Sobre la Ley 40

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Sobre la Ley 40
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Pedro Moreno-Patiño Estudiante de Tésis de la Facultad de Derecho.
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En nuestra humilde opinión como ex funcionario de una Fiscalía de Adolescentes, se nos hace obligante exponer a la sociedad el procedimiento agobiante por lo que pasan los que tramitan los expedientes o casos de los adolescentes incorregibles.

En primera instancia esta Ley es sumamente protectora de los victimarios a lo que el procedimiento denomina “garantista”, el “click” del asunto empieza por la ejecución del hecho punible por parte de los adolescentes, la labor policial sin duda alguna es excepcional, llegando éstos a rendir declaración jurada exhaustos donde se le cuestiona más que a los adolescentes, luego se activa una dantesca investigación para ubicar a los familiares, se le confecciona al adolescente rápidamente una medida de seguridad para que comparezca a firmar una o dos veces al mes de acuerdo al delito cometido o convocar a una Conciliación que ésta, a mi parecer, si es procedente.

En un cálculo aproximado de cuatro horas,  el adolescente está listo para irse a su casa o su barrio a perpetrar el siguiente delito.

Los casos van en aumento;  el índice de criminalidad en los jóvenes se incrementa día a día, el desgaste del recurso humano y estatal desde los miembros de la Policía Nacional hasta los funcionarios del Ministerio Público son costos elevadísimos para lograr a fin de cuentas la puesta en la calle al adolescente delincuente.

La ciudadanía no está al margen de esta realidad por el contrario es víctima del sistema que opera la flamante Ley 40, que a nuestro parecer es la principal cómplice de la comisión de los delitos de los adolescentes en nuestro Panamá.  Lo delicado del asunto es que el adolescente conoce perfectamente que su detención no es freno para que no delinca posteriormente.  En nuestro caso particular,  llegué a manifestar que nuestro Despacho parecía más una armería que una Fiscalía.

En los casos que los adolescentes son llamados a juicio,  sean por robo, homicidio, es decir por los Delitos más graves, aunque celebraron el aumento de la pena a los adolescentes,  la misma no es como tal, debido a que se toman los cálculos de rebaja de pena existentes, además hay una estrecha colaboración profesional y de amistad entre los jueces y fiscales que no debe convertirse en óbice de planteamientos en cuanto a la aplicación de la pena.

El nuevo proyecto de Ley de adolescentes es un clamor ciudadano necesario en nuestra latitud, el mismo debe ser renovado por completo, es decir abrogarse la Ley 40 que lo único que ha traído a nuestra sociedad es luto y dolor y proponer una Ley macro donde la pena se ejerza de manera coercitiva.

La puesta en marcha del sistema acusatorio a nuestro parecer pone en riesgo la tranquilidad ciudadana con la neutralización de la detención preventiva, este sistema es exitoso en otras ciudades con economías sólidas, nuestra Patria no converge con esos niveles, así que mantengamos la alerta y la anhelada confianza en que nuestros nuevos dirigentes pongan el debido cuidado y la responsable atención que este problema de seguridad social está aconteciendo.

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario El Panamá America, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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La contaminación del aire en Panamá

La contaminación del aire en Panamá

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Jorge Lee León – Presidente de la Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales (CAPECA).

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La “contaminación ambiental” la podríamos definir como el efecto de alterar nocivamente las condiciones normales del medio ambiente por agentes químicos o físicos. Cuando hablamos de contaminación del aire, nos referimos a la alteración negativa de este componente del medio ambiente. Sin el aire no podemos existir y, si es de mala calidad, puede causar problemas serios de salud pública.

En Panamá, el problema de calidad del aire se concentra principalmente en el área metropolitana donde la principal fuente de contaminación son los vehículos automotores. Éstos generan el 78 % de los hidrocarburos y el 98% del monóxido de carbono que llega al aire. Adicionalmente, tenemos unas 1,627 industrias manufactureras, de las cuales 188 (16%) generan emisiones importantes. Aunque no existen estudios epidemiológicos sobre la afectación de la contaminación del aire sobre la salud de los panameños, las enfermedades respiratorias están dentro de las principales causas de morbilidad atendidas en Panamá.

