Alentando el desgobierno
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John Allen Bennett Novey
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El término “majestad” originó durante la república romana para indicar el estatus y dignidad del Estado, el cual debe ser respetado ante todo; y por ello surgió el concepto de lesa majestad o majestad violada. Existen muchas maneras de violentar la majestad del Estado así como el de las personas, pero quizás una de las principales y más insidiosas surge desde adentro de los gobiernos, cuando se usa la ley de forma absurda y sin sentido.
Esto es precisamente lo que hemos visto en estos días cuando nuestro Ministerio de Gobierno y Justicia emite el Resuelto 083/DIASP/09, en dónde y con el supuesto fin de “proteger la salud humana” se prohíbe la “importación, uso, transporte o manejo de sustancias peligrosas, como la importación, transporte, almacenamiento, porte y uso de armas de fuego y municiones” por 24 horas.
Es más que errado pensar que con prohibir en todo el país a los ciudadanos honestos su derecho a los elementos para defender su vida, se va a lograr un aumento en la seguridad. Ahora los malos sabrán que todo el mundo anda desarmado y podrán darse banquete, ya que el control de policía anda con grandes problemas.
Cuando se ordena prohibir cosas como el “almacenamiento” de las armas y municiones que se tienen registradas de manera legal, estamos frente a un imposible. Si los ciudadanos, ya sean privados que las tienen en su residencia o comercio; o las empresas que venden estos materiales, no los pueden “almacenar”, ¿cómo le hacemos? Ni siquiera se pueden sacar del país… ¿será que debemos desaparecerlas? ¿Y qué si un embarque con algunas armas o municiones legales ya está en ruta marítima… habrá que hundir el “navío de guerra?
Pero lo fundamental es que lo que se ordena es imposible y sin sentido y por ello se le resta respeto a la misma ley, pues guarda alguna analogía con ordenar que dejemos de respirar o comer.
Luego vemos que la resolución amenaza con “cancelar la autorización a las empresas comerciales dedicadas a estas actividades por la violación…” ¡Aja! El criterio de nuestros protectores es que el peligro yace dentro de las actividades lícitas del comercio, y no en lo ilícito.
¿Por qué no emitir una resolución advirtiendo a los malos que les van a cancelar la autorización tácita que por acto u omisión fertilizan este tipo de conductas.
El gobierno entrante ha prometido mayor seguridad y esperamos que esto pase por una minuciosa revisión de las erradas políticas de procesos de seguridad vigentes. Que dejen de enfocar sus cañones hacia los ciudadanos probos y se enfoquen mucho más en las causas profundas del mal que aqueja a los ciudadanos, como la fracasada “educción pública”.
Nuestra recepcionista, que reside en La Chorrera, vive aterrada pues su barrio, que una veza fue tranquilo, hoy pertenecen al hampa. Recién violaron a una vecina quien no se atrevió ni a poner la denuncia, pues fue amenazada de muerte.
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Publicado el 3 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos todo el crédito que le corresponde.
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