Mismos vicios, mismos atropellos

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Mismos vicios, mismos atropellos


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GENARO LÓPEZ

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En comunicado de Conusi-Frenadeso, en torno al proyecto ley que busca modificar la Carrera Administrativa, señalamos que “su claro propósito es iniciar el despido de miles de empleados públicos (más de 30 mil), para hacerle lugar a la demanda de espacio político de los partidos que conforman la hoy alianza oficialista”.

También denunciamos que “esta situación es producto de lo actuado por el Gobierno de Martín Torrijos, con la participación de las cúpulas de Conato y Fenasep, que a última hora incorporó en la Carrera Administrativa a funcionarios allegados a su Gobierno con jugosos salarios, buscando además legitimar las conocidas botellas en varias dependencias, evidentemente tratando de perpetuar en el Gobierno a militantes reconocidos y personal de confianza como premio por los servicios prestados”.

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Esta situación, que llena de zozobra e intranquilidad a hogares humildes del país, nos permite presenciar hasta dónde ha llegado el clientelismo político en Panamá. Ello demuestra además, la conducta de las cúpulas de Conato y Fenasep, quienes son cómplices de estas situación, pues en su respaldo abierto al último Gobierno del PRD y con tal de preservar prebendas, canonjías, dietas y viáticos en algunos cargos del engranaje gubernamental, se cruzaron de brazos frente a despidos en el Gobierno central, llegaron a avalar las políticas antipopulares y han dejando indefensos y desmovilizados a los trabajadores. Como siempre serán los de abajo los que paguen los platos rotos.

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Mientras ello ocurre, el nepotismo recorre las esferas gubernamentales. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, de manera burda trata de justificar el nombramientos de hermanos, primos e hijos de los miembros del Gabinete, entre otros el de la hija de Giselle de Calcagno (ministra de la Pequeña y Mediana Empresa y miembro del PRD), quien fue designada cónsul en Montreal-Canadá; igualmente el caso de Felicia Papadimitriu, hermana del ministro de la Presidencia, en el consulado de El Pireo-Grecia, por mencionar algunos. El nepotismo impera en el servicio exterior panameño bajo la conducción de Varela, el mismo que alabó a los militares golpistas de Honduras.

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En medio de este escenario, se mantienen las acciones mediáticas (Figali, Las Brisas de Amador), sin embargo, no se actúa de manera firme en los casos de la empresa Petaquilla y Canadiense Minera Panamá (Inmet y Teck Cominco) o contra el proyecto en Bocas del Toro de la Represa Chan 75, que lleva a cabo la empresa AES Panamá, y se acata la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, instancias que se han pronunciado para que se detenga la obra, porque violan los derechos de los pueblos indígenas de dichos territorios.

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Estas acciones mediáticas pretenden vender la imagen de que Martinelli está dispuesto a enfrentar la patronal, cuando según algunos medios de comunicación lo que está en el fondo son diferencias e intereses interburgueses. Pero, además, frente a esta imagen, por el otro lado, Martinelli comienza a entregar prebendas a la patronal, tal es el caso de la anunciada rebaja de la electricidad, cuyos beneficiarios serán principalmente las grandes empresas del sector “comercial y productivo” (consumen más de 500 kilovatios al mes y representa el 75% del consumo total), so pretexto de que éstos reducirán el costo de la canasta básica.

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Preguntamos: ¿acaso no disminuyó el precio del combustible y el precio de la canasta básica de alimentos sigue por las nubes? ¿Cuánto más de nuestros impuestos pasan a subsidiar a las monopólicas transnacionales de la energía?  Ya empresarios han señalado, que el mercado está bajo “libre oferta y demanda” , por lo cual no es inmediato ni obligatorio tales disminuciones. Lo cierto es que la pérdida del poder adquisitivo del salario real (más de 30%) aún sigue sin ser compensado por gobierno alguno.

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Otra manifestación del beneplácito empresarial, es el proyecto ley que concede una moratoria para el pago de los tributos administrativos, práctica que ya ha sido ejecutada por otros gobiernos para favorecer a quienes controlan el poder económico, lo que constituye una acción contra los asalariados (ISR) o contra los consumidores (ITBMS) que no pueden postergar el pago de impuestos; es decir, el sistema sigue siendo permisible hacia el sector empresarial y contrario a los intereses del pueblo panameño.

