“Ahora le toca el pueblo”: contenidos o retórica

La opinión del abogado….
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Ramiro Guerra Morales

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“Ahora le toca el pueblo”: contenidos o retórica

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Décadas atrás, específicamente en el año de 1984, un nutrido grupo de jóvenes, hombres y mujeres, al igual que destacados profesionales e intelectuales panameños, en las elecciones de ese año, presentamos la candidatura del prestigioso médico- pediatra, Dr. José Renán Esquivel, a la presidencia del país.

La base de sustentación política de dicha candidatura, la constituyeron dos partidos , el PRT y el PICO, que dieron forma al FREPU (Frente Popular Unido), al cual se sumaron algunos grupos independientes, sin filiación partidaria , provenientes de las capas medias.

“Ahora le toca al pueblo”, fue el lema que acuñó la candidatura del José Renán Esquivel.  La frase en mención sintetiza la plataforma de lucha y el programa electoral, que daba cuenta de que se trataba de una opción, que se definía como democrática-popular, que colocaba como prioritarios los intereses de los sectores populares, en ellos las capas medias y los grupos del capital, con una visión nacional del crecimiento y el desarrollo.

“Ahora le toca el pueblo”, en buenas cuenta representaba un proyecto nacional de ampliación de la democracia en un sentido social y popular; reivindicaba igualmente la puesta en marcha de una reforma agraria, cuya filosofía apuntaba a dotar la tierra de un sentido social y productivo.

Como cuestión fundamental, se planteó como estrategia, la autosustentabilidad alimentaria del país. Tenía como prioridad uno, la modernización del sistema educativo, como mecanismo para erradicar la pobreza. La visión en materia educativa, propendía al desarrollo de una pedagogía de la conciencia en términos de creatividad y productividad, sin dejar de ponderar la importancia de las currículas y formación humanísticas. También se abogaba por un mayor protagonismo del papel del estado en el desarrollo del mercado interno (inversiones públicas) y se planteaba la necesidad de las inversiones extranjeras como fuente generadora de empleos y de modernización de nuestra planta productiva nacional.

El gobierno actual, del Lic. Ricardo Martinelli, ha venido a recrear, lo que en el pasado fue una consigna emblemática del Frente Popular Unido, sin embargo somos del criterio, que demanda de mayor concreción, para determinar los alcances estratégicos de la misma..

El “ ahora le toca al pueblo”, demanda de una mayor precisión conceptual, sobre todo en sus contenidos. En lo particular, somos del criterio, que dicha consigna no puede eludir la construcción de los necesarios espacios de entendimiento con la sociedad civil y los caminos que nos llevarán, por ejemplo, a cumplir con los compromisos del milenio en materia de educación, pobreza y salud.

En ese sentido el progreso y el desarrollo no se pueden construir sólo desde arriba; se requiere articular los de abajo. “Así se trabaja el desarrollo Nacional”.

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Publicado el 5 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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¿Hay cambio para los pacientes de Hemodiálisis?

La opinión del paciente de hemodiálisis…
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DAVID A. OCALAGÁN
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¿Hay cambio para los pacientes de Hemodiálisis?

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Hace unos cuatro años denuncie la injusta situación social—familiar en que nos mantienen a los pacientes que recibimos tratamientos de hemodiálisis ambulatorios (CSS y MINSA), que deseáramos ir al interior o viceversa con nuestras familias en los días feriados, para descansar fuera del ambiente rutinario, pero no contamos con cupos para los tratamientos en las salas de hemodiálisis existentes, y no hay autoridad de los servicios médicos a la que le preocupe corregir esta injusticia.

Los más de 1500 panameños que recibimos tratamientos de diálisis renal, aunque los encargados de los servicios médicos de la institución no lo crean, tenemos familias y amistades y también nos gustaría compartir con ellos los días de feriado nacional.

Esta situación es una prioridad de los cambios a que aspiramos los pacientes en tratamientos renales, que no podemos esperar seis meses, porque son de necesaria solución inmediata.

