Un presidente con fuerza


Un presidente con fuerza
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Jaime A. Quijada G.- Comunicador Social

Cada día que pasa con el nuevo gobierno, entiendo que el presidente Martinelli sí sabe lo que quiere; se preparó para dirigir un país con toda la fuerza sin medir consecuencias, ni repercusiones sociales, políticas ni económicas. Las acciones realizadas durante los primeros días de gobierno demuestran que él sabe jugar con las preferencias y la fortaleza que tiene como presidente elegido con una cantidad de votos importante.

Hoy me estoy convenciendo que al ver al Presidente en un consejo de gabinete, aprobando las primeras propuestas de gobierno como los bonos a los jubilados; y actuando en el caso Figali, en el área de Amador, con ese ímpetu para demostrar que, sin importar de quién fuera el padrinazgo y protectorado de los que retaban a las autoridades, esto se acabó en el país.

Pareciera que este modelo de gobernar es lo que el pueblo exigía a todos nuestros ex presidentes, quienes demostraron no haber tenido la fuerza para cumplir sus promesas de campaña teniendo todo un pueblo apoyándolos.

Los presidentes PRD y del arnulfismo se fueron a la parte económica, a las obras macros; pero el sentir de un pueblo de tener un representante en el Ejecutivo con fuerza, lo esta demostrando un presidente de la derecha.

Hoy tenemos que ver las razones que tiene el presidente Martinelli de hacer las cosas bien: el representa la versión del cambio de los dos gobiernos tradicionales durante los últimos 20 años; tras la invasión, desempeñó su papel dentro de ambos gobiernos, tiene consigo el saber mercadear su figura y utilizar muy bien las campañas mediáticas y, sobre todo, darle al pueblo lo que quería ver después que grandes figuras como Omar Torrijos y Arnulfo Arias, quienes supieron jugar bien su posición de líderes con la juventud, los trabajadores y las mujeres.

Sigamos analizando cada día que pasa al presidente Martinelli, y veremos una gran figura controversial dentro de los nuevo presidentes nacidos de movimientos que han demostrado tener como base fundamental observar sólo lo negativo de los partidos tradicionales y tratar de acabar con ésos cuando no tienen fundamentados sus ideologías y estrategias políticas; lo demostró en la campaña política cuando doblegó a los arnulfista y derrotó al partido mayoritario, el PRD.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Parlamento Centroamericano

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El Parlamento Centroamericano

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Javier Comellys
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El Parlamento Centroamericano se creó como una institución política, consagrada fundamentalmente, a la integración de los países de Centroamérica; a fortalecer y consolidar la democracia, a mejorar los problema, sociales, económicos y culturales de la región. Es decir, se crea para contrarrestar y contribuir a erradicar la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la insalubridad de los países de dicha región.

Sus orígenes se remontan al Grupo de Contadora, en los tiempos en que El Salvador, Nicaragua y Guatemala vivían una conmoción social y una guerra civil, como producto de los gobiernos autoritarios y militarista que no respetaban los derechos humanos de la población, y que conculcaban las libertades individuales. Luego de la disolución del Grupo de Contadora en 1986, la idea de la integración se profundizó dando lugar al Acuerdo de Esquipula II, quienes posteriormente deciden crear el Parlamento Centroamericano en 1991.

Actualmente los países que pertenecen al Parlacen son: Guatemala, Hondura, Panamá, Nicaragua y El Salvador, que invierten de su presupuesto 1.7 millones de dólares para mantenerse dentro de dicho organismo, fuera de los 1,200 dólares a cada miembro, más la dieta y los viáticos que se le dan a un total de veinte parlamentarios por país, que además gozan de inmunidad, durante los cinco años de su permanencia en el mismo. Según sus críticos y países que cuestionan dicho organismo, como Costa Rica, éste se ha convertido en “refugio de ladrones y políticos fracasados”. Sus funciones no son visible por la población, el trabajo que desempeñan no se ve, y ellos pasan desapercibidos como fantasma en la oscuridad.

La pregunta que se hacen muchos es: ¿Qué ha hecho el Parlacen para erradicar la pobreza, el hambre, la insalubridad, en mantener las libertades y derechos humanos de las violaciones y arbitrariedades de las cuales son víctimas los ciudadanos de los gobiernos de la región. ¿Qué han hecho para llevar a los tribunales de justicia a los presidentes corruptos de estos países, que se pavonean impunes por nuestras calles y ciudades ante la mirada hostil de la ciudadanía? No han hecho nada que no sea alimentar ideológicamente la proliferación de los gobiernos de izquierda de la región.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Las especulaciones del “Cambio”

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Las especulaciones del “Cambio”
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Luis Carlos Guerra
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La actual estructura de gobierno ha empezado su mandato percibiéndose impositiva. El tema del cambio, si bien es cierto toca la percepción en el ciudadano de que se iban a hacer las cosas como deben ser, mal puede proyectarse que se hará por encima, al margen o desconociendo la legalidad del debido proceso.

