La Sentencia condenatoria

La opinión de…..

Flor María González Miranda

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La Sentencia condenatoria

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Por el año 1887 vivió en Francia una señora de apellido Druaux, quien era alcohólica.   Su marido y hermano fueron encontrados muertos en su cama, los cuerpos habían permanecido allí todo un día, sin que ella lo comunicara a los vecinos.  Los forenses determinaron que ambos habían sido envenenados. No había otro indicio material.   Pero se supo que la mujer los había maltratado y expresado frases comprometedoras como: “mi hombre no llegará a viejo”, “nadie es irremplazable”.   A pesar de su negativa fue condenada a trabajos forzados a perpetuidad.

Pasados ocho años se observó que otras personas murieron en la misma casa en circunstancias similares.   Se descubrió que ello se debía a un gas tóxico que escapaba de un horno de cal.   Al ser revisado el caso de la Sr. Druaux, ella fue puesta en libertad.   La literatura informa de cientos de casos similares, cuyo perjuicio judicial ha sido irreversible.

La sentencia condenatoria exige mayor reflexión y cuidado porque, a través de ella, el Estado representado en el juzgador derriba el estado de inocencia que hasta ese momento ha acompañado al procesado.  Por ser una conclusión del juzgador sobre los hechos puestos a su consideración en el juicio oral y público, se exige que esté debidamente motivada; que el juzgador establezca los pasos lógicos-jurídicos que lo llevan a tener certeza acerca de la existencia de la culpabilidad del procesado, siendo la prueba su único fundamento.   A falta de certeza, se impone aplicar la regla in dubio pro reo (la duda favorece al reo).

Su estructura debe estar definida por apartados en los cuales el juzgador esté obligado a plasmar la relación de lo acontecido o hecho histórico (fundamentación fáctica); a señalar uno a uno cuáles fueron las pruebas practicadas en el debate oral y público (fundamentación probatoria descriptiva); a manifestar la apreciación que hace de las pruebas, indicando por ejemplo, por qué una prueba le merece crédito y cómo la vincula con el resto del caudal probatorio (fundamentación probatoria intelectiva); y finalmente a indicar el porqué aplica la norma penal e impone determinada pena (fundamentación jurídica).

El Código Procesal Penal (Ley 63 de 28 de agosto de 2008), cuya vigencia lamentablemente se ha pospuesto, impone el deber de motivar jurídicamente, de forma congruente, clara y precisa, las decisiones judiciales. Haciendo la salvedad que no suple la motivación jurídica la simple mención de las pruebas y la petición de las partes o de exposiciones genéricas. Entre los cambios que aporta, permite la libertad probatoria, es decir, el delito puede ser acreditado por cualquier medio de prueba permitido; advirtiendo que si la prueba es ilícita no podrá ser valorada.   Sin embargo, impone limitación a esa valoración libre cuando establece la sana crítica como mecanismo para apreciar cada uno de los elementos de prueba producidos en el juicio oral y público de forma conjunta y armónica, indicando que no se podrá contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos.   Su fin es claro: evitar el análisis arbitrario o manifiesta irracionabilidad del juzgador.

En cuanto al contenido de la sentencia, el código establece que debe contener la determinación precisa de los hechos y circunstancias acreditadas; la valoración de los medios de prueba con los que fundamente sus conclusiones según la sana crítica; las razones legales o doctrinales que sirven para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y circunstancias acreditadas, así como la participación del acusado y la fijación motivada de las sanciones que correspondan y su modalidad de ejecución.

Queda concluir que la motivación de toda sentencia es importantísima en el funcionamiento de la justicia penal, porque permite tener el control de esa actividad del juzgador, conocer su fundamento, su racionabilidad, lo cual no sólo elimina la sensación de arbitrariedad sino también evidencia el sometimiento del juzgador al imperio de la ley.

Por otra parte, la sentencia condenatoria debe estar fundada en la certeza del juzgador que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al procesado y la falta de certeza imposibilita al Estado a destruir la situación de inocencia construida por la propia ley que le ampara,  lo que inevitablemente conduce a su absolución.

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Publicado el 20 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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