CSS, un tema de Estado vigente

CSS, un tema de Estado vigente
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Salvatore Bacile Ladaris
– Abogado,  Educador, Escritor…
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Durante el período 2004-2009, hemos sido testigos de cómo las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS), institución que escasamente hace cinco años presentaba déficit corrientes en los tres riesgos que administra (Enfermedad y Maternidad; Invalidez, Vejez y Muerte; y Riesgos Profesionales), ha venido a repuntar su situación económica a raíz de la implementación de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005.

Así, hemos pasado de tener, pérdidas en esos tres riesgos al 31 de diciembre del 2004 por el orden de los 68 millones de balboas (los cuales venían aumentando cada año, con una proyección de colapso de IVM en el año 2014); a tener al 31 de diciembre de 2008, un superávit que sobrepasa los 150 millones de balboas.

Sin duda alguna, la decisión de reformar el sistema era impostergable, tomando en consideración que ya desde hace décadas se habían pronosticado de las adversidades que enfrentaría nuestro sistema de pensiones.

Las reformas realizadas, estructurales con la Ley 17 de 2005 y sistémicas con la Ley 51 de 2005, estuvieron enfocadas en proveer de sostenibilidad financiera al sistema de pensiones, específicamente al riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte, produciendo al día de hoy una aparente estabilización.

Esta situación actual, que aún es limitada a pesar de los resultados halagüeños, sin duda alguna es el resultado de un conjunto de medidas y situaciones que han contribuido a este propósito.

Por un lado, la Ley 51 trajo consigo medidas que han representado un aumento en la efectividad de las recaudaciones, una disminución de la cartera morosa, una importante contención de los gastos de funcionamiento, un aumento de las cuotas, la incorporación de los independientes, entre otros.

Por otro lado, el crecimiento sin precedentes de la economía nacional de los últimos años, el incremento de los salarios, la reducción del desempleo y el aumento de la actividad productiva en general, que ha repercutido en ampliar la cobertura de la seguridad social panameña, llevándonos a tener a finales del 2008, más de 900,000 cotizantes activos, lo que representa tan sólo un incremento superior al 30% con respecto al 2004.

Sin embargo, la CSS no sólo es pensiones y en este tema no todo está escrito, habiendo aún muchos temas que repensar. De igual forma, hay también importantes asuntos y componentes relacionados con esta noble institución y su función social, que quedaron pendientes de ser abordados, como lo son, el sistema de salud y los riesgos profesionales.

Es necesario mantener el tema de la CSS en la agenda de Estado del nuevo presidente; no podemos permitir que la situación pasada vuelva a repetirse. La propia Ley 51 de 2005 provee de medidas suficientes a manera de alarmas que nos deben indicar cuándo debemos actuar. Como sociedad, debemos estar vigilantes por que el tema sea abordado con responsabilidad.

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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

La participación ciudadana en la seguridad pública

La participación ciudadana en la seguridad pública

Eric Aragón – Profesor, Escritor
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Basta con observar las noticias diariamente, para entender que la delincuencia, en lugar de disminuir, va en aumento. Tal es el caso, por ejemplo, de los ajustes de cuentas (narcotráfico) y los famosos secuestros express -secuestro rápido- que tanto están atemorizando a todas las clases sociales, ya que uno de los objetivos de esta modalidad delictiva es privar a la persona de libertad durante el tiempo que los delincuentes logren sacarle a la víctima el dinero de su cuenta bancaria, por medio del cajero automático. Precisamente como se trata de obtener efectivo rápido y sin importar la cantidad, todas las personas que tienen un empleo y utilizan los cajeros automáticos están en alto riesgo de sufrir esto. ¡Gracias a Dios, hasta ahora las víctimas han salido ilesas!

El incremento de la delincuencia revela que todos los programas elaborados por las instituciones de seguridad pública para combatir los actos delictivos, que cada vez son más sanguinarios y audaces, no han podido, ni siquiera contener a los delincuentes.

