En cambio, democrático…

En cambio, democrático…

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CARLOS E. LÓPEZ

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Quienes dirigen una nación saben que hay grandes oportunidades para componer o establecer algo nuevo para favorecer al pueblo en la operaciones del gobierno. En la búsqueda de las soluciones hay un método que nos proporciona cambio para alcanzar un desarrollo integral en la Administración Pública. Ese método, que tiene sus cimientos en la democracia, con los derechos humanos y el desarrollo humano, se denomina transmutar. Que está fundamentado en los principios del ahorro y la competitividad, para implementar la mejor distribución del bienestar mediante el fomento y desarrollo socioeconómico y consiste en mudar o trasladar o convertir una cosa en otra.

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La formulación lógica de este método se consigue mediante el análisis de los espacios físicos, la estructuración ordenada y armoniosa de las instalaciones y la generalización de los procedimientos, que deberán adoptar cambios hacia la tecnología para resolver las necesidades, los problemas y las aspiraciones de los panameños.

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A nivel metropolitano, doy como ejemplo la seguridad, que se aplica a un ramo de la Administración Pública. El diagnóstico es de todos conocido. No obstante, de construirse una nueva sede para la Academia de Policía en Chilibre daría el espacio suficiente para erigir la nueva sede principal de la Policía Nacional en Summit / Paraíso.

En Ancón se establecería la sede del Ministerio de Gobierno y Justicia. Igualmente, por la importancia de la infraestructura de Palacio, esta sería transferida al INAC, para que a su vez se ceda la edificación de las bóvedas al Museo Antropológico Reina Torres de la 5 de mayo, en donde se ubicaría la sede de la Policía Metropolitana – Área Oeste, y en el antiguo DENI de Plaza 2 de enero a la Policía de Turismo. Este último abre espacio para instalar un parvulario en la localidad.
Como este ejemplo, que es una idea para satisfacer el cumplimiento de las labores gubernamentales, hay muchos otros que pueden desarrollarse a mediano plazo, si se tiene el interés del pueblo por encima de lo particular.

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Auditorías al subsidio electoral

Auditorías al subsidio electoral

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LISÍMACO LÓPEZ

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El Subsidio Electoral se creó constitucionalmente para democratizar las decisiones en los partidos políticos tachados de oligárquicos, porque solo llegaban a los puestos claves y eran candidatizados quienes tenían cómo financiar sus propias campañas.

La Ley 22 de 1997 lo reglamentó asignando el 1% de los ingresos corrientes de cada año anterior al Presupuesto Nacional y ha permitido nuevas figuras en la esfera política. Así es como la gran mayoría de la dirigencia de los partidos está constituida por profesionales que se han atrevido a emitir opinión y a cambiar la forma de gobernar. Se acabaron los partidos autocráticos y ha contribuido a la mayor participación popular; pero su manejo irregular en algunos partidos ha alarmado a la ciudadanía y puesto en dudas su eficacia, por lo que incluso se ha pedido su eliminación.

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El Subsidio Electoral se divide en dos componentes: el subsidio preelectoral y el subsidio postelectoral. En este período electoral 2009, el Tribunal Electoral (TE) reportó, el 26 de enero de 2009, la entrega a los ocho partidos vigentes de B/12,800,000, a razón de 1,685,000 por partido, que han debido ser usados: 1,200,000 en actividades propagandísticas y 465,000 para postulaciones.

Pero nos preguntamos, ¿los dirigentes hicieron buen uso de esos fondos? ¿Se gastaron los dineros en los destinos señalados? Solo la auditoría a tiempo puede responder.

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Como formo parte de la dirigencia del Molirena, inicié un análisis de los resultados electorales y para ello consulté los boletines electorales, órgano de divulgación oficial del TE, y entre otras cosas encontré solo tres boletines donde el Molirena cedía parte de esos fondos (B/342,100.82) a tres empresas privadas que le “habían confeccionado propaganda” , pero mi sorpresa fue que las resoluciones de las Salas de Acuerdo del TE que aprobaban las cesiones de esos dineros señalaban: “Original del Acta de la Junta Directiva del Partido que autoriza el contrato, debidamente notariado” , ver el 2781.

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¿Por qué mi sorpresa? Porque soy primer subsecretario Nacional de Asuntos Jurídicos del Molirena y de acuerdo con los estatutos partidarios la Junta Directiva la constituimos 43 miembros, pero no fuimos citados a reunión, por lo que esa acta es falsa y se abusa de nuestra confianza.

Hemos pedido el respeto de los estamentos directivos partidarios que tienen las jerarquías para tomar decisiones y nuestra solicitud ha caído en los oído sordo del presidente del partido y del TE.

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Con base en lo dispuesto por el numeral 14 del artículo 98 del Código Electoral, estamos solicitamos áuditos del subsidio postelectoral y a las partidas entregadas del subsidio preelectoral el 26 de enero y todavía nada.

Como veíamos demoras en atender nuestra solicitud por parte de las autoridades electorales, reiteramos las solicitudes adjuntando copias a la Contraloría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Zar Anticorrupción. Resultado: silencio y apatía total.

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¿Consecuencias? Que la ciudadanía dude del Subsidio Electoral y clame su eliminación sin medir las consecuencias antidemocráticas, solo por el mal uso por parte de muy pocos. Esperemos que los áuditos y auditores no lleguen cuando ya no haya nada que hacer. Ya el Molirena ha tenido esas malas experiencias

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El balance pendular

El balance pendular

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SAÚL MALOUL Z.

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Talvez para nadie haya pasado desapercibido que, aprovechando su toma de posesión, el presidente Ricardo Martinelli nos dijera formalmente lo que todos ya sabíamos: que él es un hombre de derecha y que su administración será una de derecha.  Más contundente que mil palabras, fue el dejarse acompañar por los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Colombia, Álvaro Uribe, en lo que los tres coincidieron en denominar como una nueva alianza estratégica internacional, pero, sobre todo, en una que procura luchar más eficientemente en contra de la criminalidad.

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En relación con nuestra política exterior, es necesario tener dos referentes claros: ¿cuáles son las políticas de Estado que vale la pena mantener en el tiempo?, ¿cuáles son las políticas de gobierno propias de cada administración gubernamental?

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A partir de la reversión del Canal a manos panameñas, junto con toda su zona adyacente, y de una manera muy bien concebida por el canciller de aquel entonces, el Dr. José Miguel Alemán, se establecieron algunos lineamientos de política de exterior, que fueron celosamente seguidos por la administración a la que perteneció el canciller Samuel Lewis Navarro.

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Esos lineamientos de Estado, en materia de política de exterior, se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Reconocimiento de la necesidad de retomar una alianza estratégica con los Estados Unidos de América, fundamentada sobre principios distintos al interés en el Canal de Panamá. A ello podemos agregar que se suscriben, por ejemplo, la política turística de Estado, de promoción de inversiones y, más recientemente, el intento por concretar un TPC, con el vecino del Norte.

2. El reconocimiento de la neutralidad no solo del Canal de Panamá, sino del país entero, en función del servicio que presta el Canal de Panamá al tránsito marítimo mundial. Este reconocimiento, implica la no diferenciación de regímenes políticos;

3. A pesar de lo dicho en el punto anterior, destacar el valor que tiene para la República de Panamá la consolidación de sistemas y valores democráticos, no solamente en el hemisferio occidental, sino, también, en todo el mundo.Así, nuestra tradicional preferencia de Taiwán sobre China Continental está íntimamente ligada a este principio de política exterior;

4. Por la necesidad de rescatar el valor de la neutralidad, también frente a regímenes políticos diversos, la imposibilidad de aplicar la doctrina Bethancourt.

5. Y, finalmente, el entendimiento de que ninguno de estos valores impide el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por el país en materia de lucha contra la criminalidad internacional.

Sobre estos principios de Estado, Martinelli, —como bien lo ha hecho—, puede perfectamente manifestar su interés por pertenecer a una de las tres corrientes políticas existentes en el Hemisferio.

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

En el Día del Abogado: Abogados y “abogados”

En el Día del Abogado: Abogados y “abogados”

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Candelario Santana Vásquez

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Literalmente la palabra abogado proviene de la frase latina advocatus, que significa “llamado junto a”, cuya figura formalmente surge en Roma; donde quienes tenían conocimientos de las leyes eran llamados a acompañar a las personas que las desconocían para que le brindaran su patrocinio al momento de comparecer ante el Pretor, a solicitar la acción o fórmula que les permitiera demandar a otra persona.

Histórica y culturalmente se ha tenido a los Abogados como aquellos letrados que se dedican a defender los intereses de otros ante los Tribunales de justicia y autoridades administrativas. En consecuencia, la profesión de Abogado ha ganado desde la antigüedad un prestigio, que se adiciona con la sublime misión de enfrentar las injusticias; se entiende pues, que el Abogado es un auxiliar en la administración de justicia y que por tanto, debe cumplir una función social.

No obstante lo anterior, cabe destacar que paulatinamente en nuestro medio y a nivel global los letrados han ido menoscabando la noble tarea que conlleva esta profesión y esto se debe en gran medida a factores que afectan la ética y la moral y en muchos aspectos también, debido a su pésima formación profesional.

Hoy 9 de agosto, el país conmemora un aniversario más del nacimiento del jurista panameño más relevante del Siglo XIX, Don Justo Arosemena, creador del Estado Federal del Istmo y precursor de la Constitución Colombiana de Río Negro; de allí que se haya escogido la fecha como el Día del Abogado.

Por muchos años hemos visto como se ha ido acrecentando en Panamá el número de abogados “titulados”, cuya cifra resulta desproporcionada, que tendiende a causar una percepción ciudadana contraria o negativa hacia los “abogados”, que por regla general está dirigida a descalificar sus bondades.

Mientras en el pasado se estimaba la figura del Abogado en una dimensión distinguida, hoy en día los incumplimientos forenses, producto de la mala formación de éstos, conlleva a disminuir tal consideración por parte de la sociedad. Ello se debe fundamentalmente en mi opinión, a ese exceso de “abogados” que en su mayoría carecen de una formación técnica aceptable.

La situación planteada obedece a la proliferación en el país de un sinnúmero de Universidades que otorgan el título de Licenciado en Derecho, sin cumplir con el diseño curricular necesario y que de manera improvisada, sin contar con una adecuada planta docente, ni campus, ni biblioteca especializada, mercadean esta Licenciatura, como si de venta de frutas y verduras se tratara.

Creo que es obligación de los usuarios de los servicios profesionales de los Abogados consultar o conocer previamente cuál es su nivel de especialización y experiencia en el área que se le contrata, así como su comportamiento ético; que en muchas ocasiones afecta hasta a sus propios colegas y pone en peligro la existencia de una abogacía comprometida con la justicia.

De más está decir, que en el país existen Abogados idóneos y expertos en las distintas áreas del conocimiento jurídico, tanto en el litigio como en el mundo académico y como operarios judiciales; sin embargo, es de urgente necesidad revaluar la formación y los créditos de los abogados en Panamá, especialmente al momento de otorgarles la Idoneidad Profesional por parte de la Corte Suprema de Justicia, en donde no solamente basta con la exposición de un “título” de “abogado”, sino con otros valores agregados.

Otro asunto de importancia, es el papel deficiente que juegan los gremios profesionales en cuanto a su participación en los temas nacionales relativos a la administración de justicia y la elaboración de leyes relevantes para el país. Por lo que, también es menester promover la participación de los Abogados en el debate jurídico y en los quehaceres nacionales, así como la formación de Institutos Especializados para investigar y transmitir docencia.

El Día del Abogado debe ser un día de reflexión para quienes realmente estamos comprometidos con la profesión y la justicia. Debe ser un día para distinguir a los mejores juristas del país en las distintas disciplinas del Derecho. Debe ser un día para que lo profesional sea per se un requisito sine qua non en la gestión y diligencia de los letrados en Derecho, por encima de la envidia, mala fe, ambición, codicia y falta de valores, que sólo conlleva a la mediocridad y el engaño consigo mismo.   Saludos a los buenos Abogados de mi país!

Publicado el 9 de agosto de2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde

El Órgano Legislativo

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El Órgano Legislativo

Alberto E. Fadul
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Sin duda la institución del Estado con mayores problemas de credibilidad es La Asamblea Nacional. Sus niveles de independencia son bajísimos y su funcionalidad deficiente.

Si bien se admite la libre postulación para el cargo de Diputado, los requisitos exigidos para lograrla, adolecen de seria “proporcionalidad”, término empleado en el segundo párrafo del artículo 146 de la constitución. La Ley, que regula esta materia, debe ser revisada a objeto de facilitar, no dificultar las libres postulaciones, incluyendo la eliminación de cálculos residuales, lo cual es inapropiado y permite rejuegos políticos inconvenientes e injustos.

La burocracia politiquera desmedida, costosa e innecesaria debe ajustarse a las realidades del país; por ello, se recomienda la eliminación del suplente a diputados, cargo inexistente en las principales democracias mundiales. Reformar todos aquellos artículos que lo mencionan.

El artículo 150 de la constitución debe, ser reformado a efectos de eliminar la obligación de los Diputados, de “representar” a sus partidos políticos. Estos deben representar el interés nacional y, proporcionalmente, a los electores de sus circuitos.

La revocatoria del mandato, por los partidos políticos, establecida en el artículo 151 de la constitución, debe eliminarse a cambio de causales constitucionales que regulen la pérdida del mandato, por actos de acción u omisión. La constitución chilena emplea este concepto. La Ley regularía el procedimiento para la aplicación de dichas causales. Tal eliminará el control político, de los partidos políticos y es más cónsono con la institucionalidad democrática y la independencia de dicho Órgano. Esta recomendación causará la necesaria reforma de los artículos relacionados al tema indicado.

El numeral tercero del artículo 153 de la constitución, debe contemplar una edad mínima mayor a los 21 años establecida en el mismo. Recomendamos 35 años de edad, igual a la de quienes desean aspirar al cargo de Presidente de la República.

El numeral 16 del artículo 159 de la constitución, debe ser más específico a los efectos de la concesión legislativa otorgada al Órgano Ejecutivo: “siempre que la necesidad lo exija”, representa una condición amplísima que se presta para el empleo oportunista de dicha facultad. Una ciudadanía carente de una bien formada cultura política, siempre será presa del histórico oportunismo político.

Reitero la necesidad de reformar la Constitución. El gobierno promovió el Cambio integral, no reformarla y, por lo menos, no eliminar el cálculo piramidal del Código de Trabajo, dejarían vacíos en sus programas.

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Publicado el 9 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre los pueblos indígenas de nuestro país

Sobre los pueblos indígenas de nuestro país

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Irina Conoán de López

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Al celebrar un año más el Día Internacional de las poblaciones indígenas, quisiera hacer una reflexión sobre la realidad que viven los indígenas de nuestro país, un país donde la globalización tiene efectos constantes en los aspectos sociales, culturales y económicos, resultando imposible que estos grupos minoritarios se vean afectados en su desarrollo y cosmovisión.

El avance inexorable de la tecnología, la búsqueda de nuevas alternativas para la producción de energía a bajo costo, y la construcción de megaproyectos son prácticamente impuestos a estas poblaciones, quienes solo reclaman su derecho a ser debidamente consultados, a través de la obtención del consentimiento previo, libre e informado, principio reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos, que propugna porque se respete su autonomía y libre determinación.

Además, el perenne estado de pobreza en que vive la mayoría de estos grupos, donde el 35% del total de niños que trabajan en nuestro país proceden de las comarcas indígenas, fomentando la deserción escolar; donde las comunidades no disponen de centros de salud debidamente equipados, así como los servicios básicos de agua potable, luz eléctrica son prácticamente inexistentes, nos permite tener indicadores fehacientes de que aún tenemos mucho trabajo por hacer para consolidar la autonomía y preservar la identidad de nuestros indígenas.

A falta de una legislación interna que desarrolle los derechos contenidos en instrumentos internacionales de derechos humanos sobre pueblos indígenas, tal como es el caso del Convenio 169 de la OIT, el cual, a pesar de ser un documento valioso, que complementa lo dispuesto en el Convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, y que reconoce entre otras cosas, el derecho de estos grupos a tener el control de sus propias instituciones, a promover y sostener su desarrollo económico y a constituirse en beneficiarios de un trato igualitario en cuanto a la toma de decisiones frente a actos que los afecten directa o indirectamente, el Estado panameño, debe fortalecer los mecanismos de protección de estas poblaciones, siendo un paso importante, la ratificación pronta y efectiva del precitado Convenio 169.

Ciertamente la ley de la vida nos dice que todo debe evolucionar, que estamos sujetos a cambios constantes y variados, pero lo que no puede cambiar nunca es nuestro pasado, por lo que es importante reconocer los valiosos aportes que nuestros indígenas, nuestros ancestros, hicieron a la historia de este país y que hasta el día de hoy se erigen como los celosos guardianes de ese pasado que es reflejo de nuestra verdadera identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones y del verdadero orgullo que representa ser panameño.

La autora es Directora de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo.

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Publicado el 9 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América,  a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El jugador

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El jugador

Juan Carlos Ansín

Es el título de una novela de Dostoyevsky. Allí se narra, con fuertes rasgos autobiográficos,  las peripecias de un jugador empedernido que toma conciencia de su problema diciendo: “Si pudiera dominarme por una hora podría cambiar mi destino”.

La Sociedad Americana de Psiquiatría define la ludopatía como un trastorno del control de los impulsos que ocasiona una enfermedad mental crónica y progresiva, no maníaca.

Al parecer el fundamento bioquímico de esta enfermedad radica en los bajos niveles cerebrales de norepinefrina y serotonina, dos mediadores neurológicos que regulan el estado de ánimo entre otras funciones cerebrales. Se cree que el ludópata logra aumentar la concentración de estas sustancias durante la excitación del juego, elevando así su estado de ánimo. Mecanismo que pondría en evidencia el sustrato químico de la adicción.

Alrededor del 0,5% al 15% de la población padece este trastorno. Si lo extrapolamos a nuestro país tenemos que entre 15 mil a 450 mil personas pudieran tener problemas con el juego. La padecen más aquellos que se dedican a juegos de riesgo rápido, como tragamonedas, ruleta, etc. En menos proporción la sufren los jugadores de riesgo lento, como los sorteos de lotería y de apuestas. Se cree que un tercio de las ganancias producidas por las máquinas tragamonedas (en nuestro país, cerca de 70 millones de dólares anuales) provienen de ludópatas.

La ludopatía es muy difícil de tratar y de curar. Sus consecuencias sociales también son extremadamente perjudiciales. El jugador adicto en algún momento de su vida se ve impelido a cometer delitos como el hurto, el robo o el narcotráfico y sus consecuencias las terminan pagando familiares, amigos y la sociedad toda. No rara vez los ludópatas se ven involucrados en crímenes violentos, como el asesinato por deudas o el suicidio.

Las campañas nacionales e internacionales contra las adicciones químicas, las del tabaco, el alcohol y los estupefacientes han logrado legislaciones que en cierto modo han modificado la historia natural de esas enfermedades. No sucede lo mismo con la ludopatía.

Al compás de la transformación urbanística de Panamá hemos podido observar la rápida proliferación de casinos oficiales y extraoficiales. Al mismo tiempo que entre nosotros ha tenido una larga tradición el fomento “inocente” de los juegos de apuestas y de lotería, que junto a aquellos garitos debieran ser considerados por las autoridades como actividades insalubres y socialmente dañinas. El Estado no sólo debe combatir este flagelo porque está obligado constitucionalmente a proteger la salud de la población, debe comenzar por dejar de ser su socio a través de las regalías anuales que recibe. Una inmoralidad y un insulto para la gente que cada día gana su sustento con el esfuerzo de su trabajo.

La sociedad no debe dar la espalda a este problema que hoy ocupa las primeras planas de los diarios, tiene que rechazar el amenazante consejo de los tres monitos cabilderos que desde el frontispicio de neón de los casinos invitan a hacernos los ciegos, sordos y mudos ante la inmoral explotación de estos enfermos.

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Publicado el 9 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.