Mismos vicios, mismos atropellos

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Mismos vicios, mismos atropellos


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GENARO LÓPEZ

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En comunicado de Conusi-Frenadeso, en torno al proyecto ley que busca modificar la Carrera Administrativa, señalamos que “su claro propósito es iniciar el despido de miles de empleados públicos (más de 30 mil), para hacerle lugar a la demanda de espacio político de los partidos que conforman la hoy alianza oficialista”.

También denunciamos que “esta situación es producto de lo actuado por el Gobierno de Martín Torrijos, con la participación de las cúpulas de Conato y Fenasep, que a última hora incorporó en la Carrera Administrativa a funcionarios allegados a su Gobierno con jugosos salarios, buscando además legitimar las conocidas botellas en varias dependencias, evidentemente tratando de perpetuar en el Gobierno a militantes reconocidos y personal de confianza como premio por los servicios prestados”.

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Esta situación, que llena de zozobra e intranquilidad a hogares humildes del país, nos permite presenciar hasta dónde ha llegado el clientelismo político en Panamá. Ello demuestra además, la conducta de las cúpulas de Conato y Fenasep, quienes son cómplices de estas situación, pues en su respaldo abierto al último Gobierno del PRD y con tal de preservar prebendas, canonjías, dietas y viáticos en algunos cargos del engranaje gubernamental, se cruzaron de brazos frente a despidos en el Gobierno central, llegaron a avalar las políticas antipopulares y han dejando indefensos y desmovilizados a los trabajadores. Como siempre serán los de abajo los que paguen los platos rotos.

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Mientras ello ocurre, el nepotismo recorre las esferas gubernamentales. El ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, de manera burda trata de justificar el nombramientos de hermanos, primos e hijos de los miembros del Gabinete, entre otros el de la hija de Giselle de Calcagno (ministra de la Pequeña y Mediana Empresa y miembro del PRD), quien fue designada cónsul en Montreal-Canadá; igualmente el caso de Felicia Papadimitriu, hermana del ministro de la Presidencia, en el consulado de El Pireo-Grecia, por mencionar algunos. El nepotismo impera en el servicio exterior panameño bajo la conducción de Varela, el mismo que alabó a los militares golpistas de Honduras.

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En medio de este escenario, se mantienen las acciones mediáticas (Figali, Las Brisas de Amador), sin embargo, no se actúa de manera firme en los casos de la empresa Petaquilla y Canadiense Minera Panamá (Inmet y Teck Cominco) o contra el proyecto en Bocas del Toro de la Represa Chan 75, que lleva a cabo la empresa AES Panamá, y se acata la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, instancias que se han pronunciado para que se detenga la obra, porque violan los derechos de los pueblos indígenas de dichos territorios.

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Estas acciones mediáticas pretenden vender la imagen de que Martinelli está dispuesto a enfrentar la patronal, cuando según algunos medios de comunicación lo que está en el fondo son diferencias e intereses interburgueses. Pero, además, frente a esta imagen, por el otro lado, Martinelli comienza a entregar prebendas a la patronal, tal es el caso de la anunciada rebaja de la electricidad, cuyos beneficiarios serán principalmente las grandes empresas del sector “comercial y productivo” (consumen más de 500 kilovatios al mes y representa el 75% del consumo total), so pretexto de que éstos reducirán el costo de la canasta básica.

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Preguntamos: ¿acaso no disminuyó el precio del combustible y el precio de la canasta básica de alimentos sigue por las nubes? ¿Cuánto más de nuestros impuestos pasan a subsidiar a las monopólicas transnacionales de la energía?  Ya empresarios han señalado, que el mercado está bajo “libre oferta y demanda” , por lo cual no es inmediato ni obligatorio tales disminuciones. Lo cierto es que la pérdida del poder adquisitivo del salario real (más de 30%) aún sigue sin ser compensado por gobierno alguno.

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Otra manifestación del beneplácito empresarial, es el proyecto ley que concede una moratoria para el pago de los tributos administrativos, práctica que ya ha sido ejecutada por otros gobiernos para favorecer a quienes controlan el poder económico, lo que constituye una acción contra los asalariados (ISR) o contra los consumidores (ITBMS) que no pueden postergar el pago de impuestos; es decir, el sistema sigue siendo permisible hacia el sector empresarial y contrario a los intereses del pueblo panameño.

Ya decía Alberto Vallarino, el del negociado de los más de 400 millones por la transacción Banistmo, “yo casi no pago impuestos”.

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¿Cuál es el Cambio, cuando se mantienen los mismos vicios y los mismos atropellos?

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una injusticia histórica

Una injusticia histórica
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GERALDINE EMILIANI

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Un lunes del mes de agosto de 1916, un batallón del Ejército de EUA irrumpió en las fincas denominadas Coco Solo, Coco Solito y El Potrero, ubicadas en la ciudad de Colón. La finalidad era apropiarse por la fuerza de tierras pertenecientes a Romano Emiliani Baccini.

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En aquel momento, este hombre trabajador y luchador, vio con sorpresa cómo llegaban ante él y sus empleados un centenar de soldados armados con bayonetas caladas.  Se resistió sin temor alguno y acompañado de una piedra y un palo, sus dos únicas armas, se enfrentó a los intrusos.   Terminó arrestado, maltratado y herido físicamente y acusado él de intruso. Fue despojado y saqueado cruelmente por los verdaderos impostores de aquel momento. Pese a ello perseveró en su lucha hasta el último día de su muerte.

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Esa lucha la continuaron los sucesores de Romano Emiliani Baccini durante 93 años continuos, y de manera pública, mediante un reclamo al derecho de plena propiedad sobre las fincas antes mencionadas.   Estas tierras son las mismas que por efecto del convenio Hay-Bunau Varilla de 1903 quedaron a perpetuidad sujetas a las limitaciones jurisdiccionales, al otorgarle Panamá a EUA todos los derechos, poder y autoridad que ellos tendrían si fueran soberanos del área conocida como la Zona del Canal.

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Según la cláusula VII de aquel nefasto tratado y, por encontrarse estas tierras adyacentes a la bahía de Colón, solo podrían ser adquiridas por EUA mediante solicitud formal al gobierno de Panamá y pagar a su dueño el precio justo.   Esta formalidad no la cumplió EUA que, sin embargo, cogieron por la fuerza y la violencia estas tierras. EUA construyó luego sobre estos terrenos la Estación Naval Submarina, la Estación Naval, el Aeropuerto de France Field, instalaciones civiles, viviendas y otros.

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Los derechos sobre estas fincas se tienen ganados desde el 26 de febrero de 1921, en que la Corte Distrital de EUA, distrito de la Zona del Canal, División Cristóbal, decidió la controversia promovida por la Panamá Railroad Co. contra Romano Emiliani Baccini y ordenó, decidió y decretó que Romano Emiliani B. es ahora y fue siempre durante su posesión pacífica, continua, ininterrumpida y notoria, con ánimo de dueño, sin violencia, ni ocultamiento, ni interrupción por un período mayor a los 30 años el dueño en nuda propiedad de las fincas Coco Solo y El Potrero, con una superficie de 1901.64 acres equivalentes a 768.93 hectáreas.

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Mediante el Tratado Torrijos-Carter, el gobierno de EUA renunció a la perpetuidad para el uso, ocupación, control y defensa del Canal de Panamá. En el numeral 2 del artículo XIII, se estableció un plan de transferencia en manos de Panamá de todas las tierras ocupadas por ese país. En el numeral 3 del artículo en referencia, “La República de Panamá, conviene en liberar a los Estados Unidos de América, respecto a las reclamaciones que pudieren presentar terceras personas en relación con los derechos títulos o intereses sobre los bienes ante dicho”.

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Panamá sabe de la inclaudicable demanda promovida por Romano Emiliani Baccini y  conoce que no recibió compensación ni lucro cesante.   Mediante la Ley 5 de 1993 Orgánica de la ARI, modificada y adicionada por la Ley de 1995, se dispuso incorporar las tierras revertidas al patrimonio del Estado denominándolas de uso público. Con base en el artículo 2 del Decreto 434 de 1959, el Estado debió emitir nuevo título a favor de mi bisabuelo y excluir esas tierras, así segregadas del alcance de la Ley de la ARI, modificada y adicionada; o, subsidiariamente pagarle a los sucesores la justa compensación según el valor catastral vigente y, por analogía aplicar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 255 de la Constitución.

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Con posterioridad a la firma del tratado Torrijos-Carter, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 158 del 5 de septiembre de 1980, reconoció y se solidarizó con la causa Emiliani, y, la Cancillería, mediante su nota DGPE-EUC-Nº71/1474-6 del 6 de febrero de 1980, dirigida al secretario de Estado de EUA, estableció en aquella fecha la justa compensación a los verdaderos dueños de esas tierras.

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Actualmente, sobre la finca de Coco Solo, la ZLC, ha dado concesiones a favor de Evergreen, Manzanillo International Terminal, Puerto de Contenedores, Central American Line, Colón Port Terminal, Panamá Railroad Co., y se promovió desarrollar el Centro Multimodal Industrial y de Servicio, a través de un grupo español…

Es inaceptable que se continúe promoviendo y mercadeando tierras en disputa. Ninguna transparencia se proyecta al ofertar bienes cuya legitimidad se discute y ninguna seguridad jurídica se la asegura a Romano Emiliani Baccini y a sus sucesores.