Ninguna estrategia puede resultar positiva, si no existe una verdadera integración y fortalecimiento de todos los actores involucrados directamente en la seguridad pública: la policía, las corregidurías, las fiscalías, y la participación ciudadana a nivel de barrios.

El presidente electo de la República, Ricardo Martinelli, en su discurso de campaña planteó la importancia de fortalecer a los policías que día a día recorren las calles de nuestra ciudad . Subirles la autoestima a los agentes de policía, incrementarle el salario y crear programas eficaces de evaluación que les permita escalar dentro de la institución, de acuerdo al desenvolvimiento y a los resultados obtenidos en el trabajo de campo (calle); al igual que fortalecer aún más el apoyo a sus familias, por medio de mejores becas, comisariatos, etc., debe mejorar indudablemente el trabajo policial.

El agente de policía es un elemento significativo en la lucha contra la delincuencia; pero, por más automotivado que esté no alcanzará resultados sólidos si no se trabaja en equipo y coordinadamente con los demás actores: los corregidores, personeros, fiscales y los ciudadanos. De estos últimos, los ciudadanos juegan un papel importante en la parte aperativa, pues conocen todos los detalles del barrio. Esta información bien manejada es clave en la lucha contra las pandillas y delincuentes. Pero, no se debe pretender que la comunidad asuma la responsabilidad de proteger al barrio de los delincuentes. La Constitución señala que el Estado tiene instituciones responsables de la seguridad ciudadana. Tampoco se debe exponer a los ciudadanos y a sus familias, que integran los comités de barrios y cooperan con los organismos de seguridad, a estar en la mira de los asesinos.

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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Cultura, instituciones y cambio constitucional

Cultura, instituciones y cambio constitucional

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Rubén Darío Córdoba Barría – Abogado

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Ante la baja calidad de la política y los políticos panameños (salvo raras excepciones), hay principalmente dos reacciones que uno escucha en la calle, ya sea en una de esas típicas conversaciones espontáneas o incluso al abordar un taxi (pues los taxistas saben de todo un poco), una es: “qué va, hermano, a este país no lo salva nadie, el problema somos nosotros mismos; pueden hacer todas las leyes que quieran, la enfermedad no está en la sábana sino en el enfermo; si el panameño no cambia de mentalidad, nada va a cambiar” (cultura). La otra reacción es: “Qué va hermano, aquí lo que se necesita es orden, el que roba que vaya preso, el funcionario que no sirve, que lo manden para su casa, etc.” (instituciones).

Esas posiciones son comprensibles, pero igual de incompletas para explicar el estado de la política criolla: efectivamente, se necesita un cambio en la cultura política panameña, pero también un cambio en las instituciones políticas.
El cambio cultural, si bien tiene un componente individual, sólo puede impulsarse socialmente mediante una sólida educación cívica a nivel primario y secundario, algo similar a lo que en España han dado en llamar “educación para la ciudadanía” y que tiene como objetivo “[…] favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. (Real Decreto 1631/2006).

Sin embargo, de poco sirve que haya buenos ciudadanos si las instituciones no funcionan bien, ya sea por la excesiva concentración de poderes del gobierno central, ya sea porque el Ejecutivo tiene penetrado todos los órganos del Estado, haciendo desaparecer “los balances y contrapesos” que todo régimen democrático necesita; o porque el clientelismo ha sustituido a la carrera administrativa; o bien, por la odiosa “politización” de tantas instituciones (Defensoría del Pueblo incluida) y así sucesivamente tantas otras deformaciones propias de la estructura constitucional panameña. He aquí, entonces, donde entra el tema del cambio constitucional.

Así las cosas, cualquiera ecuación de cambio debe incluir necesariamente la variable del cambio constitucional, y ese cambio sólo puede producirse de forma realmente democrática y participativa mediante una asamblea constituyente.

El momento del cambio constitucional llegará tarde o temprano; dependerá de nosotros estar a la altura de esa coyuntura que demandará la participación seria y responsable de todos los sectores de la sociedad panameña, despojados de todo dogmatismo y de concepciones cerradas o totalitarias de la sociedad; abiertos, en cambio, al pluralismo democrático.

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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Seguridad pública nacional no es sólo responsabilidad de la Policía

Seguridad pública nacional no es sólo responsabilidad de la Policía

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David A. Ocalagan B. – Ingeniero, Escritor

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Tengo mucha preocupación por la seguridad pública; mis temores son porque en los primeros días, luego del torneo electoral y el nombramiento del nuevo Director Nacional de la Policía Nacional, pareciera que algunos medios de comunicación , ciudadanos, políticos y comerciantes, consideran que el nuevo director general de la Policía es el único responsable de la Seguridad Pública Nacional, y los otros directores de los distintos estamentos que componen la Fuerza Pública, que tienen mando, dirección propia y responsabilidad constitucional de la seguridad, ¿dónde están?
Es bueno haber visto al Lic. Gustavo Pérez frente a la televisión y que haya sido cuestionado por muchos medios de comunicación escrito para que la población conozca su personalidad y tengamos una evaluación profesional del director de uno de los principales estamentos de seguridad; sin embargo, para todos es conocido que la Seguridad Pública Nacional está compuesta, hoy día, por otros estamentos: la dirección de Fronteras, de Guardacostas, del Consejo de Seguridad; además, un viceministerio de Seguridad; Servicio de Migración; Aduanas; Pasaporte; Registro Civil. Cada una de estas direcciones tiene responsabilidad directa en la seguridad ciudadana nacional para evitar el tráfico humano, el ingreso de extranjeros sin control, pasaportes falsificados, registros de nacimientos fraudulentos, tráfico de drogas y armas por los puertos y la seguridad sanitaria de la población, entre y muchas otras responsabilidades que deben cubrir cada una de éstas; no obstante, la población aún espera también ver y conocer a quienes las dirigirán.

Nos parece que es fácil cubrirse sobre el manto de una sola persona, como es el caso del director de la Policía Nacional, para pretender responsabilizarlo como el único que tiene que velar por la seguridad ciudadana, y en la práctica existen otros funcionarios de mucha responsabilidad en esta materia, quienes deben dar la cara. De esa manera sabremos quiénes serán los responsable del triunfo o fracaso de la estrategia nacional de seguridad.

La población tiene grandez esperanzas de recobrar su seguridad mínima, y dejar de vivir secuestrados en sus comunidades por el crimen, que tiene la palabra por ahora en esta guerra entre buenos y bandidos.

De igual modo, es saludable conocer las personalidades del nuevo gobierno que tendrán las responsabilidades de luchar contra el crimen desde las oficinas refrigeradas, pero que tienen responsabilidad de combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Ello conllevará a garantizar la transparencia en el Centro Bancario Nacional, Migración, Aduanas y otras dependencias de mucho valor estratégico, local e internacional, por sus funciones.

El éxito de la lucha contra el crimen no es exclusividad del director de la Policía, combatiendo a los negritos pobres, como nos han pretendido vender hasta ahora; mientras que los criminales de “cuello blanco” no quieren ceder a la transparencia, facilitando la ola de crimen que tenemos en todo el país.

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario el Panamá América

Un plan que da esperanzas

Un plan que da esperanzas

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Galileo Solís
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La Estrategia Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 2008–2018 impulsada por la Cámara Panameña de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de Panamá (www.capatec.org.pa) y el apoyo de Senacyt, puede convertirse en una iniciativa transformadora en el desarrollo económico del país. Esta estrategia plantea que Panamá se convierta en un centro de tecnologías de información y telecomunicaciones de categoría mundial.

El plan fue desarrollado por el Dr. Peter Wilton, quien es investigador y profesor de la Escuela Haas de Negocios de la Universidad de California en Berkeley. El documento, discutido por dos días y medio, la última semana de mayo en la Ciudad del Saber, propone incrementar la competitividad y productividad de Panamá en base a la innovación y fundamentado en el conocimiento. La base de los beneficios esperados de esta iniciativa, es la correlación que existe entre los niveles de competitividad de los países y su crecimiento económico.

El plan identifica importantes barreras para el logro del objetivo y que es necesario atender a corto plazo. Se destacan la calidad del sistema educativo (con énfasis en la preparación científico/técnica y gestión administrativa), falta de estímulos fiscales para innovar y un mercado laboral desmotivador para emprendedores. El documento es el resultado de contactos y talleres con los principales actores del sector de tecnología en Panamá e incluye diagnósticos de países como Singapur, Irlanda, Israel y Costa Rica, como bases de comparación para Panamá.

Las discusiones del plan se realizaron mediante talleres con la homologación de la propuesta; el establecimiento de prioridades y tiempo de ejecución y; finalmente, la identificación de oportunidades en el campo de la tecnología, pero dirigidas principalmente por la demanda. Estos talleres fueron dirigidos personalmente por el Dr. Wilton utilizando metodologías propias para la definición de futuras acciones con sólidos fundamentos teóricos. El plan propone la creación de un grupo facilitador integrado por influyentes representantes de cada sector interesado, que apoyen a la movilización de la estrategia y la construcción de apoyo consistente con la iniciativa en los sectores privado y público.

La última parte del plan plantea recomendaciones sensatas basadas en experiencias exitosas y enfocándose en crear interés y participación, capacidad de colaboración, formación de recurso humano, capacidad de innovación, la implementación y hasta un marco de referencia para medir la efectividad de la propuesta en ejecución.

Nos encontramos en una intersección en la realidad nacional que coincide con la transición a un nuevo gobierno que ha sabido identificar las virtudes de varias iniciativas existentes, haciéndolas merecedoras de su apoyo. Pensamos que el nivel intelectual, la experiencia y el compromiso de los involucrados en esta iniciativa, brindan la esperanza de que es un proyecto que se puede lograr y que el impacto positivo esperado nos hace mirar, con mucha credulidad, un mejor futuro para el sector tecnológico en Panamá. Queda en el sector privado mantener viva la iniciativa y al nuevo gobierno empaparse de la propuesta y decidir si es viable continuar con su apoyo.

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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario La Prensa

El Legislativo y el cambio

El Legislativo y el cambio

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Jorge Gamboa Arosemena
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A menos de un mes de la toma de posesión de los elegidos para el Ejecutivo, el Legislativo y el régimen municipal, la población guarda expectativas muy altas del llamado cambio prometido en campaña.

José Luis Varela, el virtual presidente de la Asamblea Nacional, uno de los sectores que obligadamente debe tener más cambios, ha hablado sobre varios aspectos a cambiar en este órgano del Estado. El Legislativo es una de las caras más expuesta del Estado, por lo cual hay la mayor percepción de corrupción, no siendo esto del todo cierto, porque ese órgano maneja 80 millones de balboas de un presupuesto de casi 10 mil millones. La mayor corrupción está en el Ejecutivo, pero la exposición pública y la chabacanada y poca calidad de sus miembros ha hecho que esta percepción campee.

Varela ha manifestado propuestas que parecen encaminar su gestión por senderos correctos. Ha expresado que los 14 mil balboas que devenga el presidente de la Asamblea es una inmoralidad que no tolerará. Atinadamente señala que el presidente de la Asamblea no puede ganar ni un balboa más que el presidente de la República, lo que es lógico y correcto por la equivalencia jerárquica entre órganos. De ahí se desprende que el presidente de la Corte tampoco puede ganar más que los presidentes de los otros órganos, luego todos deben devengar emolumentos iguales.

De lo que se desprende que los funcionarios de menor jerarquía de esos órganos no pueden ni siquiera ganar igual que esos presidentes, es decir, que si se considera que 7 mil es la cuantía, ministros, diputados y magistrados deben devengar menos de 7 mil. Felicitando a Varela por sus declaraciones le comentaba que había leído que en Noruega o Finlandia, donde el índice de percepción de corrupción es el menor del mundo, el rango de ingresos entre el que más gana y menos gana en el Estado es una relación 10 a 1, es decir que si 7 mil fuera el nivel correcto para los presidentes de los órganos, el salario mínimo debía ser de 700 balboas. Si el Estado no soporta esta escala salarial, 7 mil no es el nivel salarial presidencial. Entonces Popi, a rebajar salarios de los de arriba y a subirle a los de abajo, buscando esa proporción 10 a 1.

El cambio tiene que ser no solo en quitar privilegios inmorales en todos los órganos del Estado, donde no haya funcionarios tasados en patrón oro y otros tasados en patrón plata, como tampoco haya ciudadanos que no estén en ninguno de los dos patrones. Esto es justicia y el cambio debe ser justicia.

También hay que cambiar el sistema de elegir a los diputados, acabando con el antidemocrático, pero partidocrático, sistema de cuocientes, medios cuocientes y residuos.

Algunos ilusos creen que los cambios estructurales profundos que requiere el sistema político colapsado lo pueden llevar los ratones que cuidan el queso, es decir, hacer reformas constitucionales por la vía de dos legislaturas de una misma Asamblea y un referéndum; que lejos están de la realidad o no quieren cambiar la realidad. Enhorabuena la intención revelada por Varela, pero poco se logrará si no vamos a un proceso constituyente incluyente que, un mandato en 61% debe liderizar, sin tratar de aferrarse a que pueden lograr cambios, dentro del sistema tradicional, porque lograrán un tradicional más de lo mismo. Hablo de un proceso constituyente incluyente porque si no participan todos los sectores del espectro político y social de la nación, será la Constitución de un sector y no la Constitución de la nación panameña que nos dé una nueva República.

Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario La Prensa.

Lo que no sirve se bota

Lo que no sirve se bota

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Por Manuel Rodríguez
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Parece que estamos en la antesala de una nueva era en la administración pública. Una mentalidad empresarial está cambiando la forma en que se toman las decisiones y se establecen las políticas que rigen el Estado. Como parte de esa nueva mentalidad, es indispensable hacer un balance de cada ente dentro del engranaje gubernamental para asegurarnos de que el contribuyente está recibiendo el mayor provecho de sus impuestos.

Lamentablemente, por años se ha forjado una alianza macabra entre la burocracia sin sentido y la corrupción política, que ha dado como resultado una multitud de ineficiencias en casi todas las instituciones públicas. Hemos recibido un Canal que es la envidia del mundo, logramos administrarlo con tanta o mayor eficiencia que cuando estaba bajo la jurisdicción de la primera potencia mundial. Sin embargo, en vez de emular dicho modelo en otras instancias de la administración pública hemos optado por segregarlo del resto del Estado, como si la eficiencia y transparencia fueran un virus.

Afortunadamente, en esta etapa de transición han salido a la luz varias propuestas que hacen pensar que nos encaminamos hacia un mejor modelo para la administración. Vemos con agrado que instituciones cuya funcionalidad es poca sean sometidas a revisión para su posible eliminación o fusión con otros entes.

El FIS es una de esas instituciones que ha sobrevivido más allá de su utilidad. La situación ha cambiado mucho desde aquellos tiempos post-invasión, cuando el presidente Endara la crea para impulsar la reconstrucción de un país en ruinas. En los últimos tiempos la única función real del FIS ha sido promover obras escogidas por su impacto político más que por criterios técnicos reales.

En la estructura gubernamental hay estamentos especializados para satisfacer cada una de las necesidades de nuestra población. Cualquier sector que confronte alguna situación puntual puede ser atendido de una forma más eficaz por aquellos funcionarios cuya experiencia radica en el área del problema en cuestión. Resulta, entonces, totalmente redundante mantener una institución dedicada a hacer de todo un poco, sin tener los conocimientos específicos requeridos.

La única razón que pareciera justificar la existencia del FIS es la celeridad con que se puedan atender situaciones urgentes. Este argumento pierde fuerza cuando se considera que hasta en el FIS es necesario seguir los mismos pasos que en otras entidades para sus compras y licitaciones. Cualquier entidad pudiera atender casos de emergencia si se le dota de mecanismos especiales que puedan ser invocados cuando se amerite.

La eliminación del FIS es un paso en la dirección correcta. Pero no debemos llamarnos a engaño, es tan solo uno de los tantos pasos que hay que dar para aumentar la eficiencia de la maquinaria estatal. Y estos pasos deben ser tomados sin importar su costo político, al final de cuentas el objetivo cubre con creces cualquier costo individual.

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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario La Prensa

No hay motivación en el gobierno

No hay motivación en el gobierno

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ERNESTO A. QUIJADA DÍAZ

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El 1 de julio la administración de Martín Torrijos culmina el período para el cual fue escogido. Ello deja en claro que él es el presidente de Panamá hasta el 30 de junio. No obstante, quizás un poco por la puesta en acción del gran esfuerzo que involucra la “transición” como que se ha distraído un tanto en su actuar y parece haber dejado al Gobierno en acefalía.

Para apuntalar esta tesis basta con traer al recuerdo de Ustedes acciones paralizadas totalmente, sin que los funcionarios competentes hagan algo para llevarlas a feliz término antes de que finalice su periodo administrativo. Son muchos los casos que pudiéramos mencionar que van a quedar en la agenda del nuevo gobierno. No se nota accionar ni del ciudadano presidente, del Despacho de la Primera Dama, ni de ministros y menos de directores de entidades autónomas. Hay una parálisis casi total de la Cosa Pública.

Durante mucho tiempo, prolongado en el quinquenio del gobierno que está por finalizar, los empleados públicos batallaron y esperaron, con toda la esperanza que cabe en la pobreza y en la carencia, que el gobierno actual les hiciera justicia con el pago de las partidas correspondientes a varios decimos que se nos adeuda hace tiempo, pero que nunca aparecieron. Todavía Torrijos está a tiempo de cristalizar esta aspiración de los empleados públicos.

Noto al ciudadano presidente como abstraído de las actividades propias del cargo. Como cuando Endara decía que le picaban los pies por salir del Palacio de las Garzas. No le noto el dinamismo que durante más de cuatro años, mantuvo. Están sucediendo cosas y no se nota el accionar del inquilino presidencial. Todavía queda tiempo suficiente para resolver una serie de casos, de alto perfil. Pudiera ser falla de sus asesores o varias las cosas que lo mantienen alejado de la realidad nacional. Sustento mi humilde apreciación en la falta de accionar de los ministros y directores de entidades del Estado, ninguno aparece en los medios hablando de la ejecución de los proyectos. Todos se encuentran en “low profile”. Los relacionistas públicos están viendo cómo amarran sus cabalgaduras en la administración entrante, o buscando su certificado de carrera administrativa. Soy un convencido de que Martín Torrijos, una vez abandone el cargo, dirá lo mismo que sus antecesores, “Que su equipo de prensa no cumplió sus responsabilidades y que en ese campo, su gobierno falló, al no exponer los logros alcanzados, que han sido muchos”.

Es como si dijesen o estuviesen convencidos de que “ya no hay nada que hacer”. Y están dejándolo todo para que el nuevo gobierno se encargue, pero esto no solo es un error, sino una falta de responsabilidad imperdonable, porque los panameños merecemos que el gobierno que elegimos hace cinco años trabaje con ahínco hasta el 30 de junio, como lo han hecho desde el 2004.
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Publicado el 8 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá

Aquellos días de junio y julio.. 22 años atrás

Aquellos días de junio y julio.. 22 años atrás

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ROBERTO DÍAZ HERRERA

“Robert, amor, despierta —dijo Maigualida, de pronto, asustada—. Están ya por toda la casa. Levántate”. Traté de desperezarme, echado aún, desconcertado. “Son ellos —dijo luego—, los soldados de Noriega. Tienen fusiles y esas metralletas chicas como las que tú tienes, Robert, la Uzi”.
La voz de mi esposa, como eco extraño de un sueño pesadísimo, no admitía ya ninguna duda en aquella madrugada del 27 de julio. Había tenido algo menos de una hora de haberme acostado, pero apenas unos quince minutos de cerrar los ojos y dormir. En esos días casi no dormía y ya ostentaba en los ojos dos grandes ojeras profundas que ensombrecían mi rostro y mis gestos. Permanecía envuelto en una intensa vigilia ya agotada a la que, no obstante, me había acostumbrado incómodamente. Sabía que, de un momento a otro, Noriega mandaría tropas a la casa. La cosa, por su puesto, era saber cuándo.

Como militar sabía que no sería a plena luz del día. Aquella espera diaria era, pues, especialmente nocturna, insegura, apabullante. Los ojos, bien abiertos entonces, me permitieron de pronto cierto dominio frente al miedo o a ese sentimiento que, dentro de la casa, invadía a todos mis familiares. La residencia había sido desde temprano y durante esos días el enjambre de periodistas y camarógrafos de todo el mundo que sabían habría un desenlace dramático. Había aprendido de alguna manera a comprender lo que la noche era para un hombre como yo, puesto de repente entre la vida y la muerte, por una causa. Causa incomprendida por todos, aliados y rivales. Causa amarga, temeraria. Hasta la agrupación política que forjé, junto con Omar Torrijos luego del golpe de 1968, me odiaba. Considerado un traidor por denunciar a quien sí era realmente un felón de aquellos ideales torrijistas ya exaltados por el pueblo.

Por otro lado, mis compañeros de armas eran mis acosadores y verdugos. Muestra de ello, la vergonzosa irrupción que viví aquella mañana cuando pisotearon cobardemente mi hogar. Y es que la mayoría de mis copartidarios y ex compañeros de uniforme creían que toda mi rebelión temeraria se debía sólo a que no me habían dado la Comandancia. Pero dentro de mí, un Quijote salió valeroso y decidido a no ser cómplice de un general de pacotilla que se había hecho socio de carteles colombianos y políticos corruptos. Los adeptos al dictador se dividían en dos grupos: los que realmente ignoraban los desvíos criminales de Noriega y, gran parte los que, conociéndolos, se afincaban en los miedos comunes de los seres que someten sus almas a los dictados de sus Sanchos Panzas, dicho en criollo panameñísimo “los que solo defienden sus portaviandas”.

Precisamente quisieron endilgarme que mi lucha frontal contra el torvo comandante se basaba únicamente en mi pretensión supuesta de reemplazarlo como jefe militar. ¡Como si un cargo que ya era parte activa de los carteles colombianos de la droga valiera siquiera una mínima lágrima del ojo de mi hijo más pequeño, de solo cinco años! Pero comprendí que los hombres juzgaban a los demás según sus conciencias. ¡Qué difícil, qué imposible casi es para cualquier hombre arriesgar su vida temerariamente por una causa! ¡Más difícil todavía pensar que alguien sí lo haga…!
(Del libro en edición “Estrellas clandestinas”).

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Publicado el 8 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panama

Las leyes ‘blandas’ ante la muerte civil de los viejos

Las leyes ‘blandas’ ante la muerte civil de los viejos

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EDILIA CAMARGO – Secretariado Red Continental Personas Mayores América Latina y el Caribe

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El gobierno de doña Cristina Fernández de Kirchner acaba de convocar en Buenos Aires, 21 y 22 de mayo pasados, la II Reunión de Seguimiento de la Declaración de Brasilia adoptada por los gobiernos de la región para evaluar las estrategias y acciones llevadas a cabo en seguimiento al Plan de Acción Mundial sobre el envejecimiento de la población. Específicamente se concentró la reunión en torno a los artículos 25 y 26 de dicha Declaración política. Groso modo se trata de designar un o una Relator (a) especial para impulsar una Convención de protección de derechos de los adultos mayores.
El gobierno de don Martín Torrijos no estimó necesario enviar ningún representante a la reunión previa, llevada a cabo en Río de Janeiro en septiembre pasado ni a Buenos Aires, esta vez. Es más, decidió integrar la Dirección Nacional de Programas del Adulto Mayor en el Mides dentro de un paraguas que cubre una gama amplia de otras cuestiones relacionadas con el tema. Nuevamente y, para variar, se confunde groseramente el sentido que tienen instituciones y programas (comprometidos a nivel internacional) con la fragilidad o incompetencia de las personas al frente de dichos programas. Y.. ¡pasemos!

El propio canciller Jorge Taiana, anfitrión de la reunión abrió la amplia gama de cuestiones que fueron tratadas: principios y contenidos de una posible Convención, temas prioritarios, mecanismos de seguimiento, etc.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y su centro de demografía, CELADE, apoyaron ampliamente con los documentos de base, aparte los especialistas de derechos humanos, tanto a nivel de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como a nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas.

Se vio claramente que de apoyarse en la sola demografía (serán tantos mayores de 60 en el año X) o en la vía puramente jurídica, sencillamente no estaremos aportando ningún argumento novedoso que justifique avanzar hacia una Convención Internacional sobre el tema. Hay que buscar evidencias, recabar más información sobre el tema.
Los hechos demuestran en forma abrumadora que aún cuando se otorguen pensiones no contributivas o aguinalditos a los mayores de 70 no pensionados, la realidad muestra la muerte civil de esta inmensa masa de viejos, porque no tienen los medios de seguir siendo competitivos en un mundo globalizado y de libre mercados.

Es no a seguir trabajando más allá de la edad estatutaria de la jubilación, no al acceso al crédito y me cansé.. de los no.. Se intentaría tejer la Convención, vía el derecho blando ( soft law ) y talvez en una primera fase, hacer de ella un instrumentito más del sistema Interamericano, “para ganar tiempo”.

Personalmente estoy en desacuerdo con tal enfoque por considerarlo desvirtuar lo acordado en Brasilia y no creo que sea tácticamente favorable nombrar un Relator (a) especial previo al consenso que debe lograrse en lo tocante a las cuestiones de fondo que plantea esta Convención, que no son sólo de derecho y jurisprudencia.
Hay en la vejez y el envejecimiento cuestiones éticas que la sola regla jurídica está lejos de poder enfocar, a través de una “protección” mal entendida y pésimamente aplicada.

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Publicado el 8 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá

Memorias de la dictadura

Memorias de la dictadura

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PEDRO SITTON URETA-  Abogado

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Héctor Gallego decía desde el púlpito a sus feligreses campesinos que “Si desaparezco no me busquen, sigan luchando”; hoy, sin embargo, debemos recordarlo como una referencia necesaria de la forma como la “dictadura de los generales” —Torrijos, Flores, Paredes y Noriega— en conjunto con su séquito de subalternos militares y lacayos civiles reprimieron las luchas ciudadanas de una población que solo reclamaba justicia, libertad y democracia.

Nuestras voces no pueden callar y no podemos olvidar los crímenes de la dictadura militar que nos gobernó desde octubre de 1968 a diciembre de 1989, cuando imperó en el país un régimen de terror en donde la censura, la violación de los derechos humanos, la desaparición, muerte y exilio de opositores era el pan diario del accionar gubernamental de una pandilla de golpistas, solo interesada en mantener sus privilegios saqueando las arcas estatales. Las nuevas generaciones tienen el derecho a conocer la verdad de los abusos cometidos por esa casta militar privilegiada, pero, sobre todo, debemos mantener viva la memoria histórica de la lucha contra la dictadura y la de sus héroes que pagaron con sus vidas el mantener sus ideales y principios para construir una patria más democrática, plural, justa y libre.

Debemos rendirle un tributo permanente a los “mártires de la dictadura” aquellos como Heliodoro Portugal, Floyd Britton, Rita Wald, Dorita Moreno, y el centenar más de panameños muertos y desaparecidos, y empezar a llamar con sus nombres a calles, avenidas, parques, hospitales y escuelas para empezar como Nación a reparar las heridas que la dictadura sangrienta nos legó. De igual forma, le corresponde al PRD, el brazo político de la dictadura militar, empezar a pedir perdón como corresponde a la sociedad panameña y revisar su historia de colaboración en la violación de los derechos humanos en esa etapa oscura de nuestra vida republicana y eliminar de su emblema partidario el símbolo del dolor, torturas, muertes y desapariciones en que vivimos por 21 años.
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Publicado el 8 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá.