Enemigos de la Iglesia

La opinión del empresario….

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Joaquín Moreno

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Enemigos de la Iglesia

Con preocupación he seguido la investigación por parte de la Santa Sede a la Fraternidad de la Divina Misericordia del Padre Teófilo Rodríguez, relativa a situaciones de abuso sexual de menores de edad, a través de las noticias aparecidas en el Panamá América.   Hay una condena a 10 años de prisión por pedofilia a un religioso,  6 denuncias adicionales por presuntos delitos similares contra otros miembros de la misma organización y el Papa Benedicto XVI ordenó una investigación del caso. Estos son hechos concretos.

La pederastia ha sido un tema complejo y penoso para la Iglesia Católica a nivel mundial, aunque no exclusivo de ésta. En octubre 2006 la cadena televisiva inglesa BBC lanzó al aire su explosivo documental  “Abusos sexuales y el Vaticano”,  que relata casos de pedofilia por parte de religiosos en Irlanda, Estados Unidos y Brasil. El documental es particularmente crítico de la actuación de los Obispos en los casos de encubrimiento.

Estos escándalos le han costado a la Iglesia Católica norteamericana más de $2,800 millones en el pago de demandas judiciales y gastos legales, involucrando a más de 5 mil víctimas y ocasionando que cinco Diócesis en los Estados Unidos se hayan declarado en bancarrota. De acuerdo al grupo “Bishop Accountability”, 3 mil de los 42 mil sacerdotes en ese país han sido denunciados desde el año 2002.

Los casos de abuso sexual de menores en la Iglesia Católica a nivel mundial son hechos esporádicos pero reales y el Vaticano ha estado reaccionando mucho más ágilmente ante estas situaciones, como lo demuestran las investigaciones canónicas recientes a los Legionarios de Cristo del Padre Marcial Maciel y la del Padre Marco Dessy, acusado de abuso sexual de 6 menores en Nicaragua (2007) y condenado a 12 años de prisión. Sin embargo, la tendencia de ésta al secretismo resulta a menudo su peor enemigo en el manejo de estos casos.

Dentro de este contexto es lamentable el Comunicado de la Curia Diocesana de Colón publicado en el Panorama Católico del 30 agosto 2008 (página 5), donde se habla de que los reportajes forman parte de un “ataque injustificado por parte de los enemigos de la Iglesia, dejando evidencia que su intención no es otra que despertar el morbo en la población”.

Existen denuncias presentadas en los Tribunales de Justicia panameños. Más aún, la Santa Sede interviene en Panamá debido a que, tal como señala el Panamá América en su reportaje inicial del 24 de agosto, en una de estas denuncias, la DCPLS-8387-08 del 22 de agosto 2008, se involucra directamente a un Obispo, Monseñor Audilio Aguilar, por presunto encubrimiento, lo cual es perfectamente verificable en el Ministerio Público.

Pareciera entonces que los enemigos de la Iglesia están dentro de ella. No se puede seguir albergando o encubriendo a presuntos criminales por acción u omisión.  Enfatizar el rito, religiosidad y golpes de pecho por un lado, mientras se apadrina el pecado por el otro es muestra de la doble moral y fariseísmo moderno que está minando a nuestra Santa Iglesia Católica. Ha llegado la hora de actuar para limpiarla de la escoria que carcome sus cimientos a la expensa de víctimas inocentes y en contra de los más fundamentales principios de nuestra fe.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América – Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Firma de los Tratados Torrijos-Carter

La opinión del periodista…

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Modesto Rangel Miranda

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Firma de los Tratados Torrijos-Carter

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Los pueblos anhelan libertad y es cuando surgen grandes idealistas que aspiran a ser grandes revolucionarios en sus naciones. El verdadero sueño de una nación se concentra en proyectar cambios positivos cuando se logra una lucha generacional como lo fue los antecedentes que dieron origen a los tratados de 1977 entre Panamá y los Estados Unidos, donde sellaría una relación intercontinental por más de 1 siglo. La firma del convenio canalero abolía todas las demás clausulas canaleras antes del 7 de septiembre del 1977, aunque con este acuerdo Panamá lograba muchas aspiraciones, entre ellas las mejores aspiraciones salariales y la participación mayoritaria de panameños que trabajarían con lo estadounidenses dentro de los centros comerciales de la zona del Canal de Panamá.

Los tratados comprometían a ambos países acordar en forma amistosa y cooperativa el proveer de una buena administración, operación y mantenimiento adecuado del Canal de Panamá. Este tratado canalero contemplaría un preámbulo, 14 artículos, un anexo y un acta; y el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá que garantiza el libre transito y neutralidad a perpetuidad de éste. La transferencia definitiva de soberanía a Panamá se lleva a cabo el 31 de diciembre de 1999 al mediodía, hora panameña.

Sin ninguna duda, la firma de los Tratados Torrijos-Carter (septiembre de 1977) fue y es un logro extraordinario porque representaba la promesa de la devolución total de la zona del Canal a los panameños en 1999, aunque en la enmienda DeConcini le permite a los Estados Unidos tomar el control del Canal nuevamente cuando estimen que la seguridad de ambos países o del hemisferio esté amenazada.

Cabe señalar que con la firma del Tratado del 7 de septiembre de 1977 Panamá lograría escalar muchas acciones dentro de sus sitios que eran territorios desconocidos, sin embargo, hoy 32 años después de esa gesta heroica, las cosas dentro de los territorios de la zona canalera han cambiado desde cualquier ámbito en el punto que se mire. Muchos panameños que lucharon dentro de los territorios reciben hoy sus familiares una compensación muy deficiente frente a la realidad que vive el país. No es justo que si se luchó por la igualdad dentro de la zona canalera hoy día solamente un grupo de panameños adinerados sean los que gozan este privilegio y no se el pueblo panameño.

Es cuando cabe la pregunta de qué vale el nacionalismo si quienes lo dieron no han recibido más que el olvido de sus copartidarios que hoy se deleitan de sus esfuerzos. Hay que respetar esta fecha pero también se debe respetar a la memoria de los próceres panameños.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América – Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

La opinión del profesor

La opinión del profesor
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Manuel Castro Rodríguez

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Según el presidente Martinelli, las empresas productoras y distribuidoras de electricidad han podido violar la ley gracias al contubernio de los gobiernos de turno. ¿Nos devolverán los cientos de millones de balboas cobrados de más? ¿Serán procesados penalmente los que dirigieron la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos?

Desde hace nueve meses, estoy enfrascado en reclamaciones a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). El 4/12/2008, le presenté un formal reclamo para que tomara las medidas pertinentes con Unión Fenosa, ya que fue infructuoso el reclamo que le hice a esta transnacional el 31/10/2008.

El 21/7/2009 presenté un formal Recurso de Apelación en contra de las resoluciones emitidas por la ASEP, en la que expreso: “Sé que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las que pueden dictaminar si una decisión tomada, constituye una violación de la Constitución Política de la República de Panamá. Pero si considero que mis derechos constitucionales están siendo violados, tengo derecho a expresarlo (…). Considero que las resoluciones No. 3140 AU-Elec y No. 3141 AU-Elec vulneran mis derechos constitucionales, al avalar la violación que hace Unión Fenosa del artículo 29 de la Constitución Política de la República de Panamá (…). Nada puede justificar que Unión Fenosa notifique la facturación a sus clientes, mediante una hoja de papel dejada en los primeros escalones de la escalera del Edificio 33, sin protección alguna, a pocos metros de la calle, al alcance de cualquiera que pase y desee ver o apropiarse de la factura, como ya ha ocurrido: últimamente, varias facturas dirigidas a mí se han perdido”.

Además, cualquier persona con conocimientos de Estadística puede dar fe de que carecen de validez los ‘análisis’ realizados por la ASEP. ¿Ignorancia supina?

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos no me ha respondido. Una vez más, viola el artículo 41 de la Constitución de Panamá que expresa: (…) El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días. La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma”.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América – Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Importancia de la escuela rural

La opinión del pedagogo, escritor y diplomático…


Paulino Romero C.

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Importancia de la escuela rural

Enunciar el problema de la educación rural en Panamá, es plantear uno de los ingentes problemas de nuestra cultura, de nuestra economía, de nuestra dignidad humana y, por lo tanto, de nuestra sobrevivencia como pueblo vigoroso y civilizado. Las razones son las siguientes:

. Un alto porcentaje de la población panameña vive diseminada en los campos. Una gran parte de esa población campesina habita comarcas considerablemente alejadas y aisladas no solamente de los grandes centros urbanos, sino de las ciudades secundarias y aun de las pequeñas aldeas.

2ª. Esa amplia base de la población campesina, constituye, al mismo tiempo, la zona de trabajo más necesaria para la economía nacional, por cuanto ella está constituida por miles de familias dedicadas al cultivo de la tierra, al pastoreo de los ganados, a la explotación de las riquezas minerales y de las industrias vernáculas.

3ª. La Constitución Política de Panamá concede la plenitud de los derechos políticos a todos los ciudadanos y ciudadanas panameños mayores de 18 años de edad, sin discriminación de raza, fortunas o grados de cultura. Este hecho tiene como consecuencia el que todos los panameños que reúnan los anteriores requisitos, se hallen incorporados a la actividad democrática de la Nación panameña y, por lo tanto, el Estado se encuentre en el deber de prepararlos para cumplir debidamente su misión cívica.

. El gran problema de la cultura panameña radica en la gran distancia de orden evolutivo que media entre una capa superior de “élite” intelectual, social y económica y una gran mayoría popular en estado semibárbaro. La primera vive, piensa y actúa, en general, de acuerdo con las normas que dirigen la actividad de los pueblos modernos; la segunda ha quedado anclada en modalidades de vida, de pensamiento y de trabajo, cercanas a las que imperaban en los núcleos humanos prehistóricos. Este distanciamiento cultural abre, a su vez, un abismo de incomprensión recíproca y constituye, al tiempo que una situación de inequidad, un peligro latente para la tranquilidad social. 5ª. Los índices del analfabetismo en Panamá, según recientes estadísticas oficiales, arrojan casi un 20 % de analfabetos para la población total del país. Puede calcularse que casi la totalidad de ellos pertenece a la población rural.

Cualquier acción que se adelante en el campo de la educación rural en nuestra patria, debe fundarse en los hechos anteriormente expuestos y, además, en las siguientes orientaciones: Toda acción educativa debe orientarse hacia tres objetivos fundamentales: a) El colocar al hombre en posesión de sus propias facultades mentales y físicas (desarrollo); b) El formar hábitos sanos de conducta y de trabajo (formación); c) El suministrarle un mínimo de conocimientos indispensables para su vida social y su trabajo productivo (información).

¡Urge reformar la escuela rural!
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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América – Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Los cambios fundamentales del nuevo Gobierno

La opinión del Abogado y Representante de Panamá ante la OEA…

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Guillermo A. Cochez

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Los cambios fundamentales del nuevo Gobierno

Una de las situaciones que molesta a la ciudadanía es la especie de complicidad que usualmente se nota entre los que comienzan un nuevo Gobierno.  Tapar los entuertos a los que se van, en aplicación rigurosa de un principio centenario no escrito: “no te investigaré porque no quiero que cuando me vaya me investigues a mi”.   El gobierno de Ricardo Martinelli se ha caracterizado por lo contrario, aunque hasta hablaron de un pacto secreto con el gobierno saliente.

Lo vemos en Educación, con las denuncias hechas por la Ministra Molinar por cada porquería encontrada.  Lo está haciendo Gloria Moreno de López en Aduanas y Alma Cortés en Trabajo.   La habitación secreta o “mini suite” en la que Pedro Miguel González se refugiaba y que siguió usando su copartidario Yassir Purcait después, refleja los dolosos extremos a los que la Asamblea llegó y que ahora, producto de esas denuncias, los panameños nos estamos enterando, esperando no se repitan como ha ocurrido cada vez que hay cambios en ese órgano estatal.

