Concesiones y mazazos

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Concesiones y mazazos

Adelita Coriat
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El inicio de la administración Martinelli aparenta un norte muy claro en su política fiscal; pareciera que se trata de poner en orden los bienes del Estado, evitar los abusos o excesos sobre las propiedades y recaudar fondos que permitan el buen funcionamiento e inversión social del país. Un inicio con pie derecho que invita a todos a poner su situación en paz y salvo. Hasta ahí todo pareciera percibirse ante una relación seria entre contratista e inversionista, siendo este último el principal motor de generación de empleo en la economía nacional.

La siembra de banderas en sitios que el gobierno califica al margen de la ley han logrado un efecto dominó en los contribuyentes; por un lado se da entender que se debe caminar derechito en los negocios y por otro que el tiempo de las coimas parece haber terminado. Al fin!

No obstante, el precipitado hecho de derribar a mazazos una propiedad ubicada en brisas de Amador, parece ser un acto drástico y sin mediación, plazos o límites. Si bien el gobierno alega que la empresa inversionista no cuenta con los permisos adecuados para la infraestructura, antes de este hecho, los empresarios afectados ya habían alertado a la actual administración de los pormenores. Mucho se ha escuchado acerca de los ridículos precios asignados a otras concesiones en la avenida balboa, ¿irán a destruirlas a mazazos también?

¿Por qué, quienes con tanta energía buscan arreglar este tipo de contratos no se acercan al Ministerio Público para interponer una demanda contra los funcionarios que resulten responsables del desgreño anterior? ¿Acaso nadie en la administración Torrijos notó las supuestas irregularidades que los entrantes encontraron en tan solo 10 días de trabajo?

Pongamos el caso al revés, que pasaría si el Estado adeuda a un proveedor millones, ¿irán estos a derribar a mazazos la instalación, o se adueñaran a la brava de los bienes?

Este análisis no busca desacreditar la intención gubernamental de poner la casa en orden, al contrario, lo que se esgrime es la forma y las consecuencias que éstas puedan tener. Si se busca poner en orden la casa hagámoslo con todos sus integrantes, pues de otra forma, se entendería como un acto sesgado, y además, la opinión pública podría percibir una imagen errónea de la clase empresarial, mientras que del resto, igual de responsable, queda como una figura libre de toda culpa.

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Publicado en 20 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un plan de acción de corto y largo plazo para la CSS

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Un plan de acción de corto y largo plazo para la CSS
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Francisco Bustamante
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Yo concibo la gestión de la Caja de Seguro Social en varias áreas, a saber: (a) un área de atención prioritaria que tiene que ver con la tramitación de citas médicas, la mora quirúrgica y el suministro de medicamentos. Prioritariamente, descentralizaría la atención a los pacientes que solicitan citas, creando kioscos o terminales provisionales en supermercados, centros comerciales, terminales de autobuses, para que los asegurados puedan tramitar por anticipado sus citas.

En un futuro inmediato, esto se automatizaría, con la misma filosofía, como si fuesen terminales de cajeros automáticos. Las tarjetas de seguro social, se convertirían en el control de acceso a estos terminales, control de medicamentos, etc. La mora quirúrgica se resolvería vía utilización en 3 turnos de los quirófanos. Se tendría que coordinar estos turnos con la disponibilidad de camas para operaciones que requieren hospitalización. Revisaríamos el proceso de adquisiciones y compras de medicamentos, y exploraríamos utilizar las farmacias que se adhiriesen, a un sistema de entrega de medicamentos a precios negociados públicamente, y competitivos, reduciendo la acumulación de inventarios o las pérdidas asociadas. (b) un área de reforma integral, que tiene que ver con la sistematización de procesos, y su automatización.

El disparador de los servicios tanto de salud, como administrativos como financieros, debe ser la atención del paciente. No tiene sentido mantener expedientes en papel, que no son fáciles de leer, ni de actualizar. Los médicos deberían poder acceder a los expedientes por vía electrónica, incorporar los datos vitales del paciente que está siendo atendido, emitir las recetas, laboratorios, salas de operaciones, etc. Y todo el sistema debería poder registrar esa demanda de servicios, los costos asociados, las fechas de realización, etc. Esta es una solución de largo plazo que requerirá más tiempo implementar; (c) un área de formación y de gestión de recursos humanos, para dotar a la CSS de la capacidad de gestión gerencial. Promovería un postgrado a concursar con las universidades locales, a dictarse desde la CSS a todos sus médicos, técnicos, etc. que aspiren a posiciones gerenciales. Los funcionarios a distancia, vía remota, podrían acceder a los mismos desde sus centros de trabajo, ya sea Colón, Santiago, David, etc.

Las jornadas de actualización se realizarían mediante acuerdos con universidades o centros especializados del exterior, de manera de brindar un mejoramiento profesional. El recurso más importante de una institución es el factor humano profesional. Pensamos que la baja motivación, la falta de incentivos correctos contribuye a la baja productividad del mismo. (d) un área de auditoría social, incorporando la opinión pública en la supervisión de la adm. de la CSS. He dejado de último, el manejo del Fondo de Pensión, Invalidez y Muerte. No debe ni puede haber transferencias de recursos de este Fondo a los otros programas. Y el manejo de las reservas técnicas e inversiones debe hacerse con reglas claras y transparencia. Hace 18 años, cuando era Tesorero del Banco Nacional ofrecí dos opciones a la CSS para administrar estos fondos, (a) definir las necesidades de caja, y con base a esa definición, los excesos constituirlos en un fondo para invertir a más largo plazo, o, (b) generar un fondo para el financiamiento de hipotecas para residencias de asegurados. El fondo podía manejarse de dos maneras, el BNP lo administraría y cobraría una comisión por el servicio, o la CSS lo implementaba, con la asesoría de la Banca Hipotecaria del BNP, y éste lo administrabas y hacía los pagos por cuenta de terceros. Esta idea no prosperó. Ojalá que el nuevo Director de la CSS se atreva a realizar una reingeniería profunda de la CSS, y de aplicar una política de concursos públicos para las jefaturas de la CSS.

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Publicado en 20 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Honduras reta a la OEA

Honduras reta a la OEA

Ricardo Arias Calderón
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El caso de Honduras, que ha estado al orden del día internacional durante las últimas semanas, constituye un reto para los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos, no sólo porque cuestiona su eficacia en el trato con gobiernos individuales que presuntamente hubieren violado los postulados de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, sino también porque a repensar lo que en la actualidad entiende dicho organismo por Democracia representativa.

De 1982 á 2002 al menos doce presidentes fueron derrocados o debieron renunciar por exigencias de las fuerzas civiles y políticas, habiendo violado las normativas económicas o de anticorrupción de sus países y de la OEA. Los militares, en estos casos, jugaron un papel de ejecutores pero no fueron los artífices de los derrocamientos o renuncias, ni hubo en estos casos amenazas de exclusión de este organismo regional.

La OEA en conjunto ha condenado la salida forzosa del presidente José Manuel ‘Mel’ Zelaya Rosales, quizás por falta de información adecuada y por no haber tomado en cuenta algunos aspectos de gran peso que le harían reevaluar su opinión.

La crisis comenzó cuando el presidente Zelaya no presentó el presupuesto en el año 2008 para su aprobación por el Congreso Nacional; intentó destituir al jefe de las Fuerzas Armadas sin tener facultad constitucional para ello, pero la Corte Suprema de Justicia se lo impidió; insistió en una consulta popular, no prevista por la Constitución Nacional de Honduras ni por la ley, sin explicar lo que encontraba mal o inadecuado en la Constitución vigente y qué es lo que deseaba que se modificara de ella.

En Derecho Público los funcionarios únicamente pueden hacer aquello que la ley explícitamente les permite, y el Presidente Zelaya, siendo el mayor y más alto de los servidores públicos se salió de ese marco legal. Todo indica que lo que buscaba, entre otras cosas, era poder volver a reelegirse, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez. Más grave aún fue que desoyó las advertencias del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría de la Nación, de la gran mayoría de miembros de gobierno y oposición del Congreso, y entre otros del Defensor de los Derechos Ciudadanos quienes le advirtieron que lo que intentaba hacer era ilegal y que no podían avalarlo.

La Iglesia encabezada por Cardenal Oscar A. Rodríguez, y todos los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.) en un comunicado de prensa del 2 de julio apoyan la decisión de retirar al presidente Zelaya de su cargo por cuanto que al violentar el artículo constitucional 329, cesó de inmediato, tal como reza la norma, en el desempeño del cargo; y solicita a la O. E. A. que preste atención a todos los actos de ilegalidad que por mano del presidente Zelaya venían sucediendo. Las Iglesias Católica y Evangélica, en conjunto han dado su apoyo al nuevo gobierno dirigido por el liberal Roberto Micheletti Baín, presidente del Congreso Nacional en funciones ejecutivas. El documento de la C.E.H. afirma que en Honduras “las instituciones del Estado democrático hondureño, están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado… están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución”.

La única crítica que la C. E. H. hace a lo acontecido es con relación a la expatriación forzosa hacia Costa Rica. ¿Acaso se tiene la certeza de que un arresto y posterior juicio no hubiese producido una confrontación violenta y sangrienta entre sus vándalos seguidores y el ejército apoyado probablemente por una gran mayoría de hondureños? ¿Acaso la incertidumbre que un tal juicio no acarrearía una grave crisis económica, cuyas consecuencias golpearían directamente a los más pobres? Sobre este punto específico el ejército no siguió la Constitución pero de haberla seguido pudiese haber generado un desastre nacional.

Por el contrario, Zelaya rindió visita especial al presidente Ortega de Nicaragua y estuvo en comunicación con el presidente Hugo Chávez, ninguno de los cuales profesan la democracia representativa y en el caso del último parece haber proporcionado las boletas de votación para la consulta de la cuarta urna en la que se votaría por una nueva constitución.

