones.

Corresponde a todo abogado, como auxiliar de la justicia, el deber de resguardar y proteger el correcto desenvolvimiento de la misma, lo que no se logra con el comportamiento descrito. Por eso, cuando su apoderado le pida dinero para entregarle a un testigo, perito o servidor del Organo Judicial o del Ministerio Público, revóquele el poder que le otorgó o absténgase de otorgárselo y denúncielo.

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Publicado el 9 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.