La Seguridad de un Estado de Derecho

La opinión de…

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Oswaldo Fernández

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La Seguridad de un Estado de Derecho

Al finalizar los conflictos armados en América Central y consiguientemente la eliminación de las dictaduras militares, estos países se vieron en la necesidad de restringir la presencia de los aparatos militares dentro de la vida política del Estado.

Uno de los temas más debatidos era cómo pasar de regímenes autoritarios, donde el concepto de seguridad era drástico, a un sistema democrático, donde se respetaran los derechos y garantías de las personas, aun cuando estas fueran culpables; y que nadie fuese condenado sin el respeto a esos derechos y garantías.

El problema era mayor cuando la seguridad era (y es) un tema de debate en todo el mundo y que se encuentra en la agenda de todos los Gobiernos. No era nada sencillo pasar de Gobiernos Militares autoritarios y autocráticos a Gobiernos Civiles respetuosos de las garantías y los derechos, a los que los ciudadanos ávidos de seguridad, califican como débiles.

No es un debate simplista, por el contrario, es sumamente complejo. Quizás uno de los problemas que se confrontan en la actualidad sea la inexistencia de una Política Criminológica de Estado sostenida en el tiempo, que establezca una doctrina del Estado Panameño sobre la seguridad de sus habitantes coherente con las necesidades de la población.

Este vacío nos ha conducido a copiarnos de las doctrinas norteamericanas antiterrorismo y antinarcotráfico, que se han mezclado con las percepciones propias de los funcionarios políticos de turno en cada Gobierno.

Como lo han dicho expertos de Naciones Unidas, en los países donde no hay Fuerzas Armadas existe una ambigüedad entre la función militar y la función policial, que aquí se acentúa considerablemente por cuanto más de la mitad del estamento de las Fuerzas de Seguridad Pública posee formación militar. Además existen funciones que tienen una ascendencia más militar que policial, como la custodia de las fronteras nacionales.

So pretexto de combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia en general, algunos países han adoptado medidas de carácter general para, en nombre de la democracia y la seguridad, conculcar bajo el ropaje de Leyes arbitrarias, las garantías y derechos que dicen defender.

En un sistema democrático de Gobierno, la lucha contra la delincuencia se da dentro de los parámetros del debido proceso legal y a través de las autoridades constituidas, el Ministerio Publico y el Órgano Judicial. El Estado no puede ni debe invocar la violación a los derechos de los asociados bajo la premisa de que se los está protegiendo.

Estamos conscientes que es más difícil cumplir esta labor para un Gobierno en democracia que en dictadura; en democracia la sociedad tiene que pasar por el trauma de todo un proceso que ocupa tiempo, recursos y esfuerzos; al procesado hay que garantizarle todos sus derechos, empezando por el sagrado derecho de defensa, hay que conciliar a la víctima con su desesperación y la convivencia con la lentitud de los procesos.

Por eso en democracia se necesita funcionarios más capacitados, mayores y mejores recursos, leyes más transparentes y mejor organización social. Lo que ningún funcionario debe olvidar es que en Panamá ya no se puede invocar la eximente del mandato superior o de la obediencia debida.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La inmunidad

La opinión de….

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Samuel Lewis Galindo

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La inmunidad

Últimamente, por diversas razones, principalmente por investigaciones periodísticas, está en el debate de la opinión pública el tema de la inmunidad. Parece que ese privilegio cubre, en este país, a prácticamente a todos los funcionarios públicos, los diputados, incluyendo los del Parlacen; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral; los dirigentes políticos (las cúpulas); los candidatos a puestos de elecciones y algunos otros que escapan a mi memoria, disfrutan de la inmunidad que ha protegido en más de una forma los delitos que se cometen.

La inmunidad, está plasmada en nuestras legislaciones de manera que acogerse a ella es un derecho. Existen casos en que esta inmunidad ha servido para que queden impunes muchos delitos. La inmunidad en la historia de la humanidad tuvo sus orígenes cuando ese privilegio fue concedido a los templos e iglesias que amparaban a delincuentes. En Panamá, desde los inicios de la república, se les concedió inmunidad a los diputados para que no fueran objeto de persecuciones políticas en sus intervenciones. Con los años la misma fue ampliándose hasta el punto en que hoy cubre a casi a todo el mundo. Los países de primer mundo han abolido toda clase de inmunidades. Los ciudadanos todos, sin excepciones, son amparados por las leyes, pero deben cumplir estas y los violadores a las mismas no quedan en la impunidad.

Veamos el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el cual con mucha frecuencia nos miramos: muchos senadores, gobernadores, alcaldes, vicepresidentes y aún presidentes han perdido su cargo por ser violadores de la ley; varios inclusive, han ido a parar a la cárcel. La constitución de EE.UU. es muy amplia en cuanto a derechos y deberes del ciudadano y nadie se siente, por más alto que sea su posición, por encima de la ley.

En Panamá desafortunadamente, vuelvo a reiterar, la inmunidad es sinónimo de impunidad. Ella ha permitido que se dilate, si es que se da, cualquier proceso y que delincuentes cometan sus actos violando las leyes de la república, sin recibir ningún castigo. Existen abogados que usan los argumentos de falta de jurisdicción para beneficiar a sus clientes ganando tiempo y al final de cuentas que los delitos por los cuales son acusados prescriben o duerman el sueño eterno en una gaveta de un funcionario. Nadie debe tener inmunidad en Panamá constitucionalmente todos los ciudadanos somos iguales.

Ningún delincuente que cuente con dinero y un par de buenos abogados ha pagado jamás por sus fechorías. Casi siempre encuentran en la inmunidad un paraguas bajo el cual cobijarse.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Colón

La opinión de….

Juan Jované

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Colón

La relación entre el desarrollo económico y el social de la Provincia de Colón, muestra lo que puede ser calificada de una situación notablemente paradójica. Desde la perspectiva económica se destaca no solo el hecho de que esta provincia genera el 52.% del total de la actividad comercial del país, así como el 23% de la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones, sino que, además, en la misma se produce el 15.% del PIB total, aún cuando sus residentes representan apenas al 7.2% de la población nacional total. Esto significa que el PIB por persona de Colón debería más que duplicar al promedio observado en el país.

Ello contrasta con la situación social de la provincia. Es así, y solo para dar uno de los ejemplos, que en ésta la porción de la población económicamente activa desempleada o subempleada asciende al 20%, cifra que supera el promedio nacional que alcanza al 18%. El desempleo y el subempleo de Colón resultan agudos para el caso de las mujeres, que muestran un nivel de desempleo del 8% y 15% para el caso de la subocupación. No es difícil, entonces, concluir en que Colón muestra una de las peores situaciones de equidad del país.

La falta de equidad se origina, entre otras cosas, en la forma de operación de la economía de la provincia, que genera una demanda de trabajo inadecuada, induciendo un elevado desempleo y subempleo, los cuales, a su vez, presionan hacia la baja a los niveles salariales. Esta forma de operación se explica, en primer lugar, por lo que Gunnar Myrdal llamó la causación circular y acumulativa, modelo que ha sido formalizado por Paul Krugman. De acuerdo a esta visión lo que ocurre cuando una ciudad pequeña se encuentra cerca de una más grande, es que el funcionamiento del libre mercado lleva a que esta última termine absorbiendo gran parte del capital generado en la primera y atrayendo sus recursos humanos más capacitados. Es esta situación, por ejemplo, la que llevó a la práctica desaparición de la que fue alguna vez una significativa actividad industrial ligada a la rama de los alimentos y bebidas que existió en Colón. Esto también explica por qué la actividad de la Zona Libre, el Canal y los puertos tienen un bajo multiplicador de empleos en el caso que nos ocupa. A esto se suma lo que, utilizando el concepto de Pablo González Casanova, se conoce como colonialismo interno, que en el caso de Colón se refiere a que los notables ingresos fiscales extraídos de la misma solo se gastan muy limitadamente en su desarrollo.

Los problemas de Colón no se resuelven con una simple alza de los impuestos a las actividades allí desarrolladas. La solución de los problemas de la pobreza de esta provincia requiere de un plan integral que asegure una efectiva renovación y ampliación de su infraestructura económica y social, que, además, utilice las políticas públicas para corregir la enorme falla de mercado que hemos señalado, logrando un proceso de avance en su nivel de industrialización. Lastimosamente las actuales autoridades mantienen un enfoque neoliberal incapaz de producir tal plan. La iniciativa deberá, necesariamente, surgir de los sectores populares y progresistas de la provincia.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panampa América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Partidocracia o democracia

La opinión de…

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Juan Manuel Castulovich

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Partidocracia o democracia

En el mal denominado “Programa de Gobierno” (en realidad propuestas electorales) que presentó el candidato Ricardo Martinelli, no hay referencias a los cambios que, con urgencia, requiere nuestro “Sistema Electoral”. Y entre los primero rumbos marcados por el ahora presidente tampoco hay indicios de que ese tema tendrá prioridad en su gobierno.

Las normas electorales, por ser piedra angular pora la construcción de un verdadero sistema democrático. Por tanto, es asignatura pendiente, que hay que abordar con tiempo y con la mayor seriedad. Para que no se repitan los exabruptos de las pasadas elecciones, las reglas electorales para las elecciones del 2014 deben estar definidas y aclaradas con suficiente antelación, preferiblemente, durante el primer año del nuevo gobierno.

El pasado proceso electoral puso en evidencia, de manera palmaria, que se requieren cambios profundos a las normas electorales si es que queremos avanzar hacia una plena democracia. Tradicionalmente se ha dejado que el Tribunal asuma y dirija el proceso para introducir reformas a la legislación electoral. Pero las conductas zigzagueantes y parcializadas de quienes lo integran aconsejan un cambio en los protagonismos.

Vivir en democracia es un derecho inalienable de los pueblos. Por consiguiente, el sistema electoral debe estar orientado para garantizarlo y permitir que sea el pueblo el verdadero protagonista. Pero, contrariando el sentido esencial de la democracia, el sistema vigente en Panamá está diseñado para favorecer la partidocracia, en perjuicio y con la exclusión de aquellos ciudadanos y ciudadanas a los que no les interesa ser miembros de un partido político o involucrarse en las actividades partidistas.

Las reglas electorales vigentes contienen una serie de privilegios y prebendas especialmente planificadas y diseñadas para consolidar la partidocracia, que es excluyente y contraria a una verdadera democracia.

Hasta el reciente fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el aberrante artículo 233 del Código Electoral, solamente los partidos políticos podían postular candidatos a la presidencia de la República. Y si esa norma se mantuvo vigente fue por la actitud contumaz del Tribunal Electoral, que desoyó todas las advertencias sobre su inconstitucionalidad. Dictado el fallo, se imponía que el TE procediera a reglamentar la candidatura independiente; pero nada se ha hecho en ese sentido.

Ya se ha anunciado que en el año 2010 comenzará una nueva ronda de “consultas entre el TE y los partidos políticos para revisar las normas electorales.” O sea, que se repetirá el mismo procedimiento de años anteriores. Los cambios que se deben introducir, y con urgencia, no son precisamente los que convienen a los partidos, pues deben enfocarse a acabar con sus injustos privilegios. Por tanto, sería iluso esperar que puedan lograrse por esa vía. Para poder materializarlos, es necesario cambiar el método y disminuir el protagonismo del TE y de los partidos. De lo contrario, muy poco cambiará.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panampa América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Luxemburgo, modelo a imitar

La opinión de….

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Lourdes S. de García de Paredes

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Luxemburgo, modelo a imitar

Con el nuevo gobierno existe la oportunidad de oro para el país de eliminar tantísimos patrones conductuales mezquinos que por años se han practicado impunemente; cambiar y mejorar, es sólo cuestión de actitud.

Luxemburgo, enorme jardín de escaso medio millón de habitantes, 40% de los cuales son extranjeros, es uno de los países más ricos del mundo, pero no era así 30 años atrás. No tiene recursos naturales, no tiene costas, no hay pobreza ni delincuencia; sólo producen dinero. Sí, dinero bien utilizado para todos los ciudadanos y residentes; sin embargo, es un país donde no se puede comprar la justicia con toda la plata del mundo.

Bondades que encontramos: los buses Mercedes-Benz, son municipales, del tipo articulados para el uso de todos; impecables, ultra puntuales, de conductor encorbatado y camisa blanca. Traen los periódicos del día para que el usuario lo lea y lo deje para el próximo lector. Usted puede ir sentado junto a un banquero millonario y ni se entera. Estos buses recorren la ciudad entera, llevan estudiantes por la suma de 55 euros o B/.78 al año. Al final del año escolar, le devuelven los 55 euros a los padres por cada hijo. No existen los tranques.

El ciudadano promedio habla cinco idiomas mínimo. Los baños públicos están más limpios que en mi casa (y soy compulsiva); se encuentran en perfecto estado, con papel, jabón, papel toalla, incluso un área especial para cambiar bebés con colchoncito habilitado. Esto se da desde el aeropuerto que lo recibe hasta el más recóndito lugar que usted visite.

Los camiones no pueden transitar los domingos por las calles ni las autopistas, porque ese día se reserva para el paseo familiar.

Si un anciano necesita asistir a una cita médica, lo busca y lo trae un busito especial, por un euro solamente, igual si lo que quiere es visitar algún amigo. El bus al aeropuerto cuesta un euro por pasajero con todas sus maletas. Si los jóvenes quieren ir a parrandear, existe un bus especial que lo recogerá a la hora estipulada donde quiera y lo dejará frente a su casa o su barrio, sano y salvo. Esto me pareció envidiable, podría dormir plácidamente toda la noche. Quieren evitar que los adolescentes manejen, minimizando el riesgo de accidentes con sus consecuentes elevadísimos costos asociados, amén de minimizar la contaminación de la ciudad.

¿Cuál es el secreto? Los políticos no roban y la deshonestidad es un bochorno, una deshonra. La corrupción gubernamental no existe. En Panamá se ha robado por más de un siglo. Luxemburgo tiene gobernantes preocupados por el bienestar de todos los ciudadanos, no de ver cuánto dinero pueden amasar durante su período. Está visto que no se tiene que ser grande para ser civilizado, apreciado, envidiado ni imitado. Panamá es maravilloso, ¡saquémoslo del abismo! Invito al nuevo gobierno a trabajar en pro del bien del país entero; tal vez no se logre en cinco años pero a un gobierno de respuestas concretas y beneficios públicos, cualquiera lo reelige.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los pobres no pagan impuestos

La opinión de….

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Ramón Barreiro

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Los pobres no pagan impuestos

Durante la presentación del proyecto de ley No. 33 que modifica el Código Fiscal, a duras penas pude contenerme de interrumpir la justificación de las propuestas realizadas para resaltar una sola cosa: ¡Los pobres no pagan impuestos!

Si lo hubiera dicho, probablemente me hubieran contestado que efectivamente los pobres no pagan impuestos, ya que no están en capacidad de contribuir a los gastos del Estado, y en cambio, los más ricos pueden y deben hacerlo, porque —y cito la exposición de motivos— “por sentido de justicia y equidad, los sectores más pujantes de nuestra economía deben adecuadamente contribuir con los gastos sociales, de seguridad y las obras de infraestructura que necesita nuestra República”, y además porque –continúo citando la exposición de motivos— “alcanzar la meta de vivir en un país de primer mundo requiere del aporte cónsone con la riqueza que se genera en nuestra tierra”.

Lamentablemente, los pobres no pagan impuestos por diseño, ¡porque es por diseño que son pobres! Son los propietarios y aquellos en capacidad de adquirir propiedades, en el marco de nuestras regulaciones, así como aquellos capaces de cubrir los costos para aprovechar los beneficios de los distintos tipos de personas jurídicas, quienes están supuestos a pagar impuestos. Estos costos adicionales impuestos por el gobierno para formalizar y adquirir propiedades, o para crear una persona jurídica, excluyen a los más pobres de un espectro importante de derechos de propiedad, sin los cuales jamás serán capaces de producir lo suficiente para salir de la pobreza y pagar impuestos.

El proyecto de ley hace más inaccesible para los pobres los derechos de propiedad. Se desaprovecha la oportunidad de eliminar el cobro previo a la inscripción de sociedades de la tasa única, cuando este costo excluye a los micro y pequeños empresarios de aprovechar los beneficios de las sociedades para iniciar sus emprendimientos. ¿Cómo se le va a cobrar impuestos a una sociedad que aún no genera ingresos?

Se reafirma la desprotección de los derechos de propiedad sobre los inmuebles, al condicionar la inscripción de títulos al pago previo de los impuestos sobre las ganancias de las ventas y sobre la transferencia del bien inmueble. En la práctica supone que es el comprador quien tiene que pagar a nombre del vendedor estos impuestos si quiere efectivamente adquirir un título reconocido legalmente sobre la tierra comprada; y todo aquel que ha estado involucrado en el traspaso de un inmueble sabe que el vendedor no paga estos impuestos, sino que exige al comprador que los pague de su bolsillo. Además de desproteger los derechos de propiedad, esto infla los precios de los inmuebles, al trasladar costos adicionales de transacción al comprador.

También resulta del proyecto que todos los fraccionamientos de inmuebles, una consecuencia de la facultad de disposición libre de la propiedad, son sospechosos de fraude y requerirán de la aprobación arbitraria de la Dirección de Catastro.

La propiedad no es un regalo del Estado a los particulares, es un derecho inalienable que surge de la exclusión que produce el uso continuado de un bien por una persona. Los Estados están supuestos a reconocer y defender los derechos de propiedad. La desprotección de estos derechos es el más importante lastre para el desarrollo del país y para lograr el objetivo de “alcanzar el primer mundo”. El gasto gubernamental no nos llevará automáticamente al desarrollo; es un marco institucional que respete los derechos individuales y que promueva las iniciativas privadas —especialmente las de los más pobres— lo que permitirá que todos los panameños tengan mejor vida.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La pesadilla de cemento

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

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La pesadilla de cemento

Algún día será convocado el Tribunal Internacional del Buen Gusto y los Espacios Amigables y allá, como en tiempos de brujas e iluminados, serán quemados a fuego lento –esta es una figura metafórica– los constructores y arquitectos que han convertido la ciudad de Panamá en el museo del sinsentido, la estética antiestética y el espacio privado.

No solo se ha construido de manera compulsiva, ilegal y de espaldas a un proyecto de capital que podría haber convertido a Panamá en un ejemplo en Latinoamérica, sino que no hay dos edificios que combinen, los arquitectos tienen un problema al rematar las torres y optan por ponerle cofia o copete a cuál más horripilante, y los constructores, obsesionados por el beneficio por metro cuadrado nos han convertido en la ciudad hito de la falocracia: todo hacia arriba a ver quién la tiene más… ¿alta?

Sortear todo este enjambre de torres es todo un mérito si se va a pie y encontrar espacios públicos donde sentarse a tomar el fresco –rodeado por 15 edificios de 30 plantas– o departir con vecinos o amigos es casi heroico. La ciudadanía se ha acostumbrado a este paisaje, y los anuncios de radio y televisión le insisten en que esto es “desarrollo”, “modernidad”, “como en Dubai…”.

La necesidad de espacios públicos es tan evidente que las panameñas y panameños se han lanzado a la llamada cinta costera a caminar, hacer ejercicio o festejar con cualquier excusa. El sitio no es agradable… se camina entre una vía de varios carriles con polución y ruido y una Bahía aún contaminada con algunos trocitos verdes salpicando el decorado. Pero la gente necesita de espacios públicos en una ciudad tomada por el cemento, los puentes, los elevados en medio del caos, los camiones de las constructoras y locales de lujo que se creen con el derecho de considerar la vía pública como su estacionamiento privado.

Toca una reflexión. El domingo, en este periódico, el urbanista Arturo Samper ponía los puntos sobre las íes y llamaba a los adefesios urbanísticos como lo que son: “fallas” que repiten los errores que otros países ahora están revirtiendo.

Hemos escuchado de muchos de nuestros políticos que el anhelo es ser primer mundo pero parece que cuando viajan no miran (o debe ser que en los hoteles de cinco estrellas en los que se alojan no se percibe la realidad). En muchos de esos lugares, y en muchas de las capitales de Latinoamérica, ya no se ven torres de cables eléctricos en la ciudad, el ordenamiento urbano se cumple, no hay casi ningún elevado que afee la ciudad y empeore la calidad de vida de sus ciudadanos, se está apostando por el transporte público e incluso por la peatonalización de las áreas céntricas y los parques son las nuevas catedrales de nuestra era.

He hecho referencia a las palabras de Samper porque, a veces, se hace más caso al experto extranjero que a las voces locales.  La Alianza Pro Ciudad y otras organizaciones de la sociedad civil lanzan permanentes alarmas sobre los desastres urbanísticos que se han cometido y se van a seguir cometiendo en la capital. El fin de Bellavista, la muerte inducida de San Francisco, el complejo entramado de San Miguelito, los atentados contra el Patrimonio en San Felipe o en Panamá La Vieja… todo se ha dicho y todo se ha ignorado.

El nuevo Gobierno no va por un camino diferente al terrible derrotero que tomó el anterior.  La continuación de la cinta costera hasta Casco Viejo es tan peligrosa como tratar de abrir una guayaba con un martillo sin hacer estragos;  el metro es un proyecto tan fastuoso como inviable –el famoso ejemplo de Santo Domingo es para reírse con un par de líneas que no sirven para mejorar la vida de los ciudadanos sino para “sentirse” primermundista–, y en Vía Argentina, antes de ordenar el caos vehicular actual se plantea una obra innecesaria y pedante al servicio del ego del arquitecto del reino, financiada con el Prodec.

Es hora de que los ciudadanos nos paremos ante estos despropósitos. La ciudad que construimos es la que nos devuelve violencia, estridencia y malestar… La ciudad que podemos construir aún debe ser a escala humana, respetuosa con el concepto de lo público, sin más rellenos ni pegotes, sin más torres que solo sirven para lavar plata o para enriquecer a unos pocos. Es hora de parar la locura del cemento antes de que nos parezcamos al monstruo que comenzamos a ser.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.