CSS, un tema de Estado vigente

CSS, un tema de Estado vigente
*
Salvatore Bacile Ladaris
– Abogado,  Educador, Escritor…
*

Durante el período 2004-2009, hemos sido testigos de cómo las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), institución que escasamente hace cinco años presentaba déficit corrientes en los tres riesgos que administra (Enfermedad y Maternidad; Invalidez, Vejez y Muerte; y Riesgos Profesionales), ha venido a repuntar su situación económica a raíz de la implementación de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005.

Así, hemos pasado de tener, pérdidas en esos tres riesgos al 31 de diciembre del 2004 por el orden de los 68 millones de balboas (los cuales venían aumentando cada año, con una proyección de colapso de IVM en el año 2014); a tener al 31 de diciembre de 2008, un superávit que sobrepasa los 150 millones de balboas.

Sin duda alguna, la decisión de reformar el sistema era impostergable, tomando en consideración que ya desde hace décadas se habían pronosticado de las adversidades que enfrentaría nuestro sistema de pensiones.

Las reformas realizadas, estructurales con la Ley 17 de 2005 y sistémicas con la Ley 51 de 2005, estuvieron enfocadas en proveer de sostenibilidad financiera al sistema de pensiones, específicamente al riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, produciendo al día de hoy una aparente estabilización.

Esta situación actual, que aún es limitada a pesar de los resultados halagüeños, sin duda alguna es el resultado de un conjunto de medidas y situaciones que han contribuido a este propósito.

Por un lado, la Ley 51 trajo consigo medidas que han representado un aumento en la efectividad de las recaudaciones, una disminución de la cartera morosa, una importante contención de los gastos de funcionamiento, un aumento de las cuotas, la incorporación de los independientes, entre otros.

Por otro lado, el crecimiento sin precedentes de la economía nacional de los últimos años, el incremento de los salarios, la reducción del desempleo y el aumento de la actividad productiva en general, que ha repercutido en ampliar la cobertura de la seguridad social panameña, llevándonos a tener a finales del 2008, más de 900,000 cotizantes activos, lo que representa tan sólo un incremento superior al 30% con respecto al 2004.

Sin embargo, la CSS no sólo es pensiones y en este tema no todo está escrito, habiendo aún muchos temas que repensar. De igual forma, hay también importantes asuntos y componentes relacionados con esta noble institución y su función social, que quedaron pendientes de ser abordados, como lo son, el sistema de salud y los riesgos profesionales.

Es necesario mantener el tema de la CSS en la agenda de Estado del nuevo presidente; no podemos permitir que la situación pasada vuelva a repetirse. La propia Ley 51 de 2005 provee de medidas suficientes a manera de alarmas que nos deben indicar cuándo debemos actuar. Como sociedad, debemos estar vigilantes por que el tema sea abordado con responsabilidad.

<>

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Anuncios

La participación ciudadana en la seguridad pública

La participación ciudadana en la seguridad pública

Eric Aragón – Profesor, Escritor
*

Basta con observar las noticias diariamente, para entender que la delincuencia, en lugar de disminuir, va en aumento. Tal es el caso, por ejemplo, de los ajustes de cuentas (narcotráfico) y los famosos secuestros express -secuestro rápido- que tanto están atemorizando a todas las clases sociales, ya que uno de los objetivos de esta modalidad delictiva es privar a la persona de libertad durante el tiempo que los delincuentes logren sacarle a la víctima el dinero de su cuenta bancaria, por medio del cajero automático. Precisamente como se trata de obtener efectivo rápido y sin importar la cantidad, todas las personas que tienen un empleo y utilizan los cajeros automáticos están en alto riesgo de sufrir esto. ¡Gracias a Dios, hasta ahora las víctimas han salido ilesas!

El incremento de la delincuencia revela que todos los programas elaborados por las instituciones de seguridad pública para combatir los actos delictivos, que cada vez son más sanguinarios y audaces, no han podido, ni siquiera contener a los delincuentes.

Ninguna estrategia puede resultar positiva, si no existe una verdadera integración y fortalecimiento de todos los actores involucrados directamente en la seguridad pública: la policía, las corregidurías, las fiscalías, y la participación ciudadana a nivel de barrios.

El presidente electo de la República, Ricardo Martinelli, en su discurso de campaña planteó la importancia de fortalecer a los policías que día a día recorren las calles de nuestra ciudad . Subirles la autoestima a los agentes de policía, incrementarle el salario y crear programas eficaces de evaluación que les permita escalar dentro de la institución, de acuerdo al desenvolvimiento y a los resultados obtenidos en el trabajo de campo (calle); al igual que fortalecer aún más el apoyo a sus familias, por medio de mejores becas, comisariatos, etc., debe mejorar indudablemente el trabajo policial.

El agente de policía es un elemento significativo en la lucha contra la delincuencia; pero, por más automotivado que esté no alcanzará resultados sólidos si no se trabaja en equipo y coordinadamente con los demás actores: los corregidores, personeros, fiscales y los ciudadanos. De estos últimos, los ciudadanos juegan un papel importante en la parte aperativa, pues conocen todos los detalles del barrio. Esta información bien manejada es clave en la lucha contra las pandillas y delincuentes. Pero, no se debe pretender que la comunidad asuma la responsabilidad de proteger al barrio de los delincuentes. La Constitución señala que el Estado tiene instituciones responsables de la seguridad ciudadana. Tampoco se debe exponer a los ciudadanos y a sus familias, que integran los comités de barrios y cooperan con los organismos de seguridad, a estar en la mira de los asesinos.

<>

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Cultura, instituciones y cambio constitucional

Cultura, instituciones y cambio constitucional

*

Rubén Darío Córdoba Barría – Abogado

*

Ante la baja calidad de la política y los políticos panameños (salvo raras excepciones), hay principalmente dos reacciones que uno escucha en la calle, ya sea en una de esas típicas conversaciones espontáneas o incluso al abordar un taxi (pues los taxistas saben de todo un poco), una es: “qué va, hermano, a este país no lo salva nadie, el problema somos nosotros mismos; pueden hacer todas las leyes que quieran, la enfermedad no está en la sábana sino en el enfermo; si el panameño no cambia de mentalidad, nada va a cambiar” (cultura). La otra reacción es: “Qué va hermano, aquí lo que se necesita es orden, el que roba que vaya preso, el funcionario que no sirve, que lo manden para su casa, etc.” (instituciones).

Esas posiciones son comprensibles, pero igual de incompletas para explicar el estado de la política criolla: efectivamente, se necesita un cambio en la cultura política panameña, pero también un cambio en las instituciones políticas.
El cambio cultural, si bien tiene un componente individual, sólo puede impulsarse socialmente mediante una sólida educación cívica a nivel primario y secundario, algo similar a lo que en España han dado en llamar “educación para la ciudadanía” y que tiene como objetivo “[…] favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. (Real Decreto 1631/2006).

Sin embargo, de poco sirve que haya buenos ciudadanos si las instituciones no funcionan bien, ya sea por la excesiva concentración de poderes del gobierno central, ya sea porque el Ejecutivo tiene penetrado todos los órganos del Estado, haciendo desaparecer “los balances y contrapesos” que todo régimen democrático necesita; o porque el clientelismo ha sustituido a la carrera administrativa; o bien, por la odiosa “politización” de tantas instituciones (Defensoría del Pueblo incluida) y así sucesivamente tantas otras deformaciones propias de la estructura constitucional panameña. He aquí, entonces, donde entra el tema del cambio constitucional.

Así las cosas, cualquiera ecuación de cambio debe incluir necesariamente la variable del cambio constitucional, y ese cambio sólo puede producirse de forma realmente democrática y participativa mediante una asamblea constituyente.

El momento del cambio constitucional llegará tarde o temprano; dependerá de nosotros estar a la altura de esa coyuntura que demandará la participación seria y responsable de todos los sectores de la sociedad panameña, despojados de todo dogmatismo y de concepciones cerradas o totalitarias de la sociedad; abiertos, en cambio, al pluralismo democrático.

<a>

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Seguridad pública nacional no es sólo responsabilidad de la Policía

Seguridad pública nacional no es sólo responsabilidad de la Policía

*

David A. Ocalagan B. – Ingeniero, Escritor

*

Tengo mucha preocupación por la seguridad pública; mis temores son porque en los primeros días, luego del torneo electoral y el nombramiento del nuevo Director Nacional de la Policía Nacional, pareciera que algunos medios de comunicación , ciudadanos, políticos y comerciantes, consideran que el nuevo director general de la Policía es el único responsable de la Seguridad Pública Nacional, y los otros directores de los distintos estamentos que componen la Fuerza Pública, que tienen mando, dirección propia y responsabilidad constitucional de la seguridad, ¿dónde están?
Es bueno haber visto al Lic. Gustavo Pérez frente a la televisión y que haya sido cuestionado por muchos medios de comunicación escrito para que la población conozca su personalidad y tengamos una evaluación profesional del director de uno de los principales estamentos de seguridad; sin embargo, para todos es conocido que la Seguridad Pública Nacional está compuesta, hoy día, por otros estamentos: la dirección de Fronteras, de Guardacostas, del Consejo de Seguridad; además, un viceministerio de Seguridad; Servicio de Migración; Aduanas; Pasaporte; Registro Civil. Cada una de estas direcciones tiene responsabilidad directa en la seguridad ciudadana nacional para evitar el tráfico humano, el ingreso de extranjeros sin control, pasaportes falsificados, registros de nacimientos fraudulentos, tráfico de drogas y armas por los puertos y la seguridad sanitaria de la población, entre y muchas otras responsabilidades que deben cubrir cada una de éstas; no obstante, la población aún espera también ver y conocer a quienes las dirigirán.

Nos parece que es fácil cubrirse sobre el manto de una sola persona, como es el caso del director de la Policía Nacional, para pretender responsabilizarlo como el único que tiene que velar por la seguridad ciudadana, y en la práctica existen otros funcionarios de mucha responsabilidad en esta materia, quienes deben dar la cara. De esa manera sabremos quiénes serán los responsable del triunfo o fracaso de la estrategia nacional de seguridad.

La población tiene grandez esperanzas de recobrar su seguridad mínima, y dejar de vivir secuestrados en sus comunidades por el crimen, que tiene la palabra por ahora en esta guerra entre buenos y bandidos.

De igual modo, es saludable conocer las personalidades del nuevo gobierno que tendrán las responsabilidades de luchar contra el crimen desde las oficinas refrigeradas, pero que tienen responsabilidad de combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Ello conllevará a garantizar la transparencia en el Centro Bancario Nacional, Migración, Aduanas y otras dependencias de mucho valor estratégico, local e internacional, por sus funciones.

El éxito de la lucha contra el crimen no es exclusividad del director de la Policía, combatiendo a los negritos pobres, como nos han pretendido vender hasta ahora; mientras que los criminales de “cuello blanco” no quieren ceder a la transparencia, facilitando la ola de crimen que tenemos en todo el país.

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario el Panamá América

Un plan que da esperanzas

Un plan que da esperanzas

*
Galileo Solís
*

La Estrategia Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 2008–2018 impulsada por la Cámara Panameña de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de Panamá (www.capatec.org.pa) y el apoyo de Senacyt, puede convertirse en una iniciativa transformadora en el desarrollo económico del país. Esta estrategia plantea que Panamá se convierta en un centro de tecnologías de información y telecomunicaciones de categoría mundial.

El plan fue desarrollado por el Dr. Peter Wilton, quien es investigador y profesor de la Escuela Haas de Negocios de la Universidad de California en Berkeley. El documento, discutido por dos días y medio, la última semana de mayo en la Ciudad del Saber, propone incrementar la competitividad y productividad de Panamá en base a la innovación y fundamentado en el conocimiento. La base de los beneficios esperados de esta iniciativa, es la correlación que existe entre los niveles de competitividad de los países y su crecimiento económico.

El plan identifica importantes barreras para el logro del objetivo y que es necesario atender a corto plazo. Se destacan la calidad del sistema educativo (con énfasis en la preparación científico/técnica y gestión administrativa), falta de estímulos fiscales para innovar y un mercado laboral desmotivador para emprendedores. El documento es el resultado de contactos y talleres con los principales actores del sector de tecnología en Panamá e incluye diagnósticos de países como Singapur, Irlanda, Israel y Costa Rica, como bases de comparación para Panamá.

Las discusiones del plan se realizaron mediante talleres con la homologación de la propuesta; el establecimiento de prioridades y tiempo de ejecución y; finalmente, la identificación de oportunidades en el campo de la tecnología, pero dirigidas principalmente por la demanda. Estos talleres fueron dirigidos personalmente por el Dr. Wilton utilizando metodologías propias para la definición de futuras acciones con sólidos fundamentos teóricos. El plan propone la creación de un grupo facilitador integrado por influyentes representantes de cada sector interesado, que apoyen a la movilización de la estrategia y la construcción de apoyo consistente con la iniciativa en los sectores privado y público.

La última parte del plan plantea recomendaciones sensatas basadas en experiencias exitosas y enfocándose en crear interés y participación, capacidad de colaboración, formación de recurso humano, capacidad de innovación, la implementación y hasta un marco de referencia para medir la efectividad de la propuesta en ejecución.

Nos encontramos en una intersección en la realidad nacional que coincide con la transición a un nuevo gobierno que ha sabido identificar las virtudes de varias iniciativas existentes, haciéndolas merecedoras de su apoyo. Pensamos que el nivel intelectual, la experiencia y el compromiso de los involucrados en esta iniciativa, brindan la esperanza de que es un proyecto que se puede lograr y que el impacto positivo esperado nos hace mirar, con mucha credulidad, un mejor futuro para el sector tecnológico en Panamá. Queda en el sector privado mantener viva la iniciativa y al nuevo gobierno empaparse de la propuesta y decidir si es viable continuar con su apoyo.

<>

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario La Prensa

El Legislativo y el cambio

El Legislativo y el cambio

*
Jorge Gamboa Arosemena
*

A menos de un mes de la toma de posesión de los elegidos para el Ejecutivo, el Legislativo y el régimen municipal, la población guarda expectativas muy altas del llamado cambio prometido en campaña.

José Luis Varela, el virtual presidente de la Asamblea Nacional, uno de los sectores que obligadamente debe tener más cambios, ha hablado sobre varios aspectos a cambiar en este órgano del Estado. El Legislativo es una de las caras más expuesta del Estado, por lo cual hay la mayor percepción de corrupción, no siendo esto del todo cierto, porque ese órgano maneja 80 millones de balboas de un presupuesto de casi 10 mil millones. La mayor corrupción está en el Ejecutivo, pero la exposición pública y la chabacanada y poca calidad de sus miembros ha hecho que esta percepción campee.

Varela ha manifestado propuestas que parecen encaminar su gestión por senderos correctos. Ha expresado que los 14 mil balboas que devenga el presidente de la Asamblea es una inmoralidad que no tolerará. Atinadamente señala que el presidente de la Asamblea no puede ganar ni un balboa más que el presidente de la República, lo que es lógico y correcto por la equivalencia jerárquica entre órganos. De ahí se desprende que el presidente de la Corte tampoco puede ganar más que los presidentes de los otros órganos, luego todos deben devengar emolumentos iguales.

De lo que se desprende que los funcionarios de menor jerarquía de esos órganos no pueden ni siquiera ganar igual que esos presidentes, es decir, que si se considera que 7 mil es la cuantía, ministros, diputados y magistrados deben devengar menos de 7 mil. Felicitando a Varela por sus declaraciones le comentaba que había leído que en Noruega o Finlandia, donde el índice de percepción de corrupción es el menor del mundo, el rango de ingresos entre el que más gana y menos gana en el Estado es una relación 10 a 1, es decir que si 7 mil fuera el nivel correcto para los presidentes de los órganos, el salario mínimo debía ser de 700 balboas. Si el Estado no soporta esta escala salarial, 7 mil no es el nivel salarial presidencial. Entonces Popi, a rebajar salarios de los de arriba y a subirle a los de abajo, buscando esa proporción 10 a 1.