Después de un largo proceso de más de cinco años durante dos administraciones de la ANAM, se publican las normas de control de emisiones de contaminantes al aire. La primera norma se publicó a través del Decreto Ejecutivo 5 de 2009 que regula las emisiones de chimeneas; y la segunda en el Decreto Ejecutivo 38 de 2009 que regula las emisiones de los vehículos automotores. Ambas normas se denominan de “normas de emisión”, ya que regulan los contaminantes en el momento en que salen del foco emisor. Falta todavía una tercera norma de “calidad del aire” que regularía la recepción de contaminantes en el aire procedente de las fuentes emisoras. O sea, para minimizar la contaminación atmosférica, es necesario, por un lado, el control de las emisiones atmosféricas (niveles de emisión) y, por el otro, el control y la vigilancia de la presencia de los contaminantes en el aire en distintos puntos receptores (niveles de inmisión). Se espera que esta norma sea publicada en un corto plazo, ya que es imprescindible para la implementación de las otras dos.

La reglamentación de las emisiones es un importante primer paso en el mejoramiento de la calidad del aire en Panamá. Sin embargo, ahora inicia la fase más compleja que es la implementación de las mismas. Esta parte presenta retos importantes para la administración actual de la ANAM. Se requiere del fortalecimiento técnico de esta institución en temas de calidad de aire como lo son: un programa de concienciación de la sociedad civil incluyendo los dueños de vehículos y los industriales; la incorporación de modelos de dispersión computarizados en los estudios de impacto ambiental; el fortalecimiento del laboratorio de calidad ambiental de la ANAM; el fortalecimiento de las Oficinas Regionales de la ANAM en todo el país; la reglamentación de laboratorios y talleres privados que ofrezcan el servicio de mediciones de emisiones vehiculares; entre otros.

La ANAM tiene mucho trabajo por delante ya que las primeras actividades de implantación debieron iniciarse en junio pasado. Por otro lado, varias empresas ya iniciaron la preparación de sus informes de emisión; siendo imperativo que se establezcan los criterios de evaluación de los mismos. Como representante del gremio de empresas consultoras ambientales, estamos dispuestos a brindar el apoyo técnico requerido para la implementación de las nuevas normativas, teniendo siempre presente los mejores intereses de la ciudadanía.

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario El Panamá America, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El reto de una mejor educación

El reto de una mejor educación
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Euclides M. Corro R.
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No le resto capacidad a la colega Lucy Molinar para enfrentar y resolver los problemas de la educación nacional. Tendrá ante sí una tarea por demás difícil, un escenario complicado y toda una gama de antecedentes que requieren de carácter, enjundia y fortaleza.

La pésima educación nacional que hoy tenemos no es más que el resultado de la suma de situaciones que vienen desde hace muchos años, quizás demasiados, y que por tanto, no son fáciles de resolver. La nueva ministra tendrá que revestirse incluso de mucho coraje y no perder la paciencia ante las provocaciones de los componentes del sector.

Ella mejor que nadie los conoce. En su función de periodista tuvo muchas veces enfrente a los actores de este complejo escenario y sabe que tanto docentes como educandos mantienen una lucha permanente por ser los protagonistas principales de un drama cuyo resultado es una educación de muy baja calidad.

Para nadie es un secreto que la enseñanza que se imparte en los planteles públicos, en la mayoría por no decir en todos, constituye una vergüenza nacional que incluso, ha salido muy mal parado en análisis que sobre el mismo han realizado organismos internacionales.

Es lógico suponer que entre las prioridades de este gobierno en materia educativa, debe estar elevar el nivel de la calidad de la enseñanza y para ello, deberá implementar medidas que garanticen que tendremos a docentes y educandos dispuestos a colaborar precisamente en ese mejoramiento integral de la educación.

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, aceptó el compromiso de resolver los problemas en este sector y para ello ha confiado en la periodista Molinar. Estoy seguro que existe la mejor voluntad, un buen criterio y la decisión de sacar el tema educativo del sitio en que se encuentra y encaminarlo hacia senderos que a todos nos llene de orgullo.

Sin embargo, para ello se requerirá no solo de un gobierno empeñado en mejorar el sistema. Es importante que los padres de familia nos comprometamos también aportar nuestra parte; y de manera especial, es hora que la dirigencia de los docentes entiendan de una vez por todas que ya hemos llegado a extremos insostenibles y que ya está bueno de tanta intransigencia.

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario El Panamá America, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Abogados y leguleyos

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Abogados y leguleyos

Silvio Guerra Morales

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El maestro Secundino Torres Gudiño, doctorándose en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue distinguido asistente de la cátedra de Derecho Procesal Civil, nada más y nada menos, que del insigne procesalista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Observo que, pocos son los juristas panameños que conocen de la estrecha amistad que existía entre Gudiño y el connotado procesalista uruguayo Eduardo J. Couture o con Víctor Fairén Guillén o con Don Héctor Fix Zamudio. Los abogados estudiosos saben de quiénes estamos hablando y del respeto que inspiran sus obras. Fue Torres Gudiño el primer extranjero en doctorarse en derecho en la Unam.

Campo Elías Muñoz Rubio y el Dr. Carlos Enrique Muñoz Pope, padre e hijo, los dos, figuras prestantes del foro penal panameño, ambos egresados de la Universidad Complutense de Madrid, son sujetos de constantes citaciones por la doctrina más autorizada del Derecho Penal. Libros, revistas y publicaciones extranjeras, hacen gala de estos penalistas acopiando sus enseñanzas dentro de sus contenidos.

EL Dr. Rogerio María Carrillo –q.e.p.d.-, tío del reconocido jurista, el penalista Carlos Carrillo Gomila, dejó en la madre patria una tesis doctoral relativa al Derecho Sucesorio, insuperable en sus planteamientos y que maestros como Manuel Albaladejo, en España, han acopiado en varias de sus obras con clara mención de este jurista patrio. Dichosos los que al amparo de su cátedra estudiamos el Derecho Civil.

La Profesora Aura E. Guerra de Villalaz, también penalista de mucho fuste, autora de libros sobre la materia, inveterada docente que por varias décadas enseñó en la Universidad de Panamá, conferencista internacional, ha dejado huellas profundas en el Derecho Penal Panameño y en la jurisprudencia nacional.

Rubén Moncada Luna, de verbo fecundo, de oratoria sistémica, de argumentos disuasivos y persuasivos, exitoso juradista, inspirador de juventudes amantes del buen verbo y de la palabra culta y refinada, paradigma singular en el litigio forense, inspiración que fue y sigue siendo para prolíficos abogados del foro, constituye, sin duda alguna, un émulo de la Patria.

Felipe Juan Escobar: ¡Vaya que sabía hacerlo¡ Proyectaba una figura egregia, adusta, elegante, segura, y cuando en los tribunales vertía sus argumentos, la fuerza de sus convicciones y la energía de sus palabras, tenían el efecto de convencer, simplemente de hacer creíble lo increíble.

Y qué decir del gran Juan Materno Vásquez: de análisis crítico y siempre dialéctico; de mirada penetrante inquiriendo siempre la verdad del juicio; de fórmulas argumentativas sorprendentes; de conclusiones convincentes; enciclopedista del Derecho; resabio honorable de los grandes del Derecho.

Que faltarán nombres, será el juicio de algunos lectores que de pronto trataron in personam a los grandes juristas que menciono y a otros; sin embargo, la brevedad se impone solo para agregar que, todos ellos, eran hombres de cultivada lectura, de fecundos y enjundiosos estudios, sedientos de saber, investigadores incansables, lectores insaciables, que nunca dieron paso al placer del sueño ni del reposo para sacrificar el culto al saber. Ya lo ha dicho Don Rodrigo Miró en su: “El Ensayo en Panamá-Estudio Introductorio y Antología”.

Sean ellos y los omitidos, ejemplos a seguir en medio de una clase forense cuyas presentes generaciones, a excepción de unos pocos, rinden culto a Pluto sacrificando la lógica y la racionalidad de las cosas; convirtiendo lo verde en negro y la luz en oscuridad; despotricando de cuanto ser se les antoja y bebiendo de la mediocridad rampante que pulula por doquier. Enanos sin dignidad; astros sin luz; árboles sin troncos; profesionales con título pero sin saber.

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario El Panamá America, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Derecho a la intimidad en peligro

Derecho a la intimidad en peligro
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Miguel Antonio Bernal
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El proyecto de Ley 019-09, por medio del cual se regula la obligación de las empresas privadas a registrar y conservar los datos de los usuarios del servicio de telefonía móvil, fija, redes de comunicación y similares (v.gr. correos electrónicos, páginas webs, blogs, chats), constituye una peligrosa medida contra las garantías fundamentales por las siguientes razones:

1. Primero, llama a la sospecha el mecanismo, tan sigiloso como vertiginoso, adelantado por parte de las autoridades para aprobar un proyecto que viola gravemente los derechos fundamentales.

2. En segundo lugar, esta iniciativa debe estudiarse en un contexto en el cual permanecen vigentes decretos que se prometió serían prioritariamente revisados, y que permiten acceso a peligrosas intervenciones en la vida privada de los ciudadanos, además de la Ley de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

3. Esta ley de la DIJ pone en manos del estamento policial, averiguaciones que deben estar en manos de las instancias jurisdiccionales.

4. Aunado a lo anterior vemos que en el artículo 2 del nuevo proyecto se habla de la obligación de proporcionar datos a autoridades de investigación que “actúen bajo la dirección del Ministerio Público”, entiéndase Dirección de Investigación Policial (DIJ).

5. Como es sabido la DIJ fue creada durante el gobierno anterior con claros propósitos estructurar un organismo de investigación bajo el mando político y no jurisdiccional, lo que pone en peligro nuestras libertades democráticas.

6. Prueba de lo anterior es que los miembros de la DIJ, responden a la Policía y no a la Fiscalía cuando en el artículo 11 de la Ley determina que los miembros de la Dirección de Investigación Judicial que omitan, retarden o cumplan tardíamente las instrucciones recibidas de los agentes del Ministerio Público serán sancionados disciplinariamente por su superior jerárquico…”, entiéndase policía y no Fiscalía.

7. La DIJ tiene a su alcance la posibilidad de acceder a información de todos los ciudadanos del país e incluso extranjeros cuando en su artículo 14 se dispone que “La Dirección de Investigación Judicial llevará un Gabinete de Archivo e Identificación Personal que guarde, en estricto orden alfabético y cronológico, las fotografías, los datos de filiación, las huellas dactilares y otros registros de identificación de los nacionales y extranjeros que hayan obtenido cédula de identidad personal, así como de los transeúntes que ingresen legalmente al país”.

8. Por su lado, en los llamados decretos militaristas se dispone la potestad de requerir información a empresas privadas, lo que se une –sospechosamente-, a la nueva obligatoriedad del proyecto de ley acerca de regular “la obligación de las empresas privadas a registrar y conservar” datos.

9. Ya el Estado panameño fue condenado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso vs. Panamá, por violación del derecho a la vida privada, honor y reputación de una víctima contra quien una autoridad divulgó conversaciones privadas. No obstante ahora el proyecto de ley en su artículo 14 habla de obtener permiso para “reproducir” el contenido de los datos registrados.

10. Por todo lo anterior hacemos un llamado a la ciudadanía para que esté alerta en tan delicado tema que no busca sino cercenar Derechos Humanos .

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario El Panamá America, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Torrijismo: la mano y el guante

Torrijismo: la mano y el guante


NILS CASTRO

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Para explicarse la alharaca que se busca agitar sobre la situación del PRD es indispensable, entre otras cosas, diferenciar dos aspectos que se relacionan, pero tienen distinta naturaleza: uno es el torrijismo y otro es el partido. Sin pretender una definición formal, lo resumo así:

1. El torrijismo es la concepción ideológica con largas raíces en la historia panameña que en los 70 expresó las demandas de justicia social, las reivindicaciones nacionalistas y el reclamo de cambios que animaron al “proceso revolucionario” de esa época. Es la cultura política que condensa el conjunto de valores, ideas y métodos plasmados en los éxitos, los aprendizajes y las tareas pendientes que vienen de aquella experiencia.

2. A su vez, el PRD es una organización política que, enseguida de lograrse los Tratados del Canal, se constituyó para continuar ese proceso de cambios por medios civiles. Esto es, para continuar el proceso revolucionario por medios democráticos, a eso debe su nombre, mediante la movilización comunitaria y gremial de los sectores populares y la clase media, contando con un partido capaz de defender los avances ya logrados, ganar elecciones y dirigir el gobierno en esa dirección.

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En esta dupleta la cultura política o concepción ideológica es como la mano que empuña el guante. Por muy bueno que sea el guante, nada saldrá bien si lo calza una mano equivocada.

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En su día podremos recordar cómo y quiénes —tras la prematura muerte de Omar Torrijos— frustraron el proyecto de instaurar un nuevo tipo de democracia accesible, popular y participativa (en vez de retroceder a la democracia oligárquica y excluyente), y cómo y quiénes han insistido en frustrar al partido destinado a liderizar ese proyecto de desarrollo con autodeterminación nacional y equidad social. Hoy el tema es otro.

Respecto a la alharaca sobre lo que pasa en el PRD, cabe recordar que éste empezó con una importante correspondencia entre la ideología o cultura torrijista y la membresía del partido. Pero, a la larga la fortaleza de su convocatoria social y eficacia electoral lo hicieron más y más atrayente como maquinaria para obtener cargos por votación popular y puestos gubernamentales, y no solo como organización portadora de ese proyecto nacional.

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Esto ha acarreado dos dinámicas deformadoras:

Una, que el PRD atrae a arribistas políticos no comprometidos con el pensamiento y el proyecto torrijistas, que se adhieren al partido para hacer carrera. Incluso, ciertos viejos cuadros se desentienden de los objetivos torrijistas y se focalizan en controlar posiciones para aprovecharse del partido y obtener cargos, privilegios e inmunidades personales.

Otra, la pésima idea clientelista de emprender inscripciones masivas, sumando montoneras carentes de identidad ideológica ni ubicación definida, lo que infla la organización al costo de rebajar su calidad política. Esas malas dinámicas se agravan cuando una parte de la mística originaria del partido es desgastada al asumirse políticas contrarias a sus principios y objetivos.

Por ejemplo, al desacatar el “repliegue” —la orden de regresar a los militares a sus cuarteles y devolver toda la responsabilidad política a los líderes civiles—, y la consiguiente subordinación de la dirigencia del partido a las decisiones de unos coroneles políticamente impreparados, y la subsiguiente crisis de 1987-89. Asimismo, al plegarse a la ofensiva neoliberal y las arrogancias imperiales adoptando políticas contrarias al Programa del partido en los años 90.

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Tales experiencias tuvieron efectos corrosivos sobre las convicciones y la firmeza moral —efectos ideológicos— de una parte minoritaria, pero muy visible de la dirigencia perredista. Pero también probaron el tesón y la capacidad de lucha de miles de cuadros, mucho más numerosos, pero menos percibidos, que superaron dignamente esas y otras pruebas.

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Si nos fijamos en el asunto que nos ocupa, quedan a la vista por lo menos tres cosas, entre otras:

1) que mientras peor es esa corrosión y desideologización, mayor es la pérdida de eficacia política, como lo demostraron la reciente campaña electoral y la actual alharaca;

2) que la disputa tiene lugar en el ámbito del partido y se focaliza en la lucha por tomarse posiciones de control del partido, pero elude discutir en el campo ideológico, puesto que los querellantes están desideologizados. Es decir, tanto cuadros honestos como notorios arribistas buscan cómo tomarse la estructura del PRD, pero evitan examinar su situación ideológica, la que, sin embargo, está en la base del problema, como la mano en el guante; y finalmente,

3), que lo que así se dirime es quiénes podrán retener o tomarse las posiciones de control de la máquina político-electoral, sin considerar la naturaleza y la reactualización del proyecto torrijista, que es lo que antes le dio vida, convocatoria y eficacia al partido. Se pelea por la máquina sin discutir cuál uso deberá dársele para que ella le rinda mejores servicios al pueblo, con lo cual a la postre el guante podrá quedar en la mano más inapropiada.

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Para evitarlo, la primera pregunta debería ser: ¿Qué es el torrijismo? y ¿Cómo deberá constituirse el torrijismo en el siglo XXI? No cabe la excusa —de la que tanto abusan unos y otros— de que torrijismo equivale a socialdemocracia. Primero porque el torrijismo es bastante más que eso y, segundo, porque hoy tampoco está nada claro qué entender por socialdemocracia. Si ese nivel de descuido o falta de coraje ideológico no se corrige, al cabo alguien podrá quedarse con el control de una organización políticamente extraviada y moribunda. Pero lo más probable es que ésta sea, precisamente, la intención de los titiriteros mediáticos y gubernamentales que azuzan esta alharaca.

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Publicado el 6 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Partidos políticos y educación

Partidos políticos y educación


JUAN BOSCO BERNAL

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Pasada la costosa y prolongada campaña política, el país empieza a vivir su realidad. Comienza a marcarse la diferencia entre las promesas electorales, las expectativas generadas y las respuestas efectivas a las demandas y necesidades económicas, sociales y culturales de la población. Esta relación de oferta y demanda electoral, es la esencia del juego político en el que se conjugan, por un lado, la provisión de bienes públicos para satisfacer intereses comunes y, por el otro, la participación política electoral de las personas en apoyo a los dirigentes y gobernantes para que alcancen poder y puedan crear oportunidades e incentivos para el desarrollo humano.

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Por eso la política es clave para el desarrollo. No hay desarrollo humano sostenible si no existe buena política y si las instituciones políticas son débiles e ineficientes. Cuando la institucionalidad política es legítima, efectiva y duradera, la Nación recibe como beneficio la adopción de políticas públicas equitativas y sostenibles, los servicios públicos como la salud y la educación se ofrecen oportuna y eficazmente; los recursos humanos y financieros se asignan y utilizan adecuadamente; se fortalece la confianza y se incrementa el capital social en el país.

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Según el PNUD, la política es tan importante para el desarrollo humano como la economía. Cumplir una meta fundamental como la reducción de la pobreza y la desigualdad social y educativa, requiere crecimiento equitativo e igualdad de oportunidades. Así mismo, demanda que las mujeres, los grupos indígenas, afropanameños y los pobres participen en la política, tengan poder político y acceso a la información. Por ejemplo, la elaboración de presupuestos con participación ciudadana, para equiparar las oportunidades entre hombres y mujeres y canalizar los recursos hacia temas sociales prioritarios, es parte las ventajas de una institucionalidad eficaz.

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Los partidos políticos, como una expresión de esta institucionalidad, cuando funcionan basados en reglas éticas claras, con fundamento doctrinario y programático, son medios esenciales para promover la convivencia armoniosa, la participación democrática y la inclusión social.

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Sin embargo, visto como actúan algunos partidos en nuestro medio, no todos comparten esta aseveración. Son muchos los que consideran que la política y los partidos poco pueden hacer por aliviar la pobreza, pues son ellos los que generan actos sujetos a la manipulación y al abuso. Más que una solución a la pobreza, para ellos, los partidos políticos tienden a representar una causa esencial de la pobreza.

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Un campo fundamental del desarrollo humano donde algunos partidos han generado confusión y atraso es en la educación. Pero, hacia el futuro pueden ser mecanismos fundamentales para impulsar la equidad y calidad en los aprendizajes. Su rol puede ser de facilitadores para canalizar y articular las demandas de los servicios de este sector; fomentar la expresión de la ciudadanía en la relevancia y orientación que debe tener esta oferta en sus comunidades; pueden contribuir a elaborar de modo participativo y consensuado propuestas de mejoramiento de la eficiencia y rendimiento educativo.

Los partidos también pueden llegar a constituirse en agentes catalizadores de los conflictos que puedan generarse entre actores educativos y otras fuerzas políticas y sociales; asegurar estabilidad y continuidad del esfuerzo educativo y contribuir a tornar más predecibles el funcionamiento de los centros escolares, en un país caracterizado por los continuos cambios de rumbo educativo.

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Producir el cambio en el modelo de partidos electoralistas, clientelistas y demagógicos, por organizaciones políticas confiables, representativas y comprometidas con el cambio social, es una tarea importante. Estas organizaciones, de cierto modo, son la expresión de la sociedad. Quienes los integran y los electores han sido formados en nuestro sistema educativo y modelados por los ejemplos que se muestran en los medios. Esto significa también que los cambios en estas organizaciones políticas y la comunidad pasan necesariamente por el perfeccionamiento del sistema educativo.

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Algunos pasos importantes ya se han dado en el mejoramiento de la institucionalidad política, con las normas y la transparencia de los resultados electorales.

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Pero será importante consolidar la institucionalidad política valorando su significado dentro de la gobernabilidad democrática, creando incentivos a la participación y la representatividad, atrayendo dirigencias más íntegras y comprometidas con el desarrollo, construyendo confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y políticas, y asegurando su funcionamiento basado en los códigos de la decencia, la transparencia y el trabajo por el bien común.

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Publicado el 6 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.