Basura y leyes

Basura y leyes

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ELIS CABALLERO
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Caminaba yo por algunas calles de la ciudad capital, en compañía de un amigo que nos visitaba por vez primera; sin embargo, quedé perplejo y mudo al preguntarme mi amigo el porqué tanta basura en Panamá.

No supe realmente qué contestar a esa pregunta y me puse a pensar en la impresión de los turistas que visitan nuestro país por la cantidad de basura existente a nivel nacional.

El problema puede surgir —según investigaciones—, porque existe poca legislación ambiental sobre la materia; además hay una contaminación usual, porque muchas personas arrojan la basura en lugares públicos, como la recién inaugurada Cinta Costera, a pesar de que esto lo castiga la Ley.

Tengo entendido que hace años se presentó una iniciativa legislativa “Por (la) cual se procura hacer de Panamá un país limpio y atractivo” , propuesto por el entonces legislador de Arraiján, Lenín Sucre. Este anteproyecto tiene 10 artículos y su fin es imponer sanciones a quienes arrojen desperdicios en los lugares públicos.

La Ley que, según mi interpretación, busca fomentar la conciencia de los panameños para cuidar un poco más la imagen de limpieza, parece haber caído en sacos rotos, porque casi no hay iniciativas para controlar este problema.

Es interesante saber que basura y leyes deben ir acompañados de la mano, para concientizar al individuo y no buscar multar a las personas, sino más su comprensión del problema.

El castigo de multa debería ser como último recurso o pena, porque la imagen que está adquiriendo nuestro Panama como destino turístico o Home Port nos obliga a mostrar una cara bella y radiante de nuestro país.

La recolección de basura en Panamá representa un gravísimo problema en materia de Salud Pública, donde el Estado debe propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción del ecosistema.

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Publicado el 8  de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Un enorme desafío

Un enorme desafío

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MIREYA LASSO
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Una idea lanzada hace un par de semanas parece tener mérito por los cuatro costados, porque la posibilidad de celebrar en Panamá los XXII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en el año 2014 nos plantea, como nación, un enorme desafío. Se pondría a prueba nuestra capacidad para organizarlos y serían muchos los beneficios que nos traerían.

Llama la atención, sin embargo, que el guante —aparentemente— no haya sido ya recogido con entusiasmo por las diferentes organizaciones deportivas a quienes les compete el tema, porque no habría tiempo que perder si vamos a acometer una tarea nada fácil, pero capaz de producir inconmensurables frutos en muchos aspectos.

La dimensión actual de estas competencias demandará la participación decidida de muchísimos sectores del país.

Mientras que a los primeros juegos que se celebraron hace 83 años en la ciudad de México concurrieron 269 atletas de tres países para competir en nueve deportes, a los XXI Juegos que se celebrarán el próximo año en Puerto Rico se espera una concurrencia de más de 5,000 atletas de 32 países para competir en 37 deportes.

Estos números implican la necesidad de contar con adecuadas instalaciones deportivas —gimnasios, estadios, velódromos, marinas, etc.— del nivel exigido para competencias olímpicas, y también las facilidades para albergar a los miles de atletas y técnicos que participarán en las competencias.

En Puerto Rico el gobierno ha sufragado las obras de infraestructura necesarias, mientras que fuentes no gubernamentales financian los gastos operacionales; pero, a escasos 12 meses del inicio de las competencias es necesaria una inversión adicional de cerca de $30 millones, para completar la infraestructura y sufragar los gastos de operación.

Resulta claro que el esfuerzo tiene su costo financiero, pero los beneficios tangibles e intangibles para el país son evidentes. El gobierno deberá construir o adecuar las instalaciones deportivas necesarias para las competencias propiamente dichas, pero también tendrá que acondicionar más y mejores facilidades deportivas a lo largo del país, para la preparación de nuestros jóvenes atletas.

El amor y la renovada dedicación de la juventud al deporte, alejada de la violencia o drogas, sería un tangible dividendo producido por esta meta nacional que nos impongamos.

En todas las provincias deberá prender el fervor entre los jóvenes para prepararse con entusiasmo en todos los deportes, para poder desempeñar el papel honroso que corresponde al país anfitrión. Se convertiría en un objetivo nacional y sería un semillero de atletas capaces de continuar dando renombre mundial a nuestro país.

Ese mismo entusiasmo de la juventud habría de transmitirse al resto de la población, para que todos nos sintamos partícipes del esfuerzo por lograr ese claro objetivo nacional. El gobierno nacional tendría que mantener el liderazgo, correspondiendo al sector privado brindar el apoyo material necesario.

Para beneficio de ambos sectores, Panamá sería el centro de atención del mundo deportivo regional durante los próximos cinco años y la afluencia de turistas extranjeros durante la celebración de los juegos será evidente. Panamá fue anfitrión en 1938 y 1970, habiendo competido desde 1930.

En el 2014 podemos volver a demostrarle al mundo deportivo el país fuera de serie que seguimos siendo.

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Publicado el 8  de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Cinta junto al mar

Cinta junto al mar
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MODESTO A. TUÑÓN F.
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El malecón de Santo Domingo, en República Dominicana, es un extenso y amplio corredor que se despliega junto a la costa y que atraviesa varios barrios hasta encontrarse con la desembocadura del río Osama, en una de cuyas orillas se encuentra el área colonial de esa ciudad.

La población de la ciudad capital dominicana ha convertido el malecón en el escenario de todas sus grandes celebraciones. En año nuevo, pocos se quedan en casa. El pueblo sale a festejar y lleva allí sus viandas, música y alegría para armar la fiesta y así enriquecer la cultura popular, con arrullos de olas de un mar verde esmeralda.

El último fin de semana de junio se inauguró la Cinta Costera, proyecto para dar una nueva vialidad a la ciudad de Panamá, al ampliar la capacidad de la avenida Balboa y crear un conjunto de facilidades para fomentar el entretenimiento al aire libre, la circulación pedestre y ciclística en este nuevo espacio junto a la costa.

Sin embargo, al primer día de uso de esta facilidad pública, se escucharon informes de intentos de robo de sus luminarias. Después y luego del feriado de la entrada en funciones de la nueva administración, hubo quejas, porque el público que hizo uso de este corredor dejó el lugar lleno de desechos, a pesar de existir allí cestos y dispositivos para la basura.

La opinión pública siguió con alguna atención el proceso de construcción de este nuevo escenario en la ciudad; las licitaciones, la construcción, los pasos elevados, el entorpecimiento de la circulación en las avenidas y calles contiguas, la política hacia las edificaciones justo sobre el área (hotel Miramar y Club de Yates y Pesca), pero nadie se ha ocupado de exponer sobre el aprendizaje necesario para su uso.

Sí, se trata de una nueva obra que debe insertarse en la cultura del panameño, que si por algo se caracteriza es por no tener una idea real de su relación con los sitios públicos. Un factor en este fenómeno concreto es determinar de quién es dicha obra, quién la administrará y a quién corresponderá enseñarle a los capitalinos las modalidades de uso.

¿Cómo se utilizan sus canchas y el resto de sus facilidades? ¿A qué velocidad se circula en el día, en la noche, en las madrugadas? ¿Quién aprueba el uso de esa especie de bohíos o gazebos cuadrados? ¿Se podrán realizar aquí quinceaños, cumpleaños infantiles, bodas, barbacoas, despedidas de solteras y solteros, graduaciones?

Quizás sea este el nuevo ‘sambódromo’ para celebrar los carnavales y disminuir la preocupación de los vecinos de Bethania y barrios vecinos. Además podría constituir la plaza de las marchas, concentraciones y otros tipos de actos contestatarios frente a la acción de cualquier sector o autoridad.

En la ciudad de Burdeos, al sur de Francia, la municipalidad construyó una especie de cinta costera a orillas del río que atraviesa esta urbe vinícola. El pueblo asumió e integró a su cultura este nuevo espacio, cuya limpieza y belleza hace conjunto con el hermoso malecón citadino.

Ojalá la población de la urbe capitalina panameña pueda apreciar el valor real de la novedad urbana de la Cinta Costera y no se convierta en un modelo más del caos que a veces parece imperar en nuestras mentes y en la colectividad.

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Publicado el 8  de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Investigadores penales (V)

Investigadores penales (V)
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CARLOS AUGUSTO HERRERA

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En ilación a la publicación anterior, el artículo 21 de la Constitución Política advierte que a nadie se le puede capturar por sospecha sobre un delito y menos entrevistar o interrogar.

El artículo señalado encaja en la figura de la flagrancia que ha sido desnaturalizada. Nadie debe detener para investigar delitos, sino todo lo contrario. Hay que investigar para detener. No es lo mismo un allanamiento previo al conocimiento de un hecho delictivo para la recabación de pruebas, que un allanamiento profiláctico en que aprehenden a cualquiera para investigarlo.

Con estas aprehensiones inútiles es como si en un trapiche se moliera bagazo, porque tienen ocupado al personal en atenciones, alimento, vigilancia y un trabajo dirigido al crimen organizado, el modo de operar, al análisis de esas conductas reprochables en delitos repetidos, los sectores y lugares, más todo lo que representa una prevención delictiva, tiempo precioso que se debe utilizar para investigar casos de relevancia antes de detener.

El artículo 22 de nuestra Constitución está mal redactado, porque habla de la persona detenida cuando deber ser aprehendida, a la que inmediatamente se debe informar de manera comprensible, sobre las razones de su detención (aprehensión) y sus derechos constitucionales y legales.

Seguramente que hay más respeto por esto en los programas policivos extranjeros en la televisión, que en nuestra realidad procesal. Cuando la policía es arbitraria, al momento de instruir el caso, hay que desaprehender a los acusados.

Esta Ley 69, que regula la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional, carece de normas procesales. Tenemos como ejemplo el artículo 7, que regula la investigación reservada y que no es como se interpreta, por lo que prometemos una posterior publicación para tratar de explicarlo.

Otro de los asuntos es el artículo 8, clonado del artículo 13 de la extinta Ley de la PTJ, sobre la potestad de permitir que el funcionario de investigación pueda servir como testigo y que a nuestro juicio es un testigo técnico, además, si lo calificamos como facultativo por pertenecer al cuerpo de las investigaciones, contradice el espíritu 2109 de nuestro Código de procedimiento penal, debido a que la norma reza: “No podrán servir de peritos o facultativos las personas que hayan declarado como testigos, en un mismo proceso”.

Ahora, si al funcionario no lo pueden suspender de sus labores, como lo anuncia el artículo 9 de la actual Ley de la DIJ, hay algo que no encaja en el aspecto administrativo de cualquier estamento que funciona de manera vertical en la cadena de mando.

Si el artículo 9 regula la inmovilidad del investigador, es algo contradictorio y extraño. Todos conocemos sobre el problema de las investigaciones sucesivas en las constantes 24 horas y turnos rotativos. Un investigador asignado debe continuar hasta su finalización, por el conocimiento que tiene sobre lo que realiza, pero su estabilidad no es un derecho adquirido por sortilegio.

Hay mucho que opinar por este cambio de PTJ a DIJ, con lo que no estamos académicamente de acuerdo, sin menoscabar la ardua labor que realizan hoy con muchas más limitaciones que antes y frente al aumento de la criminalidad, pero es que la ley hay que analizarla por su eficiencia y los resultados. Queda mucho por decir, pero hay otros temas también de actualidad por comentar. Qué lástima.

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Publicado el 8  de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Jurisdicción coactiva en Acodeco

Jurisdicción coactiva en Acodeco
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PEDRO MEILÁN

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La Ley 45 de 2007, introdujo una serie de herramientas, para hacer efectiva la labor desarrollada por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), entre ellas, el cobro por Jurisdicción Coactiva. En efecto, dentro de las funciones y atribuciones de Acodeco, la Ley 45 de 2007, señala, en el artículo 86, numeral 16, la de “ejercer la jurisdicción coactiva sobre las multas impuestas por violación a las normas de libre competencia o de protección al consumidor”.

En concordancia con esta disposición, el artículo 107 concede a la Acodeco la facultad de “ejercer el cobro coactivo de las multas o sanciones que se impongan a los agentes económicos”.

La prerrogativa anotada, para su implementación requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) Que se haya impuesto una multa o sanción a un agente económico; 2) Que el agente económico no haya cancelado la suma debida en el plazo de diez días hábiles. Este último plazo se contará, a partir de la ejecutoria de la resolución que impuso la multa o sanción, de acuerdo a lo preceptuado en el párrafo final del artículo 107.

Cumplidos los requisitos expresados anteriormente, el Juzgado Ejecutor inicia el proceso de cobro por jurisdicción coactiva, el cual se desarrolla concediéndoles a los agentes económicos todas las oportunidades, tanto para su defensa como para cumplir, de inmediato o mediante arreglos de pago, con la obligación contenida en la decisión administrativa respectiva.

El proceso se inicia con la emisión del Auto Ejecutivo dictado por el Juez Ejecutor, el cual se fundamenta en un Título Ejecutivo, materializado en la resolución ejecutoriada que impone la sanción o multa y que no admite recurso alguno por haberse agotado la vía gubernativa y que, además, no ha sido cumplida por el agente económico, dentro de los siguientes diez días hábiles siguientes a su notificación.

Mediante el Auto Ejecutivo, el cual debe ser notificado al ejecutado, se decretan las medidas cautelares que aseguran los resultados del proceso, como el secuestro de cuentas bancarias, bienes muebles o inmuebles de propiedad del agente económico y, adicionalmente, se carga un diez por ciento de gastos de ejecución.

Se aprecia que el agente económico tiene las opciones de cancelar su obligación dentro de los diez días hábiles de notificada la resolución que impone la sanción o multa, y una vez notificado el Auto Ejecutivo, debe apersonarse al Juzgado a honrar sus compromisos u obligaciones o, en su defecto, ejercer las acciones legales que le permite nuestro ordenamiento jurídico.

De no realizar ninguna de las opciones anotadas, el Juez Ejecutor tiene la facultad de practicar el secuestro decretado sobre todos los bienes de propiedad del agente económico ejecutado y, si fuere necesario, elevar la medida a embargo y, seguidamente, verificar el remate de los bienes embargados, siguiendo las formalidades del Código Judicial.

No obstante lo anterior, la Acodeco, posibilita la cancelación de las multas impuestas, de manera inmediata o a través de arreglos de pago, suscritos estos últimos con la previa aprobación del Juzgado Ejecutor donde se considera el grado de renuencia o disposición del ejecutado, así como la gravedad de la falta o la reincidencia en la misma.

-El autor es administrador de Acodeco.pmeilan@acodeco.gob.pa

De promesas a realidades

De promesas a realidades

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ERNESTO A. QUIJADA DÍAZ
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Haciendo buens  sus palabras el nuevo gobierno dejó atrás las promesas de campaña y comenzó a convertirlas en compromisos y realidades. Con un equipo no muy ducho en la administración del Estado, el presidente Ricardo Martinelli, sin embargo, dejó ver claramente con ésta primera reunión de su Gabinete, que hará uso de todos sus conocimientos en materia de administración y desarrollador de empresas para aplicarlos en su gestión de gobierno y satisfacer las enormes expectativas de la población en cuanto a los cambios prometidos.

Ya la tropa, los técnicos y los directores de la Policía Nacional empezarán en muy poco tiempo a devengar mejores salarios (en una escala de 1,000 a 100 balboas) que, sin ninguna duda, les harán sentirse más estimulados para llevar a cabo la difícil tarea de enfrentar el hampa y la delincuencia pandilleril que acosa cada segundo de la vida ciudadana, y también nuestros ancianos, imposibilitados de usufructuar una pensión por vejez comenzarán a percibir por primera vez en sus vidas una bonificación de cien balboas por mes.

Aupado hasta el solio presidencial por un pueblo que creyó en su promesa de un cambio del estilo de gobernar existente hasta hoy, Martinelli enfrenta la gran presión de la abrumadora cantidad de electores que prefirieron sus promesas y que ahora estarán prestos a reclamar que las cumpla.

Pero, tenemos que reconocer que ha empezado, como se dice, con el pie derecho y calzado con los zapatos del pueblo, un pueblo que mantiene las más caras expectativas en cuanto a su gestión para terminar con la corrupción, la inseguridad, la injusticia, la inseguridad pública, el desorden y el pésimo transporte existente que hace crisis en la capital del país desde hace muchos años.

Esta breve tribuna que servimos, apoyará cualquier iniciativa que aporte una contribución al cumplimiento de promesas que todos queremos que se cumplan y las reconoceremos y aplaudiremos cuando se den, pero al mismo tiempo mantendremos una atención permanente y listos para criticar y rechazar cualquier decisión o acción que contradiga sus promesas o que propenda a disminuir las oportunidades de los más humildes frente a los poderosos.

Las primeras muestras de que con voluntad las cosas se pueden arreglar, echa por tierra lo que durante cinco años pregonó el gobierno pasado. Que no se podía. Claro que se pueden hacer las cosas, pero les faltó la voluntad para llegar con obras al pueblo, con respuestas, dado que prefirieron brindarle apoyo a sus amigos empresarios y olvidaron que este pueblo clamaba por soluciones que estaban al alcance, pero que no fueron concretadas, debido a sus malos cálculos políticos. Esos, que salieron del gobierno, quedarán como fantasmas políticos, esa definición se las colocó el pueblo que el 03 de mayo.

Empezaron bien Martinelli y su equipo de gobierno así lo reconocemos, pero nos mantendremos vigilantes de que no pierdan el norte que significa cumplirle al país que les otorgó el poder para el quinquenio que inició el 01 de julio.

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Publicado el 7 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Comenzó la locura

Comenzó la locura
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GABRIEL J. PEREA R.
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Lo repitieron hasta el cansancio. Por la radio, la TV y creo que lo imprimieron hasta en los rollos de papel higiénico, por si acaso en ese momento tan privado se nos olvidaba el pregón. Esa sutileza ahora la podemos usar para otra cosa más provechosa y después arrojarla.
“Anteponer los intereses personales a los intereses del país” , suena bien, pero como toda frase merece interpretación y hasta celebrar congresos para determinar la profundidad científica de su aplicabilidad social, política y económica. Lo que puede ser “intereses personales” de unos, para otros son “intereses de la Nación”.

Y es que las aspiraciones truncadas del ciudadano norteamericano que se postuló a alcalde, a sabiendas de que en el corazón llevaba las barras y las estrellas, ahora se ha convertido en “intereses de la Nación” , al extremo de que los solícitos “padres de la patria” , en una demostración de agilidad legislativa, decidieron devolver la ciudadanía panameña al norteamericano perseguido. Lo que nos deja confusos, puesto que su jurisconsulto abogado siempre dijo que nunca la había perdido.

¿Entonces, qué fue lo que perdió? ¿La vergüenza? ¿O es que el cuento no era cierto y ahora los entorchados descubren la mentira? Eso no importa, dado que los entorchados decidieron devolverle lo que no perdió y con carácter retroactivo, me imagino, y, para que no quede nada en duda, con una cláusula en letra pequeña a perpetuidad, por si acaso. ¿Será que es más importante la Alcaldía capitalina que los minúsculos problemas del pueblo?

¿Será que veremos semejante y superior agilidad en borrar del reglamento interno los despreciables privilegios que ostentan? ¿Será que veremos igual determinación en promulgar leyes que congelen los precios de la canasta básica de alimentos?

No sueñen, ni locos harán eso. Tenemos otro grupo de políticos con los mismos intereses partidarios, que no tienen nada que ver con los intereses del sufrido pueblo. La ciudadanía tiene que prever que cualquier cosas puede esperarse de estos diputados.

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Publicado el 7 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde.