La Seguridad de un Estado de Derecho

La opinión de…

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Oswaldo Fernández

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La Seguridad de un Estado de Derecho

Al finalizar los conflictos armados en América Central y consiguientemente la eliminación de las dictaduras militares, estos países se vieron en la necesidad de restringir la presencia de los aparatos militares dentro de la vida política del Estado.

Uno de los temas más debatidos era cómo pasar de regímenes autoritarios, donde el concepto de seguridad era drástico, a un sistema democrático, donde se respetaran los derechos y garantías de las personas, aun cuando estas fueran culpables; y que nadie fuese condenado sin el respeto a esos derechos y garantías.

El problema era mayor cuando la seguridad era (y es) un tema de debate en todo el mundo y que se encuentra en la agenda de todos los Gobiernos. No era nada sencillo pasar de Gobiernos Militares autoritarios y autocráticos a Gobiernos Civiles respetuosos de las garantías y los derechos, a los que los ciudadanos ávidos de seguridad, califican como débiles.

No es un debate simplista, por el contrario, es sumamente complejo. Quizás uno de los problemas que se confrontan en la actualidad sea la inexistencia de una Política Criminológica de Estado sostenida en el tiempo, que establezca una doctrina del Estado Panameño sobre la seguridad de sus habitantes coherente con las necesidades de la población.

Este vacío nos ha conducido a copiarnos de las doctrinas norteamericanas antiterrorismo y antinarcotráfico, que se han mezclado con las percepciones propias de los funcionarios políticos de turno en cada Gobierno.

Como lo han dicho expertos de Naciones Unidas, en los países donde no hay Fuerzas Armadas existe una ambigüedad entre la función militar y la función policial, que aquí se acentúa considerablemente por cuanto más de la mitad del estamento de las Fuerzas de Seguridad Pública posee formación militar. Además existen funciones que tienen una ascendencia más militar que policial, como la custodia de las fronteras nacionales.

So pretexto de combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia en general, algunos países han adoptado medidas de carácter general para, en nombre de la democracia y la seguridad, conculcar bajo el ropaje de Leyes arbitrarias, las garantías y derechos que dicen defender.

En un sistema democrático de Gobierno, la lucha contra la delincuencia se da dentro de los parámetros del debido proceso legal y a través de las autoridades constituidas, el Ministerio Publico y el Órgano Judicial. El Estado no puede ni debe invocar la violación a los derechos de los asociados bajo la premisa de que se los está protegiendo.

Estamos conscientes que es más difícil cumplir esta labor para un Gobierno en democracia que en dictadura; en democracia la sociedad tiene que pasar por el trauma de todo un proceso que ocupa tiempo, recursos y esfuerzos; al procesado hay que garantizarle todos sus derechos, empezando por el sagrado derecho de defensa, hay que conciliar a la víctima con su desesperación y la convivencia con la lentitud de los procesos.

Por eso en democracia se necesita funcionarios más capacitados, mayores y mejores recursos, leyes más transparentes y mejor organización social. Lo que ningún funcionario debe olvidar es que en Panamá ya no se puede invocar la eximente del mandato superior o de la obediencia debida.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La inmunidad

La opinión de….

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Samuel Lewis Galindo

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La inmunidad

Últimamente, por diversas razones, principalmente por investigaciones periodísticas, está en el debate de la opinión pública el tema de la inmunidad. Parece que ese privilegio cubre, en este país, a prácticamente a todos los funcionarios públicos, los diputados, incluyendo los del Parlacen; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral; los dirigentes políticos (las cúpulas); los candidatos a puestos de elecciones y algunos otros que escapan a mi memoria, disfrutan de la inmunidad que ha protegido en más de una forma los delitos que se cometen.

La inmunidad, está plasmada en nuestras legislaciones de manera que acogerse a ella es un derecho. Existen casos en que esta inmunidad ha servido para que queden impunes muchos delitos. La inmunidad en la historia de la humanidad tuvo sus orígenes cuando ese privilegio fue concedido a los templos e iglesias que amparaban a delincuentes. En Panamá, desde los inicios de la república, se les concedió inmunidad a los diputados para que no fueran objeto de persecuciones políticas en sus intervenciones. Con los años la misma fue ampliándose hasta el punto en que hoy cubre a casi a todo el mundo. Los países de primer mundo han abolido toda clase de inmunidades. Los ciudadanos todos, sin excepciones, son amparados por las leyes, pero deben cumplir estas y los violadores a las mismas no quedan en la impunidad.

Veamos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el cual con mucha frecuencia nos miramos: muchos senadores, gobernadores, alcaldes, vicepresidentes y aún presidentes han perdido su cargo por ser violadores de la ley; varios inclusive, han ido a parar a la cárcel. La constitución de EE.UU. es muy amplia en cuanto a derechos y deberes del ciudadano y nadie se siente, por más alto que sea su posición, por encima de la ley.

En Panamá desafortunadamente, vuelvo a reiterar, la inmunidad es sinónimo de impunidad. Ella ha permitido que se dilate, si es que se da, cualquier proceso y que delincuentes cometan sus actos violando las leyes de la república, sin recibir ningún castigo. Existen abogados que usan los argumentos de falta de jurisdicción para beneficiar a sus clientes ganando tiempo y al final de cuentas que los delitos por los cuales son acusados prescriben o duerman el sueño eterno en una gaveta de un funcionario. Nadie debe tener inmunidad en Panamá constitucionalmente todos los ciudadanos somos iguales.

Ningún delincuente que cuente con dinero y un par de buenos abogados ha pagado jamás por sus fechorías. Casi siempre encuentran en la inmunidad un paraguas bajo el cual cobijarse.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Colón

La opinión de….

Juan Jované

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Colón

La relación entre el desarrollo económico y el social de la Provincia de Colón, muestra lo que puede ser calificada de una situación notablemente paradójica. Desde la perspectiva económica se destaca no solo el hecho de que esta provincia genera el 52.% del total de la actividad comercial del país, así como el 23% de la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones, sino que, además, en la misma se produce el 15.% del PIB total, aún cuando sus residentes representan apenas al 7.2% de la población nacional total. Esto significa que el PIB por persona de Colón debería más que duplicar al promedio observado en el país.

Ello contrasta con la situación social de la provincia. Es así, y solo para dar uno de los ejemplos, que en ésta la porción de la población económicamente activa desempleada o subempleada asciende al 20%, cifra que supera el promedio nacional que alcanza al 18%. El desempleo y el subempleo de Colón resultan agudos para el caso de las mujeres, que muestran un nivel de desempleo del 8% y 15% para el caso de la subocupación. No es difícil, entonces, concluir en que Colón muestra una de las peores situaciones de equidad del país.

La falta de equidad se origina, entre otras cosas, en la forma de operación de la economía de la provincia, que genera una demanda de trabajo inadecuada, induciendo un elevado desempleo y subempleo, los cuales, a su vez, presionan hacia la baja a los niveles salariales. Esta forma de operación se explica, en primer lugar, por lo que Gunnar Myrdal llamó la causación circular y acumulativa, modelo que ha sido formalizado por Paul Krugman. De acuerdo a esta visión lo que ocurre cuando una ciudad pequeña se encuentra cerca de una más grande, es que el funcionamiento del libre mercado lleva a que esta última termine absorbiendo gran parte del capital generado en la primera y atrayendo sus recursos humanos más capacitados. Es esta situación, por ejemplo, la que llevó a la práctica desaparición de la que fue alguna vez una significativa actividad industrial ligada a la rama de los alimentos y bebidas que existió en Colón. Esto también explica por qué la actividad de la Zona Libre, el Canal y los puertos tienen un bajo multiplicador de empleos en el caso que nos ocupa. A esto se suma lo que, utilizando el concepto de Pablo González Casanova, se conoce como colonialismo interno, que en el caso de Colón se refiere a que los notables ingresos fiscales extraídos de la misma solo se gastan muy limitadamente en su desarrollo.

Los problemas de Colón no se resuelven con una simple alza de los impuestos a las actividades allí desarrolladas. La solución de los problemas de la pobreza de esta provincia requiere de un plan integral que asegure una efectiva renovación y ampliación de su infraestructura económica y social, que, además, utilice las políticas públicas para corregir la enorme falla de mercado que hemos señalado, logrando un proceso de avance en su nivel de industrialización. Lastimosamente las actuales autoridades mantienen un enfoque neoliberal incapaz de producir tal plan. La iniciativa deberá, necesariamente, surgir de los sectores populares y progresistas de la provincia.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panampa América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Partidocracia o democracia

La opinión de…

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Juan Manuel Castulovich

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Partidocracia o democracia

En el mal denominado “Programa de Gobierno” (en realidad propuestas electorales) que presentó el candidato Ricardo Martinelli, no hay referencias a los cambios que, con urgencia, requiere nuestro “Sistema Electoral”. Y entre los primero rumbos marcados por el ahora presidente tampoco hay indicios de que ese tema tendrá prioridad en su gobierno.

Las normas electorales, por ser piedra angular pora la construcción de un verdadero sistema democrático. Por tanto, es asignatura pendiente, que hay que abordar con tiempo y con la mayor seriedad. Para que no se repitan los exabruptos de las pasadas elecciones, las reglas electorales para las elecciones del 2014 deben estar definidas y aclaradas con suficiente antelación, preferiblemente, durante el primer año del nuevo gobierno.

El pasado proceso electoral puso en evidencia, de manera palmaria, que se requieren cambios profundos a las normas electorales si es que queremos avanzar hacia una plena democracia. Tradicionalmente se ha dejado que el Tribunal asuma y dirija el proceso para introducir reformas a la legislación electoral. Pero las conductas zigzagueantes y parcializadas de quienes lo integran aconsejan un cambio en los protagonismos.

Vivir en democracia es un derecho inalienable de los pueblos. Por consiguiente, el sistema electoral debe estar orientado para garantizarlo y permitir que sea el pueblo el verdadero protagonista. Pero, contrariando el sentido esencial de la democracia, el sistema vigente en Panamá está diseñado para favorecer la partidocracia, en perjuicio y con la exclusión de aquellos ciudadanos y ciudadanas a los que no les interesa ser miembros de un partido político o involucrarse en las actividades partidistas.

Las reglas electorales vigentes contienen una serie de privilegios y prebendas especialmente planificadas y diseñadas para consolidar la partidocracia, que es excluyente y contraria a una verdadera democracia.

Hasta el reciente fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el aberrante artículo 233 del Código Electoral, solamente los partidos políticos podían postular candidatos a la presidencia de la República. Y si esa norma se mantuvo vigente fue por la actitud contumaz del Tribunal Electoral, que desoyó todas las advertencias sobre su inconstitucionalidad. Dictado el fallo, se imponía que el TE procediera a reglamentar la candidatura independiente; pero nada se ha hecho en ese sentido.

Ya se ha anunciado que en el año 2010 comenzará una nueva ronda de “consultas entre el TE y los partidos políticos para revisar las normas electorales.” O sea, que se repetirá el mismo procedimiento de años anteriores. Los cambios que se deben introducir, y con urgencia, no son precisamente los que convienen a los partidos, pues deben enfocarse a acabar con sus injustos privilegios. Por tanto, sería iluso esperar que puedan lograrse por esa vía. Para poder materializarlos, es necesario cambiar el método y disminuir el protagonismo del TE y de los partidos. De lo contrario, muy poco cambiará.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panampa América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Luxemburgo, modelo a imitar

La opinión de….

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Lourdes S. de García de Paredes

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Luxemburgo, modelo a imitar

Con el nuevo gobierno existe la oportunidad de oro para el país de eliminar tantísimos patrones conductuales mezquinos que por años se han practicado impunemente; cambiar y mejorar, es sólo cuestión de actitud.

Luxemburgo, enorme jardín de escaso medio millón de habitantes, 40% de los cuales son extranjeros, es uno de los países más ricos del mundo, pero no era así 30 años atrás. No tiene recursos naturales, no tiene costas, no hay pobreza ni delincuencia; sólo producen dinero. Sí, dinero bien utilizado para todos los ciudadanos y residentes; sin embargo, es un país donde no se puede comprar la justicia con toda la plata del mundo.

Bondades que encontramos: los buses Mercedes-Benz, son municipales, del tipo articulados para el uso de todos; impecables, ultra puntuales, de conductor encorbatado y camisa blanca. Traen los periódicos del día para que el usuario lo lea y lo deje para el próximo lector. Usted puede ir sentado junto a un banquero millonario y ni se entera. Estos buses recorren la ciudad entera, llevan estudiantes por la suma de 55 euros o B/.78 al año. Al final del año escolar, le devuelven los 55 euros a los padres por cada hijo. No existen los tranques.

El ciudadano promedio habla cinco idiomas mínimo. Los baños públicos están más limpios que en mi casa (y soy compulsiva); se encuentran en perfecto estado, con papel, jabón, papel toalla, incluso un área especial para cambiar bebés con colchoncito habilitado. Esto se da desde el aeropuerto que lo recibe hasta el más recóndito lugar que usted visite.

Los camiones no pueden transitar los domingos por las calles ni las autopistas, porque ese día se reserva para el paseo familiar.

Si un anciano necesita asistir a una cita médica, lo busca y lo trae un busito especial, por un euro solamente, igual si lo que quiere es visitar algún amigo. El bus al aeropuerto cuesta un euro por pasajero con todas sus maletas. Si los jóvenes quieren ir a parrandear, existe un bus especial que lo recogerá a la hora estipulada donde quiera y lo dejará frente a su casa o su barrio, sano y salvo. Esto me pareció envidiable, podría dormir plácidamente toda la noche. Quieren evitar que los adolescentes manejen, minimizando el riesgo de accidentes con sus consecuentes elevadísimos costos asociados, amén de minimizar la contaminación de la ciudad.

¿Cuál es el secreto? Los políticos no roban y la deshonestidad es un bochorno, una deshonra. La corrupción gubernamental no existe. En Panamá se ha robado por más de un siglo. Luxemburgo tiene gobernantes preocupados por el bienestar de todos los ciudadanos, no de ver cuánto dinero pueden amasar durante su período. Está visto que no se tiene que ser grande para ser civilizado, apreciado, envidiado ni imitado. Panamá es maravilloso, ¡saquémoslo del abismo! Invito al nuevo gobierno a trabajar en pro del bien del país entero; tal vez no se logre en cinco años pero a un gobierno de respuestas concretas y beneficios públicos, cualquiera lo reelige.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los pobres no pagan impuestos

La opinión de….

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Ramón Barreiro

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Los pobres no pagan impuestos

Durante la presentación del proyecto de ley No. 33 que modifica el Código Fiscal, a duras penas pude contenerme de interrumpir la justificación de las propuestas realizadas para resaltar una sola cosa: ¡Los pobres no pagan impuestos!

Si lo hubiera dicho, probablemente me hubieran contestado que efectivamente los pobres no pagan impuestos, ya que no están en capacidad de contribuir a los gastos del Estado, y en cambio, los más ricos pueden y deben hacerlo, porque —y cito la exposición de motivos— “por sentido de justicia y equidad, los sectores más pujantes de nuestra economía deben adecuadamente contribuir con los gastos sociales, de seguridad y las obras de infraestructura que necesita nuestra República”, y además porque –continúo citando la exposición de motivos— “alcanzar la meta de vivir en un país de primer mundo requiere del aporte cónsone con la riqueza que se genera en nuestra tierra”.

Lamentablemente, los pobres no pagan impuestos por diseño, ¡porque es por diseño que son pobres! Son los propietarios y aquellos en capacidad de adquirir propiedades, en el marco de nuestras regulaciones, así como aquellos capaces de cubrir los costos para aprovechar los beneficios de los distintos tipos de personas jurídicas, quienes están supuestos a pagar impuestos. Estos costos adicionales impuestos por el gobierno para formalizar y adquirir propiedades, o para crear una persona jurídica, excluyen a los más pobres de un espectro importante de derechos de propiedad, sin los cuales jamás serán capaces de producir lo suficiente para salir de la pobreza y pagar impuestos.

El proyecto de ley hace más inaccesible para los pobres los derechos de propiedad. Se desaprovecha la oportunidad de eliminar el cobro previo a la inscripción de sociedades de la tasa única, cuando este costo excluye a los micro y pequeños empresarios de aprovechar los beneficios de las sociedades para iniciar sus emprendimientos. ¿Cómo se le va a cobrar impuestos a una sociedad que aún no genera ingresos?

Se reafirma la desprotección de los derechos de propiedad sobre los inmuebles, al condicionar la inscripción de títulos al pago previo de los impuestos sobre las ganancias de las ventas y sobre la transferencia del bien inmueble. En la práctica supone que es el comprador quien tiene que pagar a nombre del vendedor estos impuestos si quiere efectivamente adquirir un título reconocido legalmente sobre la tierra comprada; y todo aquel que ha estado involucrado en el traspaso de un inmueble sabe que el vendedor no paga estos impuestos, sino que exige al comprador que los pague de su bolsillo. Además de desproteger los derechos de propiedad, esto infla los precios de los inmuebles, al trasladar costos adicionales de transacción al comprador.

También resulta del proyecto que todos los fraccionamientos de inmuebles, una consecuencia de la facultad de disposición libre de la propiedad, son sospechosos de fraude y requerirán de la aprobación arbitraria de la Dirección de Catastro.

La propiedad no es un regalo del Estado a los particulares, es un derecho inalienable que surge de la exclusión que produce el uso continuado de un bien por una persona. Los Estados están supuestos a reconocer y defender los derechos de propiedad. La desprotección de estos derechos es el más importante lastre para el desarrollo del país y para lograr el objetivo de “alcanzar el primer mundo”. El gasto gubernamental no nos llevará automáticamente al desarrollo; es un marco institucional que respete los derechos individuales y que promueva las iniciativas privadas —especialmente las de los más pobres— lo que permitirá que todos los panameños tengan mejor vida.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La pesadilla de cemento

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

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La pesadilla de cemento

Algún día será convocado el Tribunal Internacional del Buen Gusto y los Espacios Amigables y allá, como en tiempos de brujas e iluminados, serán quemados a fuego lento –esta es una figura metafórica– los constructores y arquitectos que han convertido la ciudad de Panamá en el museo del sinsentido, la estética antiestética y el espacio privado.

No solo se ha construido de manera compulsiva, ilegal y de espaldas a un proyecto de capital que podría haber convertido a Panamá en un ejemplo en Latinoamérica, sino que no hay dos edificios que combinen, los arquitectos tienen un problema al rematar las torres y optan por ponerle cofia o copete a cuál más horripilante, y los constructores, obsesionados por el beneficio por metro cuadrado nos han convertido en la ciudad hito de la falocracia: todo hacia arriba a ver quién la tiene más… ¿alta?

Sortear todo este enjambre de torres es todo un mérito si se va a pie y encontrar espacios públicos donde sentarse a tomar el fresco –rodeado por 15 edificios de 30 plantas– o departir con vecinos o amigos es casi heroico. La ciudadanía se ha acostumbrado a este paisaje, y los anuncios de radio y televisión le insisten en que esto es “desarrollo”, “modernidad”, “como en Dubai…”.

La necesidad de espacios públicos es tan evidente que las panameñas y panameños se han lanzado a la llamada cinta costera a caminar, hacer ejercicio o festejar con cualquier excusa. El sitio no es agradable… se camina entre una vía de varios carriles con polución y ruido y una Bahía aún contaminada con algunos trocitos verdes salpicando el decorado. Pero la gente necesita de espacios públicos en una ciudad tomada por el cemento, los puentes, los elevados en medio del caos, los camiones de las constructoras y locales de lujo que se creen con el derecho de considerar la vía pública como su estacionamiento privado.

Toca una reflexión. El domingo, en este periódico, el urbanista Arturo Samper ponía los puntos sobre las íes y llamaba a los adefesios urbanísticos como lo que son: “fallas” que repiten los errores que otros países ahora están revirtiendo.

Hemos escuchado de muchos de nuestros políticos que el anhelo es ser primer mundo pero parece que cuando viajan no miran (o debe ser que en los hoteles de cinco estrellas en los que se alojan no se percibe la realidad). En muchos de esos lugares, y en muchas de las capitales de Latinoamérica, ya no se ven torres de cables eléctricos en la ciudad, el ordenamiento urbano se cumple, no hay casi ningún elevado que afee la ciudad y empeore la calidad de vida de sus ciudadanos, se está apostando por el transporte público e incluso por la peatonalización de las áreas céntricas y los parques son las nuevas catedrales de nuestra era.

He hecho referencia a las palabras de Samper porque, a veces, se hace más caso al experto extranjero que a las voces locales.  La Alianza Pro Ciudad y otras organizaciones de la sociedad civil lanzan permanentes alarmas sobre los desastres urbanísticos que se han cometido y se van a seguir cometiendo en la capital. El fin de Bellavista, la muerte inducida de San Francisco, el complejo entramado de San Miguelito, los atentados contra el Patrimonio en San Felipe o en Panamá La Vieja… todo se ha dicho y todo se ha ignorado.

El nuevo Gobierno no va por un camino diferente al terrible derrotero que tomó el anterior.  La continuación de la cinta costera hasta Casco Viejo es tan peligrosa como tratar de abrir una guayaba con un martillo sin hacer estragos;  el metro es un proyecto tan fastuoso como inviable –el famoso ejemplo de Santo Domingo es para reírse con un par de líneas que no sirven para mejorar la vida de los ciudadanos sino para “sentirse” primermundista–, y en Vía Argentina, antes de ordenar el caos vehicular actual se plantea una obra innecesaria y pedante al servicio del ego del arquitecto del reino, financiada con el Prodec.

Es hora de que los ciudadanos nos paremos ante estos despropósitos. La ciudad que construimos es la que nos devuelve violencia, estridencia y malestar… La ciudad que podemos construir aún debe ser a escala humana, respetuosa con el concepto de lo público, sin más rellenos ni pegotes, sin más torres que solo sirven para lavar plata o para enriquecer a unos pocos. Es hora de parar la locura del cemento antes de que nos parezcamos al monstruo que comenzamos a ser.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Democracia y sistema interamericano

La opinión de…

Pedro Sitton Ureta

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Democracia y sistema interamericano

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, reza el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana que, en los actuales momentos y con las crisis políticas internas en Honduras y otros países, pareciera ser un retroceso en el proceso de internacionalización de la democracia en América Latina y un nuevo fracaso de la OEA, en especial de su secretario general, en su rol de mediación para la solución pacífica de controversias.

El caso hondureño es un paso hacia atrás en la construcción de la denominada “democracia global”, anhelo actual de la comunidad internacional la cual se ve reflejada en la Declaración del Milenio de la ONU, en donde la defensa de la libertad, la democracia y el gobierno participativo basado en la voluntad popular son principios necesarios para asegurar los derechos humanos como valores fundamentales y necesarios en la constitución de las relaciones internacionales de los Estados.

Por ello, es condenable el rechazo del plan de paz presentado por el presidente Óscar Arias, en su rol de mediador, por parte del régimen de facto hondureño y el mismo se constituye en una bofetada a la necesaria paz regional que requiere por parte de los gobiernos latinoamericanos de una postura más cónsona con los ideales democráticos expresados en los referidos documentos internacionales que conlleven a acciones diplomáticas sancionadoras que permitan una vuelta inmediata a la democracia en Honduras.

Sin embargo, la tenue posición de EU, aunada a la postura de actores foráneos, como es el caso de la Unión Europea, y su decisión de permitirle seguir negociando acuerdos comerciales y políticos al gobierno de facto de Micheletti son una muestra de que las potencias no terminan claramente de entender la idiosincrasia de Latinoamérica y la necesidad del no retorno de regímenes totalitarios como los vividos en décadas pasadas que pensábamos superados. Así pues, el regreso al poder del presidente Zelaya, punto crucial del Acuerdo de San José, se complica ya que a pesar de que la comunidad internacional ha manifestado que no reconocerá las elecciones realizadas por un gobierno de facto la realidad de la política pragmática nos indica que por encima de la voluntad popular soberana de una población no puede haber intervenciones foráneas que cuestionen esa voluntad expresada libremente en las urnas, a pesar de que las mismas hayan sido convocadas por un gobierno de facto.

La democracia latinoamericana no es solo una cuestión de buenas intenciones plasmadas en documentos rimbombantes, sino una necesaria renovación de los entes regionales que deben estar encargados de la promoción de la misma para que pueda germinar una “cultura democrática” en la cual el ciudadano confíe plenamente en el actuar de sus gobernantes y en donde las sanciones internacionales eviten los excesos estatales en detrimento de los derechos humanos y las libertades públicas de una población que empieza a frustrarse de ver cómo el carácter mediador del sistema interamericano ha fallado en demasiadas ocasiones para preservar las reglas del sistema democrático.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Las ‘soluciones’ políticas

La opinión de…

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Hipólito Arroyave

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Las ‘soluciones’ políticas

Nuestra historia patria y mundial está llena de ejemplos de esta disculpa barata para justificar las violaciones a las leyes fundamentales, principalmente a las constituidas en cualquier carta magna de cualquier país. Una solución política fue la que Omar Torrijos ejecutó cuando le dio el golpe de Estado a Arnulfo Arias, el 11 de octubre de 1968. Igual fue la disculpa de Pinochet al derrocar y matar a Allende, el 11 de septiembre de 1973. Otra solución política fue el reciente golpe de Estado en Honduras. Y finalmente solución política fue la que le dieron al caso de la doble nacionalidad del flamante alcalde de la capital.

Un golpe de Estado no está justificado provenga de donde provenga. “El fin justifica los medios”, dirán los politólogos criollos defensores de estas soluciones políticas, pero es allí en donde chocan las ideologías de cada persona, sea de derecha, izquierda, fascista, neoliberal, etc. Todo es según el cristal con que se mira, y nuevamente caemos en el cristal de “la conveniencia”.

Para cualquier grupo es buena una solución política aunque con ella pisoteen la Constitución. Pero, las soluciones políticas democráticas existen, sin caer en la violación flagrante a nuestras leyes. Me atrevo a opinar que una solución política para tener una oposición digna en este país, en este momento, es la fundación de un nuevo partido político.

El PRD no tiene el peso ni hizo los méritos para ocupar esta posición. El Gobierno actual está demostrando, toda la maraña, hediondez y corrupción en la que estaba sumergido el país en manos de este partido político. El Ministerio de Educación, el Mides, el Mivi, la Asamblea Nacional, y hasta el Ministerio de Salud, entre otras instituciones más, están reportando una serie de manejos turbios de la pasada administración. El recién estrenado gobierno está haciendo su trabajo inicial eficientemente, acabar con el PRD, y a mí ya me están convenciendo. Figuras importantes de ese colectivo han quedado opacadas, manchadas o destruidas por la máquina arrolladora del nuevo gobierno.

El PRD ha quedado reducido a ruinas y difícilmente podrá tomar la bandera y hacer una oposición digna. En cualquier periodo de gobierno necesitamos que exista una oposición que le muestre las fallas al gobierno de turno para que hagan las correcciones si es que las aceptan. De otro modo se convertirá en otra dictadura civil. En mi humilde opinión, considero que la época de este partido ya ha finalizado. No tienen la moral ni la fuerza para convencer al pueblo de que pueden regresar a hacer un gobierno límpido con toda la suciedad que ha salido a la luz recientemente.

La era de las viejas corrientes e ideologías ha terminado. Dejemos descansar en paz a Omar Torrijos, así como también dejemos descansar a Arnulfo Arias. Ya les dimos las oportunidades a sus parientes cercanos, ¿y que fue lo que nos trajeron? Solo más corrupción y malos manejos públicos. Ha llegado la hora de que otro partido con nuevas figuras, con nuevas ideas, con nuevos caudillos tome el lugar de este moribundo partido político, para que podamos seguir avanzando como país libre y soberano.

El PRD, nacido en dictadura, si persiste en su existencia, seguirá siendo considerado “el cuco” de la política panameña. Con un nuevo partido en el ambiente podremos hacer una oposición constructiva. De esta forma los que ahora están gobernando no tendrán la excusa de llamarnos a nosotros, los independientes, cada vez que hagamos una crítica al gobierno, de que somos PRD.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El revisionismo del gobierno

La opinión del periodista…

JAMES APARICIO

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El revisionismo del gobierno

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Cuando la mayoría de los electores le dieron el triunfo al presidente Ricardo Martinelli, lo hicieron con el propósito de impulsar un cambio político, social y económico en el país.   Lo mismo ocurrió cuando votaron por Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos Espino.

En cada periodo electoral que hemos vivido tras la intervención militar norteamericana del 20 de diciembre, el proceso democrático nos ha enseñado que los ciudadanos quieren que se reduzca el costo de vida, aumenten sus ingresos personales y familiares, se mejore la calidad de vida en la ciudad y el campo, se reduzca la delincuencia y que los servicios públicos no estén sujetos a zarpazos tarifarios todos los meses.

Al hacer un examen serio y meditado de lo que está ocurriendo con las acciones y medidas de la actual administración, vamos descubriendo que gran parte de las medidas que se están adoptando, no precisamente son basada en la Ley o tienen un propósito popular, tal como anunciaron entre octubre del año pasado y el mes de abril reciente. Los políticos tienen una particularidad en campaña, dicen muchas mentiras y cuando llegan al poder, sacan su verdadero plan.

Es un secreto a voces que hay una estrategia en el gobierno de demonizar a amplios sectores sociales, políticos y económicos, con el único objetivo de imponer un paquete de medidas, que negociadas tomarían un tiempo razonable, como ocurre en todas las democracias modernas.

En Estados Unidos de América el presidente Barack Obama quieren modernizar, ampliar y cambiar el sistema de salud; pero pese a la oposición que ha encontrado, Obama no se ha imaginado ni se le ha ocurrido actuar como vaquero.   Obama ha intensifico el “ lobby ” para tener respaldo de la opinión pública en sus propósitos.

Cada una de las acciones que se han tomado en las últimas semanas, me dejan preocupaciones y preguntas.

¿Debe un gobierno actuar con campañas mediáticas, debe demonizar a las empresas,  debe cambiar las reglas del juego establecidas con el Estado, debe imponer con amenazas sus puntos de vista, sin entrar a negociar, debe considerar lo actuado a nombre del país y cambiarlo?

Si lo que está ocurriendo, me dijeran que lo anunció una dictadura, podría entenderlo.  En una democracia hay que andar seguros, aunque eso signifique lento.

Por ejemplo, nos vamos a salir del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por un capricho.  No existe ningún argumento sólido para excluir al país de un foro que es fundamentalmente político.

Ojalá no se les ocurra que tenemos que excluirnos de la ONU, OEA, FAO, ALADI, No Alineados y decenas de grupos, organismos y foros a los cuales pertenecemos, porque no nos gustan.

Si enumeramos y explicamos vamos a descubrir que en cada decisión, arropada con buenas intenciones, hay otras que precisó descubrir: 1. Le entraron a mazazo a los inversionistas en Amador y a punta de pistola los hicieron llegar a acuerdos, con plazos fatales y amenazas; 2. Demonizaron a los empresarios de la Zona Libre de Colón, a los propietarios del Club de Yates y Pesca, a las inversiones hoteleras de Herman Bern, a banqueros, empresas de casinos, compañías eléctricas, puertos y a los corredores norte y sur, solo para enumerar lo más relevante.

Con tal de estar en los medios y jugar con las encuestas de popularidad, mientras empujan su proyecto político del año 2014, le están enviando un mensaje grave al mercado y a los inversionistas nacionales e internacionales. “ NO metas tu dinero en Panamá, porque las reglas cambian de acuerdo al gobierno y no hay garantías para una inversión segura ”.

Acabar con los desaciertos en algunas actividades de servicio público o relacionadas con concesiones otorgadas por el Estado, es correcto. El error es el método que usa el gobierno, con leyes retroactivas que desconocen acuerdos negociados, declaraciones despectivas y normas que están generando un proceso traumático que tarde o temprano será doloroso.

¿Estaría en sus cuatro sentidos el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitrius, cuando dijo que las empresas eléctricas podían tomar sus maletas e irse del país si no estaban de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno?

Los abusos no se pueden terminar apelando a los excesos y aunque no nos gusten algunos contratos, concesiones, acuerdos o negocios, la Ley es la Ley y nadie está por encima de la Ley, aunque tenga el control del Palacio de las Garzas.
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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Los Pierrot del caso CEMIS

La oponión del periodista…

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ERNESTO A. QUIJADA

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Los Pierrot del caso CEMIS

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En la antigua Grecia se castigaba sin piedad a quienes incumplían las leyes. Y muchos políticos, filósofos y altos funcionarios fueron severamente castigados. Tal vez el más famoso de los sentenciados en aquellos lejanos tiempos de la historia de la civilización griega fue el maestro y filósofo Sócrates. No obstante, Sócrates, decidido a mantener su dignidad y honor y llegado el momento, pidió la cicuta y la apuró hasta el fin, muriendo en medio de los dolorosos estertores de una muerte amarga con el estoicismo de quien, pese a ser inocente, cumplió una condena legal con honor y sin ningún miedo.

Todo lo narrado viene a cuento del regreso del Caso CEMIS a la palestra pública, donde están señalados altísimos y no tan altísimos dirigentes del PRD, quienes, según todos los indicios conocidos extraoficialmente, compraron con dinero y torcidas de brazo, voluntades y conciencias para que la Asamblea aprobara el famoso proyecto.

Con esa deshonesta acción impidieron que a la provincia de Colón —que tanto lo necesita— llegara un proyecto que en esencia resultaba positivo desde todo punto de vista y eso, lo deben llevar en sus conciencias los mencionados en los “ torovideos ”. Se conoce ya que hay nombres de actuales integrantes de la dirigencia perredista involucrados en el caso y se sabe asimismo que pronto serán llamados a juicio y que probablemente resulten culpables y por lo tanto, condenados a beber su propia cicuta.

En ese momento de las condenas y aún durante la toma de declaraciones sabremos por fin de qué estaba hecha esa dirigencia y veremos quiénes serán capaces de caer de sus falsos pedestales suplicando o negando la verdad con artimañas de jurisprudencia en lugar de aceptar la determinación de los tribunales. Claro que no se trata de modernos Sócrates. Éste era inocente y siempre lo supo, pero igual aceptó la decisión de la injusta justicia —si cabe la contradicción—.

Lo más criticable es que los que participaron en la repartición de los sobres, que maquiavelaron acciones que les redituaron enormes sumas de dinero, y que se escudaron tras la figura del Pierrot, con su doble máscara, hoy, ante la aparición de la verdad absoluta de los videos comprometedores, insisten en una inmunidad a la que no tienen derecho e insisten en escudarse detrás de un manto de inocencia.

Es hora de que salgan a pagar sus errores, que asuman las consecuencias de sus bribonadas y que no solo la Justicia los sancione, sino que la conciencia de todo el país, les exija explicaciones. Estos abusadores del poder que hicieron del chantaje, la colusión y el soborno los principales instrumentos de sus logros políticos deberían tener vergüenza y aceptar sus culpas y sus condenas —si llegan— con valor y dignidad, cumpliendo aunque sea poco antes de su entierro político con las penas que la justicia valore como castigo inexorable por sus delitos de lesa patria. El caso CEMIS regresa y pone a prueba la calidad de la justicia panameña.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Sobre relevos generacionales

La opinión del comunicador social…

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ERNESTO A. HOLDER

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Sobre relevos generacionales

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El tiempo que me tocó vivir como estudiante de secundaria y luego universitario (1971-1984) marcó decididamente mi carácter.  Cada quien tiene sus opiniones y experiencias sobre este periodo que comprendo y respeto.  Para mí constituyó la plataforma cultural, política e intelectual que me ha hecho la persona que soy hoy.

La propaganda del régimen militar me convenció de que era “ hijo predilecto de la revolución ” y que era imperativo que mi formación personal se diera con miras a un solo objetivo: la recuperación de la soberanía nacional.    A constituirme en un participante activo y comprometido con las responsabilidades que la Patria exigía de sus hijos en ese relevo generacional que había iniciado inmediatamente después que se pusieran en ejecución los tratados que firmó Bunau Varilla y que tuvo su máxima erupción durante los primeros días de enero de 1964.

Durante los años de secundaria participé de las manifestaciones del movimiento estudiantil en reclamo de nuestros derechos soberanos. Estuve al tanto y seguí minuciosamente el proceso de negociación.   Qué mejor tiempo para madurar entre la intensidad y la efervescencia de las movilizaciones que culminaron con la firma de los Tratados Torrijos-Carter.   En una Universidad madura y consciente del momento, viví de cerca los detalles de un movimiento político de consideraciones históricas que cambiarían determinadamente la vida de la Nación.

Celebré un día como hoy, hace 32 años la firma de los tratados Torrijos-Carter.   Participé de cada acto de recuperación del territorio nacional: en el aeropuerto de Albrook, el 1 de octubre de 1979 cuando entraron en vigencia los tratados; el 1 de abril de 1982, cuando desapareció la policía de la Zona del Canal.   Estuve en el acto que dio final al sistema judicial “ Zonian ” y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando finalmente Panamá recuperó su soberanía total.

No pretendo venderle a nadie la idea de que realice actos heroicos.   Lo que sí subrayó es que, al igual que yo, mis contemporáneos comprendieron que educándonos debidamente se hacía Patria.   Era el camino lógico para asumir el reto por venir, servir como ciudadanos capacitados y listos por asumir el reto de administrar un país soberano. Durante los años de juventud e impaciencias idealistas, la responsabilidad es también un desafío y el desafío de educarnos lo asumimos con el mismo entusiasmo con el que nos manifestamos en las calles.

Soy el primero en criticar las deficiencias de este tiempo que vivimos, pero debo señalar que la cultura de corrupción y “ juegavivo ” reinante tiene que ver más con la impunidad que se vive como consecuencia de un sistema judicial cuestionable.   Si las consecuencias fueran puntuales, decisivas y ejemplares, —sin los malabarismos judiciales— menores serían los retos actuales en materia de delincuencia y descomposición social.

Me encuentro cada cierto tiempo con contemporáneos “ hijos predilectos ” que salen todos los días a producir por el país, en medio de los retos presentes de inseguridad y corrupción.   Es gente educada, honesta y mantiene la misma humildad y compromiso con el país de hace 32 años.  Y la influencia de los medios masivos de comunicación en la psiquis del ciudadano es destructiva.

Pero me preocupan los próximos 32 años. ¿Qué será de nuestro país y nuestra sociedad en el 2041?   Por tercer año consecutivo los resultados de las pruebas de admisión a las principales universidad no han sido muy halagadores.   Marcela Paredes de Vásquez, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, declaró la semana pasada que “ el 50% de los 8,339 estudiantes que presentaron exámenes de admisión para el periodo 2008-2009, fracasaron las pruebas de ingreso. Paredes explicó que los estudiantes fracasados mostraron un deficiente razonamiento matemático y verbal ”.

No comprenden lo que leen y sus deficiencias en matemáticas no los hacen entender que ellos, en unos 25 a 30 años, se insertarán al proceso de desarrollo y construcción de la Nación.   Reemplazarán a las capas productivas que irán abandonando paulatinamente los centros de planificación estratégica y los de ejecución.   Los de hoy, deberán entonces asumir la responsabilidad de seguir impulsando al país hacia mejores condiciones sociales: relevo generacional se llama eso. Y deberán continuar el trabajo de saneamiento social y cultural que esta generación creó y debe corregir.

Con estos indicadores que presentó la rectora de la UTP son muy pocas las esperanzas de que puedan asumir el reto.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde