Un presidente con fuerza


Un presidente con fuerza
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Jaime A. Quijada G.- Comunicador Social

Cada día que pasa con el nuevo gobierno, entiendo que el presidente Martinelli sí sabe lo que quiere; se preparó para dirigir un país con toda la fuerza sin medir consecuencias, ni repercusiones sociales, políticas ni económicas. Las acciones realizadas durante los primeros días de gobierno demuestran que él sabe jugar con las preferencias y la fortaleza que tiene como presidente elegido con una cantidad de votos importante.

Hoy me estoy convenciendo que al ver al Presidente en un consejo de gabinete, aprobando las primeras propuestas de gobierno como los bonos a los jubilados; y actuando en el caso Figali, en el área de Amador, con ese ímpetu para demostrar que, sin importar de quién fuera el padrinazgo y protectorado de los que retaban a las autoridades, esto se acabó en el país.

Pareciera que este modelo de gobernar es lo que el pueblo exigía a todos nuestros ex presidentes, quienes demostraron no haber tenido la fuerza para cumplir sus promesas de campaña teniendo todo un pueblo apoyándolos.

Los presidentes PRD y del arnulfismo se fueron a la parte económica, a las obras macros; pero el sentir de un pueblo de tener un representante en el Ejecutivo con fuerza, lo esta demostrando un presidente de la derecha.

Hoy tenemos que ver las razones que tiene el presidente Martinelli de hacer las cosas bien: el representa la versión del cambio de los dos gobiernos tradicionales durante los últimos 20 años; tras la invasión, desempeñó su papel dentro de ambos gobiernos, tiene consigo el saber mercadear su figura y utilizar muy bien las campañas mediáticas y, sobre todo, darle al pueblo lo que quería ver después que grandes figuras como Omar Torrijos y Arnulfo Arias, quienes supieron jugar bien su posición de líderes con la juventud, los trabajadores y las mujeres.

Sigamos analizando cada día que pasa al presidente Martinelli, y veremos una gran figura controversial dentro de los nuevo presidentes nacidos de movimientos que han demostrado tener como base fundamental observar sólo lo negativo de los partidos tradicionales y tratar de acabar con ésos cuando no tienen fundamentados sus ideologías y estrategias políticas; lo demostró en la campaña política cuando doblegó a los arnulfista y derrotó al partido mayoritario, el PRD.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Parlamento Centroamericano

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El Parlamento Centroamericano

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Javier Comellys
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El Parlamento Centroamericano se creó como una institución política, consagrada fundamentalmente, a la integración de los países de Centroamérica; a fortalecer y consolidar la democracia, a mejorar los problema, sociales, económicos y culturales de la región. Es decir, se crea para contrarrestar y contribuir a erradicar la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la insalubridad de los países de dicha región.

Sus orígenes se remontan al Grupo de Contadora, en los tiempos en que El Salvador, Nicaragua y Guatemala vivían una conmoción social y una guerra civil, como producto de los gobiernos autoritarios y militarista que no respetaban los derechos humanos de la población, y que conculcaban las libertades individuales. Luego de la disolución del Grupo de Contadora en 1986, la idea de la integración se profundizó dando lugar al Acuerdo de Esquipula II, quienes posteriormente deciden crear el Parlamento Centroamericano en 1991.

Actualmente los países que pertenecen al Parlacen son: Guatemala, Hondura, Panamá, Nicaragua y El Salvador, que invierten de su presupuesto 1.7 millones de dólares para mantenerse dentro de dicho organismo, fuera de los 1,200 dólares a cada miembro, más la dieta y los viáticos que se le dan a un total de veinte parlamentarios por país, que además gozan de inmunidad, durante los cinco años de su permanencia en el mismo. Según sus críticos y países que cuestionan dicho organismo, como Costa Rica, éste se ha convertido en “refugio de ladrones y políticos fracasados”. Sus funciones no son visible por la población, el trabajo que desempeñan no se ve, y ellos pasan desapercibidos como fantasma en la oscuridad.

La pregunta que se hacen muchos es: ¿Qué ha hecho el Parlacen para erradicar la pobreza, el hambre, la insalubridad, en mantener las libertades y derechos humanos de las violaciones y arbitrariedades de las cuales son víctimas los ciudadanos de los gobiernos de la región. ¿Qué han hecho para llevar a los tribunales de justicia a los presidentes corruptos de estos países, que se pavonean impunes por nuestras calles y ciudades ante la mirada hostil de la ciudadanía? No han hecho nada que no sea alimentar ideológicamente la proliferación de los gobiernos de izquierda de la región.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las especulaciones del “Cambio”

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Las especulaciones del “Cambio”
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Luis Carlos Guerra
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La actual estructura de gobierno ha empezado su mandato percibiéndose impositiva. El tema del cambio, si bien es cierto toca la percepción en el ciudadano de que se iban a hacer las cosas como deben ser, mal puede proyectarse que se hará por encima, al margen o desconociendo la legalidad del debido proceso.

El que la Asamblea Nacional de diputados tenga como punto de partida el haber restituido los derechos ciudadanos a un solo individuo por razones de interés político, deja mucho que desear del carácter objetivo, imparcial, con el que deben legislar nuestros diputados.

Que el Presidente de la República inquiera personal y presencialmente una medida, cualquiera que sea, deja mucho que pensar si la misma se recubre del poder estatal, por encima de procedimientos que deben seguirse para ejecutarla.

El tema de encontrar supuestas irregularidades ya sea en la aprobación, concesión, ejecución de proyectos, programas, obras, en donde estén involucrados bienes del Estado, no puede constituirse en un factor mediático de especulaciones, porque a largo plazo pesará sobre el gobierno haber prometido y cacareado tanto ser el más trasparente; pero, ¿de qué ha de servirle la transparencia, si al final de cuentas debieran retrotraer opiniones y medidas por ser antijurídicas o no ajustadas a principios procesales esenciales?

La Alianza por el Cambio está en sus primeros días de mandato gubernamental, y ya se perciben ciertas acciones que no necesariamente responden a una unidad de pensamiento y acción en una unión, todos quieren generar un protagonismo mediático, jugando con las especulaciones de corrupción y su intención o capacidad de perseguirla o perseguir a los que fueron corruptos, destaque, que si no es bien sustentado y manejado, colapsará en procesos de investigación sin fundamento, en divergencias públicas entre un ejecutivo que controla y los mandos medios en desacuerdo por el fondo y formas de las órdenes; y, obviamente, el preludio de un desgaste temprano.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Existe el debido proceso en la justicia electoral en Panamá?

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¿Existe el debido proceso en la justicia electoral en Panamá?
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Javier Ordinola Bernal – Abogado
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Derecho no es como otras profesiones, requiere solvencia moral, ética, valores y, sobre todo, sentimiento de obtener justicia. Cuando un abogado acepta una defensa debe ser porque estima que la pretensión de su cliente es justa. El cliente, quien deposita su confianza en el abogado, espera que éste lo defienda con todos los recursos legales que tenga a su alcance.

Tengo casi 18 años de ejercer la profesión de abogado y en el transcurso de ese tiempo nunca un juzgador, en ninguna jurisdicción, me recomendó no recurrir un fallo del cual haya tenido la convicción de que carece de todo sentido de justicia. Y es que los abogados, como auxiliares de la justicia, somos los encargados de defender los intereses de las partes en litigio, y en virtud de ello, el juzgador no debe ni puede, limitarnos, so pretexto de “hacer perder el tiempo”, a un tribunal, en el que, supuestamente, se debe impartir justicia, a no discernir de sus decisiones.

Esa amarga experiencia la viví en ocasión de un proceso de impugnación de una proclamación para el cargo de diputado del circuito 2-1, que se ventiló ante el Tribunal Electoral. En tal proceso se me recomendó no reconsiderar, recomendación que estuvo acompañada de una advertencia, la cual iba dirigida a que si recurría a la resolución, tal acto podía tener consecuencias. La consecuencia no es más que la pérdida de la fianza que se consigna para evitar que se presenten reclamaciones temerarias, lo cual es un requisito sine qua non para estos procesos administrativos.

Según me comentan, esta es una medida que han considerado aplicar los magistrados del TE, cuando las partes no están de acuerdo con sus decisiones en este tipo de procesos, y así evitar que se recurra. ¿Este tipo de medidas no atentan contra la justicia y la equidad que debe ser el propósito de todo tribunal de justicia? ¿Acaso los fallos que se emiten en el TE deben ser de todas maneras aceptados por las partes, o es que nadie puede disentir con la opinión jurídica de los magistrados?

El derecho a recurrir un fallo es parte importante y fundamental del debido proceso, tal como dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre algunos instrumentos legales referentes al tema. El debido proceso, señores magistrados, es un conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobres sus derechos, razón por la cual las formas propias del respectivo proceso deben ser respetadas, entre ellas las instancias procesales

Según la Ley electoral, los fallos emitidos por el Tribunal Electoral pueden ser objeto de reconsideración; sin embargo yo, por no afectar los intereses de mi representado, no me aventuré a recurrir el fallo.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Déficit fiscal panameño“made in USA” (II)

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Déficit fiscal panameño“made in USA” (II)
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Fernando Gómez Arbeláez
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El pasado 18 de junio tuve la oportunidad de comentar en estas páginas sobre la siempre cambiante legislación de responsabilidad fiscal de Panamá, un país de gobiernos irresponsables y derrochadores que parecen haber competido entre sí para endeudar a todos los panameños, de las presentes y las futuras generaciones, cada vez más.

En particular, hice mención de la Ley 34 de 2008, “de Responsabilidad Social Fiscal”, vigente desde el 1 de enero de 2009, pero que luego de cinco cortos meses era ya objeto de reformas para triplicar el tope del monto absoluto del déficit del Sector Público No Financiero -léase el nivel de endeudamiento del Estado- del 1% al 3% anual.

La motivación del gobierno de Martín Torrijos hacia esas reformas era evidente: su nivel de gasto y derroche durante la primera mitad de 2009 resultó tan elevado que la proyección del déficit fiscal al cierre de este año sobrepasaba al límite del 1%, incumpliendo así con la Ley 34. A la Asamblea Nacional se propuso la modificación del Artículo 11 de la Ley para que los topes del déficit fiscal pudieran aumentarse “cuando la economía de Estados Unidos” creciera a una tasa de 1% real o menos, lo que por casualidad ocurre a la presente fecha.

Un Estado soberano como Panamá, que no guarda con Estados Unidos una relación de dependencia económica extrema como la implicada, no podía ni puede atarse mediante sus propias normas legales a los acontecimientos de otro país. Ya fuera Estados Unidos, como también Alemania, Japón, el Reino Unido, China o Rusia, entre tantos, la referencia exclusiva al crecimiento económico de un solo Estado era y es inaceptable. Así fue comprendido por la Asamblea Nacional, cuyos miembros unánimemente rechazaron la propuesta. En sustitución, los diputados aprobaron dentro del Artículo 11 una referencia al crecimiento de “la economía mundial”, lo cual quedó plasmado en la nueva Ley 32 de 2009, “Que modifica artículos de la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal, y dicta otras disposiciones”.

A pesar de ello, el expresidente Torrijos y el exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, impusieron a su manera la dependencia fiscal de Panamá. El 26 de junio ambos adoptaron, violando la letra y el espíritu de la Ley 32, el Decreto Ejecutivo 50 que reglamenta la legislación recién aprobada.

El Artículo 14 de ese Decreto, reglamentario del Artículo 11 de la Ley, establece con respecto al crecimiento de “la economía mundial” que “se utilizará como el indicador de seguimiento de la economía mundial la variación porcentual de dos trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto (PIB), en términos reales, de la economía de Estados Unidos de América, de acuerdo con la Información publicada por su Departamento de Comercio”.

Sobran los calificativos ante la osadía e ilegalidad de este nuevo desparpajo. Ahora es tarea inmediata del gobierno de Ricardo Martinelli adoptar una reglamentación que reemplace a ese y otros disparates del Decreto Ejecutivo 50. Tal necesidad se convierte en obligación cuando se descubre que dicho Decreto fue aprobado un día antes de que la Ley 32 comenzara a regir el 27 de junio. Y cualquier reglamentación de un cuerpo legal que aún no hubiese entrado en vigencia, como la Ley 32, es nula.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Esperanzas futuras

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Esperanzas futuras

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Marisín Villalaz de Arias

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Los panameños nos hemos acostumbrado a criticar y adversar todo lo que se diga o haga. No debe ser porque impiden la gobernabilidad. Dejemos que se desarrollen las situaciones y aprendamos a interpretar lo que se dice. El gobierno Martinelli es nuestra última esperanza en la democracia; dejemos que gobierne lo mejor que pueda, ya que de ello depende el futuro del país.

Tenemos que cambiar de mentalidad para llevar a Panamá al CAMBIO. Hace unos días tuve un incidente con un policía y me dijo: “Váyase a la M”. A ese policía, aunque le suban el salario, no cambiará y será manzana podrida.

En el equipo Martinelli está el futuro de la democracia; con un gobierno medianamente bueno que haga, podremos continuarla y demostrar que no todos las políticos son corruptos. No más PRD, queremos gente nueva que nos salve de llevarnos a la izquierda chavista por falta de comprensión y honestidad de los que gobiernan.

En nuestra mente está la esperanza así que dejemos tanta crítica ante la mínima declaración de un funcionario y pongamos de nuestra parte para coadyuvar a que los gobernantes hagan una labor positiva en bien de todos.

Señor Presidente: esté consciente de su responsabilidad y verá con satisfacción el resultado de su trabajo y lo agradeceremos los ciudadanos que queremos darle oportunidad de gobernar y no de los que quieren sobresalir en los medios de comunicación. Tiene nuestro apoyo, siga adelante y triunfe sobre el mal.

Educación, señor Presidente; eso es lo que necesitamos para enseñar a nuestros compatriotas la mejor manera de hacerlo. La educación es el centro del desarrollo y sin ella, la mentalidad continuará equivocada. Aprendamos a decir buenos días, permiso, gracias y de allí partiremos en cultura y educación para ser mejores ciudadanos en el complejo devenir del país.

Quisiera que las organizaciones que se oponen a todo supieran que no sólo defiendan a los que cometen crímenes sino también a las víctimas y sus familiares. No invoquen a los derechos humanos porque éstos les pertenecen tanto a unos como a otros. Si quieren defender a los maleantes, que se los manden a sus casas para que los eduquen pero no obstruyan las intenciones de las nuevas autoridades porque hoy en día no nos sentimos seguros ni en nuestras casas.

Adelante que la misión de ustedes la apoyamos todos los panameños conscientes.
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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los magistrados que Panamá necesita

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Los magistrados que Panamá necesita

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Raúl Leis R.
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En octubre próximo deben escogerse dos magistrados o magistradas para ocupar la Corte Suprema de Justicia. Hace dos años un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que integramos la Alianza Ciudadana pro Justicia, plantearon una Petición Ciudadana, que hoy tiene plena vigencia, y que debería ser la hoja de ruta para un proceso de mejoramiento de la idoneidad, capacidad y transparencia de la justicia panameña:

Conscientes de la importancia que tiene para el país contar con un sistema de justicia independiente y que en pocas semanas se debe proceder a la selección de dos nuevos magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, nos unimos para solicitar al Presidente de la República que se retomen los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia. Se trata de lograr un mecanismo transparente y participativo, en el que se pueda seleccionar a los mejores juristas, para fortalecer la independencia y credibilidad del Órgano Judicial.

Consideramos que el país necesita una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados(as) que actúen con independencia de criterio, que crean en la transparencia, los derechos humanos y que dicten jurisprudencia para la democracia. Por ello, además de los requisitos constitucionales, los magistrados deben acercarse al siguiente perfil:

a) Solvencia moral y prestigio reconocido. Participación reconocida por la comunidad en la promoción y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. No haber sido sancionado por delitos contra los derechos humanos y la violencia intrafamiliar. Que no existan cuestionamientos sobre la transparencia y ética, en su vida personal, ejercicio profesional, o como servidor público. Estar dispuesto a someterse al escrutinio público durante el periodo de su candidatura. Hacer declaración jurada de bienes patrimoniales y su situación ante la DGI.

b) Experiencia jurídica y preparación académica. Preferiblemente doctorados. Demostración de sus conocimientos jurídicos generales y fundamentalmente en el área jurídica de la Sala a la que aspira.

c) Proyección social e investigación científica. Participación en la creación y sistematización de leyes y procesos paramejorar el sistema de justicia. Participación en investigaciones para mejorar la institucionalidad democrática. Publicación de libros, folletos, artículos y ensayos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Experiencia docente.

ch) Participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia. Participación activa o voluntariado en organizaciones que promuevan el fortalecimiento del Estado de Derecho. Expositor en eventos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la justicia.

En el proceso de selección debe tomarse en cuenta a los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público que hayan demostrado capacidad y que tengan una buena evaluación del desempeño, como una forma de promover la meritocracia.

En cuanto al proceso para la selección de los magistrados(as), debe seguirse lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia que consiste en la aprobación de  un Decreto de autorregulación del Órgano Ejecutivo, que contemple la divulgación de los nombres de todos los candidatos y sus ejecutorias; la conformación de una Comisión integrada por organizaciones cívicas y gremiales que evalúe las hojas de vida de los aspirantes y que remita al Presidente de la República una lista de los candidatos que cumplan con el perfil anteriormente señalado.

Este mecanismo participativo permitirá mayor transparencia en el proceso de selección de los magistrados y mejorará la percepción sobre la independencia del ÓrganoJudicial.
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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Seguro Social que necesitamos los panameños

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El Seguro Social que necesitamos los panameños
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Mgtra. Jenny Vergara Sibauste
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Son múltiples los problemas que confronta nuestro país, pero es obligado el abordaje priorizado de la educación y la salud como ejes centrales sin los que se hace imposible el desarrollo con equidad de nuestra nación. El recurso humano nacional es el activo más valioso con el que cuentamos, ya que en éste se apoya el desarrollo humano y el crecimiento económico panameño.

Nuestra nación, en los últimos 50 años, ha invertido grandes recursos en salud y educación a cambio de resultados precarios o muy poco satisfactorios, sobre todo en áreas marginadas y distantes, donde poco alcanzan los efectos del desarrollo.

La Caja de Seguro Social (CSS) es un pilar en la construcción del bienestar social, al proporcionar cobertura para la protección de necesidades ampliamente reconocidas, como la salud, la vejez, la discapacidad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral y muerte. La verdadera transformación de los servicios que brinda esta institución consiste en situar al usuario y sus necesidades como centro y razón de ser de la actividad del recurso humano de esta Institución. Es obligatorio implantar la cultura de excelencia en el servicio que recibe la población, la cual debe estar fundamentada en valores éticos como el humanismo, la seguridad del paciente, la calidad científico-técnica de las intervenciones, la responsabilidad y la rendición de cuentas.

La gobernabilidad de la CSS se fortalecería jerarquizando las prestaciones de salud y las prestaciones económicas, mediante una reestructuración orgánica y funcional, que facilite la toma de decisiones y la capacidad de respuesta de estos dos procesos fundamentales.

En el área de Prestaciones Económicas, es imperativo recuperar las cuotas obrero-patronales adeudadas por el Estado y empresas privadas, así como el aseguramiento de personas con empleo informal.

El Estado debe asumir gradualmente el financiamiento de los servicios de salud para los beneficiarios.

Se requiere la adopción de medidas que permitan, de manera segura, mejorar los rendimientos de los fondos de reserva, como la inversión en programas hipotecarios, la adquisición de bonos en empresas de telefonía y energía eléctrica, entre otras.

Es impostergable la implementación de la Estrategia de Atención Primaria en salud, que favorece la atención integral de la salud de las personas y fortalece la promoción de la salud y la prevención de enfermedades e incorporar objetivos orientados a:

Implantar en toda la organización la cultura de calidad, humanismo y servicio a los asegurados. Lograr la equidad en el acceso a servicios de salud, dotando de capacidad resolutiva a todas las regiones del país. Coordinar con el MINSA y a nivel Intersectorial la prestación de servicios de salud para eliminar duplicidades. Articular la red de servicios según niveles de atención y grados de complejidad para garantizar la continuidad de la atención. Optimizar los sistemas de gestión, información y evaluación para facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia administrativa de la organización. Fortalecer la Informática como soporte para la atención de pacientes (expediente clínico, telemedicina, e-learning, biblioteca virtual, entre otras). Instaurar la rendición de cuentas y transparencia en todos los niveles jerárquicos.

Dada la transición demográfica en Panamá, es necesario fortalecer las prestaciones de salud al adulto mayor a través de la dotación de instalaciones y recursos adecuados a las necesidades de este grupo de edad.

Los programas de Salud Ocupacional deberán ser reforzados para garantizar el bienestar de la fuerza laboral y optimizar las condiciones de trabajo. La atención de citas, debe mejorar con la creación de centros de llamadas y planes de formación de recurso humano en especialidades requeridas en las diferentes regiones del país. Los centros quirúrgicos deben tener el equipo e insumos necesarios para su funcionamiento en horarios regulares y extendidos según las listas de espera existentes.

Medidas firmes, pero sin finezas en Salud

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Medidas firmes, pero sin finezas en Salud
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César Quintero Sánchez
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Más allá de la estricta conveniencia o pertinencia de las medidas que el nuevo Presidente ha comenzado a tomar en relación con los temas de carácter económico sobre la secular mala interpretación de la seguridad jurídica en esta bendita república, tenemos que reconocer que el 90% de la población está de acuerdo en que se le ponga por fin el cascabel a los gatos de Angora que se están comiendo desde 1903 a pedazos la geografía y los procesos de producción de este país, por concesiones tipo Bunau Varrilla.

Si alguien me preguntase, qué medidas correctivas inmediatas deberíamos tomar en el Sector Salud panameño según mi humilde apreciación, le diría lo siguiente:

1. Se hace indispensable la inversión priorizada y suficiente de recursos económicos por parte del Estado, para recuperar y ampliar la deteriorada Red de Instalaciones sanitarias existentes en sus diversos grados de complejidad y responsabilidad.

2. Deberá estructurarse un Plan Nacional de Salud con objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo.

3. Se hace necesario retomar el concepto de los programas de salud originales para ser desarrollados plenamente, incorporando la atención priorizada a la tercera edad, la salud laboral, los discapacitados y a la administración de los desastres.

4. La estrategia de Atención Primaria de la Salud con las seis (6) Metas del SPT–2000 cuyos indicadores jamás se han alcanzado, lo mismo que las actuales 8 Metas del Milenio.

5. La Red de Servicios deberá incluir la atención multidisciplinaria e intra y extramural para responder con precisión, flexibilidad y agilidad.

6. Los recursos humanos y materiales del máximo nivel tecnológico deberán concentrarse por economía de escala, en una o varias Unidades de Alta Complejidad (UAC), que consolidarán la respuesta nacional en temas como transplantes, quemaduras, prótesis y procesos de investigación, diagnóstico y tratamientos de la más alta complejidad y costo.

7. La planificación a largo plazo del recurso humano profesional, técnico y administrativo se hace impostergable con contenidos en su formación y desarrollo.

8. Las instalaciones, equipos, materiales e insumos críticos deberán ser provistos con suficiencia, oportunidad y calidad, en la premisa de economía de escala, anteponiendo el bien común al lucro individual o empresarial.

9. La Informática deberá desarrollarse plenamente en los procesos de atención y de gestión, de manera que modernice la gerencia para la toma de las mejores decisiones posibles.

10. La participación social deberá pasar de ser un enunciado etéreo, para constituirse en pieza fundamental de la formulación, ejecución y evaluación del Sistema Público de Salud en la intención de asegurar la provisión de salud a todos los ciudadanos, de acuerdo a sus necesidades y no a su capacidad económica.

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Publicado el 13 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

CSS. Reflexiones

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CSS. Reflexiones
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Francisco Bustamante
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Como sabes, he sometido a consideración del país mi candidatura para ser Director de la Caja de Seguro Social (CSS). Te comparto, así como con los otros candidatos, algunas ideas que tengo al respecto, que no son nuevas. Hace cinco años cuando trabajaba en Washington en el BID, preparé una propuesta que fue mejorada por colegas financistas y expertos en medicina; hablé en la CSS y enviamos el proyecto para su revisión, comentarios y autorización. Era una donación de más de un millón de dólares, para ser administrada por la CSS, sin ninguna atadura o compromiso, dirigida exclusivamente a mejorar la administración del Seguro Social.

Temas como la necesaria automatización, manejo de recursos humanos, técnicos, la atención ambulatoria y de hospitales, manejo de inventarios, inversiones físicas, mejoramiento de las capacidades técnicas de los funcionarios, manejo de los recursos del Fondo de Vejez, Invalidez y Muerte, Gobierno Corporativo, etc. eran parte de la propuesta. Nunca recibimos respuesta. Creo que esos aspectos que presentamos hace cinco años, siguen teniendo vigencia.

El artículo 109 de la Constitución dice que es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República. El presupuesto de 2009 asigna B/ 866.2 millones al Ministerio de Salud, y el presupuesto de la CSS es de B/ 2,118,100 millones. Es decir, el 71% de los recursos invertidos en salud pública y pensiones es de la Caja de Seguro Social. Ya el financiamiento de la salud pública ha sido privatizado y es pagado con las contribuciones de patrones y usuarios. Esto supone un peso insostenible a largo plazo para la CSS.

Considero, en adición a lo arriba indicado, que la CSS requiere una revisión de su ley. Me inclino por la creación de dos subdirectores generales, uno de Salud y otro de Administración y Finanzas. Con requerimientos claros y específicos de competencias técnicas. Todos los puestos de jefatura deben ir a concursos públicos. Los paneles de selección deberían ser externos a la institución, para garantizar imparcialidad absoluta en la escogencia de las jefaturas. Y deben ser por períodos específicos, con derecho a reelección indefinida, por períodos que excedan los términos de las direcciones generales, a efecto de mantener la continuidad técnica en el manejo de la institución. No debe ni puede haber transferencias de recursos del Fondo de Pensión Invalidez y Muerte a los otros programas. Y el manejo de las reservas técnicas e inversiones, debe hacerse con claridad y transferencia.

Cuando fui Tesorero del Banco Nacional, hace 18 años, propuse un mecanismo de inversión de las reservas del Seguro Social, ya que las mismas se invertían en períodos de 24 horas, lo cual no permitía obtener el mejor rendimiento, ni un buen manejo de su liquidez. No recibí reacción favorable tampoco. La mora quirúrgica, debe ser atendida prioritariamente. El manejo de expedientes, recetas, laboratorios e inventarios, debe ser automatizado, en línea y tiempo real. No cabe otra.

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Publicado el 13 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Revulú por carrera

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Revulú por carrera
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Adelita Coriat
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La “ilustre” idea de lograr un puesto de trabajo a cambio de colaborar en una campaña electoral sigue anclada en la política, situación que tiene a los entrantes vueltos locos, pues con tan pocos puestos libres de remoción no hallan solución ante semejante deuda.

El gobierno afirma que la pasada administración incorporó a la Carrera Administrativa a casi 41 mil empleados, cuando antes pocos eran los interesados. El esfuerzo podría ser loable siempre y cuando estas personas hayan cumplido con los requisitos que dicta la normativa, de lo contrario, lejos de fortalecer a la FENASEP, la acción debilitó su credibilidad y naturaleza.

Una idea justa y honesta es que, como requisito indispensable, es que quien pertenezca a la Carrera Administrativa no esté inscrito o milite en ningún partido político, que ingrese por concurso, que sea idóneo para el cargo y que se cuente con los mecanismos para su evaluación, sanción o promoción. Así no sólo se fortalecería FENASEP, sino que se evitaría el paternalismo y clientelismo que surge cada cinco años y adquiriría la independencia que debe caracterizar a una organización de esta particularidad.

La Carrera Administrativa parece ser un reflejo de la vaga idea que se tiene de la institucionalidad; cuando en un principio la idea era dar estabilidad al funcionario para evitar su remoción, la gran cantidad adherentes en poco tiempo hace sospechar un abuso de sus bondades.

Una oportunidad de oro surge para reformar la ley como debe ser, no para reemplazar unos por otros y salir del atoro, sino para darle el carácter que se merece y terminar con la idea de que la política es para beneficiarse de ella en vez de servir a la sociedad y fortalecer el sistema democrático del país.

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Publicado el 13 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La opinión del profesor

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La opinión del profesor
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Manuel Castro Rodríguez – Catedrático
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Hoy se cumplen quince años de que 41 cubanos murieron a siete millas de La Habana, cuando fue hundida la embarcación que utilizaban para intentar emigrar. Diez de los que perecieron eran menores de edad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó: “Las pruebas demuestran claramente que el hundimiento del barco remolcador ‘13 de Marzo’ no fue un accidente sino un hecho premeditado e intencional” (http://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Cuba11436.htm).

La sobreviviente María Victoria García Suárez perdió a su esposo, su hijo de 10 años, su hermano, tres tíos y dos primos. Es de destacar el testimonio que brindó desde La Habana: “…en eso vemos que vienen dos remolcadores de bombero atrás de nosotros. Se pegan a los lados y entonces empiezan a tirarnos agua -agua a presión-. Entonces seguimos y les decíamos que no nos hicieran daño, que llevábamos niños allí y les enseñamos los niños y ellos seguían tirando agua…”.

En You Tube puede ver sus declaraciones y las de otros sobrevivientes http://www.youtube.com/watch?v=0GiNVkwywrU&feature=related

Jeanette Hernández Gutiérrez: “…Ellos nos dejaron salir, pero después empiezan los chorros de las mangueras de agua, eran constantes, los chorros no nos los quitaban sabiendo que iban niños (…) se nos pone un remolcador por detrás, el más grande (…) se nos sube en popa y nos parte la mitad del barco…”.

Fidel Castro declaró el 5/8/1994: “Tan pronto llegaron las noticias del accidente del remolcador, se realizó de inmediato una investigación profunda y exhaustiva,…”.

Como dictaminó la CIDH, “la investigación realizada por el Estado cubano no habría sido suficientemente exhaustiva si tenemos en cuenta que no se rescató la embarcación hundida -la cual contenía en su cuarto de máquinas muchos de los cadáveres que perecieron en el naufragio- ni los cuerpos que yacían en el fondo del mar”.

Según la CIDH, “…el Estado cubano no emprendió con seriedad y como un deber jurídico propio las investigaciones en el presente caso. El resultado de ello es la impunidad en que se mantiene el mismo. Por consiguiente, la Comisión considera que el Estado cubano por omisión violó el derecho a la justicia…”.

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Publicado el 13 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.