Economía Un paraíso fiscal tropical

Economía Un paraíso fiscal tropical
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Eduardo Esquivel R. – Ingeniero – Consultor
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Aunque no es precisamente mi especialidad, como ciudadano afectado de una u otra manera, reflexiono sobre la situación panameña en este tema que puede afectarnos a todos. Me ha causado cierta gracia las declaraciones de la banquera Delia Cárdenas sobre la “conspiración” contra Panamá por parte de la OCDE, el GAFI y Estados Unidos (EE.UU.). Me parece que sería como que el presidente Kim dijera que EEUU y la ONU “conspiran” contra Corea del Norte por haber desarrollado misiles de largo alcance y bombas nucleares. La aplicación de presiones o sanciones a Estados que incumplen con los tratados internacionales o las normas legales internacionales no es conspiración.

La calificación de Panamá como “Paraíso Fiscal”, desde hace años, simplemente era ignorada por empresarios y funcionarios panameños en medio de la jauja y progreso que, precisamente, este esquema estaba causando. Pero, cuando se empezaron a exigir medidas contra los elementos que conforman la estructura del “Paraíso Fiscal”, principalmente con el TLC con EE.UU., los afectados manifestaron su indignación y repudio ante la amenaza a su “modus vivendi”. Algunos hasta utilizaron argumentos patrióticos bastante cursis, y hasta dieron a entender que el TLC les importaba un comino si se afectaban sus intereses.

Veo que algunos especialistas locales en el tema pretenden enfrentar los argumentos de EE.UU., OCDE y GAFI, con “interpretaciones” de la situación; o sea, que lo que dice EE.UU. y otros, no es cierto, porque lo que parece ser no lo es, etc., lo que también me parece argumento poco útil tratándose de instituciones que tienen los mejores especialistas en el tema, que no van a ser engañados ni distraídos con retórica confusa ni argumentos capciosos.

¿Es Panamá un Paraíso Fiscal? De hecho, las llamadas “Zonas Libres” no son más que un contrabando legalizado, y se prestan para afectaciones fiscales de terceros países, por la manipulación de documentos y el valor de las mercancías. El abanderamiento de naves no es más que una especie de “Patente de Corso” fiscal. Totalmente legal, según las leyes panameñas, por supuesto. También dentro de estos elementos cuestionados están la transferencia de fondos de otros países para evadir impuestos, el lavado de dinero sucio del narcotráfico y otras fuentes. Siendo esto posible sólo por la existencia de la Ley de Sociedades Anónimas, sus bonos al portador, el Secreto Bancario y la “flexibilidad” del sistema panameño.

El argumento de que Panamá no es “Paraíso Fiscal” porque aquí se pagan impuestos, es ingenuo. Porque no sólo es pagar cualquier impuesto, sino quién paga el impuesto y sobre qué se paga. No se puede pagar impuestos anónimamente (Sociedades Anónimas), ya que así nunca se sabría el valor de los bienes ni dónde realmente están éstos (Secreto Bancario). Si en Panamá se pagaran los impuestos reales sobre las fortunas que existen, se recaudaría diez o más veces que ahora. Y decir como defensa que EE.UU. también es un “Paraíso Fiscal”, no le veo sentido ni utilidad en este caso, ya que es es ese país el que tiene el “sartén por el mango”, y es a Panamá a quien le interesa el TLC, no a EE.UU.

El argumento que aquí no hay “Secreto Bancario” sino “Confidencialidad”, es también ingenuo. No hay diferencia práctica entre estos dos términos, principalmente si el Estado, que es el que regula esto, es el protector de los inversionistas. No hay duda que las dos partes se benefician. En este caso, cuando se pasa de protector a cómplice se aclara más el concepto de Paraíso Fiscal. Dice un dicho: “Si tiene plumas de pato, camina como pato, y hace cua-cuá, sin duda es pato”. Difícil seria convencer a alguien que es otra cosa.

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Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

“Para que no se olvide”

“Para que no se olvide”
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Emma Mendoza A. – Docente Universitaria
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Como si no bastara la sarta de trapacerías y desaciertos que caracterizaron la administración del actual gobierno, algunos de sus integrantes persisten en perfeccionar al máximo una proyección inolvidable de sus ejecutorias. Así, por ejemplo, los mal llamados “Padres de la Patria”, apresuradamente como es la costumbre, cuando de colar normas inadecuadas se trata, procedieron a aprobarse guardaespaldas para los ex presidentes de la Asamblea Nacional de diputadados por cinco años (periodo en que creen que volverán), cuya impronta tiene grabado nombre y apellido. Después, desfachatada y cínicamente aprueban una serie de medidas tendentes a ampliar canonjías, privilegios o prebendas, que desdicen mucho de la estatura ética de los que los consintieron, incluidos aquellos que dicen ser de oposición.

Como acostumbra, el PRD deja las arcas gubernamentales vacías, o con poco presupuesto, para culminar el periodo fiscal del año en curso; situación distinta de la que encontraron posterior al gobierno de Endara, nominados por ellos, artífice de la invasión, como si las circunstancias, en los que jugaron beligerante papel, carecieran de peso específico en los hechos desafortunados de 1989.

“Para que no se olvide” esta Asamblea, de corte imperial, se aumentó el presupuesto en 18 millones, sin dispensar el crédito adicional necesario a la mayoría de las instituciones (Panamá América, 2 de junio del 2009). ¿Cuánta parte de este dinero fue utilizado para sus correrías electoreras? Costo que no le corresponde sufragar al pueblo, el verdadero soberano, bastante expoliado con los millonarios subsidios electorales, a costa del hambre y la miseria de muchos panameños (as).

Y si no fuera suficiente, el Sr. Presidente está a punto de superar el récord de viajes al exterior de los ex mandatarios Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares, con absoluta displicencia, mientras el país desespera por el sinnúmero de medidas antipopulares, sostenidas hasta la terminación de su mandato.

Como respuestas expedita a las justas demandas de grupos con necesidades pendientes, tales como la indemnización de los afectados con el dietilenglicol, los del accidente del avión siniestrado, las víctimas del autobús de la muerte, las comunidades afectadas por medidas de construcción inadecuadas; los negociados familiares marítimos (Prensa, 2 de junio del 2009), la venta del Istmo…, perdón, de terrenos, manglares, playas y costas; la explotación indiscriminada de las minas de Petaquilla, el aumento injustificado del combustible, la desaparición silenciada de las estatuas de bronce (resguardadas en el Parque Omar); el desastre de la conversión de las Escuelas Ranchos y su impacto negativo para el funcionamiento de la educación pública; las asignaciones millonarias para las juntas de las farsas carnavalescas y muchas cosas más; es la represión de la protesta ciudadana, o, como diría Noriega: “Plata para los amigos, palo y plomo para los enemigos….

<>Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Libertad y democracia

Rafael Solano –  Abogado

Es impostergable la reformar del Código Electoral. Muchas de sus normas, principalmente en los circuitos plurinominales, cortan la voluntad y libertad de la decisión del votante por cuanto limita su escogencia de los candidatos a diputados de un solo partido.

La voluntad del electoral debe ser amplia. La partidocracia que sustenta las normas del Código Electoral debe cesar para que profundicemos nuestro sistema democrático. Los partidos políticos y los independientes deben tener igualdad de condiciones, los mismos beneficios, circunstancia debe estar consagrada en las normas electorales para que exista una democracia plena.

En toda democracia, las decisiones las toman las mayorías, pero en el Código Electoral se distorsiona este principio cuando se favorece, en la distribución de las curules en los circuitos plurinominales, a los partidos pequeños en membresía con el famoso medio cuociente, lo cual genera que, a pesar de que un candidato haya doblado y hasta triplicado los votos de otro, aquel que saca menos votos gana; o sea, no es la mayoría la que determina la elección, situación que la comunidad rechaza.

Las mayorías deben decidir quiénes son los diputados que deben alcanzar la curul, así estaríamos cumpliendo con un principio básico en la noción de la democracia. El respeto a la voluntad mayoritaria debe decidir las elecciones nacionales. Amanecerá y veremos.

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Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Más Corrupción

Más corrupción

Marisín Villalaz de Arias – Médico

Cada día nos despertamos con más escándalos por parte del gobierno saliente; no sabemos hasta dónde llegaremos, pero la corrupción predomina en todos los actos y así no podremos hacer un buen gobierno.

Las declaraciones del Secretario Anticorrupción no sabemos si tomarlas en serio o en broma. Existen tantas cosas por investigar, que no es posible ver colgado al Sr. Núñez de un árbol de mango, sin haber empezado a trabajar en todo lo que se presenta y que es necesario hacerlo con seriedad. Lo que necesitamos es que se nos diga la verdad, pero sin llevarla a la especulación ni a la cacería de brujas que pudiera desatarse si se exageran las investigaciones. Basta comenzar por los casos más visibles y sencillos como los de algunos ministros y altos empleados que se ve a leguas que metieron la mano.

Pero si este gobierno pasa por alto los casos menos llamativos también, no tendrá autoridad moral para llamar la atención a los de su gobierno. Hay bastante material para acabar con las coimas y con la idea de que se llega al gobierno a llenarse de plata. En otros gobiernos se han hecho cosas horribles, pero donde llega este último, es irreconciliable con la decencia y los valores.

Estoy de acuerdo con los préstamos del BDA, porque para eso es la entidad; lo que no puede ser es que sean irreembolsables y sin presentar planes de la inversión que hagan de ellos. En la lista de personas beneficiadas hay gente seria, pero hay otros que de agro saben lo que yo de chino, y así veo que los medios los colocan a la misma altura sin discriminar, lo que no es correcto.

Señor Secretario, si usted ejecuta bien su trabajo, con seriedad, con justicia, tal vez pudiéramos componer este país, cosa no fácil pero sí probable. Si las altas autoridades trabajan pensando en el país y no en llenarse los bolsillos, podemos acabar con el flagelo de la coima y la sinvergüencería. Muchas inversiones extranjeras alejadas por las altas coimas pedidas en este gobierno, volverían con seriedad y seríamos una tacita de oro. Pero si repetimos lo que tenemos, no habrá clubes cívicos ni organizaciones que puedan echar adelante este país.

Necesitamos honestidad, responsabilidad y respeto para trabajar y sacar adelante el nuevo gobierno y por ende, a los panameños. Dios así lo quiera y las personas nuevas también.

Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

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Defensorías y defensores

Defensorías y defensores
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Raúl Leis R. – Sociologo, Escritor y Educador
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La Defensoría del Pueblo (DP) es una conquista ciudadana que no puede ni debe eliminarse. Es un poder público sin capacidad coactiva, pero cuya fuerza fundamental radica en la ética, y que debe abrir cauces institucionales y públicos para la mediación, concertación, promoción y defensa de los derechos humanos, para hacer efectivo el acceso a la justicia.

El enfoque conceptual de los derechos humanos en que se centra la DP es la integralidad, y no sólo la dimensión jurídica política. Es decir, que debe hacer énfasis en la labor de subrayar y concretizar la visión de los derechos humanos de la población desde ejes transversales como genero, etnia y edad.

El Defensor o Defensora debe poseer la legitimidad y la credibilidad para desarrollar eficazmente su importante labor. Si esta persona es escogida en base a intereses partidistas o particulares, se pierde en el camino la principal fuerza de que dispone: la autoridad moral. Por ello, el principal problema que ha atravesado la DP ha sido el proceso de selección y escogencia del defensor. Todos hemos sido testigos de la forma incorrecta como ha procedido la Asamblea Nacional.

Bien lo afirma el presidente Obama cuando enunció en su reciente discurso en El Cairo: “Hay quienes abogan por la democracia solo cuando no están en el poder, y ya en el poder, no tienen misericordia al buscar la supresión de los derechos de otros. No obstante donde ocurra, el gobierno del pueblo y por el pueblo establece un solo estándar para quienes están en el poder: deben mantener su poder a través del consentimiento, no la coerción… deben poner los intereses de su pueblo y los procesos políticos legítimos por encima de su partido”.

Por ello, creo que la DP debe reconstruirse a través del fortalecimiento de su actuar e institucionalidad, pero al mismo tiempo generar integridad y participación en el proceso de elección de nuevos directivos. También, la comunidad debe exigirle al Defensor que se empine y anteponga el interés general sobre los intereses particulares, pues esto será esencial para cumplir a cabalidad su trabajo. No olvidar que los sujetos y actores principales de esta dependencia pública son los y las ciudadanos (as), y que son sus problemas, aspiraciones y propuestas la prioridad en la labor de la DP.

El gobierno debe abrir a consulta y participación ciudadana la elaboración de un mejor modelo democrático para el fortalecimiento de la institución. A los ciudadanos y medios de comunicación nos corresponde que mantengamos una actitud crítica, activa y vigilante en relación a las labores que realiza la DP.

La DP deben implementar con transparencia, sin favoritismo o parcialidad, todos los mecanismos jurídicos que posee a su alcance para el correcto abordaje de los actos u omisiones de las autoridades y servidores públicos, que impliquen violaciones a los Derechos Fundamentales de las personas. La DP debería establecer un organismo de consulta con representación de los diversos sectores nacionales, que permitirá una mejor planificación estratégica, monitoreo y evaluación de actividades que impulse la entidad.
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Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

¿Ciudad gubernamental?

¿Ciudad gubernamental?

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Luis Alberto Castrellón Oller
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Desde hace muchos años en distintas administraciones se acaricia la creación de una ciudad gubernamental en áreas de la antigua Zona del Canal; la más desarrollada fue en donde está el aeropuerto de Albrook Field, hoy Marcos A. Gelabert. El otro lugar que se consideró fue el campo de antenas detrás de la base de Clayton.

En ambos lugares se ha podido hacer este tipo de ciudad, que requería ser dotada de todo tipo de infraestructura, además de los servicios conexos o ligados a la convivencia como la alimentación, el transporte y los suministros de bienes y servicios para los miles de funcionarios o contribuyentes que irían a las distintas oficinas ministeriales, entidades autónomas o semiautónomas, empresas estatales o simples dependencias gubernamentales.

De manera que, ante la realidad de no contar con ese tipo de ciudad, estimo que debemos de encontrar soluciones más prácticas, pero con visión de amplitud o crecimiento de oficinas que alberguen la mayor cantidad de entidades en lugares propios, en vez de pagar millones de balboas en concepto de arrendamiento en edificios que, la mayoría de las veces, no son los más adecuados ni para los funcionarios públicos ni para los ciudadanos.

Estimo que más que una ciudad gubernamental se debe hablar de un conjunto de edificios que albergue las oficinas de la mayor cantidad de dependencias. El asunto es, ¿dónde se construye y cómo se hacen los diseños de ese conjunto de edificios de manera rápida, eficiente, eficaz y de calidad para beneficio de la ciudadanía lo más pronto posible? El lugar, sencillo, dentro de la ciudad de Panamá.

El Estado, en su sentido amplio, es propietario de varias manzanas de terreno ubicadas en calles amplias y bien cuadriculadas en las avenidas México, Justo Arosemena, Cuba y Perú; allí encontramos las manzanas donde se ubicaron las extintas rentas y el edificio del Mivi en El Marañón.

Asimismo, encontramos cuadras en donde se pueden construir grandes desarrollos habitacionales que no se han realizado; concertando con sus dueños pueden ser adquiridas o acordar otras formas para la construcción de edificios de dependencias gubernamentales con tecnología avanzada, comodidad, estacionamientos y espacio para futuros crecimientos.

Además, se puede promocionar la construcción de edificios con el fin señalado en cualquier cuadra de particulares, y edificios para estacionamientos amplios, seguros y baratos (pues su repago es a largo plazo) para beneficio de los ciudadanos y los funcionarios que concurran a las dependencias gubernamentales u oficinas de servicios conexos.

La factibilidad y diseños se pueden obtener en la cantera de conocimientos y experiencia de la Facultad de Arquitectura, de la UTP, SPIA, Capac, la sociedad civil y en cualquier entidad privada, pública o no gubernamental que desee colaborar con este proyecto, porque todos haremos uso de las instalaciones de los bienes del Estado al hacer un trámite en las dependencias gubernamentales. Este proyecto es compatible con los proyectos de vialidad y transporte que se contemplan hacer desde las afueras hacia la ciudad.

Además, las áreas propuestas cuentan con todo tipo de infraestructura, solamente hay que actualizarlas y posiblemente sea más barato que llevar toda la infraestructura a las áreas de la antigua Zona del Canal.

Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario La Prensa

El chantaje también es corrupción

El chantaje también es corrupción

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Olmedo Alvarado
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Después de amplias negociaciones, almibaradas unas y muy ácidas otras, aunadas a un sinnúmero de rondas, propuestas, discusiones, entendimientos, etc. Panamá y Estados Unidos de América finalmente acordaron un tratado de promoción comercial, sujeto a la ratificación de sus respectivos órganos legislativos.

En el caso de Panamá, el referido TPC fue ventilado en el seno de la Asamblea, logrando su aprobación sin mayores dificultades para que su publicación se diera en la Gaceta Oficial No. 25944 del 20 de diciembre del año 1989. Perdón, del año 2007, es decir, el mismo día en que se cumplían exactamente 18 años de la invasión.

En el caso de Estados Unidos, el referido TPC aún no ha sido ni siquiera enviado, para su aprobación o no, al Congreso, aduciendo primero argumentaciones poco razonables, y ahora un año después, exigiendo prerrequisitos y condiciones que empañan la buena fe de sus negociadores y el espíritu de colaboración y cooperación de la propia nación norteña.

La República de Panamá tiene tratados de libre comercio con Taiwan, Costa Rica, El Salvador, Chile, Singapur; también adelanta negociaciones con otros respetables países, cuya base y sustento es primordialmente el intercambio fácil y económico de mercancías y muy alejados de imposiciones de carácter laboral, fiscal y social. Con estos tratados, ya en plena ejecución, estamos midiendo y observando la capacidad y aprovechamiento de su aplicación, considerando aspectos medulares como son las reglas de origen, los plazos para la desgravación arancelaria, procedimientos aduaneros, medidas fitosanitarias y otras.

Suena ridículo que a estas alturas, después de varios años de sesudas, agobiantes y extensas, pero responsables negociaciones, se dilate aún más la ratificación por parte de Estados Unidos del TPC, en función de obtener la aplicación de medidas que son de la exclusiva competencia soberana de Panamá. Nada tiene que ver que un paquete de papas precocidas se importe o exporte entre nuestros dos países de manera más barata, con aquella condición de que ahora solo se necesiten 20 trabajadores para formar un sindicato en cualquier empresa panameña. Nada tiene que ver que podamos importar o exportar instrumentos de medicina a más bajo costo, con aquella exigencia de que los funcionarios del Canal de Panamá tengan derecho a huelga.

Si cuando en los diversos intentos para abrogar y mejorar las cláusulas del antiguo Tratado de 1903 y ante las mezquinas concesiones que ofrecían los norteamericanos, a un ilustre panameño le tocó decir: “Que se lleven su Canal”, ahora en pleno siglo XXI nos toca a nosotros parafrasear: “Que se lleven su TPC”, porque el chantaje también es corrupción.

Publicado el 10 de junio de 2009 en el diario La Prensa