Este comportamiento de la OEA nos plantea el problema de saber si esta organización sigue fiel a la democracia representativa, tanto en su exigencia de pluralismo electoral como de pluralismo constitucional, que su estatuto y Carta Democrática consagran; o sí están alejándose de este concepto a favor de algún otro, por ejemplo, justificar la nueva actitud de apertura al régimen fidelista de los hermanos Castro cuando éstos rechazan expresamente todos los componentes de la democracia representativa.

Así el caso de Honduras reta a la OEA en cuanto a su identidad misma. ¿Es o no defensora de la democracia representativa?

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Publicado en 20 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Guayacanes!

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¡Guayacanes!
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Guillermo Márquez B
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Insistimos en que se cubra la Cinta Costera con guayacanes. No podría haber un espectáculo más esplendoroso que el de que esta avenida pudiera ofrecerle al mundo.

Hoy deseamos reproducir parte de un comentario que sobre este tema. escribió hace algún tiempo nuestro muy estimado amigo, arquitecto Octavio Méndez Guardia, hombre culto y de exquisita sensibilidad, a saber:

“He leído sobre el inicio de la plantación de árboles en la Cinta Costera, y me ha parecido oportuno sugerir que emulemos el caso de los cerezos japoneses aprovechando la flora nativa, específicamente el guayacán.

Imaginemos lo llamativo que sería para nuestros conciudadanos, los visitantes y, con promoción del IPAT, el interés que eso despertaría mundialmente en el turismo. Pocas capitales de naciones podrían ofrecer una atracción tan llamativa y de interés universal”.

Recientemente Panamá América hizo una encuesta sobre el particular. El 90% de las personas encuestadas apoyó la idea de sembrar guayacanes en la Cinta Costera.

Hoy hacemos un llamado al departamento de Ornato del Municipio de Panamá, al Consejo Municipal, a las damas del Club de Jardinería, a los clubes de Leones, Kiwanis, Rotario, y a la comunidad en general, para que auspicien esta idea.

Panamá y el mundo no pueden perderse del espectáculo que ofrecería una larga hilera de guayacanes.

Estos son árboles de oro al cambiar de color sus hojas y suelo alfombrado en oro al desprenderse ellas, y de lo cual bien podría decirse que es de interés patriótico.

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Publicado en 16 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Llegará el cambio a la administración de justicia?

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¿Llegará el cambio a la administración de justicia?

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Hernán A. De León Batista

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El presidente de la República, Ricardo Martinelli, tenía como eslogan en la pasada campaña electoral, “Martinelli, el verdadero cambio”. En este sentido, las primeras actuaciones del mandatario han hecho eco del mismo, en especial, cuando ya se ha tomado la iniciativa que las empresas que le adeudan al Estado, específicamente aquellas que tienen una enorme morosidad, se pongan al día en sus pagos, tal como ha acontecido con la empresa Grupo F Internacional, S.A., del señor Jean Figali; así como dando los primeros pasos para que se cumpla con las promesas de campaña como es el aumento salarial a los miembros de la Fuerza Policial y demás estamentos de seguridad; y el pago de B/ 100 por mes a los adultos mayores de 70 años, sin pensión ni jubilación.

Igualmente, ya se ha observado el entusiasmo de las nuevas autoridades por combatir la corrupción, tal como se ha visto en los medios, referente a la actuación de la Directora del Servicio Nacional de Migración y la Directora Nacional de Aduanas; pero, toda irregularidad encontrada debe ser investigada formalmente por el Ministerio Público, con el consecuente juzgamiento por parte de nuestros jueces.

En ese sentido, veo con preocupación que, pese el esfuerzo que haga el equipo del presidente de la República por adecentar nuestras instituciones, el combate a la corrupción quede impune por los “malabarismos jurídicos” que tiene el sistema de justicia, tal como ocurrió con el caso CEMIS; aunado a la falta de sentido de patria de algunos operadores de justicia, como se ha demostrado en algunas de las auditorías judiciales ordenadas por el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, Harley Mitchell, las cuales concluyeron en un claro incumplimiento de las obligaciones y deberes de algunos jueces.

Por ello, considero que el presidente Martinelli, para reemplazar a los magistrados de la Corte Suprema Arjona y Troitiño, a quienes se les vence su periodo el 31 de diciembre, debe nombrar a los mejores profesionales del Derecho comprometidos con el cambio que requiere nuestro sistema de justicia para que éstos, a su vez, realicen las modificaciones hacia la estructura inferior, principalmente en un moderno y transparente sistema de selección de nuestros jueces.

Se pueden hacer las mejores leyes en materia judicial, como es el nuevo proceso penal acusatorio, un nuevo Código Penal, el aumento de pena a los menores de edad que cometen delitos graves, el aumento de tribunales, la implementación de mejores equipos tecnológicos, etc; sin embargo, si no existe el verdadero cambio de mentalidad por parte de nuestros servidores judiciales, el problema va a seguir, creando mayor erogación al Estado y un descontento por parte de la población. De ahí que se necesite un nuevo liderazgo en nuestra administración de justicia, como está sucediendo en el Ejecutivo, y ahora en el Legislativo con la figura del diputado José Luis “Popi” Varela.

Esperemos que nuestras autoridades judiciales comprendan el alto compromiso que tienen con la Nación. ¡Amanecerá y veremos!

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Publicado en 16 de julio de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Niños y el mundo de posibilidades que tienen

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Niños y el mundo de posibilidades que tienen

Alcibiades Atencio
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Todo niño es un metal precioso y valioso para formar joyas. Si el joyero es inepto, dañará al más precioso tesoro, pues es un hecho que si educamos al individuo en su niñez, no tendremos que corregir al adulto.

En todo niño veo un mundo infinito de posibilidades, menos un criminal, pues ellos son ángeles de luz. Ni la bondad ni la maldad son propia del niño por naturaleza, ellos simplemente responden al entorno social en que se desarrollan.

Si hubiese que castigar a alguien por la desidia y crímenes de nuestros menores de edad, sería en primera instancia a los padres, luego al abuelo que no supo educar al padre y así, sucesivamente. En segunda instancia, habría que castigar a los políticos que cada vez se degradan más. Peor aún, han corrompido al sistema educativo y podemos decir que la administración de Martín Torrijos se convirtió en la peor depredadora del futuro de nuestros niños y, en mi condición de educador, digo con autoridad que el daño cometido a la educación es irreversible, ya que fue literalmente secuestrada por los políticos y descuartizada por cuatro ministros que afectaron al sistema.

Tristemente, el ciudadano común no entiende la magnitud del daño causado a nuestros niños porque, generacionalmente, hemos ignorado las posibilidades en el aprendizaje de los niños, quienes como auténticas esponjas absorben en forma misteriosa gran cantidad de conocimientos y certitudes en sus pequeñas cabecitas. Si todos estos conocimientos y actitudes fueran bendición para nuestra sociedad, tendríamos una sociedad ideal. Lo que el niño dejó de aprender hoy es como el tiempo pasado, pues mañana tendrá otras cosas que aprender; por lo tanto, no recupera el ayer, y si lo recupera, pierde el hoy, por tanto, arriesga el futuro.

El lema del Meduca es: “Meduca: para toda la vida”; en las condiciones actuales debería decir: “Meduca: fracaso para toda la vida”. Lamentablemente, los padres no están cumpliendo con su deber en la formación de sus hijos, por tanto, los educadores deben ser el segundo frente para salvar a nuestros niños, y tal vez tengamos más responsabilidad que los padres, pues es de suponer que todos debemos ser especialistas y al Estado (todos) pagamos para educar a nuestros niños, y es que todos inconscientemente estamos de acuerdo con que los niños son nuestra prolongación y queremos que tengan los logros que la sociedad nos vedó.

Por decir lo que pienso, fui destituido por la directora regional P.S. de Franco, pero la historia me está dando la razón.

En Panamá, cualquier persona puede tutelar a nuestros máximos tesoros la educación de los niños, y lo triste es que luego la sociedad nos denigra a causa de de ellos. (Los garantes de la educación) ignoran que también acá hay genialidades anónimas, actuando como un simple educador.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Tozudez, sinónimo de miopía

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Tozudez, sinónimo de miopía

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Odisea Pilides
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Hablando un poco de nuestro PRD, vemos con nostalgia cómo se quejan las bases de dicha organización política por aquella derrota electoral que sufrimos el pasado 3 de mayo. Cada vez que se avecina la política, vemos a las bases adquiriendo compromisos sanos de querer participar. Yo, personalmente felicito a ese gran porcentaje de panameños militantes del PRD, líderes en sus áreas, en sus barrios, a esos líderes que ven una esperanza de su propio acontecer político, para poder mejorar su entorno y satisfacer algunas de sus necesidades. Hay que seguir, no desmayen, no desistan, no tiren el casco, ya vendrán tiempos mejores.

Cuando la alta dirigencia del PRD asoma su rostro y anuncia sus intenciones de aspirar, ocurre que desplazan a los que ya habían hecho sus planes, y peor aún cuando les condicionan, ofreciéndoles cosas. Luego pregunto: ¿A qué liderazgo juegan estos candidatos, si en vez de convencer por un ideal, una gran causa, ofrecen, y crecen? Esa fue la causa de la debacle, y nadie me la podrá discutir.

Yo, mal pudiera satisfacer mi propia meta y objetivo y decir que las mayorías votaron por mí o por los candidatos y salir a la palestra con un triunfo en las manos condicionado por lo que se ofreció.

No hay tal liderazgo, no hay tal convencimiento de que las masas me apoyaron, porque se vició la escogencia de los candidatos y ésto fue lo que llevó al PRD a esa gran derrota.

Siempre lamentaré cómo perdimos a uno de los nuestros en La Chorrera. Al candidato a diputado no se le dio la oportunidad, más bien le cerraron las puertas, no hubo un CEN capaz de hacer justicia y darle luz verde para que tan siquiera corriera para las primarias, tuvo que irse a capear el temporal y todos sabemos el resultado, por esa tozudez, sinónimo de miopía política. Hoy tuviéramos candidatos en el Gobierno. Pero hoy vemos que un candidato a presidente logró alcanzar un 76% de las preferencias de los televidentes y un CEN no le quiso poner la atención debida.

El tiempo lo dirá. A pesar de todo, las bases del partido les están solicitando que renuncien al CEN del PRD, están totalmente desgastados, ni con grúas se levantarán.

