El testigo hierático

El testigo hierático


La opinión del abogado…

CARLOS AUGUSTO HERRERA

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José Sáez Capel al referirse al tema sobre el derecho a la intimidad, no dice que es el acto legítimo, “que todo individuo tiene que ser resguardado de intrusiones, empezando a perfilarse como un presupuesto de la libertad individual” y vulnerado por los excesos de comportamiento de la sociedad en la negación de valores, falta de cultura moral y la proliferación delictual.
El sistema en su afán por garantizar la privacidad busca los instrumentos para mantener las Garantías Constitucionales, sin menoscabos del derecho, un asunto convertido en utopía.

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Con el mal vivir desbandado, disminuyen las garantías individuales ocupados en atajar las felonías, de allí los testigos, fiscales y jueces sin rostros y en nuestro patio, el ahora denominado testigo protegido, según la Ley 48 de 30 de agosto de 2004, descrito en el artículo 2121-A del Código Judicial, el cual está habilitado en los procesos penales para comparecer fichado con un número, clave o disfrazado de tal manera que se imposibilite su identificación.

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Además, fijan su dirección en el despacho en el que declare, pero increíblemente se permite el derecho a la defensa y al principio de contradicción y las medidas se aplican en función del riesgo o peligro tanto del testigo como el de sus familiares consanguíneos o por afinidad cercana.

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Esta amorfa creación es otro dislate jurídico, ayuno del principio de inmediación, cuota parte de estas legislaciones emocionales, como vienen ahora con la intercepción de las comunicaciones, un asunto que siempre ha existido, pero que siempre se ha tratado de justificar dizque con llamadas anónimas.

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En un proceso penal las pruebas responden al ligado de actividades que deben encajar sobre la realidad del expediente.
Esos informes de llamadas anónimas, que no faltan en una mayoría de casos y que provocan la arena movediza que se traga al sospechoso cuyo martirologio lo lleva a la condena o los sumes por años, en una larga, interminable e inútil faena judicial.

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Aquí los únicos engañados son los acusados y la procesión de apáticos que, con la supuesta noción sobre derecho, nada dicen sobre los excesos, pero es que tenemos para los testigos el derecho a mentir de acuerdo al artículo 382 de nuestro Código Penal, el cual exime de pena a todo testigo, que si hubiera dicho la verdad, habría expuesto a un pariente cercano o a su propia persona a un peligro grave para su libertad o su honor.

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Como los periodistas pueden reservar la fuente de sus informaciones, es la vía adecuada para que los testigos protegidos desfilen sin tanta mordaz rimbombancia.

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Conozco el caso de un sujeto que se escondió de las autoridades, al asegurar que estuvo en el lugar de los hechos y participó de la reunión, pero los investigadores penales, al obviar la valoración por el principio de la sana crítica, vulneraron el pilar de la lógica.

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El testigo protegido es quien conoce cierto hecho ilegal y que, al declararlo, debe ocultar su identificación del actor del hecho, que por ninguna circunstancia lo puede entresacar del planeado anonimato.
Hay casos en los que es imposible salvaguardar esta personalización, fácilmente interpretada por el que pretermitió la Ley y que, aunque se disfrace, inevitablemente, será detectado en canto llano.

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Publicado el 19 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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