El Estado persiste en perpetuar un modo irregular de hacer suyos bienes patrimoniales de particulares;  lo que por contagio afectará la desconfianza en los inversionistas al conocer que Panamá contradice lo que profesa el artículo 42 de la Constitución.   El Estado no garantiza ni respeta el derecho a la propiedad que tiene la familia Emiliani sobre esas tierras, y que hayan dispuesto darlas en concesión, sin cumplir con la Constitución, la Ley, la moral y la justicia.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Concesión del Club de Yates

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Concesión del Club de Yates

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JAIME CORREA MORALES

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Las acciones tomadas por el presidente Ricardo Martinelli, sobre las concesiones de bienes del Estado, son dignas de encomio. Opino, sin embargo, que el caso del Club de Yates y Pesca merece un tratamiento diferente y más condescendiente, pues, es un ente sin fines de lucro y cuyo propósito es promover los deportes marinos, que practica un gran número de panameños de clase media.

Esta actividad, directa e indirectamente, incide favorablemente en el desarrollo del turismo. Para decirlo muy claro: en el caso de este Club los beneficios de la concesión se distribuyen entre un gran número de ciudadanos y no son de tipo económico ni van a algún bolsillo particular.

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El Estado, a su costo, construye y mantiene parques y áreas deportivas que ocupan terrenos valiosos, pero que son importantes para crear distracción y estimular la actividad deportiva de los ciudadanos. En el caso del Club de Yates la inversión no la hace el Estado, sino el propio Club y el espacio que ocupa es, principalmente, fondo de mar, pero sin alterarlo. La diferencia es que las otras concesiones con las que se quiere equiparar al Club de Yates sí son lucrativas y algunas sí alteran el fondo marino con rellenos, para beneficio de particulares.

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Fui miembro fundador del Club de Yates, incluso soy uno de sus ex presidentes, pero, desde hace unos 30 años estoy alejado de esta actividad, o sea, no tengo un interés particular y directo en esto. Solo adicionaré que en sus 60 años de existencia dicho club ha ayudado a salvar muchas vidas a través de rescates de naufragios marinos, de traslados de isleños enfermos hacia los hospitales de la ciudad y ha efectuado muchas misiones de salud (una casi todos los años), llevando médicos, medicinas y hasta alimentos, principalmente a los residentes del Archipiélago de Las Perlas, por lo que sí contribuye con la sociedad panameña.

Reitero que este Club merece un tratamiento diferente al de las demás concesiones privadas y lucrativas.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Prescrito Caso CEMIS

Prescrito Caso CEMIS


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CARLOS A. HERRERA

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Este escándalo en el hemiciclo legislativo sobre un soborno para aprobar un proyecto que no lo necesitaba, más el otro asunto sobre la ratificación de dos magistrados de la Corte, tal vez como contraofensiva política, pero que involucraría a los legisladores contrarios al gobierno de ese entonces, quedo anulado y archivado.

Fueron tiempos muy tensos en el ambiente político legislativo, junto a lo ejecutivo y judicial, debido a la tormenta verbal desatada, que oscureció por completo el cielo de la patria.

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Si esto empezó en 2001, porque no me acuerdo de la fecha del escándalo, los que tenemos nociones en estas faenas procesales sabemos sobre la aplicación la Ley Constitucional, sustantiva y adjetiva, sin descuidar la competencia por la calidad de las partes, de modo que a los padres de la patria los juzga la Corte en Pleno y los magistrados de la Corte a su vez, son juzgados por los legisladores hoy diputados, en pleno.

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El Código Penal anterior que siempre vamos a usar, en el Libro Segundo, del Título X sobre Los Delitos contra la administración Pública , en el Capítulo Tercero Sobre Corrupción de Servidores Públicos , desde el artículo 331 hasta el artículo 335-B, que revisamos superficialmente, con el interés de publicar estos pensamientos, con el ánimo de alertar a la comunidad para que no se entusiasme sobre los resultados de esta segunda vuelta investigativa.

Prometo profundizar sobre este tema oportunamente. Volviendo al asunto que nos ocupa, ninguno de estos artículos tiene pena de prisión superior a los seis años.

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Vamos a copiar la primer norma del capítulo en cuestión: ”Artículo 331. El servidor público que personalmente o por interpuesta persona, acepte promesa, dinero u otro beneficio como retribución a sus funciones, que no se le deba, será sancionado con prisión de 2 a 4 años”.

Tiene la agravante hasta la mitad de la pena, lo que sería de 3 a 6 años, si el autor es funcionario del Ministerio Público o del Órgano Judicial.

El artículo siguiente no es pertinente, pero la sanción es de 2 a 6 años; el artículo 334 se refiere a particulares que ofrecen el dinero a los funcionarios públicos; el artículo 335 se refiere al servidor público que reciba dinero u otro beneficio con pena de 6 meses a 3 años o su equivalente en días multas; el 335-A es sobre enriquecimiento patrimonial y el que sigue tampoco es pertinente, pero la pena es de 6 meses a 4 años.

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La prescripción de la acción transcurre por el tiempo para instruir un proceso. El Artículo 94 establecía: “La prescripción de la acción penal comenzará a correr para los hechos punibles consumados desde el día de la consumación; para los continuados y permanente, desde el día en que cesaron, y para las tentativas desde el día en que se realizó el último acto de ejecución”.

Si esto ocurrió en el año 2001 y la prescripción no fue interrumpida con el auto de enjuiciamiento, el artículo 93 ordena la prescripción de este caso, cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la Ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Voces agoreras

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Voces agoreras
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MARIELA SAGEL
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La palabra “agorera” es utilizada para anunciar catástrofes, y se les atribuye a aquellas personas que son pesimistas, que predicen un mal final.. sin haber visto todavía la solución. Tiene una relación directa con la muy conocida frase de ser un “ave de mal agüero”, pues la misma raíz la vincula.

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Es así como desde ya se han alzado algunas voces, que además de ser agoreras, se esconden bajo el anonimato y han empezado a circular toda clase de ideas agoreras sobre la próxima celebración de la Feria Internacional del Libro, en su quinta versión.

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Se adelantan a vaticinar que la feria será una venta más de libros de autoayuda o sensacionalistas, como el que más se vendió en la feria pasada y que se descuida la promoción de la buena lectura.  Se equivocan en señalar que la feria debería ser un evento educativo más que comercial.

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Las ferias, por su naturaleza son eventos comerciales y lo que se busca, desde todos los puntos de vista, es vender. Por supuesto que debería ser el derrotero de todos elevar el nivel de este intercambio, pero eso empieza precisamente cuando se apoyan actividades como éstas y se transmite publicidad que induzca a los cambios en los patrones culturales: en vez de una cuña de alguien viendo TV, una persona en una hamaca leyendo un libro, aunque éste sea de Cohello.

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La Quinta Feria se celebrará en Panamá del 19 al 23 de agosto y el país invitado es Perú. El gobierno nacional solo ha dado $25 mil (ni cerca de los 4 a 5 millones que se le regalan al carnaval sin ningún áudito y por menos tiempo) y la Alcaldía de Panamá, como ha sido su tradición, ha brindado todo el respaldo desde antes del cambio de mando.

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Los medios de comunicación son también patrocinadores, y su apoyo está precisamente en el espacio que le dan a las cuñas publicitarias que se transmiten, que los detractores llaman “publicidad inútil”.

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El resto de los patrocinadores son empresas privadas, cuyo apoyo proviene precisamente de la decisión de sus directivos que creen en el evento porque les interesa la lectura, o simplemente, editoriales que saben que ese evento ferial constituye un importante escenario para el progreso de la industria del libro en la Región, tal como lo es Colombia, México y Argentina, por no irnos del otro lado del océano.

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Como en todos los movimientos culturales, se dan corrientes de una y otra orientación, que distorsionan a los ojos de los demás los verdaderos propósitos que se persiguen. Es así que las voces agoreras se han anticipado a predecir que en la feria solo se venderán libros de autoayuda y literatura chatarra.

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En realidad, en esta feria me anticipo a decirles que no solo se van a comercializar los libros de autoayuda, sino de pitonisas, esotéricos, cábala, cocina gourmet, novela negra, novela rosa, historia, humor, música, guerrilla, bloggers, costumbres panameñas, libros infantiles y muchos más, que si bien pueden estar guardados en un sótano húmedo llenándose de moho, también vendrán de las principales casas editoriales como primicias dentro de un movimiento que cada día le es más difícil sobrevivir, compitiendo contra los medios electrónicos.

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Así que esas voces lo que deberían es coadyuvar a que los organizadores de esta fiesta cultural hagan un mejor trabajo y no se permita que la feria decaiga, sino que se enrumbe y posicione como un marco de referencia en la Región, especialmente por nuestra ubicación geográfica y por las ventajas que ofrece nuestra economía.

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<> Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

El sufragio

El sufragio

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Alberto E. Fadul N.

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Revisando el Título IV de la Constitución y su Capítulo 2 el sufragio, considero sugerencias que modifican su contenido.    Agregados, entre comillas.

ARTICULO 136. Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe:

1. El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin.

2. Las actividades de propaganda y afiliación partidista en las oficinas públicas.

3. La exacción de cuotas o contribuciones a los empleados públicos para fines políticos, aun a pretexto de que son voluntarias.

4. Cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su cédula de identidad.

Igualmente, se prohíbe la exacción de cuotas, contribuciones, cobros o descuentos a los trabajadores del sector privado por los empleadores para fines políticos, aun a pretexto que son voluntarias. (Agregado): “También, se prohíben contribuciones económicas de parte personas naturales extranjeras, empresas extranjeras u otros Estados”.

La Ley tipificará los delitos electorales y señalará las sanciones respectivas.

ARTICULO 138. Los partidos políticos (Agregado): “y la ciudadanía, políticamente independiente”, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son (Agregado): “factores importantes en la participación política”. (Agregado): “Se permite postulación libre para todos los cargos de elección popular”. “La Ley regulará, esta materia”. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos.

La Ley reglamentará el reconocimiento y subsistencia de los partidos políticos, sin que, en ningún caso, pueda establecer que el número de los votos, necesarios para su subsistencia, sea superior al (Agregado): “tres” por ciento de los votos válidos emitidos en las elecciones para Presidente, Diputados, Alcaldes o Representantes de Corregimientos, según la votación más favorable al partido.

ARTICULO 140. Los partidos políticos (Agregado): “y políticos independientes” tendrán derecho, en igualdad de condiciones, al uso de los medios de comunicación social que el Gobierno Central administre y a recabar y recibir informes de todas las autoridades públicas sobre cualquier materia de su competencia, que no se refieran a relaciones diplomáticas reservadas.

ARTICULO 141. El Estado podrá fiscalizar y contribuir a los gastos en que incurran las personas naturales y los partidos políticos en los procesos electorales. La Ley determinará y reglamentará dichas fiscalizaciones y contribuciones, asegurando la igualdad de erogaciones de todo partido o candidato (Agregado): “independiente”.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Repertorio ¡Eureka, guayacanes!

Repertorio ¡Eureka, guayacanes!


Guillermo Márquez Briceño

Deseamos dar nuestras gracias más expresivas a las organizaciones y múltiples personas que acogieron y apoyaron nuestros esfuerzos porque se plantaran guayacanes en la Cinta Costera. También agradecemos al Panamá América por haber acogido nuestra solicitud de que se hiciera una encuesta sobre su siembra, lo que fue apoyado por el 90% de las personas encuestadas.

Hoy nos regocija la idea de que Panamá podrá ofrecerle al mundo el deslumbrante espectáculo que ofrecen nuestros guayacanes al cambiar sus hojas del color verde al amarillo: Oro deslumbrante en la copa de los árboles y alfombra de oro el suelo al desprenderse ellas.

Según se nos ha informado la vía estará galardonada con 1.200 árboles de los cuales habrá entre 250 o 260 guayacanes que ya han sido plantados. Su completo crecimiento ocurre entre los 5 y 7 años. El autor de esta columna no podrá alcanzar a verlos, pero le quedarán al país. ¡Y pensar que la vida de ellos tiene un alcance de 500 y a veces hasta 700 años!

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Cuándo se nos complicó el país?

¿Cuándo se nos complicó el país?
José Raúl Mulino

Por una feliz iniciativa de mi amigo Carlos Valencia, el martes por la noche nos reunimos unos 30 dirigentes de la Cruzada Civilista para dar inicio a varios proyectos, entre ellos la publicación de un libro que recoja testimonios e historias de ese histórico movimiento nacional por rescatar la democracia, la justicia y la libertad para Panamá.

Igualmente, nos rindieron a Sandra Escorsia y a mi persona un testimonio de amistad y apoyo en nuestras gestiones en este gobierno, ambos en cargos complejos. Aproveché mi intervención ante los amigos Cruzados para referirme un poco a la situación del país en materia de criminalidad, corrupción y delito, habida cuenta el cúmulo de información que he podido asimilar en estos veintitantos días de gestión. Inicié preguntando, ¿dónde se nos perdió el país?

Aunque el título de hoy es otro, viene de esa pregunta. Pude reflexionar con ellos los objetivos e ideales de aquella gran lucha y cuánto ha pasado desde entonces que nos tiene a un país, por un lado con un inmenso futuro promisorio y lleno de grandes retos, y por el otro uno lleno de problemas, delincuencia, corrupción generalizada y penetrado grandemente por el crimen internacional.

Duele mucho decirlo, como dije esa noche, pero el problema es muy grave y profundo y no es sólo del gobierno sino de una sociedad que, salvo las excepciones de toda regla, es altamente corrupta. Independientemente de la clase social, hay corrupción en todas las capas sociales y una cultura de juega vivo que ha hecho colapsar esperanzas y sistemas y que ahora que los tiros -literalmente hablando- nos pegan cerca, como que nos preocupamos algo.

Reflexioné y dejé sembrada una pregunta: ¿cuánto le ha costado al país la abstención de muchos panameños decentes y capaces de participar e interesarse por el rumbo de la Nación? Pasada la era militar, iniciamos un proceso de olvido del país como tal. La clase política hizo, y para nada bien, su trabajo y el resto del país se dedicó, el que pudo, a hacer dinero y el resto a ver cómo sobrevivía o lograba un empleo digno. Pero el rumbo de la Nación, como me ha tocado oírlo y con tristeza, era, y aún sigue siendo para muchos, de los “pendejos” que por años venimos haciendo algo por éste o que nos hemos comprometido en la vida pública a brindar tiempo a cargos gubernamentales, en esta nueva etapa, para luchar por ese impostergable cambio. Para la gran mayoría el problema aún es ajeno.

Al final, les dije, o nos incorporamos todos en otra cruzada para reforzar la institucionalidad, sanear de corrupción al país y mirar más de cerca su rumbo, o pronto tendremos situaciones de mayor ingobernabilidad. Sencillo, pero preocupante. Entendamos bien, no sólo es tarea del gobierno. Este sólo lidera la lucha, pero la sociedad debe responder y comprometerse. Rescatemos el tiempo perdido y la indolencia ciudadana.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Lo retroactivo de la ley de carrera

Lo retroactivo de la ley de carrera


Alfredo López Lewis

Bien decía Napoleón: “Vístanme despacio, que voy de prisa”. De lo que interpreto que las cosas que se hacen, apresuradamente, terminan haciéndose mal y a la larga demandan más tiempo que las que se hacen con tranquilidad, pausadas y ordenadamente, asegurando que se hagan correctamente, fórmula de extraordinario valor para evitar “leguleyadas”, que finalmente tengan que resolver la Corte Suprema.

Los artículos 9 y 10 del anteproyecto de ley No. 27, que derogan los artículos 67 y 68 de la Ley 9 de 1994 de Carrera Administrativa, establecen además que estos artículos (9 y 10) son de orden público e interés social y tienen efectos retroactivos; es decir, que los “padres de la patria” discuten la aprobación de normas derogatorias, pretendiendo atribuirles aplicabilidad retroactiva. Lo que, a mi juicio, sería tanto como aprobar una ley en la que se decrete que “aquello que existe o existió ni existe ni existió”, he aquí la explicación.

Según Guillermo Cabanellas, se habla de retroactividad cuando una ley, reglamento u otra disposición obligatoria y general, dictada por autoridad, ha de extender su eficacia sobre hechos ya consumados; esto es, anteriores en el tiempo a la fecha de su sanción y promulgación. Sin embargo, advertimos que la irretroactividad de las leyes es pilar del estado de derecho, que se traduce en esa confianza para la sociedad que genera la seguridad y certeza jurídica en la vida de relación y situaciones públicas y privadas reguladas por el derecho.

A pesar de ello, nuestra Constitución contempla la probabilidad de que las leyes puedan tener tales efectos en caso de que estas sean de orden público e interés social (Art. 46).

Ahora bien, la retroactividad debe entenderse, como queda anotado en la anterior definición, respecto a hechos con trascendencia jurídica, dimanantes del ordenamiento jurídico y no respecto al marco teórico-jurídico generadores de aquellos hechos; es decir, la retroactividad afecta los hechos generados por leyes anteriores, pero no a leyes pretéritas, cuya existencia es insoslayable aun después de su derogatoria.

Las leyes tienen vigencia durante el período que transcurre entre su nacimiento y su derogación, las normas de Derecho Positivo que, en un momento determinado rigen en un Estado, jamás desaparecen, siguen perteneciendo al ordenamiento jurídico (no vigente) o al Derecho Histórico. Pretender retrotraer la derogatoria de una norma al momento preciso de su nacimiento, no es más que un dislate que en nada afectaría la situación jurídica de aquellos que gozan de derechos adquiridos generados por norma derogada, en razón de que, sea lo que diga la nueva norma, se constituyeron de conformidad a normas vigentes al momento de su otorgamiento y, además, la consecuencia de una norma derogatoria solo se limita a eso: “derogar”.

Ciertamente, el asunto es discutible y puede haber tantas interpretaciones como intérpretes exista; sin embargo, una fórmula jurídicamente más acorde con la técnica legislativa y, por tanto menos conflictiva, sería indicar, luego de derogadas las normas en comento, que “ningún servidor público podrá ingresar a carrera administrativa, sino de conformidad con los requisitos y procedimientos descritos en la presente ley. Esta norma es de orden público e interés social y tiene carácter retroactivo”. Fácil y sin entuertos.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Relaciones internacionales

Relaciones internacionales


Deyanira Pino

Soy egresada de la Universidad de Panamá, de la Escuela de Relaciones Internacionales y veo con mucha tristeza que se sigue en todos los gobiernos con la misma práctica de nombrar a los cónsules y embajadores políticamente, menospreciando a los egresados de esta casa magna que con tanto sacrificio van a la universidad por cuatro largos años si es en el día o seis si es en la noche.

Si se hace una investigación de todos los gobiernos, nos enteramos de que hay personas que solo han terminado una escuela secundaria y solo porque apoyan políticamente a un candidato se les premia de esta forma.

De los egresados también hay colegas que están en diferentes partidos políticos y no los toman en cuenta para ejercer una carrera en el servicio exterior.

Al igual que en la Cancillería la mayor parte del personal no son egresados de las relaciones internacionales, se ha hecho como dos concursos para escoger unos veinte aproximadamente entre los dos, para empezar simplemente como un secretario de tercera categoría.

También hay instituciones que tienen dirección o departamento de relaciones internacionales y son pocos o casi ninguno que los dirija un egresado.

Esta profesión es tan linda, pero los que incursionamos en ella nos especializamos en maestrías y doctorados en otras áreas, porque si no nos morimos de hambre, algunos empiezan otras licenciaturas. A todos los jóvenes les aconsejo que no estudien esta profesión, porque aquí en Panamá no se respeta, por eso les hago una reverencia a los abogados, médicos y otras profesiones que tienen su idoneidad y se les respeta sus puestos.

Cuando le preguntan a uno que es egresado de relaciones internacionales ¿por qué estudiaste esa carrera que no tiene campo de trabajo en Panamá?

Uno queda sin respuesta, porque abrimos los ojos cuando estamos en el segundo o tercer semestre de la carrera, pero por no empezar de nuevo, lo que hacemos es terminarla para tener el diploma colgado en la pared, de adorno. Pensé que con este gobierno iba a ser diferente, que en todos los campos se contaría con personal idóneo, como ejemplo, no podemos tener a un trabajador social en finanzas o a un agrónomo ejerciendo como médico, etc.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un museo para ‘no olvidar’

Un museo para ‘no olvidar’


Betty Brannan Jaén

La idea de crear un “Museo de la Dictadura” (ver columna del domingo pasado) ha tenido mejor respuesta de lo que yo anticipaba. Los comentarios en La Prensa web y que me han llegado directamente indican cierto nivel de respaldo, aunque también ventilan todas las objeciones que eran de esperarse.

Esa división que tenemos sobre lo que fue la dictadura y cómo debemos escribir la historia de ese periodo es, precisamente, una de las cosas que como sociedad tenemos que afrontar. Hacerlo es señal de madurez, como otros países nos han demostrado.

Además, como periodista, creo sinceramente en el valor del debate ciudadano y en total apertura de información. Lo esencial es rescatar los hechos y crear un archivo fiel e imborrable que los preserve; que haya diferentes interpretaciones de esos hechos es lo lindo de las libertades de pensamiento y expresión, libertades que defenderé hasta mi último día. No dejaré de señalar, sin embargo, que muchos de quienes se arropan ahora de fidelidad a esas libertades para acusar que sería “sesgado” enfocar los abusos de la dictadura con demasiada agudeza, son los mismos que no levantaron un dedo para defender la libertad de información cuando la dictadura estaba cerrando y confiscando periódicos o encarcelando y asesinando a sus críticos.

He visto varias propuestas de que no debiera ser un Museo de la Dictadura, sino un Museo de la Historia Panameña. Claro que no me opongo en lo absoluto a un museo de historia, pero creo que los 21 años de dictadura merecen su museo aparte. Me opongo a todo intento de diluirlo o ahogarlo en ese mar de irrelevancias que los apologistas de la dictadura usan para justificar lo acontecido. Además, los torrijistas han aprovechado toda oportunidad posible para deificar a su ídolo, jamás incluyendo a los críticos de Omar en sus homenajes; por eso es justo que este museo rinda homenaje a los que estuvieron del otro lado, y dé voz a esa lucha.

Por otro lado, acepto que la invasión estadounidense que puso fin a la dictadura es parte esencial del episodio. Comprendo perfectamente que sobre este tema hay versiones muy distintas de lo ocurrido, por lo que es absolutamente necesario aclarar los hechos. ¿Cuántos panameños murieron? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Eran civiles o militares? ¿Qué fue lo que paso en El Chorrillo? Antes de que sea tarde, debemos recolectar toda la información y los testimonios sobre la invasión; luego habrá tiempo para discutir en base a los hechos si el precio que pagamos para deshacernos de la dictadura fue justificado, y si había otra salida menos dolorosa del dilema que encarábamos.

Los invito a que lean los comentarios de los lectores a la columna del domingo pasado. (Hagan clic en “ediciones anteriores”, luego “19 de julio de 2009”, luego “Opinión”, y finalmente “Un Museo de la Dictadura”). Yo misma nunca había leído los comentarios web a mis columnas antes de esta semana, cuando los encontré muy interesantes, tanto los positivos como los negativos. La mayoría, me parece, expresaron respaldo a la idea; fue igual con los comentarios que recibí directamente. Un empresario prominente hasta me sugirió comenzar inmediatamente con reunir un comité organizador que incluiría representantes de la Cruzada Civilista, los medios, las víctimas, los exilados, la Iglesia, etcétera.

Sin embargo, más de una persona observó que aunque la idea sea buena, el viejo edificio de la embajada estadounidense en la Avenida Balboa no es el lugar apropiado, observación que me parece válida. Incluso me pareció genial la sugerencia de un lector, que recomendó que sea en la casa vieja de Manuel Antonio Noriega, en Altos del Golf. Es cierto que mi idea surgió a raíz del debate público sobre qué hacer con la antigua embajada de Estados Unidos, pero no pienso aferrarme a que sea allí. A final de cuentas, el concepto es más importante que la ubicación.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Autorregulación y la ley de la selva

Autorregulación y la ley de la selva


Fernán Molinos Delaswsky

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Vergüenza. La palabra define en español la sensación producida por el tratamiento que algunos medios locales, en nombre del “derecho a informar”, dan a temas que involucran a menores de edad, y por lo general a la crónica del delito.

Todo indica que ya no existe barda de respeto, proporción o siquiera de sentido de lógica que anticipe daños irreparables previsibles. No. Ahora manda “la medición de audiencias”: cómo restarle pantalla al competidor.

Abochorna la exacerbación del morbo con la exposición y repetición gratuita de imágines que son afrenta a la dignidad humana de las víctimas –que habrán de cargar con el peso de la ofensa o del mal sufrido a lo largo de sus vidas- de sus familiares, y de la sociedad. No se mide que con ello se contribuye a la banalización del delito hasta convertirlo –en todas sus tenebrosas variaciones- en cosa de rutina, “periódico de ayer”.

¿En nombre de qué libertad de prensa responder a quienes, alentados por este estado de cosas salen a reclamar que se contenga a los medios con legislaciones restrictivas que, en lo esencial y en lo básico, terminarían por menoscabar los pilares fundamentales de una democracia verdadera como son los derechos a expresarse y a ser informado?

Uno de esos intentos de reingeniería de la comunicación, que periódicamente alientan políticos huérfanos de tribuna, fue frenado años atrás con la conformación del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) que, al congregar en el propósito de la autorregulación a la academia, los gremios periodísticos de todo el país y las empresas de comunicación, se convirtió en un referente internacional en la materia. Con la posterior creación del Comité de Ética del CNP, Panamá instaló la tercera instancia de este tipo establecida en el continente después de Chile y Perú.

Y la instancia funciona. Conformado por representantes de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones que integran el CNP, el comité atiende denuncias y profiere fallos. Es cierto que son de carácter moral, pero en todo caso este valor debería primar en una sociedad que, por fortuna, no ha caído aún bajo la ley de la selva.

Una manera de ayudar a revertir la vergüenza que hoy consuman algunos medios, con su abordaje de las noticias, es precisamente el fortalecimiento del Comité de Ética del CNP como ente receptor de las quejas de la ciudadanía sobre aquella conducta. Cabe señalar que, por ejemplo, la Procuradora de la Administración ha elevado consultas y quejas ante el organismo y que ello debe ser imitado por personas naturales o jurídicas que sientan afectados sus derechos o los de la sociedad.

El esfuerzo demanda una voluntad tenaz para forjar una cultura sólida en torno a la trascendencia de una institución como la del comité. Y los medios están convocados, en primer lugar, acatando los fallos y divulgándolos con prominencia, ya sea que les resulten favorables o adversos. Por encima de todo debe hacerse un alto en el camino de la comunicación social en Panamá.

Y es mejor antes de que de nuevo aparezcan los ingenieros de la regulación. Porque necesariamente hay que preguntarse ¿este es el periodismo que estamos modelando para el futuro? ¿“Informar”, así, es la responsabilidad que dejaremos en manos de quienes tendrán a su cargo las redacciones de las empresas de la comunicación? Bueno, si así es, que nos agarren confesados, porque será la ley de la selva.

Por lo demás, no sobra recordar que la mejor manera de ayudar a apagar un incendio no es exactamente enterrando la cabeza.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.