Déficit fiscal panameño “made in USA”

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Déficit fiscal panameño “made in USA”

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Fernando Gómez Arbeláez – Arbitro Internacional

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Pocas legislaciones de nuestra República han sido tan vapuleadas, zarandeadas, vilipendiadas y remendadas a conveniencia en tiempo récord como la pertinente a la responsabilidad fiscal del Estado. En un país de gobiernos irresponsables y derrochadores, la tarea de encuadrar el manejo de las finanzas públicas en un marco legal bajo objetivos y controles precisos, en interés de su transparencia efectiva y con garantía de una rendición de cuentas de cara al mundo, ha sido tanto difícil como inmemorial. No obstante, hace apenas siete años que los numerosos intentos se concretaron en una ley innovadora que, irónicamente, a duras penas tuvo vigencia plena en un solo año fiscal.

La Ley 20 de 2002, sobre “medidas de Responsabilidad Fiscal”, fue pionera al desarrollar esas materias de forma ordenada y coherente. En particular, su Título II definía conceptos económicos y financieros básicos e imponía parámetros a los niveles de endeudamiento y gasto públicos, hasta entonces regidos por los criterios meramente discrecionales del gobernante de turno a través del hoy Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Pero la aplicación de la Ley 20 no sobrevivió más allá del año fiscal 2003. Una de las primeras acciones del actual gobierno en 2004 fue la suspensión inmediata de los efectos del Título II. Tres diferentes ministros de Economía y Finanzas -Ricaurte Vásquez, Carlos Vallarino y Héctor Alexander- malgastaron los tres siguientes años ignorando su morosidad con el tema. Al fin, el 28 de diciembre de 2007 -Día de los Santos Inocentes- se presentó a la Asamblea Nacional el anteproyecto de una nueva ley. Este documento, redactado por el consultor y ex presidente del Banco Central de Bolivia, Jacques Trigo, se convirtió seis meses después en la Ley 34 de 2008, “de Responsabilidad Social Fiscal”.

El 1 de enero de 2009, la Ley 34 entró a regir con bombos y platillos. Estableció, entre otras normas, un tope al monto absoluto del déficit del Sector Público No Financiero -léase el nivel de endeudamiento del Estado- del 1% anual. Pero a cinco cortos meses de su vigencia, el ministro Alexander regresó fugazmente a la Asamblea el 11 de junio con otro anteproyecto en manos, uno muy distinto al anterior.

Pasando de lo sublime a lo ridículo, el ministro ahora pretende la reforma del Artículo 11 de la Ley 34 para aumentar los topes del déficit fiscal “cuando la economía de Estados Unidos esté creciendo durante dos trimestres consecutivos a una tasa de 1% real o menos …o el promedio de crecimiento de los dos trimestres de su economía sea de 1% real o menos…”.

La lectura de esa propuesta provoca náuseas. ¿Desde cuándo en las últimas décadas ha sido nuestra economía tan extremadamente dependiente de una sola, de la norteamericana? ¿Qué país soberano ha buscado una excusa tan absurda para justificar el incremento en su déficit fiscal? ¿Es acaso este gobierno tan servil e incapaz que no pudo encontrar un pretexto mejor?

Semejante condicionamiento es lesivo e inaceptable y, por tanto, debe ser rechazado por la Asamblea Nacional.

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Publicado el 18 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

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