Sed de transparencia

La opinión de….

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Roger Alberto Tejada

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Sed de transparencia
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La corrupción es un acto que debilita y daña, es un mal uso público (gubernamental) del poder para conseguir una ventaja ilegítima.  Implica aquellos actos contrarios a los procedimientos establecidos como norma dentro de la administración pública.  La corrupción socava la legitimidad de nuestras instituciones hasta debilitarlas por completo, atenta contra nuestra moral social, nuestra dignidad, vicia la gestión pública y golpea continuamente nuestro desarrollo.

Fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia debe ser la meta; combatir la corrupción de frente, generando conciencia, creando asociaciones o grupos que estén convencidos de que esta lucha no es fácil, pero es necesaria, y puede ser una de las más difíciles tareas que ha tenido el panameño. Combatir la corrupción es una responsabilidad de todos y es responsabilidad del Gobierno dar el ejemplo. Es necesario que en Panamá se erradique la impunidad y exista cooperación institucional entre los entes del Gobierno, buscando que la lucha sea efectiva.

Cada vez que alguien pide dinero para la agilización de un trámite o la clásica colaboración, nuestro país se hunde un centímetro más abajo, como la bella y singular Venecia.  Si escuchamos, preguntamos o consultamos a nuestros queridos abuelos, si fue verdad que ser funcionario público hace 50 años era de verdadero honor o respeto, su respuesta será afirmativa.  El sector público ahora, en la mayoría de los casos, está sumergido en un mar de inmoralidad, burlas y falsas promesas que nadie en este mundo con cinco dedos de frente puede aguantar.

Para muestra un botón, hemos podido leer y ver cómo diariamente la porquería de la corrupción sale a flote en nuestro mar. Casos muy recientes como el de la Red de Oportunidades, como el del Prodec, las concesiones, el famoso cuarto de lujo, las escuelas sin fibra de vidrio, etc. Tristemente, hablar de corrupción se ha vuelto algo muy común en nuestro país, curiosamente, se propaga más rápido que el A(H1N1). Es entonces un virus letal que atenta contra nuestra democracia.

Recientemente, el Programa Estado de la Nación realizó una encuesta sobre corrupción y tristemente arrojó que el 21.7% de los panameños opinó que “a veces se justifica” pagar una coima.  La misma encuesta mostró que “apenas” el 47.6% consideró como un acto corrupto que una madre pagara una coima para agilizar la obtención de documentos para uno de sus hijos. ¡Qué penoso!

Es hora que los jóvenes honestos, trabajadores y rectos tomen la misión de renovar lo oxidado o podrido de la vida pública; que la gente con experiencia, que cree en el respeto, y los padres de familia responsables hagan que las instituciones del Estado sean más transparentes. Si algún conciudadano me preguntase hoy ¿cómo erradicaría la corrupción?, mi respuesta sería esta: prevenirla, empezando por ti mismo (no coimees a los guardias); estar atento para detectarla (sé cuidadoso); se proactivo y denúnciala (no seas su aliado, recuerda que el que calla también es cómplice).

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Historia de un alcalde ilegal

La opinión de….

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Rafael Spalding

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Historia de un alcalde ilegal

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El Sr. Bosco Ricardo Vallarino ocupa ilegalmente el puesto de alcalde de la ciudad de Panamá.  Esta opinión no es un ataque personal, porque ni Vallarino ni nadie en el planeta Tierra puede legalmente ser alcalde de Panamá, si su postulación y elección es contraria a la Constitución y a las leyes de la República.

Durante la campaña para las elecciones de 2009 se cuestionó la legalidad de su candidatura, por ser un ciudadano naturalizado de Estados Unidos. Según la Constitución panameña, a todo panameño que adquiera la ciudadanía de otro país se le suspenderán los derechos ciudadanos. Entre otras cosas, esto significa que la persona no puede ni votar ni ser candidato a puesto de elección.

A pesar de esto, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) permitieron que el proceso electoral prosiguiera con Vallarino como uno de los candidatos a la Alcaldía capitalina, y al final resultó ser el candidato que más votos recibió.

Hubo una acción legal, alegando que la nacionalidad lo descalificaba para ser candidato a un puesto de elección, pero mientras el TE analizaba la acción legal, los diputados de la Asamblea Nacional pasaron una resolución en donde, de forma retroactiva, le devolvían los derechos ciudadanos, desde 2000. En base a la resolución, los magistrados del TE cerraron el caso y entregaron a Vallarino las credenciales de alcalde electo.

Los magistrados incumplieron con su responsabilidad al no descalificar a Vallarino durante la fase de campaña. Los diputados violaron la Constitución al presentar una resolución retroactiva que no es ni de interés social ni de orden público. Los diputados también violaron la Constitución al inmiscuirse, a través de una resolución, en un tema que es privativo del TE. Es decir, restituyeron los derechos civiles de Vallarino mientras que el TE investigaba la legalidad de la candidatura.

Los magistrados se basaron en un acto inconstitucional de los diputados para fallar sobre un tema que es de la exclusiva incumbencia del TE, no de otra entidad. Reitero, esta opinión no es sobre Vallarino, es sobre el irrespeto a la Constitución y a las leyes de nuestro país; es sobre la mala percepción que deja la falta de transparencia de los magistrados del TE y los diputados. La presencia de Vallarino en la Alcaldía es equivalente a un “golpe de Estado” a nivel municipal.

Los magistrados del TE y los diputados juraron respetar la Constitución y las leyes de Panamá, pero con este acto incumplieron su juramento. En conciencia, los magistrados, diputados y el alcalde ilegal deben reconocer públicamente que el asunto fue un gran error; una gran ofensa a la confianza que la ciudadanía les otorgó y un irrespeto al derecho.

En conciencia, los diputados deben retirar su inconstitucional resolución retroactiva. En conciencia, los magistrados deben rectificar su fallo y basarlo estrictamente en derecho. En conciencia, el alcalde debe renunciar. Está cometiendo una ilegalidad cada segundo que ocupa el puesto y la única forma de corregirla es con su retirada.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Universidad, en crisis

La opinión de ….

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Amarilis A. Montero G.

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Universidad, en crisis
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Nuevamente, se dan a conocer los resultados de las pruebas de admisión de la Universidad de Panamá. Solo alrededor del 56% de los, aproximadamente, 12 mil estudiantes que tomaron las pruebas logró su admisión a la universidad para el período 2008–2009. Las cifras nos dicen que hay menos estudiantes que parecen estar aptos para continuar estudios universitarios. Y digo “parecen”, porque a quien a menudo vemos en las aulas no es, precisamente, aquel estudiante con conocimientos básicos en áreas como el español y las matemáticas. Es por ello que una crisis académica en el ámbito universitario parece inminente ante la pobre formación que traen los egresados de las escuelas secundarias.

Aun cuando ya he reiterado mi preocupación por la educación media panameña en otros artículos, siento que en el ámbito universitario este problema hace crisis. Es tal el grado de retroceso que se observa en las aulas de nuestras universidades oficiales, que algunos colegas docentes sienten que es hacia el final de sus estudios que algunos estudiantes se “nivelan” en el grado de conocimientos que se esperaba al inicio de sus carreras.

En algunas ocasiones, he escuchado que los estudios de pregrado han pasado a ser preparatorios y que, al momento que un estudiante inicia un postgrado, se estaría aplicando lo que se debió dar en una licenciatura. Es decir, se baja toda una fase escolar, lo cual podría indicar que la preparación académica de un graduado de licenciatura pudiera estar lejos del perfil de egreso requerido. Desafortunadamente, la Universidad de Panamá no realiza pruebas de egreso para sus estudiantes graduandos de pregrado, por lo tanto, no tenemos ninguna estadística que nos indique qué tan bien preparados se gradúan.

Un graduando universitario no es analizado como al estudiante graduado de secundaria. No hay ninguna prueba al final de la carrera que determine el nivel de conocimientos que ha adquirido. ¿Se debe considerar una prueba de egreso para los estudiantes graduandos de la Universidad de Panamá? Respetuosamente, opino que sí, porque hay que evaluar el nivel de preparación o conocimiento y aptitudes que tiene el estudiante al final de su licenciatura.

Podría, inclusive, sugerir que se evalúe a los estudiantes a lo largo de la carrera con pruebas que determinen un progreso en su preparación. Muchas personas pensarán que para eso están los exámenes semestrales y las evaluaciones regulares por materia. Sin embargo, muchos se sorprenderían de los métodos de evaluación que se llevan a cabo en algunas asignaturas. Si al final el estudiante (y el docente) es consciente de que será evaluado, independientemente del curso o del profesor que haya tenido en los años de su licenciatura, tendremos un poco más de control de calidad en los graduandos universitarios.

Reitero que las pruebas de admisión deben de ser completas. Me preocupa que la prueba de conocimientos generales no se haya aplicado y, por ende, concuerdo con la Dra. Paulina Franceshi cuando indica que se están relajando los criterios de selección. Es como mantener el círculo vicioso de trasladar un estudiante deficiente a la siguiente etapa educativa. El problema es que la siguiente etapa es el potencial fracaso profesional del egresado universitario.

Por último, hay que hacer que el estudiante tome sus estudios con seriedad, a pesar de las precarias condiciones y pocos recursos con los que cuenta la Universidad de Panamá. Ya es hora de que se le ponga un alto a aquellos que desean conseguir un diploma escolar, sin dedicarle el mínimo esfuerzo y compromiso para su obtención.

Cada estudiante debe hacerse responsable de sus estudios y su progreso. Las pruebas de admisión de la Universidad de Panamá no distinguen si las escuelas estaban cerradas por huelga o contaminación de fibra de vidrio. Solo nos dicen que estamos mal en educación y seguiremos mal, si no hacemos de la educación un tema de Estado y de seguridad nacional.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las sanas divergencias políticas

La opinión de….

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Daniela Martínez

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Las sanas divergencias políticas
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La política debe garantizar, fundamentada en el derecho y en la norma jurídica, un orden y seguridad total que le dé estabilidad a la sociedad en medio de las diferentes opiniones e intereses que predominen.

Para que esta política pueda ser ejercida debe haber un poder, pero este poder, a su vez, debe emanar del derecho y, así mismo, el derecho debe generar poder, pero sin someter a nadie ni muchos menos pasar por encima de los intereses de la colectividad. Directamente de aquí sale el concepto de “ideología” que, básicamente, son ideas fundamentabas en principios específicos de los cuales se basan o se orientan los diferentes partidos en su función política.

Estas diferencias de ideologías en vez de destruir o limitar deben beneficiar a la sociedad, porque se formulan en su máxima expresión las diferentes perspectivas y opiniones de todos representadas en ideologías específicas. Se debe respetar el pluralismo político con el fin de que todos tengamos las mismas posibilidades de participar y ser tomados en cuenta.

En Panamá está presente el sistema multipartidista que considero muy importante, porque ayuda y permite que las minorías, que se sienten ignoradas, puedan participar. Pero, a pesar de que tenemos la cultura de un sistema multipartidista dentro de la variedad de partidos políticos que existen, la gran mayoría funciona únicamente durante los procesos electorales. Es decir, se preocupan por estar presentes durante las elecciones más que por tener membresía, dirigentes y metas concretas.

Mediante las elecciones es que la colectividad logra la expresión de su libre voluntad de elegir a quienes los dirigirán o representarán. Este sufragio universal en determinados momentos de la historia fue omitido, no tenía valor alguno, era ignorado. Hoy en día gozamos de una democracia basada en un sufragio universal, en donde somos libres de elegir y de participar. Tomando en cuenta la historia de Panamá, no debemos olvidar lo que nos ha costado poder llegar a un sistema democrático en que todos podemos participar por igual. En resumen, con el sufragio universal se dejan atrás todos los sufragios limitados. Hoy gozamos de la posibilidad de expresar nuestra voluntad a través del voto secreto

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hacia una sociedad libre de mercurio

La opinión de…

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Jorge G. Conte Burrell

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Hacia una sociedad libre de mercurio
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Desde hace miles de años, el mercurio ha sido utilizado por el ser humano en diferentes formas, sin prever los daños que la exposición a este metal pesado, tanto al medio ambiente como al ser humano, podría causar. Luego del descubrimiento de la enfermedad denominada Minamata por los japoneses en la década de 1940, que afectaba a la población de pescadores del pueblo del mismo nombre, mucho se ha avanzado en ese país, en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos para rediseñar procesos industriales, productos de consumo masivo libres de este tóxico metal y métodos para el reciclaje y almacenamiento de los desechos de mercurio elemental y productos que lo contienen.

El mercurio elemental es aquel liberado en algunos procesos industriales, como en la producción de cloro y de otros productos, y el manejo inadecuado de los artículos que lo contienen (como bombillos fluorescentes, termómetros, equipos de medición- tanto médica como industrial-, baterías, amalgamas dentales y la producción de espejos). También se libera en la producción de energía a partir del carbón y en la producción del clinker (materia prima para la producción de cemento); estos últimos son considerados como los más contaminantes en cuanto a mercurio. El mercurio es liberado por estas actividades humanas, y al ser este un metal pesado se hunde hasta llegar a los mantos freáticos, acuíferos y otros cuerpos de agua, o es evacuado a los sistemas de alcantarillados o en ríos y quebradas directamente, sin ningún control o filtro. Al entrar en contacto con el hidrógeno en el agua, el mercurio se metaliza y se convierte en el peligroso metilmercurio, que es absorbido por todas las criaturas que habitan los cuerpos de agua; luego, llega al ser humano a través del pescado y los mariscos que consumimos.

El consumo de pescado contaminado con metilmercurio afecta directamente el sistema nervioso central, principalmente, de mujeres en edad de fecundación (15-49 años) y en mujeres embarazadas de fetos menores de tres meses. Las consecuencias en estos grupos de personas son bebés con daños en el sistema nervioso central como sintomatología, y el autismo como enfermedad. Algunos otros grupos en peligro son las comunidades de pescadores artesanales y los pescadores deportivos, por su alto consumo de mariscos y pescados. Los efectos se localizan en órganos como el hígado, páncreas y estómago, entre otros.

En muchos países en desarrollo o en transición, la mayor concentración de este metal está en la producción de clinker para la industria del cemento, la producción de energía a partir del carbón, los termómetros y demás instrumentos de medición en el sistema de salud y odontológico (principalmente estatal) y el mal manejo de los desechos de productos con mercurio.

En Estados Unidos, los mayores contaminantes de mercurio son las plantas de energía a base de carbón, que actualmente reciben el rechazo de la sociedad consciente que busca energías alternativas –como la solar y la eólica–, cuya lucha se debe trasladar a nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas.

En Latinoamérica y el Caribe, con excepción de países como Brasil y México, cuya extracción de mercurio elemental y minería informal los hace grandes productores/usuarios de mercurio, el gran problema común que se encontró en un reciente taller de almacenamiento de mercurio, realizado en Montevideo y convocado por la Oficina Regional del Convenio de Basilea y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es la inadecuada disposición y almacenamiento de productos y desechos con mercurio. La tarea pendiente de los gobiernos centrales y locales, al igual que de la sociedad civil organizada, los centros educativos, las empresas y los medios de comunicación social, es alcanzar el objetivo de liberar a nuestra sociedad del peligroso mercurio, por medio de un tratado vinculante para el año 2013.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La importancia de la farmaco vigilancia y …

La opinión del ingeniero…

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David A. Ocalagán B.

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Los medicamentos, la importancia de la Farmacovigilancia y la nueva propuesta de modificación a la Ley 1
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Para muchos panameños, pasa desapercibida la importancia para su propia vida, de la necesidad de una regulación estricta en materia de la comercialización de los medicamentos en el país, ya que algunos desconocen que tenemos derecho a la existencia de una dependencia nacional que se dedique a la Farmacovigilancia, para garantizar la seguridad farmacológica en el uso de los medicamentos.

La actual Ley 1 del de 10 enero del 2001, que regula el uso de los medicamentos, dedica parte del capítulo IV (Competencia), artículo 9, para establecer, que será la Dirección de Farmacias y Drogas, la responsable de desarrollar y ejecutar la Farmacovigilancia en el uso de los medicamentos por intermedio de las organizaciones nacionales para tal fin, que no es otra que asegurar el reporte oportuno de las reacciones adversas en el uso de los medicamentos entre la población.

Hoy algunos panameños, con el pretexto de mejorar la oferta de medicamentos, oportuna supuestamente y constante, están discutiendo una propuesta de modificación a la Ley 1 del 10 de enero del 2001 sobre medicamentos, sin considerar la Farmacovigilancia porque según ellos, la población lo que desea es eliminar el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y farmacias sin dar la mayor importancia a las reacciones adversas que se presentan, en muchas ocasiones, durante el uso constante y combinado con otros medicamentos de estos fármacos, principalmente en niños, ancianos y enfermos.

La necesidad de organizar la Farmacovigilancia a nivel nacional en nuestro país, es una deuda sanitaria que está pendiente desde la entrada en vigencia de la Ley 1. Ahora le toca al Pueblo, nos dice el Gobierno nacional, en materia de salud pública, la organización nacional de la Farmacovigilancia debe ser incluida en la nueva propuesta discutida por comerciantes, farmacéuticas y proveedores, para que una vez por todas los médicos, pacientes y población en general, tengan conocimiento de cómo, dónde, cuándo y porqué, reportar una reacción adversa de los medicamentos recetados y la autoridad sanitaria mantener un registro nacional de estas reacciones adversas que causan daños irreparables en muchos casos, hasta llegar a la muerte del paciente.

Las autoridades nacionales de salud pública no deben mantener esta deuda social con la población en materia de salud. Cambio es lo que todos esperamos cuando veamos la implementación de esta actividad de seguridad sanitaria para la población y controles en el uso de los medicamentos, que tanta dependencia tenemos hoy día por los altos niveles de enfermedaddes crónicas que se desarrollan en el país de manera acelerada.

Necesitamos disminuir la mora de accesibilidad a los medicamentos, pero de manera segura y efectiva principalmente, no sea que por dar respuesta a la disponibilidad de los productos farmacológicos, la población nacional esté desprotegida ante los apetitos descomedidos de los mercaderes de la salud locales e internacionales.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los grandes escándalos públicos provienen de la alta sociedad panameña

.La opinión del empresario…
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Guillermo Roca Rivas
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Los grandes escándalos públicos provienen de la alta sociedad panameña

Desde el caso de Van Dam hacia el presente, los escándalos públicos provienen del sector de la alta sociedad política, social, familiar y gubernamental del país, sin que a nadie hayan castigado ejemplarmente. Desde hace muchos años los escándalos financieros, políticos, inmorales, sociales, familiares, judiciales, legislativos y otros, se han registrado por conducto de los elementos de la alta sociedad, sobre todo de algunos gobiernos y sus burocracias.

Los casos más sonados que han causado más impacto en la sociedad han sido Van Dam, el CEMIS, los contratos con los puertos marítimos, las privatizaciones de los servicios públicos, los sonados fallos judiciales, las aprobaciones de leyes legislativas, los escándalos en las transacciones en los contratos bilaterales y nacionales en los asuntos tributarios, los desfalcos financieros en algunos ministerios e instituciones públicas, las fortunas mal habidas, etc., donde los involucrados son elementos de la alta sociedad política, social, familiar, gubernamental y del sector privado, donde aparecen los nombres pero no los castigos ejemplares, sino las condenas simbólicas y los privilegios especiales que contribuyen una burla para la sociedad.

Esos escándalos públicos han sido funestos para la nación en su economía, su prestigio y su imagen internacional y su moral pública. Es lamentable para la nación y su población, que esos casos se hayan registrado sin que a nadie hayan castigado por el solo hecho de que sus autores son elementos de la alta sociedad, en vista que la patria y su población marginada es la que paga los platos rotos mediante sus impuestos y el alto costo de la vida familiar.

Es evidente que en esos escándalos no se registra la participación de elementos de las clases populares. La corrupción pública en Panamá se divide en dos sectores, la de alta sociedad que rinde más utilidad entre sus elementos y la otra de los sectores populares de menos ganancias, pero se ha generalizado tanto que hoy representa una profunda preocupación para la sociedad y para el futuro de la nación.

La nación y la sociedad observan con mucho interés y esperanza la política del nuevo Gobierno en poner orden y erradicar por completo la corrupción en el país, en base a la investigación y persecución sobre la conducta de los panameños de ayer y de hoy; sobretodo en los elementos que hayan hecho fortunas mal habidas y en los civiles que en contubernio con los militares del pasado, hicieron grandes fortunas a costa de la nación.

La sociedad está atenta de ver si el Gobierno está dispuesto a ponerle los cascabeles a los gatos y a los “monos gordos” del país, que han venido manejando el destino de la nación en los últimos 50 años de vida republicana; “Amanecerá y veremos” dice un viejo adagio panameño.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Abusos en la defensoría oficiosa

La opinión del Abogado….

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Irving Domínguez Bonilla

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Abusos en la defensoría oficiosa

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El artículo 217 de nuestra Carta Magna establece los medios a través de los cuales el Estado facilitará asesoría y defensa jurídica a quienes por su situación económica, no puedan procurarse o facilitarse un abogado, creando al efecto los organismos oficiales para lograr este objetivo.

Observará el lector que la norma constitucional hace énfasis en el hecho de que la persona no tenga los medios suficientes (situación económica precaria) para pagar un abogado para que pueda o defenderlo o bien asumir su representación como parte en una causa.  Pero ¿quiénes pueden acceder a este llamado amparo de proceso?, el artículo 1446 del Código Judicial señala taxativamente las situaciones en las cuales una persona podrá acceder a esta prerrogativa, y señala que esta no alcance a ganar la suma de cinco mil balboas ($5,000.00) anuales o bien que los bienes que tenga no alcancen un valor de cinco mil balboas ($5,000.00); aunado a lo anterior se requiere que el juez que conocerá la causa, previa petición del interesado, declare si tiene derecho o no a este privilegio.

La labor que desarrolla la defensoría de oficio del Órgano Judicial en este sentido es invaluable e indiscutible, ya que miles de personas de escasos recursos de los sectores más humildes de nuestro país se ven beneficiados de la asesoría y defensa de estos duchos abogados, en innumerables procesos de familia y civiles.

Sin embargo, debemos hacer un llamado de atención en cuanto a la defensoría oficiosa de la ACODECO, la cual, en la práctica, asume arbitrariamente la defensa de todo consumidor sin atender a las condiciones económicas del mismo, así veremos a estos defensores haciendo uso de su tiempo y medios proporcionados por el Estado, defendiendo la causa de una persona por problemas de garantía de un reloj Rolex o bien por problemas de una vivienda cuyo valor asciende a la suma de $100,000.00, los cuales a todas luces pueden pagar no solo un abogado, sino un bufete completo.

En la Ley 45 de 2007, sobre Protección al Consumidor, una sola norma regula la materia de la defensoría de oficio, por lo que se hace necesario aplicar las amplias disposiciones del Código Judicial, de forma supletoria, que regulan la materia del patrocinio procesal gratuito, con el fin de que no se de una desviación de los nortes reales para los cuales se instituyeron los defensores de oficio: defender las causas de los pobres.   Los entes jurisdiccionales deben, en este sentido, conminar el cumplimiento de las normas, esto es, hacer respetar la Constitución y la ley, de tal forma que solo aquellas personas que acrediten una situación económica precaria, puedan acceder al amparo de pobreza.

Permitir que nacionales o extranjeros con un alto poder económico se valgan de una supuesta laguna en la Ley 45 de 2007, para tener derecho a un abogado gratis, utilizando el dinero, bienes y horas del Estado, estaríamos aupando una forma de corrupción institucionalizada.


Esperemos un pronunciamiento obligante de los tribunales, ACODECO y los gremios de abogados sobre el tema.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diarioEl Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Leyes burlables

La opinión de…

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Guillermo Márquez B.

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Leyes burlables
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Algunas de nuestras leyes están redactadas en tal forma que carecen de eficacia para no ser burladas. Tal es el caso de la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999, sobre la declaración de bienes patrimoniales. Eso debe hacerse dentro de los diez días siguientes a la toma de posesión del cargo del funcionario a quien corresponde declarar ante un notario público e igualmente, tras el cese de sus funciones.

La mencionada ley tiene establecida multas para los funcionarios que no declaren, pero en la práctica, se ha mantenido, más del 60% de ellos sin cumplir con la mencionada obligación y las multas no han sido aplicadas, que sepamos.

En consecuencia, conviene establecer medidas más efectivas. Nos permitimos sugerir que se incorpore a la ley la disposición de que al undécimo día tras la toma de posesión del cargo, se considerará insubsistente el nombramiento de aquellos que no hayan hecho la correspondiente declaración.

Por otra parte, establecer la imposición de una determinada y fuerte multa para quienes al cesar en sus cargos no hayan cumplido con la obligación de volver a declarar dentro del término establecido y se les haga una investigación de oficio.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diarioEl Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ahora le toca al pueblo

La opinión del médico…

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César Quintero Sánchez

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Ahora le toca al pueblo

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No tengo la menor duda que no existe en este país, ni una sola de las áreas del acontecer ciudadano, que no posea múltiples informes de asesorías y consultorías realizadas en las pasadas dos décadas, sobre el diagnóstico situacional, y las respectivas políticas, planes, programas y proyectos para lograr el crecimiento y desarrollo en el corto, mediano y largo plazo de cada una de ellas.

En consecuencia se hace impostergable que hagamos un esfuerzo por concentrar todos los informes y pactos consensuados y entregados, para que una comisión de tan solo un puñado de técnicos, en cada uno de los sectores primario, secundario y terciario de la economía y de los temas sociales como la salud, el transporte, el trabajo, la vivienda, la educación y la seguridad social y pública entre otros, procedan a aplicar la metodología del planificador moderno que consiste en reproducir, borrar, copiar y pegar a fin de integrar un sumario de todo lo concertado hasta el momento y que tantos millones ha costado al pueblo panameño.

Coincido plenamente con aquellos que expresan que ya hay en nuestro país áreas del acontecer que han sido plenamente definidas y que se pueden considerar que poseen un Plan Maestro de Desarrollo o que les falta muy poco para perfeccionarlo. En éstas condiciones podemos señalar a los sectores: bancario, turismo, Canal de Panamá, Centro de manejo de carga intermodal y marítimo y Política internacional.

Quedaría por consensuar y priorizar la propuesta social y política que tiene que definir los lineamientos estratégicos de las áreas de: vivienda, salud y seguridad social, trabajo, educación, transporte y red vial, servicios públicos, producción y seguridad alimenticia, y las premisas que serán aplicadas en forma recíproca en la relación entre países de cara a la OMC y los TLC.

Como se puede observar hemos avanzado, pero el esfuerzo debe continuar en la intención de definir un portafolio de lineamientos estratégicos, tácticos y operativos que regulen el sendero que deberán transitar los diversos planes operacionales de los diferentes gobiernos que vayan ocupando el Palacio de las Garzas, en esta rotación programada entre la clase pudiente panameña, que va más allá que la de las simbiosis partidarias.

Lo único que aspira el ciudadano panameño es que todos esos miles de millones que producen los grandes negocios con y sin prebendas, se puedan filtrar hacia los estratos más humildes de la población, para que sus hijos también puedan avanzar en la escalera social y tener una vida más digna y plena, con una mejor vivienda, comida, educación, salud y trabajos bien remunerados.

Lo único que aspiramos es a que cada quien pueda llenar el sentido de sus vidas.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diarioEl Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hacia una seguridad social: solidaria, servicial y humanista

La opinión del Ex Director Encargado de la CSS
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Rolando Villalaz Guerra

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Hacia una seguridad social: solidaria, servicial y humanista

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Hace unos meses atrás, al presentar nuestra propuesta hacia la Caja de Seguro Social, hicimos énfasis en la necesidad de retomar y reforzar entre los funcionarios de salud, administrativos y médico de la Caja de Seguro Social una cultura de servicios, advirtiendo que si ello no se lograra, de nada valdrán los adelantos tecnológicos o herramientas informáticas que pretendan implementarse en esa institución. En ese sentido, recuerdo que una de las tareas que abordamos en septiembre de 2003 con el Dr. Alfredo Arango, fue llevar acabo charlas y pequeñas conferencias en distintos departamentos y direcciones para recobrar la auto estima del personal y tratar de brindarle a la población una atención con calidez y eficacia. Son innumerables las quejas que hay en áreas de atención al público por parte de los asegurados y de la forma poco solidaria y humana como se trata en ciertos casos a quien como propietario de la institución, va a buscar atención médica o de prestaciones económicas.

Sin demeritar los reclamos justos y solicitudes que hacen grupos o sectores a lo interno del Seguro Social, siento que a nuestro juicio, algunos han perdido la perspectiva de la razón de ser de esa institución, ya que quienes reclaman en las ventanillas, citas, medicamentos, cirugías o agencias, son los verdaderos dueños de la misma y es a quienes debemos mitigar cuando no se tiene la respuestas total a los que se pide, procurando que ello sea con calidez, inmediatez y satisfacción, ya que al final eso mejorará la percepción de la sociedad en general.

En esas charlas y pequeños seminarios que procuró llevar adelante el Dr. Arango con nuestro total apoyo, recuerdo haber observado un cambio en el estado de ánimo del personal, indistintamente que este fuera de salud o administrativo, pues muy pocas veces se había prestado atención a los factores o elementos de arrastre que llevan a esa insatisfacción del personal y que no todo es el problema económico, necesariamente.

Me permito hacer estos comentarios, pues en distintas instituciones públicas, no solamente el Seguro Social, hay “cementerios” de computadoras y otros equipos informáticos que de una administración a otra, consideró que se iba modernizar los servicios o trámites por esa vía, pero se olvidaron del recurso humano que debía o debe implementar en la práctica esas “modernizaciones” y al final la insatisfacción y los problemas continúan, pues suponíamos que con una varita mágica todos los problemas se resolverían de la noche a la mañana.

Las profundas transformaciones del Seguro Social, no se pueden medir en tiempo; si obviamos lo pertinente a la cultura de servicio, dejando claro que estos procesos de modernización implican que esos adelantos tecnológicos al implementarse, lleven a que menos personas hagan lo que antes manualmente hacían muchos, ese tipo de aspectos deben conversarse de manera franca y directa con los distintos sectores, pues de lo contrario, en vez de apoyar el cambio, esos mismos grupos o sectores serán un obstáculo no fácil de sortear.

En otro artículo abordaremos aspectos de los profundos cambios que pueden lograrse racionalizando los recursos de la institución y reorientando algunos aspectos que producen enormes gastos en el Programas de Enfermedad y Maternidad y cómo la Caja de Seguro Social puede coadyuvar al Estado a enfrentar la crisis económica mundial que nos afecta y por medio de ello se puede ayudar a promover mas empleo decente en el país y a su vez aumentar los ingresos de la institución.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Llamaradas de capullo?

La opinión de la Ex Diputada de la República….

MIREYA LASSOMireya Lasso

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¿Llamaradas de capullo?

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“Compradera de funcionarios” fue un brutal comentario hecho recientemente en un programa televisivo de opinión en referencia a la razón por la falta de acción de una institución pública llamada a proteger los intereses del consumidor.   Cuando no acabábamos de salir de una esperanzadora sorpresa por escuchar de viva voz lo que desde hace tiempo ha venido intuyendo la opinión pública, el propio jefe del Ejecutivo añade sal a la herida acusando a ciertos empresarios de haber pasado un sombrero coimero para evitarse una mayor carga impositiva.

Dado el alto perfil de quienes formularon estas acusaciones y del medio que utilizaron para hacerlas, ellas no pueden languidecer como fuegos fatuos, carentes de consecuencias más allá de los titulares de primera plana que provocaron.

Esta semana, cuando se cumple un aniversario más de la firma de los Tratados del Canal de Panamá, todos recordamos que en esa ocasión, a propósito de que nuestro país comenzaría a prepararse para asumir la responsabilidad por el funcionamiento del Canal, muchos manifestaron preocupación porque se pudiese seguir manejando esa función en la forma eficiente que, en general, caracterizó las prácticas de la administración norteamericana.

En forma alegórica y coloquial, se decía que en lugar de “ panameñizar ” la administración del Canal, debíamos “ canalizar ” la administración pública panameña.   Con ello se quiso advertir que, lejos de desdibujar las prácticas eficientes y los códigos de conducta que prevalecieron bajo la administración norteamericana,  no debíamos perder la oportunidad para copiar las bondades de esas prácticas y conductas éticas para elevar la calidad de la administración pública panameña, tradicionalmente cuestionada.

Precisamente cuando se elevó a rango constitucional la administración del Canal, el primer gobierno postinvasión respondió a esta inquietud para mantener a salvo de las malas mañas y de los vaivenes de la política criolla a esta importante organización y preservar así su tradicional buen gobierno.

Hemos visto recientemente un ejemplo de la sabiduría de esa decisión, aunque haya recibido escasa divulgación.

Un funcionario de la Autoridad del Canal y un empresario local han sido condenados a tres años de cárcel por haber cometido fraude en licitaciones públicas de la ACP, propiciando la adquisición de productos a precios exagerados, causando una lesión patrimonial de varias decenas de miles de balboas a la institución. El delito, cometido en complicidad por el empresario y por el funcionario, fue debidamente probado por la Fiscalía Anticorrupción, no dejando más alternativa que una condena ejemplar por parte del juez a quien le correspondió decidir el caso.

El sistema funcionó como desearíamos que funcionara siempre. El camino debe ser siempre igual: ante un delito cometido, la institución coopera en una investigación prolija que resulta en la acumulación de las pruebas necesarias para presentarlas al juez quien —valiente, imparcial y sin miramientos— envía a la cárcel a quienes resulten culpables.

El ejemplo indica que ese sector de la administración pública no se ha “ panameñizado ”, manteniendo sus altos estándares éticos. Está por verse si ese ejemplo se puede adaptar para “ canalizar ” viejas conductas conocidas y cuestionadas.

Las acusaciones de compraderas y coimas no pueden quedar en meras llamaradas de capullo: tienen que ser investigadas con la misma acuciosidad y la cárcel debe ser el justo resultado de juicios imparciales. Santo remedio.

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Publicado el 9 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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