¿Citas por teléfono?

¿Citas por teléfono?
Alfredo Spiegel Calviño

El presidente electo Ricardo Martinelli ha emplazado al futuro director de la CSS para que, en un mes, solucione la obtención de manera fácil y rápida los cupos para la atención médica de los asegurados, de lo contrario le pedirá la renuncia. Sentenciando a priori, el reto del director es grande y corto el tiempo, porque eso implica una reestructuración total en la administración de los servicios de la institución.

Aunque la atención médica–odontológica no es perfecta, el reclamo es mínimo por parte de los usuarios acerca de la forma en que el profesional de la salud los atiende; por lo tanto, en la mayoría de los casos los problemas de atención se relacionan con los cupos para las citas, y la falta de medicamentos e insumos. Es un problema totalmente administrativo.

Hay que considerar que la obtención de cupos no es solo para los cotizantes, sino para los beneficiarios, que además del cónyuge, hoy se extiende la cobertura a los hijos hasta los 25 años; y los padres del asegurado que dependieran de él; lo que genera una atención en citas y consultas a casi el doble de los asegurados que pagan las cuotas a la Caja.

El problema del horario de los médicos, es una de las quejas que con frecuencia se escucha, pero hay que ver la otra cara de la moneda que no se puede negar u ocultar y es lo relativo al salario. Un legislador, un juez, cualquier asesor o consultor ministerial ganan entre 3 mil y 7 mil balboas o más; el esfuerzo y responsabilidad profesional al que se ve sometido el servidor de la salud además del deber de mantenerse actualizado requiere de una erogación personal (intelectual, física y económica) más alta que la de cualquiera otra profesión. Un profesional de la medicina, empleado de la Caja o del Ministerio de Salud actualmente se ve obligado a laborar en clínicas y hospitales privados, para poder nivelar su presupuesto familiar y social,

¿Cómo hacer para que algunos médicos y odontólogos permanezcan diariamente laborando el tiempo para el que fueron contratados? Pagándole lo que vale su servicio y dedicación, basado en el rendimiento y pruebas de actualización profesional.

Con esta premisa, me atrevo a sugerir la figura del “Profesional de la Salud Institucional”, que implica que este funcionario laboraría las horas contratadas exclusivamente para la CSS, con un salario inicial adecuado, hasta un tope; que le permita vivir holgadamente de acuerdo al estatus de la profesión sin la necesidad de laborar en otras instituciones privadas o públicas (a excepción de la docencia universitaria) ni de “trampearle” el horario a la institución para “redondear” su presupuesto. Pudiera pensarse también en contrataciones a medio tiempo –sobre todo de especialistas–, y a éstos, fuera del horario contratado, permitirles la práctica privada.

En cuanto a la agilización para la obtención de cupos, el problema es el modelo de atención, basado en la consulta espontánea para una atención casi exclusivamente curativa; solicitar los cupos personalmente o por vía telefónica siempre será tumultuoso, mientras no se cambie la mentalidad del usuario para solicitar, o de la institución brindar, una atención más preventiva que curativa. Somos conscientes de que el asunto es muy complejo y requiere meterle mucha“cabeza”. Lo expuesto es simplemente una opinión.

Publicado el 310de mayo de 2009 en el diario La Prensa.

El rol de la víctima del delito

El rol de la víctima del delito
Hipólito Gill Suazo

La legislación penal tradicional no se ocupó –como sabemos– de la “víctima” del delito. El monopolio de la voluntad represiva quedó reservada al Estado y, en ese sentido, éste asumió el papel de definir lo delictivo y sus sanciones y determinar las reglas y los individuos que deben intervenir en el proceso.

Hay quienes consideran que incluso el Estado se apropió del conflicto y se erigió supuestamente en “representante” de los intereses del infractor y de la “comunidad”. En este escenario, como es obvio, la víctima del delito llevó la peor parte, pues, se consideró que su intervención no era necesaria, ya que en su lugar estaría el Ministerio Público que no solo defendería los intereses de las víctimas, sino también los intereses de toda la colectividad.

La ley penal ni siquiera le reconoció el título de víctima, pues se le consideró únicamente como “sujeto pasivo” del delito, denominación marginal y teórica que se utiliza como punto de referencia para indicar que era el titular o supuesto depositario de los bienes o valores protegidos.

Es más, para algunos penalistas, el sujeto pasivo no es un elemento esencial del hecho punible, ya que algunas acciones delictivas se configuran sin la presencia de este sujeto pasivo y, en algunos supuestos, la confusión entre sujeto activo y sujeto pasivo hace que esta distinción no tenga ninguna trascendencia, como sucede en los delitos de consumo de estupefacientes.

