¿Citas por teléfono?

¿Citas por teléfono?
Alfredo Spiegel Calviño

El presidente electo Ricardo Martinelli ha emplazado al futuro director de la CSS para que, en un mes, solucione la obtención de manera fácil y rápida los cupos para la atención médica de los asegurados, de lo contrario le pedirá la renuncia. Sentenciando a priori, el reto del director es grande y corto el tiempo, porque eso implica una reestructuración total en la administración de los servicios de la institución.

Aunque la atención médica–odontológica no es perfecta, el reclamo es mínimo por parte de los usuarios acerca de la forma en que el profesional de la salud los atiende; por lo tanto, en la mayoría de los casos los problemas de atención se relacionan con los cupos para las citas, y la falta de medicamentos e insumos. Es un problema totalmente administrativo.

Hay que considerar que la obtención de cupos no es solo para los cotizantes, sino para los beneficiarios, que además del cónyuge, hoy se extiende la cobertura a los hijos hasta los 25 años; y los padres del asegurado que dependieran de él; lo que genera una atención en citas y consultas a casi el doble de los asegurados que pagan las cuotas a la Caja.

El problema del horario de los médicos, es una de las quejas que con frecuencia se escucha, pero hay que ver la otra cara de la moneda que no se puede negar u ocultar y es lo relativo al salario. Un legislador, un juez, cualquier asesor o consultor ministerial ganan entre 3 mil y 7 mil balboas o más; el esfuerzo y responsabilidad profesional al que se ve sometido el servidor de la salud además del deber de mantenerse actualizado requiere de una erogación personal (intelectual, física y económica) más alta que la de cualquiera otra profesión. Un profesional de la medicina, empleado de la Caja o del Ministerio de Salud actualmente se ve obligado a laborar en clínicas y hospitales privados, para poder nivelar su presupuesto familiar y social,

¿Cómo hacer para que algunos médicos y odontólogos permanezcan diariamente laborando el tiempo para el que fueron contratados? Pagándole lo que vale su servicio y dedicación, basado en el rendimiento y pruebas de actualización profesional.

Con esta premisa, me atrevo a sugerir la figura del “Profesional de la Salud Institucional”, que implica que este funcionario laboraría las horas contratadas exclusivamente para la CSS, con un salario inicial adecuado, hasta un tope; que le permita vivir holgadamente de acuerdo al estatus de la profesión sin la necesidad de laborar en otras instituciones privadas o públicas (a excepción de la docencia universitaria) ni de “trampearle” el horario a la institución para “redondear” su presupuesto. Pudiera pensarse también en contrataciones a medio tiempo –sobre todo de especialistas–, y a éstos, fuera del horario contratado, permitirles la práctica privada.

En cuanto a la agilización para la obtención de cupos, el problema es el modelo de atención, basado en la consulta espontánea para una atención casi exclusivamente curativa; solicitar los cupos personalmente o por vía telefónica siempre será tumultuoso, mientras no se cambie la mentalidad del usuario para solicitar, o de la institución brindar, una atención más preventiva que curativa. Somos conscientes de que el asunto es muy complejo y requiere meterle mucha“cabeza”. Lo expuesto es simplemente una opinión.

Publicado el 310de mayo de 2009 en el diario La Prensa.

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El rol de la víctima del delito

El rol de la víctima del delito
Hipólito Gill Suazo

La legislación penal tradicional no se ocupó –como sabemos– de la “víctima” del delito. El monopolio de la voluntad represiva quedó reservada al Estado y, en ese sentido, éste asumió el papel de definir lo delictivo y sus sanciones y determinar las reglas y los individuos que deben intervenir en el proceso.

Hay quienes consideran que incluso el Estado se apropió del conflicto y se erigió supuestamente en “representante” de los intereses del infractor y de la “comunidad”. En este escenario, como es obvio, la víctima del delito llevó la peor parte, pues, se consideró que su intervención no era necesaria, ya que en su lugar estaría el Ministerio Público que no solo defendería los intereses de las víctimas, sino también los intereses de toda la colectividad.

La ley penal ni siquiera le reconoció el título de víctima, pues se le consideró únicamente como “sujeto pasivo” del delito, denominación marginal y teórica que se utiliza como punto de referencia para indicar que era el titular o supuesto depositario de los bienes o valores protegidos.

Es más, para algunos penalistas, el sujeto pasivo no es un elemento esencial del hecho punible, ya que algunas acciones delictivas se configuran sin la presencia de este sujeto pasivo y, en algunos supuestos, la confusión entre sujeto activo y sujeto pasivo hace que esta distinción no tenga ninguna trascendencia, como sucede en los delitos de consumo de estupefacientes.

Por lo demás, su intervención no cumple ningún papel en la construcción “técnica” del delito, porque la valoración jurídica y personal en que consiste la acción delictiva, sólo se refiere al agente que ha cometido el ilícito, es decir, que la existencia del hecho punible no depende de la presencia o no del sujeto pasivo; en todo caso, como se observa, se trata de toda una construcción dogmática o teórica que tiene como finalidad desacreditar el valor de la víctima en el delito y su participación activa en el proceso penal.

Los antiguos códigos penales –como el panameño de 1982– pretendieron dar participación a la víctima del delito, al contemplar como causa de extinción de la acción penal, el llamado perdón del ofendido, el cual era una especie de excusa particular o privada que la ley reconocía a las víctimas en casos de delitos de instancia de parte, o sea, cuando se trataba de delitos de escasa importancia y que únicamente comprometían los intereses particulares de la víctima.

Pero, esta era una regulación mínima y teórica prevista únicamente en el Código Penal, por cuanto que el Código Judicial no solo no reguló el procedimiento de este supuesto perdón, sino que contempló otra figura –el desistimiento de la pretensión punitiva– que preveía para un mayor número de supuestos –aun cuando regulado de manera imperfecta– la intervención de la víctima dentro del proceso penal, pese a que estaba condicionado al cumplimiento de determinados requerimientos (acuerdo formal, delincuencia primaria, indemnización o reparación del daño).

Las leyes procesales penales tampoco han estado interesadas en reconocer el papel que en el proceso penal le corresponde a la víctima, pues su interés se ha centrado en el infractor, el defensor, el Ministerio Público y en las actuaciones del tribunal. Los códigos procesales del pasado –así como los que nos han regido hasta ahora– sólo se han referido a la víctima para determinar la naturaleza de la agresión que ha sufrido como consecuencia del delito y a fin de reconocimiento o prueba. Las pocas ocasiones en que se le ha tomado en cuenta, ha sido para someterla a incomodidades y “utilizada” como instrumento de prueba, cuando no existen medios “contundentes” de la existencia del delito, como sucede en algunos delitos contra el pudor en los cuales se privilegia la declaración del ofendido, aun cuando sólo sea para dictar el auto de llamamiento a juicio.

El legislador nacional, por influjo de las doctrinas y legislaciones extranjeras, ha adoptado medidas para reconocer mayor participación a las víctimas en el proceso penal. En su momento se adoptó la ley 31 de 28 de mayo de 1998, que se refiere a la Protección a las Víctimas del Delito. Esta legislación especial pretendía lograr representación legal de la víctima en el proceso, asistencia, protección, seguridad y auxilio médico y administrativo, lo que al parecer ha encontrado algunos escollos.

El nuevo Código Procesal Penal ha regulado de manera más coherente y ordenada la intervención de este sujeto del proceso, pues distingue claramente los derechos de la víctima del delito y su intervención jurídica, al convertirse en querellante coadyuvante en la investigación de los hechos y al reconocerle facultades procesales consistentes en la promoción de medios de pruebas, cuantificación de los daños y perjuicios causados. Lo cierto es que hasta que entren a regir estas reformas, su intervención sigue siendo marginal, desconocida e incluso incomprensible para las “propias” víctimas, quienes desconocen cuáles son esos derechos y los mecanismos procesales dispuestos por la ley.

Es necesario aclarar que la intervención de la víctima no pretende producir un desequilibrio en el desarrollo del proceso penal, en el sentido de dar a la parte ofendida una mayor preponderancia ni tampoco deslegitimar el papel que le corresponde a los otros sujetos del proceso, pues ello desdice la naturaleza de la función encomendada al Estado en materia penal. Lo único que ha puesto en evidencia en relación con el espacio reclamado por la víctima es la expansión que sobre diversos temas ha sufrido en los últimos años la ley penal y, sobre todo, porque en esta materia relativa a la víctima ha habido una tendencia maniquea que ha complicado el debate.

Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

El primer cambio debe ser del ciudadano

El primer cambiodebe ser del ciudadano
Lorenzo A. Rodríguez V

El título de este escrito revela directamente cuál es la intención de su contenido.  Su motivación es un hecho acaecido una de estas mañanas que presencié mientras me dirigía en el automóvil por la avenida Balboa –al igual que otros miles de automovilistas– hacia mi lugar de trabajo.

En el preciso instante que hacíamos un alto obligatorio, debido a un semáforo, fui testigo de uno de los hechos más alarmantes que se puedan presenciar en la vida cotidiana de una ciudad. Un individuo que conducía un taxi bajó de su automóvil y retiró los conos que las autoridades del Tránsito habían colocado en un intento, cuasi heroico, de querer dar un poco de alivio al congestionamiento vial.

Pareciese una simple infracción, pero lo que está detrás de este hecho no solo es una conducta de insubordinación ciudadana o un mero impulso de anarquía, no, lo que está detrás de esto es la misma conducta antisocial que predica el “juega vivo”; es la misma conducta que no permite que nuestra hermosa patria dé el salto al desarrollo económico, a pesar de que –como dicen connotados economistas– tenemos las condiciones geográficas, demográficas, políticas y económicas para hacerlo.

Compatriotas, por más buena intención que tenga el señor presidente electo, sin el concurso de todos los panameños será imposible que se logren avances significativos hacia el desarrollo de nuestro país.

El primer cambio que debemos dar es un cambio intelectual, moral, ético y cultural, para que entonces se produzca un cambio material.

Recordemos que “la patria somos todos” y sin el concurso de la totalidad de sus hijos, muy poco vale el esfuerzo que un grupo de bien intencionados conciudadanos quiera efectuar.

Culmino estás líneas diciendo: el primer cambio es interior, una vez alcanzado, podremos cambiar el universo.
Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

El demonio de la basura

El demonio de la basura
Isaac Misael Rodríguez

“¡La basura!”, grita un regordete y grasoso trabajador que corre delante de un mugroso camión de color rojiamarillo, con más ruido y humo que los pozos petrolíferos de Kuwait.

Gira en la calle 35, debajo del palo de manguito, lugar en que se ofrece lustre a los calzados de profesionales y encopetadas figuras públicas; donde por más de 20 años reposaron las oficinas del Ministerio de Salud. Los trabajadores del aseo se encuentran con dos grandes depósitos de bazofias apiladas cual montaña rusa. El olor en el lugar es nauseabundo, en su máxima expresión. Repugna, pese a ser el corazón de varios estamentos públicos, como la Dirección de Ingresos, la Dirección de Pasaportes, la Alcaldía Metropolitana, la Gobernación y muy cerca las Procuradurías y el célebre Tribunal Electoral. La indiferencia de los inquilinos despunta.

Pareciera que a los burócratas de tantas oficinas públicas de conocida relevancia, no les afecta el olor de lo pútrido, o la fragancia de la sustancia ya se ha desintegrado y convertido en parte del atractivo de los lugareños, que miran sin ver y respiran sin oler. Muy cerca, los gloriosos e inolvidables quioscos cuara y cuara, que a muchos que estamos en mejores condiciones económicas hoy nos mitigaron el hambre en el pasado. Ya no son dos, sino, como 20, pero con calidad y costos diferentes a los que conocimos.

Las nubes de moscas, propias de la temporada, llueven en el lugar como si fuese un aguacero de granizo oscuro, hasta posarse una sobre el patacón de un descuidado parroquiano que hablaba hasta por los codos, pareciendo una delicada porción de caviar.

El piso de la calle, de color cemento grisáceo, se ha convertido en un batido de colores oscuros que ni Dalí ni Goya podrían describir su tonalidad. Los descuidados “compas” se lanzan del vehículo todavía en marcha, cual expertos paracaidistas militares, con las manos peladas y vistiendo como uniformes suéteres de candidatos a diputados que han visto frustrados sus propósitos, observando con asombro y sin saber por dónde iniciar. Entre el oscuro y claro de la tarde, que amenaza con llover, introducen las manos callosas cual si fueran palas mecánicas y levantan cuanto producto encuentran.

El calor hace sentir la ropa pegajosa, pero, el fogoso deseo de concluir la labor en el menor tiempo posible los hace afanar rápido.

Metro a metro van concluyendo, sin darle importancia a media pulgada de cochambre pasajera, que se ha posado en las ranuras de la suela de sus calzados y los mismos empiezan a sentir un peso doble de lo normal, patinando cual hábiles acróbatas del Holiday on Ice, mientras una fina y menuda dama, bien acicalada, que se ve obligada a pasar cerca del predio, se aprieta con fuerza la nariz para que no pase ni un pequeño gramo del aire fronterizo. Vultúridos que reposan el festín reciente en un robusto árbol de caoba, mismo que contó con postre, resienten el retiro de una apetecida vianda de su restaurante de comida rápida.

A pocos pasos en el hospital Santo Tomás, carteles educan a los ciudadanos de la importancia de lavarse las manos con frecuencia, pero no hablan del resto del cuerpo, ya que varias epidemias se han desatado en el ambiente. Al cruzar la calle, la extensión de una universidad privada prepara a nuevos panameños interesados en convertirse en connotados galenos, y estos, juran que van a seguir los postulados de Hipócrates a sol y sombra hasta convertirse en sus mejores fedayines.

El señor procurador de la Administración revisa la nueva ley de Salud, emitiendo su excelso criterio, en que la misma reúne el mejor escenario constitucional para garantizar un fuero preventivo y curativo, para que nuestra Nación despunte entre los Estados modernos que brindan mayor cobertura a sus ciudadanos.

El camión acelera y se enrumba hacia la avenida Perú, los obreros cual monos de jaula, cuelgan y se balancean por todos los costados de su estructura, dejando sus vestimentas atestadas de hollín y en las fosas nasales de los mismos se denota una acumulación de partículas de toda naturaleza.

Una nueva forma simétrica se dibuja en la calle con la infusión que cae, pero la misma es borrada enseguida con el chisporrotear de las llantas de un fogoso diablo rojo, que al entrar apresurado pringa de una pasta malteada a su más cercano transeúnte.

Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

Otra tarea pendiente para Anam

Otra tarea pendiente para Anam
Leslie Enrique Marín – Abogado ambientalista – Escritor…

¿Has meditado sobre el ruido que todos los mares reciben procedente del aumento de naves, el incremento de exploraciones en busca de gas o petróleo y de las nuevas generaciones de sonares militares? Si todavía no lo has hecho, aprovecharé que el pasado 12 de febrero, durante el sexagésimo tercer período de sesiones, la Asamblea Nacional de Naciones Unidas resolvió designar, mediante el artículo 171 de la Resolución A/RES/63/111, el 8 de junio de cada año como “Día Mundial de los Océanos”.

Es, pues, en el marco de dicha celebración que se aproxima, que abordaré brevemente un tema que, pese a tener “en jaque” a miles de investigadores desde hace varios años, aún no se ha dimensionado popularmente en nuestros países: el ruido interoceánico de origen antropogénico. Y no, no se trata de una “locura más” del ecologismo.

Cerremos los ojos, por tan solo un momento, e imaginemos que dependemos de la audición para movilizarnos, encontrar alimento, localizar una pareja, evadir predadores o hasta para comunicarnos con nuestras crías. ¿Qué ocurriría entonces si un factor ajeno a nuestro entorno nos interrumpe esa básica e indispensable comunicación?

Lo que ocurrirá es lo que ha venido pasando en los últimos años: un incremento en la desorientación y pérdida de rutas migratorias de, por ejemplo, delfines y ballenas tras la pérdida temporal o permanente del oído. ¿O acaso pensabas que era una coincidencia que los medios de comunicación reporten varamientos cada vez más seguido y en mayor número de individuos; o que, como nota curiosa, informen el hallazgo de ejemplares en lugares fuera de ruta o colisionados?

No en vano, desde julio de 2005, Naciones Unidas considera al ruido interoceánico como una de las cinco mayores amenazas para los cetáceos; y, de hecho, como uno de los 10 problemas que más impactan negativamente la vida marina, no solamente por alterar la reproducción de las especies, sino también por ocasionarles la muerte por hemorragia cerebral, meníngea y/o de otros órganos. De hecho, un año antes, la UICN ya había adoptado una resolución reconociendo al ruido como una forma de contaminación, y llamó a los Estados a adoptar, con base en el Principio Precautorio nacido en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, medidas para evaluar los impactos del ruido en hábitats de especies vulnerables y en áreas de concentración de mamíferos marinos.

Que no se me malinterprete, pues no se trata de abandonar al mar cual si nos causara alergia, o renunciar a los beneficios que éste nos ofrece. Lo que se requiere es que nuestras autoridades comiencen a adoptar, como en otras latitudes, nuevos mecanismos que refuercen la delicada función de las Áreas Marinas Protegidas y los Corredores Marinos, de sus hábitats críticos o esenciales, y de las especies sensibles que por allí transitan. Solo así cumpliremos con los compromisos internacionalmente adoptados por nuestro país mediante los innumerables convenios de que somos signatarios.

Publicado el 30 de mayo de 2009 en el diario La Prensa

Eliminación de la tasa de valorización

Eliminación de la tasa de valorización

Alberto E. Fadul N. – Abogado,  Escritor…

El concepto de tasa de valorización, en nuestro país, de corte democrático y de orden capitalista, representa un elemento socialista injusto y discriminatorio.

Panamá necesita de un plan moderno de ordenamiento urbanístico y desarrollo vial, que contemple mejoras en una ciudad donde se hace imposible transitar. La ampliación de algunas vías está limitada por el abuso de comerciantes, quienes no respetan las distancias determinadas en cuanto al eje central de una vía y la ubicación de locales. Esos espacios, requeridos para ampliaciones de éstas, está tomado por aéreas de estacionamientos o de ubicaciones físicas de negocios, ilegalmente, permitido por el característico abuso del clientelismo político. Ejemplo, la necesidad de ampliaciones en Marbella, Punta Paitilla, calle 50 el Cangrejo, etc.

El gobierno debe enfrentar esa realidad con responsabilidad, muy a pesar de que tales acciones, por un lado, afectarían a establecimientos comerciales; y, por otro, bien podría beneficiarles.

Es muy posible que, en algunos casos de ampliaciones de vías, se desee aplicar las tasas de valorización, lo cual, a mi juicio, sería incorrecto. Naturalmente, se podría derogar la ley respectiva, lo cual no evitaría su restablecimiento. El no aplicar tasas de valorización en el desarrollo de la Cinta Costera fue una acción correcta, a pesar de la modificación de la Ley 94 de octubre del 73, mediante la Ley 11 de abril del 2006, dándole poderes extraordinarios al Ministerio Público, por encima de los otorgados al Ministerio de la Vivienda y su Comisión de Valorización.

No es conveniente descansar en los criterios de un presidente de turno para la aplicación o no de tasas de valorización. Su eliminación es necesaria. Una modificación constitucional sería conveniente. Dice el Artículo 52 de la Constitución: Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes.

Su modificación es recomendable, agregándole, dada su potencial condición discriminante: “no se aplicarán tazas de valorización por mejoras de utilidad pública, sean esta del carácter que sean”. Si una mejora de interés social es ejecutada por el gobierno y ésta termina beneficiando a personas naturales o jurídicas, en el área de su desarrollo, bienvenida sea. Es necesario el buen uso de las recaudaciones fiscales, no su despilfarro evidente, como históricamente viene ocurriendo con sus beneficios personales injustificados.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario El Panamá América

Sistema acusatorio, mentiras y verdades

Sistema acusatorio, mentiras y verdades

Silvio Guerra Morales – Abogado, Catedrático Universitario, Escritor

La implementación y adopción de nuevos estatutos e instituciones dentro de nuestro Sistema de Administración de Justicia -Nuevos Códigos Penal y Procesal Penal-, tienen como propósitos fundamentales adecuar la legalidad procesal y sustantiva del Estado a los derechos, libertades y garantías constitucionales y convencionales adoptados por el Estado de Derecho panameño. Por ello es necesario considerar los elementos o instrumentos que son realmente viables, operativos, eficaces, y más aún, cónsonos con la realidad social del país.

Sin embargo, y refiriéndonos de modo particular a la puesta en práctica del sistema de corte acusatorio, con el cual se resguardan los derechos y garantías fundamentales de todo ciudadano, debo advertir que éste, por sí solo, no tiene el poder de resolver el cúmulo de conflictos sociales por los que atraviesa nuestro país. Los mismos son consecuencia de años de terrible abstracción de unos pocos para el olvido de muchos: muchos que han sido víctimas del propio sistema en diversas circunstancias y facetas. Es por ello que quienes -o quien- pretendan creer que el sistema acusatorio per se habrá de resolver la problemática delincuencial -narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, etc.-, es realmente ingenuo o se trata de un individuo que mucho cree.

Se requiere de muchos otros elementos, como cambios en la misma cultura jurídica, la idiosincrasia de los jueces y fiscales, también de los propios abogados litigantes, de todos los operadores del sistema de justicia, de un gran esfuerzo de planificación, así como de ejecución, a efectos de advertir eventuales soluciones a tales conflictos sociales que demandan justicia rápida, pronta e ininterrumpida, tal como lo pregonan los textos constitucionales. Para esto son imprescindibles los recursos dinerarios que permitan hacer realidad lo que bien se ha pretendido mediante la instauración del nuevo sistema de corte acusatorio y quizás más importante es el cambio de mentalidad para la consecución real de los fines trazados a través de éste.

Por eso, tal y como lo dejamos plasmado el pasado 27 de mayo, a raíz del Tercer Congreso Internacional sobre Prevención y Represión de los Delitos de Blanqueos de Capitales Relacionado con el Narcotráfico y Delitos Conexos, también se requiere el esfuerzo y la colaboración internacionales, entre ellos, la asistencia de países vecinos y circunvecinos para combatir flagelos que, como el narcolavado, las maras, las pandillas, etc., van socavando los pilares de la identidad y estabilidad del Estado, y con ello, lo peor: a las misma población panameña que cada día presenta mayores características de descomposición social.

El cambio es trascendental, máxime si consideramos que no estamos aún preparados para enfrentar los desafíos que presentan las nuevas modalidades del crimen organizado y que soliviantan la estructura financiera, económica y bancaria del Estado panameño, pudiendo dar al traste con nuestra juridicidad. Bienvenida toda iniciativa de reforma en estos pormenores, pero cuidado con desmantelar nuestro Derecho Comercial y Económico.

Publicado el 29 de mayo de 2009 en el diario El Panama América