Ya donde el electorado los ha llevado, pues hasta ahí solo podrán llegar, no insistan, que por esa tozudez nuestro partido PRD está en la cuerda floja, se encuentra dentro de un cristal que aparentemente ya no hay quien lo controle y lo peor, si no se va el CEN, lo más probable es que se tengan que amalgamar con algún otro movimiento político nuevo y arrollador, posiblemente estos nuevos líderes con un buen ejemplo y con ganas de hacer las cosas mejor, se logren mejores resultados.

Renuncien todos, CEN de la mentira. Renuncien todos, CEN de la indignación.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Prensa,  a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un museo de la dictadura

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Un museo de la dictadura

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Betty Brannan Jaén
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THEOULE-SUR-MER, FRANCIA.– Leo en La Prensa que el gobierno de Ricardo Martinelli nombrará una comisión para decidir lo que debemos hacer con el viejo edificio de la embajada estadounidense en la Avenida Balboa.

Algunos sugieren convertirlo en la sede de alguna agencia estatal, mientras que otros proponen que sea un museo de arte, de historia, o de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos (como propuso una lectora en la página web de este diario).

Me parece mucho más atinada la idea de poner allí un museo -no oficinas públicas- pero quiero sugerir un tema para ello que no sé si ya ha circulado en Panamá: que sea un “Museo de la dictadura”.

Claro que mi idea no es celebrar la dictadura, sino todo lo contrario. Como ejemplos citaré al Museo del Holocausto en Washington y el Museo de la Paz en Hiroshima. En ambos, la idea es honrar a las víctimas, asegurar un archivo histórico de los hechos, y fijar un compromiso nacional con el “no olvidar”.

Con esa idea, estoy pensando en exhibiciones que honren la memoria de Leopoldo Aragón, el padre Gallego, Hugo Spadadora, Heliodoro Portugal, y cada una de las otras víctimas.

Que detallen la historia y la evolución de la dictadura, así como los aparatos militares y políticos que la sostenían. Que expongan la megalomanía y crímenes de nuestros “máximos líderes” y la inmoralidad de sus secuaces.

Inspirada por nuestro excelente Museo del Canal, se me ocurre que habría un salón audio-visual presentando las películas de Manuel Antonio Noriega con su machete (y quienes estaban a su lado), de los helicópteros del Viernes Negro, y de todos los demás incidentes que los panameños de cierta edad tenemos grabados en la mente, pero que los jóvenes desconocen.

Estoy pensando en un gran “Salón de Lectura” abierto al público –sobre todo a estudiantes- y respaldado por una excelente biblioteca con todo lo referente al tema: los archivos de la Comisión de la Verdad; libros como los de Roberto Arosemena Jaén, Brittmarie Janson Pérez, Guillermo Sánchez Borbón, Kurt Muse y Luis Murillo (autor de lo que he descrito como “una enciclopedia de la dictadura”); los números que puedan rescatarse de los valientes periodiquitos de la oposición, como El Grito y Alternativa; documentos estadounidenses desclasificados; los reportajes en medios nacionales y extranjeros, ya que tapaban la verdad o la revelaban; los documentos de los juicios a Noriega y sus subalternos; los estudios que vinculan la dictadura panameña al contexto hemisférico de la época y que analizan la transición de dictadura a democracia en estos países; la invasión que derrocó a la dictadura; y mucho más.

Es que un archivo imborrable de lo ocurrido requiere una colección completa, segura y muy bien organizada de todo el material existente. Muy modestamente diré que he guardado todos los documentos de estos 20 años de periodismo (incluyendo los documentos del juicio a Noriega en Miami) y me encantaría ponerlos a disponibilidad pública; estoy segura de que muchos otros panameños también están guardando material relevante al archivo histórico que necesitamos construir y preservar.

Cuando la idea de un Museo de la Dictadura me vino a la mente ayer, hice una búsqueda rápida por internet para ver si ya en Panamá se está hablando de eso. No me salió nada con referencia a nuestro país, pero sí encontré que Chile está construyendo un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, “para mantener vivo el recuerdo de los miles de muertos y desaparecidos” durante la dictadura en ese país, según un cable internacional. Con este museo, “nadie puede negar, desconocer, minimizar o banalizar la tragedia de las violaciones de derechos humanos en Chile”, ha dicho la presidenta Michelle Bachelet.

Eso, precisamente, sería el propósito de crear un museo parecido en Panamá (proporciones guardadas) y el vigésimo aniversario de la caída de la dictadura sería el momento perfecto para anunciarlo.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una experiencia y una solución

Una experiencia y una solución

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Rubén Dario Carles
José Chen Barría
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Cuando los panameños logramos deshacernos de la dictadura militar de Torrijos y Noriega y constituimos el gobierno democrático, presidido por Guillermo Endara, entre los múltiples problemas nos encontramos con el caso de las “deudas de vigencias expiradas”, que al inicio mostraban un saldo de 160 millones a 180 millones de dólares. De inmediato, en la Contraloría General de la República, bajo mi dirección y la inmediata responsabilidad de José Chen Barría, subcontralor general, acordamos un proceso para resolver el problema.

A continuación presentamos un documento sobre el tema que a solicitud mía ha preparado mi amigo y colaborador José Chen Barría, quien con acierto y pulcritud estuvo a cargo de proyecto de “las cuentas de vigencias expiradas 1990 – heredadas de la dictadura”.

Sobre e manejo que le dimos a las cuentas de vigencias expiradas al inicio del gobierno del presidente Endara, podemos decir que:

Cuando se inició el gobierno del presidente Endara, se encontraron sumas millonarias de cuentas por pagar, recordarán los descuentos directivos que se le hicieron a los funcionarios por deudas en bancos, financieras, comercios, viviendas, etc. Estas deudas se cancelaron inmediatamente para reactivar la economía y devolver la confianza al sector privado.

Nos encontramos aproximadamente entre 160 millones a 180 millones de dólares de deudas de vigencia expirada por suministros de equipo, materiales y suministros al Gobierno, así como contratos de obras, reparaciones de escuelas y otros servicios. Estas deudas no se cancelaron inmediatamente.

Iniciamos un proceso de verificación de dichas deudas, para determinar: su legalidad, si habían cumplido con los compromisos establecidos por las leyes. Si habían sido previamente registradas. Si tenían partidas presupuestarias aprobadas. Si los bienes y servicios habían sido recibidos a satisfacción por el Estado. Si las personas que habían autorizado y aprobado estas facturas habían sido autorizadas para esto.

Después de estas verificaciones se logró determinar que cerca de 80 millones de dólares eran cuentas que no procedían su reconocimiento y pago, por lo cual no se procedió a su respectivo desembolso.

Las razones de esta anulación fueron entre otras las siguientes: había cuentas que no tenían contratos ni orden de compra. Se encontraron cuentas y facturas por trabajos no realizados. Mercancía que nunca se entregó. Existían facturas por alquiler de equipo y maquinarias que no existían ni realizaron trabajos al Estado.

Muchas cuentas no habían sido presentadas en debida forma. La mayoría de las cuentas no tenían su contrapartida presupuestaria, ni estaban contempladas en el presupuesto de esa época. Muchas cuentas no habían sido autorizadas por los funcionarios legalmente responsables.

Otras cuentas no habían sido registradas en las instituciones ni conocían de su existencia.

Se pueden mencionarse otras circunstancias, pero el hecho fue que todas las cuentas de vigencia expirada que no cumplían con los requisitos legales, fueron rechazadas y algunos suplidores tuvieron que comprobar la legalidad de las mismas.

El mecanismo de pago para las cuentas que se consideraron legales y aceptadas fue la emisión de “cheques fiscales”, a los cuales se reglamentó su uso y de esta forma se entregó liquidez a los acreedores del Estado, haciéndose realmente un intercambio de deuda por deuda.

El gobierno actual puede utilizar el mismo procedimiento para el reconocimiento de deudas de vigencia expirada y ofrecer a los acreedores “bonos del Estado” con vigencia de 5 a 10 años a una tasa de interés razonable, sin producir un gasto inmediato o flujo de dinero.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Vaya dos semanitas intensas

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Vaya dos semanitas intensas

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Daniel R. Pichel

“La Patria Loca” (como le llama una entrañable amiga), arrancó con gran energía a cumplir con lo que fueran sus promesas de campaña. En general, estas medidas producen notable euforia en la población, que considera correcto que se haga sentir la autoridad, contra lo que han sido cínicos abusos.

Pero veamos una por una estas acciones, sus consecuencias y sus implicaciones.

La creación de la Secretaría del Metro a nivel de la Presidencia es un hecho positivo. Queda claro que el tema es una prioridad del Gobierno y que existe un genuino deseo de mantener ese proyecto cercano a los más altos niveles de decisión. El desastre del transporte público requiere la toma de medidas reales y no simples.

Un servicio de tanta importancia no puede seguir en manos de un grupito de mafiosos que manipulan todo para obtener beneficios personales. Al menos, los encargados de administrarlo son capaces y con experiencia.

Finalmente, se adjudicó la construcción del principal contrato del ensanche del Canal. Es muy positivo que quien obtuviera el mayor puntaje en la evaluación técnica, fuera la misma que diera el precio más bajo, eso representa eficiencia… A mi modo de ver, la licitación se manejó de forma transparente y con el altísimo grado de profesionalismo que caracteriza a la Autoridad del Canal. Pero, como era predecible, no han faltado voces contra lo actuado, tratando de generar dudas.

Curiosamente, quienes protestan son los mismos que se oponían a la aprobación del proyecto en el referéndum de octubre de 2007. Pero, lo más increíble, fue un correo que recibí esta semana enviado por Frenadeso, donde tejían una conspiración que involucraba a una o dos de las empresas del consorcio ganador, al Gobierno español y a la ACP. De veras que la maraña de enredos que esgrimen en esa nota es digna de un capítulo de “Los Expedientes Secretos X”.

Pero, a mí no me sorprende que los proponentes de la “Miseria igual para todos” tomen esta actitud, pues saben perfectamente que su opción política se desvanece de forma inversamente proporcional al progreso que logremos en los próximos años.

Después, tenemos a los “opositores crónicos” del proyecto. Esos dicen que “es sospechoso que una propuesta tuviera tanta diferencia con las otras” y que “no será posible realizar el trabajo por ese precio”. Ahora, me imagino lo que hubiera sido si se hubiera adjudicado a una propuesta que no fuera la más económica. Me los imagino diciendo que “se despilfarraba el dinero del Canal”. De veras que no entiendo cuál es el objeto de seguir pataleando por algo cuya modificación está totalmente fuera de su alcance.

Lo más lógico sería que, responsablemente, trataran de dar opiniones orientadas a mejorar la propuesta y a lograr lo mejor para el país. Pero, desgraciadamente, lo que da la impresión es que toda esa gente sueña con que el proyecto fracase, solo para poder presumir de que “ellos lo advirtieron”.

Sin embargo, la gran nota de estos quince días, la dieron las incursiones “conquistadoras” de nuestro presidente. Como dijera Milton Henríquez, el presidente tiene más garbo que Balboa para sembrar banderas. Estoy seguro de que, si se hace una encuesta, la mayoría de los panameños aplaude la acción de “reposesión” de los terrenos donde se realizaron construcciones ilegales sobre terrenos del Estado.

Esto, seguido por la acción de demoler una galera y unos baños construidos sobre los terrenos, hará pensar dos veces a quienes consideren que sus “derechos” e “influencias” están por encima de las leyes.

Lo curioso es que ¿cómo si esto era tan simple, nadie lo había hecho hasta ahora?… Como uno de los pasatiempos de los panameños es ser “malpensados”, esta impunidad hace pensar en acuerdos tras bambalinas. Pero aún quedan preguntas por contestar. La primera es si las demoliciones incluirán la remoción de la tierra de los rellenos y marinas.

La lección sería mucho más ejemplar si se eliminara el relleno de las hectáreas que fueron utilizadas ilegalmente y que esto se hiciera a cuenta de quien pretendía beneficiarse del negocito. Finalmente, será importante que nos digan si todas estas medidas retroactivas incluirán en algún momento los impuestos que “se ahorraron” los beneficiarios de la venta de Banistmo y si ahora se hará algo para cobrarlos.

En fin, en tres semanas que lleva en el cargo, el nuevo gobierno está dando señales de tener un compromiso real con cumplir sus promesas de campaña y producir “el cambio” que los panameños les autorizaron a implementar.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Prensa,  a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

CSS: autonomía y democracia

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CSS: autonomía y democracia
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GENARO LÓPEZ
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La CSS ha sido asaltada por las diversas administraciones gubernamentales que la han visto como su botín. Para ello han mermando la autonomía administrativa y financiera de la institución. En tal sentido hemos insistido que el problema de la CSS es estructural, que transita por varias aristas entre ellas las constantes violaciones a su autonomía y la falta de democracia.

En el 2005, durante el dialogo del “YO con YO”, hicimos manifiesto a través de la Ley de la Vida, que presentó Frenadeso como propuesta integral a la seguridad social, la necesidad de fortalecer la autonomía de la CSS en su gestión administrativa y financiera; sin embargo, el gobierno, los partidos de oposición burguesa, la patronal y los adeptos (CONATO, Fenasep, Conagretprosa, CUM, ANEP, Jubilados de Medina), nos impusieron a través del Pacto de Gamboa la Ley de la Muerte (Ley 51 de 2005).

Denunciamos que la Ley 51 no permitía la democratización de la institución ni el respeto a su autonomía, al imponerse que el gobierno y sus partidos políticos siguieran manipulando el nombrando de la Junta Directiva por medio de la ratificación de los representantes gremiales y a través de seguir nombrando al Director de la CSS vía las supuestas ternas.

La compensación a los entreguistas de la seguridad social del pueblo panameño fue: incremento de sueldos y prerrogativas al director de la CSS, aumento de dietas a los miembros de la Junta Directiva de la CSS (de B/30.00 a B/100.00 de dieta por participar en cada reunión y un tope de B/1,200 al mes), y los adeptos son premiados con aumentos salariales, nombramientos de familiares, etc.

La patronal recibe la privatización de un porcentaje de los fondos del Programa de IVM (900 millones de dólares). Es a esta mafiocracia a la que se le mantiene la prerrogativa de “escoger la terna” de director de la CSS.

Una vez más, se rinden a la nueva administración, la prueba, entregan a Ricardo Martinelli la terna de los ungidos, “Guillermo Sáez-Llorens (Actualmente Gerente de GMB –IBM/Grupo Motta; antiguo Vicepresidente de Ventas Corporativas de Cable & Wireless Panamá; directivo en el Grupo Suárez –propiedad del actual Ministro de Obras Públicas, Federico Suárez; Vicepresidente de la Junta Nacional de Escrutinio en las Elecciones 2009), Enrique Lau (cuyo “mentor político” es Lewis Galindo, antiguo funcionario de la Contraloría, miembro de la Comisión de Plan de Gobierno de la Alianza por el Cambio, ex-subdirector de la CSS, actual director de Planificación en la Universidad de Panamá, conocido por sus gestiones descentralizadoras en la CSS) y Mario Quiel (ex-legislador del panameñismo).

El presidente, Ricardo Martinelli, debe decidir entre éstos, pero no cabe duda que todos sirven a los intereses privatizadores de la salud y a los negocios de la patronal, aunque su número uno es Sáez-Llorens (lo acompaño a su presentación ante la Junta Directiva el actual Ministro de Salud y además acompañó a Costa Rica al presidente).

Recordar publicaciones que señalaban que el detonante de la salida de Martinelli de la Dirección de la CSS fue el tema informático: una compra del orden de los 35 millones de dólares por equipos que costaban unos 4 a 6 millones de dólares y en esa diferencia (unos 30 millones) no participaban ni Pérez Balladares, ni Fito Duque (dejando al final sin participación a GBM y otros usuales proveedores del Estado).

Quizás ello explica la fuerza que pone Martinelli al tema de las citas de los asegurados a través de la informática, aunque ya diversas administraciones de la CSS han hecho millonarias inversiones sin que se haya resuelto el problema.

Frente a esta realidad, propusimos en la Ley de la Vida un proceso real de fortalecimiento de la autonomía de la institución, que pasa por la democratización de la CSS en términos de evaluar la representatividad de los diferentes sectores que integran la Junta Directiva, su designación y revocatoria por las organizaciones en ella representadas; que se elimine las dietas y canonjías que se le otorga a los directivos; que el director sea nombrado por méritos y no por su afinidad partidista-empresarial-personal.

Al Suntracs, al igual que a un conjunto de organizaciones representativa de los asegurados, le asiste el derecho a participar en la Junta Directiva para garantizar la defensa de la seguridad social de los trabajadores y asegurados. Nuestro planteamiento de lucha en defensa de la seguridad social se sustenta en la propuesta esbozada en la Ley de la vida.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El apuro trae cansancio

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El apuro trae cansancio
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MARIELA SAGEL

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Unos 20 días fuera del país me recibieron con idas y vueltas en todas las instancias del gobierno, como consecuencia lógica del estreno de una nueva administración. Si bien el tema Panamá no fue objeto de mayor comentario en la mass media de EUA, porque el show se lo robó (y se lo sigue robando) la muerte de Michael Jackson, tampoco el zangoloteo de la vecina Honduras se logra entender, concentrados como estamos en ver cómo gatea primero y luego empieza a dar sus primeros pasitos el gobierno de los locos (y no lo digo en un sentido peyorativo, sino ceñida al eslogan de campaña).

Llama la atención que las primeras acciones visibles de un gobierno fuerte se interpreten como un gobierno de fuerza. La incursión en Amador, en dos ocasiones, por parte del presidente y algunos ministros envían mensajes equivocados, y como uno no es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera, sus resultados son recibidos con beneplácito por unos y con aprehensión y advertencia por el otro.

Dos temas son sensitivos en este momento y pequeñas acciones pueden elevar aún más el nivel de simpatía que tiene por ahora la administración Martinelli: reparar los huecos de las calles “ya mismo” y desplegar un operativo de seguridad que demuestre que las promesas de campaña no se quedarán en eso.

Para la primera solo se necesita un poco de voluntad y recursos, que se pueden trasladar o conseguir de manera inmediata, porque no estamos ante un inminente final de un período fiscal —a menos que la culminación de la Cinta Costera haya empeñado hasta los salarios de los funcionarios que se han quedado en el MOP— y para la segunda, una comprensión cabal de lo que realmente se necesita para que la población se sienta verdaderamente segura.

No sé si será por los recientes vendavales, los temblores y el tsunami de votos que obtuvo la administración Martinelli —o la pospuesta asunción del alcalde electo—, pero encuentro todas las calles de la ciudad, sus aceras, parques y demás vías en un estado deplorable, sin poder entender cómo puede justificarse eso ante tanta bonanza y crecimiento que se aprecia desde lejos.

Todavía tengo que hacer una ruta crítica para saber dónde están los periodistas que han migrado de un medio a otro, o que se han convertido en voceros de las diferentes entidades del Estado. Parece que todas las caras bonitas (y otras no tanto) de la televisión fueron a parar a las oficinas de prensa del Estado.

No escapa a todo este revuelo el hecho cada vez más recurrente de poner al frente de las direcciones de los medios a profesionales ajenos al periodismo, lo que ha sido la tónica, por lo menos, en los diarios impresos. Si bien es válido que en la gerencia y gestión comercial tal decisión es vital para la sobrevivencia del medio, no estoy segura de que sea lo más adecuado, cuando a nivel de política editorial se refiere. De allí salen las tirrias y el sensacionalismo e improvisación que se ha estado macerando en los últimos 15 años. Esto, aparte de causar daño a las víctimas, distorsiona la percepción del público en general.

En fin, temas que nos tocará ir entendiendo a medida que se vayan desenvolviendo los acontecimientos, sin prisas, dándoles a todos su tiempo para que entiendan que hay que hacer lo importante antes que lo urgente.

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Publicado el 19 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.