Ya decía Alberto Vallarino, el del negociado de los más de 400 millones por la transacción Banistmo, “yo casi no pago impuestos”.

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¿Cuál es el Cambio, cuando se mantienen los mismos vicios y los mismos atropellos?

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una injusticia histórica

Una injusticia histórica
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GERALDINE EMILIANI

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Un lunes del mes de agosto de 1916, un batallón del Ejército de EUA irrumpió en las fincas denominadas Coco Solo, Coco Solito y El Potrero, ubicadas en la ciudad de Colón. La finalidad era apropiarse por la fuerza de tierras pertenecientes a Romano Emiliani Baccini.

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En aquel momento, este hombre trabajador y luchador, vio con sorpresa cómo llegaban ante él y sus empleados un centenar de soldados armados con bayonetas caladas.  Se resistió sin temor alguno y acompañado de una piedra y un palo, sus dos únicas armas, se enfrentó a los intrusos.   Terminó arrestado, maltratado y herido físicamente y acusado él de intruso. Fue despojado y saqueado cruelmente por los verdaderos impostores de aquel momento. Pese a ello perseveró en su lucha hasta el último día de su muerte.

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Esa lucha la continuaron los sucesores de Romano Emiliani Baccini durante 93 años continuos, y de manera pública, mediante un reclamo al derecho de plena propiedad sobre las fincas antes mencionadas.   Estas tierras son las mismas que por efecto del convenio Hay-Bunau Varilla de 1903 quedaron a perpetuidad sujetas a las limitaciones jurisdiccionales, al otorgarle Panamá a EUA todos los derechos, poder y autoridad que ellos tendrían si fueran soberanos del área conocida como la Zona del Canal.

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Según la cláusula VII de aquel nefasto tratado y, por encontrarse estas tierras adyacentes a la bahía de Colón, solo podrían ser adquiridas por EUA mediante solicitud formal al gobierno de Panamá y pagar a su dueño el precio justo.   Esta formalidad no la cumplió EUA que, sin embargo, cogieron por la fuerza y la violencia estas tierras. EUA construyó luego sobre estos terrenos la Estación Naval Submarina, la Estación Naval, el Aeropuerto de France Field, instalaciones civiles, viviendas y otros.

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Los derechos sobre estas fincas se tienen ganados desde el 26 de febrero de 1921, en que la Corte Distrital de EUA, distrito de la Zona del Canal, División Cristóbal, decidió la controversia promovida por la Panamá Railroad Co. contra Romano Emiliani Baccini y ordenó, decidió y decretó que Romano Emiliani B. es ahora y fue siempre durante su posesión pacífica, continua, ininterrumpida y notoria, con ánimo de dueño, sin violencia, ni ocultamiento, ni interrupción por un período mayor a los 30 años el dueño en nuda propiedad de las fincas Coco Solo y El Potrero, con una superficie de 1901.64 acres equivalentes a 768.93 hectáreas.

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Mediante el Tratado Torrijos-Carter, el gobierno de EUA renunció a la perpetuidad para el uso, ocupación, control y defensa del Canal de Panamá. En el numeral 2 del artículo XIII, se estableció un plan de transferencia en manos de Panamá de todas las tierras ocupadas por ese país. En el numeral 3 del artículo en referencia, “La República de Panamá, conviene en liberar a los Estados Unidos de América, respecto a las reclamaciones que pudieren presentar terceras personas en relación con los derechos títulos o intereses sobre los bienes ante dicho”.

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Panamá sabe de la inclaudicable demanda promovida por Romano Emiliani Baccini y  conoce que no recibió compensación ni lucro cesante.   Mediante la Ley 5 de 1993 Orgánica de la ARI, modificada y adicionada por la Ley de 1995, se dispuso incorporar las tierras revertidas al patrimonio del Estado denominándolas de uso público. Con base en el artículo 2 del Decreto 434 de 1959, el Estado debió emitir nuevo título a favor de mi bisabuelo y excluir esas tierras, así segregadas del alcance de la Ley de la ARI, modificada y adicionada; o, subsidiariamente pagarle a los sucesores la justa compensación según el valor catastral vigente y, por analogía aplicar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 255 de la Constitución.

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Con posterioridad a la firma del tratado Torrijos-Carter, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 158 del 5 de septiembre de 1980, reconoció y se solidarizó con la causa Emiliani, y, la Cancillería, mediante su nota DGPE-EUC-Nº71/1474-6 del 6 de febrero de 1980, dirigida al secretario de Estado de EUA, estableció en aquella fecha la justa compensación a los verdaderos dueños de esas tierras.

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Actualmente, sobre la finca de Coco Solo, la ZLC, ha dado concesiones a favor de Evergreen, Manzanillo International Terminal, Puerto de Contenedores, Central American Line, Colón Port Terminal, Panamá Railroad Co., y se promovió desarrollar el Centro Multimodal Industrial y de Servicio, a través de un grupo español…

Es inaceptable que se continúe promoviendo y mercadeando tierras en disputa. Ninguna transparencia se proyecta al ofertar bienes cuya legitimidad se discute y ninguna seguridad jurídica se la asegura a Romano Emiliani Baccini y a sus sucesores.

El Estado persiste en perpetuar un modo irregular de hacer suyos bienes patrimoniales de particulares;  lo que por contagio afectará la desconfianza en los inversionistas al conocer que Panamá contradice lo que profesa el artículo 42 de la Constitución.   El Estado no garantiza ni respeta el derecho a la propiedad que tiene la familia Emiliani sobre esas tierras, y que hayan dispuesto darlas en concesión, sin cumplir con la Constitución, la Ley, la moral y la justicia.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Concesión del Club de Yates

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Concesión del Club de Yates

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JAIME CORREA MORALES

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Las acciones tomadas por el presidente Ricardo Martinelli, sobre las concesiones de bienes del Estado, son dignas de encomio. Opino, sin embargo, que el caso del Club de Yates y Pesca merece un tratamiento diferente y más condescendiente, pues, es un ente sin fines de lucro y cuyo propósito es promover los deportes marinos, que practica un gran número de panameños de clase media.

Esta actividad, directa e indirectamente, incide favorablemente en el desarrollo del turismo. Para decirlo muy claro: en el caso de este Club los beneficios de la concesión se distribuyen entre un gran número de ciudadanos y no son de tipo económico ni van a algún bolsillo particular.

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El Estado, a su costo, construye y mantiene parques y áreas deportivas que ocupan terrenos valiosos, pero que son importantes para crear distracción y estimular la actividad deportiva de los ciudadanos. En el caso del Club de Yates la inversión no la hace el Estado, sino el propio Club y el espacio que ocupa es, principalmente, fondo de mar, pero sin alterarlo. La diferencia es que las otras concesiones con las que se quiere equiparar al Club de Yates sí son lucrativas y algunas sí alteran el fondo marino con rellenos, para beneficio de particulares.

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Fui miembro fundador del Club de Yates, incluso soy uno de sus ex presidentes, pero, desde hace unos 30 años estoy alejado de esta actividad, o sea, no tengo un interés particular y directo en esto. Solo adicionaré que en sus 60 años de existencia dicho club ha ayudado a salvar muchas vidas a través de rescates de naufragios marinos, de traslados de isleños enfermos hacia los hospitales de la ciudad y ha efectuado muchas misiones de salud (una casi todos los años), llevando médicos, medicinas y hasta alimentos, principalmente a los residentes del Archipiélago de Las Perlas, por lo que sí contribuye con la sociedad panameña.

Reitero que este Club merece un tratamiento diferente al de las demás concesiones privadas y lucrativas.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Prescrito Caso CEMIS

Prescrito Caso CEMIS


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CARLOS A. HERRERA

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Este escándalo en el hemiciclo legislativo sobre un soborno para aprobar un proyecto que no lo necesitaba, más el otro asunto sobre la ratificación de dos magistrados de la Corte, tal vez como contraofensiva política, pero que involucraría a los legisladores contrarios al gobierno de ese entonces, quedo anulado y archivado.

Fueron tiempos muy tensos en el ambiente político legislativo, junto a lo ejecutivo y judicial, debido a la tormenta verbal desatada, que oscureció por completo el cielo de la patria.

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Si esto empezó en 2001, porque no me acuerdo de la fecha del escándalo, los que tenemos nociones en estas faenas procesales sabemos sobre la aplicación la Ley Constitucional, sustantiva y adjetiva, sin descuidar la competencia por la calidad de las partes, de modo que a los padres de la patria los juzga la Corte en Pleno y los magistrados de la Corte a su vez, son juzgados por los legisladores hoy diputados, en pleno.

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El Código Penal anterior que siempre vamos a usar, en el Libro Segundo, del Título X sobre Los Delitos contra la administración Pública , en el Capítulo Tercero Sobre Corrupción de Servidores Públicos , desde el artículo 331 hasta el artículo 335-B, que revisamos superficialmente, con el interés de publicar estos pensamientos, con el ánimo de alertar a la comunidad para que no se entusiasme sobre los resultados de esta segunda vuelta investigativa.

Prometo profundizar sobre este tema oportunamente. Volviendo al asunto que nos ocupa, ninguno de estos artículos tiene pena de prisión superior a los seis años.

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Vamos a copiar la primer norma del capítulo en cuestión: ”Artículo 331. El servidor público que personalmente o por interpuesta persona, acepte promesa, dinero u otro beneficio como retribución a sus funciones, que no se le deba, será sancionado con prisión de 2 a 4 años”.

Tiene la agravante hasta la mitad de la pena, lo que sería de 3 a 6 años, si el autor es funcionario del Ministerio Público o del Órgano Judicial.

El artículo siguiente no es pertinente, pero la sanción es de 2 a 6 años; el artículo 334 se refiere a particulares que ofrecen el dinero a los funcionarios públicos; el artículo 335 se refiere al servidor público que reciba dinero u otro beneficio con pena de 6 meses a 3 años o su equivalente en días multas; el 335-A es sobre enriquecimiento patrimonial y el que sigue tampoco es pertinente, pero la pena es de 6 meses a 4 años.

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La prescripción de la acción transcurre por el tiempo para instruir un proceso. El Artículo 94 establecía: “La prescripción de la acción penal comenzará a correr para los hechos punibles consumados desde el día de la consumación; para los continuados y permanente, desde el día en que cesaron, y para las tentativas desde el día en que se realizó el último acto de ejecución”.

Si esto ocurrió en el año 2001 y la prescripción no fue interrumpida con el auto de enjuiciamiento, el artículo 93 ordena la prescripción de este caso, cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la Ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Voces agoreras

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Voces agoreras
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MARIELA SAGEL
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La palabra “agorera” es utilizada para anunciar catástrofes, y se les atribuye a aquellas personas que son pesimistas, que predicen un mal final.. sin haber visto todavía la solución. Tiene una relación directa con la muy conocida frase de ser un “ave de mal agüero”, pues la misma raíz la vincula.

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Es así como desde ya se han alzado algunas voces, que además de ser agoreras, se esconden bajo el anonimato y han empezado a circular toda clase de ideas agoreras sobre la próxima celebración de la Feria Internacional del Libro, en su quinta versión.

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Se adelantan a vaticinar que la feria será una venta más de libros de autoayuda o sensacionalistas, como el que más se vendió en la feria pasada y que se descuida la promoción de la buena lectura.  Se equivocan en señalar que la feria debería ser un evento educativo más que comercial.

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Las ferias, por su naturaleza son eventos comerciales y lo que se busca, desde todos los puntos de vista, es vender. Por supuesto que debería ser el derrotero de todos elevar el nivel de este intercambio, pero eso empieza precisamente cuando se apoyan actividades como éstas y se transmite publicidad que induzca a los cambios en los patrones culturales: en vez de una cuña de alguien viendo TV, una persona en una hamaca leyendo un libro, aunque éste sea de Cohello.

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La Quinta Feria se celebrará en Panamá del 19 al 23 de agosto y el país invitado es Perú. El gobierno nacional solo ha dado $25 mil (ni cerca de los 4 a 5 millones que se le regalan al carnaval sin ningún áudito y por menos tiempo) y la Alcaldía de Panamá, como ha sido su tradición, ha brindado todo el respaldo desde antes del cambio de mando.

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Los medios de comunicación son también patrocinadores, y su apoyo está precisamente en el espacio que le dan a las cuñas publicitarias que se transmiten, que los detractores llaman “publicidad inútil”.

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El resto de los patrocinadores son empresas privadas, cuyo apoyo proviene precisamente de la decisión de sus directivos que creen en el evento porque les interesa la lectura, o simplemente, editoriales que saben que ese evento ferial constituye un importante escenario para el progreso de la industria del libro en la Región, tal como lo es Colombia, México y Argentina, por no irnos del otro lado del océano.

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Como en todos los movimientos culturales, se dan corrientes de una y otra orientación, que distorsionan a los ojos de los demás los verdaderos propósitos que se persiguen. Es así que las voces agoreras se han anticipado a predecir que en la feria solo se venderán libros de autoayuda y literatura chatarra.

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En realidad, en esta feria me anticipo a decirles que no solo se van a comercializar los libros de autoayuda, sino de pitonisas, esotéricos, cábala, cocina gourmet, novela negra, novela rosa, historia, humor, música, guerrilla, bloggers, costumbres panameñas, libros infantiles y muchos más, que si bien pueden estar guardados en un sótano húmedo llenándose de moho, también vendrán de las principales casas editoriales como primicias dentro de un movimiento que cada día le es más difícil sobrevivir, compitiendo contra los medios electrónicos.

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Así que esas voces lo que deberían es coadyuvar a que los organizadores de esta fiesta cultural hagan un mejor trabajo y no se permita que la feria decaiga, sino que se enrumbe y posicione como un marco de referencia en la Región, especialmente por nuestra ubicación geográfica y por las ventajas que ofrece nuestra economía.

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<> Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

El sufragio

El sufragio

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Alberto E. Fadul N.

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Revisando el Título IV de la Constitución y su Capítulo 2 el sufragio, considero sugerencias que modifican su contenido.    Agregados, entre comillas.

ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:

1. El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.

2. Las actividades de propaganda y afiliación partidista en las oficinas públicas.

3. La exacción de cuotas o contribuciones a los empleados públicos para fines políticos, aun a pretexto de que son voluntarias.

4. Cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su cédula de identidad.

Igualmente, se prohíbe la exacción de cuotas, contribuciones, cobros o descuentos a los trabajadores del sector privado por los empleadores para fines políticos, aun a pretexto que son voluntarias. (Agregado): “También, se prohíben contribuciones económicas de parte personas naturales extranjeras, empresas extranjeras u otros Estados”.

La Ley tipificará los delitos electorales y señalará las sanciones respectivas.

ARTICULO 138. Los partidos políticos (Agregado): “y la ciudadanía, políticamente independiente”, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son (Agregado): “factores importantes en la participación política”. (Agregado): “Se permite postulación libre para todos los cargos de elección popular”. “La Ley regulará, esta materia”. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos.

La Ley reglamentará el reconocimiento y subsistencia de los partidos políticos, sin que, en ningún caso, pueda establecer que el número de los votos, necesarios para su subsistencia, sea superior al (Agregado): “tres” por ciento de los votos válidos emitidos en las elecciones para Presidente, Diputados, Alcaldes o Representantes de Corregimientos, según la votación más favorable al partido.

ARTICULO 140. Los partidos políticos (Agregado): “y políticos independientes” tendrán derecho, en igualdad de condiciones, al uso de los medios de comunicación social que el Gobierno Central administre y a recabar y recibir informes de todas las autoridades públicas sobre cualquier materia de su competencia, que no se refieran a relaciones diplomáticas reservadas.

ARTICULO 141. El Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales. La Ley determinará y reglamentará dichas fiscalizaciones y contribuciones, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato (Agregado): “independiente”.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Repertorio ¡Eureka, guayacanes!

Repertorio ¡Eureka, guayacanes!


Guillermo Márquez Briceño

Deseamos dar nuestras gracias más expresivas a las organizaciones y múltiples personas que acogieron y apoyaron nuestros esfuerzos porque se plantaran guayacanes en la Cinta Costera. También agradecemos al Panamá América por haber acogido nuestra solicitud de que se hiciera una encuesta sobre su siembra, lo que fue apoyado por el 90% de las personas encuestadas.

Hoy nos regocija la idea de que Panamá podrá ofrecerle al mundo el deslumbrante espectáculo que ofrecen nuestros guayacanes al cambiar sus hojas del color verde al amarillo: Oro deslumbrante en la copa de los árboles y alfombra de oro el suelo al desprenderse ellas.

Según se nos ha informado la vía estará galardonada con 1.200 árboles de los cuales habrá entre 250 o 260 guayacanes que ya han sido plantados. Su completo crecimiento ocurre entre los 5 y 7 años. El autor de esta columna no podrá alcanzar a verlos, pero le quedarán al país. ¡Y pensar que la vida de ellos tiene un alcance de 500 y a veces hasta 700 años!

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.