El que la Asamblea Nacional de diputados tenga como punto de partida el haber restituido los derechos ciudadanos a un solo individuo por razones de interés político, deja mucho que desear del carácter objetivo, imparcial, con el que deben legislar nuestros diputados.

Que el Presidente de la República inquiera personal y presencialmente una medida, cualquiera que sea, deja mucho que pensar si la misma se recubre del poder estatal, por encima de procedimientos que deben seguirse para ejecutarla.

El tema de encontrar supuestas irregularidades ya sea en la aprobación, concesión, ejecución de proyectos, programas, obras, en donde estén involucrados bienes del Estado, no puede constituirse en un factor mediático de especulaciones, porque a largo plazo pesará sobre el gobierno haber prometido y cacareado tanto ser el más trasparente; pero, ¿de qué ha de servirle la transparencia, si al final de cuentas debieran retrotraer opiniones y medidas por ser antijurídicas o no ajustadas a principios procesales esenciales?

La Alianza por el Cambio está en sus primeros días de mandato gubernamental, y ya se perciben ciertas acciones que no necesariamente responden a una unidad de pensamiento y acción en una unión, todos quieren generar un protagonismo mediático, jugando con las especulaciones de corrupción y su intención o capacidad de perseguirla o perseguir a los que fueron corruptos, destaque, que si no es bien sustentado y manejado, colapsará en procesos de investigación sin fundamento, en divergencias públicas entre un ejecutivo que controla y los mandos medios en desacuerdo por el fondo y formas de las órdenes; y, obviamente, el preludio de un desgaste temprano.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Existe el debido proceso en la justicia electoral en Panamá?

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¿Existe el debido proceso en la justicia electoral en Panamá?
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Javier Ordinola Bernal – Abogado
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Derecho no es como otras profesiones, requiere solvencia moral, ética, valores y, sobre todo, sentimiento de obtener justicia. Cuando un abogado acepta una defensa debe ser porque estima que la pretensión de su cliente es justa. El cliente, quien deposita su confianza en el abogado, espera que éste lo defienda con todos los recursos legales que tenga a su alcance.

Tengo casi 18 años de ejercer la profesión de abogado y en el transcurso de ese tiempo nunca un juzgador, en ninguna jurisdicción, me recomendó no recurrir un fallo del cual haya tenido la convicción de que carece de todo sentido de justicia. Y es que los abogados, como auxiliares de la justicia, somos los encargados de defender los intereses de las partes en litigio, y en virtud de ello, el juzgador no debe ni puede, limitarnos, so pretexto de “hacer perder el tiempo”, a un tribunal, en el que, supuestamente, se debe impartir justicia, a no discernir de sus decisiones.

Esa amarga experiencia la viví en ocasión de un proceso de impugnación de una proclamación para el cargo de diputado del circuito 2-1, que se ventiló ante el Tribunal Electoral. En tal proceso se me recomendó no reconsiderar, recomendación que estuvo acompañada de una advertencia, la cual iba dirigida a que si recurría a la resolución, tal acto podía tener consecuencias. La consecuencia no es más que la pérdida de la fianza que se consigna para evitar que se presenten reclamaciones temerarias, lo cual es un requisito sine qua non para estos procesos administrativos.

Según me comentan, esta es una medida que han considerado aplicar los magistrados del TE, cuando las partes no están de acuerdo con sus decisiones en este tipo de procesos, y así evitar que se recurra. ¿Este tipo de medidas no atentan contra la justicia y la equidad que debe ser el propósito de todo tribunal de justicia? ¿Acaso los fallos que se emiten en el TE deben ser de todas maneras aceptados por las partes, o es que nadie puede disentir con la opinión jurídica de los magistrados?

El derecho a recurrir un fallo es parte importante y fundamental del debido proceso, tal como dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre algunos instrumentos legales referentes al tema. El debido proceso, señores magistrados, es un conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida decisión sobres sus derechos, razón por la cual las formas propias del respectivo proceso deben ser respetadas, entre ellas las instancias procesales

Según la Ley electoral, los fallos emitidos por el Tribunal Electoral pueden ser objeto de reconsideración; sin embargo yo, por no afectar los intereses de mi representado, no me aventuré a recurrir el fallo.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Déficit fiscal panameño“made in USA” (II)

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Déficit fiscal panameño“made in USA” (II)
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Fernando Gómez Arbeláez
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El pasado 18 de junio tuve la oportunidad de comentar en estas páginas sobre la siempre cambiante legislación de responsabilidad fiscal de Panamá, un país de gobiernos irresponsables y derrochadores que parecen haber competido entre sí para endeudar a todos los panameños, de las presentes y las futuras generaciones, cada vez más.

En particular, hice mención de la Ley 34 de 2008, “de Responsabilidad Social Fiscal”, vigente desde el 1 de enero de 2009, pero que luego de cinco cortos meses era ya objeto de reformas para triplicar el tope del monto absoluto del déficit del Sector Público No Financiero -léase el nivel de endeudamiento del Estado- del 1% al 3% anual.

La motivación del gobierno de Martín Torrijos hacia esas reformas era evidente: su nivel de gasto y derroche durante la primera mitad de 2009 resultó tan elevado que la proyección del déficit fiscal al cierre de este año sobrepasaba al límite del 1%, incumpliendo así con la Ley 34. A la Asamblea Nacional se propuso la modificación del Artículo 11 de la Ley para que los topes del déficit fiscal pudieran aumentarse “cuando la economía de Estados Unidos” creciera a una tasa de 1% real o menos, lo que por casualidad ocurre a la presente fecha.

Un Estado soberano como Panamá, que no guarda con Estados Unidos una relación de dependencia económica extrema como la implicada, no podía ni puede atarse mediante sus propias normas legales a los acontecimientos de otro país. Ya fuera Estados Unidos, como también Alemania, Japón, el Reino Unido, China o Rusia, entre tantos, la referencia exclusiva al crecimiento económico de un solo Estado era y es inaceptable. Así fue comprendido por la Asamblea Nacional, cuyos miembros unánimemente rechazaron la propuesta. En sustitución, los diputados aprobaron dentro del Artículo 11 una referencia al crecimiento de “la economía mundial”, lo cual quedó plasmado en la nueva Ley 32 de 2009, “Que modifica artículos de la Ley 34 de 2008, sobre Responsabilidad Social Fiscal, y dicta otras disposiciones”.

A pesar de ello, el expresidente Torrijos y el exministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, impusieron a su manera la dependencia fiscal de Panamá. El 26 de junio ambos adoptaron, violando la letra y el espíritu de la Ley 32, el Decreto Ejecutivo 50 que reglamenta la legislación recién aprobada.

El Artículo 14 de ese Decreto, reglamentario del Artículo 11 de la Ley, establece con respecto al crecimiento de “la economía mundial” que “se utilizará como el indicador de seguimiento de la economía mundial la variación porcentual de dos trimestres consecutivos del Producto Interno Bruto (PIB), en términos reales, de la economía de Estados Unidos de América, de acuerdo con la Información publicada por su Departamento de Comercio”.

Sobran los calificativos ante la osadía e ilegalidad de este nuevo desparpajo. Ahora es tarea inmediata del gobierno de Ricardo Martinelli adoptar una reglamentación que reemplace a ese y otros disparates del Decreto Ejecutivo 50. Tal necesidad se convierte en obligación cuando se descubre que dicho Decreto fue aprobado un día antes de que la Ley 32 comenzara a regir el 27 de junio. Y cualquier reglamentación de un cuerpo legal que aún no hubiese entrado en vigencia, como la Ley 32, es nula.

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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Esperanzas futuras

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Esperanzas futuras

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Marisín Villalaz de Arias

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Los panameños nos hemos acostumbrado a criticar y adversar todo lo que se diga o haga. No debe ser porque impiden la gobernabilidad. Dejemos que se desarrollen las situaciones y aprendamos a interpretar lo que se dice. El gobierno Martinelli es nuestra última esperanza en la democracia; dejemos que gobierne lo mejor que pueda, ya que de ello depende el futuro del país.

Tenemos que cambiar de mentalidad para llevar a Panamá al CAMBIO. Hace unos días tuve un incidente con un policía y me dijo: “Váyase a la M”. A ese policía, aunque le suban el salario, no cambiará y será manzana podrida.

En el equipo Martinelli está el futuro de la democracia; con un gobierno medianamente bueno que haga, podremos continuarla y demostrar que no todos las políticos son corruptos. No más PRD, queremos gente nueva que nos salve de llevarnos a la izquierda chavista por falta de comprensión y honestidad de los que gobiernan.

En nuestra mente está la esperanza así que dejemos tanta crítica ante la mínima declaración de un funcionario y pongamos de nuestra parte para coadyuvar a que los gobernantes hagan una labor positiva en bien de todos.

Señor Presidente: esté consciente de su responsabilidad y verá con satisfacción el resultado de su trabajo y lo agradeceremos los ciudadanos que queremos darle oportunidad de gobernar y no de los que quieren sobresalir en los medios de comunicación. Tiene nuestro apoyo, siga adelante y triunfe sobre el mal.

Educación, señor Presidente; eso es lo que necesitamos para enseñar a nuestros compatriotas la mejor manera de hacerlo. La educación es el centro del desarrollo y sin ella, la mentalidad continuará equivocada. Aprendamos a decir buenos días, permiso, gracias y de allí partiremos en cultura y educación para ser mejores ciudadanos en el complejo devenir del país.

Quisiera que las organizaciones que se oponen a todo supieran que no sólo defiendan a los que cometen crímenes sino también a las víctimas y sus familiares. No invoquen a los derechos humanos porque éstos les pertenecen tanto a unos como a otros. Si quieren defender a los maleantes, que se los manden a sus casas para que los eduquen pero no obstruyan las intenciones de las nuevas autoridades porque hoy en día no nos sentimos seguros ni en nuestras casas.

Adelante que la misión de ustedes la apoyamos todos los panameños conscientes.
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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los magistrados que Panamá necesita

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Los magistrados que Panamá necesita

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Raúl Leis R.
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En octubre próximo deben escogerse dos magistrados o magistradas para ocupar la Corte Suprema de Justicia. Hace dos años un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que integramos la Alianza Ciudadana pro Justicia, plantearon una Petición Ciudadana, que hoy tiene plena vigencia, y que debería ser la hoja de ruta para un proceso de mejoramiento de la idoneidad, capacidad y transparencia de la justicia panameña:

Conscientes de la importancia que tiene para el país contar con un sistema de justicia independiente y que en pocas semanas se debe proceder a la selección de dos nuevos magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia, nos unimos para solicitar al Presidente de la República que se retomen los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia. Se trata de lograr un mecanismo transparente y participativo, en el que se pueda seleccionar a los mejores juristas, para fortalecer la independencia y credibilidad del Órgano Judicial.

Consideramos que el país necesita una Corte Suprema de Justicia integrada por magistrados(as) que actúen con independencia de criterio, que crean en la transparencia, los derechos humanos y que dicten jurisprudencia para la democracia. Por ello, además de los requisitos constitucionales, los magistrados deben acercarse al siguiente perfil:

a) Solvencia moral y prestigio reconocido. Participación reconocida por la comunidad en la promoción y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. No haber sido sancionado por delitos contra los derechos humanos y la violencia intrafamiliar. Que no existan cuestionamientos sobre la transparencia y ética, en su vida personal, ejercicio profesional, o como servidor público. Estar dispuesto a someterse al escrutinio público durante el periodo de su candidatura. Hacer declaración jurada de bienes patrimoniales y su situación ante la DGI.

b) Experiencia jurídica y preparación académica. Preferiblemente doctorados. Demostración de sus conocimientos jurídicos generales y fundamentalmente en el área jurídica de la Sala a la que aspira.

c) Proyección social e investigación científica. Participación en la creación y sistematización de leyes y procesos paramejorar el sistema de justicia. Participación en investigaciones para mejorar la institucionalidad democrática. Publicación de libros, folletos, artículos y ensayos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Experiencia docente.

ch) Participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia. Participación activa o voluntariado en organizaciones que promuevan el fortalecimiento del Estado de Derecho. Expositor en eventos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con la justicia.

En el proceso de selección debe tomarse en cuenta a los funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público que hayan demostrado capacidad y que tengan una buena evaluación del desempeño, como una forma de promover la meritocracia.

En cuanto al proceso para la selección de los magistrados(as), debe seguirse lo acordado en el Pacto de Estado por la Justicia que consiste en la aprobación de  un Decreto de autorregulación del Órgano Ejecutivo, que contemple la divulgación de los nombres de todos los candidatos y sus ejecutorias; la conformación de una Comisión integrada por organizaciones cívicas y gremiales que evalúe las hojas de vida de los aspirantes y que remita al Presidente de la República una lista de los candidatos que cumplan con el perfil anteriormente señalado.

Este mecanismo participativo permitirá mayor transparencia en el proceso de selección de los magistrados y mejorará la percepción sobre la independencia del ÓrganoJudicial.
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Publicado el 15 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.