El cambio tiene que ser no solo en quitar privilegios inmorales en todos los órganos del Estado, donde no haya funcionarios tasados en patrón oro y otros tasados en patrón plata, como tampoco haya ciudadanos que no estén en ninguno de los dos patrones. Esto es justicia y el cambio debe ser justicia.

También hay que cambiar el sistema de elegir a los diputados, acabando con el antidemocrático, pero partidocrático, sistema de cuocientes, medios cuocientes y residuos.

Algunos ilusos creen que los cambios estructurales profundos que requiere el sistema político colapsado lo pueden llevar los ratones que cuidan el queso, es decir, hacer reformas constitucionales por la vía de dos legislaturas de una misma Asamblea y un referéndum; que lejos están de la realidad o no quieren cambiar la realidad. Enhorabuena la intención revelada por Varela, pero poco se logrará si no vamos a un proceso constituyente incluyente que, un mandato en 61% debe liderizar, sin tratar de aferrarse a que pueden lograr cambios, dentro del sistema tradicional, porque lograrán un tradicional más de lo mismo. Hablo de un proceso constituyente incluyente porque si no participan todos los sectores del espectro político y social de la nación, será la Constitución de un sector y no la Constitución de la nación panameña que nos dé una nueva República.

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario La Prensa.

Lo que no sirve se bota

Lo que no sirve se bota

*
Por Manuel Rodríguez
*

Parece que estamos en la antesala de una nueva era en la administración pública. Una mentalidad empresarial está cambiando la forma en que se toman las decisiones y se establecen las políticas que rigen el Estado. Como parte de esa nueva mentalidad, es indispensable hacer un balance de cada ente dentro del engranaje gubernamental para asegurarnos de que el contribuyente está recibiendo el mayor provecho de sus impuestos.

Lamentablemente, por años se ha forjado una alianza macabra entre la burocracia sin sentido y la corrupción política, que ha dado como resultado una multitud de ineficiencias en casi todas las instituciones públicas. Hemos recibido un Canal que es la envidia del mundo, logramos administrarlo con tanta o mayor eficiencia que cuando estaba bajo la jurisdicción de la primera potencia mundial. Sin embargo, en vez de emular dicho modelo en otras instancias de la administración pública hemos optado por segregarlo del resto del Estado, como si la eficiencia y transparencia fueran un virus.

Afortunadamente, en esta etapa de transición han salido a la luz varias propuestas que hacen pensar que nos encaminamos hacia un mejor modelo para la administración. Vemos con agrado que instituciones cuya funcionalidad es poca sean sometidas a revisión para su posible eliminación o fusión con otros entes.

El FIS es una de esas instituciones que ha sobrevivido más allá de su utilidad. La situación ha cambiado mucho desde aquellos tiempos post-invasión, cuando el presidente Endara la crea para impulsar la reconstrucción de un país en ruinas. En los últimos tiempos la única función real del FIS ha sido promover obras escogidas por su impacto político más que por criterios técnicos reales.

En la estructura gubernamental hay estamentos especializados para satisfacer cada una de las necesidades de nuestra población. Cualquier sector que confronte alguna situación puntual puede ser atendido de una forma más eficaz por aquellos funcionarios cuya experiencia radica en el área del problema en cuestión. Resulta, entonces, totalmente redundante mantener una institución dedicada a hacer de todo un poco, sin tener los conocimientos específicos requeridos.

La única razón que pareciera justificar la existencia del FIS es la celeridad con que se puedan atender situaciones urgentes. Este argumento pierde fuerza cuando se considera que hasta en el FIS es necesario seguir los mismos pasos que en otras entidades para sus compras y licitaciones. Cualquier entidad pudiera atender casos de emergencia si se le dota de mecanismos especiales que puedan ser invocados cuando se amerite.

La eliminación del FIS es un paso en la dirección correcta. Pero no debemos llamarnos a engaño, es tan solo uno de los tantos pasos que hay que dar para aumentar la eficiencia de la maquinaria estatal. Y estos pasos deben ser tomados sin importar su costo político, al final de cuentas el objetivo cubre con creces cualquier costo individual.

<>

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario La Prensa