Una verdadera ley de carrera

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Una verdadera ley de carrera

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Roberto Moreno
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Mientras escribo estas líneas nuestra “nueva” Asamblea Nacional discute y seguramente aprobará a tambor batiente las reformas a la ley de Carrera Administrativa, supuestamente por las irregularidades realizadas por el gobierno pasado al incluir a última hora a personas que no cumplen con los requisitos de ley para tales efectos.

Señalan los que se oponen que las mismas permitirán el despido de miles de funcionarios para crear espacios políticos para que los partidos de la coalición que ganó las elecciones incluyan en la planilla estatal a sus seguidores.

Independientemente de cuál de los argumentos sea el más acertado, el del gobierno entrante o el de los representantes del saliente, lo cierto es que cada cinco años los funcionarios son sometidos a la angustia de no saber si podrán continuar laborando en la consuetudinaria vorágine que busca satisfacer el clientelismo político. Este clientelismo es uno de los mayores males de nuestra democracia todavía en desarrollo, ya que evita que los funcionarios voten a conciencia, por el mejor candidato, y no por el candidato que les garantice mantener el puesto, o un futuro nombramiento, sin fijarse en las propuestas que pueda o no tener, aprovechándose los políticos de la miseria de quien necesita un trabajo.

En países mas desarrollados, como España, los servidores públicos se someten a un concienzudo proceso de reclutamiento y selección que les permite tener estabilidad en sus cargos hasta su jubilación, haciendo que el engranaje gubernamental sea eficiente, ya que los funcionarios se capacitan para ejercer los cargos que ostentan, evitando que cada cinco años se cambie no solo a las personas, sino los planes a mediano y largo plazo, y con ello se afecte además del individuo que pierde su trabajo, al Estado que ha invertido recursos en capacitar a estas personas, que son reemplazadas en la mayoría de los casos por individuos sin experiencia a los que por más capacidad que puedan tener, les toma algún tiempo conocer el funcionamiento del sistema, y en los que hay necesariamente que volver a invertir en entrenamiento.

Esta falta de estabilidad propicia muchas formas de corrupción: el tráfico de influencias, nombramiento de las famosas “botellas”, compartir el salario con quien le consiguió el puesto, provocar en el funcionario sin estabilidad el ánimo de hacer todo lo que este a su alcance para “llenarse” durante esos cinco años.

La corrupción en el gobierno afecta directamente a los más pobres, ya que los recursos destinados a obras para mejorar su calidad de vida se pierden en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos que se alían con personas del sector privado para enriquecerse de manera ilegal. Es hora de que los políticos entiendan que el clientelismo debe acabar, creando un verdadero sistema de méritos como el que tiene Autoridad del Canal de Panamá, una de las pocas entidades eficientes el país.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿A quién le toca ahora?

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¿A quién le toca ahora?

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Paco Gómez Nadal
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Somos débiles. Como ciudadanos y ciudadanas somos muy débiles. Dependiendo del momento pasamos de ser simples contribuyentes, a damnificados o reclamantes sin futuro en medio de un corte de carreteras. Y, en los momentos más lamentables, pasamos a ser “El Pueblo”. Los extremos se tocan. Somos pueblo cuando algunos iluminados populistas de izquierda deciden provocar una revolución en nuestro nombre partiendo de la teoría foquista y aseguran, con seguridad abrumadora, que nos falta conciencia de clase –cosa cierta, pero que no justifica que tomen decisiones por nosotros-. También somos pueblo cuando, en el otro extremo, unos tremendamente ejecutivos populistas de derechas deciden que ha llegado nuestra hora. La palabrita es útil en todo momento, siempre y cuando sea solo un eslogan publicitario.

Durante los procesos electorales escuchamos incesantemente arengas que prometen un accionar para responder al pueblo, pero cuando se llega al gobierno se suelen anunciar medidas “poco populares” para favorecer a ese mismo pueblo. Un enredo. Inauguramos en Panamá un gobierno populista, una necesidad histórica de todo país si se logra analizar bien. No porque vaya a lograr cambios sustanciales en el derrotero de cemento y vidrio de Panamá, sino porque sin quererlo de tanto repetir el mensaje de que “Ahora le toca al pueblo”, el pueblo se lo puede creer y empezar a exigir sus derechos.

Si el populismo de Martinelli logra devolver a los ciudadanos a la política, será ganancia. Pero en el camino vamos a tener varios cadáveres. Uno es el de la institucionalidad. El modelo de “presidente-sheriff” que va por el país tumbando paredes, poniendo vallas publicitarias sin firma, y ordenando acciones espectaculares va en contra de toda institucionalidad democrática –que debería funcionar sin necesidad de tener un superhéroe mediático al frente-. Otro cadáver es el de lo público: nadie quiere que el presidente viaje utilizando su tarjeta de crédito platinum, sino que utilice bien los recursos públicos. Uno tercero es el de la justicia: no necesitamos este goteo incesante de filtraciones o denuncias mediáticas sobre los actos de corrupción del gobierno saliente; lo que precisamos es que los responsables de tales actos vayan al banquillo de acusados y paguen por sus fechorías. Y el cuarto cadáver –que no es exclusivo de gobiernos populistas- es el de la verdad: que queda enterrada bajo una inmensa cantidad de lemas facilotes y frases de cajón que caminan entre el nacionalismo rampante y los tópicos políticos más gastados. De hecho, una de las cosas más interesantes de la puesta en escena populista es que cuando hablan apelan a la “cruda verdad” y logran una empatía brutal con los ciudadanos a punta de mentiras.

Y mientras… seguimos sin modelo de desarrollo para el país. Ni lo tenía Torrijos, que obvió todos los esfuerzos de planeación de la Concertación Nacional o de los pactos de Estado anteriores, ni lo tiene Martinelli –rodeado de estupendos asesores de imagen y con un coctel de medidas llamativas que sorprenden, pero no construyen-. Por eso, ‘Ahora le toca al Pueblo’, es verdad. Porque si la sociedad civil no se organiza, no discute, no reflexiona antes de creer este aluvión de promesas parecido al maná celestial… puede verse sorprendida, una vez más, cuando haga balance dentro de cinco años.

Si es la hora del pueblo, entonces hay que escucharlo, hay que respetarlo, dejar de tratarlo como un ejército de pobres que hace filas kilométricas paraacceder a las migajas de este festín de millonarios. Si es la hora del pueblo, digamos de qué pueblo, quién entra en esa categoría, o si entramos todos. Si ahora le toca al pueblo, el Gobierno va a necesitar de asesores “populares”, porque la mayoría de sus altos cargos no lo han visto de cerca en su vida –excepto cuando el pueblo ha sido empleado de sus empresas-. Me había prometido no escribir sobre este gobierno hasta que se cumplieran los 100 promisorios días. Ven que mi fuerza de voluntad es limitada frente a la fuerza de los hechos –y de las vallas sin dueño-.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El costo de una política equivocada

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El costo de una política equivocada

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Carlos Ernesto González Ramírez
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En el año 1998, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un cartel económico compuesto por los 30 países más desarrollados del mundo, decidió iniciar un ataque frontal a los países que utilizaban sus políticas fiscales para atraer capitales foráneos.

Este ataque pretende evitar la competencia fiscal y el funcionamiento de centros financieros fuera del control de sus autoridades que, mediante beneficios fiscales y la protección de la información, permiten que los ciudadanos de sus países (y del resto del mundo) puedan protegerse de los abusos y confiscaciones fiscales de sus gobiernos.

Para lograr su objetivo le sugirieron a sus países miembros que aplicaran medidas discriminatorias a los países que no se sometiesen a sus designios. Estas medidas, sin embargo, eran y son todas contrarias a las obligaciones que en materia de comercio internacional tienen todos los miembros de la OCDE.

Esto lo afirmó en el 2000 un abogado que había ejercido como asesor legal de la sección comercial del mencionado cartel. Dijo, además, que así se lo había hecho saber a los fiscalizadores de la organización, sin lograr persuadirlos de su error.

En el 2001, hice una presentación demostrando las causas por las que estas medidas eran contrarias al Tratado de Marrakech (que crea la Organización Mundial del Comercio) y sugerí que Panamá iniciara un proceso de solución de diferencia en contra de un país latinoamericano que discriminaba a Panamá.

Lamentablemente, un asesor gubernamental se opuso a esta iniciativa argumentando que la misma podía tener un impacto negativo en nuestras relaciones internacionales, tal como lo había vivido él cuando formaba parte del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la administración Endara.

Esto no es cierto. En efecto, los procesos de solución de diferencia se establecieron para que los países defendieran sus posiciones dentro del marco del derecho internacional público, sin amenazas ni uso de la fuerza. Esta es la forma civilizada de actuar.

A través del tiempo esta opinión (y otras similares que surgían de la cancillería) impidieron que Panamá hiciese uso de los mecanismos legítimos que tenía para defenderse. De no haber sido por estas políticas equivocadas, ya hoy hubiésemos tenido una decisión en la OMC, la cual sería, muy probablemente, favorable a nuestros intereses.

Una decisión así hubiese reventado el “cartel” haciendo completamente ineficiente las “amenazas” de esta organización abusiva que pretende imponer su visión del mundo a las demás naciones. Además, hubiese movido el debate internacional al campo en el que debía estar: el del comercio internacional. Es decir, al ataque de “paraísos fiscales” les hubiésemos respondido con la defensa de “proteccionismo financiero ilegítimo”.

Lo que aquí describo lo vine a conocer recientemente en toda su magnitud, cosa me obliga a retirar lo que publiqué hace un tiempo en contra del Viceministerio de Comercio Exterior (dirigido entonces por Melitón Arrocha), a quien responsabilicé de la inacción del gobierno. Definitivamente hoy sé con certeza que ese despacho y sus sucesores han tratado en varias ocasiones de proseguir esta línea de acción, para sólo ser parados por una Cancillería que obviamente no entendía lo que tenía entre manos.

Mantengo la esperanza que, ahora que tenemos un vicecanciller que conoce profesionalmente las reglas que rigen el comercio internacionalmente, esta instancia se convierta en un aliado del ejercicio legítimo del derecho a la defensa. Tal como se ha hecho con el Banano (demandando a toda la Unión Europea) y con las exportaciones de la Zona Libre en contra de Colombia. El doble estándar no tiene base lógica y menos fáctica.

Termino señalando que Estados Unidos, que es miembro de la OCDE y que activamente persigue una política de atracción de capitales foráneos eximiéndolos de impuestos y protegiendo la identidad de los dueños de dichos capitales, eventualmente será víctima de la política de la OCDE, momento en el cual, vaticino, morirán las “amenazas”. Ese momento no está lejos y Panamá sólo debe saber cómo resistir el más reciente embate.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Institucionalidad e independencia

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Institucionalidad e independencia

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RAFAEL CARLES

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Hace unos años escribí sobre este tema, pero en vista de que los vientos que soplan traen un fuerte aroma a cambio, siento la obligación de desempolvar la historia patria y propiciar el debate sobre aspectos que inciden en la marcha de las cosas de Estado.

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Es una realidad que las crisis por las que atraviesan los países subdesarrollados se debe en gran medida al desprestigio de la institucionalidad y la falta de independencia de sus funcionarios. Es decir, más que una afectación del entorno externo, las crisis proceden de debilidades internas. Y es precisamente la situación por la que la mayoría de los países latinoamericanos no han aguantando los rigores de las reformas económicas y se han estancado o retrocedido.

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Muchos pensaron que para que la economía de mercado funcionara solo era necesario dejar en libertad a los precios y privatizar las empresas estatales. Bueno, ¡se equivocaron!, porque la economía de mercado es imposible sin instituciones respetadas por los ciudadanos y partidos políticos, e independientes de los vaivenes de quienes suben al poder. Estas instituciones deben ser autónomas en su régimen interno y en el ejercicio de sus funciones. Y eso es obvio, porque es la única forma de que impartan justicia rápida e impongan sentencias a los infractores.

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Si se analizan las razones del porqué en los diferentes países no ha calado la economía de mercado, lo primero que salta a la vista es la existencia de instituciones débiles y funcionarios políticos. El premio Nobel de Economía, Douglas North, se refirió a las instituciones como un concepto trascendental, una nueva idea que desafía las formas tradicionales de hacer las cosas, y señaló que sus funcionarios deben estar dispuestos a trabajar con honestidad, transparencia, equidad, creatividad, iniciativa y energía.

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En una ocasión, el mismo North, en referencia a la pregunta de por qué algunas naciones se desarrollan y otras se mantienen inmersas en la pobreza, cuando de pronto todas han adoptado políticas similares de apertura, han privatizado sus empresas públicas y han desrregulado los precios, contestó que la razón responde a la aplicación del marco legal institucional. Es decir, ya no basta con solo ver el mercado, es necesario que haya reglas claras y bien comprendidas, que existan mecanismos para que las reglas se cumplan y para que la gente crea que esas reglas se van a cumplir. Solamente así, las reglas tendrán sentido y la gente va entonces a apreciar las instituciones.

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Resulta que, para que las políticas de Estado funcionen, no basta con aplicar políticas correctas, sino que es necesario contar con instituciones sólidas e incorruptas. Y para muestra de un botón, la recién crisis financiera mundial, que no ha causado más pobreza, sino que la ha revelado.

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Hay que tener cuidado con aquellos que siempre quieren buscar camorra y están dispuestos a extraer consecuencias contra la económica de mercado. Lo que deben entender es que las políticas económicas no trabajan cuando los gobernantes irrumpen con la institucionalidad y descarrilan el curso de las cosas. La conclusión es que el mercado rendirá sus frutos cuando respetemos a las instituciones. Es decir, sin instituciones independientes, el mercado no funciona.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

No hay tiempo para esperar

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No hay tiempo para esperar

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RAMIRO VÁSQUEZ CH.

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Decía mi general, con esa sabiduría propia de él, que cuando uno va barranco abajo no hay estaca que lo pare. Algo parecido esta ocurriendo en la dirección del PRD. Su negativa a realizar el balance electoral; su negativa para comunicarse con su membresía y conversar con valentía sobre el momento político y trazar una hoja de ruta ante un fenómeno llamado Martinelli, que todavía está por descubrirse y estudiarse; el no querer calificar su propia condición critica luego de la derrota electoral, que algunos estiman de desastrosa; su manifiesta impotencia frente a la toma de decisiones de los “elegidos”, que han pasado a negociar directamente con los voceros del gobierno rechazando el mandato de “la línea”; su negativa a enfrentar la creciente campaña de denuncias sobre irregularidades sospechosamente cometidas durante nuestro quinquenio en el poder, que amenazan con producir un trágico final para el liderazgo de alguno de ellos; marcan la caída libre hacia donde esa tozudez nos puede arrastrar.

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Esa falta de coraje es suicida. Estamos quedando ante la sociedad como tontos de pueblo que buscan hacerse notar a como dé lugar. Pareciera no existir las causas lógicas ni el análisis racional. Es solo una manifestación de lo instintivo y de lo emocional. Hay un ejercicio perverso del poder. Estamos en medio de un diálogo de sordos. La rabia que se está acumulando es peligrosa y el castigo peor.

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¡Qué podría costar al ego de nuestra dirección reconocer que nos encontramos atrapados en una crisis de dirección y de identidad y que la derrota electoral no es su causa, sino su resultado y que esa crisis tiene un origen, y es producto de un error que se cometió y que nos hizo equivocar el camino del Torrijismo? ¿Por qué seguir pretendiendo que se está por encima del bien y el mal? Siempre estuve de acuerdo con un proceso gradual y ordenado para reestructurar los organismos de dirección y pensé, como ese tonto de pueblo, que ese era el espíritu de quienes están ideando organizar los Congresos.

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Pero no es así. Colocaron, entremezclados con algunas figuras de prestigio, a todo su equipo de incondicionales en el comité organizador. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Quieren perpetuarse en la dirección, o en otros términos, quieren destruir al partido. Mientras eso acontece, más de 30 mil perredés están acorralados por la angustia, esperando su carta de despido. Las denuncias en contra de supuestas acciones de corrupción salpican a toda la dirección y a todo el aparato que las facciones rivales crearon dentro de la estructura del partido. A parte de algunas valientes y aisladas voces de protesta, la dirección marca su distancia frente a estos dramas humanos.

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Lo bueno o malo de estos cinco años de realizaciones y esfuerzos solidarios se perdió en el pasado. El gobierno de Martín, sus obras y su empeño social, dejaron de ser referencia para abrir camino a una impresionante ola de denuncias por corrupción, ineficiencia, y arbitrariedades. Todo eso desciende hacia el partido agravando su crisis de dirección.

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No hay otro camino que la dirección entregue sus cargos y que el Directorio pase a crear una comisión transitoria para cumplir los plazos de renovación de toda la estructura. Un año de espera puede ser el año de vida que le queda al otrora partido de Omar.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Programas corporativos de conformidad

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Programas corporativos de conformidad

PEDRO MEILÁN N.

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Las políticas de competencia tienen como objeto supervisar que se desarrolle y se mantenga una competencia eficaz en el mercado, es decir al ser los mercados más eficientes tendríamos productos de mayor calidad con precios más competitivos beneficiándose de esta manera todos los consumidores. Sin embargo, los mercados no son perfectos y se producen distorsiones, provocadas algunas por situaciones globales y otras veces por actuaciones de algunos agentes económicos, provocando de esta manera una restricción a la libre competencia.

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Dentro de las funciones de la Acodeco está investigar y demandar ante los tribunales, si es el caso, la comisión de prácticas anticompetitivas por parte de empresas que operan en el mercado nacional. De comprobarse la responsabilidad del demandado mediante sentencia judicial, el mismo sería objeto de una sanción a ser impuesta por la Acodeco, que ascendería hasta $1 millón, en el caso de lo que la Ley 45 de 2007 define como prácticas monopolísticas absolutas, también conocida más ampliamente como cartelización o prácticas colusorias.

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La Acodeco, procurando que los mercados funcionen de manera más eficiente no solo ejerce un poder coercitivo, para prevenir este tipo de prácticas, sino que de igual manera intenta sensibilizar a la población de los beneficios de la competencia desarrollando lo que es conocido como la “Abogacía de la Competencia” , que no es más que la promoción de un entorno competitivo para las actividades económicas por medio de mecanismos distintos de los de la aplicación de las normas de competencia, principalmente a través de sus relaciones con otras entidades estatales y sensibilizando a la opinión pública de los beneficios de la competencia.

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La Acodeco, en aras de la promoción a la libre competencia a través de la abogacía y amparados por un mandato que nos establece nuestra propia legislación especial desarrolla actividades para propiciar un ambiente de cultura de competencia. Entre estas actividades vale la pena destacar una idea que estamos pensando desarrollar en los próximos meses en coordinación con los principales gremios empresariales del país y que la Ley 45 denomina Programas Corporativos de Conformidad, que no es más que un proyecto que tiene como objeto que los agentes económicos de manera voluntaria se matriculen en un proceso mediante el cual la Acodeco procederá a asesorarlos de manera gratuita en torno al cumplimiento de la normativa nacional de defensa de la competencia, teniendo con ello la convicción de que sus actuaciones no estarán vulnerando las políticas de competencia..

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Dentro de las ventajas de este programa para las empresas que decidan participar de él se encuentra que si, de la auditoría que la Acodeco realice en las instalaciones de la empresa, se descubren algunos procedimientos internos que pudieran estar en conflicto con la normativa vigente, se permitiría a la empresa realizar los correctivos necesarios bajo una supervisión futura de nuestra entidad, sin necesariamente tener que entablar un proceso judicial por prácticas monopolísticas.

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Al final lo que favorece a los consumidores es que las empresas actúen de forma competitiva, que no se coludan, antes que imponer multas a las empresas transgresoras de las leyes de competencia.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Qué debemos hacer?

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¿Qué debemos hacer?

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JUAN R. MORALES

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Siguiendo la línea de pensamiento del artículo “El Espíritu de las Leyes” publicado el 21 del presente, aportaré mis ideas, no sin antes pedir perdón por el arresto insólito de asociar mi pensamiento al de uno de los hombres más geniales que en este campo nos ha dado la humanidad, el Conde de Montesquieu.

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A vuelta de ésta consideración apunto.
En las últimas décadas se ha abierto paso irreversible el Tribunal Electoral. En este estudio, lo elevaría a Órgano Electoral, pero desde luego con más funciones, pues dicho órgano del Estado no debe seguir con la única función de aprobador o no cuanto se le presente. Si bien es cierto que el Órgano Legislativo es el vocero del pueblo, también en materia eleccionaria su representante real y efectivo es el Tribunal Electoral, razón para elevarlo a la categoría de Órgano Electoral.

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Primero: Este nuevo órgano, como los otros tres, debe funcionar separadamente, pero en armónica colaboración. Esa independencia debe ser constitucional y económica.

Segundo: Debe contar con un presupuesto propio, el que al ser presentado a la Asamblea recibirá el mismo trato que los otros tres y no estaría supeditado al Ejecutivo con una convocatoria anual reglamentaria, y otra de excepción por urgencia Nacional.

Tercero: El presupuesto variaría porcentualmente, dependiendo de las convocatorias que se den.

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La más importante de las innovaciones sería la capacidad de convocarse por sí mismo, por situaciones que pudieran surgir en su seno.
En esta reforma se podrían agregar figuras tales como el veto popular a leyes aprobadas, pero rechazada por el pueblo, ley que quedaría en suspenso hasta después de la consulta, para determinar si se deroga o se mantiene. Esta figura del veto erradicaría las protestas en virtud de que la ley en conflicto quedaría en suspenso. Otra sería convertir en ley de la República los programas que pudieran surgir durante las campañas electorales: El programa del candidato triunfante, por mandato del Soberano, se convertiría en Ley de la República de impositivo cumplimiento, con una obligatoriedad de entre el 70 y 85 por ciento. Esta norma haría creíbles las promesas por parte del Soberano y parcas por parte de los candidatos al prometer.

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Leyes directas: Panamá no es un país de ignorantes, de allí que también podría surgir la figura de la ley directa. Esta figura nacería en el seno del Soberano por circunstancias en que el gobierno haya dado la espalda al querer ciudadano. Allí los notables estructurarían la ley que, discutida y consensuada, finalmente se sometería a la voluntad ciudadana.

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Mucho se podría avanzar hacia una verdadera Democracia si el Soberano recupera su verdadera razón de ser, porque vota y nada más.

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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.