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Una verdadera ley de carrera
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Roberto Moreno
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Mientras escribo estas líneas nuestra “nueva” Asamblea Nacional discute y seguramente aprobará a tambor batiente las reformas a la ley de Carrera Administrativa, supuestamente por las irregularidades realizadas por el gobierno pasado al incluir a última hora a personas que no cumplen con los requisitos de ley para tales efectos.
Señalan los que se oponen que las mismas permitirán el despido de miles de funcionarios para crear espacios políticos para que los partidos de la coalición que ganó las elecciones incluyan en la planilla estatal a sus seguidores.
Independientemente de cuál de los argumentos sea el más acertado, el del gobierno entrante o el de los representantes del saliente, lo cierto es que cada cinco años los funcionarios son sometidos a la angustia de no saber si podrán continuar laborando en la consuetudinaria vorágine que busca satisfacer el clientelismo político. Este clientelismo es uno de los mayores males de nuestra democracia todavía en desarrollo, ya que evita que los funcionarios voten a conciencia, por el mejor candidato, y no por el candidato que les garantice mantener el puesto, o un futuro nombramiento, sin fijarse en las propuestas que pueda o no tener, aprovechándose los políticos de la miseria de quien necesita un trabajo.
En países mas desarrollados, como España, los servidores públicos se someten a un concienzudo proceso de reclutamiento y selección que les permite tener estabilidad en sus cargos hasta su jubilación, haciendo que el engranaje gubernamental sea eficiente, ya que los funcionarios se capacitan para ejercer los cargos que ostentan, evitando que cada cinco años se cambie no solo a las personas, sino los planes a mediano y largo plazo, y con ello se afecte además del individuo que pierde su trabajo, al Estado que ha invertido recursos en capacitar a estas personas, que son reemplazadas en la mayoría de los casos por individuos sin experiencia a los que por más capacidad que puedan tener, les toma algún tiempo conocer el funcionamiento del sistema, y en los que hay necesariamente que volver a invertir en entrenamiento.
Esta falta de estabilidad propicia muchas formas de corrupción: el tráfico de influencias, nombramiento de las famosas “botellas”, compartir el salario con quien le consiguió el puesto, provocar en el funcionario sin estabilidad el ánimo de hacer todo lo que este a su alcance para “llenarse” durante esos cinco años.
La corrupción en el gobierno afecta directamente a los más pobres, ya que los recursos destinados a obras para mejorar su calidad de vida se pierden en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos que se alían con personas del sector privado para enriquecerse de manera ilegal. Es hora de que los políticos entiendan que el clientelismo debe acabar, creando un verdadero sistema de méritos como el que tiene Autoridad del Canal de Panamá, una de las pocas entidades eficientes el país.
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Publicado el 28 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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