Una verdadera ley de carrera

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Una verdadera ley de carrera

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Roberto Moreno
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Mientras escribo estas líneas nuestra “nueva” Asamblea Nacional discute y seguramente aprobará a tambor batiente las reformas a la ley de Carrera Administrativa, supuestamente por las irregularidades realizadas por el gobierno pasado al incluir a última hora a personas que no cumplen con los requisitos de ley para tales efectos.

Señalan los que se oponen que las mismas permitirán el despido de miles de funcionarios para crear espacios políticos para que los partidos de la coalición que ganó las elecciones incluyan en la planilla estatal a sus seguidores.

Independientemente de cuál de los argumentos sea el más acertado, el del gobierno entrante o el de los representantes del saliente, lo cierto es que cada cinco años los funcionarios son sometidos a la angustia de no saber si podrán continuar laborando en la consuetudinaria vorágine que busca satisfacer el clientelismo político. Este clientelismo es uno de los mayores males de nuestra democracia todavía en desarrollo, ya que evita que los funcionarios voten a conciencia, por el mejor candidato, y no por el candidato que les garantice mantener el puesto, o un futuro nombramiento, sin fijarse en las propuestas que pueda o no tener, aprovechándose los políticos de la miseria de quien necesita un trabajo.

En países mas desarrollados, como España, los servidores públicos se someten a un concienzudo proceso de reclutamiento y selección que les permite tener estabilidad en sus cargos hasta su jubilación, haciendo que el engranaje gubernamental sea eficiente, ya que los funcionarios se capacitan para ejercer los cargos que ostentan, evitando que cada cinco años se cambie no solo a las personas, sino los planes a mediano y largo plazo, y con ello se afecte además del individuo que pierde su trabajo, al Estado que ha invertido recursos en capacitar a estas personas, que son reemplazadas en la mayoría de los casos por individuos sin experiencia a los que por más capacidad que puedan tener, les toma algún tiempo conocer el funcionamiento del sistema, y en los que hay necesariamente que volver a invertir en entrenamiento.

Esta falta de estabilidad propicia muchas formas de corrupción: el tráfico de influencias, nombramiento de las famosas “botellas”, compartir el salario con quien le consiguió el puesto, provocar en el funcionario sin estabilidad el ánimo de hacer todo lo que este a su alcance para “llenarse” durante esos cinco años.

La corrupción en el gobierno afecta directamente a los más pobres, ya que los recursos destinados a obras para mejorar su calidad de vida se pierden en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos que se alían con personas del sector privado para enriquecerse de manera ilegal. Es hora de que los políticos entiendan que el clientelismo debe acabar, creando un verdadero sistema de méritos como el que tiene Autoridad del Canal de Panamá, una de las pocas entidades eficientes el país.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿A quién le toca ahora?

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¿A quién le toca ahora?

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Paco Gómez Nadal
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Somos débiles. Como ciudadanos y ciudadanas somos muy débiles. Dependiendo del momento pasamos de ser simples contribuyentes, a damnificados o reclamantes sin futuro en medio de un corte de carreteras. Y, en los momentos más lamentables, pasamos a ser “El Pueblo”. Los extremos se tocan. Somos pueblo cuando algunos iluminados populistas de izquierda deciden provocar una revolución en nuestro nombre partiendo de la teoría foquista y aseguran, con seguridad abrumadora, que nos falta conciencia de clase –cosa cierta, pero que no justifica que tomen decisiones por nosotros-. También somos pueblo cuando, en el otro extremo, unos tremendamente ejecutivos populistas de derechas deciden que ha llegado nuestra hora. La palabrita es útil en todo momento, siempre y cuando sea solo un eslogan publicitario.

Durante los procesos electorales escuchamos incesantemente arengas que prometen un accionar para responder al pueblo, pero cuando se llega al gobierno se suelen anunciar medidas “poco populares” para favorecer a ese mismo pueblo. Un enredo. Inauguramos en Panamá un gobierno populista, una necesidad histórica de todo país si se logra analizar bien. No porque vaya a lograr cambios sustanciales en el derrotero de cemento y vidrio de Panamá, sino porque sin quererlo de tanto repetir el mensaje de que “Ahora le toca al pueblo”, el pueblo se lo puede creer y empezar a exigir sus derechos.

Si el populismo de Martinelli logra devolver a los ciudadanos a la política, será ganancia. Pero en el camino vamos a tener varios cadáveres. Uno es el de la institucionalidad. El modelo de “presidente-sheriff” que va por el país tumbando paredes, poniendo vallas publicitarias sin firma, y ordenando acciones espectaculares va en contra de toda institucionalidad democrática –que debería funcionar sin necesidad de tener un superhéroe mediático al frente-. Otro cadáver es el de lo público: nadie quiere que el presidente viaje utilizando su tarjeta de crédito platinum, sino que utilice bien los recursos públicos. Uno tercero es el de la justicia: no necesitamos este goteo incesante de filtraciones o denuncias mediáticas sobre los actos de corrupción del gobierno saliente; lo que precisamos es que los responsables de tales actos vayan al banquillo de acusados y paguen por sus fechorías. Y el cuarto cadáver –que no es exclusivo de gobiernos populistas- es el de la verdad: que queda enterrada bajo una inmensa cantidad de lemas facilotes y frases de cajón que caminan entre el nacionalismo rampante y los tópicos políticos más gastados. De hecho, una de las cosas más interesantes de la puesta en escena populista es que cuando hablan apelan a la “cruda verdad” y logran una empatía brutal con los ciudadanos a punta de mentiras.

Y mientras… seguimos sin modelo de desarrollo para el país. Ni lo tenía Torrijos, que obvió todos los esfuerzos de planeación de la Concertación Nacional o de los pactos de Estado anteriores, ni lo tiene Martinelli –rodeado de estupendos asesores de imagen y con un coctel de medidas llamativas que sorprenden, pero no construyen-. Por eso, ‘Ahora le toca al Pueblo’, es verdad. Porque si la sociedad civil no se organiza, no discute, no reflexiona antes de creer este aluvión de promesas parecido al maná celestial… puede verse sorprendida, una vez más, cuando haga balance dentro de cinco años.

Si es la hora del pueblo, entonces hay que escucharlo, hay que respetarlo, dejar de tratarlo como un ejército de pobres que hace filas kilométricas paraacceder a las migajas de este festín de millonarios. Si es la hora del pueblo, digamos de qué pueblo, quién entra en esa categoría, o si entramos todos. Si ahora le toca al pueblo, el Gobierno va a necesitar de asesores “populares”, porque la mayoría de sus altos cargos no lo han visto de cerca en su vida –excepto cuando el pueblo ha sido empleado de sus empresas-. Me había prometido no escribir sobre este gobierno hasta que se cumplieran los 100 promisorios días. Ven que mi fuerza de voluntad es limitada frente a la fuerza de los hechos –y de las vallas sin dueño-.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El costo de una política equivocada

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El costo de una política equivocada

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Carlos Ernesto González Ramírez
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En el año 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un cartel económico compuesto por los 30 países más desarrollados del mundo, decidió iniciar un ataque frontal a los países que utilizaban sus políticas fiscales para atraer capitales foráneos.

Este ataque pretende evitar la competencia fiscal y el funcionamiento de centros financieros fuera del control de sus autoridades que, mediante beneficios fiscales y la protección de la información, permiten que los ciudadanos de sus países (y del resto del mundo) puedan protegerse de los abusos y confiscaciones fiscales de sus gobiernos.

Para lograr su objetivo le sugirieron a sus países miembros que aplicaran medidas discriminatorias a los países que no se sometiesen a sus designios. Estas medidas, sin embargo, eran y son todas contrarias a las obligaciones que en materia de comercio internacional tienen todos los miembros de la OCDE.

Esto lo afirmó en el 2000 un abogado que había ejercido como asesor legal de la sección comercial del mencionado cartel. Dijo, además, que así se lo había hecho saber a los fiscalizadores de la organización, sin lograr persuadirlos de su error.

En el 2001, hice una presentación demostrando las causas por las que estas medidas eran contrarias al Tratado de Marrakech (que crea la Organización Mundial del Comercio) y sugerí que Panamá iniciara un proceso de solución de diferencia en contra de un país latinoamericano que discriminaba a Panamá.

Lamentablemente, un asesor gubernamental se opuso a esta iniciativa argumentando que la misma podía tener un impacto negativo en nuestras relaciones internacionales, tal como lo había vivido él cuando formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Endara.

Esto no es cierto. En efecto, los procesos de solución de diferencia se establecieron para que los países defendieran sus posiciones dentro del marco del derecho internacional público, sin amenazas ni uso de la fuerza. Esta es la forma civilizada de actuar.

A través del tiempo esta opinión (y otras similares que surgían de la cancillería) impidieron que Panamá hiciese uso de los mecanismos legítimos que tenía para defenderse. De no haber sido por estas políticas equivocadas, ya hoy hubiésemos tenido una decisión en la OMC, la cual sería, muy probablemente, favorable a nuestros intereses.

Una decisión así hubiese reventado el “cartel” haciendo completamente ineficiente las “amenazas” de esta organización abusiva que pretende imponer su visión del mundo a las demás naciones. Además, hubiese movido el debate internacional al campo en el que debía estar: el del comercio internacional. Es decir, al ataque de “paraísos fiscales” les hubiésemos respondido con la defensa de “proteccionismo financiero ilegítimo”.

Lo que aquí describo lo vine a conocer recientemente en toda su magnitud, cosa me obliga a retirar lo que publiqué hace un tiempo en contra del Viceministerio de Comercio Exterior (dirigido entonces por Melitón Arrocha), a quien responsabilicé de la inacción del gobierno. Definitivamente hoy sé con certeza que ese despacho y sus sucesores han tratado en varias ocasiones de proseguir esta línea de acción, para sólo ser parados por una Cancillería que obviamente no entendía lo que tenía entre manos.

Mantengo la esperanza que, ahora que tenemos un vicecanciller que conoce profesionalmente las reglas que rigen el comercio internacionalmente, esta instancia se convierta en un aliado del ejercicio legítimo del derecho a la defensa. Tal como se ha hecho con el Banano (demandando a toda la Unión Europea) y con las exportaciones de la Zona Libre en contra de Colombia. El doble estándar no tiene base lógica y menos fáctica.

Termino señalando que Estados Unidos, que es miembro de la OCDE y que activamente persigue una política de atracción de capitales foráneos eximiéndolos de impuestos y protegiendo la identidad de los dueños de dichos capitales, eventualmente será víctima de la política de la OCDE, momento en el cual, vaticino, morirán las “amenazas”. Ese momento no está lejos y Panamá sólo debe saber cómo resistir el más reciente embate.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Institucionalidad e independencia

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Institucionalidad e independencia

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RAFAEL CARLES

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Hace unos años escribí sobre este tema, pero en vista de que los vientos que soplan traen un fuerte aroma a cambio, siento la obligación de desempolvar la historia patria y propiciar el debate sobre aspectos que inciden en la marcha de las cosas de Estado.

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Es una realidad que las crisis por las que atraviesan los países subdesarrollados se debe en gran medida al desprestigio de la institucionalidad y la falta de independencia de sus funcionarios. Es decir, más que una afectación del entorno externo, las crisis proceden de debilidades internas. Y es precisamente la situación por la que la mayoría de los países latinoamericanos no han aguantando los rigores de las reformas económicas y se han estancado o retrocedido.

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Muchos pensaron que para que la economía de mercado funcionara solo era necesario dejar en libertad a los precios y privatizar las empresas estatales. Bueno, ¡se equivocaron!, porque la economía de mercado es imposible sin instituciones respetadas por los ciudadanos y partidos políticos, e independientes de los vaivenes de quienes suben al poder. Estas instituciones deben ser autónomas en su régimen interno y en el ejercicio de sus funciones. Y eso es obvio, porque es la única forma de que impartan justicia rápida e impongan sentencias a los infractores.

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Si se analizan las razones del porqué en los diferentes países no ha calado la economía de mercado, lo primero que salta a la vista es la existencia de instituciones débiles y funcionarios políticos. El premio Nobel de Economía, Douglas North, se refirió a las instituciones como un concepto trascendental, una nueva idea que desafía las formas tradicionales de hacer las cosas, y señaló que sus funcionarios deben estar dispuestos a trabajar con honestidad, transparencia, equidad, creatividad, iniciativa y energía.

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En una ocasión, el mismo North, en referencia a la pregunta de por qué algunas naciones se desarrollan y otras se mantienen inmersas en la pobreza, cuando de pronto todas han adoptado políticas similares de apertura, han privatizado sus empresas públicas y han desrregulado los precios, contestó que la razón responde a la aplicación del marco legal institucional. Es decir, ya no basta con solo ver el mercado, es necesario que haya reglas claras y bien comprendidas, que existan mecanismos para que las reglas se cumplan y para que la gente crea que esas reglas se van a cumplir. Solamente así, las reglas tendrán sentido y la gente va entonces a apreciar las instituciones.

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Resulta que, para que las políticas de Estado funcionen, no basta con aplicar políticas correctas, sino que es necesario contar con instituciones sólidas e incorruptas. Y para muestra de un botón, la recién crisis financiera mundial, que no ha causado más pobreza, sino que la ha revelado.

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Hay que tener cuidado con aquellos que siempre quieren buscar camorra y están dispuestos a extraer consecuencias contra la económica de mercado. Lo que deben entender es que las políticas económicas no trabajan cuando los gobernantes irrumpen con la institucionalidad y descarrilan el curso de las cosas. La conclusión es que el mercado rendirá sus frutos cuando respetemos a las instituciones. Es decir, sin instituciones independientes, el mercado no funciona.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

No hay tiempo para esperar

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No hay tiempo para esperar

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RAMIRO VÁSQUEZ CH.

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Decía mi general, con esa sabiduría propia de él, que cuando uno va barranco abajo no hay estaca que lo pare. Algo parecido esta ocurriendo en la dirección del PRD. Su negativa a realizar el balance electoral; su negativa para comunicarse con su membresía y conversar con valentía sobre el momento político y trazar una hoja de ruta ante un fenómeno llamado Martinelli, que todavía está por descubrirse y estudiarse; el no querer calificar su propia condición critica luego de la derrota electoral, que algunos estiman de desastrosa; su manifiesta impotencia frente a la toma de decisiones de los “elegidos”, que han pasado a negociar directamente con los voceros del gobierno rechazando el mandato de “la línea”; su negativa a enfrentar la creciente campaña de denuncias sobre irregularidades sospechosamente cometidas durante nuestro quinquenio en el poder, que amenazan con producir un trágico final para el liderazgo de alguno de ellos; marcan la caída libre hacia donde esa tozudez nos puede arrastrar.

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Esa falta de coraje es suicida. Estamos quedando ante la sociedad como tontos de pueblo que buscan hacerse notar a como dé lugar. Pareciera no existir las causas lógicas ni el análisis racional. Es solo una manifestación de lo instintivo y de lo emocional. Hay un ejercicio perverso del poder. Estamos en medio de un diálogo de sordos. La rabia que se está acumulando es peligrosa y el castigo peor.

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¡Qué podría costar al ego de nuestra dirección reconocer que nos encontramos atrapados en una crisis de dirección y de identidad y que la derrota electoral no es su causa, sino su resultado y que esa crisis tiene un origen, y es producto de un error que se cometió y que nos hizo equivocar el camino del Torrijismo? ¿Por qué seguir pretendiendo que se está por encima del bien y el mal? Siempre estuve de acuerdo con un proceso gradual y ordenado para reestructurar los organismos de dirección y pensé, como ese tonto de pueblo, que ese era el espíritu de quienes están ideando organizar los Congresos.

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Pero no es así. Colocaron, entremezclados con algunas figuras de prestigio, a todo su equipo de incondicionales en el comité organizador. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Quieren perpetuarse en la dirección, o en otros términos, quieren destruir al partido. Mientras eso acontece, más de 30 mil perredés están acorralados por la angustia, esperando su carta de despido. Las denuncias en contra de supuestas acciones de corrupción salpican a toda la dirección y a todo el aparato que las facciones rivales crearon dentro de la estructura del partido. A parte de algunas valientes y aisladas voces de protesta, la dirección marca su distancia frente a estos dramas humanos.

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Lo bueno o malo de estos cinco años de realizaciones y esfuerzos solidarios se perdió en el pasado. El gobierno de Martín, sus obras y su empeño social, dejaron de ser referencia para abrir camino a una impresionante ola de denuncias por corrupción, ineficiencia, y arbitrariedades. Todo eso desciende hacia el partido agravando su crisis de dirección.

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No hay otro camino que la dirección entregue sus cargos y que el Directorio pase a crear una comisión transitoria para cumplir los plazos de renovación de toda la estructura. Un año de espera puede ser el año de vida que le queda al otrora partido de Omar.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Programas corporativos de conformidad

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Programas corporativos de conformidad

PEDRO MEILÁN N.

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Las políticas de competencia tienen como objeto supervisar que se desarrolle y se mantenga una competencia eficaz en el mercado, es decir al ser los mercados más eficientes tendríamos productos de mayor calidad con precios más competitivos beneficiándose de esta manera todos los consumidores. Sin embargo, los mercados no son perfectos y se producen distorsiones, provocadas algunas por situaciones globales y otras veces por actuaciones de algunos agentes económicos, provocando de esta manera una restricción a la libre competencia.

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Dentro de las funciones de la Acodeco está investigar y demandar ante los tribunales, si es el caso, la comisión de prácticas anticompetitivas por parte de empresas que operan en el mercado nacional. De comprobarse la responsabilidad del demandado mediante sentencia judicial, el mismo sería objeto de una sanción a ser impuesta por la Acodeco, que ascendería hasta $1 millón, en el caso de lo que la Ley 45 de 2007 define como prácticas monopolísticas absolutas, también conocida más ampliamente como cartelización o prácticas colusorias.

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La Acodeco, procurando que los mercados funcionen de manera más eficiente no solo ejerce un poder coercitivo, para prevenir este tipo de prácticas, sino que de igual manera intenta sensibilizar a la población de los beneficios de la competencia desarrollando lo que es conocido como la “Abogacía de la Competencia” , que no es más que la promoción de un entorno competitivo para las actividades económicas por medio de mecanismos distintos de los de la aplicación de las normas de competencia, principalmente a través de sus relaciones con otras entidades estatales y sensibilizando a la opinión pública de los beneficios de la competencia.

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La Acodeco, en aras de la promoción a la libre competencia a través de la abogacía y amparados por un mandato que nos establece nuestra propia legislación especial desarrolla actividades para propiciar un ambiente de cultura de competencia. Entre estas actividades vale la pena destacar una idea que estamos pensando desarrollar en los próximos meses en coordinación con los principales gremios empresariales del país y que la Ley 45 denomina Programas Corporativos de Conformidad, que no es más que un proyecto que tiene como objeto que los agentes económicos de manera voluntaria se matriculen en un proceso mediante el cual la Acodeco procederá a asesorarlos de manera gratuita en torno al cumplimiento de la normativa nacional de defensa de la competencia, teniendo con ello la convicción de que sus actuaciones no estarán vulnerando las políticas de competencia..

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Dentro de las ventajas de este programa para las empresas que decidan participar de él se encuentra que si, de la auditoría que la Acodeco realice en las instalaciones de la empresa, se descubren algunos procedimientos internos que pudieran estar en conflicto con la normativa vigente, se permitiría a la empresa realizar los correctivos necesarios bajo una supervisión futura de nuestra entidad, sin necesariamente tener que entablar un proceso judicial por prácticas monopolísticas.

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Al final lo que favorece a los consumidores es que las empresas actúen de forma competitiva, que no se coludan, antes que imponer multas a las empresas transgresoras de las leyes de competencia.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Qué debemos hacer?

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¿Qué debemos hacer?

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JUAN R. MORALES

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Siguiendo la línea de pensamiento del artículo “El Espíritu de las Leyes” publicado el 21 del presente, aportaré mis ideas, no sin antes pedir perdón por el arresto insólito de asociar mi pensamiento al de uno de los hombres más geniales que en este campo nos ha dado la humanidad, el Conde de Montesquieu.

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A vuelta de ésta consideración apunto.
En las últimas décadas se ha abierto paso irreversible el Tribunal Electoral. En este estudio, lo elevaría a Órgano Electoral, pero desde luego con más funciones, pues dicho órgano del Estado no debe seguir con la única función de aprobador o no cuanto se le presente. Si bien es cierto que el Órgano Legislativo es el vocero del pueblo, también en materia eleccionaria su representante real y efectivo es el Tribunal Electoral, razón para elevarlo a la categoría de Órgano Electoral.

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Primero: Este nuevo órgano, como los otros tres, debe funcionar separadamente, pero en armónica colaboración. Esa independencia debe ser constitucional y económica.

Segundo: Debe contar con un presupuesto propio, el que al ser presentado a la Asamblea recibirá el mismo trato que los otros tres y no estaría supeditado al Ejecutivo con una convocatoria anual reglamentaria, y otra de excepción por urgencia Nacional.

Tercero: El presupuesto variaría porcentualmente, dependiendo de las convocatorias que se den.

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La más importante de las innovaciones sería la capacidad de convocarse por sí mismo, por situaciones que pudieran surgir en su seno.
En esta reforma se podrían agregar figuras tales como el veto popular a leyes aprobadas, pero rechazada por el pueblo, ley que quedaría en suspenso hasta después de la consulta, para determinar si se deroga o se mantiene. Esta figura del veto erradicaría las protestas en virtud de que la ley en conflicto quedaría en suspenso. Otra sería convertir en ley de la República los programas que pudieran surgir durante las campañas electorales: El programa del candidato triunfante, por mandato del Soberano, se convertiría en Ley de la República de impositivo cumplimiento, con una obligatoriedad de entre el 70 y 85 por ciento. Esta norma haría creíbles las promesas por parte del Soberano y parcas por parte de los candidatos al prometer.

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Leyes directas: Panamá no es un país de ignorantes, de allí que también podría surgir la figura de la ley directa. Esta figura nacería en el seno del Soberano por circunstancias en que el gobierno haya dado la espalda al querer ciudadano. Allí los notables estructurarían la ley que, discutida y consensuada, finalmente se sometería a la voluntad ciudadana.

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Mucho se podría avanzar hacia una verdadera Democracia si el Soberano recupera su verdadera razón de ser, porque vota y nada más.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Pobres generaciones futuras

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Pobres generaciones futuras

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MARIO A. ROGNONI

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Recuerdo cómo mi abuelita añoraba tiempos pasados. Recordaba cuando se daban peleas en Santana, cuando caía un contrincante el otro esperaba que se parara para seguir, añoraba los tiempos cuando los caballeros caminaban a la izquierda de las damas, se levantaban en el tranvía ante una dama y cedían los asientos, o bien se descubrían el sombrero al saludar. Ah, tiempos aquellos.

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Mi generación también ha visto perderse modales y moral con el tiempo. Crecimos con buenos modales, urbanidad y civismo. Respetamos a nuestros mayores y admiramos su ejemplo. Fuimos la última generación que reconocía “notables” , como lo fueron Bobby, Alberto y Felipe Motta, Paul Gambotti, Mario Guardia, Sammy Boyd, Nino Chiari, Dicky Arias y tantos mas, cuya palabra era escritura, cuya sola presencia inspiraba respeto.

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Hoy, da pena el ejemplo que damos a nuestras nuevas generaciones. Escenas bochornosas en el debate político, funcionarios con una informalidad abrumadora, profesores vestidos como alumnos, ministros de Estado cuestionados moral y en honestidad.

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Eliminamos la Junta Nacional de Censura y dimos rienda suelta a la inmoralidad en los medios de comunicación social, el sexo y la crónica roja.

Hoy vivimos una generación que cuestiona las causas de dirigentes ecologistas, de transparencia y de justicia por su doble moral y cómo atacan a unos y respaldan a otros solo porque responden a sus intereses.

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Nuestra juventud no ve cruzadas genuinas, sinceras, honestas. Inclusive las denuncias de algunos responden a intereses de esos mismos. La doble moral se ve a través de los actos de los principales actores.

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El hoy zar anticorrupción fue funcionario del gobierno anterior para luego denunciar en campaña al gobierno que lo había nombrado. El ayer embajador en España de Torrijos es su peor adversario hoy. Ernesto Pérez Balladares, ex presidente de la República, ocultó seis años videos y grabaciones que hubiesen aclarado el caso del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), la ministra Giselle de Calcagno corre para ser parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático y luego en campaña se va con los adversarios del partido, pretendiendo seguir en el PRD.

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Con estos ejemplos, ¿qué podemos esperar de las futuras generaciones?
Yo recuerdo cuando admirábamos a nuestros profesores y maestros, hoy los vemos en las calles y en los medios luchando por conquistas propias, nunca por el mejoramiento de la enseñanza o el bienestar del estudiantado.
Hoy, premiamos al rico, por el dinero que tiene, no importa cómo lo logró. Su mérito es su fortuna. El técnico, el intelectual, el honesto, es uno más del montón.

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¿Alguien se ha preguntado en manos de quiénes están los partidos políticos? El PRD, el últimos de los partidos en manos populares, caerá en breve en manos de la oligarquía económica, siguiendo la actual corriente o “el péndulo actual”, como diría el presidente Martinelli.

La tragedia es que al final del camino, quizás no de mi vida, el péndulo volverá a buscar a los líderes naturales y solo con una revolución se podrá desplazar a los ricos del poder. Lo malo de todo es que mientras tanto seguimos el desgaste moral, siguen cayendo los valores cívicos y morales, seguimos alejando a nuestra sociedad de Dios y lo espiritual, enterrándola en el materialismo.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La Teoría de las Ventanas Rotas

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La Teoría de las Ventanas Rotas
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Eudoro Jaén
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La Teoría de las Ventanas Rotas toma su nombre de un artículo bajo ese título publicado por George L. Kelling en 1982 y del libro publicado en 1996, sobre criminología y sociología urbana, por el propio George L. Kelling en asocio con Catherine Coles con el título en ingles de “Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in our Communities” (Reparando Ventanas Rotas: Estableciendo Orden y Reduciendo el Crimen en nuestras Comunidades”).

La teoría establece que las comunidades que no atienden a pequeños problemas de deterioro urbano como son edificios con ventanas rotas o aceras sucias, estimulan un ambiente propicio para el crimen. Esta ausencia de espíritu comunitario o educación urbana como decían nuestros abuelos, hace que el elemento criminal migre hacia esas comunidades, pues percibe correctamente en ellas la ausencia de respeto y orden y que allí pasarán desapercibidos.

El ejemplo clásico es el caso de una localidad donde existe un edificio con ventanas rotas y no lo reparan con prontitud, lo cual estimula a las personas a romper más ventanas y si no se impone el orden, eventualmente usar el edificio como guarida de drogadictos y malhechores.

Igual sucede en el caso de las aceras. Botar basura en las aceras sin que nadie se preocupe por recogerla estimula a más personas a botar basura y llegará el momento que las aceras se convertirán en muladares.

La clave del éxito en la aplicación de la teoría está en empezar con los problemas chicos. Su primera aplicación práctica fue en el subterráneo de New York, donde se descubrió con algo de sorpresa que las personas que saltaban los accesos con el objeto de no pagar y los responsables de vandalismo, incluyendo los autores del graffitti que afeaba los trenes, eran en una alta proporción los mismos que cometían los crímenes mayores. De ahí surge la idea de retirar de las calles a los vagos, mendigos, “pushers” y violadores de ley, aún de delitos menores. Con anterioridad la policía se preocupaba solo de investigar los crímenes mayores dándole menor prioridad a los delitos menores.

De esta experiencia surge la Doctrina de “Cero Tolerancia” de Rudy Giuliani, que redujo con éxito la incidencia del crimen en la Ciudad de New York, en un tiempo una de las más violentes del planeta. La teoría ha sido aplicada en otras ciudades norteamericanas y en Europa. En Italia, por ejemplo, algunas ciudades retiraron los “limpia vidrios” de las calles con resultados de reducción en los robos.

Nuestra ciudad sufre de una alta criminalidad. Con preocupación he venido observando en mis esporádicos viajes a mi ciudad en los últimos cuatro años, cómo aumenta el temor de amigos y familiares ante la amenaza de ser objeto de asaltos, secuestros express o robos. Nuestras residencias se han transformado en verdaderas cárceles. Con gran nostalgia recuerdo los “viejos tiempos” de mi adolescencia en David, donde vivíamos con las ventanas abiertas, puertas y autos sin cerrojos. Sé que esos son “tiempos pasados”, pero aún en esta época moderna tan complicada, hay fórmulas para vivir en mejores condiciones de paz en los hogares, que en el “estado de sitio” al cual estamos arribando. Una manera es aplicar la teoría de las ventanas rotas y el concepto de “cero tolerancia”.

La necesidad de estas medidas en nuestra ciudad salta a la vista. Ni siquiera se requiere “mano dura”; solo se requiere aplicar “cero tolerancia” y eliminar de las calles al malhechor responsable de los crímenes y violaciones de la ley de menor grado que con frecuencia será o estará asociado con quienes cometen los crímenes mayores. Así veremos cómo se reduce la tasa de criminalidad. Empezemos por los chicos.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los delincuentes invaden el campus universitario

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Los delincuentes invaden el campus universitario
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Cynthia Sánchez
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Ya ni siquiera en el Campus de la Universidad de Panamá uno se siente seguro. Los robos están a la vuelta de la esquina y hasta en las aulas de clases se hurtan celulares, carteras y otras pertenencias de los estudiantes y profesores, lo que afecta el normal desempeño de este centro de estudios superiores.

Los tentáculos de la delincuencia se ha apoderado del campus universitario, situación que antes nunca se había visto. El problema ha llegado a un punto crítico, puesto que el rector Gustavo García De Paredes, solicitó a las autoridades policiales que ingresen al Campus para prestar vigilancia ante los constantes robos y hurtos de vehículos.

Por lo corrillos de la Universidad se escucha, que hay una banda de mujeres que se caracterizan por tener una imagen pulcra –bien vestidas- “de yeyés”, pero que son prácticamente lobos con piel de oveja. Hasta el momento al Campus no se le niega la entrega a nadie, pero considero que es hora de ir cambiado esa medida, ya que al no haber controles, extraños y delincuentes atentan contra el bienestar y la seguridad de los universitarios. Tampoco se revisa a nadie para ver si portan armas.

Es la hora de establecer estrictos controles de seguridad en la Universidad, para evitar hechos que lamentar y acabar de raíz con estos tipos del mal vivir

La ola de crimen en el país y sobre todo en la ciudad capital ha ido en incremento y no existe respeto a la seguridad pública ni a los policías. ¿Qué está pasando en Panamá. Dónde han quedado los valores y principios que se enseñan en los hogares?

Estamos ante la mirada de una juventud corrupta y putrefacta, que no le interesa golpear y asesinar a sus semejantes, con tal de conseguir algo de dinero para continuar en los hechos delictivos.

Todos los panameños tenemos que unirnos y exigir que se le ponga el cascabel al gato. Si bien es cierto hay pobreza, pero hay trabajo. En muchas ocasiones la gente no quiere trabajar ni estudiar, porque prefieren salir a delinquir para conseguir las cosas de manera fácil.

Los padres tienen que jugar un mejor papel en el hogar para inculcar a sus hijos altos valores morales, nunca es tarde para educarlos. Hagamos de nuestros hijos hombres y mujeres de bien para que nuestro país recupere la tranquilidad y paz que siempre ha caracterizado a los panameños.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

“En este siglo del niño”

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“En este siglo del niño”
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Emma Mendoza A.
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Juan Carlos Volnovich en su obra “El niño del “siglo del niño”( Editorial Lumen ,Buenos Aires,1999). nos informa que Eduard Claparede profetizó que el siglo XX sería el siglo del niño, quien a renglón seguido “quiso sintetizar un movimiento reivindincador de la infancia”, Vonovich marca una travesía acerca de la naturaleza y necesidades infantiles que explica, nunca antes ha sido objeto de una preocupación tan sonora por todos aquellos que por razones profesionales parentales y/o de sensibilidad social, se dedicaron a incursionar en la dinámica de los niños (as).

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Todo lo anterior con el propósito de comprenderlos, guiarlos y atenderlos de la mejor manera que permitiesen los conocimientos, la voluntad, los recursos y la conciencia; pues sabemos que históricamente los niños, al igual que las mujeres, han sido objeto de maltrato, explotación y abusos. En este sentido, coincidimos con la tesis planteada por el autor; no obstante, pese a los avances en materia de derechos y desarrollo infantil logrados, ocurre que recién pasado el siglo XX, referente del autor, aún nos encontramos con situaciones dolosas para la integridad física y sicológica de estos.

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Basta recordar la esclavitud laboral, la mortalidad infantil, la explotación sexual, el abandono, los homicidios u orfandad, por razones bélicas, y el maltrato sicológico que los castra emocionalmente, porque como otro autor señalaba, tienen la piel dura, pero el alma frágil. Las heridas del alma, no sanan fácilmente.

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Cuando vemos escenas en la televisión, como la que recientemente proyectaba a un padrastro estrellando violentamente a un pequeñín, nos preguntamos si resulta válido aquello sostenido por Claparade: “ la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. “Casos como éste nos eriza la piel, conmoviendo la conciencia nacional; pero qué hay del montón que no son proyectados de manera mediática y existen..? Qué hay de aquellos cuya condición es explotada, sin reparar el perjuicio psicológico, físico y moral, en beneficio de empresas publicitarias?

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En el siglo XX, Volnovich enunciaba ”Vivimos en el crepúsculo del Siglo del Niño, un siglo en el que el desarrollo más increíble de la ciencia y de la técnica, el dominio de la naturaleza basado en la informática, la telemática y la genética, coinciden con la falta de seguridad, la ausencia de justicia e igualdad y la desesperanza que se adueña de la infancia y que bien podría resumir sus condiciones de vida o, más bien, sus condiciones de muerte” (Volnovich,op. cit).
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En el siglo XXI, cambiaron esas circunstancias..? Continuamos matándolos de hambre, abandono, negligencia; en guerras genocidas y fraticidas. Agrediéndolos física y psicológicamente,sin que medien las instancias protectoras.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El keynesianismo adulterado

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El keynesianismo adulterado
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Juan Jované
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Joan Robinson, la más profunda y creativa de las seguidoras de Keynes, siempre mantuvo la tesis de que el pensamiento de su maestro fue devaluado por autores como John Hicks, Alvin Hansen y Paul Samuelson, quienes, al tratar de hacerlo más aceptables para los cánones neoclásicos de la profesión de economista, le habrían quitado su esencia crítica y renovadora. Al resultado de este proceso de depreciación de las ideas de Keynes lo calificó de “keynesianismo bastardo”.

Este es una forma de interpretar las ideas de Keynes que resulta útil para quienes si bien se ven obligados a aceptar algunas de las propuestas de políticas que se desprenden de las mismas, también sirve para evitar los resultados que implican una profunda aplicación de las estas, lo que llevaría, necesariamente, a un conflicto con los poderosos intereses del sector financiero. Esta forma de ver las cosas ha sido criticada recientemente por Stiglitz en un reciente e interesante artículo titulado “El socialismo estadounidense para ricos”, en el que destaca la falta de penetración de la política norteamericana frente a los grandes capitales financieros causantes de la crisis, de manera tal que más que una adecuada regulación se ha generado una especie de socialización de las pérdidas y de la privatización de las ganancias.

En Panamá la administración recién instalada, aun cuando, por razones evidentes, carece de funcionarios en el área de la economía que pudieran acercarse, aunque fuera marginalmente a la estatura intelectual de Hicks, Hasen o Samuelson, lo cierto es que la misma parece empeñada en desarrollar una especie de keynesianismo para los ricos. De acuerdo a esta visión se trataría de permitir en el corto plazo un incremento de déficit fiscal, financiado con deuda externa, con el fin de estabilizar el sistema, mientras que, en paralelo, se mantiene una política claramente destinada a profundizar el modelo neoliberal, centrado en el funcionamiento no regulado del mercado y en la estilo concentrate y excluyente de los ingresos que lo acompañan.

La tendencia a consolidar el modelo vigente aparece claramente delineada en varios elementos centrales del llamado “Plan de gobierno por el cambio”. Así, por ejemplo, en este no solo se propone reducir la carga tributaria en general, sino que esto se pretende concretar por medio de un esquema de impuestos de tasa plana (fat – tax), que lleva de manera directa a una reducción de los impuestos a los más ricos y a una mayor presión tributaria sobre los sectores medios, es decir a una mayor distribución regresiva de los ingresos. Siguiendo con la ejemplificación se puede señalar, que en términos de la privatización, la política de la nueva administración se propone un alto nivel de subsidio para la educación privada, en detrimento de la publica, así como la utilización masiva de los fondos públicos y a bajas tasas de interés para favorecer la acumulación y las ganancias de los capitales financieros.

Se trata de un esquema destinado al fracaso si se tiene en cuenta que las condiciones dinámicas del mercado mundial que permitieron su funcionamiento previo ya no existen, ni se pueden restablecer en el corto y mediano plazo. En estas circunstancias el esfuerzo por conformar una política alternativa socialmente incluyente y ambientalmente sostenible aparecen ahora como una prioridad junto a la organización política de la población.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.