Me cuentan que en la Asamblea del ‘99  encontraron toda clase de desastres en las dos administraciones como Presidente legislativo de Gerardo González (q.e.p.d.),  los dos últimos años de Pérez Balladares: apoyos desmedidos a la campaña como candidato de su hijo en Santa Fe para que lograra inmunidad como diputado;  carros de la Asamblea en manos de dirigentes PRD,  abultadas planillas y gastos que nunca hubieran podido ser explicados.

Los nuevos legisladores, en lugar de investigar y denunciar esos abusos prefirieron guardar silencio porque era mejor no revolver la olla por temor a que les salpicara a ellos y así seguir disfrutando el apetitoso guiso que encontraron.

La tapadera ha venido desde los tiempos de Endara.   Recuerdo cuando se criticaron los excesivos gastos incurridos en la Feria de Sevilla, en ese entonces bajo la responsabilidad de Mireya Moscoso; nada pasó.   O los ilegales gastos en el uso de las partidas discrecionales de Pérez Balladares y Moscoso,  de donde salieron costosos vestidos y prendas y valiosos regalos y flores para cónyuges e hijas; nada pasó.   Y de todo lo que le sacaron a la ex Primera Dama de Moscoso;  nada pasó.

Ahora que decidieron parar la tapadera y comienzan a revolver la olla para ver que encuentran, vemos cómo algunos se las ingeniaron para beneficiarse de concesiones de juego para el resto de sus vidas, cómo lograron concesiones millonarias pagando centavos por el uso de valiosísimas tierras.   Seguro estoy que en la medida que la mano firme del Presidente siga moviendo el cucharón seguirán saliendo de ese ollón más tamales.

El país clamó por un cambio y votó por él.  Simplemente vamos por ese camino.
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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América – Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Debate de ideologías

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

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Debate de ideologías

Panamá, hasta estos dos últimos años, no ha sido un país caracterizado por un debate abierto de ideologías. Los partidos gobernantes desde los tiempos posdictadura militar jamás definieron concretamente un corte ideológico y promulgaban posturas tanto de derecha, como de izquierda y centro.   No es hasta el presente gobierno de Cambio Democrático que podemos asegurar que estamos girando el timón nacional hacia aguas de la derecha, aunque solo de manera leve.

Es tiempo de empezar a trazar políticas económicas y sociales serias y no simplemente hacer lo que suene mejor, lo políticamente conveniente o lo que favorezca positivamente en las próximas elecciones.

Cuando decimos derecha nos referimos a un grupo de gente que piensa y razona a favor del individuo. Aquellos del lado derecho entendemos que “sociedad” es simplemente un agregado individual y le ponemos el mayor respeto y atención a los derechos y obligaciones del centro de la acción social humana: la persona individual.

Entendemos que solo el individuo es productor de riquezas, de innovación, desarrollo y que solo a través de la protección del individuo, respetando sus intereses y deseos, podemos avanzar como sociedad.

A razón de esto, somos firmes en nuestra lucha en contra de lo que consideramos como intrusiones innecesarias del sector público en la vida privada. Repudiamos el hecho de que la ineficiente burocracia estatal absorba un tercio del producto de nuestras vidas laborales y rechazamos los intentos de ingeniería social de personas que buscando eliminar males percibidos simplemente empeoran las condiciones de vida de todos.

Respetamos el trabajo de cada persona y su propiedad sobre los frutos de ese trabajo, apoyamos la libre asociación y ciertamente somos los más fuertes defensores de grupos sindicales (siempre que no sean monopolios sindicales amparados por entidades gubernamentales).

Nos oponemos tajantemente a la regulación de precios por parte del Gobierno, entendiendo que esto solo causa desastres en el funcionamiento propio de la economía. Sobre todo, sabemos y confiamos en que cada individuo puede tomar decisiones para él mismo mucho mejor que cuatro o cinco funcionarios en un comité; entendemos que el Gobierno sólo puede gastar lo que antes le ha quitado a otro, y que al buscar redistribuir las riquezas, ahuyenta a los productores de ésta y sólo redistribuye miseria.

Apoyamos el conservadurismo fiscal y la libertad social, creemos en un Gobierno pequeño y velamos por la minoría más importante de todas: cada individuo.

Llamar a Panamá un país capitalista es totalmente equívoco; aquí no disfrutamos del estilo de vida libre y singular de Singapur u Hong Kong. Somos un país mercantilista donde la moneda no es el balboa sino los favores gubernamentales. Como argumento serio y motivado por un serio deseo de debate, sostengo que el socialismo ha fallado donde quiera que ha sido implementado y sus efectos sólo han podido ser corregidos por el libre mercado, que no es más que todos nosotros y nuestra creatividad.

Empecemos el debate.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Descontento en la mesa de diálogo

La opinión de….

Eric Aragón

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Descontento en la mesa de diálogo

Realmente, es muy preocupante que el representante del Comité Ecuménico, en la Comisión de Estado por la Justicia –que se creó en el año 2005 y que está integrada por varios grupos representativos de la sociedad civil organizada, exprese que las señales recibidas del Gobierno no han sido buenas, incluso, deje entrever la posibilidad de retirarse de la mesa de diálogo.

Pero el descontento no es únicamente del representante de la Iglesia católica, también, en iguales términos se han expresado otros miembros, instituciones y profesionales que de una u otra forma están vinculados al tema, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Las decisiones que ha tomado el Gobierno –a pesar de las sugerencias de la sociedad civil– de aprobar una ley de rastreo telefónico, bajar la edad de imputabilidad de los menores de 14 a 12 años; postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal no son las acciones más sabias en un Estado de derecho y democrático.

Lo que más llama la atención es la actitud mostrada por el representante del Ejecutivo, de no darle la debida importancia a las reuniones y recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia (La Prensa 20/8/2009).

Ningún gobierno, aunque haya ganado con una fuerza aplastante en las urnas, puede insinuar que tomará sus propias decisiones, sin atender las recomendaciones de los diversos sectores de la sociedad.

No se trata de que el Gobierno le pida permiso o vaya a “cogobernar” con la sociedad civil.   Pero es bueno recordar que fue precisamente esta sociedad civil la que le dio el aval para que hoy dirija los destinos del país.

Por otro lado, la tendencia actual moderna que tiene como fiscales a los medios de comunicación, que se encargan de que nada esté oculto, sea bueno o malo;  la tecnología que hace que la información fluya a la velocidad de la luz; las sociedades civiles organizadas y el aumento de la población obligan a las administraciones públicas a ser eficientes y a fomentar sistemas de participación ciudadana, donde se nutran (los gobiernos) de conocimientos y experiencias, que harán que las decisiones que tomen y las leyes que aprueben sean más justas, equilibradas y eficientes.

Por ejemplo, con respecto al nuevo Código Procesal Penal, tengo que manifestar que nos tocó ver el gran esfuerzo, empeño y preparación que tuvo el Ministerio Público para que pudiese iniciar como se tenía programado desde un principio, en el Tercer Distrito Judicial (Coclé y Veraguas).   Si la sugerencia al Gobierno era que se aplazará unos pocos meses nada más, pues, debió atender la recomendación, ya que este nuevo sistema busca mejorar la administración de justicia en Panamá y que ha sido incorporado por la mayoría de países del continente americano.  Entonces, por qué presentar excusas, en lugar de propiciar la entrada en vigencia del sistema lo más pronto posible.


En la sociedad civil panameña, son muchos los profesionales, civiles, organizaciones e iglesias –como la católica– que hacen un gran esfuerzo por apoyar a los gobiernos, con sus experiencias y conocimientos para mejorar la sociedad. Todos tenemos el derecho natural de participar y también de oponernos a cualquier medida de los gobernantes, pues, todos nos veremosafectados por estas decisiones.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde