Descontento en la mesa de diálogo

La opinión de….

Eric Aragón

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Descontento en la mesa de diálogo

Realmente, es muy preocupante que el representante del Comité Ecuménico, en la Comisión de Estado por la Justicia –que se creó en el año 2005 y que está integrada por varios grupos representativos de la sociedad civil organizada, exprese que las señales recibidas del Gobierno no han sido buenas, incluso, deje entrever la posibilidad de retirarse de la mesa de diálogo.

Pero el descontento no es únicamente del representante de la Iglesia católica, también, en iguales términos se han expresado otros miembros, instituciones y profesionales que de una u otra forma están vinculados al tema, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Las decisiones que ha tomado el Gobierno –a pesar de las sugerencias de la sociedad civil– de aprobar una ley de rastreo telefónico, bajar la edad de imputabilidad de los menores de 14 a 12 años; postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal no son las acciones más sabias en un Estado de derecho y democrático.

Lo que más llama la atención es la actitud mostrada por el representante del Ejecutivo, de no darle la debida importancia a las reuniones y recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia (La Prensa 20/8/2009).

Ningún gobierno, aunque haya ganado con una fuerza aplastante en las urnas, puede insinuar que tomará sus propias decisiones, sin atender las recomendaciones de los diversos sectores de la sociedad.

No se trata de que el Gobierno le pida permiso o vaya a “cogobernar” con la sociedad civil.   Pero es bueno recordar que fue precisamente esta sociedad civil la que le dio el aval para que hoy dirija los destinos del país.

Por otro lado, la tendencia actual moderna que tiene como fiscales a los medios de comunicación, que se encargan de que nada esté oculto, sea bueno o malo;  la tecnología que hace que la información fluya a la velocidad de la luz; las sociedades civiles organizadas y el aumento de la población obligan a las administraciones públicas a ser eficientes y a fomentar sistemas de participación ciudadana, donde se nutran (los gobiernos) de conocimientos y experiencias, que harán que las decisiones que tomen y las leyes que aprueben sean más justas, equilibradas y eficientes.

Por ejemplo, con respecto al nuevo Código Procesal Penal, tengo que manifestar que nos tocó ver el gran esfuerzo, empeño y preparación que tuvo el Ministerio Público para que pudiese iniciar como se tenía programado desde un principio, en el Tercer Distrito Judicial (Coclé y Veraguas).   Si la sugerencia al Gobierno era que se aplazará unos pocos meses nada más, pues, debió atender la recomendación, ya que este nuevo sistema busca mejorar la administración de justicia en Panamá y que ha sido incorporado por la mayoría de países del continente americano.  Entonces, por qué presentar excusas, en lugar de propiciar la entrada en vigencia del sistema lo más pronto posible.


En la sociedad civil panameña, son muchos los profesionales, civiles, organizaciones e iglesias –como la católica– que hacen un gran esfuerzo por apoyar a los gobiernos, con sus experiencias y conocimientos para mejorar la sociedad. Todos tenemos el derecho natural de participar y también de oponernos a cualquier medida de los gobernantes, pues, todos nos veremosafectados por estas decisiones.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

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