Por lo demás, su intervención no cumple ningún papel en la construcción “técnica” del delito, porque la valoración jurídica y personal en que consiste la acción delictiva, sólo se refiere al agente que ha cometido el ilícito, es decir, que la existencia del hecho punible no depende de la presencia o no del sujeto pasivo; en todo caso, como se observa, se trata de toda una construcción dogmática o teórica que tiene como finalidad desacreditar el valor de la víctima en el delito y su participación activa en el proceso penal.

Los antiguos códigos penales –como el panameño de 1982– pretendieron dar participación a la víctima del delito, al contemplar como causa de extinción de la acción penal, el llamado perdón del ofendido, el cual era una especie de excusa particular o privada que la ley reconocía a las víctimas en casos de delitos de instancia de parte, o sea, cuando se trataba de delitos de escasa importancia y que únicamente comprometían los intereses particulares de la víctima.

Pero, esta era una regulación mínima y teórica prevista únicamente en el Código Penal, por cuanto que el Código Judicial no solo no reguló el procedimiento de este supuesto perdón, sino que contempló otra figura –el desistimiento de la pretensión punitiva– que preveía para un mayor número de supuestos –aun cuando regulado de manera imperfecta– la intervención de la víctima dentro del proceso penal, pese a que estaba condicionado al cumplimiento de determinados requerimientos (acuerdo formal, delincuencia primaria, indemnización o reparación del daño).

Las leyes procesales penales tampoco han estado interesadas en reconocer el papel que en el proceso penal le corresponde a la víctima, pues su interés se ha centrado en el infractor, el defensor, el Ministerio Público y en las actuaciones del tribunal. Los códigos procesales del pasado –así como los que nos han regido hasta ahora– sólo se han referido a la víctima para determinar la naturaleza de la agresión que ha sufrido como consecuencia del delito y a fin de reconocimiento o prueba. Las pocas ocasiones en que se le ha tomado en cuenta, ha sido para someterla a incomodidades y “utilizada” como instrumento de prueba, cuando no existen medios “contundentes” de la existencia del delito, como sucede en algunos delitos contra el pudor en los cuales se privilegia la declaración del ofendido, aun cuando sólo sea para dictar el auto de llamamiento a juicio.

El legislador nacional, por influjo de las doctrinas y legislaciones extranjeras, ha adoptado medidas para reconocer mayor participación a las víctimas en el proceso penal. En su momento se adoptó la ley 31 de 28 de mayo de 1998, que se refiere a la Protección a las Víctimas del Delito. Esta legislación especial pretendía lograr representación legal de la víctima en el proceso, asistencia, protección, seguridad y auxilio médico y administrativo, lo que al parecer ha encontrado algunos escollos.

El nuevo Código Procesal Penal ha regulado de manera más coherente y ordenada la intervención de este sujeto del proceso, pues distingue claramente los derechos de la víctima del delito y su intervención jurídica, al convertirse en querellante coadyuvante en la investigación de los hechos y al reconocerle facultades procesales consistentes en la promoción de medios de pruebas, cuantificación de los daños y perjuicios causados. Lo cierto es que hasta que entren a regir estas reformas, su intervención sigue siendo marginal, desconocida e incluso incomprensible para las “propias” víctimas, quienes desconocen cuáles son esos derechos y los mecanismos procesales dispuestos por la ley.

Es necesario aclarar que la intervención de la víctima no pretende producir un desequilibrio en el desarrollo del proceso penal, en el sentido de dar a la parte ofendida una mayor preponderancia ni tampoco deslegitimar el papel que le corresponde a los otros sujetos del proceso, pues ello desdice la naturaleza de la función encomendada al Estado en materia penal. Lo único que ha puesto en evidencia en relación con el espacio reclamado por la víctima es la expansión que sobre diversos temas ha sufrido en los últimos años la ley penal y, sobre todo, porque en esta materia relativa a la víctima ha habido una tendencia maniquea que ha complicado el debate.

Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

El primer cambio debe ser del ciudadano

El primer cambiodebe ser del ciudadano
Lorenzo A. Rodríguez V

El título de este escrito revela directamente cuál es la intención de su contenido.  Su motivación es un hecho acaecido una de estas mañanas que presencié mientras me dirigía en el automóvil por la avenida Balboa –al igual que otros miles de automovilistas– hacia mi lugar de trabajo.

En el preciso instante que hacíamos un alto obligatorio, debido a un semáforo, fui testigo de uno de los hechos más alarmantes que se puedan presenciar en la vida cotidiana de una ciudad. Un individuo que conducía un taxi bajó de su automóvil y retiró los conos que las autoridades del Tránsito habían colocado en un intento, cuasi heroico, de querer dar un poco de alivio al congestionamiento vial.

Pareciese una simple infracción, pero lo que está detrás de este hecho no solo es una conducta de insubordinación ciudadana o un mero impulso de anarquía, no, lo que está detrás de esto es la misma conducta antisocial que predica el “juega vivo”; es la misma conducta que no permite que nuestra hermosa patria dé el salto al desarrollo económico, a pesar de que –como dicen connotados economistas– tenemos las condiciones geográficas, demográficas, políticas y económicas para hacerlo.

Compatriotas, por más buena intención que tenga el señor presidente electo, sin el concurso de todos los panameños será imposible que se logren avances significativos hacia el desarrollo de nuestro país.

El primer cambio que debemos dar es un cambio intelectual, moral, ético y cultural, para que entonces se produzca un cambio material.

Recordemos que “la patria somos todos” y sin el concurso de la totalidad de sus hijos, muy poco vale el esfuerzo que un grupo de bien intencionados conciudadanos quiera efectuar.

Culmino estás líneas diciendo: el primer cambio es interior, una vez alcanzado, podremos cambiar el universo.
Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

El demonio de la basura

El demonio de la basura
Isaac Misael Rodríguez

“¡La basura!”, grita un regordete y grasoso trabajador que corre delante de un mugroso camión de color rojiamarillo, con más ruido y humo que los pozos petrolíferos de Kuwait.

Gira en la calle 35, debajo del palo de manguito, lugar en que se ofrece lustre a los calzados de profesionales y encopetadas figuras públicas; donde por más de 20 años reposaron las oficinas del Ministerio de Salud. Los trabajadores del aseo se encuentran con dos grandes depósitos de bazofias apiladas cual montaña rusa. El olor en el lugar es nauseabundo, en su máxima expresión. Repugna, pese a ser el corazón de varios estamentos públicos, como la Dirección de Ingresos, la Dirección de Pasaportes, la Alcaldía Metropolitana, la Gobernación y muy cerca las Procuradurías y el célebre Tribunal Electoral. La indiferencia de los inquilinos despunta.

Pareciera que a los burócratas de tantas oficinas públicas de conocida relevancia, no les afecta el olor de lo pútrido, o la fragancia de la sustancia ya se ha desintegrado y convertido en parte del atractivo de los lugareños, que miran sin ver y respiran sin oler. Muy cerca, los gloriosos e inolvidables quioscos cuara y cuara, que a muchos que estamos en mejores condiciones económicas hoy nos mitigaron el hambre en el pasado. Ya no son dos, sino, como 20, pero con calidad y costos diferentes a los que conocimos.

Las nubes de moscas, propias de la temporada, llueven en el lugar como si fuese un aguacero de granizo oscuro, hasta posarse una sobre el patacón de un descuidado parroquiano que hablaba hasta por los codos, pareciendo una delicada porción de caviar.

El piso de la calle, de color cemento grisáceo, se ha convertido en un batido de colores oscuros que ni Dalí ni Goya podrían describir su tonalidad. Los descuidados “compas” se lanzan del vehículo todavía en marcha, cual expertos paracaidistas militares, con las manos peladas y vistiendo como uniformes suéteres de candidatos a diputados que han visto frustrados sus propósitos, observando con asombro y sin saber por dónde iniciar. Entre el oscuro y claro de la tarde, que amenaza con llover, introducen las manos callosas cual si fueran palas mecánicas y levantan cuanto producto encuentran.

El calor hace sentir la ropa pegajosa, pero, el fogoso deseo de concluir la labor en el menor tiempo posible los hace afanar rápido.

Metro a metro van concluyendo, sin darle importancia a media pulgada de cochambre pasajera, que se ha posado en las ranuras de la suela de sus calzados y los mismos empiezan a sentir un peso doble de lo normal, patinando cual hábiles acróbatas del Holiday on Ice, mientras una fina y menuda dama, bien acicalada, que se ve obligada a pasar cerca del predio, se aprieta con fuerza la nariz para que no pase ni un pequeño gramo del aire fronterizo. Vultúridos que reposan el festín reciente en un robusto árbol de caoba, mismo que contó con postre, resienten el retiro de una apetecida vianda de su restaurante de comida rápida.

A pocos pasos en el hospital Santo Tomás, carteles educan a los ciudadanos de la importancia de lavarse las manos con frecuencia, pero no hablan del resto del cuerpo, ya que varias epidemias se han desatado en el ambiente. Al cruzar la calle, la extensión de una universidad privada prepara a nuevos panameños interesados en convertirse en connotados galenos, y estos, juran que van a seguir los postulados de Hipócrates a sol y sombra hasta convertirse en sus mejores fedayines.

El señor procurador de la Administración revisa la nueva ley de Salud, emitiendo su excelso criterio, en que la misma reúne el mejor escenario constitucional para garantizar un fuero preventivo y curativo, para que nuestra Nación despunte entre los Estados modernos que brindan mayor cobertura a sus ciudadanos.

El camión acelera y se enrumba hacia la avenida Perú, los obreros cual monos de jaula, cuelgan y se balancean por todos los costados de su estructura, dejando sus vestimentas atestadas de hollín y en las fosas nasales de los mismos se denota una acumulación de partículas de toda naturaleza.

Una nueva forma simétrica se dibuja en la calle con la infusión que cae, pero la misma es borrada enseguida con el chisporrotear de las llantas de un fogoso diablo rojo, que al entrar apresurado pringa de una pasta malteada a su más cercano transeúnte.

Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

Otra tarea pendiente para Anam

Otra tarea pendiente para Anam
Leslie Enrique Marín – Abogado ambientalista – Escritor…

¿Has meditado sobre el ruido que todos los mares reciben procedente del aumento de naves, el incremento de exploraciones en busca de gas o petróleo y de las nuevas generaciones de sonares militares? Si todavía no lo has hecho, aprovecharé que el pasado 12 de febrero, durante el sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas resolvió designar, mediante el artículo 171 de la Resolución A/RES/63/111, el 8 de junio de cada año como “Día Mundial de los Océanos”.

Es, pues, en el marco de dicha celebración que se aproxima, que abordaré brevemente un tema que, pese a tener “en jaque” a miles de investigadores desde hace varios años, aún no se ha dimensionado popularmente en nuestros países: el ruido interoceánico de origen antropogénico. Y no, no se trata de una “locura más” del ecologismo.

Cerremos los ojos, por tan solo un momento, e imaginemos que dependemos de la audición para movilizarnos, encontrar alimento, localizar una pareja, evadir predadores o hasta para comunicarnos con nuestras crías. ¿Qué ocurriría entonces si un factor ajeno a nuestro entorno nos interrumpe esa básica e indispensable comunicación?

Lo que ocurrirá es lo que ha venido pasando en los últimos años: un incremento en la desorientación y pérdida de rutas migratorias de, por ejemplo, delfines y ballenas tras la pérdida temporal o permanente del oído. ¿O acaso pensabas que era una coincidencia que los medios de comunicación reporten varamientos cada vez más seguido y en mayor número de individuos; o que, como nota curiosa, informen el hallazgo de ejemplares en lugares fuera de ruta o colisionados?

No en vano, desde julio de 2005, Naciones Unidas considera al ruido interoceánico como una de las cinco mayores amenazas para los cetáceos; y, de hecho, como uno de los 10 problemas que más impactan negativamente la vida marina, no solamente por alterar la reproducción de las especies, sino también por ocasionarles la muerte por hemorragia cerebral, meníngea y/o de otros órganos. De hecho, un año antes, la UICN ya había adoptado una resolución reconociendo al ruido como una forma de contaminación, y llamó a los Estados a adoptar, con base en el Principio Precautorio nacido en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, medidas para evaluar los impactos del ruido en hábitats de especies vulnerables y en áreas de concentración de mamíferos marinos.

Que no se me malinterprete, pues no se trata de abandonar al mar cual si nos causara alergia, o renunciar a los beneficios que éste nos ofrece. Lo que se requiere es que nuestras autoridades comiencen a adoptar, como en otras latitudes, nuevos mecanismos que refuercen la delicada función de las Áreas Marinas Protegidas y los Corredores Marinos, de sus hábitats críticos o esenciales, y de las especies sensibles que por allí transitan. Solo así cumpliremos con los compromisos internacionalmente adoptados por nuestro país mediante los innumerables convenios de que somos signatarios.

Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

Eliminación de la tasa de valorización

Eliminación de la tasa de valorización

Alberto E. Fadul N. – Abogado,  Escritor…

El concepto de tasa de valorización, en nuestro país, de corte democrático y de orden capitalista, representa un elemento socialista injusto y discriminatorio.

Panamá necesita de un plan moderno de ordenamiento urbanístico y desarrollo vial, que contemple mejoras en una ciudad donde se hace imposible transitar. La ampliación de algunas vías está limitada por el abuso de comerciantes, quienes no respetan las distancias determinadas en cuanto al eje central de una vía y la ubicación de locales. Esos espacios, requeridos para ampliaciones de éstas, está tomado por aéreas de estacionamientos o de ubicaciones físicas de negocios, ilegalmente, permitido por el característico abuso del clientelismo político. Ejemplo, la necesidad de ampliaciones en Marbella, Punta Paitilla, calle 50 el Cangrejo, etc.

El gobierno debe enfrentar esa realidad con responsabilidad, muy a pesar de que tales acciones, por un lado, afectarían a establecimientos comerciales; y, por otro, bien podría beneficiarles.

Es muy posible que, en algunos casos de ampliaciones de vías, se desee aplicar las tasas de valorización, lo cual, a mi juicio, sería incorrecto. Naturalmente, se podría derogar la ley respectiva, lo cual no evitaría su restablecimiento. El no aplicar tasas de valorización en el desarrollo de la Cinta Costera fue una acción correcta, a pesar de la modificación de la Ley 94 de octubre del 73, mediante la Ley 11 de abril del 2006, dándole poderes extraordinarios al Ministerio Público, por encima de los otorgados al Ministerio de la Vivienda y su Comisión de Valorización.

No es conveniente descansar en los criterios de un presidente de turno para la aplicación o no de tasas de valorización. Su eliminación es necesaria. Una modificación constitucional sería conveniente. Dice el Artículo 52 de la Constitución: Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes.

Su modificación es recomendable, agregándole, dada su potencial condición discriminante: “no se aplicarán tazas de valorización por mejoras de utilidad pública, sean esta del carácter que sean”. Si una mejora de interés social es ejecutada por el gobierno y ésta termina beneficiando a personas naturales o jurídicas, en el área de su desarrollo, bienvenida sea. Es necesario el buen uso de las recaudaciones fiscales, no su despilfarro evidente, como históricamente viene ocurriendo con sus beneficios personales injustificados.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario El Panamá América

Sistema acusatorio, mentiras y verdades

Sistema acusatorio, mentiras y verdades

Silvio Guerra Morales – Abogado, Catedrático Universitario, Escritor

La implementación y adopción de nuevos estatutos e instituciones dentro de nuestro Sistema de Administración de Justicia -Nuevos Códigos Penal y Procesal Penal-, tienen como propósitos fundamentales adecuar la legalidad procesal y sustantiva del Estado a los derechos, libertades y garantías constitucionales y convencionales adoptados por el Estado de Derecho panameño. Por ello es necesario considerar los elementos o instrumentos que son realmente viables, operativos, eficaces, y más aún, cónsonos con la realidad social del país.

Sin embargo, y refiriéndonos de modo particular a la puesta en práctica del sistema de corte acusatorio, con el cual se resguardan los derechos y garantías fundamentales de todo ciudadano, debo advertir que éste, por sí solo, no tiene el poder de resolver el cúmulo de conflictos sociales por los que atraviesa nuestro país. Los mismos son consecuencia de años de terrible abstracción de unos pocos para el olvido de muchos: muchos que han sido víctimas del propio sistema en diversas circunstancias y facetas. Es por ello que quienes -o quien- pretendan creer que el sistema acusatorio per se habrá de resolver la problemática delincuencial -narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, etc.-, es realmente ingenuo o se trata de un individuo que mucho cree.

Se requiere de muchos otros elementos, como cambios en la misma cultura jurídica, la idiosincrasia de los jueces y fiscales, también de los propios abogados litigantes, de todos los operadores del sistema de justicia, de un gran esfuerzo de planificación, así como de ejecución, a efectos de advertir eventuales soluciones a tales conflictos sociales que demandan justicia rápida, pronta e ininterrumpida, tal como lo pregonan los textos constitucionales. Para esto son imprescindibles los recursos dinerarios que permitan hacer realidad lo que bien se ha pretendido mediante la instauración del nuevo sistema de corte acusatorio y quizás más importante es el cambio de mentalidad para la consecución real de los fines trazados a través de éste.

Por eso, tal y como lo dejamos plasmado el pasado 27 de mayo, a raíz del Tercer Congreso Internacional sobre Prevención y Represión de los Delitos de Blanqueos de Capitales Relacionado con el Narcotráfico y Delitos Conexos, también se requiere el esfuerzo y la colaboración internacionales, entre ellos, la asistencia de países vecinos y circunvecinos para combatir flagelos que, como el narcolavado, las maras, las pandillas, etc., van socavando los pilares de la identidad y estabilidad del Estado, y con ello, lo peor: a las misma población panameña que cada día presenta mayores características de descomposición social.

El cambio es trascendental, máxime si consideramos que no estamos aún preparados para enfrentar los desafíos que presentan las nuevas modalidades del crimen organizado y que soliviantan la estructura financiera, económica y bancaria del Estado panameño, pudiendo dar al traste con nuestra juridicidad. Bienvenida toda iniciativa de reforma en estos pormenores, pero cuidado con desmantelar nuestro Derecho Comercial y Económico.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario El Panama América

Neurosis política

Neurosis política

Miguel Antonio Bernal – Activista de Derechos Humanos – Catedrático Universitario, Doctor en Derecho, Escritor…

El encuadramiento de los fenómenos políticos es, en toda sociedad, una tarea cotidiana ciudadana impostergable. Allí dónde no se produce dicho ordenamiento la inseguridad de las libertades es permanente.

Montesquieu, muy sabiamente, nos enseñó hace ya varios siglos que: “…El hombre no puede ser libre, no es libre, sino vive como un hombre, y no puede vivir como un hombre sino se le asegura un mínimo de existencia y no puede tener un mínimo de existencia sino se ordena la economía sobre otras bases que aumenten la posibilidad de disfrute de millones y millones de hombres, y no puede ordenarse la economía, sin un Estado fuerte y organizado, y no puede haber un Estado fuerte y organizado sino al servicio exclusivo de una gran unidad de destino que es la Patria”.

No faltan a diario algunos adversarios de las libertades y de las garantías que ellas conllevan, que pretendan hacernos creer que el papel de las leyes o del Estado es el de castigar a los ciudadanos y no el de limitar el poder y a quienes lo ejercen. Ello denota una pronunciada y abierta aversión al constitucionalismo como técnica de libertad, al constitucionalismo como instrumento para la racionalización permanente del ejercicio del poder político, lo cual está afectando cada día más el comportamiento individual y colectivo de un número creciente de integrantes de la sociedad panameña.

Con atinado criterio, Pablo Lucas Verdú, respetado jurista y constitucionalista español, nos alerta que: “Una conciencia constitucional insuficiente produce, poco a poco, malestar social gradualmente al ciudadano del Estado e incrementa la neurosis política”. La neurosis, precisa la Real Academia de la Lengua, es el “conjunto de enfermedades cuyos síntomas indican un trastorno del sistema nervioso, sin que el examen anatómico descubra lesiones en dicho sistema”. Y ello es, precisamente lo que nos está ocurriendo en Panamá y que, a través de diversas expresiones y manifestaciones del malestar social, podemos palpar a diario en el comportamiento de la población.

Hoy por hoy, Panamá vive una acelerada carrera hacia la desintegración como sociedad. Cada vez menos el ciudadano es considerado como sujeto portador de derechos, las reglas para las relaciones políticas son trastocadas y deformadas por los Órganos del Estado, el sentimiento jurídico y el sentimiento constitucional han sido desplazados para favorecer la autocracia y el autoritarismo. Se ha olvidado que, como nos lo recuerda el escritor Carlos Fuentes: “El ejercicio de la democracia es una afirmación de la soberanía de una nación: se requiere de un marco democrático que le devuelva a la noción mermada de soberanía su sentido político prístino: no hay nación soberana en el concierto internacional si no es soberana en el orden nacional, es decir, si no respeta los derechos políticos y culturales de la población concebida no como simple número sino como compleja calidad, no como cantidad de habitantes sino como calidad de ciudadanos”.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario El Panamá América

Tortuoso programa de jubilaciones

Tortuoso programa de jubilaciones

José de la Guardia Herrera – Economista,  Escritor

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) registró superávit operativo de B/ 71.7 millones en 2008, apoyado por aporte del Gobierno Nacional de B/ 107.7 millones y la venta de activos por B/ 22.2 millones, aunque el subsistema exclusivamente de beneficios definidos registró déficit operativo de B/ 34.0 millones. Los pronósticos para este subsistema son desfavorables, aún sin haber considerado la disminución del crecimiento económico que se registrará a partir de 2009, lo cual le afectará.

El subsistema perderá parte de sus reservas entre 2013-2017, a pesar de contar con fideicomiso constituido por el Gobierno en el Banco Nacional de Panamá para cubrir los déficit operativos que registre. Los aportes a través del Fideicomiso proveerán anualmente entre 2007-2009, B/ 75.00 millones; entre 2010-2012, B/ 100.00 millones; y entre 2013-2060, B/ 140.00 millones.

IVM había registrado déficits operativos durante 2002-2007 debido, principalmente, al aumento significativo de las pensiones pagadas y a la caída de los ingresos financieros durante 2002-2004, afectados por la caída global de las tasas de interés. El subsistema está estructuralmente afectado por la transición demográfica y coyunturalmente por cambios en los montos de las jubilaciones máximas pagadas, las jubilaciones anticipadas y la eliminación del requisito de tener que renunciar para acogerse a una jubilación, esto último ha aumentado el número de peticiones de nuevas jubilaciones impresionantemente.

Es imprescindible realizar nuevos cálculos, con supuestos realistas, sobre la situación financiera de IVM y aplicar diversas medidas oportunamente para evitar el desequilibrio financiero del mismo.

Respaldamos la creación de la pensión no contributiva de B/ 100.00 mensual, pagada por el Estado, que es el paso más importante del Seguro Social desde su creación. Esta se justifica por la existencia de casi 40% de pobreza, cuya principal causa es la falta de empleo, lo cual resulta en una proporción de población que no podrá jubilarse. Desde ya se deben registrar los beneficiarios, elaborar una línea base para darle seguimiento, ofrecerles atención en salud en el Ministerio de Salud y bolsas de alimentos gratuitas, hasta que inicie al pago de dichas jubilaciones. Manos a la obra.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario El Panama America

¿Cambio de qué? (I)

¿Cambio de qué? (I)

Abdiel Cano G. – EX PRESIDENTE DE LA SPIA – Escritor..

A lo largo de mi vida, me he considerado, y así lo demuestran mis actuaciones, un libre pensador sin ataduras de índole política, religiosa o ideológica. Esto me ha permitido mantener mi independencia de criterio y expresarme sin tapujos de ninguna clase.

Durante el recién terminado torneo electoral que culminó con la elección de Ricardo Martinelli, como nuevo Presidente de Panamá, éste nos prometió un cambio total e integral en el país. Sin embargo, los acontecimientos posteriores al 3 de mayo, nos están demostrando un sesgo contrario a sus postulados de campaña, ya que en la designación de su equipo de trabajo se observa nepotismo, favoritismos, repartición del pastel gubernamental entre sus aliados y deseos de imponer funcionarios, contraviniendo las leyes vigentes y su espíritu, utilizando falsas premisas y subterfugios típicos de nuestro recién pasado político, como son los claros ejemplos del IPAT y ANAM.

Por otra parte, se ha designado un nuevo regente de la política económica panameña, que tiene mucho que explicarnos en materia fiscal y, en particular, la manera cuestionada en la cual fue aprobada una ley que favorecía sus intereses financieros, mientras el resto de los panameños sufríamos los embates de una reforma tributaria injusta, inequitativa, con un claro sesgo en contra de la clase media; y, de manera particular, hacia el sector de los servicios profesionales. Además, este señor propugna por una dudosa política de baja tasa impositiva sin que existan las condiciones para tal medida, anteponiendo los intereses comerciales de corto plazo en detrimento a las necesidades de las personas.

Con incredulidad y asombro, nos informan de la designación ministerial de una persona que se caracteriza por la traición, el oportunismo, la diatriba y la mediocridad de su actual gestión gubernamental, con lo que no sólo nos abofetea moralmente, sino, que le envía un mensaje negativo a la juventud: que los antivalores tienen su recompensa en este país.

Nuevos Ministros de Estado, uno de ellos con claro conflicto de intereses, a pesar de que nos diga que ha traspasado o subrogado un contrato con el ente gubernamental en donde ha sido designado y el cual tendrá que supervisar y dirimir futuras desavenencias. El otro, un médico que, de acuerdo con los comentarios de sus propios colegas, no se caracteriza por su entrega al trabajo, con un segundo de abordo influenciado por su formación religiosa; lo positivo, en esta área, es el buen equipo que están reuniendo en torno a ellos y que ojalá les permita trabajar, hacer las recomendaciones del caso y que se implementen.

Un designado con poca o nula experiencia en materia urbanística y de políticas de vivienda, cuya trayectoria profesional presagia magros resultados y cambios positivos reales. Una abogada, con experiencia y nutrido verbo, pero conflictiva y confrontativa, que deberá conducir las relaciones laborales, en especial las negociaciones con los sindicatos y centrales obreras más beligerantes, como SUNTRACS, CONATO Y FRENADESO.

Días aciagos nos esperan si no hay una pronta y seria rectificación de lo actuado a la fecha, pero dada las características muy particulares del Presidente electo, son pocas las esperanzas de un “verdadero cambio” en sus decisiones.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario El Panamá América

Cucharadas para agilizar el tráfico vehicular

Cucharadas para agilizar el tráfico vehicular
Ivonne Dunkley

Haces unos días, observaba uno de los programas de opinión que se presentan por las mañanas en la televisión y, entre los temas, se hablaba de la urgente necesidad que hay en nuestro país de lograr mejoras en la circulación vehicular; circulación que en ocasiones es casi nula, debido a los descomunales tranques que se forman durante las horas pico.

Entre los panelistas presentes en el programa se encontraba la directora designada de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el ministro designado del MOP y un independiente que presentaba una propuesta para solucionar esta problemática.

Durante la conversación, todos los participantes coincidían en que había llegado la hora de dar la cara a esta situación y, cada uno, explicaba los pasos que el nuevo gobierno tendrá que dar para lograr el tan necesario y esperado cambio. Uno de los panelistas indicó que el problema es que en Panamá las soluciones viales se dan a “cucharadas”, resolviendo la situación de una vía específica, pero no se hacen de manera integral, resolviendo la problemática de la ciudad.

En nuestro país esto es una realidad. Las soluciones, por lo general, se dan a cuentagotas, y los problemas se resuelven de manera parcial y no integral.

Ahora bien, aunque esta forma de proceder no es la más correcta ni la óptima, mientras los resultados ayuden a lograr una mejora en la calidad de vida en los ciudadanos, es mejor recibir esas “cucharadas” a quedarnos con un “plato vacío”.

Dos de esas cucharadas que el gobierno ha implementado en los últimos meses son el reordenamiento vial en el centro bancario y la colocación de agentes de tránsito en los semáforos de calle 50 en horas de la tarde. Ambas iniciativas han tenido opiniones tanto de aceptación como de rechazo, pero quienes tenemos que sufrir a diario el transitar por esas áreas, podemos decir que es mucho más cómodo recorrer un tramo de la ciudad en 15 ó 20 minutos (en días afortunados), que hacer ese recorrido en una hora.

Este último tipo de cucharada debería implementarse, igualmente, durante las mañanas en la vía España, por ejemplo, en donde cruzar los semáforos situados en las intersecciones con la vía Fernández de Córdoba y la vía Porras es toda una odisea. Y lo peor de todo es que la odisea es ocasionada por la falta de cortesía al conducir, donde los conductores prefieren obstruir las intersecciones, antes que ceder un minuto en su carrera hacia sus sitios de trabajo o, peor aún, cuando no respetan el rojo en los semáforos.

Por lo tanto, mientras el señor Ricardo Martinelli y su equipo preparan el “gran plato de fácil circulación” que todos estamos esperando, gustosos recibiremos las cucharadas de agentes que vigilen el comportamiento de los malos conductores.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

Una confusión anunciada

Una confusión anunciada
César A. Delgado O.

La calidad de la enseñanza en Panamá se encuentra, una vez más, en el ojo de la tormenta. Hace algunas semanas una aspirante panameña a un certamen internacional sufrió un revés, al dar respuesta a un comentario que ha revolucionado la inquietud de la crítica nacional e internacional. Ahora entre risas y chanzas, todos preguntan ¿quién es Confucio? y lo preocupante es que a la candidata nunca se le preguntó quién es Confucio, sino que se le pidió que comentara una máxima de este célebre filósofo chino (no chino japonés): “Leer sin meditar es una ocupación inútil”. ¿Será que los egresados de la educación media en Panamá no están capacitados para reflexionar?

En el lenguaje cotidiano, empleamos el término calidad como sinónimo de excelencia o como un atributo, pero en educación, el término es más abarcador, puesto que se incluyen todas las políticas, sistemas y procesos dirigidos a mantener esa excelencia en la provisión de los servicios educativos. Es por ello que cada institución educativa debería comprometerse con mantener esa calidad hasta elevarla a los más altos estándares. Pero la realidad es otra. Nos encontramos con centros educativos, en los cuales educar es solo un negocio. Los padres y estudiantes son solo clientes, y, por ello, estos se sienten con el derecho de exigir que al acudido se le apruebe sin haber alcanzado los objetivos básicos del nivel en el cual estudian.

En nuestro país, la educación politizada (cada vez que un gobierno asume el poder, esto basta para cambiar todo lo que el gobierno anterior hizo y deshizo), el aumento de la población estudiantil, la falta de incentivos a los educadores con vocación, y la falta de consistencia en los programas educativos, entre otras razones, han contribuido a que la calidad de la educación vaya en detrimento de los educandos. Cada día son más los jóvenes que ingresan a un aula, luego desertan de ella, o lo que es peor, culminan sus estudios, pero sin haber logrado los objetivos del nivel. Nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurre con el sistema?, ¿los educadores panameños del siglo XXI tienen vocación? Parece ser que, para algunos, es la última carrera a la que pueden optar, pues es común encontrar a educadores inmersos en este mundo solo por el bienestar económico, o porque es lo que les toca vivir. No hay una verdadera vocación para enseñar. Debemos estar dispuestos a cambiar el comportamiento didáctico, al comprender, amparar y orientar a los estudiantes.

Con el propósito de que nuestros estudiantes no se confundan y que una simple máxima de Confucio se convierta en el talón de Aquiles de una sociedad, todos los educadores comprometidos de este país debemos actualizarnos en los aspectos que involucra la expresión oral y escrita, no solo aquellos que enseñamos lengua y literatura, sino también los que enseñan artes, tecnologías, ciencias exactas, naturales y sociales. Así proporcionaremos las herramientas didácticas para que nuestros estudiantes sean capaces de pensar y enfrentarse a los retos que le impone la sociedad cuando abandonan las aulas.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario La Prensa