La operación Didi

La opinión del Periodista…..
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JAMES APARICIO
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La operación Didi

Cuando la procuradora general, Ana Matilde Gómez, dijo en la Asamblea Nacional que era víctima de presiones para perseguir a opositores, sin tener pruebas para iniciarles un proceso penal, bajo la velada amenaza de un juicio para sacarla del cargo, hubo sorpresas e inclusive incredulidad.

El presidente Ricardo Martinelli salió raudo y veloz a desmentir cualquier sospecha que apuntara hacia el Órgano Ejecutivo, como el conspirador de una conveniente maniobra para alinear el Ministerio Público a los propósitos del llamado “ gobierno del cambio ”.

En la democracia una de las apetitosas tentaciones de los mandatarios y gobiernos con visiones mesiánicas y discursos seudo moralistas es creer que todos los ciudadanos y sus instituciones tienen que aceptar el discurso oficial como lo único bueno y sensato, sin objetarlo, censurarlo, criticarlo o debatirlo.

Las autocracias ejercen de diversas formas el autoritarismo.

Una de ellas es apartar al crítico, desdeñar al adversario y crear una telaraña de dudas sobre aquellos que osen desafiar el orden imperial que su particular estilo de “ governance ” establece.

Los problemas de la procuradora Gómez iniciaron cuando comenzó a remover fiscales y promover procesos contra investigaciones que a su juicio no cumplían con los requisitos propios de un agente de la Ley.

Se le cuestiona que ningún personaje de alto perfil de la administración Mireya Moscoso esté preso, que algunos sonados casos se cayeran por presuntas fallas en la investigación de los fiscales o que en recientes denuncias aupadas por el Órgano Ejecutivo no estén detenidos ex presidentes y ex ministros.

Gómez ha sido clara en advertir que no se puede detener a un ciudadano por la simple sospecha, un chisme o una declaración de un brioso funcionario, cuyo principal propósito es aprovecharse del régimen mediático que vive el país, para achacar delitos y desmeritar al “e nemigo “ del gobierno y sus decisiones.

Para la administración Martinelli sería sospechosamente “ muy conveniente “ tener una Corte Suprema con un control ejercido a remoto, con una mayoría de magistrados leales al discurso oficial, una contralora general cuyas decisiones podrían estar influenciadas por el discurso político, más que por la reglas de las sanas prácticas de auditoría, un jefe de la Policía que justifica los abusos en vez de castigarlos y un Ministerio Público que base sus decisiones en caprichos y empecinamientos.

Las suspicacias son cada vez mayores.

Ataques abiertos el primo del presidente y autoproclamado zar anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega; publicaciones anónimas cuestionando las actuaciones de los fiscales y la procuradora y un juicio repentino, por una acusación de un fiscal cuyo despido estuvo relacionado con una investigación de un soborno o coima, del cual las investigaciones revelaron que se lograron de forma “ in fraganti “.

Es cierto que nadie está por encima de la Ley. Ni el presidente, ni la procuradora, ni los magistrados de la Corte Suprema o los funcionarios con mando y jurisdicción. Sin embargo, hay que hilar fino. La institucionalidad está en jaque mate y hay que preservarla.

El presidente Martinelli dice que no tiene nada que ver ni le interesa el proceso contra la procuradora Gómez, pero en la misma declaración afirma que “ no se puede estar interviniendo teléfonos en forma indebida “.

¿Y no fue su gobierno el que aprobó una ley para espiar todos los teléfonos, móviles celulares y correos de Internet a todos los ciudadanos, vulnerando la intimidad nacional?

Si en la actuación de la procuradora Gómez está casi comprobado que no hubo dolo, porque se trató de una investigación para acabar con una mala práctica, ¿cómo se puede concluir que eso es suficiente para enjuiciar, remover, despedir o castigar al fiscal general de la Nación?

Panamá es muy pequeño para que no lleguen a los corrillos, cafés donde se comentan los asuntos políticos o se analizan los acontecimientos, a la misma conclusión, “ cuando el río suena es porque piedras trae “.

En un país donde el presidencialismo es tan poderoso que impone decisiones a otros órganos del Estado, es indispensable, sano y necesario tener una Ministerio Público independiente, inmunizado de la política y alejado de los quereres de quien gobierna el país, con su ofensiva de eslóganes y prácticas populacheras.

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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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