Los médicos y enfermeras encargadas de las distintas salas de tratamientos a lo largo del país, no realizan un tratamiento de diálisis a un paciente que no sea de su provincia o área, primero porque, según ellos, no tienen insumos adicionales para un paciente no programado, además de que es trabajo adicional y la institución no paga las horas extras y, por último, el paciente no es de esa provincia y, por lo tanto, no hay cupo , porque no hay riñón artificial disponible.

Aquel que no tiene la necesidad de realizarse los tratamientos renales para vivir, quizás no comprenda el doble castigo que significa esta denuncia social para nosotros, pues, debemos ver a nuestras familias partir todos los días feriados, mientras nos vemos obligados a quedarnos solos, porque no hay cupos disponibles para nuestros tratamientos en otras provincias.

Esta es una de las razones por las cuales los pacientes renales estamos preocupados con la asignación del nuevo director ejecutivo nacional de los Servicios de Salud de la CSS, que no tiene una estrategia nacional para resolver esta problemática nacional en la institución, porque si realmente tuviera disposición de escuchar esta denuncia pública no sería necesario realizarla, porque las soluciones estarían en caminos, para beneficio de todos los pacientes renales.

El Cambio debe llegar a todos, no solo a los que recibirán mejores salarios y privilegios por sus nuevos cargos, como el director ejecutivo de los Servicio de Salud de la CSS, los pacientes renales estamos en espera de que se ocupe de esta problemática sanitaria y que la respuesta no sea la privatización de los servicios de tratamientos renales, que lesionarán las finanzas de la institución, aunque quieran pintarlo de bondadoso.

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Publicado el 5 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Corruptos, corruptores, corrompidos

La opinión de…..

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MARCELINO GONZALEZ T.

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Corruptos, corruptores, corrompidos

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Hoy quiero referirme a un tema que está en boca de todo el mundo. Quiero hablar de la corrupción que ha tomado en la actualidad especial relieve, sobre todo a raíz de la comprobación, en países extranjeros, de vastas redes de negociados en los que han sido piezas claves personas “investidas de autoridad” o colocadas en cargos públicos, las que se han valido de su poder e influencias para favorecer intereses no limpios y ganancias ilegítimas.

Los hechos que ha reseñado la prensa han sucedido en países en que abunda el dinero, pero ¿no es seguro que en naciones más pobres no exista el flagelo de la corrupción? La corrupción se ampara en el silencio, en manipulaciones reservadas que procuran no dejar rastro. Una vez que alguien ha cedido a las insinuaciones de la corrupción, adquiere tejado de vidrio y se ve en la necesidad de guardar silencio y de aceptar, mal que le pese, un status de complicidad: quien se ha dejado corromper vivirá condicionado por el temor de que su situación sea conocida y de perder su fama.

En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se leen las siguientes acepciones al respecto: “Corromper: alterar y trastrocar la forma de alguna cosa. Echar a perder, depravar, dañar, podrir, sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera. Pervertir o seducir a una mujer. Estragar, viciar, pervertir. Oler mal”. “Corrupto: dañado, perverso, torcido”. “Corruptela: mala costumbre o abuso, especialmente los introducidos contra la ley”. “Corruptor: que corrompe”.

Como se ve, el horizonte de las acepciones castellanas de la palabra corromper es también muy amplio. En todo caso se trata generalmente de una situación moralmente reprochable, negativa e indeseable. En especial se puede subrayar el significado de “podrir”, que equivale a lo contrario a la vida, lo putrefacto. Es precisamente lo que sucede a una sociedad en que la corrupción se generaliza.

Como se ve, el concepto de corrupción es muy amplio. Se habla en forma general de la corrupción de las costumbres y esa calificación abarca muchas formas de actuación que destruyen la integridad moral del hombre. Aquí se restringirá esta reflexión a las formas de corrupción que tienen su origen en dádivas ofrecidas y aceptadas de modo incorrecto, con vistas a obtener decisiones favorables a los intereses de quien corrompe.

¿Qué hacer? Tener una formación moral sólida, fundada en principios firmes y no sólo en conveniencias, la transparencia en el manejo de los recursos de la sociedad, a todos sus niveles (las aguas corrompidas no son transparentes), la sanción justa de quien o quienes son sorprendidos en actos de corrupción, tanto de los corruptores como de los que se dejan corromper, cualquiera sea el nivel de su cargo o autoridad.

Pocas cosas son más desalentadoras que la impunidad de los corruptos, impunidad que es ella misma una forma sutil de corrupción.

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Publicado el 5 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El proceso veloz

La opinión del Abogado y Docente Universitario……
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CARLOS AUGUSTO HERRERA
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El proceso veloz

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Sobre la Ley 15 de 22 de mayo de 2007, creada para acoplar a la Policía Nacional sobre la investigación penal, que en nada ha favorecido a la sociedad de acuerdo a las estadísticas, ahora vienen con otra ley que agrava las penas, con una estructura eminentemente emocional, que no servirá para contrarrestar a la criminalidad.

Hay tres factores criminales que nos agobian, el primero es el homicidio doloso en todas sus manifestaciones. El otro delito también del crimen organizado, es el asalto a mano armada (robo). Estas serían las tres únicas modalidades delictuales a las que debemos agravar las penas por el momento.

El homicidio doloso con pena de cincuenta (50) años, con posibilidad de salir con libertad vigilada a los veinticinco (25) años; lo mismo que en los asaltos a manos armada (robos), cuya pena se establezca en treinta (30) años, con posibilidades de obtener la libertad a los quince (15) años.   Si los condenados vuelven a delinquir, primero pagan lo pendiente y luego la nueva pena sin descuento.

El asalto a los turistas con treinta (30) años sin posibilidad de rebaja de pena. Esta es una salida para aminorar las estadísticas en estos delitos y lo que tiene verdaderamente alarmada a la ciudadanía.

En la entrega pasada nos referíamos al homicidio doloso y sus variantes. Hubo la creación del artículo 132-A, con el cual aumentaron la pena de diez (10) a veinte (20) años, de un tercio a la mitad si la víctima resultara un miembro de la Fuerza Pública, cuya muerte se haya dado en el cumplimiento de sus funciones.

Esto no aparece en el Código Penal nuevo, debido a que se refiere a la muerte criminal de un servidor público en funciones, que sí aparecía anteriormente.   Es decir, se aumentó la pena por la muerte de un servidor público y de un policía como si no fuera lo mismo.

Otra legislación sobre muerte por delitos culposos con aumentos de penas de dos (2) a cuatro (4) años, con el aumento de una tercera parte si el delito se comete como consecuencia de una profesión; de cuatro (4) a seis (6) años de prisión si hay un muerto y un lesionado cuya incapacidad excediera de treinta (30) días, con una tercera parte agregada, si la realización es consecuencia del ejercicio de una profesión u oficio.

El entusiasmo aumentó la pena a la mitad si esto ocurre en accidente de tránsito terrestre, aéreo o marítimo, si el autor resulta ebrio o bajo la influencia de droga ilícita.

La verdad es que debió ser también droga lícita; se fueron a la competencia de velocidad o carreras ilegales, el abandono del lugar sin causa justificada, además de la suspensión de la licencia durante el tiempo de la condena.

En estos afanes reformaron el artículo penal sobre la asociación ilícita, de tres o más personas para cometer delitos y se aumentó la pena individual de tres (3) a cinco (5) años, y de seis (6) a doce (12) años si la asociación se fomentaba para cometer homicidio doloso, secuestro, extorsión, robo, hurto de autos y accesorios, delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía infantil, trata de personas, terrorismo o tráfico de armas.

Por supuesto que esta Ley 15 de 22 de mayo de 2007, en estos aspectos sustantivos, trató de equiparar las penas anteriores con el nuevo Código Penal que ya tenemos en vigencia.

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Publicado el 4 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Paralelismo regional

La opinión de…..

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MARCO JULIO DE OBALDIA

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Paralelismo regional

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Es preciso aclarar, ante todo, que la indulgencia presidencial para “meter la pata” no ha de tomarse como una patente de corso.   Si salimos de nuestras fronteras y observamos lo que ocurre en Honduras, nos percatamos de que efectivamente “los locos somos más”.

Considero que la salida propuesta por Panamá desde el inicio ha sido sensata, y si no aparentó acogida de parte de sus pares (quizás por estrategia diplomática), sí ha prevalecido a la postre con la “solución” a la cual han arribado.

Tal como fue palpable durante todo el conflicto, la soberbia fue un personaje primario y quizás continuará siéndolo.

Mi profesor de lógica en el Instituto Nacional nos dijo en una ocasión que el ser humano es el único animal racional, por consiguiente, es el único que puede actuar irracionalmente. He tenido ocasión de comprobar esto muchas veces y el caso de Honduras es una de tantas.

Si he interpretado bien el contenido del acuerdo, le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia dictaminar si Zelaya puede asumir nuevamente la Presidencia y al Congreso, la conformación de un gobierno de unidad nacional.

También he leído que los presidentes de Venezuela y de Nicaragua solamente reconocerán el nuevo gobierno si Zelaya lo preside… En mi lejana juventud decían en mi humilde pueblo que más vale un mal remiendo que un buen agujero, y los doctos miembros de la OEA habrán de idear alguna solución que permita a los hondureños elegir su próximo gobernante.

En Panamá, como en Honduras, ha surgido una situación que, hasta donde tengo conocimiento, está estancada; se trata de compra de ambulancias para el Ministerio de Salud.

También aquí la lucha de titanes ha propiciado la entrada al escenario de ese personaje de mal agüero, nunca bien venido, que es la soberbia.

Quienes han seguido este tema a través de los medios han de tener un criterio formado con respecto al asunto, por tanto, no considero apropiado de mi parte expresar mi opinión, toda vez que no contribuiría a solucionar el problema y podría ser contraproducente.

El año próximo entrará en ejercicio una nueva contralora; me parece indebido que sea recibida con un problema tan polémico sobre su escritorio, máxime cuando gran parte de la población tiene una opinión formada, además el asunto ha debido haber sido analizado prolijamente por personal de carrera de la Contraloría, formado por funcionarios que serán subalternos de la nueva contralora y porque los adversarios abiertos y solapados de la presente administración gubernamental, seguramente han perfeccionado una estrategia para atacar y desprestigiar a la nueva funcionaria en cuanto se posesione.

Es por tanto aconsejable que, al igual que en Honduras, en este caso menos notorio, se busque otra fórmula que conduzca a la solución diáfana del problema.

La urgencia por las ambulancias, existe, sin lugar a dudas, como también existen otras urgencias, pero ninguna amerita que personal probo y honesto arriesgue su buen nombre y el de su familia ante la opinión pública y eche por la borda toda una vida de rectitud, pulcritud y decoro.

Por todo ello y con el debido respeto, sugiero al Sr. Ministro de Salud que retire la solicitud presentada ante la Contraloría y proceda a confeccionar nuevos pliegos de cargo a fin de permitir que el Ministerio a su cargo adquiera las ambulancias que sean requeridas dentro de los plazos mínimos establecidos por las normas legales que rigen la materia.

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Publicado el 4 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Nuestra Bandera sigue siendo ultrajada

La opinión del Docente y periodista….
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OLMEDO CARRASQUILLA
Nuestra Bandera sigue siendo ultrajada
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Desde que se creó la Ley 34 del 15 de diciembre de 1949, por la cual se adoptan la Bandera, el Himno y el Escudo de Armas de la República y se reglamenta el uso de cada uno de estos símbolos, éstos siempre han sido ultrajados, antes por extranjeros ahora por los mismos panameños.

Nuestro emblema nacional, que es sagrado, que simboliza y representa a nuestro país ante el mundo, tenemos los panameños la obligación de rendirle tributo y mantenerle el respeto que se merece, de allí la obligación de inculcar a las nuevas generaciones el respeto a ella.

La Constitución establece penas y multas para los infractores hacia nuestros símbolos, pero las autoridades no las hacen cumplir, talvez por ignorancia a la Ley 34.

Otro aspecto importante, sobre los símbolos patrios, es la poca divulgación, educación y orientación que se le da al ciudadano sobre su uso correcto. La divulgación debe hacerse no solo para las fiestas patrias; ésta debe ser todo el año y por todos los medios informativos.

Fue ultrajada nuestra bandera en los sucesos del 9 de enero de 1964, cuando un grupo de patriotas quisieron izarla en la zona canalera; pero también ha sido ultrajada por las instituciones gubernamentales. Para muestra lo siguiente: Las extintas FFDD, como también el pasado gobierno, promulgaron el falso nacionalismo; pero dejaban izada la bandera después de las 6:00 p.m. y cuando llovía.

Los jefes y administrativos de instituciones estatales siempre han desconocido que la Bandera Nacional no puede izarse antes de las 7:00 a.m. ni permanecer enarbolada después de las 6:00 p.m. (artículo 6° Ley 34) y lo más lamentable es que en el Día de los Difuntos o Viernes Santos el pabellón pasa inadvertido y lo dejan izado hasta el otro día, lo mismo ocurre cuando decretan tres días de duelo nacional.

También hemos observado que en algunas instituciones educativas, han izado el pabellón invertido, tal como le aconteció hace varios años al presidente De la Espriella en la conmemoración de un aniversario más de nuestras gestas independentistas.

Lo más grave e intolerable es que el artículo 7° de la Ley 34 señala que es prohibido el uso de la bandera nacional a título de anuncio, propaganda comercial, en cantinas, salas de baile, casas de diversión, locales comerciales, en el pasado algunas empresas trataron de inculcar el nacionalismo con nuestro pabellón al frente, cuando es prohibido, ninguna autoridad puso coto al asunto.

Es un símbolo que muy pocos ciudadanos respetan y veneran, porque el falso nacionalismo siempre ha imperado y es el momento de inculcar a la ciudadanía el buen cuidado y respeto a la bandera y los demás símbolos patrios.

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Publicado el 4 de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los símbolos patrios

La opinión de….

OCTAVIO OCHOA GUILLEN

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Los símbolos patrios

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Desde la escuela primaria nos han enseñado que los símbolos patrios son la bandera, el escudo y el himno nacional, por eso, quisiera hacer un breve recuento de las leyes que los crearon y las modificaciones que han sufrido. La primera Ley fue la No. 64 de 4 de junio de 1904, que adoptó el escudo y la bandera y, además, llamó a un concurso para, inclusive, cambiar estos símbolos; hasta se permitió que extranjeros participaran en ese concurso.

El escudo que ganó fue el que ideó don Nicanor Villalaz. Se le pusieron solo siete estrellas, ya que Herrera y Bocas del Toro no existían como provincias, pero en esta Ley no se mencionó ni el sable ni el fusil, tampoco la pica y la pala, solo se menciona la cornucopia, la rueda alada, el águila, el Sol, la Luna, los cuatro pabellones y el lema “Pro mundi beneficio”.

El diputado Luis de Roux propuso otro lema que decía: “Aperire Terram Gentibus”, pero la Asamblea lo rechazó. Esta Ley adoptó la bandera, tal como la confeccionó doña María Ossa de Amador, además, a ambos autores se les pagó 200 pesos en oro. Posteriormente, se dictó la Ley No. 39 de 14 de diciembre de 1906, mediante la cual se adopta el himno nacional, que escribió don Jerónimo de la Ossa, con la música del español Santos Jorge. Estas dos leyes las firmó Manuel Amador Guerrero.

Unos años más tarde se dictó la tercera Ley, la No. 48 de 10 de marzo de 1925, que adoptó de manera definitiva la bandera, el escudo y el himno nacional; se le agregaron dos estrellas más para sumar nueve, porque se incluyó a Herrera y Bocas del Toro. Esta ley la sancionó don Rodolfo Chiari.

Bajo el primer gobierno de Arnulfo Arias se dictó la cuarta Ley, la No. 28 de 28 de marzo de 1941, donde se adoptan los tres símbolos patrios, nuevamente, pero se cambia el sentido original que el autor le dio al sable y al fusil que, en vez de significar “adiós a las guerras”, se le agregó “actitud de alerta en defensa de nuestra soberanía”. Se cambió, también, el lema inicial por el de “Honor, Justicia y Libertad”. Solo pasó un mes y se dictó la Ley No. 30 de 4 de abril de 1941, para señalar el uso de los tres símbolos patrios, o sea, cómo, dónde y cuándo se deben usar o lucir. Nos pareció un capricho del Dr. Arias cambiar el significado de los símbolos solo por la Segunda Guerra Mundial, muy lejos de nuestras costas.

La sexta Ley se dictó ocho años más tarde, la No. 34 de 15 de diciembre de 1949 y es la que está vigente hasta el día de hoy. Hasta se incluyó en la Constitución Nacional, pero esta Ley comete el grave error que dejó sin las cuatro banderas al escudo, ya que no las menciona, por lo que fue un soberano descuido del Dr. Arias, al sancionarla y no darse cuenta de tan visible error.

La séptima Ley fue la No. 71 de 11 de noviembre de 1955, sancionada por el mandatario Ricardo Manuel Arias Espinosa para señalar el 1 de noviembre de cada año como el Día del Himno Nacional. La octava, la Ley No. 28 de 30 de enero de 1967, sancionada por el Dr. Marcos Robles, sobre el uso de la bandera y el escudo. La novena fue Ley 35 de 27 de septiembre de 1979 que se dictó para izar la bandera en el Cerro Ancón las 24 horas del día, indicando que el pabellón medirá 15 metros de largo, por 10 metros de ancho. Fue sancionada por el presidente Arístides Royo. La décima Ley es la No. 49 de 15 de julio de 1998, para señalar dónde, cuándo y cómo debe cantarse o tocarse el himno nacional. Fue sancionada por el mandatario Ernesto Pérez Balladares. La undécima Ley es la No. 52 de 1 de diciembre de 1999, sancionada por la presidenta Mireya Moscoso la que se refiere al tamaño de la bandera y los establecimientos donde se debe izar.

Vale la pena señalar que Manuel E. Amador, quien diseño la bandera nacional dijo que el color rojo significa el Partido Liberal; el azul, el Partido Conservador; y el blanco, la paz entre ambos, después de la Guerra de Los Mil Días. La estrella roja significa “la autoridad y la Ley” y la azul, “la honestidad y la pureza”.

En cuanto al himno nacional, la música la escribió el español don Santos Jorge, en 1897, para el Himno Istmeño que había escrito don José Agustín Torres, luego Santos Jorge le propuso a Jerónimo de la Ossa, cuñado del presidente Amador Guerrero, que escribiera el himno que hoy tenemos y así lo hizo, quedándose con la música del Himno Istmeño.

Estas leyes establecen una pena de entre 5 y 200 balboas, o arresto equivalente, por el irrespeto a los símbolos patrios, una pena ridícula por tan grave falta. Es hora de legislar sobre esta materia en forma seria y responsable, además, se deben corregir los errores y no cambiar más los símbolos patrios. La corrección propuesta es regresar al modelo original de “adiós a las guerras” y agregar los cuatro pabellones, es decir, modificar la Ley 34 de 1949.

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Publicado el 4 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.